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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 86001-23-33-000-2025-00069-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 86001-23-33-000-2025-00069-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 15 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo, que negó la acción de tutela y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE por no cumplir el requisito de subsidiariedad, promovida por el señor Jonathan Daniel Guerrero Legarda, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. Ejecutoriada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos establecidos en el inciso 2.° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 16 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 17 de junio de 2025, radicación: 11001-03-15-000-2024-00803-00, accionante: Vilma del Carmen Marimon López, accionado: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, magistrado ponente: Oswaldo Giraldo López. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 86001 23 33 000 2025 00069 01 Accionante: Jonathan Daniel Guerrero Legarda Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 86001-23-33-000-2025-00069-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

28 de agosto de 2025

Radicación: 86001 23 33 000 2025 00069 01
Accionante: Jonathan Daniel Guerrero Legarda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 86001-23-33-000-2025-00069-01
Accionante: Jonathan Daniel Guerrero Legarda
Accionado: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Puerto
Asís y otros1
Tema: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia
de tutela del 15 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Putumayo, que negó la solicitud de amparo.

I. LA SOLICITUD

El señor Jonathan Daniel Guerrero Legarda, en nombre propio, promovió
acción de tutela contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
de Puerto Asís, por estimar que le han sido vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mérito y al trabajo en
condiciones justas, con ocasión de la expedición de la Resolución 039 del 12
de junio de 2025, por medio de la cual se efectúa un nombramiento en
provisionalidad en el cargo de secretario del circuito.

1
La señora Jaqueline Angulo Huaca, en calidad de Juez Segundo Penal del Circuito
Especializado de Puerto Asís, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño,
Roberth Milley Imbachi Rodríguez y Rodney Stik Tama Salazar.

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Accionante: Jonathan Daniel Guerrero Legarda

Específicamente, en el escrito de tutela se presentaron las siguientes
pretensiones:

[…]

PRIMERA: Se tutele mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al mérito y carrera
administrativa.

SEGUNDA: Como consecuencia se ordene a la señora Jueza Segunda Penal
del Circuito Especializada de Puerto Asís que, en el término de 48 horas,
proceda a revocar la resolución 039 de 12 de junio de 2025 y en su lugar
proceda a dar aplicación del artículo 73 de la Ley 2430 de 2024 que modificó
el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, esto es, efectuar el nombramiento
del suscrito en el cargo de secretario del circuito el cual se encuentra en
vacancia temporal.

TERCERO: Que se exhorte a la señora Jueza a abstenerse de tomar
represalias en mi contra por el ejercicio legítimo de esta acción
constitucional.

CUARTA: Se solicite al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Nariño, en el marco de
sus competencias constitucionales y legales, que ejerza vigilancia
administrativa sobre el trámite adelantado por la señora Jueza Segunda
Penal del Circuito Especializado Itinerante de Puerto Asís, con ocasión del
nombramiento efectuado mediante la Resolución No. 039 del 12 de junio
de 2025, a fin de garantizar el respeto por el debido proceso administrativo,
el principio del mérito y los derechos de carrera del suscrito.

QUINTA: Que se ordene la intervención del Sindicato Asonal Judicial -
Putumayo, en su calidad de organización que representa los intereses de
los empleados judiciales, para que dentro del presente trámite pueda
ejercer su labor de coadyuvancia, defensa y promoción de los derechos
laborales y de carrera administrativa del accionante. [mayúsculas, negrillas
y redacción del texto original]

[…]

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II. SITUACIÓN FÁCTICA

2.1. El 2 de mayo de 2022, el actor se vinculó al Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado Itinerante de Puerto Asís, Putumayo, en el cargo de
citador, grado III.

2.2. A partir del mes de noviembre de 2023, la secretaria en propiedad del
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Puerto Asís,
presentó varias incapacidades médicas con ocasión de una enfermedad
general. En consecuencia, se designó al oficial mayor en propiedad para
ejercer las funciones del cargo de secretario durante ese periodo.

2.3. Debido a la licencia no remunerada concedida al oficial mayor, se generó
una vacancia temporal en el cargo, el cual fue provista mediante
nombramientos efectuados a profesionales que no hacían parte del registro de
elegibles, sin que se tuviera en cuenta la hoja de vida del accionante. No
obstante, mediante la Resolución 030 del 9 de diciembre de 2024, el actor fue
designado en el cargo durante el periodo comprendido del 9 de diciembre de
2024 al 6 de marzo de 2025.

2.4. En marzo de 2025, el oficial mayor del despacho solicitó nuevamente una
licencia, motivo por el cual, se convocó a los integrantes del registro de
elegibles para la provisión temporal del cargo; sin embargo, se omitió la
postulación del señor Guerrero Legarda, lo cual, a su juicio, se configuró una
vulneración a los derechos que le asisten en virtud de la carrera administrativa
y al principio del mérito.

2.5. En junio de 2025, el oficial mayor fue trasladado a otra dependencia
judicial, quedando como únicos funcionarios en el Juzgado el accionante y la
secretaria, quien se encontraba en licencia médica.

2.6. El 11 de junio de 2025, se generó la vacancia temporal en el cargo de
secretario del circuito, situación que le fue notificada al actor, quien remitió la
documentación requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos del

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cargo y sustentar el derecho preferente que le asiste como único funcionario
en propiedad que presta sus servicios en el despacho.

2.7. Mediante la Resolución 039 de 12 de junio de 2025, emitida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, se ordenó el
nombramiento del señor Roberth Milley Imbachi Rodríguez, quien no formaba
parte del registro de elegibles, ni contaba con un vínculo en propiedad con el
Juzgado accionado. Esta situación implicó un desconocimiento de lo previsto
en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, el cual establece la prelación y
protección de los derechos de carrera administrativa. Así mismo, el acto
administrativo demandado, se fundamentó en que el accionante no cumplía
con los requisitos exigidos, a pesar de su formación académica y profesional
que se encontraba debidamente acreditada.

2.8. Inconforme con la decisión anterior, el 1.º de junio de 2025, presentó
recurso de reposición contra la Resolución 039 del 12 de junio de 2024; sin
embargo, el señor Roberto Milley Imbachi Rodríguez, se posesionó en el cargo,
a pesar de que la mencionada resolución no se encontraba en firme.
Posteriormente, mediante el oficio 1212 del 17 de junio de 2025, se corrió
traslado de la impugnación y, a través de la Resolución 042 del 26 de junio de
2025, se ordenó la apertura del término probatorio por 30 días y se solicitó
allegar la documentación que ya obraba en poder de la dependencia judicial.

2.9. Señaló que las actuaciones emitidas por la juez fueron arbitrarias y
vulneraron sus derechos derivados de la carrera administrativa, al generar una
dilación injustificada para resolver el recurso y proceder con el nombramiento
de un funcionario que no ostentaba un vínculo legal vigente con la dependencia
judicial respectiva.

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

3.1. Mediante auto del 4 de julio de 2025,2 el Tribunal Administrativo del
Putumayo, admitió la acción de tutela, negó la medida cautelar solicitada, se
decretaron las pruebas del demandante y las de oficio, notifico a las partes,
para que dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa,

2
Visible en el índice 5 de la plataforma Samai del Tribunal.

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rindieran el respectivo informe. Así mismo, solicitó al Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Puerto Asís, para que informe en el micrositio en
el cuál publicó la convocatoria para proveer el cargo de secretario del circuito,
la existencia de la presente acción de tutela, indicando el número de proceso,
para que, las personas que conforman la lista de secretario, si tienen interés
se hagan parte de la presente acción constitucional.

3.2. Contestaciones de la acción de tutela:

3.2.1. En el término indicado, el señor Rooney Stik Tama Salazar,3 en
calidad de coadyuvante, manifestó su respaldo a la presente acción de tutela,
en el sentido de que se aplicaron correctamente los criterios previstos en la
Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, para el nombramiento
en el cargo. Sostuvo haber acreditado debidamente su experiencia laboral y
profesional en la Rama Judicial, lo que demostraba el cumplimiento de los
requisitos para el ejercicio del cargo. Afirmó que su nombramiento resultaba
procedente, toda vez que el señor Jonathan Daniel Guerrero Legarda, no
cumplía con el requisito de experiencia relacionada exigido para el cargo
pretendido.

3.2.2. Dentro del término previsto, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial,4 manifestó que el actor no acreditó un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la acción de tutela, lo cual constituye una
motivación suficiente para desestimar las pretensiones y negar el amparo
solicitado.

Indicó que los hechos narrados en la demanda no guardan relación con la
entidad y precisó que, conforme al artículo 98 de la Ley 270 de 1996, su
naturaleza es de un órgano técnico y administrativo con la función de ejecutar
las actividades administrativas de la Rama Judicial, bajo supervisión del
Consejo Superior de la Judicatura. Así mismo, señaló que la facultad
nominadora de los cargos corresponde al Juez titular del despacho, prevista

3
Memorial del 7 de julio de 2025, que aparece en el índice 11 de la plataforma Samai del
Tribunal.
4
Memorial del 8 de julio de 2025, que aparece en el índice 14 de la plataforma Samai del
Tribunal.

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en el artículo 131 de la misma ley y con los principios de autonomía e
independencia judicial.

Afirmó que se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que la entidad no profirió el acto administrativo cuestionado ni se evidenció
que sus actuaciones vulneraran los derechos fundamentales del actor. Por lo
anterior, solicitó negar el amparo constitucional.

3.2.3. En el término legal, el señor Roberth Milley Imbachi Rodríguez,5
manifestó que, ante la publicación de la vacante temporal del cargo de
secretario, presentó su hoja de vida junto con los respectivos soportes, con el
fin de ocupar el puesto por el periodo de tres meses. Señaló que fue nombrado
y tomó posesión del mismo. Indicó que fue notificado del recurso de reposición
presentado por el señor Jonathan Daniel Guerrero Legarda, frente al cual
emitió pronunciamiento oportunamente. Solicitó desestimar las pretensiones,
al considerar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, ya que el recurso aún se encuentra en trámite y existen otros
mecanismos idóneos como la acción de nulidad electoral ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, donde puede solicitar medidas cautelares. Agregó
que el accionante tampoco acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

3.2.4. Dentro del lapso concedido, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto,6 afirmó no tener potestad nominadora
respecto de los despachos judiciales o corporaciones, salvo en su propia
dependencia, de acuerdo con las disposiciones sobre designación,
nombramientos y novedades laborales.

Señaló que la acción de tutela es improcedente, al no acreditar un perjuicio
irremediable y porque no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que
el término probatorio fijado en la Resolución 042 de 26 de junio de 2025, aún
no ha finalizado. Además, el actor cuenta con el medio judicial idóneo del
control de nulidad y restablecimiento para perseguir sus pretensiones. Por lo

5
Memorial del 8 de julio de 2025, que aparece en el índice 15 de la plataforma Samai del
Tribunal.
6
Memorial del 8 de julio de 2025, que aparece en el índice 16 de la plataforma Samai del
Tribunal.

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anterior, solicitó que se declare que esta entidad no es responsable de la
presunta vulneración de los derechos invocados por el accionante.

3.2.5. En el tiempo señalado, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Nariño,7 indicó que, mediante Oficio CSJNAO25-293 del 24 de junio de 2025,
se dio a conocer el referido nombramiento, motivo por el cual se le solicitó a
la señora Jaqueline Angulo Huaca, titular del Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado Itinerante de Puerto Asís, que rindiera un informe sobre
el proceso de nombramiento del cargo de secretario del despacho, con el fin
de verificar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 2430 de 2024. Mediante
el Oficio de 24 de junio de 2025, el Juzgado accionado respondió al
requerimiento, decisión que también fue notificada al actor. Afirmó que las
actuaciones se enmarcaron dentro de sus competencias, con el fin de
garantizar el cumplimiento de la norma aplicable.

Sostuvo que no incurrió en ninguna actuación u omisión que vulnerara los
derechos fundamentales del accionante, dado que el nombramiento
provisional es competencia exclusiva de las autoridades nominadoras. Por lo
expuesto, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al carecer de competencia para decidir sobre los hechos objeto de la
acción de tutela.

3.2.6. Dentro del término concedido, la señora Jaqueline Angulo Huaca,
titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante
de Puerto Asís,8 presentó informe en el que solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o en su defecto, negar el amparo. Sustentó su solicitud con
jurisprudencia de la Corte Constitucional, al señalar que la acción de tutela
contra actos administrativos de carácter particulares resulta improcedente por
existir medios ordinarios de defensa judicial; lo que implica el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.

Señaló que oportunamente se requirió al actor, para que manifestara su
interés en el cargo vacante de secretario del Circuito; sin embargo, al revisar

7
Memorial del 8 de julio de 2025, que aparece en el índice 17 de la plataforma Samai del
Tribunal.
8
Memorial del 8 de julio de 2025, que aparece en el índice 18 de la plataforma Samai del
Tribunal.

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el currículo allegado, se pudo establecer que no cumplía con el requisito de
dos años de experiencia profesional relacionada, conforme a lo dispuesto en
el Acuerdo PCSJA17-10780 del 25 de septiembre de 2017. Por lo anterior, se
realizó una convocatoria para la provisión temporal del cargo, en la cual se
evaluaron todas las hojas de vida recibidas y una vez concluido el proceso de
selección, se designó al señor Roberth Milley Imbachi Rodríguez, quien cumplía
con los requisitos exigidos.

Señaló que el accionante desconoció que un acto administrativo es válido y
eficaz desde el momento de su expedición, lo cual genera ejecutabilidad y
produce efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o
notificación.

Indicó que el actor desempeña sus laborales mediante trabajo en casa,
modalidad que fue concedida por el médico ocupacional por el término de tres
meses, lo que implicó dificultades para el Juzgado dada la carga laboral, la
acumulación de procesos y asuntos preferentes que ameritan tiempo
completo. Finalmente, señaló que la entidad accionada no está obligada a
nombrar a un empleado que, si bien ostenta derechos de carrera, no cumple
con los requisitos legales para ocupar el cargo.

3.3. A través de providencia del 11 de junio de 2025,9 se decretó una prueba
de oficio, la cual fue notificada el mismo día.

3.4. Dentro del término concedido, mediante memorial radicado el 11 de julio
de 2025,10 la titular del Juzgado accionado presentó prueba solicitada.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Putumayo mediante sentencia del 15 de julio de
2025,11 negó la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, ni demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la procedencia excepcional del amparo constitucional, máxime

9
Visible en los índices 31 y 34 de la plataforma Samai del Tribunal.
10
Visible en el índice 35 de la plataforma Samai del Tribunal.
11
Visible en el índice 37 de la plataforma Samai del Tribunal.

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cuando el trámite administrativo se encuentra en curso y el acto administrativo
impugnado no han adquirido firmeza.

Sostuvo que la vacancia temporal fue informada oportunamente al accionante
para efectos de postulación, incluso antes de la publicación de la convocatoria;
sin embargo, al verificar los documentos aportados por los aspirantes, la
autoridad nominadora concluyó que el actor no acreditó el requisito de
experiencia profesional relacionada exigido para ocupar el cargo, a diferencia
del señor Roberth Milley Imbachi Rodríguez, quien finalmente, fue designado
en provisionalidad mediante la Resolución 039 del 12 de junio de 2025, en el
cargo de secretario del circuito. Inconforme con la decisión, el accionante
interpuso recurso de reposición, argumentando que le asistía un derecho
preferente en virtud del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, que contempla la
posibilidad de designar, en casos de vacancia temporal, a un funcionario o
empleado de carrera del despacho respectivo, siempre que cumpla con los
requisitos exigidos para el cargo, o en su defecto, a una persona inscrita en el
registro de elegibles. En ese orden, se precisó que no resulta jurídicamente
procedente conferir el nombramiento de manera automática al actor por el
solo hecho de estar vinculado a la dependencia, sin haber demostrado el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el cargo convocado.

Manifestó que, aunque la posesión de Roberth Milley Imbachi Rodríguez se
efectuó antes de resolver el recurso de reposición y podría afectar el derecho
al debido proceso del accionante, no es posible, mediante acción de tutela,
revocar dicho nombramiento ni ordenar el suyo. Esto se debe a que la
valoración de méritos y requisitos corresponde exclusivamente al trámite
administrativo o a la jurisdicción contenciosa, fuera del alcance de la tutela,
que es un mecanismo subsidiario y excepcional del juez constitucional.
Señaló que, en el marco del amparo constitucional, podría contemplarse la
suspensión de la posesión del señor Imbachi Rodríguez, como medida para
garantizar el debido proceso del accionante, hasta que se resuelve el recurso
de reposición; no obstante, dicha decisión dejaría vacante el cargo y podría
afectar la prestación del servicio de justicia, en especial frente a la carga
laboral que afronta el juzgado.

Por último, indicó que no obra en el expediente prueba que acredite la
inminencia de un perjuicio irremediable en cabeza del actor, que justifique

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dejar sin efectos la posesión cuestionada, toda vez que, independientemente
del estado del recurso de reposición y de la posesión cuestionada, el
accionante continúa desempeñándose como citador en el juzgado accionado,
de manera estable y bajo la modalidad de trabajo en casa. En consecuencia,
negó la presente acción de tutela.

V. LA IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se
revoque y, en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales, con base en
las siguientes consideraciones que se exponen a continuación:12

En primer lugar, sostiene que cumple con los requisitos exigidos para el cargo,
pero la juez no efectuó un análisis detallado de su hoja de vida en cuanto a su
experiencia profesional; por el contrario, se limitó a afirmar de manera
genérica y sin motivación suficiente, que no reunía los requisitos exigidos,
omitiendo un estudio detallado sobre las funciones desempeñadas y su grado
de similitud con las del cargo vacante. Señaló que, de conformidad con la
jurisprudencia vigente, basta con que una de dichas funciones guarde similitud
para considerar relacionada la experiencia. Esta omisión configura una falta de
motivación, que afecta la validez del acto administrativo.

En segundo lugar, advierte que resulta grave que el a quo, pese a evidenciar
una vulneración al debido proceso y al principio de legalidad en el
nombramiento provisional, no haya adoptado una medida para suspender los
efectos del acto administrativo cuestionado, ni del acto de posesión. Por el
contrario, permitió que dichos actos continuaran desplegando efectos
jurídicos, aun cuando el nombramiento se encuentra legalmente suspendido
por la interposición oportuna del recurso de reposición.

En tercer lugar, respecto al supuesto «análisis exhaustivo» mencionado por el
a quo, señaló que tal afirmación no se ajusta a la realidad del expediente. La
norma estatutaria es clara al establecer que en caso de vacancia temporal, si
un empleado de carrera judicial del despacho manifiesta interés y cumple los
requisitos, debe ser designado. Por tanto, la autoridad nominadora debió

12
Visible en el índice 41 de la plataforma Samai del Tribunal.

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limitar su análisis exclusivamente a la hoja de vida del suscrito, comparando
sus funciones con las del cargo mediante un cuadro comparativo de similitud
funcional, lo cual no se realizó y en caso de encontrar dicha similitud al menos
en una función, debió adoptar una medida que garantizara los derechos
fundamentales; sin embargo, se mantuvo el estado actual, a pesar a la
ilegalidad evidente reconocida por el propio fallador. Por otro lado, no
correspondía revisar ni analizar exhaustivamente las demás hojas de vida,
como se afirmó en la providencia recurrida.

En cuarto lugar, advierte que permitir que el secretario nombrado continúe
ejerciendo funciones, pese a que el acto administrativo de nombramiento aún
no está en firme debido a la interposición oportuna del recurso de reposición,
desconoce lo previsto en el artículo 79 del CPACA, que establece que los
recursos tienen efecto suspensivo y los actos administrativos no adquieren
firmeza hasta que se decidan. Esta actuación podría generar responsabilidad
disciplinaria para la juez nominadora y comprometer patrimonialmente a la
Rama Judicial. En este caso, el nombramiento se profirió mediante la
Resolución 039 del 12 de junio de 2025, y aunque el recurso fue interpuesto
el 16 de junio del mismo año, ese mismo día se efectuó la posesión, sin
haberse resuelto previamente la impugnación. Además, la Resolución 042 del
26 de junio de la misma anualidad, dilata injustificadamente la decisión, la
cual configura una vulneración del debido proceso administrativo.

En quinto lugar, señaló que el perjuicio irremediable no se deriva de la
desvinculación del cargo actual, sino de la frustración de una expectativa
legítima basada en normas que reconocen el derecho preferente de los
funcionarios de carrera a ocupar vacancias temporales. La posesión irregular
del señor Imbachi, durante una licencia temporal, sumada a la imposición de
un período probatorio innecesario y a la demora injustificada para resolver el
recurso interpuesto, configura un perjuicio irreparable al extinguirse la
oportunidad de ejercer el cargo antes de que pueda ser revisada judicial o
administrativamente. Además, la juez, al fijar un término de treinta días para
recaudar pruebas que ya se encuentran en poder del despacho, incurre en una
actuación innecesaria y dilatoria. Por tanto, se reitera la evidente
desproporción en la tramitación del recurso de reposición, que en la práctica
se convierte en una maniobra para agotar el término de la licencia médica y
permitir que la designación irregular produzca plenos efectos, desconociendo

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así los derechos fundamentales y el principio de eficacia en la administración
de justicia.

En sexto lugar, indicó que no se interpuso recurso de reposición contra la
resolución que decretó la apertura del periodo probatorio, dado que dicho
trámite conllevaría a una dilación aún mayor del procedimiento, considerando
el amplio término otorgado para recaudar pruebas. Precisamente, esa
prolongación injustificada parece haber sido la intención de la juez, con el fin
de favorecer la permanencia del nombramiento provisional cuestionado.

En sétimo lugar, concluyó que la decisión adoptada por el a quo es
jurídicamente equivocada, al omitir pronunciamiento frente a los vicios
sustanciales del acto administrativo, como la falta de motivación suficiente, la
ausencia de un análisis funcional objetivo de su hoja de vida y el
desconocimiento del derecho preferente de los funcionarios de carrera judicial
previsto en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996. Adicionalmente, el Tribunal
omitió adoptar medidas para suspender los efectos del acto impugnado, el cual
continúa produciendo consecuencias jurídicas pese a encontrarse recurrido,
vulnerando el principio de legalidad y el derecho al debido proceso. Todo lo
anterior, evidencia una afectación concreta y actual de derechos
fundamentales, que justifica la intervención del juez de tutela para
salvaguardar la legalidad del procedimiento administrativo y garantizar del
acceso en condiciones de igualdad al servicio público de la administración de
justicia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021 y el artículo
25 del Acuerdo 80 del 2019, de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

6.2. Hechos relevantes

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En el caso concreto, se encuentran acreditados los siguientes:

6.2.1. El 2 de mayo de 2022, el actor se vinculó al Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado Itinerante de Puerto Asís, Putumayo, en el cargo de
citador, grado III, en propiedad.

6.2.2. El 11 de junio de 2025, se generó la vacancia temporal, en el cargo de
secretario del circuito, situación que le fue notificada al actor, quien remitió la
documentación requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos del
cargo y sustentar el derecho preferente que le asiste como único funcionario
en propiedad que presta sus servicios en el despacho.

6.2.3. Mediante la Resolución 039 de 12 de junio de 2025, emitida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, se ordenó el
nombramiento del señor Roberth Milley Imbachi Rodríguez, en el cargo de
secretario.

6.2.4. El 1.º de junio de 2025, el actor presentó recurso de reposición contra
la Resolución 039 del 12 de junio de 2024; sin embargo, el señor Roberto
Milley Imbachi Rodríguez, se posesionó en el cargo, a pesar de que la
mencionada resolución no se encontraba en firme.

6.2.5. A través del oficio 1212 del 17 de junio de 2025, se corrió traslado de
la impugnación y, mediante la Resolución 042 del 26 de junio de 2025, se
ordenó la apertura del término probatorio por 30 días, sin que se impugnara
dicha decisión.

6.3 Análisis de la Sala

6.3.1. En el asunto bajo examen, la Sala considera que, como lo señaló el a
quo, en este evento, no está cumplido el requisito general de subsidiariedad,
de acuerdo con las razones que pasan a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela sólo
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,

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salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de
tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable.13

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad
envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial:14 i) cuando el asunto está en trámite; ii) en el
evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios, y iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al
principio de subsidiariedad de la acción de tutela: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los
derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar la configuración de
un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, que requiere de

13
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso
concreto, se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia
transitoria del mecanismo de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de
manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii)
que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales.
14
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.

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la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo
tanto, que la protección constitucional es impostergable.15

6.3.2. En el caso concreto, el accionante considera que sus derechos
fundamentales le han sido vulnerados con ocasión a la expedición de la
Resolución 039 del 12 de julio de 2025, emitida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Puerto Asís, por medio de la cual nombró en
provisionalidad al señor Roberth Milley Imbachi Rodríguez, en el cargo de
secretario del circuito, por cumplir los requisitos exigidos para el cargo
vacante. Inconforme con la decisión anterior, el 1.º de junio de 2025, el
accionante presentó recurso de reposición, con fundamento en el derecho
preferente que le asiste en virtud de su condición de servidor judicial con
derechos de carrera.

No obstante, lo anterior, el señor Roberto Milley Imbachi Rodríguez, tomó
posesión del cargo de secretario de Circuito, a pesar de que la mencionada
resolución no se encontraba en firme, por cuanto no se había resuelto el
recurso de reposición. Posteriormente, a través de la Resolución 042 del 26 de
junio de 2025, se decretó la apertura del periodo probatorio por el término de
30 días.

El 3 de julio de 2025, el actor presentó acción de tutela en razón de la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales, sin que, a la fecha, se hubiese
resuelto el recurso de reposición interpuesto previamente dentro del trámite
administrativo correspondiente.

La acción de tutela fue repartida al Tribunal Administrativo de Putumayo, quien
negó la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, ni
demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la
procedencia excepcional del amparo constitucional, máxime cuando el trámite
administrativo se encuentra en curso y el acto administrativo impugnado no
ha adquirido firmeza. Inconforme con la decisión anterior, el 18 de julio de
2025, el accionante presentó impugnación, pidió que se revoque la decisión
de primera instancia y, en su lugar se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, y al acceso en condiciones de mérito al

15
Sentencia T-150 de 2016.

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servicio público, al considerar que la autoridad judicial le vulneró los derechos
al expedir la resolución demandada, mediante la cual se efectuó el
nombramiento en provisionalidad del señor Roberth Milley Imbachi Rodríguez
en el cargo de secretario del circuito, sin observar su derecho preferente como
servidor de carrera judicial, ni realizar un análisis motivado y objetivo de su
hoja de vida.

Pues bien, en el presente asunto, la Sala estima que no se cumple el requisito
de procedibilidad de subsidiariedad, en la medida en que en principio la acción
de tutela no procede contra actos administrativos que no han adquirido
firmeza, salvo se acredite un perjuicio irremediable.

Por otra parte, la Sala no advierte que la accionante haya justificado la
configuración del perjuicio irremediable que de manera excepcional permitiera
estudiar el fondo del asunto.

En este asunto, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional ha
fijado los siguientes criterios a partir de los cuales se debe analizar si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional: (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta
urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.

Pues bien, al revisar el contenido y alcance del escrito de tutela, se observa
que, aunque el actor alega en reiteradas oportunidades que presenta la
solicitud de amparo con el fin de evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es
que más allá de indicar que con la actuación del juzgado se vulneran sus
derechos, no explica de manera clara y concreta en qué consiste el supuesto
perjuicio irremediable.

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Por lo anterior, para la Sala la solicitud de amparo es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que en la actualidad se
encuentra en trámite el proceso administrativo, pues no ha resuelto el recurso
de reposición interpuesto contra el acto demandado, el administrativo no ha
adquirido firmeza y no se acreditó un perjuicio irremediable,16 por lo que una
intervención del juez constitucional afectaría el principio de independencia
judicial y el juez natural en este caso.

En el anterior contexto, la Sala revocará la decisión de primera instancia, que
negó la acción de tutela y, en su lugar, declarar improcedente la solicitud de
amparo, al no cumplirse el requisito de procedibilidad de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 15 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Putumayo, que negó la acción de tutela y, en su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, promovida por el señor Jonathan Daniel Guerrero Legarda, de
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Ejecutoriada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en los términos establecidos en el
inciso 2.° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

16 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 17 de junio de

2025, radicación: 11001-03-15-000-2024-00803-00, accionante: Vilma del Carmen Marimon López,
accionado: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, magistrado ponente: Oswaldo Giraldo
López.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZÓN ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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