Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00203-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00203-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2024-00203-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de junio de 2024
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00203-01
Accionante: Julián Alejandro Bonilla Escobar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00203-01
Accionante: Julián Alejandro Bonilla Escobar
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo de Cali
Tema: La acción de tutela es improcedente por incumplir el
requisito de relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la parte
actora se advierte que lo pretendido es utilizar este medio constitucional
para reabrir el debate resuelto por el juez natural.
No es procedente la acción de tutela por incumplir el requisito de
subsidiariedad, cuando el proceso ordinario aún está en curso y no se
acredita un perjuicio irremediable.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia de tutela del 16 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la solicitud
de amparo.
I. LA SOLICITUD
El ciudadano Julián Alejandro Bonilla Escobar, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo de Cali,
con la finalidad de obtener la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el accionado al rechazar de plano el recurso de reposición y
en subsidio de apelación presentado en contra del auto de fecha 7 de marzo
de 2024, por medio del cual el Juzgado revocó las medidas cautelares que
habían sido decretadas dentro del proceso de acción popular bajo radicado
760013333005-2022-00277-00.
II. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora afirmó que el 29 de noviembre de 2022 el ciudadano Juan
Martin Bravo Castaño presentó una acción popular contra la Alcaldía
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Accionante: Julián Alejandro Bonilla Escobar
Municipal de Cali – Valle del Cauca por el Proyecto Integral Cristo Rey, la
cual fue asignada para conocimiento del Juzgado Quinto Administrativo de
Cali, bajo radicado nro. 76001-33-33-005-2022-000227-00.
Manifestó que el 24 de mayo de 2023, en calidad de coadyuvante del actor
popular, solicitó al juzgado decretar unas medidas cautelares.
Refirió que, la autoridad judicial accionada mediante auto del 19 de febrero
de 2024 decretó las medidas cautelares solicitadas, decisión que fue
recurrida por la Alcaldía Municipal de Cali.
Señaló que el 7 de marzo de 2024, el juzgado revocó el auto del 19 de
febrero por medio del cual se habían decretado las medidas cautelares,
decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación.
Aseguró que el 22 de marzo de 2024 el Juzgado rechazo de plano los
recursos interpuestos por él.
Asegura que, el Juzgado incurrió “en una vía de hecho por defecto sustantivo
por falta de aplicación de una norma, puesto que en su exposición queda
claro que se remite al artículo 44 de la Ley 472 de 1998, sin tener en cuenta
que el artículo 36 de la misma, por ser norma especial señala que “Contra
los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso
de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de
Procedimiento Civil.”, sin prever excepción alguna, con lo cual no es dable
señalar un vacío para acudir a las normas supletivas y rechazar de plano el
recurso de reposición”.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
3.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto de 5 de
abril de 2024 admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la autoridad
judicial accionada.
3.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Oralidad de Cali presentó
informe en el que asegura que mediante auto del 19 de febrero de 2024 se
resolvió la solicitud de medida cautelar presentada por el coadyuvante Julián
Alejandro Bonilla Escobar, en el sentido de ordenar la suspensión provisional
de los efectos de la Resolución 202141320300111763 del 23 de diciembre
de 2021 y de la licencia P7600-2-21-0583 del 30 de diciembre de 2021, por
lo que el Distrito de Santiago de Cali debería adelantar en forma inmediata
las actuaciones que sean necesarias para culminar la implementación del
proyecto turístico denominado Parque de Cristo Rey.
Señala que el apoderado judicial de la entidad territorial mediante memorial
allegado el 23 de febrero de 2024 interpuso recurso de reposición contra el
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auto del 19 de febrero de 2024, del cual se dio traslado a los sujetos
procesales y al Ministerio Público, término en el cual las partes guardaron
silencio.
Afirma que surtido el traslado del recurso interpuesto, mediante auto del 7
de marzo se ordenó reponer la decisión adoptada el 19 de febrero de 2024,
exponiéndose en la parte considerativa los argumentos que conllevaron a la
revocatoria de la medida provisional decretada, principalmente, ante la
existencia de nuevos elementos probatorios aportados por el apoderado,
que no obraban en el expediente para el momento en el que se adoptó la
decisión, lo que conllevó a revocar la medida provisional decretada.
Manifiesta que contra la anterior decisión el accionante formuló recurso de
reposición y en subsidio de apelación y que dentro del término del traslado
el Distrito de Santiago de Cali alegó que el recurso interpuesto era
improcedente con fundamento en el artículo 243A de la Ley 1437 de 2011.
Asegura que se rechazó de plano el recurso, teniendo en cuenta que, si bien
las acciones populares tienen una regulación especial consagrada en la Ley
472 de 1998, en los aspectos no regulados se deberá dar aplicación a las
disposiciones del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Indica que el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 señala que contra los autos
dictados durante el trámite de la acción popular procede el recurso de
reposición en los términos del C.G.P.; normativa que a su vez se refiere a
la procedencia y oportunidad del recurso de reposición en el artículo 318 el
cual establece que «el auto que decide la reposición no es susceptible de
ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso
en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los
puntos nuevos».
Agrega que el artículo 243 A del C.P.A.C.A (numerales 2 y 3) indica que las
providencias que resuelvan el levantamiento o revocatoria de las medidas
cautelares y las que decidan recursos de reposición no son susceptibles de
recursos ordinarios, esto es reposición, apelación y queja.
Resalta que, por lo anterior, la decisión por medio de la cual se rechazó de
plano el recurso de reposición y en subsidio de apelación adoptó el
ordenamiento legal de índole procesal, por lo tanto, el Despacho consideró
que el recurso formulado por el señor Julián Alejandro Bonilla Escobar no
resultaba procedente, dado que pretendía cuestionar una decisión que por
expreso mandato legal, no era susceptible de volver a controvertirse
mediante un nuevo medio de impugnación dado que no contiene aspectos
nuevos o ajenos a la primera decisión.
Por lo antes expuesto, considera que la presente acción de tutela se debe
desestimar puesto que las actuaciones proferidas en la acción popular no
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son vulneradoras de derechos fundamentales, toda vez que las decisiones
proferidas no resultan ser arbitrarias o caprichosas, sino que se encuentran
apegadas a la ley, la Constitución y dentro de una interpretación normativa
razonable.
IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 16 de
abril de 2024, negó el amparo solicitado al considerar que:
“(…) Se advierte que, el hecho de que la decisión tomada por el Juzgado
Quinto Administrativo de Oralidad de Cali sea desfavorable al actor, ello
no implica la vulneración del debido proceso, ya que, como se ha
indicado, el recurso de reposición ante el auto que revocó la medida
cautelar provisional no era procedente.
La Sala considera que el Juzgado no adoptó una decisión arbitraria,
caprichosa ni trasgresora de los derechos fundamentales invocados toda
vez que, si bien las acciones populares tienen una regulación especial
consagrada en la Ley 472 de 1998, cuando se esté frente a un aspecto
que no esté regulado allí, se deberá dar aplicación del C.G.P y del
C.P.A.C.A; en ese orden de ideas, el rechazar de plano el recurso de
reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra el auto que
revocó la medida cautelar por improcedente, no vulneró los derechos
fundamentales, sino que se aplicó normas procesales pertinentes del
proceso administrativo que debe surtirse, lo que conlleva a que la Sala
proceda a negar el amparo solicitado al evidenciar que esta acción de
tutela tiene como fin dejar sin efectos una decisión que está conforme a
la Ley. (…)”
V. LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión adoptada, el accionante, impugnó el fallo de
primera instancia y solicita revocarlo con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes argumentos:
“(…) Es preciso señalar, al Despacho, que si bien no se trata de discutir
el sentido o contenido de las decisiones del Juez popular, sino la violación
del debido proceso, me resulta oportuno señalar que, las providencias
susceptibles de apelación, son el que decide sobre la imposición de la
medida cautelar y la sentencia, y en este caso, además de la claridad
para tramitar un recurso de reposición, es preciso que se revise, la
procedibilidad de la apelación sobre el auto que revoca las medidas
cautelares, puesto que, como bien se señala en la jurisprudencia, la
acción popular no se trata de una litis sino de la defensa de derechos
colectivos ligados aquí a la vida y la dignidad humana, pues tocan con el
medio ambiente, los riesgos y desastres y el espacio público.
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Accionante: Julián Alejandro Bonilla Escobar
La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura
el defecto sustantivo: “(…) En sentido amplio se está en presencia del
vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso
concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de
tal manera que contraría la razonabilidad jurídica. (…)”1
En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un
defecto sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica que servía
como fundamento para el sentido de la decisión judicial.
En el caso que se trae a colación, el Juez Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Cali realizó la siguiente reflexión para posteriormente
rechazar de plano el recurso de reposición y en subsidio apelación, el
cual no acudió al artículo 36 de la Ley 472 de 1998, sino al artículo 44
que se manifiesta sobre los aspectos no previstos, y con ello se remite
al artículo 243 A de la Ley 1437 de 2011, lo cual no aplica para el recurso
de reposición de la referencia.
(…)
Adicional, este actor no se explica cómo, después de meses de estudio
del despacho de conocimiento, se decreten las medidas que al ser
objetadas superfluamente, por una administración que ha sido
negligente y de la mano de intereses y grupos económicos vinculados
contractualmente bajo contratos de miles de millones, en tan solo unos
días se revoquen las medidas que amparan y salvaguardan intereses y
derechos gravemente amenazados, por lo cual considero
respetuosamente, se requiere del examen del superior para dar trámite
a la doble instancia establecida por el legislador en igualdad de
condiciones frente al auto que decide sobre las medidas cautelares. (…)”
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo
1 Cita original. “En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o
porque ha sido derogada, es inexistente , inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador.
b. No se hace una interpretación razonable de la norma .
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes .
d. La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución .
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente
su actuación. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto
sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente ”.
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Accionante: Julián Alejandro Bonilla Escobar
nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta
Sala es competente para conocer del presente asunto.
6.2. Hechos Relevantes
6.2.1. El 19 de febrero de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo de Cali
decretó medidas cautelares en la acción popular promovida por el señor
Juan Martin Bravo contra el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, y tramitada bajo radicado
núm. 76001-3333-005-2022-00277-00, en los siguientes términos:
“PRIMERO: ORDENAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de
la Resolución 202141320300111763 del 23 de diciembre de 2021, por
medio de la cual se expide una licencia de intervención del espacio
público en la modalidad; 2.4, de construcción y rehabilitación de parques
para el Proyecto Integral Corredor Cristo Rey, etapas 1 y 2. y de las
obras que se desarrollan con ocasión a la expedición de la licencia de
intervención del espacio público expedida, hasta tanto, la autoridad
competente, disponga sobre la destinación como espacio público de los
bienes inmuebles objeto de la referida licencia.
SEGUNDO: ORDENAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de
la licencia P76001-2-21-0583 del 30 de diciembre de 2021 «Por la cual
se expide una licencia de parcelación y construcción para desarrollar un
proyecto de obra nueva.
TERCERO: En consecuencia, el DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO,
CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO
DE CALI, deberá adelantar en forma inmediata las actuaciones que sean
necesarias para culminar la implementación del proyecto turístico
denominado «Parque Cristo Rey», con plena previsión de las
observaciones indicadas en el acápite de conclusiones de esta
providencia y que corresponden a las normas del Plan de Ordenamiento
territorial. Y principalmente:
• Deberá evaluar la situación jurídica de los predios bajo matrículas
inmobiliarias 370-48672, 370-747318, y 370-747317 sobre los cuales
se otorgó la licencia concedida mediante la Resolución
202141320300111763 del 23 de diciembre de 2021, a fin de que
cumplan con el presupuesto de ser bienes constitutivos de espacio
público. Para tal efecto, adelantara las actuaciones que correspondan
ante las autoridades competentes para ello.
• Realizar las actuaciones que sean necesarias para lograr que la
ocupación con zonas duras del proyecto de las etapas 1 y 2 se ajuste a
las previsiones contempladas en los artículos 260 y 274 del POT.
• Realizar las actuaciones que sean necesarias para evitar que existan
construcciones en la Reserva Forestal Protectora Nacional, que vulneren
las restricciones contempladas en el artículo 423 del POT y que las
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edificaciones que se realicen o la infraestructura cuente con las
autorizaciones legales correspondientes y cumplan los topes máximos
permitidos.”
6.2.2. Contra la anterior decisión, la entidad territorial presentó recurso de
reposición, el cual fue decidido mediante proveído de 7 de marzo de 2024,
en el sentido de revocar la decisión que decretó las medidas cautelares.
6.2.3. El 12 de marzo de 2024, el accionante, en su calidad de coadyuvante
de la parte actora2, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación
contra la anterior decisión.
6.2.4. El 22 de marzo de 2024, el juzgado rechazó de plano los recursos
de reposición y apelación, al considerar que:
“(…) El ordenamiento legal de índole procesal ha determinado, de
manera imperativa y categórica, que contra los autos mediante los
cuales se hubiere decidido un recurso de reposición previamente
interpuesto no resulta procedente la formulación de nuevos recursos,
salvo en aquellos casos que contenga puntos no decididos en el auto
recurrido. Además, la norma indica que no procede recurso contra los
autos relacionados con el levantamiento o revocatoria de las medidas
cautelares.
De acuerdo con la norma antes expuesta, el despacho considera que el
recurso de reposición y en subsidio de apelación formulado por el señor
Julián Alejandro Bonilla Escobar en su calidad de coadyuvante no resulta
procedente en los términos de los numerales 2º y 3º del artículo 243A
de la Ley 1437 de 2011.
Lo anterior, en razón a que pretende cuestionar una decisión que, por
expreso mandato legal, no es susceptible de volver a controvertir
mediante un nuevo medio de impugnación y, porque el auto
controvertido no contiene aspectos nuevos o ajenos a la primera
decisión.
De la lectura del recurso formulado, se observa que el coadyuvante hace
apreciaciones en lo que corresponde a la legalidad y obligatoriedad de la
licencia del Proyecto Integral de Cristo Rey, la orden del Plan de
Ordenamiento Territorial de obtener licencia ante Planeación Distrital, la
vulneración de las determinantes de riesgo y amenaza alta por remoción
en masa y los porcentajes de ocupación e intervención de espacio público
en las áreas del proyecto, argumentos que no enmarcan aspectos nuevos
sino que corresponden a asuntos ya decididos tanto en el auto que
dispuso el decreto de la medida provisional como el auto que resolvió el
respectivo recurso de reposición que en su momento formuló el
apoderado judicial del Distrito Especial de Santiago de Cali.
2
Calidad reconocida mediante auto de 11 de diciembre de 2023 proferido por el Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali.
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Así mismo, se observa que hace alusión a la «posibilidad de evaluar la
factibilidad de desarrollar un teleférico para hacer una ruta turística en
Cristo Rey», lo cual no es objeto de discusión dentro del presente asunto,
toda vez que la demanda popular no alegó nada al respecto, así como
tampoco se trata de un aspecto que haya decidido esta operadora
judicial, por no corresponder al objeto de la medida estudiada.
En este orden de ideas, por ser improcedente y en vista de que el auto
que resuelve el medio de impugnación no adoptó nuevas
determinaciones o aspectos no contemplados en la providencia
inicialmente recurrida, el despacho procederá a rechazar de plano el
recurso de reposición. (…)”
6.3. Análisis de la sala
Teniendo en cuenta que el a quo negó la solicitud de amparo al considerar
que la decisión reprochada no incurrió en el defecto alegado, en razón a que
la providencia censurada se profirió con fundamento en las normas que eran
aplicables; la Sala deberá establecer previamente, si en este caso, se
cumplen los requisitos de procedencia adjetiva de la acción de tutela contra
providencias judiciales, como lo son (i) la relevancia constitucional y (ii) la
subsidiariedad, como se pasa a explicar:
6.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia C–590 de 2005, indicó que el primero
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que «el juez constitucional
no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes»3.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional4.
3
Corte Constitucional, Sentencia C–590 del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar
con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
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A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en sentencia
SU–573 de 2019 el alto tribunal constitucional explicó que este requisito
persigue tres finalidades5:
i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia6. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no sea
utilizada como una instancia o recurso adicional.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y
reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un
juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa
forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial.
Frente a este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia antes citada, cabe destacar que, en el fallo C-590 de 2005,
la Corte Constitucional precisó que «los fundamentos de una decisión de
tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse
5
Corte Constitucional, Sentencia SU–573 del 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal
Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU-128 de 2021, SU-
103 de 2022 y SU-215 de 2022.
6
Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia
del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un
mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se
trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger
los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso
judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los
derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho».
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en
los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración
que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción
que generan en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación
de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el análisis de la
jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que este mecanismo está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como
una instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e
independencia del juez natural.
En el caso concreto, se advierte que el accionante controvierte el auto del
22 de marzo de 2024 por medio del cual el juzgado rechazó de plano los
recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor en su calidad de
coadyuvante contra la providencia que revocó las medidas cautelares que
se habían decretado dentro del proceso de acción popular bajo radicado
760013333005-2022-00277-00, al estimar que la autoridad accionada
aplicó una norma que, en su criterio, no era aplicable y, por tanto, dejó de
aplicar la que procedía y que, en consecuencia, permitía que se le diera
trámite a los recursos por él interpuestos.
Pues bien, de la lectura y alcance del escrito de tutela, así como del escrito
de impugnación, la Sala advierte que el requisito de relevancia
constitucional no se cumple en el presente caso, ya que la solicitud de
amparo lo que busca es reabrir el asunto resuelto por la autoridad judicial
accionada, en la medida que los que pretende es cuestionar la interpretación
y aplicación de las disposiciones a las que el juez natural de la causa acudió
para resolver el asunto objeto de discusión, esto es, la procedencia de los
recursos interpuestos por el accionante contra la decisión que revocó la
medida cautelar decretada dentro de la acción popular, para nuevamente
plantear las razones por las cuales, a su juicio, el juez debía dar trámite a
los recursos interpuestos.
Por lo tanto, es evidente que lo que se busca con la solicitud de amparo es
que el juez constitucional analice nuevamente el asunto, en el sentido de
dar trámite a los recursos que, en su criterio, son procedentes, para que se
de una nueva discusión sobre la medida cautelar solicitada en la acción
popular.
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Accionante: Julián Alejandro Bonilla Escobar
En este punto, cabe señalar que no corresponde a esta Sala, en el marco de
la presente acción constitucional, reemplazar a la autoridad judicial
accionada en su labor de analizar la procedencia de los medios de
impugnación que se interpongan contra las decisiones que se profieran
dentro del trámite del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos; y tampoco fungir como un superior funcional que
adelante un juicio de corrección de sus decisiones.
Por lo anterior, en el presente caso no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional.
6.3.2. Subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable1.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, uno de los requisitos que se debe cumplir es el de
subsidiariedad, en la medida que solo resulta procedente cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar
un perjuicio irremediable2.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial3: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en
el ordenamiento jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al
principio de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de
los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y
grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para
superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable4.
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Pues bien, en el presente asunto, la Sala estima que tampoco se cumple con
el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, en la medida en que en
principio la acción de tutela no procede contra providencias judiciales
cuando el asunto está en trámite, salvo se acredite un perjuicio
irremediable.
En efecto, del recuento de los hechos se advierte que la providencia
censurada se profirió en el trámite de una acción popular en la cual aún no
se ha dictado sentencia, pues precisamente, lo que se controvierte es la
decisión que rechaza los recursos interpuestos por el accionante en contra
de la providencia que revocó el decreto de las medidas cautelares dictadas
dentro del citado proceso.
Ahora, esta Sección7 ha indicado que en los casos en lo que el proceso está
en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar las decisiones
adversas a las partes, cuando no se puede tener certeza de la trascendencia
de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso,
como sucede en el caso concreto.
Por otra parte, la Sala no advierte que el accionante haya justificado la
configuración del perjuicio irremediable que de manera excepcional
permitiera estudiar el fondo del asunto.
En este punto, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional ha
fijado los siguientes criterios a partir de los cuales se debe analizar si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de
amparo constitucional: (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii)
que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que
resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los
hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, radicación 11001031500020170300600. “[…] Es necesario reiterar que, por regla
general, cuando el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos que
contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha
finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta
irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso. || Lo anterior atiende, además,
a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que no
convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son
inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable. || En este
sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso del proceso impidan el
acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante,
y ésta carezca de medios judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir
su estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio
de control aún está en trámite. […]”.
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 27 de enero de 2022, C.P. doctor Hernando
Sánchez Sánchez, radicación 110010315000202111320-00; y Sentencia de 3 de febrero de 2023,
radicado 11001-03-15-000-2022-06761-000, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales.
Pues bien, al revisar el contenido y alcance del escrito de tutela y la
impugnación, se advierte que el accionante no acredita un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez constitucional en un
proceso que aún no ha culminado, sino que, únicamente se limita a explicar
las razones por las cuales estima eran procedentes los recursos que
interpuso dentro del proceso, argumentos que claramente demuestran que
lo que se busca es la intervención de dicho juez para interpretar y aplicar
disposiciones que corresponden al juez natural de la causa.
Por lo anterior, para la Sala la solicitud de amparo es improcedente por
cuanto no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el
proceso ordinario se encuentra en trámite y no se acreditó un perjuicio
irremediable, por lo que una intervención del juez constitucional afectaría
el principio de independencia judicial y juez natural del caso.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 16 de abril de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar,
declarará improcedente la presente acción por no cumplir con los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la presente solicitud de amparo por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
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GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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