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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00015-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00015-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00015-00 Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00015-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00015-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. EL ACTOR NO FUE VINCULADO
COMO PARTE DENTRO DEL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE SE
PROFIRIÓ LA PROVIDENCIA CUESTIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, INFORMACIÓN
Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA1 y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2.

I – ANTECEDENTES

1
En adelante el Área Metropolitana.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00015-00
Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

I.1. La Solicitud

El señor CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

información y al acceso a la administración de justicia, los cuales

estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la

providencia de 23 de octubre de 2014, dentro del medio de control

de reparación directa identificado con el número único de radicación

68001-23-31-000-1996-12439-00 al que le fueron acumulados los

expedientes identificados con los números de radicación 68001-23-

31-000-1996-12437-00 y 68001-23-31-000-1996-12441-00.

I.2. Hechos

Señaló que la URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.-

URBANAS3- presentó demanda de reparación directa contra el

ÁREA METROPOLITANA con el fin de obtener el reconocimiento y

pago de los perjuicios patrimoniales causados por la ocupación

permanente sin previa adquisición por enajenación voluntaria o

3
En adelante Urbanas.

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3

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Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

expropiación de unos inmuebles de su propiedad, con ocasión de la

ejecución de las obras públicas correspondientes al Plan Vial

Metropolitano Fase II, que comprendió la construcción del viaducto

“La Flora” y la “Transversal Oriental Metropolitana”.

Indicó que, el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 1996-12439-00 y atribuido para su trámite en primera

instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 23 de octubre de

2014, declaró no probada la excepción de caducidad y, en

consecuencia, declaró responsable administrativa y

patrimonialmente al ÁREA METROPOLITANA de los perjuicios

causados a URBANAS y la condenó a pagar el valor de los predios.

Mencionó que, inconformes con lo anterior el ÁREA

METROPOLITANA y URBANAS formularon recurso de apelación

ante la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “C” DEL CONSEJO DE

ESTADO4 el cual no ha sido resuelto.

I.3 Fundamentos de la solicitud

4
En adelante la Sección Tercera.

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Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en error

inducido, por cuanto el ÁREA METROPOLITANA confundió al

TRIBUNAL al informar un área de ocupación diferente a la que ocupó

el contratista para facilitar el acceso vial a la urbanización Torres del

Tejar a cambio de un predio cedido en el barrio Terrazas.

Aseguró que el ÁREA METROPOLITANA ocultó los adelantos de una

negociación previa con URBANAS con información en oficios,

avalúos y presupuestos que allega junto con la solicitud de amparo

en los anexos 5, 6 y 7.

Asimismo, afirmó que el TRIBUNAL declaró no probada la caducidad

del medio de control y, a su juicio, se conformó con que el ÁREA

METROPOLITANA se siga favoreciendo con una indemnización

irrisoria ante los perjuicios causados a URBANAS, pues: “[…] se le

privó por más de 26 años y se le sigue privando, de ese mismo

derecho a la IGUALDAD que recibieron los restantes propietarios de

los terrenos en donde se construyeron las obras y a quienes si les

pagaron oportunamente sus terrenos con las contribuciones de

valorización, y entre estas contribuciones las pagadas por URBANAS

por otros de sus terrenos […]”.

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Igualmente, señaló que: “[…] es evidente la inmensa responsabilidad

de gerentes y miembros de junta directiva del AMB desde que

ocurrieron los hechos, quienes en su sabiduría y con herramientas

disponibles en la justicia, habrían podido detener el perjuicio

económico y moral causado a URBANAS, parte de su situación

coyuntural económica y moral que con resiliencia y responsabilidad

URBANAS está afrontando […]”.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 3.1 Que se corrijan DOS ERRORES en el fallo de primera
instancia: a) Se INCLUYA EL PREDIO ocupado de 2.915,04 m2 en
el proceso 12.437 y excluido EQUIVOCADAMENTE, que está
localizado en diagonal a la parroquia Cristo Misionero y que es un
predio diferente con área diferente al de 2.306,95 m2 relacionado
con la permuta explicada que permite el acceso vehicular a la
urbanización Torres del Tejar, localizado a un poco más de 150
metros al occidente, y b) Se REVISE EL VALOR de la indemnización,
que debe ser calculada por profesionales con conocimiento y
experticia al respecto, y no debe relacionarse con el avalúo
catastral ESTABLECIDO PARA FINES TRIBUTARIOS e INEXISTENTE
considerando que los predios DEJARON DE EXISTIR para el catastro
cuando DE HECHO fueron convertidos en VÍAS DEL ESPACIO
PÚBLICO por el AMB, avalúo además irrisorio. El AMB no pagó a
URBANAS los terrenos requeridos para las obras del Plan Vial
Metropolitano Fase II, como si lo hizo con el resto de los
propietarios de quienes se requirieron sus terrenos para las obras,
pagos en los que son solidariamente responsables los municipios
que hacen parte del AMB, por sus obligaciones como miembros y/o
en la elección de la Junta Directiva y de los Directores del AMB.

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Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

3.2 TUTELAR principalmente, el Derecho a la IGUALDAD, al acceso
a la administración de justicia, a la INFORMACIÓN y al DEBIDO
PROCESO. Este proceso impide la terminación de mis deberes y
responsabilidades como Representante de los Propietarios
relacionada con el Plan Vial Metropolitano Fase II adquirida hace
más de 26 años cuando fui designado el 27 de septiembre de 1997,
la que solo termina con la liquidación del Plan Vial Metropolitano
Fase II, en la que se registren todos los valores relacionados con
los ingresos y egresos y con sus explicaciones y soportes.

3.3 SOLICITO LA PRUEBA PERICIAL que con la ayuda de auxiliares
de la justicia de la que se dispone para soportar los fallos, precise
lo siguiente:

a) Cuál es el área sobre la que el AMB debe indemnizar a URBANAS,
quedando explicada la confusión relacionada con el proceso 12.437
inicial por 2.915,04 m2. El área es la siguiente y en las demandas
iniciales: 2.915,04 m2 en el proceso 12.437, más 14.269,95 m2
en el proceso 12.441, más 12.677,48 m2 en el proceso 12.441,
para un total de 29.862,47 m2.

b) Cuál es el valor con el que debe indemnizar el AMB a URBANAS,
valor que nunca compensará los perjuicios causados, valor
injustamente calculado a partir de un avalúo catastral de predios
catastralmente inexistentes, desde que fueron incorporados DE
HECHO al espacio público.

c) Cómo y cuándo pagará el AMB a URBANAS, y cuál será la
METODOLOGÍA de una vez establecida para ACTUALIZAR
EQUITATIVAMENTE SU VALOR, que no motive como hasta ahora al
AMB a no pagar y a no cumplir con su deber y con sus obligaciones,
originando nuevas necesidades de URBANAS de tener que acceder
ante la justicia contra el AMB.

d) Cuáles son los recursos y los medios que tiene el AMB para que
URBANAS sea indemnizada y cuando menos pueda URBANAS
incorporar a sus estados financieros la obligación del AMB que
contribuya con su reorganización económica y administrativa que
adelanta, incluso revisando y evaluando la cartera del Plan Vial
Metropolitano Fase II con todos los escenarios de recaudo posible
o difícil recaudo, y la propiedad de terrenos del AMB con valor
comercial. 3.4 SOLICITO al AMB en medio magnético o a mi correo
electrónico cardilaa@hotmail.com, copia de los contratos suscritos
con la apoderada MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS y de sus
INFORMES al AMB, relacionados con su deber de apoderada del
AMB en los procesos en la referencia y en los relacionados con el
Plan Vial Metropolitano Fase II ante el que me desempeño como
Representante de los Propietarios, para VERIFICAR SU GESTIÓN Y

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SU RESPONSABILIDAD, y considerando su presunto deber además
de representar al AMB, de aportar verdad, justicia y reparación,
presuntamente ausentes al invocar la caducidad, excluir el área de
2.915,04 m2 en el proceso 12.437 confundiendo a la justicia,
invocar responsabilidad de URBANAS acerca de las VIAS
PRINCIPALES explicadas y de cesiones tipo A ajenas a las acciones
de reparación directa en la referencia, mencionar presuntas
obligaciones de dos razones sociales diferentes como son URBANAS
y PROMOTORA BOLÍVAR URBANAS, ocultar la información en los
ANEXOS 5, 6 y 7, y solicito al AMB ACTUALIZAR la información en
el ANEXO 8, la que adjunto en hojas de cálculo en Excel para
facilitar su actualización, y con la finalidad de atender mis deberes
relacionados más adelante en V. FUNDAMENTOS DEL DERECHO,
numeral 5. PRINCIPIOS DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION.
Los procesos en la referencia no han permitido la finalización y la
liquidación del Plan Vial Metropolitano Fase II causando perjuicios
económicos inmensos y afectando la imagen de este medio
ilimitado y útil para la realización de las obras públicas mediante la
financiación con las contribuciones de valorización.

Una vez recibida la información solicitada en el numeral 3.4
anterior, prepararé para la justicia y para el AMB un INFORME que
les permita conocer y verificar lo sucedido, y lo que le ha impedido
a URBANAS recibir el pago de sus terrenos utilizados para la
construcción de las obras que disfrutan los habitantes del AMB
desde hace más de 20 años, pagos que si recibieron los restantes
propietarios de los terrenos en los que se construyeron las obras,
y me permita a mí terminar con mi deber de Representante de los
Propietarios en el Plan Vial Metropolitano Fase II, INFORME de
mucha conveniencia para la justicia y para el AMB […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a informar que el expediente del

medio de control de reparación directa objeto de análisis, fue

remitido a esta Corporación para surtir el recurso de apelación y no

efectuó pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

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I.5.2.- La SECCIÓN TERCERA señaló que el medio de control objeto

de estudio está asignado a ese despacho y se encuentra en turno

para proferir sentencia de segunda instancia, razón por la que, a

efectos de evitar un prejuzgamiento, se abstuvo de pronunciarse

sobre los defectos y argumentos esgrimidos contra la providencia

cuestionada.

Asimismo, aseguró que el trámite de segunda instancia se ha surtido

de conformidad con las etapas procesales y con respeto del debido

proceso constitucional, por lo tanto, la providencia de segunda

instancia será proferida en el turno que le corresponde.

Finalmente, recalcó que: “[…] no ha existido mora judicial que

conlleve la vulneración de los derechos fundamentales alegados en

el escrito de tutela, pues, además de que no existe el incumplimiento

de una norma que establece el término para proferir sentencia, el

tiempo para la adopción de la decisión se encuentra justificada

habida cuenta las múltiples y divergentes actuaciones procesales que

se han presentado desde el momento en que el asunto litigioso fue

repartido a este despacho judicial […]”:

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I.5.3.- URBANAS manifestó que la solicitud de amparo debe ser

declarada improcedente por cuanto no cumple con el requisito de

subsidiariedad, ya que el proceso objeto de estudio se encuentra en

trámite de segunda instancia ante la SECCIÓN TERCERA en espera

del fallo definitivo.

En ese sentido, mencionó que cualquier pronunciamiento sobre el

asunto debe ser emitido dentro del proceso respetando la

competencia de los jueces naturales y evitando interferir con el

principio de seguridad jurídica.

I.5.4.- El ÁREA METROPOLITANA solicitó su desvinculación del

presente trámite constitucional, dado a que no goza de legitimación

en la causa por pasiva para actuar dentro del proceso.

Añadió que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en

tanto la tutela no es el mecanismo judicial idóneo para elevar

peticiones o solicitar la práctica de pruebas dentro del proceso

judicial objeto de controversia, pues esa oportunidad debió agotarse

en el trámite procesal de primera instancia y, en la actualidad, le

corresponde al juez de segunda instancia pronunciarse respecto a los

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reproches formulados por el actor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

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La Sala advierte que el ÁREA METROPOLITANA solicitó su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los

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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el ÁREA METROPOLITANA fue

vinculada en calidad de demandada dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

1996-12439-00, objeto de cuestionamiento, le asiste interés directo

en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por

la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en

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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la

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decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando

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sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 23 de octubre de 2014,

proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual se resolvió la

primera instancia dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 1996-12439-00, al

que le fueron acumulados los expedientes identificados con los

números de radicación 1996-12437-00 y 1996-12441-00.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

información y al acceso a la administración de justicia.

Los disensos del actor radican en que la autoridad judicial accionada

incurrió en error inducido, por cuanto el ÁREA METROPOLITANA

confundió al TRIBUNAL al informar un área de ocupación diferente

a la que ocupó el contratista para facilitar el acceso vial a la

urbanización Torres del Tejar a cambio de un predio cedido en el

barrio Terrazas.

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Asimismo, afirmó que el TRIBUNAL declaró no probada la caducidad

del medio de control y, a su juicio, se conformó con que el ÁREA

METROPOLITANA se siga favoreciendo con una indemnización

irrisoria ante los perjuicios causados a URBANAS.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

Antes de abordar los parámetros planteados en líneas anteriores, la

Sala examinará si el actor está legitimado en la causa por activa para

promover la acción de tutela de la referencia.

La legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

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En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19915 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,

caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,

además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está

en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona6.

Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital

que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai7, la Sala

advierte que dentro del medio de control origen de la presente

controversia, son sujetos procesales los siguientes:

Expediente núm. 68001-23-31-000-1996-12439-00
Acumulados: 68001-23-31-000-1996-12437-00 y 68001-
23-31-000-1996-12441-00
Demandante: Urbanizadora David Puyana S.A.-“URBANAS”.
Demandada: Área Metropolitana de Bucaramanga
Llamados en Álvaro García Parra y Jaime Rodríguez Ballesteros
garantía:

Así las cosas, se tiene que, en principio, los legitimados en la causa

para promover la presente acción de tutela son las personas

naturales y jurídicas que se constituyeron como parte en el marco

del proceso de reparación directa, esto es, la Urbanizadora David

Puyana S.A. -“URBANAS”-, el Área Metropolitana de

Bucaramanga y los señores Álvaro García Parra y Jaime

Rodríguez Ballesteros.

6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000199612
439011100103

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Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida

por el señor CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO quien acude

en nombre propio y, según su manifestación, como representante de

los propietarios de los bienes afectados con la contribución de

valorización del Plan Vial Metropolitano Fase II y el cual no figura

como parte o tercero interviniente con interés directo en el medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 1996-12439-00, al que le fueron acumulados los

expedientes identificados con los números de radicación 1996-

12437-00 y 1996-12441-00, objeto del presente estudio.

Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la

legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de tutela

contra providencia judicial y alega la vulneración de sus derechos

fundamentales, está determinada por la participación en el

proceso judicial cuya revisión depreca en ejercicio del amparo

constitucional.

Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 20178, en la

que se indicó:

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.

Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia trazada
por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta
Corporación, resulta necesario determinar la legitimación
en la causa por activa, en tanto que uno de los derechos
alegados como vulnerados es el del debido proceso.

Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual, quien
promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la
protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [9].

Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar está
radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien ejercerá la acción, directamente
o a través de apoderado, debidamente acreditado [10].

Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3 de
marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad electoral
bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva la
vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al debido

[9] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones
de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas
solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de
nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda
promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.:
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero
de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03870-00.
Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve
Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
[10] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que,
no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para
la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

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proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena fe y de
elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido como
parte en el mismo.

En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna de
coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado como
parte en ese proceso.

En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia arriba
citada respecto de la legitimación en la causa y con base en el
criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una acción
de tutela por la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso con ocasión de las decisiones que se
profieran en el respectivo medio de control, quienes
ostenten la calidad de partes en el mismo, […].

Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación en
la causa por activa […]” (Resaltado es del texto original).

En el mismo sentido, esta Sala en providencia 29 de julio de 202111,

señaló:

“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de desacato,
que en este caso resultaron sancionadas y conminadas a cumplir
la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio Valen
Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de
Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui Tarquino, en
calidad de Representante Legal del Consorcio Fondo de Atención en
Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto Díaz Hernández, en
calidad de Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz Botero Coy, en la

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.

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calidad de Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
– INPEC, último frente al cual el Tribunal Administrativo del Cauca
resolvió revocar la sanción impuesta.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30 de
octubre de 200312, manifestó que la acción de tutela es un medio
de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada,
quien podrá presentarla directamente o por quien actúe en su
nombre. […]
En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por la
cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de fondo,
para establecer si en el presente caso concreto hubo o no la
afectación de su derecho fundamental.
En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine, la
USPEC carece de legitimación en la causa por activa […]”
(Resaltado por la Sala).

De acuerdo a lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que para

acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa en las

acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere que el

actor haya sido parte del respectivo proceso judicial que

reprocha, con el fin de que, como inferencia lógica, pueda

alegar que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Corolario a lo anterior, es claro que el actor en el presente asunto

carece de legitimación en la causa por activa para formular

solicitud de amparo contra la providencia cuestionada, por cuanto no

12
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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demuestra que se haya hecho parte dentro del proceso judicial en el

que fue proferida.

Es del caso resaltar que esta Sala ha sostenido que quien promueva

una acción de tutela con el propósito de buscar la protección de sus

derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con ocasión de

las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un

proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del

mismo13.

Así las cosas, es claro que el señor CARLOS GERARDO ARDILA

ACEVEDO no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte

dentro del medio de control de reparación directa origen de la

controversia, razón por la que al no ser titular de los derechos

fundamentales cuya vulneración depreca, carece de legitimación en

la causa por activa para promover la solicitud de amparo de la

referencia.

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de

amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del

13
Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada
con el número único de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón
y 2 de noviembre de 2023, identificada con el número único de radicación 110010315000-2023-05226-
00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la

legitimación en la causa por activa del actor, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el ÁREA

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por

falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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