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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00023-01

Fecha
11 de abril de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00023-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 19 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019. 20 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001031500020250002301 Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00023-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

11 de abril de 2025

Radicado: 11001031500020250002301
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11-001-03-15-000-2025-00023-01
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare
Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 3 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de apoderado judicial1, presentó
escrito en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Casanare, con ocasión de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2024, en el trámite
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado bajo el
radicado núm. 85001-33-33-001-2020-00124-00/01.

2. Hechos.

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

1 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm.
1893D25F7F5CF8F1 735EE6C2BDFDECE0 AC309DD97B14BB32 A194463B2E2270E9.
2 Ibidem / Actuaciones visibles en el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho incorporado a Samai, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=85001333300120200012
4018500123
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2.1. La parte accionante manifestó que el señor Luis Fernando Torres Gallo ocupó el
cargo de “Delegado Departamental en Casanare en provisionalidad”, desde el 7 de
abril de 2008 al 26 de mayo de 2009.

2.2. El 16 de diciembre de 2008, la entidad abrió un concurso de méritos para proveer
cargos de Delegados Departamentales, Código 0020-04.

2.3. Expuso que el señor Torres Gallo fue nombrado en empleo de libre nombramiento
y remoción como “Delegado Departamental Código 0020-04” mediante Resolución
núm. 3297 del 27 de mayo de 2009. Posteriormente, la entidad declaró su
insubsistencia a través de Resolución núm. 541 del 28 de enero de 2020.

2.4. Como consecuencia de estos hechos, Luis Fernando Torres Gallo presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que solicitó declarar la nulidad
del acto que dispuso su desvinculación, al considerar que adolecía de falta de
motivación.

2.5. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal conoció el proceso en
primera instancia y, mediante fallo del 19 de abril de 2024, declaró la nulidad del acto
administrativo censurado. Como restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro del
demandante al cargo que ocupaba o a uno de igual o superior categoría, así como el
pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por un período de
veinticuatro (24) meses.

2.6. Contra dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación ante el
Tribunal Administrativo del Casanare, autoridad judicial que profirió fallo confirmatorio
el 22 de agosto de 2024.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. En su demanda de tutela, la parte actora solicitó al juez constitucional: i) el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Como consecuencia
de ello, pidió: ii) declarar la invalidez e ineficacia de la sentencia proferida el 22 de
agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Casanare y, iii) ordenar a la autoridad
judicial que profiera una nueva decisión en la que se desestimen las pretensiones de
la demanda, de conformidad con el precedente jurisprudencial aplicable al caso.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, manifestó, en síntesis, que la parte
accionada desconoció el precedente contenido en las sentencias del 27 de junio, 23
y 30 de octubre de 2024, en las cuales se debatieron casos similares al presente.

Además, destacó que esta Corporación ha sostenido que el cargo de “Delegado
Departamental” tiene una naturaleza mixta, ya que su ingreso debe realizarse
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mediante un proceso de selección por méritos, pero su desvinculación queda sujeta a
la facultad discrecional del nominador, debido a la responsabilidad electoral y/o
administrativa inherente al cargo.

3.3. Finalmente, enfatizó que su derecho a la igualdad fue trasgredido, dado que en
casos análogos el Consejo de Estado ha negado pretensiones similares, como ocurrió
en los procesos tramitados bajo los radicados núm. 20001-23-33-000-2020-00701-02,
85001-3333-001-2020-00124-02, 73001-23-33-000-2016-00775-01 y 27-001-23-22-
000-2016-00156-01.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, profirió auto el 17 de
enero de 20253, en el que admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como
terceros con interés a los señores Luis Fernando Torres Gallo y Nohora Edith González
Salguero, requirió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y al Tribunal
Administrativo del Casanare para que allegaran al trámite constitucional el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado núm. 85001-33-33-
001-2020-00124-00/01 y se le reconoció personería al abogado Jorge Alberto Ramírez
Gómez como apoderado de la parte actora.

4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal4 remitió el expediente
digital solicitado; sin embargo, guardó silencio frente a los hechos origen de esta
acción.

4.3. El Tribunal Administrativo del Casanare5 advirtió que, a partir del análisis fáctico
y jurídico de la solicitud, esta carece de relevancia constitucional, en la medida en que
el accionante pretende configurar una tercera instancia frente a la sentencia recurrida,
la cual efectuó un adecuado estudio de los aspectos probatorios del caso.

En consecuencia, concluyó que la discrepancia de la parte actora radica en el sentido
adverso de la decisión adoptada, sustentada en precedentes de esta Corporación en
los que se desestimaron pretensiones en casos con similitud fáctica.

Al punto, señaló que tales providencias no constituyen un precedente vertical en
sentido estricto, toda vez que la sentencia referida no fue adoptada como unificación
jurisprudencial, como tampoco a plenitud por la Sección Segunda. Si bien, dichas
decisiones constituyen criterios interpretativos, la sentencia atacada se fundamentó en

3 Índice 00004 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm.
E1DF8AAB33DF4060 4D90DE9185B07066 46353A671669B669 2878453E5DD7349F.
4 Índice 00009 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm.
29BA7C0C516C4E81 8D31A188F0B1D2C7 C3B12426F00E3A31 2DE926671A95257A.
5 Índice 00010 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 781F2F74AE794F87

74AEF1F570A01CCA 6546FBB4357F9FB5 BBDBAE53EB0E3B1F.
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disposiciones legales y jurisprudenciales válidas desarrolladas en una interpretación
autónoma y suficiente.

Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción y, en caso de que se
emita un pronunciamiento de fondo, negar las pretensiones por falta de sustento.

4.4. Luis Fernando Torres Gallo6 solicitó, como medida preliminar, que el consejero
ponente examine “la posibilidad legal de apartarse de esta acción de tutela” al
considerar que se encuentra incurso en las causales de impedimento 4°, 6° y 12° del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que suscribió las providencias
del 23 y 30 de octubre de 2024, citadas como fundamento jurídico por el accionante.

De otro lado, pidió negar la solicitud de amparo, cuyo argumento fue que el actor no
sustentó adecuadamente el desconocimiento del precedente vertical, pues las
sentencias que citó como soporte de su postura, fueron proferidas con posterioridad a
la providencia objeto de reproche.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, profirió sentencia de primera
instancia el 3 de febrero de 20257, mediante la cual negó el amparo solicitado.

Como fundamento de su decisión sostuvo que, tras analizar el fallo censurado junto
con las providencias invocadas como desconocidas, concluyó que el Tribunal no
incurrió en el defecto alegado. En particular, precisó que, si bien la sentencia del 27 de
junio de 20248 guarda relación con la situación fáctica y jurídica del asunto, para el
momento en que se profirió la decisión controvertida, dicha providencia constituía
únicamente un antecedente y no un precedente de obligatorio acatamiento, conforme
a lo dispuesto en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.

Agregó que, en caso de que la parte actora considerara que la providencia
referenciada reflejaba la postura adoptada por el órgano de cierre, debía haberla
invocado como argumento en los alegatos de conclusión o en la etapa procesal en la
que tuvo conocimiento de esta; no obstante, omitió hacerlo.

6 Índices 00011 y 00012 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificados núm.
40EF535B8786CF06 516F6BF03BC9B13C 5F21EC19D5643C56 2EAFD667D001CAF5 y
40EF535B8786CF06 516F6BF03BC9B13C 5F21EC19D5643C56 2EAFD667D001CAF5.
7 Índice 00016 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm.
D44473E2994493C4 D0A3619A5EB61F3C 79B7E7E50BCBD05D 96556CB571538940.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2024, radicado

20001- 23-33-000-2020-00701-00 [02]. C.P César Palomino Cortés.
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En cuanto a las providencias del 239 y del 3010 de octubre de 2024, advirtió que fueron
proferidas con posterioridad a la decisión objeto de controversia, esto es, el 22 de
agosto de 2024, razón por la cual descartó su análisis como posible precedente
aplicable al caso.

Como corolario, señaló que el accionante no logró acreditar la configuración del
defecto fáctico alegado, motivo por el cual negó la pretensión de amparo.

6. Impugnación

La parte tutelante presentó escrito de impugnación11 en el que solicitó revocar la
sentencia de tutela proferida en primera instancia. Para tal efecto, fundamentó su
solicitud en el hecho de que el Tribunal accionado se abstuvo de motivar su decisión
de separarse del precedente del Consejo de Estado, por lo que procedió a citar
nuevamente las sentencias que, a su juicio, desconoció al momento en que profirió la
decisión censurada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al ser el ente titular de los derechos que afirma
fueron vulnerados, dado que actuó como demandado en el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y adelantado bajo el radicado núm. 85001-
33-33-001-2020-00124-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Casanare, por cuanto actuó como juez dentro del proceso
mencionado, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de
su garantía constitucional.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2024, radicado

73- 001-23-33-000-2016-00775-00 [01]. C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2024, radicado

27- 001-23-22-000-2016-00156-00 [01]. C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez.
11 Índice 00020 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm.
9F7F74A26ED65780 6AEE82BC8A0BEC6E 87ACCAC0C3B7D710 BD182B2CCA2115EE.
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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para revocar el fallo de primera instancia.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela13 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto14.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.

12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
14 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”16.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

16 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión
en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público,
ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto17.

5. Caso en concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la Registraduría Nacional del Estado
Civil, mediante apoderado judicial, alegó que la parte accionada desconoció el
precedente contenido en las sentencias del 27 de junio, 23 y 30 de octubre de 2024,
proferidas en los procesos tramitados bajo los núm. 20001-23-33-000-2020-00701-02,
85001-3333-001-02, 730-33-000-200701-2016. En particular, sostuvo que el Tribunal
no justificó de manera suficiente su decisión de apartarse de la postura adoptada por
el órgano de cierre respecto de la naturaleza del cargo de “Delegado Departamental”
que ostentaba el señor Torres Gallo.

Como corolario, consideró vulnerado su derecho a la igualdad, en tanto se profirió un
fallo contrario a la línea jurisprudencial que, actualmente, sostiene el Consejo de
Estado.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia de segunda
instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Casanare, que puso fin a la
actuación ordinaria, así como de las pruebas aportadas al proceso, la Sala advierte
que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:

“(…) 11.1. Inicialmente, es preciso señalar que, el demandante fue nombrado
en el cargo de Delegado Departamental 0020-04 de la planta global Sede
Central, Circunscripción Electoral de Casanare, mediante Resolución núm.
17 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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3297 del 27 de mayo de 2009, al que accedió por haber superado el concurso
público de méritos correspondiente a la convocatoria núm. 003 del 16 de
diciembre de 2008, por lo que, partiendo de la forma de su vinculación es claro
que su nombramiento no se asimila a los de libre nombramiento y remoción.

(…)

11.3. De la lectura del acto administrativo en referencia, se constata que la
entidad demandada dio al cargo de delegado departamental código 0020-04, la
connotación de libre nombramiento y remoción, atendiendo a la responsabilidad
directiva del mismo, y a la sentencia aludida en la parte considerativa de dicho
acto.

11.4. Sobre este punto, es preciso indicar que en el caso puntual de los
Delegados 0020-04, en la sentencia C 553 de 2010, al efectuar el análisis de
exequibilidad del artículo 6.º de la Ley 1350 de 2009, determinó que tal como lo
establece la norma dichos cargos se encuentran clasificados como de
responsabilidad administrativa o electoral, su ingreso es a través de concurso
de méritos y la remoción se realiza libremente, no obstante, el acto de retiro es
flexible debiendo contener criterios de motivación fundados en la necesidad del
servicio, situación de la que adolece la Resolución No. 541 del 23 de enero de
2020.

11.5. En este orden es claro que contrario a lo señalado por el recurrente, la
entidad demandada no tuvo en cuenta el precedente constitucional que
interpretó el contenido del mandato previsto en el artículo 6.º de la Ley 1350 de
2009, eludiendo el deber de motivación suficiente que debe revestir los actos
de retiro de esta clase de servidores públicos, en tanto la decisión de
desvinculación, se fundó únicamente en la discrecionalidad que se usa para el
retiro de quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, porque
solamente se indicó que el empleo ocupado por el demandante era de esa
clase, citando un precedente jurisprudencial que permitía justificar dicha
decisión.

11.6. De tal suerte que la RNEC, no motivó de forma suficiente el retiro del
demandante, estando en la obligación de hacerlo, desconociendo que, en esta
clase de casos, se exige un análisis objetivo, concreto y explícito de la situación
particular del servidor público, que justifique su desvinculación.

(…)

11.8. Así las cosas, observa la Corporación que, en el acto administrativo
demandado, no aludió a alguna circunstancia de incumplimiento comprobado e
injustificado de las funciones encomendadas al demandante, ni afectación
alguna al servicio por causa o negligencia suya, por lo que es claro que se
constata como causal de nulidad del acto acusado, la falta de motivación, tal
como lo concluyó la primera instancia. (…)”

Los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con claridad,
que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se

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hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar:
i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración18.

4.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, pues a partir de la
revisión del proceso se advierte que los argumentos expuestos en este escenario
guardan identidad con lo esbozado en el recurso de apelación interpuesto, así como
del escrito de impugnación presentado, sin que haya demostrado la violación de los
derechos fundamentales para los que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos
de índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin
esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.4. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la parte accionante citó
algunos pronunciamientos del Tribunal Administrativo del Casanare y del Consejo de
Estado. Sin embargo, no desarrolló un análisis metodológico y comparativo que
permitiera establecer la identidad fáctica y jurídica entre esos fallos y la decisión aquí
cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también
la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos
analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una contradicción
con el precedente alegado, dado que, dos de las providencias citadas fueron proferidas

18 Sentencia SU215 de 2022.

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con posterioridad a la que en este escenario ataca, además, ninguna de ellas se
encuentra revestida como una posición de unificación que rija el tema en concreto. Por
lo anterior, no se advirtió una carga argumentativa suficiente que sustentara el cargo
formulado, lo que imposibilita su análisis de fondo en la presente decisión.

4.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como
si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario20.

En consecuencia, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de tutela por
falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en ese orden,
modificará la decisión impugnada al no advertirse el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, conforme a los argumentos expuestos ut supra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de febrero de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar, DECLARAR LA
IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

19 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
20 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Notifíquese y cúmplase

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
LMMT

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