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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00775-01

Fecha
29 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00775-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2016-00775-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)
Demandante: Fernando Heredia Castillo
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Temas: Insubsistencia/ Cargo de libre remoción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 3 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
que negó las pretensiones e impuso condena en costas.

ANTECEDENTES

El señor Fernando Heredia Castillo, instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 5712 del 30 de junio de 2016 por
medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de Delegado
Departamental 0020-04 – Planta Global Sede Central de la Registraduría Nacional
del Estado Civil; acto administrativo que le fue notificado el 1º de julio de 2016.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reintegrarlo al cargo
que ocupaba y, a pagarle los salarios, prestaciones sociales, aportes y demás
emolumentos dejados de devengar, en sumas debidamente indexadas, conforme
lo establecido en el artículo 187 del CPACA. También, que se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos de ley y, se condene en costas y agencias en derecho.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

Que mediante Resolución No. 264 del 16 de julio de 2008, avalada por el
Registrador Nacional en Resolución No. 3601 de la misma fecha, fue designado
Registrador Especial 0065-01 de la Registraduría Especial del Estado Civil de
Girardot – Cundinamarca; cargo del cual tomó posesión el día 18 de ese mes y año.

Que el 16 de diciembre de 2009, se publicó la Convocatoria No. 003 del concurso
de méritos para proveer 64 vacantes en el cargo de Delegado Departamental del
Registrador Nacional, Código 0020-01, en cumplimiento de la Sentencia C-230A/03
del 6 de marzo de 2008 proferida por la Corte Constitucional.

Que participó en el aludido concurso, donde se inscribieron 186 personas,
ocupando el puesto 58 al efectuarse la revisión documental y el 22 en la entrevista,
posterior a lo cual fue incluido en lista de elegibles conformada en Resolución No.
3.159 del 22 de mayo de 2009, donde obtuvo el puesto 8 de 43.

Que en Resolución No. 3.290 del 27 de mayo de 2009 fue nombrado Delegado
Departamental; cargo de libre remoción del cual tomó posesión el 1º de junio de
ese mismo año en la Gobernación del Tolima, siendo posteriormente trasladado a
varios lugares del país como Neiva, Cali, Pereira -para época electoral- y
nuevamente llevado a su sede en Ibagué.

Que durante la prestación del servicio siempre obtuvo buenas calificaciones de
desempeño.

Que el 1º de julio de 2016 fue notificado de la Resolución No. 5.712 del 30 de junio
de ese año, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento
efectuado en el cargo de Delegado Departamental 0020-04 de la Planta Global de
la Sede Central de la Registraduría; acto administrativo inmotivado y en el que no
se indicaron los recursos que procedían en su contra.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Señaló como normas violadas los artículos 12, 29, 53, 123, 125, 209 y 266 de la
Constitución Política de Colombia y el Acto Legislativo No. 01 de 2003; Ley 909 de
2004; Decreto 1227 de 2005; Ley 790 de 2002; Ley 812 de 2003, Decreto 2400 de
1968 y Ley 1350 de 2009.

Se adujo que el acto acusado se encuentra viciado de falsa motivación, violación al
debido proceso y al principio de publicidad; así mismo, de desviación de poder, esta
última al haberse proferido por motivos ajenos al buen servicio.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

En auto del 21 de noviembre de 2016, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Ibagué remitió la demanda por competencia -factor cuantía- al Tribunal

2

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

Administrativo del Tolima, donde fue admitida en proveído del 25 de enero de 2017.

La Nación -Registraduría Nacional del Estado Civil “RNEC”, manifestó su
oposición a las pretensiones por carecer de sustento probatorio y a continuación
precisó que el empleo que era ocupado por el demandante es directivo, de libre
nombramiento y remoción, esto es, se trata de un cargo de confianza, de manera
tal que, su continuidad se encuentra dentro de la órbita discrecional del nominador,
por lo que el acto de retiro del servicio, no requiere motivación y se presume
expedido en pro del mejoramiento del servicio.

Que no existe disposición de carácter legal que obligue a la entidad a motivar los
actos administrativos por medio de los cuales se declara la insubsistencia de los
nombramientos de los empleos de libre remoción, como lo era el ocupado por el
actor y, que el buen desempeño en un cargo no garantiza la permanencia indefinida
en el mismo, ni es óbice para hacer uso de la facultad discrecional

En diligencia celebrada el 14 de agosto de 2017 se fijó el litigio, se prescindió de
la audiencia de pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

En Sentencia del 3 de junio de 2021 1, el Tribunal Administrativo del Tolima negó
las pretensiones e impuso condena en costas, expresando que el actor fue
nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción luego de superar
satisfactoriamente un concurso de mérito que no le generó derechos de carrera
administrativa; ello en la medida que, conforme el marco normativo que regula la
naturaleza jurídica del cargo de Delegado Departamental 0020-40 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, éste hace parte de la carrera especial de
la entidad y el retiro del mismo puede hacerse bajo la facultad discrecional.

Que los actos de desvinculación de este tipo de empleos no necesitan motivación
pues se infiere tácitamente que propende por el mejoramiento del servicio, por
tanto, no se estructura el cargo de ausencia de motivación del acto acusado y, de
contera el de falsa motivación, más aún, cuando la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha pregonado porque las condiciones profesionales y el correcto
desempeño de las funciones no le dan al servidor de libre nombramiento y remoción
un fuero de estabilidad, sino que se constituyen en presupuestos naturales del
ejercicio del cargo.

Que, en lo que refiere a la desviación de poder, no aportó el extremo actor pruebas
que lleven a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto de
insubsistencia se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con un objeto
distinto al que impone el legislador; así como tampoco que el nominador hubiere
actuado en forma desproporcionada e irrazonablemente.

1
Notificada el 17 de junio de 2021.

3

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

Que conforme lo establecido en el artículo 188 el CPACA, en concordancia con los
artículos 365 y siguiente del Código General del Proceso, era procedente la
imposición de costas a la parte vencida.

EL RECURSO DE APELACIÓN 2

La parte demandante 3 interpuso recurso de apelación, señalando que existió una
ausencia y falsa motivación, que la entidad demandada actuó con desviación de
poder y no garantizó sus derechos constitucionales, que no se acreditó por parte
de la Registraduría la mejora del servicio y mucho menos que quien remplazó al
señor Heredia Castillo tenía más méritos que él para ocupar el empleo y, que se
desconoció la Sentencia C-533-2010.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 9 de marzo de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES

En los estrictos términos del recurso de apelación, corresponde determinar si el
acto administrativo acusado, por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento del demandante como Delegado Departamental 0020-04 – Planta
Global Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentra
viciado por ausencia o falta de motivación, falsa motivación y, desviación de poder.

Naturaleza jurídica de los cargos en la Registraduría Nacional del Estado Civil
/ Carrera Administrativa Especial / Delegado Departamental/ Causales de
Retiro del Servicio/ Motivación del Acto de Retiro – Facultad Discrecional:

El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que por regla general los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, y dentro de las excepciones
se incluyeron los cargos de libre nombramiento y remoción.

Ahora bien, la organización electoral está conformada por el Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los demás organismos que
establezca la ley y, tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección
y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas (artículo 120 de la
Constitución Política).

2
Concedido en auto del 30 de noviembre de 2021.
3
En escrito del 28 de junio de 2021.

4

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

En el artículo 266 4 de la Carta se estableció:

Artículo 266. El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los
Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley.

Su período será de cuatro (4) años, deberá reunir las mismas calidades que
exige la Constitución Política para ser Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o
movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección.

Ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización
de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como
la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que aquella
disponga.

La Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que
pertenezcan a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará
exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible
de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los
cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre
remoción, de conformidad con la ley.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El período de los actuales miembros del
Consejo Nacional Electoral y Registrador Nacional del Estado Civil irá hasta el
año 2006. La siguiente elección de unos y otro se hará de conformidad con lo
dispuesto en el presente Acto Legislativo. (Resaltado propio)

Antes de entrar en vigencia ese canon superior, para la Registraduría Nacional del
Estado Civil -en adelante RNEC- regía el Decreto 3492 de 21 de noviembre de
19865, que en su artículo 1º consagraba los objetivos de la carrera administrativa y,
en su artículo 2º disponía: “Para alcanzar estos objetivos, el ingreso a los empleos
de Carrera de la Planta de Personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
los ascensos se harán exclusivamente con base en el mérito, mediante concursos
y la permanencia en ellos se determinará por Calificación de Servicios. (…).”.

De acuerdo con lo anterior el ingreso al sistema de carrera de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, antes y después de la Carta Política de 1991, debía
efectuarse con base en el mérito, mediante concurso.

En efecto, conforme el artículo 25 del citado decreto, la provisión de empleos de
carrera en la RNEC se hacía: i) Por nombramiento en periodo de prueba, previo
concurso; ii) por nombramiento con carácter de ascenso, y iii) por nombramiento
con carácter provisional, para proveer empleos de carrera con personal no
seleccionado por el sistema de concurso.

4
Modificado por el Acto Legislativo No. 1 del 2 de julio de 2003.
5
Por el cual se expiden normas sobre la Carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones.
Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Ejecutivo por el artículo 62 de la Ley 96 de 1985. Dicha
disposición normativa fue derogada por la Ley 1014 del 6 de junio de 2020

5

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

La Ley 443 de 1998 6 preceptuó, en su artículo 4º, la existencia de regímenes
específicos de carrera para las entidades oficiales, entre ellas, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, de los que señaló que las normas que consagran estos
sistemas continuarían vigentes, con la finalidad de garantizar la imparcialidad del
desempeño de las funciones electorales.

A su turno, la Ley 573 de 7 de febrero de 2000 7, expedida con base en el numeral
10 del artículo 150 de la Constitución Política, revistió al presidente de la República
de facultades extraordinarias para modificar la estructura de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y su régimen de funciones y competencias internas, y
establecer su planta de personal, entre otras atribuciones, quien mediante Decreto
ley 1011 de 2000 8, clasificó los empleos en dicha institución, entre los que se
relaciona el de delegado departamental «0020-04» como del nivel directivo.

En el mismo sentido, el Decreto 1014 de 2000 9 en lo concerniente al régimen
específico de carrera, de la citada entidad, previó como regla general el ingreso,
permanencia y ascenso por el mérito, y excepcionalmente consagró que algunos
cargos serían de libre nombramiento y remoción, como el de delegado
departamental, así:

“ARTÍCULO 3. Cargos de carrera administrativa. Son cargos de carrera
administrativa todos los empleos de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
con excepción de los de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Aquellos, que adelante se indican, cuyo ejercicio comporta la adopción de
políticas o realización de funciones de dirección, conducción u orientación
institucionales:
(... )

7. Delegado Departamental
( ... )”

Se puede concluir entonces que el empleo de delegado si bien es de libre
nombramiento y remoción, a partir del 6 de junio de 2000 varió su condición en el
sentido de ser designado con base en los criterios de dirección y confianza y no
con fundamento en la filiación política contraria a la del Registrador Nacional, como
desde otrora se hacía 10.

Con la expedición del Acto legislativo 1 de 3 de julio de 2003 11, que modificó el
citado artículo 266 superior 12, los cargos de la Registraduría Nacional del Estado

6
Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.
7
Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral
10 del artículo 150 de la Constitución.
8
Por el cual se establece la nomenclatura y clasificación de los empleos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
dictan otras disposiciones.
9
Por el cual se dictan las normas del régimen específico de carrera administrativa de la Registraduría Nacional del Estado
Civil y se expiden otras disposiciones en materia de administración de personal.
10
Ver Decreto 2241 de 1986.
11
Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones.

6

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

Civil serían de «carrera administrativa especial», a la cual se ingresaría
exclusivamente por concurso de méritos; sin embargo, dispuso la flexibilidad del
retiro en atención a las necesidades del servicio y la libre remoción respecto de los
empleos de responsabilidad administrativa o electoral.

Con fundamento en lo anterior se deduce que, a partir del referido Acto legislativo,
la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene un régimen especial de carrera, que
se caracteriza por la combinación entre el ingreso por mérito y la libre remoción
para empleados de responsabilidad política o administrativa.

En el año 2009 se expidió la Ley 1350 del 6 de agosto 12 “Por medio de la cual se
reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del
Estado Civil y se dictan normas que regulen La Gerencia Pública”, que en su
artículo 6 reguló sobre la naturaleza de los empleos de la entidad en cita, así:

ARTÍCULO 6o. NATURALEZA DE LOS EMPLEOS. Los empleos de la planta
de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán el carácter
de empleos del Sistema de Carrera Especial de la Registraduría Nacional, con
excepción de los siguientes empleos de libre nombramiento y remoción:

a) Los cargos de responsabilidad administrativa o electoral que conforme con
su ejercicio comportan la adopción de políticas o realización de funciones de
dirección, conducción, asesoría y orientación institucionales:

– Secretario General.
– Secretario Privado.
– Registrador Delegado.
– Gerente.
– Director General.
– Jefe de Oficina.
– Delegado Departamental.
– Registrador Distrital.
– Registrador Especial.
– Asesores
(…)”

En sentencia C-553-10 del 23 de junio de 2010, la Corte Constitucional declaró el
literal a) de la norma atrás trascrita condicionalmente exequible “en el entendido
que los cargos de autoridad administrativa o electoral allí regulados son de libre
remoción y no de libre nombramiento, por lo cual deberán ser provistos
exclusivamente por concurso público de méritos”.

El Consejo de Estado, en Fallo del 26 de octubre de 2017 13, sobre el tema indicó:

“(…) el artículo 266 de la Constitución adicionalmente indica que "los cargos de
responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de
conformidad con la ley", de donde surge que se trata de cargos que pertenecen
a la carrera administrativa especial "a la cual se ingresará exclusivamente por
concurso de méritos especial", pues, tratándose de ellos, el Constituyente sólo
12
Modificada por la Ley 1540 de 2011.
13
Expediente: 68001-23-31-000-2009-00683-01 (0967-2014)

7

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

aludió a la libre remoción, pero no al libre nombramiento. En otros términos,
respecto de los cargos de responsabilidad administrativa o electoral el régimen
especial constitucionalmente previsto para la Registraduría Nacional del
Estado Civil combina el ingreso mediante concurso de méritos y la libre
remoción.

La libre remoción es garantía de la confianza que el Registrador Nacional
deposite en quienes, habiendo ingresado en virtud del concurso de méritos,
desempeñen los cargos de mayor responsabilidad y, de acuerdo con la
Constitución, es competencia del legislador precisar cuáles son esos cargos de
responsabilidad administrativa o electoral que, [aun] cuando pertenecen a la
carrera, quedan sujetos a la libre remoción, dado que ésta procede "de
conformidad con la ley".

No obstante, la Ley 1350 de 6 de agosto de 200914, que mantuvo el sistema de
carrera especial para los cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en su artículo 6 (letra a), dispuso que por excepción, entre otros, el de delegado
departamental es de libre nombramiento y remoción por la «responsabilidad
administrativa o electoral que conforme con su ejercicio comportan la adopción
de políticas o realización de funciones de dirección, conducción, asesoría y
orientación institucionales»; empero, su constitucionalidad fue condicionada,
en la sentencia C-533 de 23 de junio de 2010, «en el entendido que los cargos
de autoridad administrativa o electoral allí regulados son de libre remoción y no
de libre nombramiento, por lo cual deberán ser provistos exclusivamente por
concurso público de méritos».

A manera de corolario, desde la entrada en vigor del Acto legislativo 1 de
200315, el régimen especial de carrera de la Registraduría Nacional del Estado
Civil se caracteriza por el ingreso a todos los cargos de la entidad mediante
concurso y el retiro flexible o la libre remoción para los empleados de
responsabilidad electoral y/o administrativa, entre los que se encuentra el de
delegado departamental”.

En este contexto, es claro que la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta
con un régimen especial de carrera, derivado del Acto Legislativo 01 de 2003, cuyo
análisis de constitucionalidad fue realizado por la Corte en sentencia C-230A de
2008, y posteriormente, reglamentado por la Ley 1350 de 2009.

En el artículo 20 de la ley en cita se establecen las clases de nombramiento para la
provisión de empleos; en los artículos 25 y siguientes se previó sobre el proceso de
selección del personal de la RNEC y, en los artículos 42 y seguidos, se prescribió
sobre la inscripción en la carrera administrativa especial, los requisitos y exigencias
de permanencia en la misma y la evaluación de desempeño. Finalmente, en los
artículos 52 a 54, se reguló sobre el retiro de la carrera.

En lo que refiere, concretamente, al retiro del servicio, se sigue lo reglado en el
artículo 41, letra a) y parágrafo 2 de la Ley 909 de 2004 16 que, establece como
causales de retiro de este, las siguientes:

14
Por medio de la cual se reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
dictan normas que regulen La Gerencia Pública.
15
Publicado en el Diario Oficial 45.237 de Julio 3 de 2003.
16
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.

8

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio
de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y
de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;

(...)

PARÁGRAFO 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de
carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución
Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

Respecto de esto último y, en lo que refiere a los cargos de libre nombramiento y
remoción, expuso esta Corporación 17:

“La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento
y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado:

Sobre este tema, precisa la Sala que esta regla de discrecionalidad, como
instrumento para declarar insubsistente a quien ocupa un cargo de libre
nombramiento y remoción se fundamenta en criterios · de razonabilidad y
proporcionalidad, en otras palabras, «la discrecionalidad es un poder en el
derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de
decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la
competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por
ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción
de la decisión que mejor convenga a la comunidad» 16.

Esta facultad discrecional está expresamente consagrada en el artículo 3 6 del
Código Contencioso Administrativo (CCA)18, dado que «en la medida en que el
contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional,
debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los
hechos que le sirven de causa», de tal modo que si bien es un privilegio de la
administración, no es en sí mismo un atributo omnímodo sino mi medio al
servicio a la sociedad.

En concordancia con la precitada norma del CCA pueden extraerse tres
elementos comunes a toda potestad discrecional, como lo ha planteado la
jurisprudencia constitucional19, en el sentido de que la discrecionalidad debe
ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y
razonabilidad, y ha identificado como límites para su ejercicio, los siguientes:
a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que la contemple
expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que
la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de
causa.

Así las cosas, reitera la Sala20, que los límites de la facultad discrecional para
el libre nombramiento y remoción de los empleos sujetos a ella, están dados
en que (i) la decisión debe adecuarse a los fines de la norma y de la función
administrativa, amparada esta última en la presunción del buen servicio público,
y (ii) ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa, es decir, no

17
Sentencia 00683 de 2017, Expediente: 68001-23-31-000-2009-00683-01 (0967-2014)
18
Hoy artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
19
Sentencia T-372 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio
20
Sentencia de 29 de febrero de 2016 (expediente 05001-23-33-000-2012-00285-01).

9

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

arbitrarios o caprichosos, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de
vida del funcionario de manera suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto
que origina el despido21, sin acudir a razones genéricas o abstractas que no
expongan con claridad los hechos, sin perjuicio de que la entidad proceda a
motivar directa y expresamente el acto administrativo, lo cual apareja· la
actuación a los postulados de orden constitucional y legal.

Asimismo, desde antaño, esta Colegiatura ha dicho que el desempeño de un
cargo de libre nombramiento y remoción no confiere fuero de inamovilidad o
prerrogativa de permanencia alguna al empleado que lo ocupa22, por tanto, el
nominador en ejercicio de la facultad discrecional que la ley le otorga podrá
removerlo libre y prudencialmente, bajo la presunción legal de que se expide
en aras de un mejor servicio público del que es responsable como director de
la entidad que regenta, el que solo será desvirtuado con pruebas que
demuestren lo contrario.

Concluye la Sala, con base en las anteriores consideraciones, que frente a los
empleados de libre nombramiento y remoción, el nominador goza de facultad
discrecional para disponer su vinculación y retiro; potestad que se presume
ejercida con el fin de lograr el mejoramiento del servicio público y que no
requiere de motivación más allá de la presunción que la ampara”.

En síntesis, “en el ejercicio de la facultad discrecional se presume la legalidad del
acto, vale decir que estuvo inspirado en razones del buen servicio, pero no de los
motivos, dado que aunque formalmente no se exige la motivación de la decisión,
ello no quiere decir que carezca de motivos, y en este sentido, corresponde al juez
apreciar y valorar el rendimiento del servidor con sustento en la última calificación
de servicios y en las anotaciones que registre la hoja de vida con inmediatez al
retiro a falta de otros elementos probatorios que demeriten el rendimiento del actor,
los cuales corresponde aportar a la entidad demandada en la tarea de consolidar
la legalidad de la medida” 23.

La discrecionalidad es, entonces, un poder en el derecho y conforme a derecho,
que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y
ponderados.

Finalmente, el artículo 44 del CPACA instituye que en la medida en que el contenido
de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser
adecuada a los fines de la norma que lo autoriza, y proporcional a los hechos que
le sirven de causa, por tal motivo se advierte que el precitado artículo busca evitar
la arbitrariedad, pues materializa la posibilidad de ejercer el control jurisdiccional
del acto administrativo discrecional a partir de las nociones de causa y fin del acto
administrativo.

21
Decreto ley 2400 de 1968, «por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan
otras disposiciones», artículo 26: «El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, que no
pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la
providencia. Sin embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de
vida. [ ... ]. ·
22
Entre otras, ver sentencia de 23 de febrero de 2006, expediente 25000-23-25-000-2002-01649-01 (7195-05).
23
Rad. 73001-23-33-000-2013-00447-01 (4519-14).

10

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

Falsa Motivación.

El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas en la
fundamentación de un acto administrativo son contrarias a la realidad.

Así, esta Corporación 24 ha precisado que la motivación de un acto se satisface
cuando se plasman las razones de hecho y de derecho que dan lugar a la decisión
que se expide. Ello por cuanto, no puede olvidarse que todo acto administrativo
tiene un móvil o motivo determinante para su expedición, es decir que ha estado
precedido de unas circunstancias de hecho o de derecho que deben incluirse dentro
de su texto.

También, se indicó 25 que “(…) los elementos indispensables para que se configure
la falsa motivación son los siguientes: (a) la existencia de un acto administrativo
motivado total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal
de anulación distinta; (b) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad
fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o
tomados como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos,
y (c) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado (…)”.

A partir de lo anterior, puede afirmarse que el vicio de nulidad en comento se
configura cuando se expresan los motivos de la decisión total o parcialmente pero
los argumentos expuestos no están de acuerdo con la realidad fáctica y probatoria,
lo que puede suceder en uno de dos eventos a saber: primero, cuando los motivos
determinantes de la decisión adoptada por la administración se basaron en hechos
que no se encontraban debidamente acreditados o, segundo, cuando habiéndose
probado unos hechos, estos no son tenidos en consideración aunque habrían
podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente distinta.

De la Desviación de Poder:

Se ha considerado “que este vicio está referido a la «…la intención con la cual la
autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el
legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario». En otras
palabras, incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus
atribuciones, no en aras del buen servicio público y de la buena marcha de la
administración, sino por móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u
ocultos” 26

Dicho de otra manera, la existencia de un vicio de poder se desprende de la
convicción, de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la
expedición del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o

24
Radicado No. 54001-23-31-000-2009-00182-01 (3555-14).
25
Radicado No. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
26
Radicado No. 13001-23-31-000-2007-00052-01 (0105-12).

11

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

legalmente previstos, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de
complejidad en el mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el
interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración.

Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la
causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y
se usó con fines distintos a los previstos por la norma. […]» 27

De lo cual se concluye que en los casos donde se predica la desviación del poder,
la carga de la prueba recae por regla general en la parte demandante como lo
prevé el Artículo 167 del Código General del Proceso y como también lo hacía el
177 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, para destruir la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos
de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, “afirmación que,
atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso 28 de que «incumbe
a las partes, probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen” 29

En Sentencia del 28 de enero de 2021 30, sobre la figura en cita en lo que respecta
a la facultad discrecional de los nominadores, sostuvo la Corporación: “Por lo tanto,
esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de
facultades administrativas discrecionales, pues se ha entendido que la atribución
de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo
alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la
teleología a la que constitucional y legalmente contestó la norma”.

Resolución al caso concreto

Para efectos de dar respuesta al problema jurídico formulado, en el expediente se
encuentra acreditado 31 que el demandante ocupaba el cargo de Delegado
Departamental 0020-04 de la Planta Global Sede Central de la Registraduría
Nacional del Estado Civil; cargo que, por lo antes considerado, se provee por
concurso de méritos, pero es de libre remoción.

Que mediante Resolución No. 5712 del 30 de junio de 2016, la Registraduría
declaró insubsistente el nombramiento en el cargo arriba descrito; decisión que fue
notificada de manera personal el 1º de junio de ese año.

27
Radicado No. 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).
28
Artículo 167 del CGP.
29
Ídem (27)
30
Radicado No. 08001-23-33-000-2013-00801-01(3437-16)
31
Ver archivos digitales 13 y 15.

12

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

Para la Sala no hay dudas que, dada la naturaleza del cargo en comento, el señor
Heredia podía ser separado del mismo, sin necesidad de motivación alguna;
conclusión que desvirtúa las afirmaciones que, en sentido contrario, fueron
esbozadas en el escrito de apelación.

Ello, más aún, cuando no es cierto que en la sentencia de primera instancia se haya
desconocido lo considerado en la Sentencia C-553-10 del 23 de junio de 2010,
porque, en esta la Corte precisó que los cargos de autoridad administrativa o
electoral, como lo era el de Delegado Departamental, son de libre remoción, por
tanto, se itera, el retiro del servicio, por declaratoria de insubsistencia, no requería
motivación.

Conclusión que permite afirmar que en el asunto no se estructuran las causales de
ausencia de motivación y tampoco la de falsa motivación, en la medida que la
decisión se fundamentó en la facultad discrecional de nombramiento y remoción de
que gozan los nominadores.

En lo que toca a la desviación de poder, no reposa prueba en el expediente que
permita concluir que la razón que conllevó a la toma de la decisión de retirar del
servicio al actor hubiere sido distinta al mejoramiento del servicio, presunción legal
susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional y con el único objetivo de
demostrar que el motivo determinante para la desvinculación, fueron razones
diferentes.

Copiosa ha sido la jurisprudencia 32 de esta Corporación respecto a la presunción
de legalidad que cobija a los actos administrativos, cuando son proferidos en
ejercicio de la potestad discrecional, se presume que la decisión ha sido adoptada
en beneficio del interés general.

De tal suerte que en la parte actora recaía la obligación de aportar las pruebas que
llevaran a la certeza de que los fines que tuvo la administración al despojarla de su
cargo fueron ajenos al buen servicio público (carga procesal) y, si no lo hace, como
sucedió en este caso, debe soportar la consecuencia de su desidia, que no es otra,
que la negación de las pretensiones. Corolario de lo cual, además, no son de recibo
las afirmaciones de la apelante, conforme las cuales era a la administración a la
que correspondía demostrar que las razones de la declaratoria de insubsistencia si
respondían a los fines previstos por el legislador.

Ahora, en cuanto a que la persona que remplazó al demandante no tenía mas
méritos que él, recuerda la Sala que la jurisprudencia de esta Corporación ha
indicado que la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador la plena
convicción de que la intención de quien profirió el acto, se alejó de la finalidad del
buen servicio, es decir, se usó con fines distintos a los previstos por la norma.

32
Sentencias del 24 de septiembre de 1998 Rad. 14316; 17 de noviembre de 2001 Rad. 0779-11; 3 de agosto de 2006 Rad.
0589-05; 17 de abril de 2008 Rad. 8982-2005; 12 de octubre de 2011 Rad. 0451-11; 11 de mayo de 2023 Rad. 1420-2021,
entre otras.

13

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

Así, se ha sostenido que la prueba de esta causal “ha de encontrarse en
circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de
establecer, precisamente la intención del funcionario que expide el acto, que es
previa a la toma de la decisión” 33.

En tal sentido, el argumento esbozado, tratándose de un hecho posterior 34 a la
declaratoria de insubsistencia, no puede tenerse como fundamento para acreditar
una desviación de poder, a lo sumo, puede tenerse como un indicio al cual deben
acompañarse otras pruebas al respecto, cosa que no sucedió en el sub examine.

Finalmente, se apunta que la idoneidad y eficacia en la prestación del servicio no
se pueden considerar como argumentos contundentes que permitan desvirtuar la
facultad discrecional conferida al nominador para la libre remoción.

Lo anterior porque, es obligación de todo servidor público prestar sus servicios en
forma óptima y eficiente, en la medida que ayuda a la consecución de los fines
esenciales del Estado; por tanto, la buena conducta del actor en el ejercicio de su
cargo no garantiza su estabilidad, sino que se constituye en el presupuesto natural
del ejercicio del cargo 35.

Así las cosas, el acto demandado se expidió en ejercicio de la facultad discrecional
esto es, en ejercicio de la facultad de libre remoción y, en beneficio del servicio
público a cargo de la entidad, circunstancia que conlleva a que los cargos de nulidad
señalados en la demanda y en la apelación, no tenga vocación de prosperidad,
razón suficiente para CONFIRMAR la sentencia apelada.

De la Condena en Costas.

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta

33
Sentencia de 23 de febrero de 2011, radicado interno No. 0734-10.
34
En este mismo sentido se pronunció la Corporación en sentencia del 1º de agosto de 2024, expediente radicado: 76-001-
23-33-000-2014-00152-01 (0343-2016)
35
Sentencia del 16 de febrero de 2017. Radicado No. 500012333000201300063 01 (3165-2014).

14

Radicación: 73-001-23-33-000-2016-00775-01 (0816-2022)

realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en las
actuaciones surtidas en el trámite procesal por el extremo demandante, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la imposición de
condena en costas, por lo que se abstendrá la Sala de ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

15

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