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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00050-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00050-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación de EMCALI, de acuerdo con la parte motiva. 2. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Ramiro Valero Molina, conforme a lo indicado en la motivación. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00050-00 Demandante: Ramiro Varela Molina 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00050-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00050-00
Demandante: Ramiro Varela Molina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00050-00
Demandante: RAMIRO VARELA MOLINA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Y
OTROS

Tema: Contra auto de la Corte Constitucional que dirimió conflicto de
jurisdicciones y sentencia que decidió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedente. Inmediatez. Relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ramiro Varela Molina contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, la Corte Constitucional y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 13 de enero de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por intermedio de apoderado,
el demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la asociación sindical, a la seguridad social y al trabajo.

A juicio del demandante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva (i) del
auto 355 del 2022, con el que la Corte Constitucional decidió el conflicto de jurisdicciones
suscitado entre el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca para conocer de la demanda que promovió contra las Empresas
Municipales de Cali (EMCALI E. I. C. E. E. S. P.); (ii) de las sentencias del 26 de octubre
de 2022 y del 5 de junio de 2024 dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, que
denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
76001-23-33-000-2019-00384-00/01/02.

2. Pretensiones

El tutelante formuló las siguientes pretensiones:

1.- Respetuosamente solicito se sirva dejar sin efectos el auto No. 355 de fecha dieciséis (16)
de marzo de dos mil veintidós (2022), proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional
dentro del expediente CJU-859 mediante el cual resolvió el conflicto de jurisdicciones entre el
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca.

2.- Como consecuencia de lo anterior se sirva dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia de fecha cinco (5) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso con radicación No. 76001-23-33-
000-2019-00384-02 con ponencia del H. magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.

1 Índice 1 de Samai.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00050-00
Demandante: Ramiro Varela Molina

3.- Como consecuencia de lo anterior se sirva dejar sin efectos la sentencia de primera
instancia No. 2017 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintidós proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

4.- Como consecuencia de lo anterior se sirva declarar que el Juez Diecisiete Laboral del
Circuito de Cali, es el competente para resolver la demanda laboral ordinaria impetrada por
RAMIRO VARELA MOLINA, en contra de EMCALI, cuya pretensión es el reconocimiento y
pago de su pensión vitalicia de jubilación convencional.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El demandante nació el 16 de mayo de 1952 y trabajó en diferentes entidades públicas
por más de 20 años, de los cuales 17 los trabajó en las Empresas Municipales de Cali
EMCALI E. I. C. E. E. S. P. (EMCALI)2.

El 6 de julio de 2014 el accionante le pidió a EMCALI que le reconociera «status vitalicio
de jubilado convencional», dado que por ser trabajador oficial su mesada debía
concedérsele en los términos señalados en la convención colectiva de trabajo suscrita
entre EMCALI y Sintraemcali, vigente al momento de su retiro.

La anterior petición fue denegada a través de Oficio 800-GA-002020 del 1º de julio de
2014, al considerar que los cargos que desempeñó3 eran catalogados por la Resolución
GG-820 del 20 de mayo de 20044 como de dirección y confianza, por tanto, tuvo la
condición de empleado público y no de trabajador oficial, lo que le impedía acceder a los
beneficios convencionales reclamados, en virtud del artículo 416 del Código Sustantivo
del Trabajo.

El 13 de junio de 2017 el actor promovió demanda laboral contra EMCALI, con el fin de
que se declarara que entre él y la entidad existió un contrato de trabajo y se le ordenara
reconocerle la pensión de jubilación en los términos señalados en la convención colectiva
de trabajo que estaba vigente al momento en que se retiró del servicio.

El asunto fue asignado al Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali, que el 2 de septiembre
de 2017 lo admitió y el 20 de junio de 2018 se declaró carente de competencia para
conocerlo, toda vez que el demandante tenía la condición de empleado público y no de
trabajador oficial, por tanto, el proceso debía conocerlo la jurisdicción contencioso-
administrativa.

El expediente fue enviado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (donde se le
asignó el número de radicación 76001-23-33-000-2019-00384-00/01/02), que el 2 de julio
de 2019 avocó su conocimiento, el 26 de agosto siguiente celebró la audiencia inicial de
que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y el 12 de febrero de 2020 (i) declaró que no tenía competencia
para conocer del asunto, porque los cargos que desempeñó el demandante en EMCALI
eran propios de los trabajadores oficiales, tal como lo señalaba la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, por ende, el proceso debía
conocerlo la jurisdicción ordinaria laboral; y (ii) propuso conflicto negativo de
competencia.

Mediante auto 355 del 16 de marzo de 2022, la Corte Constitucional, en virtud del artículo
14 del Acto Legislativo 02 de 2015, desató el conflicto negativo de jurisdicciones, en el
sentido de declarar que el competente para conocer del proceso surtido por el tutelante

2 Allí trabajó en los lapsos comprendidos entre el 9 de marzo de 1981 y el 14 de septiembre de 1986, del 4 de diciembre

de 1989 al 19 de abril de 1995 y del 7 de enero de 1998 al 27 de julio de 2003.
3 Gerente de distribución y energía de EMCALI y director de la Dirección de Gestión Comercial de la Gerencia de

Acueducto y Alcantarillado de ese ente.
4 Que estableció la estructura organizacional de la empresa.

2

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Demandante: Ramiro Varela Molina

contra EMCALI era el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues las funciones que
ejercía el demandante en ese ente estatal eran, en principio, de dirección y confianza,
por tanto, propias de los empleados públicos, de ahí que fuera la jurisdicción contencioso-
administrativa la encargada de decidir la controversia5.

El proceso volvió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que el 26 de octubre de
2022 denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que el actor tuvo la condición
de empleado público en el lapso en el que laboró en EMCALI (empresa industrial y
comercial del Estado), pues ejercía actividades de dirección y confianza, y los beneficios
convencionales solo aplicaban para los trabajadores oficiales. Allí se aclaró que, si bien
había empleados públicos territoriales que recibían esos auxilios y ello contrariaba el
ordenamiento jurídico, se respetarían para quienes a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, o dentro de los dos años siguientes (30 de junio de 1997)6, adquirieran el status
pensional, presupuesto que no satisfizo el actor, ya que cumplió los requisitos para
acceder a la pensión en el 2001.

Contra la anterior decisión el demandante interpuso recurso de apelación, al estimar (i)
que las pretensiones concernían a la existencia de un contrato de trabajo, hecho que por
si solo le otorgaba competencia a la jurisdicción ordinaria laboral para conocer del
proceso; (ii) que los cargos que desempeñó de EMCALI eran considerados por la
Resolución GG-820 de 2004 como de dirección y confianza, pero ello contrariaba la
prohibición de que los mismos organismos cataloguen la naturaleza de sus cargos, ya
que ello le correspondía a los entes de elección popular; y (iii) que esos empleos propios
de los trabajadores oficiales, de acuerdo con los artículos 292 del Decreto 1333 de 1986
y 125 del Decreto 1421 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia7 y de
la Corte Constitucional8.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 5 de
junio de 2024, confirmó la decisión de primera instancia. Explicó que el Congreso de la
República era el encargado de fijar el régimen prestacional de los servidores públicos,
por ende, los beneficios para ellos fijados por los entes territoriales eran contrarios al
ordenamiento jurídico, salvo que el derecho a recibirlos se hubiere consolidado antes del
30 de junio de 1995 y dentro de los 2 años siguientes, pues en ese evento debía
garantizarse las situaciones consolidadas, tal como lo establecía el artículo 146 de la Ley
100 de 1993 y la Corte Constitucional9.

Que el Acuerdo municipal 14 del 31 de diciembre de 1996, emitido por el concejo de Cali,
modificó la naturaleza de EMCALI a empresa industrial y comercial del Estado, por lo que
sus cargos eran propios de trabajadores oficiales, con excepción de los de dirección y
confianza, ya que quienes los ocupaban eran empleados públicos, de acuerdo con el
artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, como los que desempeñó el actor, circunstancia
que impedía otorgarle los beneficios convencionales pretendidos, máxime cuando para
el 30 de junio de 1997 no había adquirido el status pensional, por ende, no estaba
cobijado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

4. Fundamentos de la tutela

La parte demandante adujo que la tutela cumplía los requisitos generales de
procedibilidad contra decisiones judiciales y las providencias censuradas incurrían en los
siguientes vicios:

5 En ese pronunciamiento se fijó la siguiente regla: «La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente

para conocer controversias relativas a la seguridad social en las que se pretende el reconocimiento de una pensión de
jubilación convencional, por parte de un servidor público que prima facie tuvo un cargo de dirección que, en principio,
le otorga la calidad de empleado público».
6 Tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-410 de 1997.
7 Sala de Casación Laboral, providencia del 27 de enero de 2021, M. P. Luis Benedicto Herrera Díaz, número interno

SL-22-2021.
8 Sentencias C-484 de 1995 y C-253 de 1996.
9 Sentencia C-410 de 1997.

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Demandante: Ramiro Varela Molina

Que el auto 355 del 16 de marzo de 2022, con el que la Corte Constitucional decidió el
conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, adolecía de (i) defecto fáctico, por cuanto
no advirtió que las pruebas daban cuenta que en el momento en que se retiró de EMCALI
tenía la condición de trabajador oficial, por tanto, era la jurisdicción ordinaria laboral la
encargada de conocer la controversia; y (ii) defecto sustantivo, ya que inobservó el
artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, que prevé que los servidores de las empresas
industriales y comerciales del Estado (como EMCALI) son trabajadores oficiales.

Que las sentencias del 26 de octubre de 2022 y del 5 de junio de 2024, con las que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en su orden, decidieron el proceso 76001-23-33-000-2019-00384-
00/01/02, incurrieron en (i) defecto sustantivo, porque desconocieron los artículos 467,
468 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, que protegen la prerrogativa de los
trabajadores oficiales de acceder a los beneficios convencionales, condición que tenía
porque los cargos que ocupaba no estaban enlistados como de libre nombramiento y
remoción, por ende, no fue empleado público; y (ii) defecto fáctico, ya que no advirtieron
que las pruebas que reposaban en el expediente, en especial, el Acuerdo 4 del 26 de
diciembre de 1996, emitido por el Concejo de Cali, daban cuenta que los cargos que
desempeñó en EMCALI eran propios de un trabajador oficial, por ser una empresa
industrial y comercial del Estado, y no de un empleado público.

5. Trámite procesal

Por auto del 21 de enero de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a las autoridades accionadas y vincular
como terceros con interés al Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y al gerente general
de EMCALI.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 24 de
enero de 2025.

6. Intervenciones

El Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali relacionó las actuaciones que surtió en la
demanda promovida por el tutelante contra EMCALI, pero no se pronunció sobre las
pretensiones formuladas en este trámite constitucional.

La Corte Constitucional, por conducto de su presidente, adujo que el Auto 355 del 16
de marzo de 2022 se emitió en atención al ordenamiento jurídico, pues tuvo en cuenta
que los cargos que el actor ocupó en EMCALI eran de dirección y confianza, por tanto,
no concernían a un trabajador oficial, conclusión que no comportó un «juicio de valor» con
incidencia en la decisión de la controversia. Además, señaló que la tutela no cumple el
requisito general de inmediatez respecto a esa providencia, dado que se instauró más de
dos años después de que se emitió el pronunciamiento judicial, circunstancia que imponía
declararla improcedente.

EMCALI, por conducto de su coordinadora de defensa jurídica, sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no tuvo injerencia en las
providencias censuradas por el tutelante, ni vulneró los derechos fundamentales
invocados y tampoco tenía competencia para atender sus pretensiones, dado que ello
les correspondía a las autoridades judiciales accionadas, motivos por los cuales debía
ser desvinculada de este trámite constitucional.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca guardaron silencio, a pesar de que se les notificó el auto admisorio
de la acción de tutela de la referencia.
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II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional10 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona el auto 355 del 2022, emitido por la Corte
Constitucional, y las sentencias del 26 de octubre de 2022 y 5 de junio de 2024, con las
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, decidieron en primera y segunda instancia, en su orden, la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-2019-00384-
00/01/02.

No obstante, la vinculación de EMCALI no fue como parte demandada, sino en calidad
de tercero con interés, porque esa entidad fue parte demandada en los trámites judiciales
en los que se dictaron las providencias que aquí se reprochan, situación que justifica su
comparecencia en este trámite constitucional e impide desvincularla.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
demandante con el fin de dejar sin efectos el auto 355 del 2022, emitido por la Corte
Constitucional, y la sentencia del 5 de junio de 2024, con la que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-2019-00384-00/01/0211.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, comoquiera que frente al
auto 355 del 2022 no se cumple el requisito general de inmediatez y en relación con la
sentencia del 5 de junio de 2024, no satisface el requisito de relevancia constitucional.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez, (iii) la relevancia constitucional
y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales12 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos

10 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.
11
Debe advertirse que si bien el actor también reprocha el fallo del 26 de octubre de 2022, con el que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desató en primera instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
76001-23-33-000-2019-00384-00/01/02, la Sala solo analizará la sentencia del 5 de junio de 2024, porque fue la que
puso fin a ese asunto contencioso-administrativo.
12 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5

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específicos13 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable y prudencial y sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda14,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»15.

5. Relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0016, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

13 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
14 Sentencia T- 123 de 2007.
15 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Ramiro Varela Molina

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

6. Análisis del caso concreto

6.1 Procedencia de la tutela frente al auto 355 de 2022, emitido por la Corte
Constitucional

En el escrito de tutela el actor pide que se deje sin efectos el auto 355 del 16 de marzo
de 2022, con el que la Corte Constitucional decidió un conflicto de jurisdicciones suscitado
entre el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en el sentido de indicar que como el actor, en principio, ocupó cargos de dirección
y confianza en EMCALI propios de los empleados públicos, era la jurisdicción
contencioso-administrativa la encargada de conocer al demanda que promovió para que
se le reconociera los beneficios convencionales que se le negaron en sede administrativa.

El tutelante afirmó que esa decisión del alto tribunal constitucional incurrió el defecto
fáctico, porque no advirtió que tenía la condición de trabajador oficial, y defecto
sustantivo, en razón a que inobservó el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, que prevé
que los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado (como EMCALI)
son trabajadores oficiales.

Para la Sala la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez respecto al
auto 355 de 2022, emitido por la Corte Constitucional. En efecto, consultado la
información que reposa en la página electrónica de esa Corporación, se constata que la
mencionada providencia se publicó el 22 de agosto de 2022.

Por su parte, la tutela fue presentada el 13 de enero de 202517, esto es, 2 años, 4 meses
y 21 días después de comunicarse el precitado auto, término que supera el plazo
razonable previsto por la Sala Plena de esta Corporación para formular el amparo
constitucional contra providencias judiciales.

La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.

En el escrito de tutela, el demandante no expuso argumentos orientados a justificar la
tardanza en la interposición de la acción y no se evidencian circunstancias que le hayan
impedido promover la tutela dentro de los seis (6) meses siguientes a la comunicación
del auto 355 de 2022.

Lo anterior es suficiente para que la Sala declaré improcedente la acción de tutela frente
al aludido auto, toda vez que no satisface la exigencia de procedibilidad de inmediatez.

6.2 Procedencia de la tutela en relación con la sentencia emitida en segunda
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-
2019-00384-00/01/02

Sea lo primero advertir que la tutela satisface el requisito general de inmediatez en
relación con la sentencia del 5 de junio de 2024, en la que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, decidió en segunda instancia el proceso 76001-23-33-000-

17 Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00050-00
Demandante: Ramiro Varela Molina

2019-00384-00/01/02, pues se notificó el 20 de junio de 202418, por ende, los 6 meses
previstos por la jurisprudencia como el término razonable para promover la tutela contra
decisiones judiciales feneció el 21 de diciembre de 2024, pero como el 19 de diciembre
inició la vacancia judicial, debía promoverla el primer día laboral del 2025 (de acuerdo
con el artículo 6219 del Código de Régimen Político y Municipal), tal como aconteció.

No obstante, de la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la
Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-2019-00384-00/01/02. Básicamente,
tanto en ese asunto contencioso-administrativo como en la acción de tutela de la
referencia, el demandante argumenta que le asistía derecho a recibir los beneficios
contemplados en la convención colectiva de trabajo vigente en EMCALI cuando se retiró
de esa entidad, comoquiera que allí tuvo la condición de trabajador oficial y no de
empleado público, pues la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado indicaban que, las entes estatales no tenían competencia para determinar la
naturaleza de sus cargos, y los de las empresas industriales y comerciales del Estado
(como EMCALI) eran propios de trabajadores oficiales.

En efecto, del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 26 de octubre de 2022, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, se lee lo siguiente:

A.-) Entre el año 1961 y el 31 de diciembre de 1996, la naturaleza jurídica EMCALI, fue la de
Establecimiento Público, regida por el Acuerdo Municipal 050 de 1961, por consiguiente, por regla
general todos sus servidores se clasificaban como empleados públicos.

B.-) Entre el 1 de enero de 1997 y la fecha de presentación de esta demanda, la naturaleza jurídica de
EMCALI, es la de una Empresa Industrial y Comercial, regida por los Acuerdos Municipales 014 de 1996
y 034 de 1999, por consiguiente, por regla general (artículos 292 del Decreto 1333 de 1986 y 5º del
decreto 3135 de 1968), todos sus servidores se clasificaban como trabajadores oficiales.

[…]

Si bien la Jurisdicción Contencioso Administrativa, declar[ó] la legalidad de la Resolución GG-820 de
2004, reiteradamente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias de Casación, ha
manifestado que dicha resolución no clasifica los cargos de la entidad […].

En lo que respecta a la posibilidad de definir a través de los estatutos de los establecimientos públicos,
quienes tendrían la condición de trabajadores oficiales, es importante precisar que la Corte
Constitucional mediante sentencia C-484 de 1995, declaró inexequibles las expresiones «En los
estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por
personas vinculadas mediante contrato en trabajo» y «sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan
la calidad de empleados públicos», contenidas en el Decreto ley 3535 en 1968, por considerar, en
síntesis, que la autonomía de las entidades descentralizadas no llega al punto de permitirles definir en
sus estatutos las actividades que pueden ser desarrolladas por trabajadores oficiales, pues esta es una
atribución del legislador, a quien también le corresponde la clasificación de los empleos de la
administración nacional.

[…]

En efecto, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, definió que las personas que presten sus servicios a
empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares, y en
tal virtud se les aplica el Código Sustantivo del Trabajo, y en el caso de aquellas personas que prestaran
sus servicios en empresas que hubieren optado por lo previsto en el parágrafo del artículo 17 ibidem, y
se transformaran en empresa industrial y comercial del Estado, se regirán por lo establecido en el
artículo 5º del precitado Decreto ley 3135 de 1968, esto es, se considerarían trabajadores oficiales, tal
y como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-253 de 1996 […].

18 La comunicación electrónica de la sentencia se envió el 18 de junio de 2024, por ende, se entiende notificada a los

2 días, conforme al numeral 2 del artículo 205 del CPACA, es decir, el 20 del mismo mes y año.
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«[…] En plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de
vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último
día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
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Demandante: Ramiro Varela Molina

Del análisis armonioso de las anteriores normas, con el derecho fundamental al fuero sindical, solo se
exceptúan de est[e] los servidores públicos “que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de
dirección o administración”, y estas funciones se encuentra[n] definidas en los artículos 187 188 y 189
de la Ley 136 de 1994, [de las cuales] ninguna […] corresponde a las desempeñadas por el demandante
y que equivocadamente el A-quo clasific[ó] como de empleado público.

Por su parte, en la acción de tutela el actor señaló que debió accederse a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-2019-00384-
00/01/02 porque tenía la condición de trabajador oficial y no de empleado público, dado
que los cargos que ocupó en EMCALI no eran de dirección y confianza (de libre
nombramiento y remoción) y aunque así se determinó en los actos administrativos que
fijó la estructura de la entidad, esta carecía de competencia para determinar ello. Así lo
dijo:

En concordancia con lo establecido en el literal e del artículo 36 de la Ley 1732 de 1960, mediante el
Acuerdo Municipal No. 050 de 1961 se constituyó el Establecimiento Público Empresas Municipales de
Cali y en sus art[í]culos 38 literales b, e, f, k; art[í]culo 50, art[í]culo 51, art[í]culo 57 literal j, determina[n]
cu[á]les son los cargos de Libre Nombramiento y Remoción, y ninguno corresponde a los ocupados por
el Sr, Ramiro Varela Molina […], por consiguiente corresponden a un trabajador oficial.

[…] el literal i.-) del artículo 1º de la Ley 61 de 1987, por no ser contrario al contenido de la Ley 23 de
1992 contin[ú]o vigente, razón por la cual continuaron de Libre Nombramiento y remoción los empleados
públicos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, lo que hacía exigible la existencia del
inciso segundo del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968.

[…] el Establecimiento Públic[o] Empresas Municipales de Cali “EMCALI” desde su constitución en el
año 1961 es del orden municipal, [por tanto,] la norma aplicable para determinar la clasificación de sus
cargos, sería el inciso primera del artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, [pero esa norma fue declarada
inexequible] por la Corte Constitucional en su Sentencia C-493 fechada el veintiséis (26) de septiembre
de mil novecientos noventa y seis (1996), [por lo que] lo apropiado es que en el nivel municipal sea su
órgano de representación popular […] el encargado de realizar hoy la clasificación, [como ocurrió con
EMCALI] con el Acuerdo Municipal No. 50 de 1961, [en el que se] determina cu[á]les son los cargos de
Libre Nombramiento y Remoción, y ninguno corresponde a los ocupados por el Sr, Ramiro Varela Molina
[…], por consiguiente corresponden a un trabajador oficial.

[…]

Dable concluir que el literal i.-) del artículo 1º de la Ley 61 de 1984, por no ser contrario al contenido de
la Ley 23 de 1992 contin[ú]o vigente, razón por la cual continuaron de Libre Nombramiento y remoción
los empleados públicos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, lo que hacía exigible la
existencia del inciso segundo del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968.

[…]

Conforme al desarrollo normativo del artículo 125 constitucional adelantado por el Legislador, en l[o]s
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del nivel u orden Municipal, a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, el legislador estableció los cargos a ser ocupados por
servidores públicos de Libre Nombramiento y Remoción, entre los cuales no se encuentra enlistado los
ocupados por el Sr. Ramiro Varela Molina […].

No obstante, la discusión sobre la condición que tuvo el actor cuando se desempeñó
como gerente de distribución y energía de EMCALI y director de la Dirección de Gestión
Comercial de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de ese ente, ya fue resuelta por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia del 5 de junio de
2024, al concluir que era empleado público, en los siguientes términos:
Observa la Subsección que en el caso bajo estudio, el señor Ramiro Varela Molina ostentó desde el año
1981 hasta el 31 de diciembre de 1996 el estatus de empleado público en atención a la regla general,
luego, no obstante el cambio de naturaleza jurídica de Emcali de establecimiento público a empresa
industrial y comercial del Estado, continuó ostentando la misma calidad teniendo en cuenta que el cargo
de director que desempeñó se encuentra dentro de las excepciones para no catalogarse como trabajador
oficial en atención a lo dispuesto en la Resolución 00090 del 28 de diciembre de 1999 expedida por la
Junta Directiva de Emcali.

Adicionalmente, para la fecha en que cumplía los 50 años que exigía la convención, 16 de mayo de 2002,
el instrumento convencional ya no podía surtir efectos ultractivos por disposición de la Ley 100 de 1993
que vino a unificar el régimen pensional para los servidores públicos y, por lo tanto, no puede efectuarse
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un reconocimiento pensional con fundamento en una convención cuyos efectos legales cesaron por
ministerio de ley (artículo 146 Ley 100 de 1993). En tal sentido, al no consolidar el derecho que le otorgaba
la convención colectiva, antes del 30 de junio de 1997, no es procedente la aplicación de dicha convención

Finalmente, no se encuentra acertado el argumento de que al declararse la nulidad de varios de los
actos administrativos en los cuales se fundaba la calidad de empleado público, el cargo desempeñado
pasó a ser de trabajador oficial, toda vez que el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 establece la
clasificación de los empleados vinculados en establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del estado, y como ya quedó dicho, por la naturaleza de los cargos y las funciones
realizadas por el demandante, es claro que ostentaba la calidad de empleado público, tal como se
observa en la Resolución 00090 del 28 de diciembre de 1999.

Como se ve, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ya determinó en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-2019-00384-
00/01/02 que el actor tuvo la condición de empleado público cuando laboró en EMCALI,
dado que ocupó cargos de dirección y confianza, los cuales distan de los que ocupan los
trabajadores oficiales, por tanto, no le asistía derecho a recibir los beneficios
convencionales reclamados, máxime cuando no había adquirido el status pensional antes
del 30 de junio de 1997, fecha hasta la cual se garantizó el reconocimiento de
emolumentos otorgados por los entes territoriales, de acuerdo con el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional,
de ahí que resulte improcedente en cuanto al fallo censurado.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la tutela por no cumplir el
requisito general de procedibilidad de la inmediatez, frente al auto 355 de 2022, emitido
por la Corte Constitucional, y no satisfacer la exigencia de relevancia constitucional en
relación con la sentencia que decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-2019-00384-00/01/02.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación de EMCALI, de acuerdo con la parte motiva.

2. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Ramiro Valero Molina,
conforme a lo indicado en la motivación.
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3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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