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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00384-02

Fecha
5 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00384-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Ramiro Varela Molina. Segundo. Sin condena en costas. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00384-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00384-02 (3200-2023)
Demandante: Ramiro Varela Molina
Demandado: Empresas Municipales de Cali

Temas: Reconocimiento pensión convencional. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Ramiro Varela Molina presentó demanda ordinaria laboral contra las
Empresas Municipales de Cali Emcali EICE ESP1, pretendiendo se le reconozca la
pensión de jubilación convencional, con fundamento en los artículos 98 y 104 de la
convención colectiva de trabajo celebrada entre EMCALI y SINTRAEMCALI para la
vigencia 1999-2000, incluyendo las mesadas extras de junio, diciembre y la
convencional anual cada año.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito
de Cali, despacho que admitió la demanda el 12 de septiembre de 2017 2 sin
embargo, el 20 de junio de 20183 declaró la falta de competencia y ordenó remitir el
asunto a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali.

El Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali mediante providencia del 8
de marzo de 20194 remitió por competencia al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca quien por auto del 2 de julio de 2019 5 avocó conocimiento del proceso y
ordenó correr traslado de las excepciones.

1 Folios 157 a 170.
2 Folio 173.
3 Folios 223 y 224.
4
Folios 246 y 247.
5 Folio 250.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00384-02 (3200-2023)

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 26 de agosto de 2019 6 celebró
audiencia inicial y por auto del 12 de febrero de 2020 declaró la falta de competencia
y propuso el conflicto negativo.

La Corte Constitucional mediante providencia del 16 de marzo de 2022 dirimió el
conflicto de jurisdicciones y declaró que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca era el competente para conocer la demanda.7

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Ramiro Varela Molina nació el 16 de mayo de 1952, por lo que cumplió
los 50 años en el 2002.

Que estuvo vinculado con entidades estatales por más de 20 años, siendo su último
patrono Emcali EICE ESP.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 13, 25, 39, 53, 58 y 230 de la Constitución
Política, artículos 3, 10, 13, 14, 21, 353, 414, 467, 471 y 476 del Código Sustantivo
del Trabajo, artículo 5 Decreto 3135 de 1968, artículo 292 de la Ley 1333 de 1986,
Ley 4 de 1976 y Ley 100 de 1993.

Sostuvo que desde el 7 de enero de 1998 estuvo vinculado laboralmente con la
empresa Emcali EICE ESP, desempeñando un cargo clasificado como trabajador
oficial, lo que le permite tener la aplicación de la convención colectiva de trabajo y
por ende, el derecho al reconocimiento y pago de los beneficios allí contenidos.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Una vez resuelto el conflicto por parte de la Corte Constitucional el tribunal dio
cumplimiento a la decisión y continuó con el trámite del proceso.

Se precisa, al avocar conocimiento del proceso, el tribunal tuvo en cuenta las
actuaciones realizadas ante el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, entre

6 Folios 256 a 259 y cd folio 260.
7 En la referida providencia se consideró: […] 18. Cómo (sic) se expuso previamente, por la naturaleza jurídica

de EMCALI, esta Corporación y el Consejo de Estado han entendido en sus pronunciamientos que, por regla
general, sus servidores son trabajadores oficiales, con excepción de aquellos que ejerzan cargos de dirección
o confianza quienes ostentarían la calidad de empleados públicos. A partir de los elementos expuestos
previamente, y sin que estas consideraciones constituyan juicios de valor que comprometan el criterio del juez
natural para resolver de fondo el asunto bajo estudio, es posible prima facie concluir razonablemente que el
señor Varela desempeñó un cargo de dirección y por lo tanto, sería considerado un empleado público, activando
así la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer la controversia relativa a
su seguridad social, en los términos del numeral 4 del artículo 104 de CPACA.

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las cuales estaba la admisión de la demanda y la contestación presentada por
Emcali EICE ESP en la cual se opuso a las pretensiones sosteniendo que el último
cargo desempeñado por el demandante fue el de director de Gestión Comercial de
Acueducto y Alcantarillado.

Que el demandante tuvo la condición de empleado público desde el inicio de su
relación legal y reglamentaria con esa entidad, en ejercicio de actividades de
dirección, confianza o manejo, por lo que no tiene derecho a lo pretendido.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones para lo cual
consideró que el demandante laboró 4 años, 28 meses y 47 días en Emcali
desempeñando los cargos de gerente de área gerencia control gestión8 y Dirección
de Gestión Comercial de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado 9, en condición
de empleado público, pues desempeñaba funciones de dirección y confianza, por lo
que concluye dicho tiempo no computaba para pensión convencional por cuanto
solo beneficiaba a los trabajadores oficiales.

Que está demostrado que pese al cambio de naturaleza de Emcali, el actor siempre
ostentó la condición de empleado público de conformidad con el Decreto Ley 3135
de 1995 «Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son trabajadores oficiales».

Que tampoco tiene derecho a la pensión de jubilación bajo la convención colectiva
vigente entre 1999 y el 31 de diciembre de 2003 pues no está cobijado por el
saneamiento que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 otorgó a las pensiones del
orden territorial y entes descentralizados. Adicionalmente por cuanto el derecho
pensional que se reclama, al amparo de la convención colectiva de Emcali, se
habría consolidado después del 30 de junio de 1997.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante indicó que al desaparecer los actos administrativos en los
cuales se establecía la calidad de empleado público de los cargos denominados
gerente de distribución y comercialización de energía y director de la Dirección de
Gestión Comercial de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado y, teniendo la
sentencia de nulidad la virtud de desaparecer los efectos de los actos acusados
desde la fecha de su expedición, dichos cargos se clasifican como trabajador oficial
al pertenecer a una empresa industrial y comercial del Estado.

8 El período transcurrido entre el 4 de mayo de 1993 y el 19 de abril de 1995.
9 Entre el 4 de octubre de 2002 y el 25 de julio de 2003.

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Que excepcionalmente las Juntas Directivas en sus estatutos internos pueden
determinar las actividades de dirección y confianza a ser desempeñadas por
personas vinculadas mediante una relación legal o reglamentaria, entonces, sin
existir esos estatutos no le está dado al juez estudiar si las funciones asignadas a
los cargos ocupados por el demandante corresponden a dirección o confianza.

Que se debe acoger el precedente ya fijado por el Consejo de Estado y la Corte
Suprema de Justicia como cosa juzgada en el caso del demandante, para el tema
de la clasificación de los cargos de Emcali.

Que entre el año 1961 y el 31 de diciembre de 1996, la naturaleza jurídica de Emcali
fue la de establecimiento público, por consiguiente, por regla general todos sus
servidores se clasificaban como empleados públicos, entre el 1° de enero de 1997
y la fecha de presentación de la demanda, cambió a ser una empresa industrial y
comercial, siendo todos sus servidores trabajadores oficiales.

Que está demostrado que en la Convención Colectiva de Trabajo entre Emcali y
Sintraemcali para los años 1999-2000, vigente para la fecha de retiro del
demandante, se pactó en su artículo 98 como requisito de causación ser trabajador
oficial y haber prestado 20 años continuos o discontinuos a entidades de derecho
público.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 27 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación, las partes y el ministerio
público guardaron silencio en esta etapa.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si el señor Ramiro Valera Molina es beneficiario de la
pensión convencional que reclama.

Convalidación pensional artículo 146 de la Ley 100 de 1993

Esta Sección10 ha concluido que en el marco de las Constituciones de 1886 y 1991,
la facultad para regular aspectos relacionados con los regímenes salariales y
prestacionales de los servidores públicos se encuentra reservada para el Congreso

10 Así se ha reiterado, por ejemplo, en sentencias del 8 de junio de 2023, proceso con radicación
760012333100020100134202 (1916-2022) con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, del 9 de
febrero de 2023, proceso con radicación 76001233100020100097302 (5451-2019) con ponencia del Consejero
César Palomino Cortés en el que se indicó:«En este sentido, la fijación del régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos es una competencia que la Constitución y la ley reservó de manera exclusiva al
Gobierno Nacional, con observancia de los parámetros dados por el Congreso de la República, en virtud de los
cuales es claro que no es dable a otro organismo arrogarse dicha facultad», o del 19 de enero de 2023, proceso
con radicación 76001233100020100133802 (1912-2022) con ponencia del Consejero William Hernández
Gómez, entre muchas otras.

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de la República y el Gobierno Nacional, aclarando que las potestades de este último
están sometidas a lo dispuesto en la Constitución y la Ley.

Por consiguiente, se ha sostenido que «resultan ilegales las normas de carácter
local, como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de
establecimientos públicos bien sean nacionales o del orden departamental, que
regulen la materia, y las convenciones colectivas en las que se consagren
prerrogativas contra legem».11

Pero también ha señalado que con la expedición de la Ley 100 de 1993, que creó
el sistema de seguridad social integral, el legislador advirtió la existencia de
múltiples regímenes pensionales contrarios a la Constitución y al ordenamiento que
generaron derechos adquiridos en favor de pensionados cuyas situaciones jurídicas
debían ser protegidas por la ley, por lo que incluyó el artículo 146.

La norma referida fue objeto de estudio por la Corte Constitucional, y en sentencia
C410 de 1997 señaló:

El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.”

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones
futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[…]

Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan,
dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación
compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha
trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función.” (Corte
Constitucional, Sentencia C-168de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de
los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100
de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por
disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.

La jurisprudencia de esta Sección ha admitido que dentro de las disposiciones

11
Sentencia del 9 de febrero de 2023, proceso con radicación 76001233100020100097302 (5451-2019) con
ponencia del consejero César Palomino Cortés.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00384-02 (3200-2023)

pensionales del orden territorial también están incluidas las regulaciones de las
convenciones colectivas de trabajo,12 en tanto que con estas se busca la protección
y progresividad de los derechos de los trabajadores.13

Es relevante señalar que sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia
pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibidem estableció que entraría a regir
a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las situaciones
particulares que se definieron con anticipación a esa fecha deben ser respetadas,
sin embargo el artículo 146, permitía la consolidación del derecho dentro de los dos
años siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social, aparte que
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la misma sentencia C-410
de 1997 antes mencionada.

A pesar de lo anterior, esta Corporación consideró que dicho aparte sí surtió efectos
respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre el 30 de
junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley
270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de inexequibilidad tienen efectos
hacia futuro, y como quiera que la sentencia de constitucionalidad no moduló los
efectos de su decisión, quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en
materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o
departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese
entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial.

Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no solo las situaciones que se
consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento
en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad,
quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino
también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera,
estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada
con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma.

Naturaleza jurídica de Emcali y su régimen de personal

Se advierte que Emcali fue creada por Acuerdo 50 de 1961 del Concejo Municipal
de Santiago de Cali, como un establecimiento público del orden descentralizado,
con personería jurídica y patrimonio propio, por lo que según lo dispuesto en el
artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969,

12 Al respecto se pueden ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de

septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), , reiterado en las sentencias de
la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1.º de septiembre de 2011, Radicación: 68001-23-15-000-
2005- 02272-02(0013-11); de la Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, Radicación: 68001-23-31-
000- 2005-02207-01(0200-13), y también de la Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2015, Radicación:
68001- 23-31-000-2005-02293-02(4597-13), entre otras.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-
000- 2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00384-02 (3200-2023)

las personas que prestaban allí sus servicios tenían la calidad de empleados
públicos.

Mediante Acuerdo 014 de 31 de diciembre de 1996 se modificó la naturaleza jurídica
de Emcali, transformándose de un establecimiento público del nivel descentralizado
del orden municipal, a una empresa industrial y comercial del Estado a partir del 1.°
de enero de 1997. Por lo que a partir de dicho momento, la regla general es que las
personas que trabajan allí tienen la calidad de trabajadores oficiales, excepto
aquellos cargos de dirección y confianza que por disposición de sus estatutos deban
ser empleados públicos.

Adicionalmente, por medio de la Resolución 00090 del 28 de diciembre de 1999,14
la Junta Directiva de Emcali adoptó la estructura orgánica de la empresa, para lo
cual, en el Anexo 1, hizo un listado de los cargos clasificados como de trabajadores
oficiales, y en el Anexo 2 hizo lo propio respecto de los que correspondían a
empleados públicos. En el caso particular de los empleados públicos fueron
clasificados así:

Asistente de gerencia general
Asistente especializado
Asistente de secretaría general
Asistente coordinador calis
Director
Director de control interno
Gerente área
Gerente general
Gerente PTAR
Jefe de departamento
Jefe de oficina control disciplinario
Secretaria privada de gerencia general
Secretario general
Subgerentes

En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, las
personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del
estado son trabajadores oficiales, excepto aquellas que desempeñen actividades
de dirección o confianza que tienen la calidad de empleados públicos, parámetros
que tuvo en cuenta la Junta Directiva de Emcali para realizar la clasificación
consagrada en la Resolución 00090 del 28 de diciembre de 1999.

Resolución al caso concreto

De conformidad con los elementos probatorios que reposan en el expediente se
tiene lo siguiente:

14 CD folio 243.

7

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00384-02 (3200-2023)

El señor Ramiro Varela Molina prestó sus servicios en el sector público así:

ENTIDAD PERIODO
Contraloría del Valle15 Desde 1° de mayo de 1975 hasta el 2 de noviembre de 1976
Departamento del Valle16 Desde 4 de noviembre de 1976 hasta el 30 de enero de 1981
Universidad del Valle 17 Desde el 19 de agosto de 1997 hasta el 19 de diciembre de 1997
Emcali18 Desde 9 de marzo de 1981 hasta el 14 de septiembre de 1986
Desde 4 de diciembre de 1989 hasta el 19 de abril de 1995
Desde 7 de enero de 1998 hasta el 27 de julio de 2003

Que según certificación aportada a folio 21 del expediente, desde el 7 de enero de
1998 hasta el 27 de julio de 2023 desempeñó el cargo de director de Gestión
Comercial Acueducto y Alcantarillado.

Que mediante derecho de petición radicado el 16 de julio de 2014,19 solicitó a
Emcali:

PRIMERO: Dada mi calidad de trabajador oficial, entre el día primero (01) del mes de
Febrero del año mil novecientos noventa y siete (1997) y el día de mi retiro de esa
entidad, se ordene se celebre por escrito el contrato de trabajo que me vincula como
trabajador oficial, con EMCALI EICE ESP.

SEGUNDO: Se ordene a (sic) reconocer a mi favor el STATUS VITALICIO DE
JUBILADO CONVENCIONAL, a partir del día dieciséis (16) del mes de Mayo del año
dos mil dos (2002), fecha en la cual cumplí con los requisitos, de vinculación laboral,
edad y tiempo de servicios, establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo,
suscrita entre el EMCALI EICE ESP y SINTRAEMCALI, aplicable.

La anterior petición fue negada por la entidad mediante oficio 800-GA-002020 del
31 de julio de 2014.20

Entre Emcali y Sintremcali fue celebrada una convención colectiva de trabajo,
vigente entre 1999 y 2000, prorrogada hasta el 30 de junio de 2004, que estableció
el derecho de los trabajadores oficiales a jubilarse al contar con 50 años y 20 de
servicios continuos o discontinuos.21

Observa la Subsección que en el caso bajo estudio, el señor Ramiro Varela Molina
ostentó desde el año 1981 hasta el 31 de diciembre de 1996 el estatus de empleado
público en atención a la regla general, luego, no obstante el cambio de naturaleza
jurídica de Emcali de establecimiento público a empresa industrial y comercial del
Estado, continuó ostentando la misma calidad teniendo en cuenta que el cargo de

15 Folio 14
16 Folio 17
17 Folio 19
18 Folio 21
19 Folios 5 y 6
20
Folios 8 a 11.
21 Artículo 98 folio 132.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00384-02 (3200-2023)

director que desempeñó se encuentra dentro de las excepciones para no
catalogarse como trabajador oficial en atención a lo dispuesto en la Resolución
00090 del 28 de diciembre de 1999 expedida por la Junta Directiva de Emcali.

Adicionalmente, para la fecha en que cumplía los 50 años que exigía la convención,
16 de mayo de 2002, el instrumento convencional ya no podía surtir efectos
ultractivos por disposición de la Ley 100 de 1993 que vino a unificar el régimen
pensional para los servidores públicos y, por lo tanto, no puede efectuarse un
reconocimiento pensional con fundamento en una convención cuyos efectos legales
cesaron por ministerio de ley (artículo 146 Ley 100 de 1993). En tal sentido, al no
consolidar el derecho que le otorgaba la convención colectiva, antes del 30 de junio
de 1997, no es procedente la aplicación de dicha convención.22

Finalmente, no se encuentra acertado el argumento de que al declararse la nulidad
de varios de los actos administrativos en los cuales se fundaba la calidad de
empleado público23, el cargo desempeñado pasó a ser de trabajador oficial, toda vez
que el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 establece la clasificación de los
empleados vinculados en establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del estado, y como ya quedó dicho, por la naturaleza de los cargos y
las funciones realizadas por el demandante, es claro que ostentaba la calidad de
empleado público, tal como se observa en la Resolución 00090 del 28 de diciembre
de 1999.

De acuerdo con lo anterior, se confirmará la sentencia recurrida que negó las
pretensiones de la demanda.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición

22 Resulta necesario precisar que esta Subsección ha convalidado con fundamento en el artículo 146 de la Ley

100 de 1993, el reconocimiento pensional con sustento en normas extralegales, específicamente para el caso
de Emcali, bajo el argumento de que las prestaciones se causaron antes de que entrada en vigencia la Ley 100
de 1993, ver entre otras las sentencias del 25 de enero de 2023 radicados 76001-23-31-000-2010-00957-02
(2319-2023) y 76001-23-31-000-2010-01365-02 (1090-2023).
23 En efecto, esta Corporación ha declarado la nulidad de varias disposiciones que quebrantaban el
ordenamiento jurídico. Para el caso de la Resolución JD-0003 del 10 de enero de 1997, revisar la sentencia del
1° de julio de 1999 expediente 3164-98, para la Resolución GG-7447 del 24 de noviembre de 1997, sentencia
del 23 de mayo de 2022, radicado 76001-23-31-000-1998-01011-01 (2873-2001), para el Acuerdo 034 de 15
de enero de 1999, ver sentencia del 25 de marzo de 2004, radicación: 76001233100019992135 02(3436-2002).

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00384-02 (3200-2023)

efectuada por el artículo 47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, ha adoptado una la postura en virtud de la cual, se
deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al
inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa del recurso de apelación, que no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, se
expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de los intereses de la parte.
En consecuencia, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el veintiséis (26) de octubre de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Ramiro Varela Molina.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Ausente en comisión
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

10

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