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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-00957-02

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-00957-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en el proceso promovido por Emcali EICE ESP contra el señor Arnulfo Mejía Henao, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2010-00957-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de enero de 2024

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-31-000-2010-00957-02 (2319-2023)
Demandante: Empresas Municipales de Cali
Demandado: Arnulfo Mejía Henao

Temas: Reconocimiento de pensión convencional a empleado público.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

Emcali EICE ESP instauró demanda contra el señor Arnulfo Mejía Henao, en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo (CCA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 0058 de 11 de febrero de 1994 proferida por
Emcali EICE ESP.

A título de restablecimiento del derecho, que se ordene reconocer la pensión de
jubilación conforme a la ley; devolver todas las sumas de dinero pagadas con ocasión
de la pensión reconocida al señor Arnulfo Mejía Henao, así como los respectivos
intereses y ajustes monetarios según lo dispuesto en el artículo 178 del CCA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Arnulfo Mejía Henao se vinculó a Emcali el 25 de mayo de 1973, siendo
su último cargo el de supervisor de transportes, sección transportes, Gerencia
Administrativa, categoría 071, cargo 250.031, code 11600640.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-31-000-2010-00957-02 (2319-2023)

Que mediante Resolución 0058 de 11 de febrero de 1994, Emcali le reconoció una
pensión de acuerdo con la Convención Colectiva del Trabajo suscrita entre la empresa
y Sintraemcali.

Que el acto acusado se fundó en el artículo 4 numeral 3 de la Resolución 0104 de 4 de
octubre de 1983, que disponía que «al personal de empleados públicos que cumplan
con los requisitos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes en EMCALI, se
pagaran jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie
percibidas por el empleado en el último año de servicios», disposición que fue sustraída
del ordenamiento jurídico por decisión judicial que declaró su nulidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 17 de agosto de 2010 y notificada a través de curador ad
litem, quien se atuvo a lo que resultara probado en el proceso y no formuló excepciones.

El 5 de julio de 2022 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda,
considerando que está probado que el señor Arnulfo Mejía Henao prestó sus servicios
a Emcali por más de 20 años y que el reconocimiento pensional se efectuó el 11 de
febrero de 1994, por lo que sus derechos pensionales se materializaron antes del 30
de junio de 1997, encontrándose cobijado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

RECURSO DE APELACIÓN

Emcali apeló la sentencia indicando que el demandado no tenía derecho al reajuste
regulado en el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, porque dicho beneficio solo era
procedente para las pensiones del orden nacional.

Que el acto administrativo acusado violó el monto que por ley le correspondía, toda vez
que la pensión debió reconocerse con el 75% del promedio de los salarios y
prestaciones percibidos en el último año de servicio, como lo dispone el artículo 1.° de
la Ley 33 de 1985, pues el pensionado era empleado público y no podía beneficiarse
de la Convención Colectiva de Trabajo.

Que el Tribunal no tuvo en cuenta que la Resolución 104 de 4 de octubre de 1983,
fundamento jurídico del acto demandado, fue declarada nula mediante sentencia del 17
de febrero de 1997, lo que reitera la ilegalidad del reconocimiento pensional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El 8 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación y el 27 de junio del mismo año
se corrió traslado para alegar a las partes.

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Emcali reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

La curadora ad litem de la parte demandada se pronunció solicitando que se confirme
la decisión que negó las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo que
reconoció una pensión en virtud de una convención colectiva de trabajo a un empleado
público.

Marco normativo y jurisprudencial

La Constitución Política de 1886 disponía en su artículo 62 que sería la Ley la que
determinaría, entre otros aspectos, las condiciones de ascenso y de jubilación de los
empleados oficiales, en los siguientes términos:

«[…] Artículo 62.- La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de
funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las
calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los
casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la
serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro
público».

Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 1968 estableció que correspondía al
Congreso hacer las leyes y que por medio de ellas ejercería, entre otras, las siguientes
atribuciones:

«[…] Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de
ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así
como el régimen de sus prestaciones sociales.»

La Constitución Política de 1991 en su artículo 150, dispuso a través de su numeral 19
literal e, que el Congreso de la República es quien tiene la facultad para expedir las
leyes y, a través de ellas, señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para regular el régimen prestacional de los empleados públicos.

Como consecuencia, el Legislativo expidió la Ley 4ª de 1992, que en su artículo 10
previó que todo régimen salarial o prestacional que se establezca en contravención de
las disposiciones contenidas en dicha ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerán de todo efecto y no crearan derechos
adquiridos.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha concluido que en el marco de las
Constituciones de 1886 y 1991, la facultad para regular aspectos relacionados con los
regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos se encuentra

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reservada para el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, aclarando que las
potestades de este último están sometidas a lo dispuesto en la Constitución y la Ley1.

Por consiguiente, se ha sostenido que «resultan ilegales las normas de carácter local,
como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos
públicos bien sean nacionales o del orden departamental, que regulen la materia, y las
convenciones colectivas en las que se consagren prerrogativas contra legem»2.

Pero también ha señalado recurrentemente que con la expedición de la Ley 100 de
1993, que creó el sistema de seguridad social integral, el legislador advirtió la existencia
de múltiples regímenes pensionales contrarios a la Constitución al ordenamiento que
generaron derechos adquiridos en favor de pensionados cuyas situaciones jurídicas
debían ser protegidas por la Ley, por lo que incluyó el artículo 146 que dispuso:

«ARTÍCULO 146. SITUACIONES JURÍDICAS INDIVIDUALES DEFINIDAS POR
DISPOSICIONES MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES. Las situaciones jurídicas
de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en
disposiciones Municipales o Departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas
laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados,
continuarán vigentes.

<Expresión tachada INEXEQUIBLE> También tendrán derecho a pensionarse con
arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo,
hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en
dichas normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que
se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley.»

La norma transcrita fue objeto de estudio por la Corte Constitucional, quien en sentencia
C410 de 1997 señaló lo siguiente:

«[…] El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.”

1 Así se ha reiterado, por ejemplo, en sentencias del 8 de junio de 2023, proceso con radicación
760012333100020100134202 (1916-2022) con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, del 9 de febrero
de 2023, proceso con radicación 76001233100020100097302 (5451-2019) con ponencia del Consejero César
Palomino Cortés en el que se indicó:«En este sentido, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos es una competencia que la Constitución y la ley reservó de manera exclusiva al Gobierno Nacional, con
observancia de los parámetros dados por el Congreso de la República, en virtud de los cuales es claro que no es
dable a otro organismo arrogarse dicha facultad», o del 19 de enero de 2023, proceso con radicación
76001233100020100133802 (1912-2022) con ponencia del Consejero William Hernández Gómez, entre muchas
otras.
2 Sentencia del 9 de febrero de 2023, proceso con radicación 76001233100020100097302 (5451-2019) con ponencia

del Consejero César Palomino Cortés.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00957-02 (2319-2023)

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras,
basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[…]
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan,
dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación
compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado
el propio constituyente para el cumplimiento de su función.” (Corte Constitucional,
Sentencia C-168de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes [...]».

La jurisprudencia de esta Sección ha admitido que dentro de las disposiciones
pensionales del orden territorial también están incluidas las regulaciones de las
convenciones colectivas de trabajo3, en tanto que con estas se busca la protección y
progresividad de los derechos de los trabajadores4.

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
lineamientos.

Resolución del caso concreto

Se advierte que Emcali fue creada por Acuerdo 50 de 1961 del Consejo Municipal de
Santiago de Cali, como un establecimiento público del orden descentralizado, con
personería jurídica y patrimonio propio, por lo que atendiendo lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto Ley 3135 de 19685 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, las
personas que prestaban allí sus servicios tenían la calidad de empleados públicos.

3 Al respecto se pueden ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre

de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-2005-02866-03(2434-10), , reiterado en las sentencias de la Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 1.º de septiembre de 2011, Radicación: 68001-23-15-000-2005- 02272-
02(0013-11); de la Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2013, Radicación: 68001-23-31-000- 2005-02207-
01(0200-13), y también de la Subsección A, sentencia del 24 de junio de 2015, Radicación: 68001- 23-31-000-2005-
02293-02(4597-13), entre otras.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación: 08001-23-31-000-

2005-02866-03(2434-10), Actor: Universidad del Atlántico.
5 «Artículo 5º.- Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los

Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados
públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores
oficiales.
En los estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por
personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores
oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban
ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

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Mediante Acuerdo 014 de 31 de diciembre de 1996 se modificó la naturaleza jurídica
de Emcali, transformándose de un establecimiento público del nivel descentralizado del
orden municipal, a una empresa industrial y comercial del Estado a partir del 1.° de
enero de 1997. Por lo que a partir de dicho momento, la regla general es que las
personas que trabajan allí tienen la calidad de trabajadores oficiales, excepto aquellos
cargos de dirección y confianza que por disposición de sus estatutos deban ser
empleados públicos.

Emcali le reconoció una pensión de jubilación al señor Arnulfo Mejía Henao a través de
la Resolución 0058 del 11 de febrero de 1994, a partir del 8 de junio de 1993, al haber
acreditado 50 años de edad6 y 20 de servicios a la entidad7, pagadera hasta cuando el
ISS asumiera el riesgo de vejez, fecha a partir de la cual pagaría solo el mayor valor a
que hubiere lugar, según el artículo segundo del acto acusado. Para el efecto, la
demandante tuvo en cuenta lo dispuesto por la Resolución 104 de 14 de octubre de
1983 liquidando, en consecuencia, la prestación con el 90% del promedio de los
salarios y primas devengadas en el último año de servicio, en los siguientes términos:

«Que según lo determinado por la Junta Directiva de EMCALI, en Resolución No. 0104
de Octubre 14 de 1983 Numeral 3º. del Artículo 4º., al personal de empleados públicos
que cumpla los requisitos establecidos por la Ley y los reglamentos vigentes en EMCALI
se pagará jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie
por el empleado en el último año de servicio […]»

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la pensión reconocida se sustentó en
normas extralegales como son la convención colectiva del trabajo8, según afirma la
demandante, y la Resolución 104 de 1983. Por consiguiente, como la prestación se
causó el 8 de junio de 1993, antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993 para
los empleados públicos del orden territorial, se debe concluir que la pensión quedó
convalidada por el artículo 146 de la Ley 100.

Frente a la declaratoria de nulidad de la Resolución 104 del 14 de octubre de 1983, la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia del 9 de febrero
de 2023 señaló:

«a juicio de esta Sala, al margen de la declaratoria de ilegalidad de la Resolución 104
del 14 de octubre de 1983 mediante sentencia del 2 de octubre de 1996, lo cierto es que
sus efectos no le pueden ser aplicados de manera retroactiva y en perjuicio del derecho
consolidado del demandado, pues lo que importa para la resolución del caso es
determinar la fecha en que se consolidó la situación jurídica pensional del señor Adonis
Gallego al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para determinar si estaba
amparado o no bajo los supuestos del articulo 146 ídem»9.

6 Según el acto administrativo demandado, el pensionado nació el 8 de junio de 1938, por lo que cumplió 50 años

de edad en el año 1988.
7 El demandado laboró para Emcali entre el 25 de abril de 1973 y el 7 de junio de 1993.
8 Según el artículo 103 de la CCT 1995, Emcali reconocería pensiones de jubilación a los trabajadores oficiales que

hubieren prestado servicios por 20 años continuos o discontinuos a entidades de derecho público y cumplieren 50
años de edad.
9 Providencia del 9 de febrero de 2023, proceso con radicación 76001233100020100097302 (5451-2019) con

ponencia del Consejero César Palomino Cortés que reitera la tesis expuesta en sentencia del 22 de julio de 2021 en
el proceso con radicación 7600123310002100132002 (5979-2019) con ponencia del Consejero Rafael Francisco
Suárez Vargas.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-00957-02 (2319-2023)

Finalmente, se advierte que las pretensiones de la demanda no estuvieron dirigidas a
discutir si había lugar al reajuste del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, por lo que la
Sala se relevará del análisis de ese aspecto relacionado en el recurso de apelación.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada toda vez que, según la
jurisprudencia de esta Sección, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó las
situaciones pensionales consolidadas con base en normas extralegales, como la del
aquí demandado.

De la condena en costas

De acuerdo con lo previsto por la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas
a ninguna de las partes, al no advertirse mala fe o temeridad por alguna de ellas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el diez (10) de agosto de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en el proceso promovido por
Emcali EICE ESP contra el señor Arnulfo Mejía Henao, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Los consejeros,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

7

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