Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00094-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00094-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00094-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
27 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15000-2025-00094-00
Demandante: Junta de Acción Comunal del Barrio Miraflores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00094-00
Demandante: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO MIRAFLORES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIONES TERCERA, SUBSECCIÓN “C” Y PRIMERA,
SUBSECCIÓN “A”
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en dar trámite al recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia,
en el marco del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Junta de Acción Comunal del Barrio Miraflores, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, contra las Secciones Primera, Subsección “A” y
Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de enero de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la “tutela judicial efectiva”, supuestamente vulnerados
por las autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, se formulan las siguientes pretensiones:
“1. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, por
ser una acción constitucional, adelantar el trámite del proceso identificado con
radicado 11001-33-36-031-2023-00073-01.
2. En caso de que la Sección Tercera no pueda continuar con el conocimiento
del proceso, ordenar a la Sección Primera priorizar su trámite, atendiendo al
carácter urgente del caso.
3. Declarar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la justicia y tutela judicial efectiva por parte de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4. Exhortar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a implementar medidas
para evitar demoras similares en el futuro”.
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Demandante: Junta de Acción Comunal del Barrio Miraflores
2. Hechos
El parte demandante señaló que el 23 de marzo de 2023, interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
contra la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local de Suba.
Indicó que el 3 de mayo de 2024, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia por medio de la cual
accedió a las pretensiones de la demanda, contra la cual la parte demandada
interpuso recurso de apelación el 8 del mismo mes y año.
Mencionó que por auto de 23 de mayo de 2024, se concedió el recurso de alzada
y, en consecuencia, se envió el proceso con destino a la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Manifestó que el 4 de junio de 2024, el asunto fue asignado por reparto a la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
quien tras meses de inactividad, por auto de 19 de diciembre del referido año,
dispuso declarar su falta de competencia para conocer del caso y ordenó la remisión
del proceso a la Sección Primera de la misma corporación.
3. Fundamentos de la acción
Refirió que la mora judicial radica en la tardanza en el trámite del recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, y en la
determinación de la competencia para conocer el asunto, situación que vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la “tutela judicial efectiva”. Al respecto, trae a consideración los artículos 86, 228
y 229 de la Constitución Política, así como las sentencias T-329 de 2017 y T-774 de
2013 de la Corte Constitucional.
Sostuvo que la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, “al no devolver el expediente oportunamente y declararse incompetente
tras varios meses, vulneró los derechos fundamentales de las partes involucradas al
prolongar injustificadamente el trámite de un proceso de naturaleza constitucional”.
4. Trámite procesal
Por auto de 16 de enero de 2025, el despacho requirió a la parte demandante con
el fin de que allegara el certificado de existencia y representación legal de la Junta
de Acción Comunal del Barrio Miraflores, así como el poder especial otorgado al
abogado Edwin Arnold Moreno Castiblanco.
A través de memorial allegado el 20 de enero de la misma anualidad, la parte
accionante allegó copia del poder especial otorgado, del certificado de existencia,
registro de la Junta de Acción Comunal, así como del documento de inscripción de
la misma.
Por auto de 30 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar a la parte accionante y a las autoridades judiciales
accionadas - Secciones Primera, Subsección “A” y Tercera – Subsección “C” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-. Así mismo, se ordenó la vinculación del
distrito capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno y a la Alcaldía Local de Suba, en
calidad de terceros con interés. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.
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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 10139,
10142, 10144, 10153, 10155, 10158 y 10160 del 4 de febrero de 2025, con el fin de
poner en conocimiento de las partes y terceros el contenido de la providencia1.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
La magistrada titular del despacho en donde cursa el trámite del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva y, de manera subsidiaria, que se niegue la
solicitud de amparo.
Al respecto, expuso que el asunto del que se alega la mora judicial fue repartido en
una primera oportunidad a la Subsección “C” de la Sección Tercera de esa
corporación judicial, quien por auto de 19 de diciembre de 2024 declaró su falta de
competencia para conocer del asunto y ordenó la remisión a la Sección Primera.
Aludió que el expediente ingresó por reparto el 27 de enero de 2025 y que por auto
de 5 de febrero del mismo año dispuso la admisión del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, razón por la cual no se ha
incurrido en alguna acción u omisión que genere la vulneración alegada por el actor.
5.2. Respuesta de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
El titular a cargo del despacho que conoció del asunto rindió informe en el que
solicita declarar improcedente o negar el amparo solicitado, por considerar que al
proceso se le ha dado trámite en un lapso prudencial, sin que ello derive en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Indicó que al momento en que fue asignado el proceso por reparto -junio de 2024-,
contaba con un inventario superior a 517 expedientes, de los cuales 276 se hallaban
en sustentación, dentro de los que se encontraba la acción popular a la que se le
asignó turno para el estudio de admisión en segunda instancia.
Relató que el accionante sostuvo que sus derechos fundamentales fueron
lesionados sin esbozar los argumentos que sustentan tal afirmación, pues contrario
a lo indicado el proceso fue tramitado en debida forma y oportunidad, siguiendo el
turno de ingreso al despacho.
Por último, consideró que es entendible que el accionante pretenda que su caso sea
resuelto de forma célere, sin embargo, ello debe atender las condiciones objetivas
y estructurales de la administración de justicia asociadas a la congestión sistemática
e insuficiencia de personal, que impiden que los procesos se resuelvan en términos
más cortos.
6. Tercero con interés
Respuesta del distrito capital de Bogotá – Secretaría de Gobierno - Alcaldía
Local de Suba
La directora jurídica de la entidad presentó informe en el que solicitó la
desvinculación del trámite constitucional, por considerar que las pretensiones están
dirigidas contra una autoridad judicial, y pide que se declare improcedente la acción
1 Índice SAMAI 15.
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de tutela en relación con la Secretaría de Gobierno, en tanto carece de competencia
para resolver lo propuesto y la vulneración alegada no es atribuible a su
representada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar
que las pretensiones no están dirigidas en su contra. Por su parte, la Secretaría de
Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá pide la desvinculación de la acción de
tutela, al considerar que no han vulnerado los derechos fundamentales alegados
por la parte accionante y que no tiene competencia para resolver lo pretendido en
el escrito de tutela.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 2022 señaló que dicho requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala negará las solicitudes de desvinculación
presentadas porque se advierte que el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos se está tramitando ante la Sección Primera,
Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y fue promovido, entre
otras, contra la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Local de Suba, lo que permite
concluir que debe hacer parte del contradictorio, como tercero con interés, calidad
en la que fue vinculada a esta acción constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si las Secciones Primera, Subsección “A” y
Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneraron a
la parte demandante los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la “tutela judicial efectiva”, con ocasión a la tardanza
en el trámite del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de
primera instancia, dictada en el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con radicado 2023-00073-01.
4. De la mora judicial y la noción de plazo razonable
La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y
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carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un obstáculo
para el acceso a la administración de justicia2.
En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20133 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de promoción
de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la resolución de
conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la obtención de una
respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y efectivos; y (vi) que
los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y
en observancia del debido proceso.
Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del plazo
y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.
La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se hagan
sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos
supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la
organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer
que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado
agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo4.
Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 20165 indicó que la acción de tutela es procedente
cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo
en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se
lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede
materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables6. La mora judicial
injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación
y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los
deberes del funcionario judicial7.
Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv)
la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.
En sentencia T-441 de 20208, la Corte Constitucional acogió dicha postura e indicó
que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del Estado
social de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios, derechos
y deberes establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta prerrogativa no se
agota en la mera facultad de presentar solicitudes ante las autoridades judiciales,
pues también se extiende a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las
controversias, las cuales deben ser adoptadas en un término razonable de tal forma
que la respuesta judicial sea oportuna”, lo que implica para el juez de tutela que en
2
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).
3 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
4
Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
7
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
8 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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caso de verificar la existencia de mora judicial pueda ordenar la resolución del
asunto en un término perentorio o con observancia de los plazos previstos en la ley.
En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia de
darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la conducta
de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura la mora judicial,
ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La Junta de Acción Comunal del Barrio Miraflores, quien actúa por intermedio
de apoderado judicial, presenta acción de tutela contra la Secciones Primera,
Subsección “A” y Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la “tutela judicial efectiva”, por
la tardanza en el trámite del recurso de apelación interpuesto en contra de la
sentencia de primera instancia dictada en el marco de un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
y en la determinación de la competencia para conocer del asunto.
5.2. Conforme con el expediente digitalizado allegado, la Sala evidencia que en el
proceso con radicado No. 11001-33-36-031-2023-00073-00 se han proferido, entre
otras, las siguientes actuaciones:
• El 13 de marzo de 2023, la Junta de Acción Comunal del Barrio Miraflores promovió
demanda contra el distrito capital de Bogotá – Alcaldía Local de Suba, con el fin de que
se protejan los derechos colectivos de los habitantes del Barrio Miraflores vulnerados
con la negativa en priorizar el mejoramiento en la infraestructura vial. La demanda fue
asignada por reparto al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá,
quien admitió el asunto por auto de 31 de marzo de 2023.
• El 3 de mayo de 2024, el precitado despacho judicial dictó sentencia de primera
instancia en la que declaró el daño contingente, la amenaza y vulneración de los
derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización, el acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. En consecuencia,
ordenó al distrito capital de Bogotá – Alcaldía Local de Suba, desplegar todas las
gestiones técnicas y administrativas pertinentes en materia de planeación y
programación presupuestal con el fin de ejecutar las obras.
• Contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación, que
fue concedido por auto de 23 de mayo de 2024.
• El 4 de junio de 2024, el asunto fue asignado por reparto a la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por auto de 19 de
diciembre de 2024 resolvió declarar su falta de competencia para conocer del proceso
y, ordenó la remisión del mismo a la Sección Primera de la misma corporación judicial.
Esa decisión fue notificada el 13 de enero de 2025.
• El 27 de enero de 2025, se remitió y asignó por reparto el proceso a la Sección
Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien por auto
de 5 de febrero del presente año dispuso admitir el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.
5.3. Según se logra extraer de las anteriores actuaciones, el proceso respecto del
cual se alega la presunta mora judicial fue enviado el 27 de mayo de 2024, a la
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Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para resolver el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
Con el informe rendido, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca informó que, para el momento en el que recibió el
proceso -4 de junio de 2024-, contaba con un inventario superior a los 517
expedientes, de los cuales 276 se hallaban en sustentación. Agregó, que por auto
de 19 de diciembre de 2024 resolvió declarar la falta de competencia para conocer
del asunto y, en consecuencia, dispuso su remisión con destino a la Sección
Primera de la misma corporación judicial, quien por auto de 5 de febrero de 2025
admitió el recurso de alzada.
Así las cosas, se tiene que si bien transcurrieron seis meses desde que el proceso
fue remitido a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
para la Sala no se desconoce la noción de plazo razonable, puesto que conforme
se indicó en el escrito de contestación se justificó objetivamente en la cantidad de
asuntos que tenía la autoridad judicial por resolver, lo que le imposibilitó remitir el
expediente una vez recibió el asunto.
En ese orden de ideas, en el caso en concreto se demostró la existencia de una
razón objetiva para que tardara la remisión a la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lo que no permite colegir falta de diligencia ni
omisión en los deberes funcionales de la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Ahora bien, en lo que hace relación con la Sección Primera, Subsección “A” del
Tribunal accionado, no es dable concluir que se configuró una carencia actual de
objeto por el acaecimiento de un hecho superado, pues para el momento en el que
se presentó la acción de tutela -14 de enero de 2025-, el expediente respecto del
cual se alega la mora judicial no había sido remitido para su conocimiento. El
expediente de la acción popular fue recibido el 27 de enero de la misma anualidad
y el 5 de febrero de 2025 dispuso la admisión del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, decisión cuya notificación se surtió al día
siguiente, por lo que el asunto se encuentra en trámite para dictar sentencia de
segunda instancia. Dicho en otros términos, su actuar fue diligente y oportuno una
vez se recibió por competencia el asunto.
Bajo ese contexto, no se advierte que las autoridades judiciales demandadas
hubiesen vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante, en tanto, existen razones objetivas derivadas de la carga laboral que
tiene la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que justifican la remisión del proceso a la Sección Primera de la
misma corporación judicial, a los seis meses de haber sido recibido. Y finalmente,
se insiste que una vez el asunto fue puesto en conocimiento de la autoridad
competente, esta resolvió admitir el recurso de alzada, lo que implica que se
dictaron las actuaciones correspondientes, al punto que el proceso se encuentra
pendiente por ingresar al despacho para proferir sentencia de segunda instancia.
Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela presentada
por la parte actora.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Demandante: Junta de Acción Comunal del Barrio Miraflores
FALLA
Primero.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por la Junta
de Acción Comunal del Barrio Miraflores, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
ACLARA EL VOTO
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