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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00094-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00094-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00094-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00094-01
Accionante: Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00094-01
Accionante: Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y Sección Tercera, Subsección C.

Tema: tutela contra autoridad judicial. Subtema 1: medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos. Subtema 2: mora en el trámite del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores de la
localidad de Suba (Bogotá, D. C.), en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2025
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores de la localidad de Suba (Bogotá, D.
C.), a través de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y la Sección
Primera, Subsección A de dicha corporación judicial, dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado núm. 11001-33-36-031-
2023-00073-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2.
El 23 de marzo de 2023, la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores radicó
demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos en contra de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D. C., y la
Alcaldía Local de Suba.

1

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Accionante: Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro

3.
Las pretensiones de la referida demanda se dirigieron a obtener la protección de
los derechos e intereses colectivos de los habitantes del barrio Miraflores «al goce del
espacio público y la utilización, al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna, así como el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente» 1, debido al mal estado y la falta de mantenimiento de los
tramos viales de la calle 146 B, de la calle 146 B bis y de la calle 146 C, a la altura de
la carrera 86.
4.
El Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 3 de
mayo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, la
parte convocada interpuso recurso de apelación.
5.
El asunto fue asignado por reparto a la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual, por auto del 19 de diciembre de
2024, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el proceso a la Sección Primera
de dicha corporación judicial, para que avocara conocimiento y continuara con el
trámite respectivo.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela 2 lo siguiente:

1. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, por ser una
acción constitucional, adelantar el trámite del proceso identificado con radicado 11001-
33-36-031-2023-00073-01.

2. En caso de que la Sección Tercera no pueda continuar con el conocimiento del
proceso, ordenar a la Sección Primera priorizar su trámite, atendiendo al carácter
urgente del caso.

3. Declarar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la justicia y tutela judicial efectiva por parte de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

4. Exhortar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a implementar medidas para
evitar demoras similares en el futuro3.
7.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C vulneró sus
derechos fundamentales porque incurrió en mora «injustificada», al tardar cerca de
seis meses en expedir el auto del 19 de diciembre de 2024 que definió la competencia
de la autoridad judicial que debía tramitar el asunto en segunda instancia.
8.
Asimismo, explicó que la anterior situación impidió que la autoridad competente
(Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca),
pudiera resolver oportunamente el recurso de apelación interpuesto en contra de la

1 Se transcribe incluso con errores de texto.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00094-00, índice 2, certificado núm. 536083FD05375ED0
60DC743D7D7CBB8F 839E00BFC5E35145 4F2EB1B57E5F6E11.
3 Se transcribe incluso con errores.

2

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sentencia del 3 de mayo de 2024 proferida por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo
de Bogotá.

2.3. Trámite procesal
9.
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante auto del 30 de enero de 2025 4,
admitió la solicitud de tutela; ordenó que se notificara al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y a la Sección Tercera, Subsección C;
y dispuso comunicar el escrito de tutela a Bogotá, D. C., Secretaría Distrital de
Gobierno y a la Alcaldía Local de Suba, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones
10.
La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca 5 pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva o,
en su defecto, se niegue la solicitud de amparo.
11.
Al respecto, expuso que el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con radicado núm. 11001-33-36-031-2023-00073-01 fue repartido
en una primera oportunidad a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual, por auto del 19 de diciembre de 2024 declaró
su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó la remisión a la Sección
Primera de dicha corporación.
12.
Asimismo, indicó que el expediente ingresó por reparto el 27 de enero de 2025 y
que por auto del 5 de febrero del mismo año dispuso la admisión del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, razón por la cual no
incurrió en mora injustificada que ocasionara la vulneración de los derechos
fundamentales reclamados por la parte actora.
13.
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca 6 solicitó que se declare improcedente la tutela o, en su lugar, se niegue
la solicitud de amparo, pues consideró que el proceso promovido por la tutelante ha
tenido las actuaciones judiciales respectivas dentro de un término prudencial, sin que
se pueda advertir una dilación irregular que derive en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
14.
Por otro lado, informó que para el momento en que fue asignado el proceso por
reparto en junio de 2024, el despacho contaba con un inventario superior a 517
expedientes, de los cuales 276 se encontraban en sustanciación, entre estos, el asunto
de la tutelante.
15.
De esta manera, afirmó que el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos fue tramitado en debida forma y oportunamente, conforme al
estricto turno de ingreso al despacho.

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00094-00, índice 12, certificado núm. 683EC8DF644466BD
61F4A8073A8FDBC5 05D1AFD6105C35D2 D7066A9172D92275. .
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00094-00, índice 20, certificado núm. 8355021617D51D20
30D76670413032AA FB91885A9F4C6523 2CFDA591A372357C.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00094-00, índice 21, certificado núm. 57DE3EE0D79CA40E
7290EB8A94F277EE CE6F6364FB3C357C DEA995D6DD1265C5.

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16.
Por último, consideró que existen condiciones objetivas y estructurales de la
administración de justicia asociadas a la congestión del sistema y a la insuficiencia de
personal, que impiden que los procesos se resuelvan en términos más cortos como lo
pretende la accionante.
17.
Bogotá, D. C., Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Local de Suba 7 solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, por considerar que carece de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la solicitud de amparo están
dirigidas en contra de una autoridad judicial, respecto de la cual no tiene injerencia
alguna.

2.5. Sentencia de primera instancia
18.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de febrero
de 20258, negó la solicitud de amparo porque las autoridades judiciales accionadas no
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
19.
Al respecto, explicó que en el presente asunto se demostró que existían razones
objetivas derivadas de la carga laboral que tiene la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que justificaron la remisión del proceso
a la Sección Primera de la misma corporación judicial, a los seis meses de haberlo
recibido.
20.
Asimismo, encontró acreditado que la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto el 5 de febrero de 2025,
mediante el cual admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia
del 3 de mayo de 2024 expedida por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de
Bogotá. Esto probó que la autoridad judicial emitió la decisión correspondiente de
manera oportuna, al punto de que el proceso se encuentra pendiente de ingresar al
despacho para proferir sentencia de segunda instancia.

2.6. Impugnación
21.
La Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores presentó impugnación 9 en contra
de la sentencia del 27 de febrero de 2025, al considerar que la decisión del juez de
tutela de primera instancia no tuvo en cuenta que el recurso de apelación lleva cerca
de un año sin que se profiera fallo de segunda instancia, cuya situación se podría
prolongar indefinidamente en el tiempo sin una orden judicial concreta.
22.
Así pues, refirió que la jurisprudencia constitucional ha precisado que el acceso a
la administración de justicia no solo se satisface con la admisión de un recurso, sino
con la obtención de una respuesta oportuna y efectiva. De esta manera, afirmó que el
hecho de que el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 3 de
mayo de 2024 haya sido admitido no garantizaba sus derechos fundamentales.

7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00094-00, índice 30, certificado núm. 7E1746CE7B7C377A
EA670FAE2961572A 0FBDABCD88932561 E8C06E58F1EE3E43.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00094-00, índice 25, certificado núm. EF193F0CBE78EAB8
58A10BBF14BB7DCD 3E5448D5A27459A7 FBF0BDC1F5CD74C1.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00094-00, índice 23, certificado núm. 4A56F4CDE3AA8625
898EF929DEE64F63 5100DEE4A976938D 4A1E29B313096A2F.

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23.
Resaltó que el derecho al acceso a la administración de justicia implica la
resolución de los conflictos en un plazo razonable, por lo que la mora judicial
injustificada constituye una vulneración de esta prerrogativa constitucional.
24.
En tal sentido, indicó que en el asunto bajo estudio es procedente el amparo de
tutela para que se ordene a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que emita una decisión de fondo dentro de un plazo
prudente, dado que la falta de una directriz judicial concreta deja a la parte accionante
en un estado de incertidumbre jurídica frente a los derechos colectivos reclamados.
25.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada
y, en su lugar, se acceda al amparo de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
26.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 27 de
febrero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa
27.
La legitimación en la causa por activa de la Junta de Acción Comunal del barrio
Miraflores de la localidad de Suba está acreditada, por cuanto integra la parte
demandante en el proceso de protección de los derechos e intereses colectivos con
radicado núm. 11001-33-36-031-2023-00073-01, y, por lo tanto, es la titular de los
derechos fundamentales que adujo le fueron vulnerados.
28.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y Sección Primera,
Subsección A, en la medida en que fueron las autoridades que han tramitado el
proceso de protección de los derechos e intereses colectivos y de quienes se predica
la mora judicial.

3.3. Procedencia de la acción de tutela
29.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez 10.
30.
El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable 11; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,

10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
11 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.

5

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«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»12.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
31.
En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, ante la inactividad de parte
de la autoridad accionada.
32.
Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la mora judicial alegada es una vulneración que continúa en el tiempo 13.

3.5. Problema jurídico
33.
Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo interpuesta por la Junta
de Acción Comunal del barrio Miraflores.
34.
En efecto, se deberá decidir si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, y Sección Tercera, Subsección C vulneraron los
derechos fundamentales de la accionante. En particular, tendrá que establecer si
incurrieron en mora judicial injustificada respecto del trámite del recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso
de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado núm. 11001-33-36-
031-2023-00073-01.

3.5.1. La acción de tutela en casos de mora judicial
35.
La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido proceso
es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones injustificadas y
dentro de plazos razonables, esto conforme con lo dispuesto en la Ley 1957 de 2019
que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal en las actuaciones
de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los siguientes escenarios:

4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas” la
Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado, el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de
adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de la
República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide que los
mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior consideración,

12 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
13 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.

«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».

6

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este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida por sobrecarga
y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad)14.

36.
De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.
37.
Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a la
autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes razones:

[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra
la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley” 15.

3.6. Caso concreto
38.
En el asunto bajo estudio, la accionante manifestó que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C vulneró sus derechos
fundamentales, por cuanto incurrió en mora «injustificada» al tardar seis meses en
expedir el auto del 19 de diciembre de 2024 que definió la competencia de la autoridad
judicial que debía resolver, en segunda instancia, el proceso de protección de los
derechos e intereses colectivos.
39.
Asimismo, indicó que la Subsección A de la Sección Primera de ese tribunal
también desconoció sus garantías constitucionales porque profirió el auto del 5 de
febrero de 2025 por medio del cual admitió el recurso de apelación interpuesto en
contra de la sentencia del 3 de mayo de 2024; sin embargo, no ha emitido decisión
definitiva.
40.
Pues bien, revisada la plataforma Samai, se observa que, dentro del proceso de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado núm. 11001-33-36-031-
2023-00073-01, se surtieron las siguientes actuaciones:

• El 13 de marzo de 2023, la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores promovió
demanda de protección de los derechos e intereses colectivos en contra de Bogotá,
D. C., Alcaldía Local de Suba.

• La demanda fue asignada al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el
cual admitió el asunto por auto de 31 de marzo de 2023.

• El referido despacho judicial, mediante sentencia del 3 de mayo de 2024, accedió
a las pretensiones de la demanda.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
15 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.

7

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• La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la referida
decisión. El Juzgado concedió la alzada con auto del 23 de mayo de 2024.

• El 4 de junio de 2024 se repartió el expediente a la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por auto del 19 de
diciembre de 2024, declaró su falta de competencia para conocer del proceso y
ordenó la remisión del expediente a la Sección Primera de la misma corporación
judicial. Esa decisión fue notificada el 13 de enero de 2025.

• El 27 de enero de 2025, fue asignado el proceso a la Sección Primera, Subsección
A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha autoridad, por auto del 5 de
febrero de 2025, admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.
41.
Ahora, para establecer si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en mora
injustificada y, por lo tanto, vulneraron los derechos fundamentales de la accionante,
es preciso tener en cuenta que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al contestar la tutela, puso en conocimiento las
siguientes circunstancias:

En aras de ilustrar el trámite que se le imprimió al proceso por este Despacho, es necesario
referirse, a que, para junio de 2024, a cargo de esta sede se contaba con un inventario
total de 517 expedientes. De ellos, 276 procesos se hallaban en estado de sustanciación,
dentro del cual se hallaba la acción popular objeto de tutela, mismo que, cuando llegó su
turno, fue objeto de estudio de admisión en segunda instancia16.

42.
Adicionalmente, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca informó que la providencia del 19 de diciembre de 2024 «se emitió
siguiendo el sistema de turnos, en el orden que correspondía una vez ingresado al
despacho, de conformidad con la Ley».
43.
De acuerdo con lo anterior, se observa que, si bien transcurrieron seis meses entre
la asignación del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos (4 de
junio de 2024) y el momento en que se profirió la providencia del 19 de diciembre de
2024, no se puede desconocer que dicho retraso tuvo origen en la cantidad de
expedientes a cargo del despacho de la Subsección C de la Sección Tercera que debía
sustanciar los procesos en estricto turno de ingreso, lo que, a su vez, impidió que
remitiera el asunto de forma inmediata a la autoridad competente.
44.
En ese orden, está demostrada la existencia de una razón objetiva para que la
remisión del expediente a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no procediera en un menor tiempo, lo que no permite inferir la falta de
diligencia ni la omisión en los deberes de la Subsección C de la Sección Tercera del
referido tribunal, que pueda constituir una vulneración de los derechos de la
accionante.
45.
En este punto de la providencia, conviene reiterar que no todo incumplimiento
de un término judicial constituye una vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues solo la tardanza

16 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00094-01
Accionante: Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro

injustificada acarrea su desconocimiento, lo cual, como ya se vio, no resulta predicable
en el presente caso.
46.
Por otro lado, en lo que respecta a la actuación adelantada por la Subsección A
de la Sección Primera del tribunal accionado, se observa que el expediente del medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos fue recibido el 27 de
enero de 2025, y que el 5 de febrero siguiente se dispuso la admisión del recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia del 3 de mayo de 2024. Dicha
providencia se notificó el 6 de febrero de 2025.
47.
De esta manera, se advierte que la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuó de manera diligente y oportuna, en la
medida en que profirió, en menos de ocho días hábiles desde que recibió el expediente
por competencia, la decisión respectiva que permitió continuar con el trámite del
proceso de protección de los derechos e intereses colectivos en segunda instancia.
48.
Así las cosas, notificado y ejecutoriado el auto del 5 de febrero de 2025, el
expediente ingresará al despacho ponente de la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que proyecte, en estricto turno de
ingreso, la decisión que en derecho le corresponda.
49.
Sobre el particular, es importante recordar que el artículo 18 de la Ley 446 de
199817 establece el deber de las autoridades judiciales de proferir las decisiones en el
estricto orden en que los expedientes hayan ingresado a los despachos judiciales para
dictar sentencia. Dicho criterio, excepcionalmente, podrá alterarse en los eventos
previstos en la norma vigente.
50.
Por su parte, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26
de la Ley 2430 de 2024, establece que «[l]os despachos judiciales tramitarán y fallarán
los procesos sometidos a su conocimiento con sujeción al orden cronológico de
turnos».
51.
En los términos expuestos, no se advierten dilaciones injustificadas en el trámite
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado
núm. 11001-33-36-031-2023-00073-01. En consecuencia, la Sala considera que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte tutelante.

17 «Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican

algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se
modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia».
Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente
en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de
conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a
la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, en atención a su importancia jurídica y
trascendencia social.

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo
Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la
explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los
Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del
orden. […]” [Negrilla fuera del texto].

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Accionante: Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y otro

IV. CONCLUSIONES
52.
En virtud de lo anterior, la Subsección confirmará la sentencia del 27 de febrero de
2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó la solicitud de
amparo invocada por la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace.

JLAS/SEJV

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