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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00099-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00099-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Belisario Neira Páez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00099-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00099-00
Demandante: Belisario Neira Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00099-00
Demandante BELISARIO NEIRA PÁEZ
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad electoral. Regla de incidencia en cargos
uninominales. Trashumancia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Belisario Neira Páez, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de enero de 20251, el señor Belisario Neira Páez instauró acción de tutela,
mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la participación política, el
debido proceso y la igualdad, así como el principio de transparencia electoral.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«1. Declarar procedente esta acción de tutela para proteger los derechos fundamentales
vulnerados de Belisario Neira Páez, en particular los derechos a la participación política,
el debido proceso, la igualdad y el principio de transparencia electoral.
2. Suspender provisionalmente los efectos de la elección de José Eustaquio Ariza Pardo
como alcalde de San José de Pare hasta que se resuelva de fondo la presente acción.
3. Revocar la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, Sección Quinta,
emitida el 5 de diciembre de 2024, y ordenar la aplicación del precedente judicial
establecido, considerando la diferencia entre los dos primeros candidatos como criterio
determinante para evaluar la incidencia de los votos trashumantes.
4. Subsidiariamente, ordenar la realización de nuevas elecciones en el municipio de San
José de Pare, asegurando la transparencia y la expresión genuina de la voluntad popular.
5. Prevenir al Consejo de Estado (Sección Quinta) para que, en futuros casos de
trashumancia electoral, aplique criterios objetivos basados en la jurisprudencia
establecida que garanticen la participación política y el respeto por la voluntad popular»
(Negrillas propias).

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En el año 2023, el señor Belisario Neira Páez interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral contra el acto mediante el cual fue
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Samai, índice 2.

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Demandante: Belisario Neira Páez

elegido el señor José Eustaquio Ariza Pardo como alcalde de San José de
Pare (Boyacá), periodo 2024-2027; y, en consecuencia, solicitó que se
excluyeran los votos depositados por las personas que incurrieron en
trashumancia electoral.

En el medio de control, el tutelante argumentó que se incurrió en trashumancia
porque, en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para alcalde municipal de
San José de Pare, sufragaron personas no habilitadas para hacerlo: unas cuya
inscripción fue revocada por el Consejo Nacional Electoral mediante actos
administrativos; y otras que de conformidad con el ADRES o el SISBEN no
residían en el municipio. Tales votos incidieron en el resultado electoral.

El señor Belisario Neira Páez fue candidato para el cargo de alcalde de San
José de Pare, periodo 2024-2027 y obtuvo 1361 votos ocupando el segundo
puesto en votación, mientras que el demandado y elegido como alcalde, señor
José Eustaquio Ariza Pardo, obtuvo 1367 votos.

2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala Dual de Decisión Nro. 2, bajo el radicado Nro. 15001-23-33-000-2023-
00468-00, que mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024 negó las
pretensiones. Dicha autoridad judicial concluyó que no se configuró la
irregularidad sobre la trashumancia, puesto que para la fecha en que se
dispuso el plazo máximo fijado para realizar la depuración del censo electoral
las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en las que se revocó la
inscripción de los ciudadanos no habían quedado en firme. En consecuencia,
sostuvo que aquellos estaban habilitados para votar.

2.3. El señor Belisario Neira Páez presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.

2.4. Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Quinta confirmó la decisión apelada.

En primer lugar, se refirió al cargo consistente en que votaron personas que
no podían hacerlo por no ser residentes del municipio de San José de Pare de
acuerdo con el ADRES o el SISBEN. Al respecto, la autoridad judicial
manifestó que revisadas las pruebas no se encontró ninguna que acreditara la
información expuesta por el demandante, frente al lugar de residencia de los
ciudadanos. Resaltó que no se aportaron las correspondientes certificaciones
o documentos que acrediten dicha información.

En segundo lugar, el apelante manifestó que varios ciudadanos eran
trashumantes, en tanto que el Consejo Nacional Electoral revocó su
inscripción, mediante actos administrativos. Contrario a lo concluido en
primera instancia, la Sección Quinta consideró que, si bien las mencionadas
resoluciones del Consejo Nacional Electoral fueron modificadas luego de
vencido el plazo para actualizar el censo electoral (26 de septiembre de 2024),
lo cierto es que su presunción de legalidad no había sido desvirtuada. Por lo
tanto, sostuvo que no era posible desconocer que la autoridad administrativa
realizó un estudio del cual concluyó que la inscripción de al menos 87 cédulas
de ciudadanía fue irregular, por estar incursos en trashumancia electoral.

La Sección Quinta se refirió a la causal de trashumancia electoral, prevista en
el numeral 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, según la cual los actos
de elección o de nombramiento son nulos cuando «tratándose de la elección por
voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en
la respectiva circunscripción». Frente a esta, precisó que su configuración no exige
que los actos de la autoridad electoral que dejan sin efectos cédulas de
ciudadanía por trashumancia necesariamente deban estar en firme a la fecha

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Demandante: Belisario Neira Páez

en la que la Registraduría Nacional del Estado Civil elabore el censo electoral
para la elección correspondiente.

Agregó que para la configuración de dicha causal basta con que se logre
demostrar que los ciudadanos respectivos votaron en un municipio en el que
no tenían ningún vínculo; es decir, que se haya desvirtuado la presunción de
su residencia electoral, lo cual ocurrió en el caso mediante las decisiones del
Consejo Nacional Electoral. Por ende, manifestó que sí se demostró la
irregularidad alegada por el demandante al identificarse 87 trashumantes
declarados, mediante actos administrativos de la autoridad competente, que
votaron en el municipio de San José de Pare.

Seguido, la autoridad judicial indicó que procedería a determinar si dichas
irregularidades modificaban o no el resultado electoral, con base en el método
para el cálculo de incidencia. Al respecto la autoridad judicial resaltó que en
los alegatos de conclusión de segunda instancia la parte actora solicitó la
aplicación de «la nueva línea jurisprudencial», propuesta en la sentencia de la
Sección Quinta del 10 octubre de 2024 de radicado 15001-23-33-000-2023-
00483-0181, en lo relativo al cálculo de la incidencia. En consecuencia, el
demandante pidió convocar nuevas elecciones, teniendo en cuenta que la
diferencia entre los dos candidatos a la alcaldía de San José de Pare fue de 6
votos, mientras que la cantidad de trashumantes fue «más de cien».

La Sección Quinta manifestó que, aunque dicha petición fue extemporánea en
tanto que lo relativo al método para el cálculo de incidencia no fue expuesto ni
en la demanda ni en el escrito de apelación, lo cierto es que a partir de la
sentencia del 10 de octubre de 2024 la Sección Quinta adoptó un método
diferente al de afectación ponderada, para el cálculo de incidencia de
irregularidades, derivadas de trashumancia electoral, cuando se trata de
cargos uninominales. La regla allí establecida consistió en lo siguiente:
«Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la diferencia
de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que solo
sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas elecciones. Si la
votación afectada por la trashumancia es menor o igual a la diferencia que existe entre los 3
primeros candidatos, el acto de elección prevalecerá».

Con fundamento en la anterior regla, la autoridad judicial concluyó que los 87
votos de personas trashumantes no tenían incidencia los resultados, puesto
que la diferencia en votos entre el elegido y los candidatos con mayor votación,
en orden descendente, fue la siguiente: (i) entre el candidato 1 y el 2: 6 votos;
(ii) entre el candidato 2 y el 3: 306 votos; y (iii) entre el candidato 1 y el 3: 312
votos. Por consiguiente, concluyó que las 87 irregularidades carecían de la
entidad suficiente para que la elección del demandado fuera anulada, ya que
los trashumantes acreditados fueron 87, mientras que la diferencia en votos
entre el ganador y el tercero fue de 312 votos. En consecuencia, afirmó que la
cantidad de irregularidades no tuvo la incidencia suficiente para afectar la
votación obtenida por los candidatos que alcanzaron los tres primeros lugares.

En suma, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que el acto de
elección debía prevalecer y, en consecuencia, debía confirmarse la sentencia
proferida de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero
por las razones expuestas.

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, el actor argumentó que la Sección Quinta del
Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y fáctico, por las razones que a continuación se expondrán.

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Demandante: Belisario Neira Páez

3.1. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente: en criterio del
accionante la Sección Quinta incurrió en esos yerros, porque aplicó una nueva
regla jurisprudencial que «ignora el impacto real de la trashumancia en elecciones
uninominales, al diluir su incidencia mediante la diferencia acumulada entre los tres primeros
candidatos (…) sin reflejar cómo estos votos afectaron directamente a los dos primeros
candidatos». Aseguró que, en contraste con la regla de incidencia empleada por
la autoridad judicial demandada en el caso, el método que mejor garantiza la
transparencia electoral y la voluntad popular es el que efectúa el cálculo
únicamente teniendo en cuenta la diferencia entre los dos primeros
candidatos. Tal método era el utilizado en la jurisprudencia anterior.

Bajo esa última regla, los 87 votos trashumantes habrían alterado el resultado,
pues superan la diferencia de 6 votos entre el ganador y el candidato que
ocupó el segundo lugar, es decir el tutelante. Si se hubieran excluido los votos
trashumantes, la elección de José Eustaquio Ariza Pardo habría sido anulada
y consecuentemente el ganador legítimo habría sido quien ocupó el segundo
lugar, esto es el señor Belisario Neira Páez. En otras palabras, se desconoció
que 87 personas que no estaban autorizadas para votar en el municipio de
San José de Pare votaron el 29 de octubre de 2023 para el cargo de alcalde;
y que la diferencia entre el primer y segundo candidato era de 6 votos.

A su vez, se refirió al salvamento de voto suscrito en segunda instancia, en el
cual se indicó que «Si al restar los votos trashumantes al primer lugar en la votación
(elegido) se varía el resultado, ello resulta suficiente para demostrar la concreción de la causal
de nulidad de los actos por el fenómeno de trasteo de votos, afectando la autodeterminación
del ente territorial».

Manifestó que debió aplicarse la jurisprudencia tradicional o en su defecto la
nueva regla, pero solo atendiendo la incidencia respecto de los que realmente
fueron afectados, es decir, el primer y el segundo candidato. Agregó que si se
aplica la nueva regla de manera literal se afectan los derechos de todos los
ciudadanos del municipio de San José de Pare, pues se está legalizando la
trashumancia, ya que en definitiva primaron los derechos de los 87
trashumantes sobre el resto de la población.

Además, manifestó que la postura asumida por la Sección Quinta al utilizar la
nueva regla jurisprudencia validó indirectamente prácticas fraudulentas
mediante la inclusión de candidaturas pactadas que inflan artificialmente la
diferencia total entre los tres primeros lugares y desconoció el precedente
establecido por el Consejo de Estado, que garantizaba que la trashumancia
electoral fuera evaluada en función de su impacto directo en la voluntad
popular.

3.2. Defecto fáctico: el tutelante manifestó que se incurrió en ese defecto porque
la decisión se fundamentó en una evaluación incompleta de las pruebas,
debido a que la nueva metodología aplicada sobre la incidencia ignoró que los
votos trashumantes influyeron directamente en el resultado entre el primero y
el segundo lugar.

3.3. Finalmente, formuló como medida provisional lo siguiente:

«solicito a su despacho decretar medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de
la elección de José Eustaquio Ariza Pardo como alcalde de San José de Pare, mientras se
resuelve de fondo la presente acción de tutela (…)
solicito respetuosamente a su despacho: 1. suspender provisionalmente los efectos de la
sentencia de segunda instancia conocida con el número de radicado
15001233300020230046801 2. suspender provisionalmente los efectos del acto de elección de
José Eustaquio Ariza Pardo como alcalde de San José de Pare, hasta que se adopte una
decisión definitiva sobre el fondo de la presente acción de tutela».

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Demandante: Belisario Neira Páez

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 17 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Belisario Neira Páez contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta; se vinculó en calidad de terceros con interés al señor José
Eustaquio Ariza Pardo, quien actuó como demandado en el medio de control
de nulidad electoral, a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo
Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Tribunal
Administrativo de Boyacá; se negó la medida provisional solicitada por la parte
actora; se reconoció al abogado Carlos Leonardo Hernández como apoderado
judicial de la parte demandante; y se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes.

4.2. El Consejo Nacional Electoral manifestó que no cuenta con legitimación en
la causa por pasiva, debido a que no tiene competencia ni interviene en las
decisiones proferidas por el Consejo de Estado. Agregó que de su parte no ha
existido vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Por lo
tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela.

4.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá aseveró que «no encuentra ninguna
precisión que resulte pertinente para aportar dentro del trámite» , debido a que las
pretensiones de la acción de tutela están dirigidas exclusivamente contra una
actuación del Consejo de Estado.

4.4. El Consejo de Estado, Sección Quinta sostuvo que en la sentencia de
segunda instancia controvertida se reconoció la existencia de 87 personas
que, a pesar de no estar autorizadas para votar, ejercieron irregularmente su
derecho al sufragio, lo cual configura la causal de nulidad de trashumancia
consagrada en el artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011.

Indicó que acto seguido procedió a revisar si la cantidad de irregularidades
advertidas (87) tenían la incidencia suficiente para modificar el resultado
electoral. Por ese motivo, se puso de presente que en la providencia de 10 de
octubre de 2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado adoptó un método
diferente al de afectación ponderada, para el cálculo de incidencia de
irregularidades, derivadas de trashumancia electoral, cuando se trata de
cargos uninominales.

En la sentencia controvertida se explicó que el método adoptado impone la
necesidad de demostrar que: «la votación de trashumancia sea mayor a la diferencia de
sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que solo sean 2
aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas elecciones. Si la votación
afectada por la trashumancia es menor o igual a la diferencia que existe entre los 3 primeros
candidatos, el acto de elección prevalecerá». Explicó que con fundamento en esa
regla se concluyó que los 87 trashumantes no modificaban el resultado
electoral, motivo por el cual se confirmó la sentencia de primera instancia
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

La autoridad judicial accionada precisó que la regla jurisprudencial empleada
en la sentencia de segunda instancia no era novedosa para la parte
accionante, tanto así que en el curso del medio de control electoral el propio
demandante solicitó la aplicación de esa regla, como se advirtió en el fallo
cuestionado (numeral 173) en el que se indicó lo siguiente: «debe ponerse de
presente que el apoderado del demandante, en los alegatos de conclusión de segunda
instancia, solicitó aplicar «la nueva línea jurisprudencial», propuesta en la sentencia de la
Sección Quinta, del 10 octubre de 2024, dentro del proceso de radicado 15001-23-33-000-
2023- 00483-0181, en lo relativo al cálculo de la incidencia, por lo que pidió convocar nuevas
elecciones, teniendo en cuenta que la diferencia entre los dos candidatos a la alcaldía de San
José de Pare fue de 6 votos, mientras que la cantidad de trashumantes fue «más de cien».

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Demandante: Belisario Neira Páez

Manifestó que, aunque el actor solicitó la aplicación de dicha sentencia, aquel
no tuvo en consideración que la regla fijada por la Sala en el fallo de 10 de
octubre de 2024 estableció que la incidencia debe calcularse con los tres
primeros candidatos con mayor votación.

En esa providencia el cálculo se limitó a los dos únicos aspirantes que hicieron
parte de la contienda electoral. Por el contrario, en las elecciones adelantadas
para elegir alcalde de San José de Pare acudieron cuatro diferentes opciones,
lo que implicaba que, en obedecimiento a la tesis vigente, la incidencia se
calculara con los tres candidatos con mayor votación como, en efecto, ocurrió.

Por lo expuesto, la Sección Quinta aseguró que, contrario a desconocer el
precedente judicial vigente, lo que hizo fue aplicarlo al emplear la regla de la
incidencia de las irregularidades, según la cual deberá convocarse a nuevas
elecciones, si la votación de trashumantes es mayor a la diferencia entre los
tres primeros candidatos.

Por consiguiente, afirmó que en el caso no existe vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, pues no se desconoció la existencia de
irregularidades por trashumancia; al contrario, las reconoció, pero se encontró
que estas no tenían la relevancia suficiente para anular la elección
demandada.

De otra parte, resaltó que la decisión acusada valoró las pruebas del medio de
control a tal punto que se encontró acreditado que 87 ciudadanos, a quienes
el Consejo Nacional Electoral les había revocado su inscripción para votar en
San José de Pare, sufragaron en el municipio. No obstante, como se expuso
en la sentencia controvertida, aquello no fue suficiente para acceder a las
pretensiones de la demanda.

Con fundamento en lo expuesto, la autoridad judicial aseguró que lo pretendido
por el accionante es reabrir, en sede de tutela, un debate que fue debidamente
resuelto en el curso del medio de control electoral, pues como se demostró
aquel aludió a la aplicación de una tesis jurisprudencial que ahora señala de
novedosa, pero que en su momento pidió que fuera tenida en consideración al
momento de dictar el respectivo fallo.

Además, en vez de presentar argumentos orientados a demostrar la violación
de sus derechos fundamentales, se limitó a manifestar su descontento con el
método adoptado por la Sección Quinta para determinar la incidencia de la
trashumancia en el resultado electoral.

En consecuencia, sostuvo que lo que se aprecia es el disenso del demandante
con la regla fijada por la Sección Quinta en la sentencia del 10 de octubre de
2024, aplicada en la providencia que pretende dejar sin efectos, sin que de
esto se pueda concluir cómo se encuentran vulnerados sus derechos
fundamentales.

Concluyó que en el caso (i) no se configuraron los defectos alegados ni se
vulneraron garantías constitucionales y (ii) lo pretendido por el accionante es
reabrir el debate surtido en sede de instancia.

4.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, debido a que los hechos narrados por el
accionante no tienen relación con sus facultades y funciones, asignadas por la
Constitución y la Ley y porque la tutela se dirige contra una decisión de una
autoridad judicial. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2
y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.

Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional
2
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
3
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
4
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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3. Planteamiento del problema jurídico

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala establecer si se cumplen a cabalidad
los requisitos generales de procedencia de este mecanismo contra providencias
judiciales, concretamente el de la relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos
generales de procedibilidad, la Sala determinará si al proferir la sentencia 5 de
diciembre de 2024, en el marco del medio de control bajo el radicado Nro. 15001-
23-33-000-2023-00468-01 el Consejo de Estado, Sección Quinta incurrió en los
defectos propuestos por la parte actora.
4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial
4.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie
de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta,
para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos
uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado
que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con
especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e
independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como
elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia
de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela
y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
4.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Demandante: Belisario Neira Páez

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales»8. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con argumentos suficientes contra las decisiones de los jueces, que
se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con
una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural9.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
8
Ibidem.
9
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.

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a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos»10.

Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que
el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando
como una instancia adicional.

En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en
los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el
juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.

5. Análisis del caso

5.1. En el escrito de tutela el reproche principal del actor consistió en que se aplicó
una nueva regla jurisprudencial, contenida en la sentencia de 10 octubre de
2024 de radicado 15001-23-33-000-2023-00483-01, referente al cálculo de la
incidencia de la trashumancia en los resultados de las elecciones, la cual fue
empleada en la sentencia de segunda instancia controvertida. Con base en
ese argumento fundamentó los defectos invocados.

Sin embargo, como se dejó constancia en la providencia atacada, en los
alegatos de conclusión de segunda instancia fue el ahora tutelante quien
solicitó la aplicación de esa misma sentencia. Veamos lo expuesto en esa
oportunidad procesal:
«DEL CAMBIO EN LA JURISPRUDENCIA Y LA INCIDENCIA EN EL RESULTADO EN EL
PROCESO ELECTORAL DE SAN JOSÉ DE PARE
El día 10 de octubre de 2024, el Honorable Consejero LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
dentro del Radicado: 15001-23-33-000-2023-00483-01 ha proferido sentencia de segunda
instancia y en ella se ha establecido:
(…) la Sala considera pertinente y justificado, modificar su tesis jurisprudencial cuando se
trata de la causal de trashumancia en las elecciones para un cargo uninominal. Así,
objetivamente, para determinar la incidencia en que se invoque este reparo de nulidad
electoral, en esos precisos casos (unipersonales), se tendrá en cuenta la siguiente regla:
Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la diferencia de
sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que solo sean 2
aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas elecciones. Si la votación
afectada por la trashumancia es menor o igual a la diferencia que existe entre los 3 primeros
candidatos, el acto de elección prevalecerá. (negrilla y subrayado son míos)
La razón de escoger a los tres primeros aspirantes obedece a que no solo está en contienda
el cargo del primer mandatario del ente territorial; también existe la posibilidad de que el
segundo con mayor votación acceda -por derecho personal- a una curul a la corporación
pública respectiva, según el tipo de elección que se trate, en los términos del Estatuto de la
Oposición.
Nótese que, considerar solo la distancia entre el vencedor y el segundo aspirante, por un lado,
sugeriría que la votación trashumante, en últimas, debe descontarse al demandado, aun
cuando, se insiste, no es posible determinarlo por el carácter secreto del voto. Con todo, si en
la ecuación se incluye a la tercera opción política y, aun así, los sufragios transeúntes son
mayores a la diferencia de sufragios con el tercer candidato, es un grave indicio de que la
voluntad popular mayoritaria para designar tanto al primer mandatario como a la curul de la
oposición pudo haber sido falseada.

10
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.

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Así, la anomalía por trashumancia invocada en cada caso deberá ser significativa o altamente
sensible como para alterar los resultados de los dos primeros puestos, lo que incluye en la
ecuación la revisión de la votación del tercer aspirante (independientemente de que se hayan
presentado 4, 5 o 10 candidatos). Claramente, en el evento en el que solo concurran dos (2)
candidatos a la contienda electoral, y los votos trashumantes sean mayores que la distancia
entre ellos también habría un nivel de incertidumbre que amerita repetir los comicios.
CONCLUSIÓN: con fundamento en la nueva línea jurisprudencial y teniendo en cuenta que la
diferencia entre los dos únicos candidatos a la alcaldía municipal de San José de Pare para
las elecciones del 29 de octubre de 2023 solo fue de 6 sufragios y que las personas
trashumantes fueron más de cien (número significativamente mayor a la diferencia en votos),
se deberá convocar a nuevas elecciones».

Lo anterior denota que la parte actora está empleando la tutela como una
prolongación del debate surtido en el medio de control, pues en este último
solicitó la aplicación en el caso de la sentencia de 10 octubre de 2024 de
radicado Nro. 15001-23-33-000-2023-00483-01, en lo referente a la regla de
incidencia; mientras que en el escrito de tutela fundamentó sus reproches,
justamente, en el empleo de la regla jurisprudencial contenida en esa
providencia.

Sobre este punto, en la sentencia de segunda instancia atacada la Sección
Quinta de esta Corporación manifestó que, si bien la solicitud de aplicación de
la sentencia de 10 octubre de 2024 fue extemporánea, lo cierto era que en esa
providencia se fijó una regla aplicable al caso, por tratarse de asuntos de
trashumancia en cargos uninominales. Veamos lo expuesto por la autoridad
judicial en la sentencia atacada:

«173. Frente a este aspecto, debe ponerse de presente que el apoderado del demandante,
en los alegatos de conclusión de segunda instancia, solicitó aplicar «la nueva línea
jurisprudencial», propuesta en la sentencia de la Sección Quinta, del 10 octubre de 2024,
dentro del proceso de radicado 15001-23-33-000-2023- 00483-0181, en lo relativo al cálculo
de la incidencia, por lo que pidió convocar nuevas elecciones, teniendo en cuenta que la
diferencia entre los dos candidatos a la alcaldía de San José de Pare fue de 6 votos, mientras
que la cantidad de trashumantes fue «más de cien».
174. Al respecto, a pesar de que dicha petición es extemporánea, comoquiera que lo relativo
al método para el cálculo de incidencia no fue expuesto ni en la demanda ni en el escrito de
apelación, lo cierto es que, esta Sala no desconoce que, a partir de la sentencia del 10 de
octubre de 2024, reiterada en la del 7 de noviembre del mismo año, la Sección Quinta adoptó
un método diferente al de afectación ponderada, para el cálculo de incidencia de
irregularidades, derivadas de trashumancia electoral, cuando se trata de cargos uninominales,
de acuerdo con la cual: […] la Sala considera pertinente y justificado, modificar su tesis
jurisprudencial cuando se trata de la causal de trashumancia en las elecciones para un cargo
uninominal. Así, objetivamente, para determinar la incidencia en que se invoque este reparo
de nulidad electoral, en esos precisos casos (unipersonales), se tendrá en cuenta la siguiente
regla: Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la diferencia
de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que solo sean
2 aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas elecciones. Si la
votación afectada por la trashumancia es menor o igual a la diferencia que existe entre los 3
primeros candidatos, el acto de elección prevalecerá.
175. En ese orden, dado que, en este caso, hubo más de dos aspirantes a la Alcaldía de San
José de Pare, el cálculo de la incidencia debe realizarse sobre los tres candidatos que
obtuvieron la mayor votación en la elección».

Entonces, resulta contradictorio que finalizado el medio de control se haya
reprochado ante el juez de tutela la utilización de la regla que el propio
accionante solicitó utilizar en los alegatos de conclusión de segunda instancia.
No podría el juez de tutela censurar a la Sección Quinta por hacer uso de la
jurisprudencia que la propia parte solicitó fuera empleada en el caso. Esto
implica que la tutela se está utilizando para extender el debate desarrollado en
el medio de control con argumentos que resultan totalmente opuestos a lo
solicitado en el debate electoral.

11
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Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya resueltas en
el proceso ordinario ni mucho menos adicionar o completar los argumentos
que debieron exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la
causa defendida.

Debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en
relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural y la supuesta
vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o
acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser
utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de
plantearse ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos» 11.

5.2. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.

Justamente, lo advertido en el caso es que el accionante presentó tutela por
no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la autoridad accionada. Sin
embargo, tal discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su
derecho al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia.

De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.

No debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas Cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de
un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la
jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional. Estos requisitos deben cumplirse
todavía con mayor rigor tratándose de una decisión proferida por el órgano de
cierre judicial en la materia.

En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los

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presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de este
mecanismo contra providencias judiciales, concretamente el de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Belisario
Neira Páez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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