Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00099-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00099-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00099-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
Demandada: Sección Quinta del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 27 de febrero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado1 presentó acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 5 de
diciembre de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202300468-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el señor José Eustaquio Ariza Pardo fue elegido como Alcalde del
Municipio de San José de Pare (Boyacá) al obtener 1367 votos, para el periodo
2024-2027 como consta en el Formulario núm. E26AL; que él obtuvo 1361 votos,
ocupando el segundo puesto en la misma elección.
4. Sostuvo que, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, presentó
demanda contra el acto de elección, argumentando trashumancia electoral, al
considerar que algunas de las personas que sufragaron en las elecciones de 29 de
octubre de 2023, no estaban habilitadas para hacerlo, por lo cual, el Consejo
Nacional Electoral revocó su inscripción, al considerar que estos votos incidieron
en el resultado de la elección.
5. Indicó que la Sala Dual de Decisión núm. Dos del Tribunal Administrativo de
Boyacá conoció la demanda con el núm. único de radicación
150012333000202300468-00, que mediante sentencia de 26 de septiembre de
2024, negó las pretensiones, al considerar que no se configuró irregularidad en la
trashumancia, “[…] puesto que para la fecha en que se dispuso el plazo máximo
fijado para realizar la depuración del censo electoral las resoluciones del Consejo
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “3_DemandaWeb_Poder_podertutela(.pdf) NroActua
2”. Archivo aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
Nacional Electoral en las que se revocó la inscripción de los ciudadanos no habían
quedado en firme. En consecuencia, sostuvo que aquellos estaban habilitados para
votar.[…]”
6. Manifestó que, inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá, presentó recurso de apelación, que correspondió a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que mediante sentencia de 5 de diciembre de 2024 con el núm.
único de radicación 150012333000202300468-01, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de septiembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó la nulidad de la elección de José
Eustaquio Ariza Pardo, como alcalde de San José de Pare, periodo 2024-2027, pero
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. […]”.
7. Señaló que, la Sección Quinta del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:
“[…] no es posible para la Sala efectuar un análisis frente a este punto, pues no
existe material probatorio que permita verificar la residencia electoral de las
personas que relaciona el actor, de acuerdo con las referidas bases de datos del
SISBEN y el ADRES, pues no se aportaron las correspondientes certificaciones o
documentos que acrediten dicha información.
147. Por otra parte, respecto de los ciudadanos que, según el demandante, son
trashumantes, en cuanto les fue revocada su inscripción, mediante actos
administrativos expedidos por el CNE, el tribunal no encontró configurada la
irregularidad, dado que, las resoluciones de dicha autoridad electoral quedaron en
firme, con posterioridad a las fechas señaladas por el calendario electoral, como se
expone.
148. Para el juzgador de primera instancia, de conformidad con el artículo 49 de la
Ley 1475 de 20112 y el calendario electoral fijado para las elecciones de
autoridades territoriales 20233, el CNE, inicialmente, tenía hasta el 29 de agosto
del mismo año para adoptar las decisiones, frente a la inscripción de cédulas de
ciudadanía y remitirlas a la RNEC, plazo que fue ampliado por esta entidad hasta
el 26 de septiembre de 2023 a las 12:00 M, no obstante, las resoluciones
mencionadas quedaron en firme, luego de dichas fechas, e, incluso posterior a las
elecciones, por tanto, los titulares de dichos documentos se encontraban
habilitados para sufragar, de acuerdo con el censo electoral.
149. Ahora, para el apelante, los citados actos administrativos del CNE son válidos
y legales y no han sido anulados judicialmente, así como tampoco encontraban
suspendidos para la fecha de las elecciones, por lo que podían ejecutarse.
2 ARTÍCULO 49. INSCRIPCIÓN PARA VOTAR. La inscripción para votar se llevará a cabo automáticamente
al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía. La Registraduría Nacional del Estado Civil
establecerá los mecanismos necesarios de publicidad y logística para la actualización de la información por
zonificación; en caso de que el ciudadano cambie de lugar de domicilio o residencia, dicho proceso se llevará
a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2) meses antes de la respectiva
jornada electoral de que se trate.
3 Resolución 28229 del 14 de octubre de 2022
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
150. Aseguró que, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011, el
término para adelantar el procedimiento breve y sumario para dejar sin efectos la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, por parte del CNE, no era el 29 de
agosto, como lo indicó la sentencia apelada, sino dentro de los tres días siguientes
al cierre de la inscripción de cédulas, que, para este caso, fue hasta el 1 de
septiembre.
151. En ese orden, consideró que resultaba imposible que, para el 29 de agosto de
2023, quedaran en firme los actos administrativos que decidieran lo relativo a las
cédulas que deberían o no dejarse sin efectos, por trashumancia, puesto que, como
se dijo, el término para adelantar el mencionado procedimiento administrativo inicia
tres días después del cierre del proceso de inscripción de los documentos de
identificación.
152. Igualmente, señaló que se interpretó erróneamente el calendario electoral, por
parte del juez de primera instancia, pues, la Resolución 28229 de 202262 no
contiene disposición alguna que establezca que las actuaciones del CNE,
tendientes a dejar sin efectos las cédulas de ciudadanía, se debían adelantar antes
del 29 de agosto de 2023.
153. En primer lugar, la Sala debe precisar que, en la sentencia de primera
instancia, se concluyó que el 26 de septiembre de 2023 era el plazo máximo fijado
por la RNEC, para realizar la depuración del censo electoral y, como para esta
fecha, las resoluciones del CNE no habían quedado en firme, los ciudadanos a
quienes se les había revocado su inscripción estaban habilitados para votar, por lo
que no encontró configurada la irregularidad alegada. […]”.
[…]
“[…] de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, se tiene que el CNE expidió
las resoluciones, que se enlistan a continuación, dentro del procedimiento breve y
sumario, que adelantó con el fin de determinar la posible inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía para las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023,
en el municipio de San José de Paré:
• Resolución 6010 del 2 de agosto de 20234 […]
• Resolución 7857 del 7 de septiembre de 20235 […]
• Resolución 9744 del 12 de septiembre de 20236[…]
• Resolución 7325 del 24 de agosto de 20237[…]”.
[…]
4 «Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario
que se adelanta para determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el
Municipio San José de Pare del Departamento de Boyacá, con ocasión de las elecciones a realizarse el
próximo 29 de octubre de 2023»
5 “Por medio del cual se REVOCA de manera parcial el artículo primero de la Resolución No. 6010 de 2023,
mediante la cual el Consejo Nacional Electoral adoptó algunas decisiones dentro del procedimiento
administrativo breve y sumario que se adelanta para determinar la posible inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía y extranjería en el Municipio de San José de Pare, departamento de Boyacá, con ocasión de las
elecciones a realizarse el próximo 29 de octubre de 2023”
6 «Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario
que se adelanta para determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el
Municipio San José de Pare del Departamento de Boyacá, con ocasión de las elecciones a realizarse el
próximo 29 de octubre de 2023»
7 «Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario
que se adelanta para determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el
Municipio San José de Pare del Departamento de Boyacá, con ocasión de las elecciones a realizarse el
próximo 29 de octubre de 2023»
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Actor: Belisario Neira Páez
“[…] Ahora, contrario a lo concluido por el tribunal, esta Sala considera que, si bien,
de acuerdo con lo expuesto, las mencionadas resoluciones del CNE fueron
modificadas luego de vencido el plazo para actualizar el censo electoral (26 de
septiembre de 2024), lo cierto es que su presunción de legalidad no ha sido
desvirtuada, por lo que no es posible desconocer que la autoridad administrativa
realizó un estudio, del cual concluyó que la inscripción de, al menos, las 87 cédulas
de ciudadanía relacionadas fue irregular, por estar incursos en trashumancia
electoral.
162. En ese orden, debe advertirse que la causal de trashumancia electoral,
prevista en el numeral 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, prevé que los
actos de elección o de nombramiento son nulos, cuando «tratándose de la elección
por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean
residentes en la respectiva circunscripción», cuya configuración no exige que los
actos de la autoridad electoral, que dejen sin efectos cédulas de ciudadanía, por
trashumancia, deban estar en firme a la fecha en la que la RNEC elabore el censo
electoral para la elección correspondiente.
163. En este punto es relevante precisar que el medio de control de nulidad
electoral guarda independencia del procedimiento administrativo que adelanta el
CNE a la hora de determinar si las inscripciones de los ciudadanos para ejercer su
derecho al voto son irregulares.
164. En efecto, sin importar si las decisiones del CNE que concluyen la existencia
de personas trashumantes fueron modificadas posteriormente, luego de vencida la
oportunidad para que la RNEC pudiera modificar el censo electoral, es deber de
este juez de lo electoral, con apoyo en dichas resoluciones, entrar al análisis de
fondo del cargo de nulidad del artículo 275.7 del CPACA, para concluir si la elección
acusada debe o no anularse.
165. Lo anterior, teniendo en cuenta que basta con que se logre demostrar que los
ciudadanos respectivos votaron en un municipio en el que no tenían ningún vínculo,
esto es, que se haya desvirtuado la presunción de su residencia electoral, lo cual
ocurrió, mediante las decisiones del CNE, a las que se ha hecho referencia.
166. Al respecto, esta Sección, en sentencia del 18 de noviembre de 202177, al
resolver sobre la nulidad de la elección del alcalde Jamundí, periodo 2020-2023,
llegó a similar conclusión, en los siguientes términos: Una vez efectuado el anterior
análisis, al encontrarse plenamente demostrado que los 1051 ciudadanos antes
mencionados sufragaron en el municipio de Jamundí habiendo sido declarada
irregular su inscripción por el CNE mediante una decisión cuya presunción de
legalidad de lo probado en el proceso no ha sido desvirtuada, se encuentra que se
materializó el vicio de nulidad consagrado en el numeral 7 del artículo 275 de la
Ley 1475 de 2011, referente a la trashumancia electoral
167. Aunado a ello, en la misma providencia citada, la Sala, señaló que «el
parágrafo del artículo 2.3.1.8.6 del Decreto 1066 de 2015, adicionado por el 1294
de 2015, señala que las decisiones del Consejo Nacional Electoral en materia de
trashumancia “son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de los recursos que
legalmente procedan”».
168. Al respecto, la Sala debe reiterar, lo dicho en la citada sentencia del 18 de
noviembre de 2021, que es obligación de las autoridades electorales, implementar
«los mecanismos necesarios que para que la depuración de censo sea real y
efectiva, en especial, que las decisiones relativas a la existencia de trashumancia
puedan materializarse el día de los comicios, por ende, que los jurados de votación
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
de manera eficiente y eficaz, cuenten con las herramientas para identificar a los
ciudadanos que se consideren trashumantes».
169. Dicho lo anterior, la Sala concluye que, dado que el CNE, en virtud de los
artículos 183 de la Ley 136 de 1994 y 4 de la Ley 163 de 1994, adelantó el
procedimiento breve y sumario, previsto en la Resolución 2857 de 2018, para
estudiar la posible inscripción irregular cédulas, por medio de la verificación de
múltiples bases de datos, dejó sin efectos la inscripción de los 87 ciudadanos
mencionados, por advertir trashumancia respecto de ellos, se encuentra
demostrada la irregularidad alegada por el demandante, propuesta en este
segundo cargo. […]”.
[…]
“[…] 175. En ese orden, dado que, en este caso, hubo más de dos aspirantes a la
Alcaldía de San José de Pare, el cálculo de la incidencia debe realizarse sobre los
tres candidatos que obtuvieron la mayor votación en la elección.
176. Así las cosas, como se mostró en el cuadro anterior, de acuerdo con el
formulario E-26, los tres candidatos que obtuvieron la mayor votación fueron:
Candidato votos
José Eustaquio Ariza Pardo 1.367
Belisario Neira Páez 1.361
Juan José Suárez Otalora 1.055
177. De acuerdo con lo dicho, la diferencia en votos entre el elegido y los
candidatos con mayor votación. en orden descendente, es de:
Diferencia
Entre el candidato 1 y 2 6 votos
Entre el candidato 2 y 3 306 votos
Entre el candidato 1 y 3 312 votos
178. Entonces, en aplicación de la regla jurisprudencial, fijada por esta Sala de lo
Electoral en la sentencia del 10 de octubre de 2024, debe concluirse que las
irregularidades (87 en total) carecen de la entidad suficiente para que la elección
del demandado deba ser anulada.
179. Lo anterior, porque, como ya se precisó, la cantidad de irregularidades deben
tener la incidencia suficiente para afectar la votación obtenida por los candidatos
que alcanzaron los tres primeros lugares, lo que no ocurre en este caso, pues los
trashumantes acreditados son 87 mientras que la diferencia en votos entre el
ganador y el tercero es de 312 votos.
180. De conformidad con los argumentos anteriores, en la medida que las
irregularidades advertidas no tienen la entidad suficiente para modificar el resultado
electoral, es lo procedente concluir que el acto de elección prevalecerá y, en
consecuencia, debe confirmarse la sentencia proferida el 26 de septiembre de
2024, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 003, que negó las
pretensiones de la demanda, pero por las razones antes expuestas. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela8:
“[…] 1. Declarar procedente esta acción de tutela para proteger los derechos
fundamentales vulnerados de Belisario Neira Páez, en particular los derechos a la
participación política, el debido proceso, la igualdad y el principio de transparencia
electoral.
2. Suspender provisionalmente los efectos de la elección de José Eustaquio Ariza
Pardo como alcalde de San José de Pare hasta que se resuelva de fondo la presente
acción.
3. Revocar la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, Sección
Quinta, emitida el 5 de diciembre de 2024, y ordenar la aplicación del precedente
judicial establecido, considerando la diferencia entre los dos primeros candidatos
como criterio determinante para evaluar la incidencia de los votos trashumantes.
4. Subsidiariamente, ordenar la realización de nuevas elecciones en el municipio de
San José de Pare, asegurando la transparencia y la expresión genuina de la
voluntad popular.
5. Prevenir al Consejo de Estado (Sección Quinta) para que, en futuros casos de
trashumancia electoral, aplique criterios objetivos basados en la jurisprudencia
establecida que garanticen la participación política y el respeto por la voluntad
popular […]”.
8.1. Como fundamento de su solicitud manifestó que9:
“[…] En el caso objeto de estudio la Sala Quinta incurrió en defecto factico con las
siguientes actuaciones:
Negarle el valor probatorio a la incidencia de los 87 votos en el resultado final para
el cargo uninominal de alcalde de San José de Pare para el periodo 2024-2027
pues quedó claro que 87 personas no autorizadas para votar lo hicieron mientras
que la diferencia entre el primero y el segundo candidato solo fue de 6 votos
Erró en consecuencia el Consejo de Estado al determinar que a pesar que hubo
87 votos trashumantes, y que la diferencia en votación entre los dos primeros
candidatos no debería anularse la elección desconociendo la gran incidencia y la
regla fijada por el mismo Consejo de Estado desde hace muchos años, incurriendo
en un via de hecho, como lo tiene definido la Corte Constitucional en decisiones
como la que cito:
“VIA DE HECHO-Conclusión judicial contraevidente en evaluación de
pruebas
8 Transcripción literal del texto.
9 Ibidem.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
Se puede producir también una vía de hecho en el momento de evaluar la
prueba, si la conclusión judicial adoptada con base en ella es
contraevidente, es decir, si el juez infiere de ella hechos que, aplicando las
reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes, no
podrían darse por acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a la
razón, desproporcionadas o imposibles de obtener dentro de tales
postulados.” Negrilla a propósito.
2.DEFECTO SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.
La H. Corte Constitucional ha definido este defecto y referido en que casos se
presenta, en muchos pronunciamientos, incluido el de la sentencia T.781-11, en el
siguiente sentido:
“DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL-Casos en que se configura
Como ha sido perfilado por la jurisprudencia constitucional, se podría
configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la decisión cuestionada se
funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por
ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se
encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada
inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o
aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce
sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando
se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones
aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende,
inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica
a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador.”
En el caso en estudio se puede afirmar que la Sala Quinta incurrió en defecto
sustancial en las siguientes actuaciones:
1. Desconoció que 87 personas que no estaban autorizadas para votar en
el municipio de San José de Pare votaron el 29 de octubre de 2023 para el
cargo de alcalde
2. Desconoció que la diferencia entre el primer y segundo candidato es de
6 votos y que en consecuencia debió aplicarse la jurisprudencia tradicional
o en su defecto la nueva regla pero solo atendiendo la incidencia respecto
de los que realmente fueron afectados, es decir, el primer y el segundo
candidato.
3. Desconoció que si se aplica la nueva regla de manera literal
desconociendo la verdad electoral se afectan los derechos de todos los
ciudadanos del municipio de San José de Pare pues se está “legalizando”
la trashumancia ya que en definitiva primaron los derechos de los 87
trashumantes sobre el resto de la población afectando también los derechos
del aquí accionante. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
Actuación
9. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 17 de enero de 2025: i) admitió la acción de tutela ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado; y iii) vinculó
como terceros con interés legítimo, a José Eustaquio Ariza Pardo, a la Procuraduría
General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría General de
la Nación, a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. El Tribunal Administrativo de Boyacá manifestó que tramitó el proceso en
primera instancia y que mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que “[…] la Registraduría Nacional del
Estado Civil no actualizó el censo electoral en la medida que las decisiones del
Consejo Nacional Electoral no adquirieron firmeza antes de los plazos previstos y
por ende tampoco fueron comunicadas, lo que significó que los ciudadanos que
fueron objeto del procedimiento administrativo de exclusión de cédulas hubieran
ejercido su derecho al voto conforme con el lugar en donde inscribieron sus cédulas
de ciudadanía, es decir, sus votos no fueron irregulares. En suma, no se configuró
el voto de personas no autorizadas que conforme con las reglas del procedimiento
administrativo electoral (Decreto 2241 de 1986) y lo aducido, en forma antitécnica
en la demanda, había ocurrido y configuraba la causal de nulidad del artículo 275
– 3 de la ley 1437 de 2011. […]”.
10.1. Indicó que la tutela pretendió atacar la sentencia proferida por de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, porque ese Despacho tuvo en cuenta para su
decisión, una nueva regla jurisprudencial de 10 de octubre de 2024, que fue
reiterada el 7 de noviembre de 2024, conforme con las cuales para el cálculo de
incidencia de irregularidades de trashumancia, para cargos uninominales será un
método diferente al de afectación ponderada.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
10.2. Sostuvo que las pretensiones de la tutela están dirigidas exclusivamente al
Consejo de Estado, que fue el que usó la nueva metodología y no la regla
jurisprudencial anterior que se basaba en la diferencia de votos entre el primer y
segundo candidato.
10.3. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá allegó copia digital del
expediente del proceso de nulidad electoral identificado con el núm. único de
radicación 150012333000202300468-01.
11. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación por
considerar que le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que no es responsable de proteger los derechos señalados por el actor, al no ser
el juez natural dentro del proceso administrativo, en el que se profirió la sentencia
cuestionada y que no tiene injerencia, en la decisión que tomen jueces y
Magistrados de la República.
12. El Consejo Nacional Electoral solicitó ser desvinculado del proceso, al
considerar que le asiste falta de legitimación en la causa por pasiva, por no tener
participación ni directa ni indirecta en los hechos que configuran la acción de tutela,
al ser una decisión de la autoridad judicial.
13. La Procuraduría General de la Nación y José Eustaquio Ariza Pardo guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de tutela, en primera
instancia, el 27 de febrero de 2025, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Belisario
Neira Páez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.
15. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En el escrito de tutela el reproche principal del actor consistió en que se aplicó
una nueva regla jurisprudencial, contenida en la sentencia de 10 octubre de 2024 de
radicado 15001-23-33-000-2023-00483-01, referente al cálculo de la incidencia de la
trashumancia en los resultados de las elecciones, la cual fue empleada en la
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
sentencia de segunda instancia controvertida. Con base en ese argumento
fundamentó los defectos invocados. Sin embargo, como se dejó constancia en la
providencia atacada, en los alegatos de conclusión de segunda instancia fue el ahora
tutelante quien solicitó la aplicación de esa misma sentencia […]”.
[…]
“[…] Lo anterior denota que la parte actora está empleando la tutela como una
prolongación del debate surtido en el medio de control, pues en este último solicitó la
aplicación en el caso de la sentencia de 10 octubre de 2024 de radicado Nro. 15001-
23-33-000-2023-00483-01, en lo referente a la regla de incidencia; mientras que en el
escrito de tutela fundamentó sus reproches, justamente, en el empleo de la regla
jurisprudencial contenida en esa providencia. Sobre este punto, en la sentencia de
segunda instancia atacada la Sección Quinta de esta Corporación manifestó que, si
bien la solicitud de aplicación de la sentencia de 10 octubre de 2024 fue
extemporánea, lo cierto era que en esa providencia se fijó una regla aplicable al caso,
por tratarse de asuntos de trashumancia en cargos uninominales. […]”.
[…]
“[…] Entonces, resulta contradictorio que finalizado el medio de control se haya
reprochado ante el juez de tutela la utilización de la regla que el propio accionante
solicitó utilizar en los alegatos de conclusión de segunda instancia. No podría el juez
de tutela censurar a la Sección Quinta por hacer uso de la jurisprudencia que la propia
parte solicitó fuera empleada en el caso. Esto implica que la tutela se está utilizando
para extender el debate desarrollado en el medio de control con argumentos que
resultan totalmente opuestos a lo solicitado en el debate electoral. […]”.
[…]
“[…] Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya resueltas en el
proceso ordinario ni mucho menos adicionar o completar los argumentos que
debieron exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la causa
defendida. Debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en
relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural y la supuesta
vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o
acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada
para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa. […].
[…]
“[…] Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis
de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De
ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración de
derechos fundamentales.
Justamente, lo advertido en el caso es que el accionante presentó tutela por no estar
de acuerdo con la decisión adoptada por la autoridad accionada. Sin embargo, tal
discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su derecho al debido
proceso ni al acceso a la administración de justicia.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.
No debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales proferidas por altas
Cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de un
error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con
la Constitución Política y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo
cual no acontece en el sub examine.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un
juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios de
cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a
fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los
requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la relevancia
constitucional. Estos requisitos deben cumplirse todavía con mayor rigor tratándose
de una decisión proferida por el órgano de cierre judicial en la materia.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen, no hay
lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para analizar los
defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos generales se
cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al segundo estadio de
análisis consistente en determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos planteados por el tutelante. […]”.
La impugnación
16. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado por las siguientes razones10:
• “[…] Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis
de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De
ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración
de derechos fundamentales.
Justamente, lo advertido en el caso es que el accionante presentó tutela por no
estar de acuerdo con la decisión adoptada por la autoridad accionada. Sin
embargo, tal discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su derecho
al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una
vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.
No debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales proferidas por altas
Cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de
10
Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la jurisprudencia
constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un
juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con
rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional. Estos requisitos deben cumplirse todavía
con mayor rigor tratándose de una decisión proferida por el órgano de cierre judicial
en la materia.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para analizar
los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos generales
se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al segundo estadio de
análisis consistente en determinar si las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos planteados por el tutelante. […]”.
[…]
“[…] En primer término, me permito recordar que cuando nos encontrábamos a la
espera del fallo de segunda instancia se produjo un viraje jurisprudencial frente a
las consecuencia de la nulidad electoral producida por el fenómeno (tipo penal)
conocido como trashumancia.
En este sentido debemos tener presente que con anterioridad al 10 de octubre de
2024 la consecuencia (por vía jurisprudencial) consistía en realizar una
redistribución ponderada de la votación obtenida por cada candidato en las mesas
donde se detectara que personas no habilitadas para votar efectivamente lo
hubieran hecho y que la votación de los trashumantes incidieran en el resultado
final. Sin embargo, desde el 10 de octubre de 2024 la consecuencia ya no era
aplicar esa regla matemática sino LA CONVOCATORIA A UNA NUEVA
ELECCIÓN.
Es precisamente eso lo que el apoderado pretendió solicitar -que en caso de no
poderse aplicar la regla anterior- como consecuencia de la nulidad solicitada se
CONVOCARA A UNA NUEVA ELECCIÓN.
Es más, no puede ser ese el argumento sobre el cual se denieguen las
pretensiones de la Tutela ya que en mismo fallo de Tutela se reconoce que:
La Sección Quinta manifestó que, aunque dicha petición fue extemporánea en
tanto que lo relativo al método para el cálculo de incidencia no fue expuesto ni en
la demanda ni en el escrito de apelación, lo cierto es que a partir de la sentencia
del 10 de octubre de 2024 la Sección Quinta adoptó un método diferente al de
afectación ponderada, para el cálculo de incidencia de irregularidades, derivadas
de trashumancia electoral, cuando se trata de cargos uninominales.
Ahora bien; en referencia a lo dicho por el Despacho en el sentido que De manera
reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales,
la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia
en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una
vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.
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Actor: Belisario Neira Páez
Y que No debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales proferidas
por altas Cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y
actuar como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la
configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que
esta riña de manera abierta con la Constitución Política y que sea
incompatible con la jurisprudencia constitucional me permito esbozar los
siguientes argumentos:
1) Lo que está en juego con el fallo de segunda instancia proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado reviste una relevancia extraordinaria en materia
constitucional no solo porque está en juego la democracia (que es el pilar esencial
de nuestro Estado Social de Derecho) del Municipio de San José de Pare sino que
la aplicación de la nueva regla (en el sentido de tener en cuenta siempre al tercer
candidato en orden de votación desconoce el derecho de las mayorías y del
segundo candidato ya que la INCIDENCIA de la votación puede afectar solo a los
dos primeros.
2) Cuando ocurra un caso como el de San José de Pare donde el tercer candidato en
votación haya obtenido menos votación que el numero de votos trashumantes no
puede la administración de Justicia desconocer el Derecho de quienes sufragaron
de manera libre y con arreglo a las normas legales, pues al tener en cuenta siempre
al tercero en votación se está premiando a los trashumantes por encima de quienes
sufragaron correctamente.
3) Para el caso que nos ocupa no podemos desconocer que, de acuerdo con el
formulario E-26, los tres candidatos que obtuvieron la mayor votación fueron:
Candidato Votos
José Eustaquio Ariza Pardo 1.367
Belisario Neira Páez 1.361
Entonces, lo que se pide en la Tutela no es más que la aplicación de una regla que
garantice el derecho de las mayorías y no que se premie a los trashumantes pues
NO EN TODOS LOS CASOS DEBE TENERSE EN CUENTA AL TERCER
CANDIDATO en votación pues conforme a la nueva regla jurisprudencial fijada
por la Sala de lo Electoral (aplicada en San José de Pare) si se tiene en cuenta al
tercero se puede estar cercenando el derecho del segundo en votación y de
quienes sufragaron por él y en cambio se puede estar alentando a que en adelante
se sigan desarrollando practicas antidemocráticas y delictivas como lo es la
trashumancia.. es decir; si se permite que se aplique la regla teniendo en cuenta al
tercero en votación desconociendo que la INCIDENCIA pudo afectar solo a los dos
primeros, lo que va a ocurrir en el futuro es que se inscriba un candidato que
obtenga muy baja votación para poder “legalizar” el “trasteo de votos” y será el
Consejo de Estado (Sección Quinta) el principal responsable de esas prácticas
corruptas que tanto daño hacen a nuestra democracia.
4) No puede desconocerse la relevancia constitucional en el sentido que los
trashumantes (87 en total) INCIDIERON en el resultado final y que ese número
de votos trashumantes es suficiente para afectar la votación obtenida por los dos
primeros candidatos y por ende se afectó la democracia dado que primó el querer
de los trashumantes sobre los seis (6) votos de diferencia que separan el primero
del segundo.
5) Este nuevo criterio (donde se incluyen a los tres primeros candidatos)- no puede
bajo ninguna circunstancia permitir que se afecten los derechos de los dos primeros
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Actor: Belisario Neira Páez
candidatos pues la verdad electoral y la incidencia de los votos puede en todo caso
afectar solamente a los dos primeros y no necesariamente al tercero quien puede
obtener un resultado significativamente superior a los votos trashumantes y eso no
significa que la irregularidad no ocurrió.
6) Se reitera que de aplicarse la nueva regla siempre incluyendo al tercer candidato
en orden de votación se cercena el derecho fundamental a elegir y ser elegido y el
acceso a la administración de justicia del segundo en votación En su momento, la
Sección Quinta consideró que, para calcular la incidencia de la votación por lo tanto;
para el caso concreto , era necesario aplicar el método que mejor atendiera a la
verdad electoral porque: […] aun cuando el método de afectación ponderada en los
asuntos de trashumancia corresponde a una tradición jurisprudencial de vieja data
(que por demás se encuentra ampliamente justificado), ello no implica que sea el
único; sobre todo en asuntos como el que ahora se estudia, en el que la
votación transeúnte es potencialmente significativa, si se tiene en cuenta que
supera con creces la diferencia de votos entre los dos candidatos a la alcaldía
de San José de Pare. […]”.
[…]
“[…] Es de vital relevancia constitucional el tema que nos atañe y por ello se reiteran
las pretensiones de la Acción de Tutela principalmente porque el fallo de la Sección
Quinta desconoce el precedente judicial emanado de esa misma corporación,
desconoce el artículo 275-7 de la Ley 1437 de 2011 y desconoce el artículo 316
Superior. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199111, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 202112 y con el artículo 1313 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201914, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
12 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
13 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200615, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
15 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
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calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el
actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera
que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[16]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable
de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta
la que inflige el daño […]”.
22. La Sala advierte que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
23. Al respecto, es preciso indicar que dicha autoridad fue parte vinculada dentro
marco del proceso ordinario, por lo que le asiste interés.
24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil les asiste interés en la decisión de tutela
que esta Sala profiera.
16 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actor: Belisario Neira Páez
25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
27. Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; v) análisis del caso concreto y finalmente
las vi) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena17, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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29. Esta Sección adoptó18 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200519, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”20 que encaje en dichos parámetros.
32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201421.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
19 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Actor: Belisario Neira Páez
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
35. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201422, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [23]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [24].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [25].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
22 Ut supra página 6.
[23] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[24] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[25] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
21
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Actor: Belisario Neira Páez
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [26].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [27]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [28].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [29]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
[26] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[27] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[28] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[29] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Núm. único de radicación: 110010315000202500099-01
Actor: Belisario Neira Páez
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
36. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado30:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”31
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”32
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
30 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
31 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
32 Ibidem.
23
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Actor: Belisario Neira Páez
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
37. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
38. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202233 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
24
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Actor: Belisario Neira Páez
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
39. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
25
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Actor: Belisario Neira Páez
40. Atendiendo a que la Corte Constitucional34 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
41. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional35 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
34 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
35 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actor: Belisario Neira Páez
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
43. El actor, a través de apoderado36 presentó acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 5 de
diciembre de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202300468-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
44. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
45. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
36 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “3_DemandaWeb_Poder_podertutela(.pdf) NroActua
2”. Archivo aportado en forma digital.
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Actor: Belisario Neira Páez
46.1 Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202300468-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
47. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente37:
“[…] “[…] En el caso objeto de estudio la Sala Quinta incurrió en defecto factico con
las siguientes actuaciones:
Negarle el valor probatorio a la incidencia de los 87 votos en el resultado final para
el cargo uninominal de alcalde de San José de Pare para el periodo 2024-2027
pues quedó claro que 87 personas no autorizadas para votar lo hicieron mientras
que la diferencia entre el primero y el segundo candidato solo fue de 6 votos
Erró en consecuencia el Consejo de Estado al determinar que a pesar que hubo
87 votos trashumantes, y que la diferencia en votación entre los dos primeros
candidatos no debería anularse la elección desconociendo la gran incidencia y la
regla fijada por el mismo Consejo de Estado desde hace muchos años, incurriendo
en un via de hecho, como lo tiene definido la Corte Constitucional en decisiones
como la que cito:
“VIA DE HECHO-Conclusión judicial contraevidente en evaluación de pruebas
Se puede producir también una vía de hecho en el momento de evaluar la
prueba, si la conclusión judicial adoptada con base en ella es contraevidente,
es decir, si el juez infiere de ella hechos que, aplicando las reglas de la lógica,
la sana crítica y las normas legales pertinentes, no podrían darse por
acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a la razón,
desproporcionadas o imposibles de obtener dentro de tales postulados.”
Negrilla a propósito.
2.DEFECTO SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.
La H. Corte Constitucional ha definido este defecto y referido en que casos se
presenta, en muchos pronunciamientos, incluido el de la sentencia T.781-11, en el
siguiente sentido:
“DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL-Casos en que se configura
37 Transcripción literal del texto.
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Actor: Belisario Neira Páez
Como ha sido perfilado por la jurisprudencia constitucional, se podría
configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la decisión cuestionada se
funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por
ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se
encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada
inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o
aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce
sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando
se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones
aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende,
inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica
a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador.”
En el caso en estudio se puede afirmar que la Sala Quinta incurrió en defecto
sustancial en las siguientes actuaciones:
1. Desconoció que 87 personas que no estaban autorizadas para votar en
el municipio de San José de Pare votaron el 29 de octubre de 2023 para el
cargo de alcalde
2. Desconoció que la diferencia entre el primer y segundo candidato es de
6 votos y que en consecuencia debió aplicarse la jurisprudencia tradicional
o en su defecto la nueva regla pero solo atendiendo la incidencia respecto
de los que realmente fueron afectados, es decir, el primer y el segundo
candidato.
3. Desconoció que si se aplica la nueva regla de manera literal desconociendo la
verdad electoral se afectan los derechos de todos los ciudadanos del municipio de
San José de Pare pues se está “legalizando” la trashumancia ya que en definitiva
primaron los derechos de los 87 trashumantes sobre el resto de la población
afectando también los derechos del aquí accionante. […]”.
[…]”.
48. Para la Sala el asunto controvertido por el actor, ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.
49. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad electoral y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
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Actor: Belisario Neira Páez
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
50. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente38:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”39, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”40. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
51. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
38 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
39 Sentencia SU-050 de 2018.
40 Sentencia SU-354 de 2017.
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Actor: Belisario Neira Páez
52. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
53. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
54. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la acción
de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia
la trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación tiene su origen
en un asunto de contenido legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
55. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 27
de febrero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Actor: Belisario Neira Páez
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 27 de febrero de 2025 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con permiso
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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