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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00100-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00100-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor Jairo Alexander Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Huila, al no encontrarse configurado el defecto por desconocimiento del precedente alegado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00100-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de febrero de 2025

Demandante: Jairo Alexander Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00100-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00100-00
Demandante: JAIRO ALEXANDER SÁNCHEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Desconocimiento del
precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor
Jairo Alexander Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Jairo Alexander Sánchez, actuando por intermedio de apoderada
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila. Con
su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, a los derechos adquiridos y al acceso a la
administración de justicia.

2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
providencia proferida el 9 de julio de 2024 por la autoridad judicial accionada, en
el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicado 41001-33-33-002-2023-00165-00/01.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. Tribunal Administrativo del Huila, al proferir la providencia
del 9 de julio de 2024 y desconocer la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre la aplicación de la cosa juzgada relativa en temas de prestaciones
periódicas.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados

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Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
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se deje sin efecto la providencia No. 208 del 9 de julio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila.

3. Que una vez se deje sin efectos la providencia No. 208 del 9 de julio de 2024,
se ordene al Tribunal Administrativo del Huila que profiera nueva decisión en
la que se revoque la decisión del 7 de diciembre de 2023, por medio de la cual
el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Neiva declaró la excepción de cosa
juzgada y dio por terminado el proceso.

4. Que se advierta a las entidades tuteladas sobre las consecuencias que
conlleva el incumplimiento de la providencia que su despacho profiera.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El actor estuvo vinculado al Ejército Nacional en condición de soldado
profesional por más de 20 años, lo que le otorgó el derecho a devengar
asignación de retiro.

6. Mediante Resolución del 27 de mayo de 2019, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (en adelante, Cremil) reconoció la asignación de retiro al señor
Sánchez y para su liquidación incluyó el 70% del salario mensual, con adición del
38.5% de la prima de antigüedad y el 30% del subsidio familiar devengado en
actividad.

7. El 27 de agosto de 2019, el accionante solicitó ante tal autoridad la
reliquidación de tal prestación con el reajuste e indexación de la prima de
antigüedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 4433
del 2004. Mediante el Oficio 20424911 del 17 de septiembre de 2019, Cremil
negó lo pedido.

8. El demandante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra dicho acto administrativo. Este proceso se identificó con el
radicado 41001-33-33-003-2020-00039-00. En tal oportunidad solicitó la
reliquidación de su asignación de retiro de conformidad con los parámetros
establecidos en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y la sentencia de
unificación SUJ 015 de 2019 proferida por el Consejo de Estado.

9. Por medio de sentencia del 10 de diciembre de 2021, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Neiva negó las pretensiones, al concluir que el oficio
cuestionado se encontraba ajustado a derecho. Esto, pues tomó correctamente
el 70% de la asignación salarial percibida por el actor al momento del retiro y le
adicionó el 38.5% de la prima de antigüedad, de conformidad con la postura
unificada del Consejo de Estado.

10. El 19 de octubre de 2022, Cremil expidió la certificación de partidas
computables en el que se evidenció que, para calcular la prima de antigüedad, la

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entidad partía del 70% de la asignación salarial básica del señor Sánchez.

11. Por tanto, el actor solicitó nuevamente a la entidad el reajuste de su
asignación de retiro con el fin de que la prima de antigüedad fuese liquidada
partiendo del 100% del sueldo básico. Mediante Oficio 2023035423 del 31 de
mayo de 2023, Cremil informó al actor que lo pedido no era procedente toda vez
que el asunto ya había tenido pronunciamiento de fondo por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

12. Inconforme con ello, el accionante promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra dicho acto administrativo, con el fin de que
se reajustara el valor reconocido por prima de antigüedad en su asignación de
retiro. Este proceso se identificó con el radicado 41001-33-33-002-2023-00165-
00/01.

13. En auto dictado en audiencia del 7 de diciembre de 2023, el Juzgado
Segundo Administrativo de Neiva declaró probada la excepción de cosa juzgada
propuesta por Cremil y decretó la terminación del proceso. Lo anterior, pues
encontró acreditados los requisitos de identidad de partes, de objeto y de causa
petendi.

14. La parte actora interpuso recurso de reposición y alegó que en relación
con prestaciones periódicas la cosa juzgada opera de manera relativa y no
absoluta, por lo que la decisión judicial no es vinculante con respecto a las
mesadas que se causen con posterioridad a la ejecutoria de la providencia.

15. En providencia del 9 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila
confirmó la decisión de primera instancia. Sostuvo que en el asunto se
configuraba la triple identidad referida. Con respecto a la identidad de objeto,
indicó que el señor Sánchez en ambos medios de control invocó como
parámetros normativos el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado.

16. En relación con la igualdad de causa, indicó que en las dos demandas
promovidas se fundamentaron en el reajuste de la prima de antigüedad en la
liquidación de la asignación de retiro. Señaló que en ambas oportunidades se
solicitó que ello se realizara sobre el 100% del sueldo básico y no del 70%, como
se estableció en las disposiciones normativas indicadas.

17. Argumentó que, si bien los actos administrativos demandados son
disímiles, en los dos procesos se pretende el reajuste de tal prima y, con ello, la
reliquidación de la asignación de retiro, sin que mediaran extremos temporales y
sin límite de rango o mesadas causadas. Sostuvo que en el asunto no es
aplicable la cosa juzgada relativa, pues en la sentencia del 10 de diciembre de
2021 se abordó el mismo objeto de litigio, por lo que quedó definido y es
vinculante para el asunto en cuestión.

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18. La providencia de segunda instancia se notificó el 15 de julio de 2024
mediante correo electrónico.

1.4. Sustento de la vulneración

19. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en el que se ha
desarrollado la teoría de la cosa juzgada relativa.

20. Explicó que esta figura es aplicada a los casos en los que se discute el
reajuste de una prestación periódica y que, en virtud de ella, la cosa juzgada
puede ser relativizada en estos casos. Agregó que, con dicha doctrina, se ha
precisado que las decisiones desfavorables solo tienen efectos vinculantes
respecto de las mesadas que ya hayan sido objeto de la decisión, y no de las
causadas con posterioridad a la ejecutoria.

21. En tal sentido, indicó que mediante el auto interlocutorio del 13 de mayo
de 20151, la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicó la teoría de la cosa
juzgada relativa. Citó un apartado textual de tal providencia en el que se advierte
que, al tratarse el asunto estudiado en dicha ocasión de un derecho pensional
considerado como una prestación periódica, la demandante podía solicitar que
se reliquide su mesada pensional «cuantas veces quiera, ante la administración
de justicia y la jurisdicción contenciosa administrativa».

22. Hizo referencia a la sentencia del 1.º de diciembre de 20162 de la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en la que se resolvió una
solicitud de extensión de jurisprudencia contra la UGPP. En este fallo se indicó
que el principio de cosa juzgada puede relativizarse en los casos donde se
pretenda el reconocimiento y pago de un derecho que afecte una prestación
periódica como las pensiones. Lo anterior, dado que las decisiones contrarias a
las reclamaciones de los asociados solo producen efectos vinculantes respecto
de las mesadas que ya fueron objeto de la decisión, pero no frente a aquellas
que se causen con posterioridad a la ejecutoria de la providencia.

23. Sostuvo que esta tesis fue confirmada en la sentencia del 3 de diciembre
de 20203 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
en la que se habría insistido en la posibilidad de relativizar la cosa juzgada con
el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas pensionadas.
Allí se indicó que la naturaleza de esta prestación modifica el fundamento fáctico
de los litigios, pues la prestación se sigue causando en el tiempo y con

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. M.P. Gerardo

Arenas Monsalve. Auto del 13.05.15. Rad.: 25000-23-42-000-2012-01645-01(0932-14).
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Sentencia del 1.12.16. Rad.: 11001-03-25-000-2013-00406-
00(0865-13)
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
M.P. Rafael Francisco Suárez. Sentencia del 3.12.20. Rad.: 25000-23-42-000-2016-00778-
01(1103-18).

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posterioridad a los fallos en que se profiera algún pronunciamiento frente al
contenido y alcance del beneficio.

24. Argumentó que en providencia del 14 de octubre de 20214, la Sección
Segunda, Subsección B extendió los efectos de una sentencia de unificación que
habían sido negados al actor en la etapa administrativa. Allí precisó que para los
casos de una prestación periódica no se configura la cosa juzgada, dado que
esta debe ser relativizada. Allí se reiteró que, al tratarse de un asunto de carácter
pensional, el demandante puede solicitar que se reliquide su pesada pensional
las veces considere pertinente ante la administración o la jurisdicción contenciosa
administrativa.

1.5. Trámite de la acción de tutela

25. Por auto de 15 de enero de 2024, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionado al Tribunal Administrativo del Huila. De igual forma, vinculó en calidad
de terceros con interés al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y a la Caja
de Retiros de las Fuerzas Militares.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

26. Señaló que no existió vulneración de derechos fundamentales, puesto que
el demandante ha tenido a su disposición los medios judiciales para su defensa,
por lo que no se transgredió su derecho al debido proceso. Agregó que el hecho
de que no se hubiera accedido a las pretensiones formuladas no implica que el
juez incurra en una vía de hecho.

27. Afirmó que la entidad actuó conforme a derecho y los actos administrativos
cuestionados en el proceso ordinario gozan de presunción de legalidad, así como
las providencias atacadas. Por tanto, solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo de Neiva

28. Se opuso al amparo invocado pues, a su juicio, no incurrió en ninguna
transgresión de las garantías constitucionales del actor. Sostuvo que en el trámite
se garantizaron los derechos al debido proceso, a la defensa y contradicción y al
acceso a la administración de justicia, en aplicación de las normas que regulan
el asunto.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
M.P. César Palomino Cortés. Sentencia del 14.10.21. Rad.: 11001-03-25-000-2020-00554-
00(1269-20).

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29. Expuso que no incurrió en desconocimiento del precedente pues, por el
contrario, la decisión adoptada estuvo fundamentada en un estudio de los hechos
de la demanda y las pruebas obrantes en el expediente, lo que le permitió al
despacho concluir que en el caso en concreto se configuraban los presupuestos
de la cosa juzgada.

30. Consideró que el litigio propuesto carece de relevancia constitucional,
puesto que en el escrito inicial no se hace referencia a la vulneración de algún
derecho fundamental derivada de la decisión cuestionada. Agregó que lo
pretendido por el accionante es hacer uso de este mecanismo como una instancia
adicional al proceso ordinario.

31. Puso de presente que aun cuando los actos administrativos fueron
diferentes en los dos medios de control, los fundamentos son los mismos, por lo
que se logró acreditar la identidad de objeto, causa y partes.

32. El Tribunal Administrativo del Huila se limitó a remitir la copia del
expediente digital en el que se profirió la providencia objeto de la presente acción
de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. Esta sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Huila.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021
y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

35. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
el señor Jairo Alexander Sánchez conformó el extremo accionante del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-002-2023-
00165-00/01. Por tanto, es la titular de los derechos fundamentales cuya
protección reclama por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.

36. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila
está legitimado en la causa por pasiva, al ser la autoridad judicial que profirió la
providencia cuestionada mediante esta acción constitucional.

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2.3. Problemas jurídicos

37. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

38. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, a los derechos adquiridos y al acceso a la
administración de justicia del señor Jairo Alexander Sánchez al dictar la
providencia del 9 de julio de 2024?

39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii)
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.

41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y examinar si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

45. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela

2.5.1. Tutela contra tutela

46. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia de 9 de
julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 41001-33-33-002-2023-
00165-00/01.

2.5.2. Inmediatez

47. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día
siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en
segunda instancia (art. 302 CGP11). Lo anterior toda vez que se profirió el 9 de
julio de 2024, se notificó el 15 de julio siguiente y la acción constitucional se radicó
el 14 de enero de 2025.

48. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la providencia
referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin establecer la fecha
de ejecutoria de la decisión objetada.

2.5.3. Subsidiariedad

49. En consideración al requisito de subsidiariedad, se advierte que la parte
actora no cuenta con mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia cuestionada. Esto, dado que la providencia objeto de
esta acción corresponde a un auto de segunda instancia proferido en un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la que no procede ningún
recurso. A su vez, los argumentos formulados no configuran ninguna de las

11 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no

sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».

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causales por las que proceden los recursos extraordinarios de revisión y
unificación de jurisprudencia.

2.5.4. Relevancia constitucional

50. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes
criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.

51. Al respecto, la sala considera que el actor cumplió con suficiencia la carga
argumentativa mediante la cual justificó que el asunto versa sobre una
controversia de evidente relevancia constitucional. Esto, al señalar que los
derechos fundamentales invocados están en tensión con la decisión adoptada
mediante el auto del 9 de julio de 2024 que confirmó la providencia de primera
instancia que declaró la cosa juzgada en el litigio promovido contra Cremil.

52. En efecto, el actor formuló una controversia de raigambre constitucional al
formular como principal argumento que, en la decisión cuestionada, el Tribunal
Administrativo del Huila desconoció el precedente reiterado de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, según el cual, en controversias relacionados
con derechos de carácter pensional no opera el fenómeno de cosa juzgada de
manera absoluta. A juicio del actor, la jurisprudencia del alto tribunal establece
que una persona puede acudir cuantas veces considere pertinente ante la
administración o la jurisdicción de lo contencioso administrativo y solicitar la
reliquidación de su pensión. Lo anterior, dada la naturaleza periódica de esta
prestación.

53. De tal forma, el tutelante trajo a colación algunas providencias dictadas por
la Sección Segunda del Consejo de Estado que avalarían la postura expuesta en
el escrito de tutela. A su vez, señaló con suficiencia las razones por las que

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considera que el precedente sentado por dichas providencias es aplicable al caso
en concreto y en qué sentido fue desatendido por el tribunal accionado.

54. A su vez, al tratarse de una controversia en la que, tanto en primera como
en segunda instancia, se declaró la cosa juzgada, la tensión entre las garantías
fundamentales del tutelante y lo dictado por el auto censurado es evidente. Esto,
pues el demandante puso de presente que el tribunal no solo desconoció el
precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sino que con ello
vulneró su derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
pues se le privó de la posibilidad de obtener una solución de fondo con respecto
a su situación pensional.

55. En este orden de ideas, se considera que estos argumentos no comportan
una simple intención de revivir alguna de las etapas procesales ya zanjadas en
el proceso objeto del presente trámite constitucional. Por tanto, lo pretendido por
el accionante no es simplemente manifestar su inconformidad con respecto a la
decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, ni tampoco formular un
debate eminentemente legal o económico.

56. De conformidad con lo expuesto y ante la evidente relevancia
constitucional de la controversia propuesta, este juez constitucional deberá
determinar si tales garantías de orden superior fueron transgredidas por medio
de la providencia cuestionada.

2.5.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados

57. Se observa que la parte actora cumplió con este requisito en tanto que
identificó los hechos y explicó detalladamente las razones por las que considera
que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente.

2.5.6. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

58. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente
caso porque no se le reprocha ningún error procesal a la sentencia objeto de
censura.

59. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración del derecho fundamental al debido proceso ante la presunta
configuración de los yerros formulados en la demanda.

60. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre el defecto alegado, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.

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2.6. Generalidades del defecto alegado

2.6.1. Desconocimiento del precedente

61. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente12.

62. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos13 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

63. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.7. Análisis del caso en concreto

64. Como se expuso en los antecedentes de este fallo, a juicio de la parte
tutelante, de conformidad con el precedente de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, el Tribunal Administrativo del Huila no debió confirmar la decisión de
primera instancia que declaró probada la excepción de cosa juzgada en el litigio
que promovió ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

65. Señaló que, según lo establecido por el alto tribunal, para asuntos en los
que se discuten reajustes pensionales y asignaciones de retiro debe aplicarse la
figura de la cosa juzgada relativa. Expuso que, dada la naturaleza periódica de
estas prestaciones, las sentencias ejecutoriadas únicamente tienen efectos
vinculantes respecto a las mesadas que han sido objeto de la decisión. En este
sentido, insistió en que aquellas que se causen con posterioridad no están
cobijadas por tales decisiones y, por tanto, el interesado puede acudir tanto a la
administración como a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo las veces
que considere pertinente y solicitar la reliquidación de su pensión.

66. Como fundamento de su postura, trajo a colación las siguientes sentencias
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de julio de

2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
13 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de

6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Auto del 13.05.15. Rad.: 25000-
23-42-000-2012-01645-01(0932-14).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Sentencia del
1.12.16. Rad.: 11001-03-25-000-2013-00406-00(0865-13).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. M.P. Rafael Francisco Suárez. Sentencia del
3.12.20. Rad.: 25000-23-42-000-2016-00778-01(1103-18).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. M.P. César Palomino Cortés. Sentencia del
14.10.21. Rad.: 11001-03-25-000-2020-00554-00(1269-20).

67. Por su parte, en el auto enjuiciado se confirmó la decisión de primera
instancia mediante la cual se había establecido que entre los expedientes 41001-
33-33-003-2020-00039-00 y 41001-33-33-002-2023-00165-00/01 concurría la
identidad de sujetos procesales, objeto, pretensiones y causa. Esto, toda vez
que:

i- En ambos casos fungió como demandante el señor Jairo Alexander
Sánchez y como accionada la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

ii- Con respecto a la identidad de objeto, indicó que el señor Sánchez en
ambos medios de control invocó como parámetros normativos el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado.

iii- En relación con la igualdad de causa, indicó que en las dos demandas
promovidas se fundamentaron en el reajuste de la prima de antigüedad
en la liquidación de la asignación de retiro. Señaló que en ambas
oportunidades se solicitó que ello se realizara sobre el 100% del sueldo
básico y no del 70%, como se estableció en las disposiciones
normativas indicadas. Aclaró que, si bien los actos administrativos
demandados son disímiles, en los dos procesos se pretende el reajuste
de tal prima y, con ello, la reliquidación de la asignación de retiro, sin
que mediaran extremos temporales y sin límite de rango o mesadas
causadas. Sostuvo que en el asunto no es aplicable la cosa juzgada
relativa, pues en la sentencia del 10 de diciembre de 2021 se abordó
el mismo objeto de litigio, por lo que quedó definido y es vinculante
para el asunto en cuestión.

68. Con el fin de determinar si el tribunal accionado incurrió en
desconocimiento del precedente de las providencias mencionadas con
antelación, la sala procederá a exponer los presupuestos fácticos y la razón que
fundamentó la decisión adoptada en cada una de ellas. Esto, con el fin de

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determinar, posteriormente, si corresponden a pronunciamientos con hechos
análogos, en los que se hayan abordado problemas jurídicos similares y, con ello,
establecer si existe alguna regla o sub-regla de derecho aplicable al asunto en
concreto.

69. A su vez, se determinará si existe, como lo afirma el actor, una postura
reiterada y pacífica en la materia al interior del alto tribunal.

2.7.1. Auto del 13 de mayo de 2015 (radicado 25000-23-42-000-2012-01645-
01)

70. En dicha ocasión, la actora, quien estuvo vinculada al DAS, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL EICE en
liquidación, con el fin de que se declarara la nulidad del acto que negó la
reliquidación de su pensión de jubilación. Consideró que, para los trabajadores
de tal entidad, esta prestación debe calcularse con la inclusión de todos los
factores salariales devengados y certificados, entre los que se encuentra la prima
de riesgo, emolumento que no fue incluido en la liquidación de su mesada
pensional.

71. El juez de la primera instancia declaró de oficio la excepción de cosa
juzgada al considerar que en un proceso previo promovido por la accionante ya
se había definido un asunto con identidad de partes, objeto y causa. La
demandante interpuso recurso de apelación contra dicha decisión y, en segunda
instancia, la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó tal providencia.

72. Consideró que, al tratarse de un asunto de derecho pensional, cuya
naturaleza es periódica, la demandante podía solicitar que se reliquidara su
mesada las veces que fueran necesarias, ante la administración o la jurisdicción
contenciosa administrativa, una vez haya agotado los recursos correspondientes.
Por tanto, con independencia de la triple identidad, no era dable declarar la cosa
juzgada en este caso.

2.7.2. Sentencia del 1.º de diciembre de 2016 (radicado 11001-03-25-000-
2013-00406-00)

73. El actor, que estuvo vinculado a un hospital oficial, solicitó ante la UGPP
y, posteriormente, ante el Consejo de Estado, la extensión de efectos de la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, con el fin de que se ordenara
la reliquidación de su pensión de jubilación tomando como base de liquidación
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

74. En el estudio del asunto, se encontró que el actor había promovido contra
Cajanal una acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que
se condenara a esta entidad a pagar una pensión con el 75% de los factores
salariales devengados en el año anterior a su reconocimiento. En este proceso
se dictó sentencia en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

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75. La Sección Segunda concluyó que en dicha providencia no se había
dirimido el conflicto propuesto mediante la solicitud de extensión de
jurisprudencia, pues el juez del proceso ordinario sustentó su negativa en que el
actor demandó un acto ficto o presunto y la administración profirió y notificó una
resolución con respecto a su situación pensional, por lo que el proceso resultó
inútil. Por tanto, concluyó que no se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada.

2.7.3. Sentencia del 3 de diciembre de 2020 (radicado 25000-23-42-000-2016-
00778-01)

76. La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la UGPP con el fin de que se reliquidara su pensión teniendo en cuenta la
asignación salarial más elevada devengada durante el último año de servicios y
con la inclusión de la prima de productividad y prima de antigüedad, de
conformidad con el régimen especial que cobija a los servidores de la Rama
Judicial.

77. La demandante había promovido otro proceso en el que la pensión de
jubilación se reconoció al momento en que adquirió el estatus pensional, mientras
que, en el asunto estudiado en la sentencia analizada, la interesada solicitó la
reliquidación de la mesada pensional al momento de su retiro efectivo. Por tanto,
a pesar de que se cumplía con la identidad de objeto y partes, la causa petendi
era disímil, por el elemento diferenciador en referencia. Por tanto, en dicha
ocasión se concluyó que no había lugar a declarar la cosa juzgada.

2.7.4. Sentencia del 14 de octubre de 2021 (radicado 11001-03-25-000-2020-
00554-00)

78. El actor solicitó ante Cremil y, posteriormente, ante el Consejo de Estado,
la extensión de los efectos de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
con el fin de que se reajustara su asignación de retiro. Una vez estudiada la
situación fáctica y jurídica del demandante, encontró que era viable acceder a tal
pretensión de extensión de los efectos del fallo y, en tal sentido, se ordenó la
reliquidación de su mesada.

2.7.5. Estudio del defecto por desconocimiento del precedente

79. Del análisis efectuado por la sala con respecto a las providencias
referenciadas por el actor, se concluye que la única que cuenta con presupuestos
fácticos similares al presente asunto es la relacionada con el auto del 13 de mayo
de 2015. En relación con los pronunciamientos restantes, si bien es cierto que allí
se hizo alusión a lo que el actor ha denominado «teoría de la cosa juzgada
relativa», esto no fue determinante para la solución del caso en concreto, tal como
se estudió previamente. Ciertamente, en estas tres providencias tal doctrina fue
un aspecto que no estuvo relacionado con la decisión adoptada, motivo por el

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cual no constituye una regla o sub-regla de derecho que pueda ser aplicada al
caso en concreto.

80. Ahora bien, la sala considera que el hecho de que la Sección Segunda del
Consejo de Estado hubiera proferido el auto del 13 de mayo de 2015 en un asunto
con presupuestos fácticos similares al actual, no implica que esto sea una postura
reiterada y pacífica al interior del alto tribunal.

81. En efecto, en sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado el 18 de abril de 202414, se decidió un asunto en el que
se revocó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, se declaró la cosa juzgada. En tal ocasión, el litigio versó
sobre una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra
Cremil en la que se solicitó el reajuste de la asignación de retiro con la adición de
los porcentajes correspondientes al IPC aplicados para los ajustes pensionales.

82. En dicho asunto, se estudiaron los requisitos para la configuración de la
cosa juzgada con respecto a otro proceso con identidad de partes y en el que se
formuló como pretensión el mismo reajuste de la mesada pensional. La actora
aseguró que se había presentado un hecho nuevo que impedía que se
configurara tal fenómeno, al proferirse la sentencia del 29 de noviembre de 2012
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Al respecto, alegó
que en este fallo se había tomado una decisión que debía ser aplicada a su caso
en concreto, lo que le permitía promover nuevamente una demanda con las
mismas pretensiones ya formuladas.

83. No obstante, dicha sala concluyó que se presentaba una identidad de
partes, objeto y causa, por lo que era necesario decretar la cosa juzgada. Con
respecto al factor diferencial que trajo a colación la actora, indicó que esto no
habilitaba a la demandante para acudir nuevamente a la jurisdicción y, con ello,
quebrantar el principio de seguridad jurídica. Lo anterior, pues ya existía un
pronunciamiento que cobijaba su situación pensional en relación con el reajuste
de su asignación de retiro que solicitó.

84. En este orden de ideas, a diferencia de lo señalado por la parte actora, es
posible concluir que la teoría de la cosa juzgada relativa en materia pensional no
ha sido reiterada ni pacífica al interior del órgano de cierre en la materia. De ser
así, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de estado no habría
declarado la configuración de este fenómeno con respecto al litigio en cuestión.

85. En virtud de lo anterior, se concluye que, a pesar del auto del 13 de mayo
de 2015 en el que se aplicó la teoría de la cosa juzgada relativa, lo cierto es que
en jurisprudencia reciente tal postura no ha sido reiterada y, por el contrario, se

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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18.04.24. M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-
2022).

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adoptó una decisión contraria a los presupuestos de tal doctrina traída a colación
por el tutelante. La existencia de dicha sentencia es suficiente para concluir que
no existe una postura pacífica o unificada en la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre la cosa juzgada en materia pensional. Por tanto, el Tribunal
Administrativo del Huila, al confirmar la decisión de primera instancia, obró
cobijado por el principio de autonomía e independencia judicial.

86. En este orden de ideas, la sala concluye que en la presente controversia
no se configuró el defecto por desconocimiento del precedente alegado por el
accionante y, por tanto, no se vulneraron sus garantías fundamentales. En esta
medida, se negará el amparo invocado por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por el señor Jairo
Alexander Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Huila, al no encontrarse
configurado el defecto por desconocimiento del precedente alegado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con salvamento de voto

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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