Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01543-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01543-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01543-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares1
Temas: Reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC. Cosa
juzgada
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 20 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que accedió a las pretensiones de
la demanda.
I. Antecedentes
1. La demanda
1.1. Las pretensiones
Amelia Morales de Alba presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, para que se
declarara la nulidad del acto administrativo 2013-10572 del 12 de marzo de 2013
mediante el cual CREMIL negó el reajuste de la asignación de retiro en los años
1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 adicionándole los porcentajes
correspondientes a la diferencia existente entre el incremento en que fue aumentada
en aplicación de la escala gradual salarial porcentual y el índice de precios al
consumidor3 con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 que dispone
el incremento anual de las pensiones en un porcentaje igual al IPC del año anterior.
1 En adelante Cremil
2 En adelante CPACA.
3 En adelante IPC
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
Como restablecimiento del derecho, solicitó i) se ordenara el reajuste de la
asignación de retiro reconocida por CREMIL en Resolución 1315 del 23 de agosto
de 1974, adicionándole los porcentajes correspondientes al IPC aplicados para los
reajustes pensionales con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en
los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 ii) se reliquidara la asignación de
retiro año por año, incorporando los porcentajes indicados en la pretensión anterior
a partir del 1997, con los nuevos valores que arroje la liquidación de la nueva base
salarial hasta ahora, iii) se ordenara el pago efectivo e indexado de los dineros
correspondientes a la diferencia de las mesadas no prescritas por concepto del
reajuste de la asignación de retiro, de conformidad con lo establecido en el artículo
174 del Decreto 1211 de 1990 que establece la prescripción cuatrienal, a partir del
4 de marzo de 2009 y en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho
e incorporado efectivamente en su asignación, iv) se ordenara el pago de los
intereses moratorios sobre los dineros provenientes del reconocimiento de la
aplicación de los porcentajes precitados en los numerales anteriores a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia y hasta el momento del pago, y v) se ordenara
a la entidad demandada el pago de gastos y costas procesales y el cumplimiento
de la sentencia en la forma y términos señalados en los artículos 192, 193 y 195
del CPACA.
1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
CREMIL, a través de la Resolución 1315 del 23 de agosto de 1974 le
reconoció asignación de retiro al brigadier General Jorge Enrique Alba
Hernández. Posteriormente, en Resolución 1570 de 1994 ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de beneficiarios a Amelia Morales de
Alba, con ocasión del fallecimiento de Jorge Enrique Alba Hernández.
Amelia Morales de Alba mediante petición del 4 de marzo de 2013 solicitó a
CREMIL el reajuste de asignación de retiro, con base el índice de precios al
consumidor (IPC) certificado por el DANE para los años 1997 y hasta el 2004.
La subdirectora de prestaciones sociales de la entidad demandada mediante
Oficio 2013-10572 del 12 de marzo de 2013, dio respuesta a la petición antes
mencionada en los siguientes términos «se informa que luego de las mesas de
trabajos convocadas por el Gobierno Nacional en las que participó el Ministerio de
Defensa Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Procuraduría
General de la Nación y esta entidad y teniendo en cuenta los pronunciamientos
recientes del Consejo de Estado, se decidió tomar una línea de acción consistente
en conciliar los reajustes dentro de los procesos y extrajudicialmente ante la
Procuraduría General de la Nación para que luego surta el control de legalidad; una
vez adelantado este trámite se podrá proceder al pago respectivo».
2
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 46, 48, 53 y 58 de
la Constitución Política, 1 de la Ley 238 de 1995; 14, y 279 parágrafo 4 de la Ley
100 de 1993; 2 literal a) de la Ley 4ª de1992; y 138 del CPACA.
En cuanto al concepto de violación4, se expusieron los siguientes argumentos:
Con fundamento en el Estado social de derecho, el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones es de orden superior y de aplicación preferencial ante
cualquier disposición legal que le sea contraria, en consecuencia, el principio de
oscilación es válidamente aplicable en la medida que los porcentajes de aumentos
anuales del personal en servicio activo y pensionado sean iguales o superiores al
IPC del año anterior certificado por el DANE, no obstante, en el caso de ser
inferiores, el principio de oscilación, es abiertamente contrario al mandato
constitucional y no debe ser aplicado por cuanto desconoce la supremacía
constitucional y, se debe acudir al régimen general, esto es, al artículo 14 de la Ley
100 de 1993 así se trate de regímenes especiales, pues un tratamiento inequitativo
respecto de estos frente a la generalidad de trabajadores y/o pensionados es
contrario a la Constitución y al derecho a la igualdad, comoquiera que,
circunstancias iguales deben tener igual tratamiento. Sobre el particular citó la
sentencia C-461 de 1995.
Asimismo, se argumentó el desconocimiento del artículo 46 constitucional, por
cuanto, es una persona de la tercera edad que no cuenta con otros medios de
subsistencia y la pérdida de poder adquisitivo de su pensión afecta su calidad de
vida al disminuirse su mínimo vital.
2. Contestación de la demanda
CREMIL guardó silencio en esta oportunidad5.
3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos
términos6:
4 Índice 2 de samai, archivo denominado «ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020190154300, documento «01Demanda»
5 Como consta en el informe secretarial visible a Índice 2 de samai, archivo denominado
«ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2», carpeta 25000234200020190154300, documento
«07PASO AL DESP 07-10-2020 2019-1549»
6 Índice 2 de samai, archivo denominado «ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020190154300, documento «20Sentencia»
3
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
• En cuanto a la configuración de la excepción de cosa juzgada, dicho medio
exceptivo procedía en la contestación de la demanda y no en los alegatos, luego,
de entrar a resolverla en la providencia se cercenaría el derecho de contradicción
y defensa de la parte demandante, puesto que se le sorprendería con una sentencia
anticipada sobre cosa juzgada, sin que se le hubiera dado previamente la
oportunidad de defenderse sobre tal medio exceptivo, especialmente, cuando la
parte demandada ni siquiera allegó copia de las sentencias que habrían resuelto de
fondo las pretensiones discutidas en el proceso de la referencia.
• Según lo dispuesto en la Ley 238 de 1995 que adicionó el parágrafo 4 del artículo
279 de la Ley 100 de 1993 es posible establecer que los derechos contenidos en
los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, se extienden a quienes se encuentren
en el régimen de excepción, en ese sentido, los miembros de la Fuerza Pública
regidos por el Decreto Ley 1211 de 1990 que tienen derecho al reajuste de la
pensión de conformidad con el IPC; Puesto que, fue el legislador quien dispuso la
aplicación parcial de las disposiciones generales que en determinadas
circunstancias resulten más favorables a beneficiarios de regímenes especiales,
cuando sus disposiciones queden rezagadas y por lo tanto produzcan un
desmejoramiento de los derechos laborales y prestacionales de sus beneficiarios.
• En el caso particular, al analizar las variaciones porcentuales certificadas por el
DANE, frente al incremento de la asignación de retiro ordenada en los decretos
anuales del gobierno nacional, de acuerdo con el principio de oscilación, le asistía
razón a la demandante al afirmar que los incrementos recibidos en los años 1997,
1999 y 2001 al 2004 fueron menores al establecido para el aumento de las
pensiones del sistema general con base en el IPC, lo que desconoce la aplicación
del régimen más favorable. Por consiguiente, le asiste el derecho a Amelia Morales
de Alba a que la entidad demandada le efectúe el reajuste de la asignación de retiro
de la que es beneficiaria, para los años mencionados, tomando como base los
porcentajes del IPC.
• Lo que se extingue son las diferencias de las mesadas pensionales y no el derecho
al reajuste y, comoquiera que, entre la fecha de la petición de reajuste de la
asignación de que es beneficiaria la demandante –el 4 de marzo de 2013- y la fecha
de presentación de la demanda -29 de octubre de 2019-, pasaron más de los 4 años
establecidos en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, como término para que
operara el fenómeno jurídico de la prescripción cuatrienal, se declararán prescritas
las diferencias de las mesadas causadas con anterioridad al 29 de octubre de 2015.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
4. El recurso de apelación
CREMIL interpuso recurso de apelación7 y lo sustentó así:
• Amelia Morales de Alba interpuso con anterioridad demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en donde solicitó la nulidad del acto administrativo
25938 del 8 de junio de 2009 y, como consecuencia, el reajuste de su sustitución
de asignación de retiro de acuerdo con el IPC para los años 1997, 1999, 2001, 2002,
2003 y 2004, por consiguiente, ante la existencia de identidad de objeto, causa y
partes se debe declarar la cosa juzgada.
• En desarrollo del artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso de la
República expidió las leyes 4ª de 1992 y 923 de 2004, en las que se señalan los
objetivos y criterios que debe observar el gobierno nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública, pues es a éste al que le
corresponde anualmente la expedición de dichos con los que se reajustan las
asignaciones de retiro, lo que es acorde al ordenamiento jurídico.
• La jurisprudencia del Tribunal de Cundinamarca8 ha reiterado que es acorde al
ordenamiento la aplicación del sistema de oscilación en la liquidación de la
asignación de retiro, debido a que los miembros de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional son beneficiarios de la asignación de retiro y no de pensión de
jubilación. Con todo, el gobierno ha expedido los decretos de sueldos anuales de la
Fuerza Pública de conformidad con la Ley 4ª de 1992 y con el régimen especial de
la Fuerza pública, por lo que no es posible variar el régimen especial, además, que
por disposición expresa del artículo 10 ejusdem está prohibido.
• El principio de oscilación de las asignaciones de retiro aplicable a los miembros de
la Fuerza Pública tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de la asignación
de retiro y preservar el derecho a la igualdad entre militares en actividad y en retiro;
su desconocimiento provocaría una descompensación injusta e ilegal en contra del
personal activo, cuyos salarios son reajustados anualmente por el gobierno
nacional; aunado a que, no en todos los años desde la expedición de la Ley 238 de
1998 fueron más favorables los incrementos del IPC que los efectuados en
cumplimiento del principio de oscilación que rige para la Fuerza Pública. Por
consiguiente, si es aplicado el IPC para todo el personal militar retirado, no
solamente en los años que presuntamente le son favorables, sino desde la vigencia
de la referida norma, la entidad podría incoar las acciones judiciales pertinentes para
exigir el reintegro de los valores pagados cuando en años anteriores a estos le
fueron más beneficiosos.
7 Índice 2 de samai, archivo denominado «ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020190154300, documento «22RecursoApelacion»
8 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de febrero de 2007, Radicación 2005-06428. En
igual sentido sentencia del 24 de agosto de 2006, Radicación 2004-9502
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
Asimismo, no se han realizado actos dilatorios, ni temerarios, ni encaminados a
perturbar el procedimiento sino a realizar actos propios a la defensa judicial, por tal
motivo, no debe imponerse condena en costas y agencias en derecho.
5. Pronunciamiento en segunda instancia
Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
6. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado en esta oportunidad rindió
concepto y solicitó se confirme la sentencia que accedió a las pretensiones, con
fundamento en los argumentos expuestos por el Tribunal de instancia. 9
II. Consideraciones
1. Los problemas jurídicos
Se circunscriben a establecer lo siguiente: ¿está facultado el fallador de segunda
instancia para pronunciarse respecto del fenómeno de la cosa juzgada propuesto
en el recurso de apelación, a pesar de no haber sido invocado por la demandada
como medio exceptivo, en tanto, no contesto la demanda? En caso afirmativo, ¿sí
entre el asunto objeto de estudio y el que fue objeto de litigio en el expediente con
radicado 11001333102320090028200 (01) existe identidad de objeto, de causa y de
partes y, como consecuencia, hay lugar a declarar la cosa juzgada?
2. Marco normativo
2.1. En torno a los medios exceptivos
En el proceso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 175 de la
Ley 1437 de 2011, las excepciones se formulan en el escrito de contestación de la
demanda (numeral 3) y su trámite procesal se surte de manera distinta, según se
trate de excepciones previas, mixtas o de mérito, manteniéndose el traslado previo
al demandante por el término de tres (3) días, conforme lo dispone el parágrafo 2
de la norma en cita, modificado por el artículo 38 de Ley 2080 de 2021, en
concordancia con el artículo 201A ibidem. La norma es del siguiente tenor:
«ARTÍCULO 175. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Durante el término de traslado,
el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que
contendrá:
1. El nombre del demandado, su domicilio y el de su representante o apoderado, en caso
de no comparecer por sí mismo.
9 Índice 9 de Samai
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
2. Un pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda.
3. Las excepciones…» (subrayado)
Tratándose de las excepciones previas, el legislador previó dos hipótesis: i) cuando
la decisión no implica un recaudo probatorio previo, caso en el cual se deberá
resolver, mediante auto, antes de la audiencia inicial, de conformidad con el
parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA y el artículo 101 del Código General del
Proceso; y ii) cuando la decisión requiere de la práctica de pruebas, en cuyo caso
se ordenará su decreto en el auto que convoca a la audiencia inicial, para que sean
practicadas y decididas en dicha diligencia.
En este orden, se advierte un cambio sustancial en relación con el texto original de
la Ley 1437 de 2011, pues, de conformidad con el artículo 180, numeral 6, tanto las
excepciones previas, como las mixtas, siempre debían decidirse en la audiencia
inicial. Ahora, con la modificación introducida por el artículo 40 de la Ley 2080 de
2021, el juez o magistrado ponente, en la audiencia inicial, practicará las pruebas
decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas
pendientes por resolver. En punto a las excepciones mixtas, el parágrafo 2 del
artículo 175 del CPACA, dispuso que, en caso de que se encuentren fundadas las
excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta
de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declarará así mediante
sentencia anticipada, en los términos del numeral 3 del artículo 182A. Por el
contrario, de no tener vocación de prosperidad ninguna de las excepciones
anteriores o se declaren parcialmente probadas -lo que no implica la terminación
del proceso-, ello se dispondrá mediante auto, dictado antes de la audiencia inicial.
Por su parte, es de resaltar lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA
que prevé:
«Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de
las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión
y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus…»
En este sentido, se observa que al juez de segunda instancia le corresponde
declarar probada de oficio o a petición de parte, cualquier excepción que encuentre
demostrada, así esta haya sido o no objeto de pronunciamiento por parte del a quo.
De esta forma, es claro entonces que sin que se desconozca el principio de
congruencia exigido en las providencias judiciales, el ad quem en virtud de los
hechos demostrados en el debate judicial, puede declarar excepciones de oficio con
el fin de proferir un fallo que obedezca a la realidad procesal.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
2.1. Sobre la cosa juzgada
La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse sobre
el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio planteado se
ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene como efectos
procesales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión» y como efectos sustanciales la
de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»10.
Esto es, se trata de una institución jurídico-procesal «mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es
decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio11.»
En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se encuentra
prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «la
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.»
De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se configure,
el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos, estos son: i)
identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes. Estos
elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los siguientes
términos12:
«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
10 Sentencia C-100 de 2019.
11 Sentencia C-774 de 2001.
12 Sentencia C-774 de 2001.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.»
Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera expresa,
solo establece como excepción a la cosa juzgada el recurso extraordinario de
revisión. En ese sentido señala que «[l]a cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión».
Ahora bien, el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, le impone al juez contencioso el deber de dictar
sentencia anticipada en cualquier estado del proceso cuando encuentre probada la
cosa juzgada.
De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la cosa
juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir pronunciamiento
sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una decisión judicial de
fondo.
3. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
Amelia Morales de Alba presentó una petición ante CREMIL el 4 de marzo de 2013
con radicado 2013-1625713 con el objetivo de que se le reliquidara la asignación de
retiro con los valores porcentuales del IPC, en atención a que entre los años 1997
y 2004 el incremento de la asignación de retiro estuvo por debajo del IPC certificado
por el DANE y que se le cancelaran con retroactividad las sumas correspondientes.
Asimismo, obra respuesta a la petición anterior del 12 de marzo de 2013 radicado
2013- 10572 32014 suscrita por la subdirectora de prestaciones sociales de la
entidad demandada en los siguientes términos: «se informa que luego de las mesas de
trabajos convocadas por el Gobierno Nacional en las que participó el Ministerio de Defensa
Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Procuraduría General de la
Nación y esta entidad y teniendo en cuenta los pronunciamientos recientes del Consejo de
Estado, se decidió tomar una línea de acción consistente en conciliar los reajustes dentro
de los procesos y extrajudicialmente ante la Procuraduría General de la Nación para que
luego surta el control de legalidad; una vez adelantado este trámite se podrá proceder al
pago respectivo».
13 Índice 2 de samai, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, documento 02Anexos
14 Ibidem
9
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Demandante: Amelia Morales de Alba
La entidad accionada en el recurso de apelación15 manifestó que Amelia Morales
de Alba había interpuesto con anterioridad demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, en donde solicitó la nulidad del acto administrativo 25938 del 8 de junio
de 2009 y como consecuencia de esa declaración había solicitado el reajuste de su
sustitución de asignación de retiro de conformidad con IPC para los años 1997,
1999, 2001, 2002, 2003 y 2004. Que el mencionado proceso en primera instancia
fue favorable a las pretensiones de la demanda, sin embargo, en segunda instancia
la decisión fue revocada para en su defecto negar la demanda. En consecuencia,
solicitó que, al estar dados los presupuestos de identidad de partes, causa y objeto
se declare la existencia de cosa juzgada.
Lo primero que observa la Sala es que la entidad se abstuvo de dar contestación a
la demanda y por ende no se propusieron medios exceptivos, siendo que, de
conformidad con el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, era en esa etapa procesal
en la que debió proponerse. Sin embargo, anota la Sala que en virtud de lo dispuesto
en el artículo 187 del CPACA es viable decidir acerca de las excepciones
propuestas o sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada. Incluso, podrá
el ad quem pronunciarse sobre las excepciones de fondo, propuestas o no, no
obstante que el a quo se hubiese o no manifestado sobre ellas.
Pero existen otras situaciones que acontecen en las etapas tempranas del proceso,
como cuando la decisión que resolvió el supuesto fáctico y la pretensión similar al
que está sub judice, con coincidencia de partes, objeto y causa, emerge o existe de
tiempo atrás, permitiendo así que el operador jurídico pueda declarar, incluso de
oficio, la cosa juzgada en etapa temprana del proceso e, incluso, con la reforma
introducida por la Ley 2080 de 2021, mediante sentencia anticipada, para no
desgastar innecesariamente a la administración de justicia, por cuanto es uno de
los pocos argumentos exceptivos que siendo de naturaleza de fondo o de mérito,
puede decidirse al tiempo con las excepciones previas, de ahí que se le cualifique
como excepción de estirpe mixta.
De lo anterior, la Sala encuentra que en su labor de juez ad quem le está permitido
declarar probada la cosa juzgada, incluso, de manera oficiosa. Lo anterior va de la
mano, para el caso bajo estudio, de los principios de lealtad procesal, buena fe y
probidad que le incumbe a los sujetos procesales. Según la Corte Constitucional,
los referidos principios procesales materializan la idea de que las actuaciones de
las partes tienen relevancia jurídica y que estas no pueden usar de forma desmedida
o abusiva los medios de defensa judicial.
«La buena fe, la lealtad, la veracidad y la probidad son principios éticos que han sido
incorporados en los sistemas jurídicos y que componen el llamado principio de moralidad
del derecho procesal, que constituye uno de los triunfos de la concepción publicista de
esta rama del Derecho sobre las teorías meramente privatistas o utilitaristas. Lo que se
15 Índice 2 de samai, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, documento
22RecursoApelación
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Demandante: Amelia Morales de Alba
pretende hacer al incorporar estos preceptos morales al Derecho positivo es darle
carácter vinculante a la forma de actuar de las partes, por considerar que ésta es
jurídicamente relevante dentro del proceso judicial. Por lo tanto, y debido a que media el
interés público en las actuaciones procesales, las limitaciones que impone el principio
de moralidad a la actividad de las partes encuentran pleno asidero dentro de nuestro
ordenamiento.
“La lealtad procesal ha sido entendida como la responsabilidad de las partes de asumir
las cargas procesales que les corresponden. En razón a ello la Corte ha señalado que
se incumple este principio cuando (i) las actuaciones procesales no se cumplen en un
momento determinado y preclusivo dispuesto en la ley, es decir, cuando se realizan
actos que puedan dilatar las mismas de manera injustificada; (ii) se hacen afirmaciones
tendientes a presentar la situación fáctica de forma contraria a la verdad; (iii) se
presentan demandas temerarias; o (iv) se hace un uso desmedido, fraudulento o abusivo
de los medios de defensa judicial»16
Bajo las anteriores precisiones, procede la Subsección a verificar si en efecto se
encuentran acreditados los elementos constitutivos de la cosa juzgada respecto del
asunto objeto de estudio. En efecto, se tiene que:
Proceso 25000234200020190154300 (2410- 11001333102320090028200 (01)
2022)
Partes Demandante: Amelia Morales de Alba Demandante: Amelia Morales de Alba
Demandado: Caja de Retiro de las Demandado: Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares -CREMIL Fuerzas Militares -CREMIL
Pretensiones 1) Declarar la nulidad del acto 1) Declarar la nulidad del acto
administrativo 2013-10572 del 12 de administrativo 25938 del 8 de junio de
marzo de 2013 mediante el cual la 2009 mediante el cual, la CAJA DE
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES, negó a mi poderdante el MILITARES negó a mi poderdante las
reajuste de la asignación de retiro, siguientes solicitudes:
adicionándole los porcentajes A. La reliquidación y reajuste de la
correspondientes a la diferencia asignación de retiro, adicionándole los
existente entre el incremento en que porcentajes correspondientes a la
fue aumentada la asignación de retiro, diferencia existente entre el incremento
en aplicación de la escala gradual anual de la asignación de retiro en
salarial porcentual y el índice de aplicación de la escala gradual salarial
precios al consumidor IPC que se porcentual y el índice de precios al
aplicó para los reajustes pensiónales consumidor IPC que se aplicó para los
con fundamento en el artículo 14 de la reajustes pensiónales con fundamento
Ley 100 de 1993, en los años 1997, en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 en los años 1997, 1999, 2001, 2002,
,norma, que dispone el incremento 2003 y 2004, norma, que dispone el
anual de las pensiones, en un incremento anual de las pensiones, en
porcentaje igual al IPC del año un porcentaje igual al IPC del año
anterior. anterior
2) Como consecuencia de la anterior B. El reajuste de la asignación de retiro,
declaración, en calidad de año por año, a partir de 1997 a la fecha,
restablecimiento del derecho, ordenar con los nuevos valores que arroje la
el reajuste de la asignación de retiro reliquidación solicitada en el
reconocida por la CAJA DE RETIRO literal anterior.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-1014 de 1999.
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Demandante: Amelia Morales de Alba
DE LAS FUERZAS MILITARES C. El pago efectivo e indexado de los
mediante Resolución 1315 DEL 23 DE dineros correspondientes a la diferencia
AGOSTO DE 1974, adicionándole los que resulte entre la liquidación
porcentajes correspondientes al solicitada y las sumas canceladas por
índice de precios al consumidor IPC concepto de asignación de retiro desde
que se aplicó para los reajustes el año de 1997 en adelante hasta la
pensiónales con fundamento en el fecha en que sea reconocido el derecho
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, precitado.
norma que dispone el incremento 2) Como consecuencia de la anterior
anual de las pensiones, en un declaración, en calidad del
porcentaje igual al IPC del año restablecimiento del derecho Se ordene
anterior en los años que a a la demandada, a reliquidar la
continuación se relacionan: asignación de retiro de mi poderdante a
a. Para el año 1997: El 21.63% partir del año de 1997 y en adelante,
b. Para el año 1999: El 16.70%. aplicando el mayor valor entre el
c. Para el año 2001: El 8.75%. incremento decretado por el Gobierno
d. Para el año 2002: El 7.65% Nacional para el reajuste de las
e. Para el año 2003: El 6.99% asignaciones básicas del personal en
f. Para el año 2004: El 6.49% servicio activo de la Fuerza Pública en
3) Reliquidar la asignación de retiro aplicación de la escala salarial
año por año, incorporando los porcentual y el índice de precios al
porcentajes indicados en la consumidor
pretensión anterior a partir de 1997, (IPC), empleado para el reajuste de las
con los nuevos valores que arroje la pensiones del régimen general de
liquidación de la nueva base salarial pensiones, así:
hasta la fecha. a. Para el año 1997: El 12.56%.
4) Ordenar el pago efectivo e b. Para el año 1999: El 1.80%.
indexado de los dineros c. Para el año 2001: El 5.08%.
correspondientes a la diferencia de las d. Para el año 2002: El 2.85%
mesadas no prescritas por concepto e. Para el año 2003: El 2.54%,
del reajuste de la asignación de retiro, f. Para el año 2004: El 2.54%,
de conformidad con lo establecido en 3) Reajustar la asignación de retiro, año
el artículo 174 del Decreto 1211 de por año, a partir 1997 en adelante, con
1990 que establece la prescripción los nuevos valores que arroje la
cuatrienal, a partir del 4 de marzo de reliquidación solicitada en el literal
2009 y en adelante hasta la fecha en anterior.
que sea reconocido el derecho e 4) Ordenar el pago efectivo e indexado
incorporado efectivamente en su de los dineros correspondientes a la
asignación. diferencia que resulte entre la
5) Ordenar el pago de los intereses liquidación solicitada y las sumas
moratorios sobre los dineros canceladas por concepto de asignación
provenientes del reconocimiento de la de retiro desde el año de 1997 en
aplicación de los porcentajes adelante hasta la fecha en que sea
precitados en los numerales reconocido el derecho precitado.
anteriores a partir de la ejecutoria de 5) Ordenar el pago de los intereses
la respectiva sentencia y hasta el moratorios sobre los dineros
momento del pago. provenientes del reconocimiento de la
6) Ordenar a la entidad demandada el aplicación de los porcentajes precitados
pago de gastos y costas procesales, en los numerales anteriores a partir de
así como las agencias en Derecho. la ejecutoria de la respectiva sentencia.
7) Ordenar a la entidad Demandada el (Sentencia C-188/99, expediente 2191
cumplimiento a la sentencia que del 24 de marzo de 1999).
ponga fin a la presente acción en la 6) Ordenar a la Entidad demandada el
forma y términos señalados en los pago de gastos y costas procesales, así
artículos 192, 193 Y 195 del CPACA. como las agencias en Derecho.
7) Ordenar a la entidad Demandada el
cumplimiento de la sentencia que
ponga fin a la presente acción en la
forma y en los términos señalados en
los artículos 176, 177 y 178 del CCA.
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Demandante: Amelia Morales de Alba
Fundamentos 1. Previo cumplimento de los 1. Previo cumplimento de los requisitos
fácticos requisitos exigidos, CREMIL, exigidos en la Ley, CREMIL, mediante
mediante Resolución 1315 del 23 de la Resolución No 1315 del 2 de Julio de
agosto de 1974, le reconoció 1974, reconoció el derecho a percibir
asignación de retiro al BG Jorge asignación de retiro al BG Jorge
Enrique Alba Hernández. Enrique Alba Hernández. Posteriormente, en Resolución 1570 2. Al fallecimiento del BG Jorge Enrique
de 1994 ordenó el reconocimiento y Alba Hernández de conformidad con lo
pago de la pensión de beneficiarios a establecido en el artículo 195 del
Amelia Morales de Alba, con ocasión Decreto 1211 de 1990, CREMIL,
del fallecimiento de Jorge Enrique mediante resolución 1570 del 12 de
Alba Hernández. octubre de 1994 le reconoció pensión a
2. Desde que Amelia Morales de Alba Amelia Morales de Alba.
obtuvo la asignación de retiro ésta 3. Desde que Amelia Morales de Alba
viene siendo reajustada anualmente obtuvo la asignación de retiro ésta ha
mediante la aplicación del principio de sido reajustada anualmente mediante la
oscilación contemplado en el artículo aplicación del principio de oscilación
169 del decreto 1211 de 1990. contenido en los decretos 1211, 212 y
3. la asignación de retiro de Amelia 1213 de 1990. Morales de Alba en los años 1997, 4. En los años 1997, 1999, 2001, 2002,
1999, 2001, 2002, 2003 Y 2004 fue 2003 y 2004 la asignación de retiro fue
reajustada en un porcentaje inferior al reajustada en un porcentaje inferior al
IPC del año inmediatamente anterior, IPC del año inmediatamente anterior,
desconociéndose lo preceptuado en desconociéndose con ello lo
el artículo 1° de la ley 238 de 1995, así preceptuado en los artículos 48 y 53 de
como también en el Artículo 14 y el la Constitución Política y 1° de la ley 238
parágrafo 4° del Artículo 279 de la ley de 1995, así como también en el
100 de 1993. artículo 14 de la Ley 100 de 1993
4. Entre las partes se adelantó 5. Mediante memorial 37735 del 20 de
proceso de nulidad y restablecimiento mayo de 2009, Amelia Morales de Alba,
del derecho ante el Juzgado 23 radicó ante CREMIL derecho de
Administrativo de Bogotá con la petición que tuvo por objeto la
finalidad de obtener el reajuste de reliquidación de la asignación de retiro
asignación de retiro con base en el desde el año 1997 en adelante
IPC, el cual se resolvió con fallo aplicando el porcentaje más favorable
favorable a las pretensiones mediante entre el decretado por el Gobierno
sentencia del 13 de agosto de 2010, Nacional para el incremento de las
revocada mediante sentencia de asignaciones básicas del personal en
fecha 11 de agosto de 2011 proferida servicio activo, en aplicación del
por el Tribunal Administrativo de principio de oscilación y el IPC aplicado
Cundinamarca, donde se decretó la para el incremento de las pensiones del
prescripción del derecho al reajuste, régimen general.
vulnerando y cercenando de manera 6. CREMIL respondió
injustificada el derecho de rango desfavorablemente la solicitud
constitucional. contenida en el derecho de petición,
5. Mediante sentencia del 29 de mediante el acto administrativo 25938
noviembre de 2012 proferida por el del 8 de junio de 2009, demandado. Consejo de Estado Sección Segunda 7. El 31 de julio de 2009 se presentó
Subsección "B" C.P. Víctor Hernando solicitud de audiencia de conciliación
Alvarado Ardila, resolvió una solicitud Extrajudicial ante la Procuraduría
de unificación de jurisprudencia, en la General de la Nación.
que se indicó que, si bien es cierto la 8.
El 14 de septiembre de 2009 se
Jurisprudencia del Consejo de Estado celebró la audiencia de conciliación en
ha sido uniforme desde la sentencia la Procuraduría Novena Judicial
de Unificación del año 2007, con delegada ante el Tribunal
ponencia de Jaime Moreno García, Administrativo de Cundinamarca.
sin perjuicio de ello, ratificó dicha Mediante Acta 474 de 2009 se declaró
unificación y se hicieron unas fallida la conciliación extrajudicial.
precisiones importantes frente al
reconocimiento de este derecho,
especialmente, frente a la
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Demandante: Amelia Morales de Alba
imprescriptibilidad del mismo,
indicando que solo la diferencia en las
mesadas resultan afectadas por este
fenómeno, por lo que al incrementarse
la base pensional deben pagarse las
diferencias que no se encuentren
prescritas.
6. Mediante memorial CREMIL 16257
del 4 de marzo de 2013, Amelia
Morales de Alba, radicó ante CREMIL
petición con el objeto de solicitar el
reajuste de la asignación de retiro
adicionándole los porcentajes
correspondientes al IPC que se aplicó
para los reajustes pensiónales con
fundamento en el artículo 14 de la Ley
100 de 1993, norma, que dispone el
incremento anual de las pensiones,
en un porcentaje igual al IPC del año
anterior.
7. CREMIL respondió
desfavorablemente la solicitud
anterior mediante acto administrativo
2013-10572 del 12 de marzo de 2013,
indicando que: "Luego de las mesas
de trabajo convocadas por el
Gobierno Nacional en las que
participó el Ministerio de Defensa
Nacional, Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, Procuraduría
General de la Nación y esta Entidad y
teniendo en cuenta los
pronunciamientos recientes del
Consejo de Estado, se decidió tomar
una línea de acción consistente en
conciliar los reajustes dentro de los
procesos y extrajudicialmente ante la
Procuraduría General de la Nación".
8. El Acto administrativo demandado
se trata de un hecho distinto y nuevo
al demandado en el anterior proceso,
emitidos en épocas diferentes y con
efectos sobre periodos distintos,
teniendo en cuenta que la petición se
radicó el 3 de marzo de 2013, el pago
de la diferencia en las mesadas desde
cuatro años hacia atrás, atendiendo a
la prescripción cuatrienal establecida
en el Decreto 1212 de 1990,
correspondería desde el 04 de marzo
de 2009.
9. El 5 de mayo de 2016 se radicó
solicitud de Conciliación ante la
Procuraduría General de la Nación, la
cual previo cumplimiento de los
trámites de ley se llevó a cabo
mediante audiencia del 22 de julio de
2016, donde se concilió en su
totalidad con la entidad.
10. El control de legalidad de dicha
conciliación le correspondió a la
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Demandante: Amelia Morales de Alba
Sección Segunda Subsección "B"
Magistrado Ponente José Rodrigo
Romero Romero, Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el
cual mediante Auto de fecha 01 de
marzo de 2018 y notificado por estado
el 11 de junio de 2019, resolvió
improbar la conciliación por
considerarse el acaecimiento del
fenómeno jurídico de la cosa juzgada.
Sentencia de Al analizar las variaciones La regla general en materia de reajuste
primera porcentuales certificadas por el pensional es la establecida en el
instancia DANE, frente al incremento de la artículo 14 de la ley 100 de 1.993, esto
asignación de retiro ordenada en los es, la variación porcentual del IPC
decretos anuales del Gobierno certificado por el DANE para el año
Nacional, de acuerdo con el principio inmediatamente anterior, por su parte
de oscilación, le asiste razón a la las asignaciones de Retiro de los
demandante al afirmar que los miembros de las Fuerza Pública y en
incrementos recibidos en los años particular las del personal de Oficiales y
1997, 1999 y 2001 al 2004 que Suboficiales de las Fuerzas Militares se
efectuó el Gobierno Nacional fueron reajustan conforme el llamado el
menores y no se tuvo en cuenta el llamado principio de oscilación, según
régimen más favorable, que en el el cual, las asignaciones de los
caso era el establecido para el miembros retirados se incrementan en
aumento de las pensiones del sistema el mismo porcentaje que las
general con base en el IPC. Por asignaciones de los miembros en
consiguiente, le asistía el derecho a actividad.
Amelia Morales de Alba a que la
entidad demandada le efectuara el Teniendo en cuenta las dos situaciones
reajuste de la asignación de retiro de expuestas, se tiene que, en la práctica,
la que es beneficiaria, para los años podría presentarse la circunstancia en
mencionados, tomando como base la cual, el aumento de las asignaciones
los porcentajes del IPC. de retiro del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares
Frente a la prescripción es claro que conforme al principio de oscilación sea
lo que se extingue son las diferencias inferior a la establecida como regla
de las mesadas pensionales y no el general por el artículo 14 de la ley 100
derecho al reajuste y, comoquiera de 1993. En principio en virtud del
que, entre la fecha de la petición de artículo 279 ejusdem los miembros de
reajuste de la asignación de que es las Fuerzas militares y la Policía
beneficiaria la demandante –el 4 de Nacional no serían acreedores del
marzo de 2013- y la fecha de reajuste pensional de acuerdo al
presentación de la demanda -29 de artículo 14 mencionado, no obstante,
octubre de 2019-, pasaron más de los estas condiciones cambiaron la Ley 238
4 años establecidos en el artículo 174 de 1995 y se permitió que los
del Decreto 1211 de 1990, como regímenes relacionados en el artículo
término para que operara el fenómeno 279 como excluidos de las regulaciones
jurídico de la prescripción cuatrienal, y aplicación de las normas del Sistema
se declararan prescritas las Integral de Seguridad Social que se
diferencias de las mesadas causadas encuentren pensionados, si tenían
con anterioridad al 29 de octubre de derecho a que se les reajuste sus
2015. pensiones, teniendo en cuenta la
variación porcentual del IPC certificado
por el DANE como lo dispuso el artículo
14. Dicho reajuste debe aplicarse no
solo hasta la entrada en vigencia del
Decreto 4433 de 2.004, sino incluso con
posterioridad a esa anualidad, siempre
y cuando el ajuste con base en el IPC
sea superior al que le correspondería si
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Demandante: Amelia Morales de Alba
se le aplicara el principio de oscilación,
aplicando siempre el que sea más
favorable.
Por lo tanto, se dispondrá que el
reajuste ordenado se hará por los años
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 y subsiguientes
por cambiar la base de liquidación, sin
perjuicio de aplicar la prescripción
cuatrienal de las mesadas que
correspondiente, que en el caso son las
mesadas causadas con anterioridad al
20 de mayo de 2005.
Sentencia de Para el estudio del caso particular
segunda encontró que como la demandante
instancia solicitó tal reajuste hasta el 20 de mayo
de 2009, y este sólo procedía hasta el
31 de diciembre de 2004, fecha en la
que se expidió el Decreto 4433,
momento a partir del cual se retomó el
sistema de oscilación consagrado en el
artículo 169 del Decreto 1211 de 1990,
se concluyó que el derecho reclamado
prescribió, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 174 ejusdem que
establece que los derechos
consagrados en el mismo tienen como
término de prescripción cuatro años
contados a partir de que el derecho se
hubiese hecho exigible, norma,
aplicable al sub lite por ser la que
estableció el régimen especial y
prestacional para los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares,
entonces, cuando la petición de
reajuste de la sustitución de asignación
de retiro con base en el IPC se presentó
los 4 años anteriores se marcaron el 20
de mayo de 2005, cuando ya se
encontraba vigente el Decreto 4433 de
2004, según el cual el reajuste de la
asignación de retiro se efectúa de
acuerdo con el principio de oscilación.
Por lo tanto, no encontró viable
conceder el beneficio reclamado,
posición que además fundamento no
solo la expedición del decreto 4433 de
2004, sino en la jurisprudencia del
Consejo de Estado y especialmente la
Sentencia proferida por esa Honorable
Corporación el día 21 de octubre de
2010, con ponencia de Luis Rafael
Vergara Quintero.
Providencia ejecutoriada el 26 de
agosto de 2011
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
Al comparar el presente proceso con el tramitado y fallado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca con radicado 11001333102320090028200(01),
concluye la Sala que operó el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que se verificó
la identidad de partes, objeto y causa así:
i) Identidad de partes: en ambos procesos interviene como parte actora
Amelia Morales de Alba. Asimismo, como demandado compareció la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL
ii) Identidad de objeto: los dos asuntos versan sobre idéntico objeto, esto es,
el reajuste de la asignación de retiro sustituida a Amelia Morales de Alba
adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia existente
entre el incremento anual de la asignación de retiro en aplicación de la
escala gradual salarial porcentual y el IPC que se aplicó para los reajustes
pensionales con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en
los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004.
En efecto, aun cuando los actos administrativos demandados son
diferentes en tanto en el primer proceso corresponde a la resolución
25938 del 8 de junio de 2009 y en el asunto de la referencia es la
resolución 2013-10572 del 12 de marzo de 2013, el fundamento jurídico
de los actos cuestionados en los dos procesos se justificó en el hecho de
que el reajuste de la asignación de retiro para los años 1997 a 2004,
resultaba más favorable para dichos años, con fundamento en el IPC en
los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
iii) Identidad de causa: frente a la causa petendi, entendida como la razón o
los motivos por los cuales se demanda, se observa que ambas demandas
advierten que frente al incremento de la asignación de retiro ordenada en
los decretos anuales del gobierno nacional, de acuerdo con el principio
de oscilación, recibidos en los años 1997, 1999 y 2001 al 2004 fueron
menores al previsto para las pensiones en el sistema general con base
en el IPC, lo que desconoce el derecho a mantener el poder adquisitivo
de la pensión y la aplicación del régimen más favorable.
Ahora bien, la demandante refiere que en el asunto en estudio se presentó un hecho
nuevo al proferirse la sentencia del 29 de noviembre de 2012 por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado Sección; Sobre el particular, se debe
indicar que la sentencia invocada no se halló como producto de una solicitud de
unificación de jurisprudencia, en tanto, en la fecha indicada, asunto y consejero
ponente se encontró la sentencia emitida dentro del proceso con radicado 25000-
23-25-000-2008-00539-01(0450-12)17, en la que se reiteró los lineamientos
trazados por esta Corporación en sentencia de 17 de mayo de 2007 de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de la Sección Segunda, con ponencia de Jaime
17
Demandante: Oscar Calderón Vanegas, Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
17
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
Moreno García18 que, en esencia, expuso que era posible dejar de aplicar una ley
ordinaria posterior, especial y más favorable –Ley 238 de 1995 por la que se
adiciona la Ley 100 de 1993- en lugar de una ley marco anterior –Ley 4 de 1992- y
el decreto que la desarrolla -decreto 1212 de 1990-, bajo la condición de que ésta
fuera incompatible con la Constitución Política; Luego, si la Ley 238 de 1995 es más
favorable que la ley 4ª de 1992 y el decreto 1212 de 1990, por ejemplo al hacer la
comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento de las
asignaciones en actividad de los oficiales de la Policía Nacional establecidos en los
decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745
de 2002 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993, la
aplicación de este último sistema de reajuste debe ser el aplicado al ser más
beneficioso.
Asimismo, la demandante señaló que la sentencia del 29 de noviembre de 2012 se
dispuso «(…) en lo concerniente al fenómeno prescriptivo, que fue objeto de reparo en el
recurso de alzada, la Sala señala que el derecho al reajuste de la prestación del
demandante no prescribe en cuanto derecho pensional, pero hay lugar a la aplicación de la
prescripción cuatrienal sobre el pago de las diferencias causadas en las mesadas
pensiónales con motivo del reconocimiento de este derecho. Entre tanto, es oportuno
precisar que las anteriores consideraciones encuentran fundamento en decisiones
anteriores proferidas por esta Corporación».
Sobre este punto, es importante precisar que la jurisprudencia expuesta no habilita
a la demandante a acudir de nuevo a la jurisdicción. En todo caso, la decisión
referida no es una sentencia de unificación y sus efectos son inter partes, por regla
general el precedente aplica a situaciones pendientes de resolver ya sea en sede
administrativa o en sede judicial sin que puedan modificar aquellas situaciones
frente a las que operó la cosa juzgada, cuando la demanda versa sobre hechos
conocidos y decididos con anterioridad por la jurisdicción, adicionalmente, dicha
decisión es la reiteración de una posición, luego, no es un hecho nuevo y que, se
reitera, no es una decisión que enerve la imposibilidad de acudir nuevamente a la
jurisdicción y quebrantar la garantía de la cosa juzgada, pues esto desconocería la
seguridad jurídica que ésta protege.
4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
18 Radicación 25000-23-25-000-2003-08152-01(8464-05), Actor: José Jaime Tirado Castañeda.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma19.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas y revocará la
decisión de primera instancia en tanto condenó en costas a la parte vencida, pues
no se observa que hubiese realizado análisis de temeridad o mala fe.
5. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la identidad de objeto,
de causa y de partes con la sentencia proferida dentro del expediente con radicado
11001333102320090028200 (01), por lo que se configura la cosa juzgada, razón
por la cual se procederá a revocar la sentencia proferida el 20 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D que accedió a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 22 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que accedió a
19En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
19
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01543-01 (2410-2022)
Demandante: Amelia Morales de Alba
las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Amelia Morales de
Alba contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) y, en su lugar,
declarar la cosa juzgada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MAG
20
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