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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00135-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00135-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00135-00 Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00135-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00135-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA, ADEMÁS, SE
EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA ADICIONAL
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00135-00
Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

El señor HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA, actuando a

través de apoderada especial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima

vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 9

de septiembre de 2024, dentro de la acción ejecutiva identificada con

el número único de radicación 2013-00216-01.

I.2. Hechos

Señaló que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ con el fin de

obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago

tardío de las cesantías de conformidad con la Ley 244 de 19952, para

el período comprendido entre el 31 de enero de 2004 y el 28 de

septiembre de 2005.

Indicó que el proceso aludido fue identificado con el número único de

radicación 2007-00142-00 y atribuido para su trámite en primera

2
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos,
se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00135-00
Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ3

que, mediante sentencia de 5 de agosto de 2010, declaró probada

de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

Mencionó que, inconforme con lo anterior, formuló recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 27 de octubre

de 2011, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, condenó al

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ a pagar la sanción moratoria

solicitada.

Indicó que, al no obtener el pago de las acreencias reconocidas,

presentó demanda en ejercicio de la acción ejecutiva contra el

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

Aseguró que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 27001-33-33-003-2013-00216-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia

de 13 de mayo de 2014, ordenó seguir adelante con la ejecución.

Resaltó que, presentó ante el JUZGADO sendos memoriales a través

de los cuales presentó las liquidaciones del crédito con el fin de

3
En adelante el Juzgado.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00135-00
Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

obtener el pago de la sanción moratoria junto con los intereses

moratorios.

Manifestó que el JUZGADO mediante auto de 7 de diciembre de 2017

aprobó la liquidación del crédito por valor de $ 155.678.237, más el

valor correspondiente a las agencias en derecho equivalente a

$15.567.823 y el costo de una póliza por valor de $989.482.

Aseveró que, inconforme con la anterior decisión, formuló recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 9 de septiembre

de 2024, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en el

defecto sustantivo por desconocimiento del precedente en las

sentencias C-188 de 1999, T- 531 de 1999, C-965 de 2003 de la

Corte Constitucional y las providencias de 3 de abril de 20084 y 9 de

agosto de 20125 proferidas por el Consejo de Estado, que se refieren

a la liquidación de los intereses moratorios de las cantidades líquidas

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, CP: doctor
Jesús María Lemos Bustamante. número único de radicación 25000-23-25-000-2003-07833-01.
5
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. CP: doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
número único de radicación 11001-03-06-000-2012—00048-00.

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Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

reconocidas en sentencias judiciales proferidas contra entidades del

Estado.

Aseguró que: “[…] el fallo del Tribunal cuestionado no presentó la

fundamentación necesaria para sustentar la decisión de la autoridad

judicial y considerar el cambio de precedente constitucional. En

consecuencia, incurrió en DEFECTO SUSTANTIVO POR

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, lo cual ocasionó la violación

de los derechos fundamentales de mi mandante, haciendo viable

acceder a las pretensiones de esta acción de tutela […]”.

Igualmente, señaló que incurrió en violación directa de la

Constitución, toda vez que la providencia cuestionada conculcó sus

derechos fundamentales, al no tener en cuenta el principio de

interpretación conforme a la Constitución.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: CONCEDERLE AL SR. HECTOR AURELIO
MOSQUERA MOSQUERA tutela como mecanismo definitivo,
para la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de

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Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

justicia, en razón a la violación de dichos derechos, de parte
el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante el auto
interlocutorio No. 812 del 09 de septiembre del 2024, como
se detallará en el cuerpo de esta acción constitucional.

SEGUNDA: ORDENAR AL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, DEJAR SIN EFECTOS
PARCIAL el auto interlocutorio No. 812 del 09 de septiembre
del 2024, del Tribunal Administrativo del Chocó, que aprobó
la liquidación del crédito, excluyendo los INTERESES
MORATORIOS. Además, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia
a dictar, profiera una nueva providencia, teniendo en cuenta
las consideraciones jurídicas expuestas en el fallo, respecto
de la inclusión en la liquidación del crédito los INTERESES
MORATORIOS, por mandato del artículo 177-5° del CCA., a
partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia (febrero 21
del 2012), hasta cuando se cancele en su totalidad la
obligación […]” (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, a través del informe rendido por el Magistrado

Ariosto Castro Perea, señaló que no actuó como magistrado ponente

dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió la providencia

objeto de tutela.

Además, aclaró que el trámite judicial fue adelantado por el despacho

03 del TRIBUNAL, en el que funge como ponente la Magistrada

Norma Moreno Mosquera.

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Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital de la

acción ejecutiva objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento

alguno frente al fondo del asunto.

I.5.3.- El DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ señaló que la solicitud de

amparo debe ser denegada, por cuanto los derechos reclamados por

la parte actora no han sido vulnerados por la entidad departamental.

Asimismo, señaló que la decisión adoptada por el TRIBUNAL debe

mantenerse en aras de garantizar la seguridad jurídica frente a las

órdenes que imparten los administradores de justicia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

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Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

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Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

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se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 9 de septiembre de 2024,

proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la

providencia proferida por el JUZGADO que aprobó la liquidación del

crédito dentro de la acción ejecutiva identificada con el número único

de radicación 2013-00216-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

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a la administración de justicia.

Los disensos del actor radican en que el TRIBUNAL incurrió en

defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

establecido en las sentencias C-188 de 1999, T- 531 de 1999, C-965

de 2003 de la Corte Constitucional y las providencias de 3 de abril de

2008 y 9 de agosto de 2012 proferidas por el Consejo de Estado, que

se refieren a la liquidación de los intereses moratorios de las

cantidades liquidas reconocidas en sentencias judiciales proferidas

contra entidades del Estado.

Igualmente, señaló que incurrió en violación directa de la

Constitución, toda vez que la providencia cuestionada conculcó sus

derechos fundamentales, al no tener en cuenta el principio de

interpretación conforme a la Constitución.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela»7.

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

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como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó de la

siguiente forma:

“[…] V – DEFECTOS EN LOS CUALES INCURRIÓ EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ AUTO INTERLOCUTORIO No. 812
DEL 09 SEPTIEMBRE -2024:

“DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO. De conformidad con
la jurisprudencia constitucional9, el defecto material o
sustantivo se origina en primer momento cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta
su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales10, es decir, se da en los casos en que la
autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso,
ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b)
se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su
vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la
Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se
adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su
interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a
las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de
aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.”11

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“En segundo momento, el defecto material o sustantivo se
origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una
contradicción evidente y grosera entre la decisión y los
fundamentos que la explican. En este orden de ideas, se produce
cuando la decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no
sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras
disposiciones que regulan el caso, (VII) CUANDO DESCONOCE
LA NORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL APLICABLE AL CASO EN
CONCRETO,(VIII) NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
JUSTIFICADA Y POR ENDE AFECTA DERECHOS
FUNDAMENTALES (IX) CUANDO SIN UN MÍNIMO DE
ARGUMENTACIÓN SE DESCONOCE EL PRECEDENTE JUDICIAL,
(x) y cuando el juez no aplica la excepción de
inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la
Constitución”12. Este defecto, se presenta ante situaciones
excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión
judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente.”13

“DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE. En materia de
decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de
igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la
igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y
trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la
seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir
los casos iguales de la misma forma.”14

“En ese sentido, el precedente judicial15 es la figura jurídica que
sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la
ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las
consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la
igualdad en la aplicación del derecho.”

“En ese orden la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en
estricto sentido16. Por una parte, ha aclarado que antecedente
es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia,
que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista
fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos
de Derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no
significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al
momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar
las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad.”17

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Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia
de un precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen
el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de
hecho que enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la
pretensión del caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no
ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación.”18

“No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no
puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por
lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las
autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de
precedentes previos, bien sean estos verticales u
horizontales19, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de
transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a
apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber
de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales
se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico
del derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial.”20 […]

VII – APOYO JURISPRUDENCIAL A LAS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-188 DE
1999.REFERENCIA: EXPEDIENTE D-2191. DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 72 (PARCIAL)
DE LA LEY 446 DE 1998. DEMANDANTES: ANA MARIA ACOSTA,
JULIANA GOMEZ, CRISTINA TRUJILLO, ADRIANA GOMEZ,
CATALINA ROZO Y CLAUDIA OCHOA. […]

“CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-531 DE 1999.
REFERENCIA: EXPEDIENTE T-197369. DEMANDADAS: JUZGADO
TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE BOGOTÁ. PETICIONARIOS: CARMEN ALICIA
LUQUE CASTAÑEDA Y OTROS. M. PONENTE: DR. ANTONIO
BARRERA CARBONELL.

“CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-965 DEL 2003.
REFERENCIA: EXPEDIENTE D-4539. DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY
446 DE 1998, EL ARTÍCULO 177 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 678 DE 2001 Y
LOS ARTÍCULOS 4º, 5º, 14 Y 27 DE LA LEY 80 DE 1993. ACTOR:

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NESTOR RAÚL CORREA HENAO. MAGISTRADO PONENTE: DR.
RODRIGO ESCOBAR GIL. […]

CONSEJO DE ESTADO.SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B.
CONSEJERO PONENTE: DR. JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE.
AUTO DEL 03 DE ABRIL DEL 2008. EXPEDIENTE No. 25000-23-
25-000-2003-07833-01. AUTORIDADES NACIONALES.
ACTORA: ANA TULIA ROMERO DE BARBOSA. DEMANDADO: LA
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JURÍDICA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL. […]

CONSEJO DE ESTADO.SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL.
CONSEJERO PONENTE: DR. LUIS FERNANDO ALVAREZ
JARAMILLO. CONCEPTO DEL 09 DE AGOSTO DEL 2012.
RADICADO No. 11001-03-06-000-2012—00048-00.
REFERENCIA: CRITERIOS PARA CUMPLIR LAS SENTENCIAS
LABORALES DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA EL REINTEGRO
Y PAGO DE EMOLUMENTOS. […]

La otra SÍNTESIS, para esta parte de la acción de tutela, se
concreta en: La inaplicación de la norma, que ha sido examinada
por la Corte Constitucional (artículo 177-5° del CCA) y aplicada
por el Consejo de Estado y los tribunales, esto es,
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, para la resolución del
asunto motivo de esta acción de tutela, generó que dicho auto
interlocutorio no esté en consonancia con el marco legal
establecido y, por lo tanto, se configure el DEFECTO
SUSTANTIVO que afecta los derechos fundamentales del
accionante, tales como: debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia: Por ende, la inaplicación de la
mencionada norma, se derivó de una interpretación errónea del
precedente constitucional y del desconocimiento de los
mandatos de orden supra-legal.

Los hechos o fundamentos fácticos del presente caso son
equiparables a los mismos de casos resueltos con anterioridad;
de consiguiente, el Tribunal Administrativo del Chocó debió
aplicar en el presente asunto, el precedente constitucional
vigente; sin embargo, en la providencia (auto) no presentó una
argumentación jurídica clara, suficiente y pertinente para
apartarse del precedente aún vigente.

Bastante preocupante es la actuación del Tribunal Administrativo
del Chocó, en este caso, por cuanto en ninguna parte de su
providencia hizo referencia directa al precedente de la Corte

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Constitucional, para cumplir con la carga mínima de
transparencia que exige la inaplicación de las sentencias del
Tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional.

Tampoco, el Tribunal ya reseñado explicó por qué no hizo
mención al precedente constitucional, con el cual mi mandante
respaldaba sus pretensiones. Menos, indicó o señaló las razones
de dicha omisión, aunque desde la presentación de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, como en todos los
memoriales presentados ante dicha jurisdicción (acción
ejecutiva derivada de sentencia), se indicó y sustentó como
pretensión principal. A pesar de lo ya expuesto, la providencia
judicial del Tribunal Seccional no ofreció una justificación
razonable y suficiente que proporcionara y soportara las razones
por las cuales se apartaba de las sentencias de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados
Administrativos.

En términos generales, el fallo del Tribunal cuestionado no
presentó la fundamentación necesaria para sustentar la decisión
de la autoridad judicial y considerar el cambio de precedente
constitucional. En consecuencia, incurrió en DEFECTO
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, lo
cual ocasionó la violación de los derechos fundamentales de mi
mandante, haciendo viable acceder a las pretensiones de esta
acción de tutela. […]”.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que en el escrito

introductorio el actor se limitó a afirmar que el TRIBUNAL vulneró

sus derechos fundamentales, por cuanto no aplicó el precedente

jurisprudencial relacionado con el reconocimiento de los intereses

moratorios tratándose de la ejecución de créditos laborales.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial no sustentó las razones

para considerar el cambio de postura jurisprudencial, circunstancia

que ocasionó la vulneración de sus garantías constitucionales.

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La Sala advierte que las inconformidades descritas por el accionante

pretenden retrotraer asuntos que fueron objeto de análisis por el juez

de lo contencioso administrativo, sin que se evidencie relevancia

constitucional que permita estudiar el fondo del asunto, toda vez que

la fundamentación del escrito introductorio de la acción de tutela está

encaminada a controvertir las conclusiones a las que arribó el

TRIBUNAL respecto de la imposibilidad de reconocerle los intereses

moratorios al momento de aprobar la liquidación del crédito.

En efecto, al revisar la providencia cuestionada, la Sala advierte que

el TRIBUNAL precisamente determinó que el título ejecutivo, es

decir, la sentencia proferida dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho en la que se accedió al reconocimiento

y pago de la sanción moratoria, no se ordenó el pago de indexación

sobre el valor de la sanción, ni el pago de intereses moratorios, de la

siguiente manera:

“[…] 2.2. Problema jurídico
En el presente asunto, el problema jurídico a resolver en esta
instancia se contrae en determinar si en el presente caso es
procedente aprobar la liquidación del crédito sin los
correspondientes intereses moratorios, en cumplimiento de la
sentencia que dio origen al presente medio de control y lo ordenado
en el mandamiento de pago, o, por el contrario, le asiste razón a
la recurrente en indicar que los intereses moratorios deben ser
tenidos en cuenta al momento de liquidar el crédito.

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La ley es clara al disponer que la liquidación del crédito debe
realizarse con base en el mandamiento de pago, pues dicho acto
procesal tiene por objeto concretar el valor económico de la
obligación, una vez exista certeza sobre su contenido y exigibilidad,
la cual únicamente se obtiene del mandamiento de pago y de la
sentencia que ordena seguir con la ejecución, luego la suma que
se debe tener en cuenta como capital para realizar la liquidación
del crédito, será la que se indicó en el mandamiento de pago.

Revisado el expediente digitalizado, se observa el auto
interlocutorio No. 049 del 9 de mayo de 2013, a través del cual el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, libró
mandamiento de pago por la suma de Ciento Setenta Millones
Trescientos Siete Pesos ($ 170.000.307) por concepto de sanción
moratoria y por los intereses equivalentes al doble de civil legal, es
decir, al 1% mensual sobre el valor histórico actualizado, desde
que se hizo exigible la obligación, hasta cuando se verifique el
pago.

La anterior decisión, fue recurrida por la parte ejecutante, no
repuesta en primera instancia y en decisión del 22 de agosto de
2013 esta Corporación decidió:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero del auto interlocutorio
N° 349 del 9 de mayo de 2013, proferido por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará
así:

LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, a favor del ejecutante HECTOR
AURELIO MOSQUERA MOSQUERA y en contra del DEPARTAMENTO
DEL CHOCÓ, representado por el GOBERNAADOR DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ por quien haga sus veces, por la
suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($155.678.237), por concepto de sanción moratoria.

SEGUNDO: Confírmese en lo demás el auto apelado.
TERCERO: Por secretaría devuélvase el proceso al Juzgado de
origen, para lo de su competencia.”

Dicho auto en su parte motiva señala que la sentencia que presta
mérito ejecutivo, no ordenó indexación sobre el valor de la sanción
moratoria, ni intereses moratorios, motivo por el cual no se libró
mandamiento de pago por estos conceptos.

Mediante auto Interlocutorio 381 del 13 de mayo de 2014, el
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, ordenó seguir

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adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento de pago y ordena al ejecutante
presentar la liquidación del crédito de conformidad con el artículo
32 de la ley 1395 de 2010.

Mediante memorial con fecha de radicado 20 de mayo de 2014, la
apoderada de la parte ejecutante presenta liquidación del crédito,
en los siguientes términos: […]

Aunado a lo anterior, solicita se incluya dentro de las costas la
suma de $898.482 por concepto de póliza y $39.000, por gastos
del proceso.

De la liquidación presentada por la apoderada de la parte
demandante, el despacho corre traslado por el término de 3 días;
no se evidencia pronunciamiento de la parte ejecutada.

El Juzgado mediante auto 865 del 7 de diciembre de 2017, modifica
la liquidación presentada por la apoderada de la parte demandante,
en cuantía de ciento cincuenta y cinco millones seiscientos
setenta y ocho mil doscientos treinta y siete pesos
($155.678.237), por concepto de sanción moratoria, con el
siguiente detalle: […]

En el mismo auto, el juzgado fijó como agencias en derecho el 10%
de la suma que resulte de la liquidación del crédito.
La liquidación de costas fue realizada por el Secretario del juzgado,
en cuantía de dieciséis millones quinientos cincuenta y siete
mil trescientos cinco pesos ($16.557.305)6.

Mediante memorial de fecha 13 de diciembre de 2017, la
apoderada de la parte demandante, interpone recurso de apelación
contra el auto 865 del 7 de diciembre de 2017, que aprueba la
liquidación del crédito, en lo que atañe a la exclusión de los
intereses moratorios conforme lo ordena el artículo 177 del CCA.

Caso Concreto
Mediante Sentencia 192 del 05 de agosto de 2010, el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, dentro del medio del
control Nulidad y restablecimiento del Derecho interpuesto por el
señor Héctor Alirio Mosquera decidió:

“PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda.
SEGUNDO: Por Secretaría, devuélvase los remanentes de los
gastos ordinarios del proceso si a ello hubiere lugar.
TERCERO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente y
cancélese su radicación”

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La anterior decisión fue confirmada por esta corporación en
sentencia 192 del 05 de agosto de 2010, la cual quedó ejecutoriada
el 21 de febrero de 2012.

Mediante sentencia 141 del 27 de octubre de 2011, el Tribunal
Administrativo del Chocó, en cumplimiento de la providencia del 21
de julio de 2011, proferida por la Sección Segunda – Subsección B
– Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de
Estado dentro de la acción de tutela radicada bajo el número
11001031500020110054900, revoca la sentencia 192 del 5 de
agosto de 2010, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Quibdó y ordena cancelar al actor sanción moratoria de
que trata el parágrafo 2° de la Ley 244 de 1995, por el retardo en
el pago de las cesantías definitivas reconocidas mediante
resolución N° 502 del 29 de diciembre de 2020, en el periodo
comprendido entre el 31 de enero de 2004 y el 28 de septiembre
de 2005. Dicho fallo quedó ejecutoriado el 21 de febrero de 2012.
Es menester aclarar que ni en la sentencia 141 del 27 de octubre
de 2011, ni en el auto que libra mandamiento de pago, se ordenó
el pago de intereses moratorios, por el contrario, el Tribunal
Administrativo de Chocó, indicó en esta última providencia lo
siguiente:

“Así las cosas, considera el tribunal que en el presente asunto no
hay lugar a la indexación de los dineros que se reclaman por
concepto de sanción moratoria en el caso que hoy nos ocupa.
Por último, observa la sala que en la sentencia judicial que sirve
como título ejecutivo base de recaudo, tampoco se ordenó el pago
de intereses moratorios, por lo tanto, no hay lugar a su
reconocimiento”

Así las cosas y entendiendo que no es viable al Despacho modificar
o revocar sus propias decisiones judiciales, no le queda otro camino
que confirmar la decisión apelada […]”. (Destacado fuera de
texto)

Conforme lo anterior, la Sala evidencia que la autoridad judicial

accionada desarrolló un análisis razonado del título ejecutivo y de las

liquidaciones del crédito, tanto la presentada por la actora como la

efectuada por el JUZGADO y concluyó que no era posible acceder al

reconocimiento de los intereses moratorios, por cuanto la sentencia

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que ordenó el reconocimiento de la acreencia laboral solamente

ordenó el pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de

1995 por el retardo en el pago de las cesantías definitivas

reconocidas al actor, en el período comprendido entre el 31 de enero

de 2004 y el 28 de septiembre de 2005.

Asimismo, recalcó que el auto que libró el mandamiento de pago

señaló que no había lugar a la indexación de los dineros reclamados

por concepto de sanción moratoria, ni el pago de los intereses

moratorios, razón por la que el TRIBUNAL confirmó la providencia

cuestionada.

Sumado a lo anterior, es del caso advertir que no basta con que el

actor realice una remisión al tema objeto de debate dentro del

proceso ordinario, afirmando que la decisión controvertida

desconoció sus derechos fundamentales al no realizar un análisis

debido del asunto, por cuanto dicha afirmación no identifica en qué

forma el TRIBUNAL incurrió en algún defecto ni de qué manera tal

decisión desfavorable desconoció sus derechos fundamentales.

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Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante

sentencia de 28 de febrero de 201916, sostuvo que aun cuando la

acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los

accionantes les corresponde argumentar, al menos, de forma

sucinta, en qué forma la autoridad judicial incurrió en algún

defecto al proferir la providencia con la cual estiman vulnerados sus

derechos fundamentales.

Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales el

actor fundamentó la acción de tutela no permiten abordar un estudio

constitucional del asunto, máxime si se tiene en cuenta que estos ya

fueron objeto de pronunciamiento por el TRIBUNAL dentro del

proceso ejecutivo cuestionado, por lo que claramente lo pretendido

con esta acción constitucional, es reabrir un debate que ya se surtió

por el juez natural del asunto.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el

requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque el

actor no cumplió con el mínimo de carga argumentativa para explicar

la configuración de defecto alguno, sino porque, además, pretende

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-03615-01.

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29

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00135-00
Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

que en sede de tutela se estudien las razones y fundamentos

expuestos en la providencia dictada dentro del proceso ejecutivo, lo

que torna la acción de tutela improcedente, pues este mecanismo no

está instituido para ser ejercido como una instancia adicional a las

establecidas por el legislador en los procesos ordinarios.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00135-00
Actor: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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