Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00135-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00135-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00135-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
9 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00135-01
Demandante: Héctor Aurelio Mosquera Mosquera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C. nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00135-01
Demandantes: HÉCTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Héctor Aurelio Mosquera
Mosquera contra la providencia del 13 de febrero de 2025, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 15 de enero de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada,
Héctor Aurelio Mosquera Mosquera pidió la protección de los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 9
de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó el
auto del 07 de diciembre de 2017, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Quibdó, que aprobó la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo con
radicado 27001-33-33-003-201300-216-00/01
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
PRIMERA: CONCEDERLE AL SR. HECTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA tutela como
mecanismo definitivo, para la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso
y acceso a la administración de justicia, en razón a la violación de dichos derechos, de parte el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante el auto interlocutorio No. 812 del 09 de septiembre del 2024, como
se detallará en el cuerpo de esta acción constitucional.
SEGUNDA: ORDENAR AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, DEJAR SIN
EFECTOS PARCIAL el auto interlocutorio No. 812 del 09 de septiembre del 2024, del Tribunal
Administrativo del Chocó, que aprobó la liquidación del crédito, excluyendo los INTERESES
MORATORIOS. Además, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la sentencia a dictar, profiera una nueva providencia, teniendo en cuenta las consideraciones
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-00135-00.
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Demandante: Héctor Aurelio Mosquera Mosquera
jurídicas expuestas en el fallo, respecto de la inclusión en la liquidación del crédito los INTERESES
MORATORIOS, por mandato del artículo 177-5° del CCA., a partir de la fecha de ejecutoria de la
sentencia (febrero 21 del 2012), hasta cuando se cancele en su totalidad la obligación.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Héctor Aurelio Mosquera Mosquera presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el departamento del Chocó con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de
conformidad con la Ley 244 de 1995, para el período comprendido entre el 31 de enero
de 2004 y el 28 de septiembre de 2005.
Del asunto conoció el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó (2007-
00142-00), que, mediante sentencia del 5 de agosto de 2010, declaró probada de oficio
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
Inconforme con lo anterior, formuló recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo
del Chocó que, en providencia del 27 de octubre de 2011, revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, condenó al departamento del Chocó a pagar la sanción moratoria solicitada.
Luego, el señor Mosquera presentó demanda ejecutiva contra el departamento del
Chocó, de la que conoció el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó
(27001-33-33-003-2013-00216-00) que, ordenó seguir adelante con la ejecución el 13 de
mayo de 2014.
Mediante auto del 7 de diciembre de 2017, el juzgado aprobó la liquidación del crédito
por valor de $ 155.678.237, más el valor correspondiente a las agencias en derecho
equivalente a $15.567.823 y el costo de una póliza por valor de $989.482, esto, sin incluir
valor alguno por intereses moratorios.
Inconforme el señor Mosquera presentó recurso de apelación el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Chocó mediante providencia de 9 de septiembre de 2024, en
la que aclaró que ni en la sentencia 141 del 27 de octubre de 2011, ni en el auto que libra
mandamiento de pago, se ordenó el pago de intereses moratorios, por el contrario, el
Tribunal, indicó en esta última providencia lo siguiente: “Así las cosas, considera el tribunal que en
el presente asunto no hay lugar a la indexación de los dineros que se reclaman por concepto de sanción moratoria en
el caso que hoy nos ocupa. Por último, observa la sala que en la sentencia judicial que sirve como título ejecutivo base
de recaudo, tampoco se ordenó el pago de intereses moratorios, por lo tanto, no hay lugar a su reconocimiento".
Por lo anterior y entendiendo que no era viable para el Despacho modificar o revocar sus
propias decisiones judiciales, éste confirmó la decisión apelada.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia objeto de
tutela incurrió en:
Defecto sustantivo, pues, a su juicio, el Tribunal Administrativo del Choco dejó de aplicar
las sentencias C-188 de 1999, T-531 de 1999, C-965 de 2003 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Héctor Aurelio Mosquera Mosquera
Desconocimiento del precedente
• Vertical al desconocer las providencias con radicado N° 25000-23-25-000-2003-
07833-01, 11001-03-06-000-2012-00048-00 del Consejo de Estado, Sección
Segunda y Sala de Consulta y Servicio Civil, respectivamente.
• Horizontal al no tener en cuenta la providencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia del 23 de julio del 2013.
5. Intervenciones
El Tribunal Administrativo del Chocó, a través del informe rendido por el Magistrado
Ariosto Castro Perea, señaló que no actuó como magistrado ponente dentro del proceso
ejecutivo en el que se profirió la providencia objeto de tutela, como lo manifestó la
accionante, en su escrito de tutela. Además, aclaró que el trámite judicial fue adelantado
por el despacho 03 del Tribunal, en el que funge como ponente la Magistrada Norma
Moreno Mosquera.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Quibdó se limitó a remitir el
expediente digital de la acción ejecutiva objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento
alguno frente al fondo del asunto.
El departamento del Chocó señaló que la solicitud de amparo debe ser denegada, por
cuanto los derechos reclamados por la parte actora no han sido vulnerados por la entidad
departamental. Asimismo, señaló que la decisión adoptada por el Tribunal debe
mantenerse en aras de garantizar la seguridad jurídica frente a las órdenes que imparten
los administradores de justicia.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 13 de febrero de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito general de relevancia
constitucional, pues el demandante reiteraba argumentos expuestos en el proceso
ejecutivo.
Explicó que los argumentos presentados por el actor no permitían abordar un estudio
constitucional del asunto. En lugar de eso, intentan reabrir la controversia ya resuelta por
el juez de natural.
7. Impugnación
El demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara y
que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, revocar o modificar la decisión
tomada en primera instancia dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Héctor Aurelio
Mosquera Mosquera.
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Demandante: Héctor Aurelio Mosquera Mosquera
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia. En efecto, la acción de
tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional porque el
demandante insiste en argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural y usa la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso ordinario, el demandante insiste en que
en la liquidación del crédito se debieron incluir intereses moratorios.
En efecto, del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto
interlocutorio 865 del 7 de diciembre de 2017, dictado por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Quibdó,5 señaló que:
[…] El mandamiento de pago, ordenó el pago de intereses moratorios del 1%, equivalente al doble del civil. Esta
determinación de primera instancia fue revocada por el Tribunal con auto del 22 de agosto de 2013. La contadora
de la rama Judicial, no liquidó intereses moratorios conforme a la decisión del Tribunal.
[…] No es legal liquidar intereses moratorios, acogiendo los mandatos del artículo 1617 del Código civil, por cuanto
dicha norma no aplica a estos, cuando se adeudan salarios, prestaciones, indemnizaciones. Significa lo anterior
que no es dable el artículo 145 del C.P.T. referente a la aplicación analógica, porque esta solo es para normas
procesales y no para normas sustanciales.
En síntesis, considero Sr. Juez procedente el recurso interpuesto, dentro de la oportunidad legal, para que una vez
se haga la liquidación del crédito adicionándola con la inclusión de los intereses moratorios, desde la fecha de
ejecutoria de la sentencia, hasta la efectividad del pago total de la obligación. Anexo la liquidación del crédito con
los intereses moratorios desde el 21 de febrero de 2012 hasta el 15 de diciembre de 2017, tomando como capital,
la sanción moratoria, equivalente a $ 155.678.237, cuya sumatoria asciende a $ 437.071.710, sin las costas
(agencias en derecho). […]
Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación), el demandante señala
que el Tribunal dejó de interpretar y aplicar la disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, insistiendo en la procedencia de los intereses moratorios
estipulados en el artículo 177 del CCA.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Chocó, en
providencia del 9 de septiembre de 2024, que consideró:
Es menester aclarar que ni en la sentencia 141 del 27 de octubre de 2011, ni en el auto que libra mandamiento de
pago, se ordenó el pago de intereses moratorios, por el contrario, el Tribunal Administrativo de Chocó, indicó en
esta última providencia lo siguiente:
“Así las cosas, considera el tribunal que en el presente asunto no hay lugar a la indexación de los dineros que se
reclaman por concepto de sanción moratoria en el caso que hoy nos ocupa.
Por último, observa la sala que en la sentencia judicial que sirve como título ejecutivo base de recaudo, tampoco
se ordenó el pago de intereses moratorios, por lo tanto, no hay lugar a su reconocimiento”
Así las cosas y entendiendo que no es viable al Despacho modificar o revocar sus propias decisiones judiciales, no
le queda otro camino que confirmar la decisión apelada .
Como se ve, en el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a
examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada
en el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional.
Además. La Sala encuentra que la discusión que propone el accionante no gira en torno
a un asunto constitucional o a la defensa de un derecho fundamental, sino a la
determinación de aspectos meramente económicos con connotaciones particulares, en
la medida en que busca el reconocimiento de intereses moratorios.
5 Tomado del resumen del auto interlocutorio de segunda instancia
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Demandante: Héctor Aurelio Mosquera Mosquera
Sobre este punto, la Corte Constitucional6 ha señalado que «las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de
ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”»7.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Consejo de Estado,
Sección primera.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
6 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
7 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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