Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00136-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00136-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00136-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00136-00
Demandante: Germán Botero Gallego
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00136-00
Demandante GERMÁN BOTERO GALLEGO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial de una alta Corporación.
Presupuestos de procedibilidad. Defectos: fáctico y sustantivo. Medio
de control de reparación directa. Ocupación permanente de bien
inmueble. Liquidación del daño material: daño emergente y lucro
cesante.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Germán Botero Gallego, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de enero de 20151, Germán Botero Gallego, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado. Considera que esa autoridad vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la reparación integral al proferir la sentencia del
18 de noviembre de 2024 que decidió la segunda instancia en el medio de control
de reparación directa nro. 66001-23-33-000-2013-00358-01. En la providencia se
modificó la liquidación del daño material realizada por el juez de la primera instancia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«Solicito de la Sala competente para resolver la presente Acción de Tutela, disponer la
concesión de la Tutela por los Derechos fundamentales Violados de IGUALDAD, PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES INDEMNIZACION PLENA DEL PERJUICIO DERIVADO DEL DAÑO,
DEBIDO PROCESO Y/O los derechos fundamentales violados que identifique la Sala,
invocados por el demandante señor GERMAN BOTERO GALLEGO y consecuencialmente
ordene DEJAR SIN EFECTO la sentencia de Segunda Instancia de fecha 18 de noviembre de
2024, y como consecuencia Decretar la CONFIRMACION INTEGRA DE LA SENTENCIA DE
PRIMERA INSTANCIA proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda –
Sala Tercera de Decisión Magistrada Ponente PAOLA ANDREA GARTNER HENAO, de fecha
31 de agosto de 2017, con su respectiva indexación.» (Sic para toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En la demanda de reparación directa se lee que, el señor Germán Botero
Gallego es propietario del predio «El Finco» que está compuesto por dos lotes
de 2.217 metros cuadrados, ubicados en La Virginia, Risaralda y alegó la
ocupación permanente de este predio por parte de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda (CARDER).
1
Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índices 1 y 2).
2
Página 2 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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Demandante: Germán Botero Gallego
Se indicó que en la Resolución 3214 de 2011, la CARDER ordenó la
construcción de obras para mitigar una emergencia invernal dentro de la zona
forestal protectora de los ríos Cauca y Risaralda.
El demandante argumentó que sus lotes no son de uso público y que no
forman parte del cauce del río Risaralda ni de su madre vieja, razón por la que
la intervención debió realizarse mediante compra o negociación. Sin embargo,
informó que el 14 de enero de 2012, funcionarios de la CARDER ingresaron a
su propiedad y construyeron una canal de tres metros de ancho que atravesó
el terreno, afectando su integridad y funcionabilidad.
2.2. Por lo anterior, el señor Germán Botero Gallego promovió medio de control de
reparación directa contra la CARDER y el Municipio de La Virginia para obtener
la indemnización de los perjuicios causados con la ocupación permanente que
estas entidades realizaron sobre los lotes 2 y 3 del predio «El Finco».
En la demanda se solicitó la condena en contra de las entidades demandadas
por los siguientes conceptos y montos: (i) $443.900.000, por daño emergente;
(ii) $31.500.000, por concepto de lucro cesante y (iii) $50.000.000, por daño
moral.
2.3. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió a la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que, en sentencia
del 31 de agosto de 2017, declaró la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la CARDER, porque el demandante no tenía el deber de soportar
que su predio fuera ocupado por una obra pública sin que mediara
indemnización por parte esta entidad.
Consecuencia de la anterior declaración, condenó a la demandada al pago del
daño emergente, correspondiente al valor actualizado del inmueble en
$478.169.667 y ordenó la transferencia de los dos lotes a la CARDER. Esta
suma se determinó con fundamento en la prueba pericial. Además, reconoció
el lucro cesante en la suma de $148.539.000 y negó el daño moral porque no
se acreditó.
2.4. El apoderado de la CARDER apeló la sentencia de primera instancia y solicitó
que se revocara la decisión de condena para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda. Dijo que: (i) el predio es de naturaleza pública
por lo que podía ser intervenido sin compensación; (ii) la zona en la que están
ubicados los lotes ha sido históricamente inundable lo que refuerza su carácter
público; (iii) el predio, por sus características, no puede ser utilizado para
construcción ni para uso paisajístico. Tampoco cuenta el demandante con
licencia para ejercer la pesca por lo que no puede exigir una indemnización a
ese respecto; (iv) el tribunal omitió las pruebas que daban cuenta de que la
necesidad de la obra se socializó con la comunidad; y (v) el fallo no puede
legalizar las ocupaciones de zonas de uso público.
De manera subsidiaria, la CARDER solicitó que, en caso de que se mantenga
el sentido de la decisión, se modifique la tasación de perjuicios de acuerdo con
el uso permitido del suelo y reducir la condena en costas.
2.5. En sentencia del 18 de noviembre de 2024, la subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de condena de primera
instancia, pero modificó la liquidación del daño material. Consideró que el
dictamen pericial no contenía información fiable que respaldara los cálculos
que realizó, por lo que determinó el monto del perjuicio a partir de otros medios
de prueba aportados al proceso.
De acuerdo con lo anterior, modificó la sentencia de primera instancia, para
condenar a la CARDER al pago de $39.070.729, por concepto de daño
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emergente y negó la condena por lucro cesante porque no era procedente el
reconocimiento de réditos, debido a que la suma por daño emergente había
sido debidamente actualizada a la fecha de la sentencia.
Finalmente, dispuso el registro y protocolización de la sentencia en la oficina
de registro de instrumentos públicos para que obre como título traslaticio de
dominio de los lotes No. 2 y No. 3 del predio denominado «El Finco» a favor
de la CARDER.
3. Fundamentos de la acción
3.1. El demandante alegó la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad,
dado que los lotes 2 y 3 del predio El Finco, estaban en una zona homogénea
en la que otros predios habían sido utilizados para actividades comerciales y
turísticas. Sostuvo que estos terrenos compartían ubicación y características
con otros establecimientos de comercio que obtuvieron permisos municipales
para operar, lo que da cuenta de que la zona permitía el desarrollo económico
y turístico.
A ese respecto, agregó que la CARDER en conceptos previos señaló que la
protección ambiental de un área no impedía su explotación sustentable, pero
el Consejo de Estado desconoció estas condiciones y concluyó que el suelo
no era apto para desarrollo urbanístico ni comercial, negando la indemnización
por perjuicios.
De acuerdo con lo anterior, el actor argumentó que la sentencia acusada
vulneró el principio de igualdad, pues los predios con las mismas condiciones
sí recibieron autorizaciones para actividades económicas y citó jurisprudencia
constitucional que establece que los casos semejantes deben recibir el mismo
trato.
En similar sentido alegó la vulneración del derecho a la igualdad en la
aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial, pues la Ley 388 de 1997
establece que las normas urbanísticas deben aplicarse con neutralidad,
garantizando el mismo tratamiento a los propietarios en condiciones similares.
Afirmó que si otros lotes de El Finco fueron autorizados para actividades
comerciales, los suyos debían recibir el mismo trato.
3.2. De otro lado, en el escrito de tutela se alegó la violación del derecho
fundamental del actor a «una indemnización plena», pues la condena impuesta
por el Consejo de Estado no compensó de manera adecuada el daño que
padeció el señor Botero Gallego. El actor afirmó que la modificación de la
sentencia en segunda instancia, redujo la compensación a una cifra ínfima que
no se corresponde con el perjuicio real, lo que generó un detrimento
patrimonial y una situación de empobrecimiento sin justa causa.
De acuerdo con lo anterior, argumentó que el Consejo de Estado impuso una
transferencia de los bienes inmuebles a un precio irrisorio, lo que constituyó
una vía de hecho en detrimento de su derecho fundamental a la indemnización
plena por el daño antijurídico imputable a la CARDER
3.3. El actor también manifestó que la sentencia acusada violó su derecho
fundamental al debido proceso porque modificó la indemnización con base en
un argumento errado. El Consejo de Estado justificó la exclusión del dictamen
pericial en que los expertos no consideraron en su concepto el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial (PBOT) de La Virginia, que ubicaba el predio en una
zona de riesgo de inundación que no era apto para desarrollo urbanístico.
Consideró que la sentencia incurrió en defecto sustantivo, le dio un alcance
errado a la norma al asignarle efectos diferentes a los previstos por el
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legislador. Este error tuvo un impacto importante porque desvirtuó el análisis
del daño emergente y del lucro cesante, lo que redujo injustificadamente la
indemnización.
3.4. En el escrito de tutela se indicó que la sentencia acusada incurrió en un defecto
fáctico, pues realizó una valoración contraevidente del dictamen pericial, lo que
distorsionó la tasación del daño emergente y lucro cesante. El Consejo de
Estado desestimó la pericia argumentando que carecía de soporte para
cuantificar los perjuicios, pero no especificó cuáles eran los supuestos vacíos
en la prueba lo que impidió su análisis y contradicción.
De acuerdo con lo anterior, consideró que se concretó un defecto fáctico en la
sentencia debido a que la valoración de la prueba pericial fue arbitraria y
alejada de criterios objetivos. Además, alegó que se valoró indebidamente la
declaración que sobre el uso del suelo en el predio El Finco, hizo el apoderado
de la CARDER otorgándole valor de verdad, aunque su dicho no estaba
respaldado en el Acuerdo que invocó.
En este sentido reprochó que se haya declarado que el predio tiene riesgo de
inundación por lo que su uso del suelo no es apto para el desarrollo
urbanístico, solo con fundamento en la afirmación del apoderado de la
CARDER de que así lo disponía el PBOT contenido en el Acuerdo 041 de
2008, expresada en el interrogatorio al perito; sin embargo, advierte que en el
texto del Acuerdo no se mencionan las reglas sobre el manejo del uso del
suelo en el predio El Finco, por lo que no hay soporte real de la conclusión
sobre el uso del suelo. En consecuencia, estima que la tasación se disminuyó
de manera caprichosa.
Destacó que el dictamen pericial de la empresa ALIAR SA, cumplió con los
requisitos técnicos y metodológicos exigidos por la ley procesal. Explicó que
el perito tenía más de 40 años de experiencia y que realizó una descripción
detallada del predio y de los valores comerciales de la zona. Además, aplicó
los métodos valuatorios pertinentes, visitó la Oficina de Planeación de La
Virginia y comparó los precios del metro cuadrado con los predios vecinos.
Adicional a lo anterior, sostuvo que el manejo del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de La Virginia ha sido irregular y variable, lo que
generó incertidumbre respecto de su aplicación. Dijo que el perito consultó a
los funcionarios municipales quienes indicaron que no existía PBOT para el
predio en litigio, información que se corroboró en el documento oficial del
Concejo Municipal de la Virginia, en el que se certificó que no se encontró
ningún acuerdo que adoptará el PBOT.
3.5. Respecto del no reconocimiento del lucro cesante, el actor manifestó: «el Daño
emergente y el Lucro Cesante que obedecen a distintas instituciones jurídicas, son
irregularmente unificados por la sentencia con el peregrino argumento de que, al actualizar el
Daño Emergente, consecuentemente arropa o cobija el Lucro Cesante, con fractura directa a
la distinción que señala el art. 1614 del C.C. y a la separación para su tasación diseñada por
los expertos juristas en la materia. Esta situación crea un Defecto de norma sustantiva que
origina la Vía de Hecho contra el Derecho Fundamental al Debido Proceso.»
3.6. Con base en estos elementos, el actor concluyó que la sentencia de segunda
instancia desconoció las pruebas del proceso, desestimó arbitrariamente el
dictamen pericial y sustentó su decisión en información errónea.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 17 de enero de 2025, el despacho ponente requirió a la parte
accionante para que allegara al expediente la copia del mensaje de datos a
través del cual el señor Botero Gallego confirió poder especial a su abogado
para representarlo en este proceso. Además, le solicitó que individualizara los
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sujetos procesales que participaron en el proceso de reparación directa nro.
666001-23-33-000-2013-00358-02.
4.2. Cumplido el anterior requerimiento, en auto del 28 de enero de 2025, el
despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por Germán Botero
Gallego, a través de apoderado judicial, contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Además, vinculó como terceros con interés, a la Corporación Autónoma
Regional del Risaralda, CARDER, al Tribunal Administrativo de Risaralda y al
Municipio de La Virginia, Risaralda, dada su calidad de sujetos procesales en
el medio de control de reparación directa nro. 66001-23-33-000-2013-00358-
00/01.
Finalmente, ofició al Tribunal Administrativo de Risaralda para que allegara la
copia digitalizada del expediente objeto de análisis.
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto de la secretaria
de la Corporación, informó la imposibilidad de remitir el expediente del proceso
de reparación directa sub examine, porque no está digitalizado y, en ese
momento, era la Sección Tercera del Consejo de Estado quien lo tenía en su
custodia.
4.4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del ponente de la sentencia acusada, manifestó que no participaría
en la acción de tutela, pero que acataría las órdenes y disposiciones que se
adopten en el proceso.
4.5. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), por conducto
de apoderado judicial, indicó que, en el trámite de la segunda instancia del
proceso de reparación directa analizado, fueron garantizadas todas las etapas
del derecho al debido proceso de las partes por lo que no se acreditó
vulneración alguna de ese derecho fundamental.
De otra parte, alegó la improcedencia de la acción de tutela dado que las
pruebas aportadas no dan cuenta de irregularidades procesales o violación de
derechos fundamentales. Agregó que, se respetaron las instancias procesales
en las que se les otorgó a las partes los mecanismos legales para lograr la
satisfacción de sus derechos.
4.6. El 25 de febrero de 2025, la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda
remitió el expediente digitalizado del proceso de reparación directa analizado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Determinación y planteamiento del problema jurídico
3.1. Esta Sala observa que en la acción de tutela se plantearon dos cargos
principales contra la sentencia del 18 de noviembre de 2024, emitida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. De una parte, el
actor invocó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y a
la reparación integral con ocasión a la concreción de un defecto fáctico en la
tasación del daño material por concepto de daño emergente.
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Demandante: Germán Botero Gallego
En consideración de la parte accionante, la liquidación del perjuicio desestimó
arbitrariamente el contenido del dictamen pericial y basó la cuantificación del
daño en medios de prueba que no contenían información fiable para esos
efectos. Este análisis, a su juicio, vulnera su derecho a la igualdad, porque
otros predios ubicados en la misma zona han sido utilizados para actividades
económicas y turísticas, pero esa situación fue desconocida por la autoridad
judicial accionada.
De otro lado, se alegó la concreción de un defecto sustantivo en la sentencia
en relación con el no reconocimiento del lucro cesante. El actor dijo que el
peregrino argumento utilizado por la autoridad judicial para no reconocerlo,
vulnera el artículo 1614 del Código Civil que distingue las figuras del daño
emergente y del lucro cesante y justifican su tasación independiente.
3.2. Ahora bien, por tratarse de una acción de tutela contra una providencia judicial,
debe la Sala, en primera medida, corroborar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad. De superarse este primer análisis, determinará si
la sentencia del 18 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso nro. 66001-23-33-000-
2013-00358-01 (60753) incurrió en defecto fáctico y en defecto sustantivo.
4. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
(i) La acción de tutela se presentó en un término razonable, dado que fue radicada
el 14 de enero de 2025 y la sentencia que resolvió el proceso de reparación directa
analizado se notificó el 13 de diciembre de 20247; (ii) comporta relevancia
constitucional en tanto acusa la configuración de defecto fáctico y defecto sustantivo
en una sentencia ordinaria de segunda instancia; (iii) en el escrito de tutela se hizo
una narración clara de los hechos y de las pretensiones de la acción; (iv) el caso
supera el requisito de subsidiariedad, porque contra la providencia acusada no
proceden recursos ordinarios y los alegatos de la acción de tutela no se acompasan
con las causales de procedibilidad de los recursos extraordinarios de revisión ni de
unificación de jurisprudencia; y (v) no se discute una sentencia de tutela.
Relativo a la relevancia constitucional, conviene agregar que la sentencia de primera
instancia declaró la responsabilidad extracontractual de la CARDER y liquidó el
perjuicio material de acuerdo con lo sugerido en la prueba pericial, situación que no
generó inconformidad de la parte demandante.
La insatisfacción del señor Botero Gallego se centra en la sentencia de segunda
instancia, donde la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó
el reconocimiento del lucro cesante y disminuyó la liquidación del daño emergente
por considerar que la prueba pericial no había cuantificado de manera adecuada
esa categoría de perjuicios. Luego, no es posible afirmar que la acción de tutela sea
una reiteración del recurso de apelación.
5. Defecto fáctico: su alcance y análisis en el caso particular
5.1. La Corte Constitucional ha indicado que la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es «estrictamente excepcional»8 a fin de
proteger los principios de autonomía, especialidad e independencia judicial,
así como los de seguridad jurídica y cosa juzgada. Así entonces, el estudio de
la petición de amparo se torna más riguroso frente al defecto fáctico, pues es
pacífico que el juicio de valoración probatoria desplegado por el juez natural
7
Índices 61 y 62, Samai. Proceso nro. 66001-23-33-000-2013-00358-02
8
Sentencia SU215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: Germán Botero Gallego
de la causa está prevalido de un amplio margen de discrecionalidad, propio
del sistema de libre valoración acogido en el Código General del Proceso9.
Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, pues no
equivale a arbitrariedad o capricho; implica que la intromisión del juez de tutela
en la valoración probatoria del fallador natural se restringe a los eventos en los
cuales la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta10. La acción de
tutela no se puede convertir en una instancia revisora de la actividad probatoria
del juez ni un escenario para imponer una tesis alternativa de valoración
probatoria. Esto, en procura de garantizar la independencia judicial, cuyo
alcance adquiere significado en actos propios e intrínsecos del juez de la
causa, como la valoración de la prueba.
Para dilucidar los escenarios donde el juez constitucional está habilitado para
estudiar la valoración probatoria del fallador ordinario, resultan ilustrativas las
sentencias SU 129 de 2021 y T 018 de 2023, en las que la Corte Constitucional
estableció los parámetros para identificar si la valoración probatoria supera los
límites de lo racional frente a la calidad de las pruebas y de su valoración11.
Algunos de los eventos identificados por la jurisprudencia, son: (i) cuando la
conclusión extraída de las pruebas es por completo equivocada (arbitraria) y
esa desproporción puede identificarse por cualquier «persona de juicio
medio»; (ii) cuando las pruebas no se valoraron en integridad; (iii) cuando la
conclusión probatoria se fundamenta en pruebas impertinentes,
inconducentes o ilícitas; (iv) cuando los enunciados y conclusiones probatorias
carecen de fundamento objetivo y la decisión se cimienta en la voluntad o
capricho del juez; y (vii) cuando se niega, por capricho o arbitrariedad, el
decreto o práctica de una prueba relevante para resolver el asunto debatido.
Por el contrario, cuando la decisión judicial se fundamenta en la valoración
racional y razonable de los medios de prueba, en el marco de discrecionalidad
propio del sistema de libre valoración, no es dable al juez constitucional dejar
sin efectos la decisión judicial, aunque considere que debió darse una
apreciación diferente de los medios de prueba12.
Al respecto, en la sentencia T 217 de 2010, la Corte Constitucional indicó:
“Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica,
y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela
la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la
valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima” (Destaca la Sala) 13.
Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter «extremadamente reducido», dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios14.
5.2. En el caso particular, el actor argumentó que la sentencia del 18 de noviembre
de 2024 incurrió en defecto fáctico porque valoró indebidamente la prueba
9
Artículos 165. Medios de prueba y 176. Apreciación de las pruebas.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU337 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo, reiterada en la sentencia T-018 de 2023,
con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
11
Sobre el concepto de racionalidad, el Tribunal Constitucional en la sentencia SU-128 de 2021, indicó: El concepto
razonabilidad, en particular y en interpretación de la Corte, puede ubicarse en la antípoda del concepto arbitrariedad.
12
En ese sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-018 de 2023, párrafo 74.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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pericial en la que expertos determinaron el precio del predio de propiedad del
señor Botero Gallego. En el escrito de tutela se alegó que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado realizó una valoración contraevidente del dictamen pericial
que llevó a distorsionar la tasación del daño material y afectó el derecho a la
igualdad y a la reparación integral del actor porque fijó el valor del bien en una
suma ínfima que no se compadece con el daño que se le causó ni con el valor
real de los predios ubicados en la zona homogénea en la que otros inmuebles
han sido utilizados para actividades comerciales y turísticas, con los debidos
permisos del municipio. También discute que se disminuyera el peso de convicción de la pericia
aduciendo que carecía de soporte para cuantificar perjuicios, pero no
especificara en las sentencias cuales eran esos soportes y se le privara de su
análisis. Y estima, que se valoró indebidamente la declaración que sobre el
uso del suelo en el predio El Finco, hizo el apoderado de la CARDER
otorgándole valor de verdad, aunque su dicho no estaba respaldado en el
contenido del Acuerdo 041 de 2008, que invocó como fundamento. Finalmente, destacó que el dictamen pericial cumplió con los requisitos
técnicos y metodológicos dispuestos por la ley procesal por lo que debe
otorgársele el adecuado peso de convicción con miras a determinar la
liquidación del daño material. 5.3. Vistos los anteriores argumentos en armonía con la parte considerativa de la
sentencia acusada, esta Sala no estima que la autoridad judicial accionada
incurriera en un defecto en la valoración de las pruebas del proceso en los
términos establecidos en la jurisprudencia constitucional. Relativo a la liquidación del daño emergente, la autoridad judicial de segunda
instancia indicó que el a quo fundamentó su decisión al respecto en la prueba
pericial rendida por Mario Corrales Giraldo y Óscar Tamayo Rivera. Se destacó
que los peritos calcularon el perjuicio material «con base en precios de venta de
bienes del Municipio La Virginia que tienen uso comercial y que pueden ser explotados
en proyectos urbanísticos» y que la pericia fue objetada por error grave por la
CARDER, aduciendo que los cálculos carecen de soportes y se fundamentan
apenas en la apreciación subjetiva de los auxiliares de la justicia. 5.4. Establecido el anterior contexto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado valoró la prueba pericial que pretendía acreditar el valor de
la propiedad, así:
«39.- La sala considera que el dictamen y su aclaración rendida por los auxiliares de la justicia
en cuanto a la cuantificación de los perjuicios carece de soporte que respalden sus cálculos y
se realizó bajo el supuesto de que el bien era explotable económicamente. Los peritos se
limitaron a estimarlos con base en las afirmaciones realizadas en la demanda y en lo que
supuestamente investigaron sobre las últimas ventas realizadas en el Municipio de La Virginia
para calcular el valor del área de los lotes No. 2 y No. 3 del demandante. Además, sus
conclusiones en cuanto a la cuantificación de este perjuicio no tuvo en cuenta lo dispuesto en
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Virginia (Acuerdo 041 de 2008)
que establece que la zona urbana donde está ubicada el predio tiene riesgo de inundación y,
por ello, su uso del suelo no es apto para desarrollo urbanístico y está limitado a las
condiciones que estableciera la Secretaría de Planeación Municipal, de conformidad con los
requisitos ambientales determinados por la CARDER. En la audiencia de contradicción del
dictamen, el apoderado de la CARDER le preguntó al perito Mario Corrales Giraldo, de
profesión ingeniero civil, lo siguiente:
“Pregunta del apoderado de la CARDER: ¿Sr.
Perito para la elaboración del dictamen tuvo en cuenta el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Virginia vigente para la época en la que se
realizaron las obras y cuál es ese uso que determinó ese plan para ese predio?
Contesta el perito del perito: Yo estuve en las Oficinas de Planeación de La Virginia un buen rato y dijeron
en La Virginia no hay Plan Básico de Ordenamiento Territorial (…). En la Virginia hay un Plan del 2009
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que el Concejo lo va a cambiar, pero no han podido ponerse de acuerdo y no me quisieron dar copia
porque eso no está vigente. Entonces a mí no me dieron ninguna indicación porque nada está vigente”.
Pregunta del apoderado de la CARDER: Indica que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente
para la época en la que se ejecutaron las obras es el Acuerdo 041 de 2008, el cual contempla como usos
del suelo en el barrio Alfonso López, específicamente en el sector <El Finco> actividades de reforestación
y proyectos eco-turísticos de recuperación paisajística, ese era el uso del suelo. ¿Revisado su dictamen
pericial señala que el uso del suelo es el desarrollo arquitectónico y urbanístico, explíquele al despacho
como se armoniza eso?
Contesta el perito: “Como le digo estuve en la Oficina de planeación y hablé con varios funcionarios y
me dijeron que en La Virginia no hay Plan Básico de Ordenamiento Territorial porque existe el del 2009
para algunas cosas vigentes y pregunté si en ese tenía algo relacionado con EL FINCO y me dijeron que
no, que eso era muy general. (…)”
40.- Teniendo en cuenta que está acreditado que la CARDER ocupó un área de 2.219 m2 de
los lotes No. 2 y No. 3 del predio denominado <El finco> de propiedad del demandante Botero
Gallego, lo que da lugar a reparar el daño causado, pero no por los montos solicitado en la
demanda, ni en la proporción reconocida por el tribunal, la Sala advierte que en el expediente
obran los siguientes documentos, con base en los cuales fijará el valor a reparar por este
concepto, habida cuenta de que está probado que los lotes – desde que fueron adquiridos por
el demandante – no podían construidos ni en ellos podía desarrollarse ningún tipo de actividad
comercial:
40.1.- La escritura No. 1247 del 26 de diciembre de 2006 en la que consta que el demandante
Germán Botero Gallego compró los lotes No. 2 y No. 3 del predio denominado <El Finco> por
el valor de ocho millones trescientos treinta mil pesos ($8.330.000) cada uno, lo cual también
consta en los certificados de libertad y tradición aportados.
40.2.- La factura del impuesto predial unificado de los lotes No. 2 y No. 3 del predio
denominado <El Finco> del año 2012 en el que consta que el avalúo de cada uno es de un
millón seiscientos cincuenta mil pesos ($1.650.000).
41.- En vista que obra como prueba el valor de adquisición de los lotes, el cual resulta superior
al avalúo catastral, la Sala reconocerá este primer valor ($8.330.000 por cada lote)
debidamente actualizado por concepto de daño emergente a favor del demandante. Al no
existir otro medio de prueba que permita determinar el valor del inmueble, la sala considera
razonable estimarlo en su valor de adquisición: el demandante compró por esa cantidad los
lotes en esas condiciones, sin que pueda pretender el pago de un valor comercial distinto;
sabía –porque así lo admite en la demanda– cuál era el valor de su derecho, por lo cual resulta
ajustado reconocerlo en esos términos también en desarrollo del principio de buena fe que le
prohíbe a las personas desconocer sus propios actos.
42- Así las cosas, la Sala estima procedente reconocer al demandante Germán Botero Gallego
el valor de adquisición de los lotes No. 2 y 3 pactado en la escritura No. 1247 de 2006, esto
es, el valor total por los dos lotes que corresponde a dieciséis millones seiscientos sesenta mil
pesos ($16.660.000).
42.1.- El anterior valor se actualizará a la fecha de esta sentencia con base en la siguiente
fórmula (…).
42.2.- En consecuencia, se reconocerá a favor del demandante Germán Botero Gallego la
suma de treinta y nueve millones setenta mil setecientos veintinueve pesos ($39.070.729) por
concepto de daño emergente.» (Subraya la Sala)
5.5. De lo anterior se destaca que, la disminución del valor probatorio de la prueba
pericial para cuantificar el precio del bien no derivó del capricho o arbitrariedad
de la autoridad judicial, sino del análisis de su contenido que daba cuenta de
que sus conclusiones se basaron en supuestos que no se correspondían con
el inmueble analizado, como la consideración de que los predios eran
explotables económicamente o que tenían aptitud urbanística, lo cual fue
desvirtuado en el curso del proceso.
En el análisis sobre la fiabilidad de la pericia respecto de la cuantificación del
precio de los predios, la autoridad judicial evidenció que los expertos en su
informe indicaron que el uso del suelo de los lotes era de desarrollo
arquitectónico y urbanístico y a partir de esa consideración realizaron la
cuantificación. Sin embargo, en su ejercicio no consideraron el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de la Virginia que establece que la zona urbana
donde está ubicada el predio tiene riesgo de inundación y, por ello, su uso del
suelo no es apto para desarrollo urbanístico.
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Así las cosas, se reitera, la decisión de descartar el dictamen pericial como
medio de prueba para cuantificar el daño material no deriva de la arbitrariedad
o del capricho de la autoridad judicial, sino del hecho, debidamente motivado
en la sentencia, de que los peritos determinaron el precio del bien con
fundamento en información que no se corresponde con sus características y
que dejaron de lado información relevante para tal fin como lo era el Acuerdo
041 de 2008.
5.6. Establecido lo anterior, conviene indicar que el juez no está sometido al
contenido de la pericia ni sus conclusiones determinan el sentido de la
decisión; por el contrario, corresponde a la autoridad judicial valorar las
pruebas del proceso bajo las reglas de la sana crítica y establecer
razonadamente el mérito que les asigna15. Así las cosas, le está permitido al
juez de la causa apartarse motivadamente de las conclusiones de la pericia
cuando considera, por ejemplo, que las conclusiones no están suficientemente
fundamentadas o que se basaron en información que no corresponde al caso
particular, como ocurrió en el asunto sub examine.
En esa línea se pronunció la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en la sentencia del 4 de junio de 202416, veamos:
«Sobre la valoración [del] dictamen pericial, es relevante considerar que en los tiempos
actuales se predica la autonomía del juez respecto a lo conceptuado por el experto en su
pericia, es decir, aquel no se encuentra atado obligatoriamente a lo concluido por el perito y
no puede aceptarlo irreflexivamente bajo la excusa de carecer de los saberes especializados
necesarios para efectuar una correcta valoración.»
Y en similar sentido, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la sentencia del 18 de noviembre de 202417 (Exp. 65.337), precisó
que: «las conclusiones en ellos contenidas [dictámenes periciales] no pueden considerarse
como acertadas, en abstracto, pues ello depende de su valoración, en concreto, según las
reglas de la sana crítica y de conformidad con la totalidad de las pruebas recaudadas en el
proceso».
Luego, la disminución motivada y razonada del valor probatorio de un medio
de prueba no concreta per se un defecto fáctico, en realidad hace parte del
ejercicio de valoración probatoria establecer el mérito que el juez de la causa
asigna de manera individual y conjunta a los medios de prueba y del contenido
de la sentencia no deriva un error ostensible y flagrante en esa actividad. Así
las cosas, corresponde al juez de la causa respetar la autonomía e
independencia del juez especializado en la valoración de las pruebas
aportadas en el caso que fue puesto en su conocimiento.
5.7. Tampoco se evidencia que en la liquidación del perjuicio material se haya
incurrido en desconocimiento del derecho a la igualdad del actor, pues la
determinación del valor del predio se fundamentó en sus características y uso
del suelo de los lotes 2 y 3 del predio El Finco, que fueron acreditadas en el
proceso. Por lo que la liquidación del perjuicio atendió a la valoración que de
las pruebas del proceso hizo el juez natural de la causa tal como debe ocurrir
en estos eventos.
La tasación del perjuicio debe estar soportada en las pruebas que fueron legal
y oportunamente aportadas al proceso y que resulten útiles para el propósito
que se persigue, tal y como lo hizo el juez de la causa, sin que la consideración
general de que otros predios de la zona fueron avaluados en un valor más alto
o que a los propietarios se les ha concedido permiso para explotar
económicamente sus predios se erija como argumento suficiente para
15
Código General del Proceso. Artículo 176.
16
Proceso nro. 66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037). M.P. María Adriana Marín.
17
Proceso nro. 47001-23-31-000-2012-00036-01 (65.337). M.P. Alberto Montaña Plata.
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descartar o refutar el juicio probatorio frente a la tasación del daño emergente
en el caso particular. 5.8. Respecto de la reducción de la liquidación del daño material en más de un
90% de lo que había sido reconocido en la primera instancia, advierte la Sala
que, descartadas las conclusiones que al respecto contenía la prueba pericial,
la autoridad judicial procedió a realizar la liquidación del perjuicio con las
demás pruebas del proceso que contenían información relevante para tal fin. Así pues, consideró (i) la escritura pública nro. 1247 del 26 de diciembre de
2006 y los certificados de tradición y libertad, en donde consta el valor que
pagó el señor Botero Gallego cuando compró los lotes 2 y 3 del predio El Finco
y (ii) la factura del impuesto predial unificado para los lotes del año 2012,
donde constaba el avalúo de cada uno de ellos para ese año. La Sala
determinó el valor de los predios a partir del primer documento. Dijo que el
lucro cesante estaría determinado por ese monto debidamente actualizado a
la fecha de emisión de la sentencia. Aunque es clara la disminución de la liquidación del daño emergente en
segunda instancia, esa sola situación no da cuenta de un yerro en la sentencia,
por el contrario, se evidencia que, en virtud del principio de necesidad de la
prueba, la autoridad accionada acudió a los demás medios de convicción que
contenían información relevante para cuantificar el perjuicio y procedió con su
valoración debidamente motivada. No observa la Sala que la sentencia haya
incurrido a ese respecto en un defecto fáctico. 5.9. En el escrito de tutela también se discutió que en la sentencia se hubiera
declarado que el predio no era apto para el desarrollo urbanístico basándose
únicamente en la afirmación del apoderado de la CARDER durante el
interrogatorio del perito, quien señaló que así lo establecía el Acuerdo 041 de
2008. No obstante, el actor advirtió que en el texto del Acuerdo no se
especifican las condiciones del uso del suelo del predio El Finco, por lo que
advirtió que la conclusión de la sentencia acusada en ese sentido carece de
sustento y la tasación del perjuicio es arbitraria. Sobre lo anterior, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la sentencia acusada, indicó que los peritos no tuvieron en cuenta
«que la zona urbana donde está ubicado el predio tiene riesgo de inundación y, por ello, su
uso del suelo no es apto para desarrollo urbanístico y está limitado a las condiciones que
estableciera la Secretaría de Planeación Municipal» y, más adelante, destacó que se
probó que los lotes desde que fueron adquiridos por el demandante no podían
ser construidos ni en ellos podía desarrollarse ninguna actividad comercial. Si bien estas conclusiones se fundamentaron en el Acuerdo 041 de 2008, ese
acto administrativo no es la única prueba que sobre las condiciones y
características del predio obra en la sentencia. En el literal «G» del fallo, se
advirtió el riesgo de inundación que se cierne sobre los predios de propiedad
del actor, las características del suelo y que no posee aptitud urbanística. Se
relacionan los acápites pertinentes:
«G. Aunque los lotes del demandante están ubicados en la Madre Vieja no eran bienes de uso
público (…)
18.- Del informe técnico 960 del 9 de noviembre de 2006 es posible advertir que el predio <El
Finco> de propiedad del demandante si se encuentra ubicado al oriente del casco urbano del
municipio sobre la llanura aluvial formada por los cauces de los ríos Risaralda y Cauca y que
esta zona está expuesto a riesgos naturales de tipo hidrológico, además que se caracteriza
por la presencia de <suelos blandos de origen aluvial>, por lo que <no posee aptitud
urbanística> y solo se contempla como uso paisajístico. Puntualmente, se indicó: (…)
8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Teniendo en cuenta las características de los terrenos,
tal como se ha descrito, el sector no tiene aptitud urbanística.
Cualquier actividad o intervención que se
proponga, debe ir orientada a su recuperación ambiental, sanitaria y de salubridad. (….) Para la
determinación del uso de los terrenos en el sector de la Madre Vieja y su zona de influencia, se deben
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considerar los siguientes aspectos: 1.- Aptitud de los suelos. Esta zona no posee aptitud urbanística. Por
ningún motivo se debe considerar la posibilidad de construir viviendas o construcciones rígidas con
destinación comercial o de infraestructura. Las áreas de expansión deben localizarse en otro sector. (…)
4.- Áreas de espacio público, de interés ambiental para toda la población. La recuperación ambiental del
sector es importante para mejorar estos aspectos. Es la función principal del sector (…)
19.- Desde la fecha de elaboración del mencionado informe se constata que dentro de las
obras para evitar las constantes inundaciones en esa zona se realizaría un <canal trapezoidal>
a lo largo de los brazos de la Madre Vieja que facilite la <<devolución de las aguas al río de
manera más rápida una vez haya bajado el nivel del río Cauca>>. Además, se estableció que
con estas obras se eliminarían los grandes empozamientos en las zonas más bajas y <<se
evitará la construcción de nuevas viviendas en inmediaciones del antiguo meandro>>.
20.- Según la escritura No. 1247 del 26 de diciembre de 2006, el demandante Germán Botero
Gallego adquirió los Lotes No. 2 y No. 3 ubicados en el barrio Alfonso López y según la licencia
otorgada para la subdivisión las acciones permitidas eran <<Orientar el uso de suelo de
reserva hacia la prestación de servicios turísticos y recreativos de bajo impacto de los
siguientes predios y áreas: El Finco, lote comprendido entre la vía paisajística y el Rio
Risaralda>>.
21.- También obran las declaraciones de terceros que manifestaron que el sector donde
estaba ubicado el predio <<El Finco>> es una llanura de inundación que era el antiguo cauce
del río Risaralda; que en época invernal esa zona resulta gravemente afectada y que la
CARDER ejecutó unas obras en el sector, entre esas, una <<zanja>> en el predio del
demandante que ocupa gran parte de su terreno y que no fue terminada.»
(…)
22.- Según los planos aportado por la CARDER el predio del demandante se encuentra
ubicado en la zona de la Madre Vieja, por lo que se desvirtuó las manifestaciones del
demandante de que su predio no está ubicado en esa zona. Sin embargo, tampoco le asiste
razón a la CARDER de que por su ubicación es un bien de uso público. Esto debido a que las
normas que refiere indican que el Estado titulara tierras aledañas a ríos, lagos, excluyendo las
que se encuentren dentro de los treinta metros y para ello, deberá delimitarlo, lo cual no ocurrió
en el presente caso.» (Subraya la Sala)
De acuerdo con lo expuesto, se insiste, las conclusiones expuestas por el juez
de la causa en relación con las características del predio, el uso del suelo y su
aptitud urbanística, no aparecen fundamentadas únicamente en la intervención
del apoderado de la CARDER en audiencia de contradicción de la prueba
pericial, sino que también aparece acreditada con otras pruebas del proceso
que fueron analizadas motivada y razonadamente en la sentencia. Luego,
sobre ese aspecto tampoco se evidencia la concreción de un defecto fáctico.
6. De otro lado, el actor discutió que la decisión de no reconocer el lucro cesante
obedeció a una confusión conceptual entre esta categoría de perjuicios y el
daño emergente. Dijo que se trata de instituciones jurídicas diferentes, como
lo consagra el artículo 1614 del Código Civil18 y por lo tanto su tasación debe
ser independiente.
Sobre el lucro cesante en la sentencia acusada, se indicó:
«43.- El tribunal reconoció por concepto de lucro cesante <los réditos que habría dejado de
producir el dinero que se le debió entregar al afectado para el momento en el que se ocupó su
bien>. Calculó que los réditos de los $443.000.000 corresponden a la suma $148.539.000.
44.- La sala estima que no es procedente el reconocimiento de réditos por cuanto, la suma a
reconocer por concepto de daño emergente fue debidamente actualizada a la fecha de esta
sentencia.»
No evidencia la Sala que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado haya incurrido en la alegada confusión de las modalidades de
liquidación del perjuicio material. Por el contrario, precisó que lo que el tribunal
había reconocido como réditos propios del lucro cesante, en realidad se
18
«Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse
cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja
de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retar dado su
cumplimiento.»
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Demandante: Germán Botero Gallego
subsume en la liquidación del daño emergente donde la suma a reconocer se
actualizó hasta la fecha de la sentencia (año 2024).
Así las cosas, para esta Sala la precisión hecha en la sentencia en relación
con el reconocimiento del lucro cesante no evidencia que se hayan confundido
las modalidades de reconocimiento y tasación del daño material, por lo que se
desestima el defecto sustantivo invocado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la acción de tutela interpuesta por Germán Botero Gallego, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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