Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2015-00490-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2015-00490-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-33-000-2015-00490-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
RADICACIÓN: 66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
DEMANDANTE: MARTHA LUCÍA PORRAS OYUELA Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE PEREIRA-RISARALDA
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO: Daños generados por
la falta en el mantenimiento y señalización de la malla vial / NEXO DE
CAUSALIDAD: Debe encontrarse acreditado con los diferentes medios probatorios
regulados legalmente / PRUEBA INDICIARIA: Valoración probatoria de los indicios
/ PRUEBA PERICIAL: Autonomía del juzgador y criterios para su apreciación.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Aproximadamente a las 18:45 horas del 30 de mayo de 2014, el señor José Darío
Osorio Oyuela se desplazaba en su bicicleta motorizada por la Avenida Las
Américas entre calles 50 y 51 de la ciudad de Pereira, cuando sufrió una caída que
le causó la muerte. La parte demandante aduce que la causa del accidente fue la
falta de mantenimiento de la vía y la ausencia de señalización que alertara a los
transeúntes sobre la existencia de un hueco en dicho sitio.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
El 2 de diciembre de 2015, las señoras Martha Lucía Porras Oyuela (cónyuge),
María Daniela Osorio Porras (hija), Laura Marcela Osorio Porras (hija) y Ligia
Oyuela de Osorio (madre), por intermedio de apoderado judicial (fls.1-4 C.1),
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
formularon demanda de reparación directa en contra del municipio de Pereira-
Risaralda con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones:
Declárese al municipio de Pereira (Risaralda), representado por el señor alcalde
o quien haga sus veces, administrativamente responsable del fallecimiento del
señor José Darío Osorio Oyuela y por consiguiente de la totalidad de los daños
y perjuicios ocasionados a cada uno de los demandantes enunciados en este
escrito.
Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes o
similares condenas:
1.Por perjuicios morales. De conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de
la Ley 446 de 1998, y en consonancia con los planteamientos de la última
variación jurisprudencial, se solicita por este daño las siguientes
indemnizaciones:
a) Para Martha Lucía Porras Oyuela (esposa), 100 SMLMV, a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, los que hoy cuestan $64.435.000.oo.
b) Para María Daniela Osorio Porras (hija), 100 SMLMV, a la fecha de ejecutoria
de la sentencia, los que hoy cuestan $64.435.000.oo.
c) Para Laura Marcela Osorio Porras (hija), 100 SMLMV, a la fecha de ejecutoria
de la sentencia, los que hoy cuestan $64.435.000.oo.
d) Para Ligia Oyuela de Osorio (madre), 100 SMLMV, a la fecha de ejecutoria
de la sentencia, los que hoy cuestan $64.435.000.oo.
(…)
2°. Por perjuicios materiales: Se debe a la señora Martha Lucía Porras Oyuela
(esposa), o a quien o a quienes sus derechos representaren al momento del
fallo, indemnización por la supresión de la ayuda económica -lucro cesante- que
venía recibiendo del señor José Darío Osorio Oyuela, quien se desempeñaba
como docente, devengando $3.379.271.00 mensuales.
La indemnización comprende dos períodos:
El vencido o consolidado (….)
Partiendo del valor del salario ($3.379.271.oo), descontamos el 25% de gastos
personales, arrojando un guarismo de $2.534.453.25, más el aumento del 25%
por prestaciones sociales, nos arroja un saldo de $3.168.066.56, que
multiplicados por 18 nos arroja un gran total de $57.025.198.08, para ser
adjudicados a la esposa reclamante.
La futura o anticipada (…)
Para liquidar este daño, tomamos en cuenta la esperanza de vida menor que
corresponde a la de José Darío Osorio Oyuela, es decir 252.6 mesadas, que
multiplicadas por el salario base ($3.168.066.56), nos arroja un total de
$800.253.613.05.
(…) 3. Por intereses. Se cancelarán a cada uno de los demandantes, o a quien
o quienes sus derechos representaren al ejecutoriarse la sentencia, los
intereses que se generan a partir de la fecha de ejecutoria.
(…) 4. Condena en costas. De conformidad con el artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, condénese al
ente público demandado, si resultare vencido en la presente litis, a cancelar las
costas correspondientes en los términos del Código de Procedimiento Civil.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
Como fundamento fáctico se expuso que el 30 de mayo de 2014, el señor José
Darío Osorio Oyuela se desplazaba en una bicicleta motorizada a la altura de la
Avenida Sur con calles 50-51, barrio El Rosal de la ciudad de Pereira, cuando sufrió
un aparatoso accidente al perder el equilibrio por el mal estado de la malla vial
(huecos), lo que causó su muerte como consecuencia de un trauma cervical y
craneoencefálico.
2.2. La demanda fue admitida el 25 de febrero de 2016 (fl. 71 C.1.).
2.3. Luego de la notificación del auto admisorio (fls.75-84 C.1.), el municipio de
Pereira presentó contestación a la demanda. Alegó que la víctima debía soportar
los daños derivados del ejercicio de una actividad peligrosa como lo es la
conducción de una bicicleta con motor de dos tiempos, por tal razón, se asimilaba
a una motocicleta, siendo exigible licencia de tránsito, y como el fallecido no contaba
con esa habilitación, se configuró la culpa exclusiva de la víctima.
A su vez, formuló llamamiento en garantía en contra de La Previsora S.A. Compañía
de Seguros en virtud del contrato materializado en la póliza Previalcaldias 1001064
(fls. 85-92 C.1.).
2.4. El 23 de mayo de 2017 se admitió el llamamiento en garantía (fl. 119 C.1.). La
Previsora S.A. Compañía de Seguros contestó la demanda negando la existencia
de prueba acerca de que la causa del accidente fuera el mal estado de la vía,
tratándose realmente de una mera hipótesis, porque bien pudo obedecer a la
pérdida de equilibrio por las enfermedades graves padecidas por el señor Osorio
Oyuela o bien por una falta de mantenimiento del vehículo.
Respecto al llamamiento en garantía sostuvo la ausencia de cobertura según las
condiciones de la póliza No. 1001064, solicitó tomar en cuenta los límites de
responsabilidad, las condiciones generales y exclusiones del seguro, junto con el
coaseguro distribuido entre Seguros del Estado (15%), Liberty Seguros S.A. (10%)
y La Previsora S.A. (75%) (fls. 127-139 C.1).
2.5. El 21 de agosto de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial (fls. 166-169 C.1).
2.6. La audiencia de pruebas se desarrolló el 8 de noviembre de 2018, durante la
cual se corrió el traslado para alegar de conclusión por escrito (fls.205-207 C.1).
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Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
2.7. De forma oportuna la parte demandante (fls.221-237 C.1.1), La Previsora S.A.
Compañía de Seguros (fls. 213-220 C.1.1) y el municipio de Pereira (fls.284-286
C.1.1) presentaron alegatos de conclusión.
3. Sentencia de primera instancia
El 30 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la
responsabilidad patrimonial del municipio de Pereira y lo condenó a la
indemnización de los perjuicios. La decisión se fundamentó en las siguientes
consideraciones:
-El municipio de Pereira tenía la obligación del mantenimiento y conservación del
tramo vial donde ocurrieron los hechos, la cual fue incumplida al existir un hueco en
el carril por donde se desplazaba la víctima directa, sin que existiera señalización
para advertir de la presencia de ese peligro a los usuarios de la vía, omisiones
constitutivas de una falla del servicio.
-Pese a la inexistencia de alguna declaración de testigos directos, a partir de una
valoración conjunta de las pruebas, se colige que la falta de mantenimiento y
señalización de la Avenida Las Américas a la altura de las calles 50 y 51 se erigió
como la causa directa de la muerte del señor Osorio Oyuela.
-Con el informe policial de accidentes de tránsito quedó probado que en el carril por
donde se desplazaba la víctima existía un hueco de una proporción considerable y
sin señalización; en el mismo sentido, la inspección al vehículo indicó como lugar
de impacto la parte frontal inferior de la bicicleta.
-La prueba de las circunstancias fácticas de tiempo y lugar permitían inferir las
correspondientes al modo como ocurrió el accidente, en el sentido que el siniestro
tuvo origen en el hueco en la vía, produciendo la pérdida de control de la bicicleta,
la desaceleración y la posterior caída de la víctima.
-De haberse efectuado obras de reparación de la capa asfáltica para homogenizar
la superficie y así eliminar las depresiones, junto con la señalización pertinente, era
razonable que se hubiera podido evitar el accidente en el que falleció el señor Osorio
Oyuela.
-En lo relativo al hecho exclusivo de la víctima, no se probó el funcionamiento del
motor de dos tiempos incorporado a la bicicleta, e inclusive, si este estuviera
operando, no existe ningún incumplimiento de las normas de tránsito con la entidad
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Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
para ser determinante en la ocurrencia del hecho, máxime cuando no se reprochó
la falta de pericia del conductor o la velocidad a la que se desplazaba; tampoco se
demostró que las afectaciones en el estado de salud de la víctima tuvieron relación
con el suceso; por el contrario, la necropsia realizada determinó que la causa de la
muerte fue “trauma cervical y craneoencefálico”; por último, no fue de recibo la falta
de mantenimiento de la bicicleta como causa del incidente, puesto que la inspección
concluyó que los frenos se encontraban en buen estado.
En cuanto a la indemnización de perjuicios, concedió la suma de 100 SMLMV en
favor de la señora Martha Lucía Porras Oyuela (cónyuge), María Daniela Osorio
Porras (hija), Laura Marcela Osorio Porras (hija) y Ligia Oyuela de Osorio (madre)
por concepto de perjuicios morales.
Negó el reconocimiento del lucro cesante, debido a que la señora Martha Lucía
Porras era beneficiaria de las pensiones de jubilación y de gracia a partir del
fallecimiento de su cónyuge, ligado a que se desvirtuó la presunción de dependencia
económica en vista de que la demandante se encontraba laborando.
Finalmente, condenó a La Previsora S.A. a reembolsar al municipio de Pereira las
sumas de dinero que se cancelen en virtud de la sentencia, en atención al sublímite
de $189.555.991,66 (actualizado) y el porcentaje a cargo de la llamada en garantía
de acuerdo con el coaseguro pactado (fls. 288-309 C.Seg.Inst.).
4. Recursos de apelación
4.1. Municipio de Pereira
Argumentó la inexistencia del nexo de causalidad, pues si bien se verificó un
imperfecto sobre la vía, este hecho no puede tenerse como prueba indirecta de la
relación entre la falla del servicio y el daño.
Ignoró el Tribunal que el señor Osorio Oyuela transitaba por esa misma vía de
manera frecuente y nunca había sufrido accidentes por culpa del hueco, por
consiguiente, no puede asumir este desperfecto como la causa de la caída, máxime
cuando no existen pruebas sobre la ocurrencia de otros accidentes en la misma vía
con vehículos similares.
Insistió en que una bicicleta con motor se asimila a una motocicleta, quien la utilice
debe portar la licencia de conducción y los permisos correspondientes, con los
cuales no contaba el señor Osorio Oyuela, de esto se deriva un indicio de impericia
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Referencia: Medio de control de reparación directa
que configura la culpa exclusiva de la víctima, ligado a que las reglas de la
experiencia enseñan que quien conduce un vehículo de dos ruedas tiene la
probabilidad de perder el equilibrio.
En el plenario solo se demostró la existencia de un desperfecto sobre la vía por
donde transitaba el señor Darío Osorio Oyuela y su caída metros más adelante,
pero no se probó que ese hueco hubiera sido la causa del incidente (fls. 311-313 C.
Seg.Inst.).
4.2. La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Sostuvo que la decisión únicamente está fundamentada en el indicio derivado de la
existencia del hueco en la vía, sin existir prueba para concluir que dicho desperfecto
fue la causa eficiente y determinante del accidente.
Lo anterior por cuanto no existieron testigos presenciales de los hechos; el croquis
del accidente registra como hipótesis “por establecer”; en este mismo documento
se consignó que la distancia entre el hueco y el sitio de caída de la víctima es de
9.80 metros; la bicicleta se encontró al lado del cuerpo y al no registrarse huellas de
arrastre o deslizamiento se deduce que allí fue donde ocurrió la caída, recorriendo
9.80 metros después del bache; la comunidad retiró la bicicleta de las piernas de la
víctima; y también reiteró las falencias del informe técnico de reconstrucción del
accidente elaborado 10 meses después, cuando el hueco no existía.
Resaltó que al momento de elaborar el croquis, se observó que la llanta delantera
se encontraba enredada con el cable del freno, aspecto que constituiría no solo un
indicio, sino en una prueba contundente sobre la falla del vehículo.
Solicitó tomar en consideración las enfermedades previas del fallecido, el aumento
de tamaño del corazón y la hipertrofia del ventrículo izquierdo pudieron causar una
falla cardíaca y por eso lo repentino de la caída.
En torno al llamamiento en garantía, reprochó que el Tribunal hubiera adoptado
como sublímite el valor de $150.000.000, suma global para la vigencia de la póliza,
cuando realmente el sublímite por evento es de $30.000.000.
Asimismo, se opuso a la indexación del sublímite, pues la sentencia citada de la
Corte Constitucional solo aplica al caso específico y las normas que regulan el
contrato de seguro no autorizan ninguna indexación, para ello se cuenta con la
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posibilidad de aumentar los valores asegurados con el consecuente pago de la
prima adicional (fls.314-322 C.Seg. Inst.).
5. Trámite de los recursos de apelación
5.1. Los recursos fueron concedidos durante la audiencia de conciliación celebrada
el 3 de marzo de 2020 (fl. 334-335 C.Seg.Inst.).
5.2. Esta Corporación admitió los recursos de apelación por proveído del 4 de
noviembre de 2020 (fl. 344 C. Seg.Inst.).
5.3. Por auto del 20 de enero de 2021 se corrió el traslado para alegar de conclusión
(fl. 346 C. Seg.Inst.), término durante el cual las partes se pronunciaron así:
5.3.1. La parte demandante alegó que la decisión del juzgador de primera instancia
no es arbitraria ni caprichosa, encontrándose fundamentada en las pruebas
incorporadas al proceso, elementos de juicio tomados como hechos indicadores
para concluir que el accidente fue producto de la irregularidad vial y su falta de
señalización (Índice 14 SAMAI).
5.3.2. La Previsora S.A. Compañía de Seguros expuso que la decisión no es
coherente con el material probatorio, especialmente, mostró inconformidad con el
análisis dado al dictamen pericial que resultó controvertido en el momento de la
sustentación, además, no comparte el análisis efectuado del croquis elaborado por
las autoridades de tránsito.
Reiteró que no quedó demostrado que el hueco en la vía fuera la causa eficiente y
determinante del accidente; en el croquis se registró que la hipótesis del suceso
estaba “por establecer”, en tanto la víctima no cayó al lado o cerca al bache; la
víctima cayó a 9.80 metros después del hueco y la bicicleta quedó en el mismo sitio
del cuerpo, retirada de las piernas del conductor, sin que exista huella de arrastre o
desplazamiento, aspectos indicativos de que ya había pasado por el desperfecto y
el desplome fue mucho más adelante. Por el contrario, se demostró que en la
resolución de archivo de la investigación penal se incluyó como hipótesis que la
llanta delantera de la bicicleta se encontraba enredada con el cable del freno; solicitó
tomar en consideraciones las afecciones cardíacas de la víctima y el conocimiento
de la vía por la que transitaba todos los días para llegar a su trabajo (Índice 15
SAMAI).
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
6. El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia recurrida ante la ausencia de
acreditación del nexo causal entre el daño y la falta de mantenimiento y señalización
de la vía pública. Concordó con la omisión en la que incurrió la administración
municipal al no realizar el mantenimiento vial, pero señaló que el incidente bien pudo
ser ocasionado por un simple descuido de la víctima en la conducción o bien por
haber sufrido una afección cardiaca.
Destacó que la víctima se desplazaba habitualmente por esa vía por asuntos
laborales, ello significa que seguramente conocía de la existencia del desperfecto,
lo que le imponía tomar las precauciones requeridas.
Por último, resaltó la posible configuración del hecho exclusivo de la víctima, porque
la bicicleta había sido transformada en una motocicleta al instalarle un motor de dos
tiempos. Esta transformación deja dudas sobre si la adecuación fue realizada
técnicamente, si el sistema de frenos era adecuado, si contaba con los permisos de
circulación y si usaba casco (Índice 20 SAMAI).
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer el presente asunto por tratarse de la apelación
de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, conforme a lo
previsto por el artículo 150 del CPACA.
Igualmente, en razón a la cuantía, porque la pretensión mayor1 superó el límite de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes contemplado en el
numeral 6 del artículo 152 ibídem.
2. Legitimación en la causa
La señora Martha Lucía Porras Oyuela se encuentra legitimada en la causa por
activa en razón a que era la cónyuge del señor José Darío Osorio Oyuela (fl. 1 C.2).
De igual modo, las señoras María Daniela Osorio Porras (hija), Laura Marcela
Osorio Porras (hija) y Ligia Oyuela de Osorio (madre) se encuentran legitimadas en
la causa por activa en vista de su vínculo de consanguinidad con la víctima directa
(fls. 2-4 C.2).
1
Por concepto de lucro cesante futuro se solicitó el valor de $800.253.613,05.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
Por su parte, el municipio de Pereira se encuentra legitimado en la causa por pasiva,
toda vez que el daño le fue imputado tanto fáctica como jurídicamente por ser el
ente territorial obligado al mantenimiento y conservación de la vía donde ocurrieron
los hechos objeto de litigio.
3. Ejercicio oportuno del medio de control
En consonancia con lo regulado por el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos años
contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue
en fecha posterior.
El accidente en el que falleció el señor José Darío Osorio Oyuela ocurrió el 30 de
mayo de 2014, por tanto, el término inicial para presentar la demanda fenecía el 31
de mayo de 2016, pero como la misma fue radicada el 2 de diciembre de 2015, se
impone concluir que no operó la caducidad del medio de control,
independientemente de la suspensión por el desarrollo del trámite conciliatorio (fls.
111-120 C.2).2
4. Caso concreto
4.1. Daño
El recurso de apelación no se direccionó a impugnar el análisis efectuado por el a
quo sobre este elemento; con todo, se evidencia que el daño correspondió con la
muerte del señor José Darío Osorio Oyuela el día 30 de mayo de 2014, hecho que
se encuentra corroborado con el registro civil de defunción (fl. 6 C.2) y el informe
pericial de necropsia No. 2014010166001000300 del 31 de mayo de 2014 emitido
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 81-84 C.2).
4.2. Imputación
En los casos en que se imputa a las autoridades la omisión en el cumplimiento de
sus deberes, es preciso identificar los preceptos de orden constitucional, legal y
reglamentario, así como los pronunciamientos judiciales, que hubieren precisado el
alcance de sus obligaciones. Una vez determinado el contenido obligacional a cargo
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La solicitud de conciliación fue radicada el 8 de septiembre de 2015 y la constancia de no
acuerdo conciliatorio expedida el 24 de noviembre del mismo año.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
de la entidad pública en el caso concreto, “debe proceder a establecer si el sujeto
accionado defraudó las expectativas de actuación que se desprendían del que
constituye su rol, de este modo configurado”3.
La Sección Tercera ha desarrollado un marco jurisprudencial del análisis de
responsabilidad del Estado en eventos de accidentes de tránsito por falta de
mantenimiento y señalización vial. Ha sostenido que el Estado está obligado a
realizar las labores necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de
manera que deberá responder en los siguientes eventos: i) cuando conozca las
condiciones naturales del terreno, de las cuales sea previsible el desprendimiento
de materiales de las montañas aledañas a las carreteras y, sin embargo, no adopte
las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de tragedias naturales o accidentes
de tránsito, y ii) cuando incurra en omisión de sus tareas de conservación y
mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial, responsabilidad que
acarreará mayor exigencia si se demuestra que los daños u obstáculos
permanecieron sobre una carretera durante un tiempo razonable para actuar, sin
que la entidad demandada hubiera efectuado las obras de limpieza, remoción,
reparación o señalización, con miras a restablecer la circulación normal en la vía,
evento en el cual se deberán evaluar las condiciones y circunstancias del caso
particular, con el fin de determinar la razonabilidad del tiempo, valoración que será
más estricta si se llega a demostrar que el hecho anormal fue puesto en
conocimiento de la accionada y que esta omitió el cumplimiento de sus funciones;
no obstante, en este punto cabe advertir que la falta de aviso a la entidad encargada
no la exonera de responsabilidad.4
La demostración de la existencia de un obstáculo en una vía no es, por sí sola,
suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de
producirse un daño, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del
nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la
administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.5
Para iniciar el análisis del acervo probatorio recaudado en el presente proceso,
deben reconocerse las grandes dificultades de acreditar fehacientemente, en
muchos eventos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de un accidente
acaecido en el tráfico automotor, eventos que ocurren en cuestión de segundos, lo
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011,
radicación No. 66001-23-31-000-1997-03870-01(17613), C.P. Mauricio Fajardo Gómez
4
Criterio reiterado por la Subsección en sentencia del 21 de septiembre de 2016, radicación No.
76001-23-31-000-2006-02216-01(42492), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de marzo de 2021, radicación No. 41001-23-31-000-2009-00171-01(54191), C.P.
María Adriana Marín.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
que impide, en muchos casos, la presencia de algún testigo directo; por tanto, las
partes podrán acudir a todos los medios probatorios legalmente permitidos con el
fin de esclarecer dichas circunstancias, escenario en el que la prueba indiciaria se
erige como una vía para solventar estos obstáculos.
Precisamente, en el plenario no se cuenta con un testigo directo de los fatales y
lamentables hechos ocurridos el 30 de mayo de 2014 en la ciudad de Pereira. Como
se expondrá más adelante, el cúmulo probatorio está constituido principalmente por
piezas documentales, testimonios circunstanciales y un dictamen pericial, a partir
de los cuales se definirá si les asiste razón a los apelantes sobre la falta de
comprobación del nexo causal, o si, por el contrario, era viable dar por verificado
este elemento de la responsabilidad con base en indicios.
La parte demandante allegó al expediente una serie de documentos y entrevistas
provenientes de la investigación penal adelantada por el posible homicidio culposo
del señor José Darío Osorio Oyuela. La Sala apreciará estos medios de prueba,
aunque no fueron recopilados con audiencia del municipio de Pereira y la llamada
en garantía, como lo dispone el artículo 174 del CGP, lo cierto es que ambos
tuvieron la oportunidad de conocer su contenido y estructuraron su defensa a partir
de ellos, aunado a que no se solicitó la ratificación de las declaraciones vertidas en
las entrevistas, como lo regula el artículo 222 ibídem; por consiguiente, mal haría
la Sala en descartar estos elementos, aun sabiendo que se garantizaron los
derechos de defensa y contradicción de los sujetos procesales.6
Aclarado lo anterior, se cuenta con el informe ejecutivo elaborado por el primer
respondiente Hugo Armando Cepeda Rodríguez, miembro de la Policía Nacional,
quien informó que los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2014, aproximadamente
a las 18:45 horas, en la Avenida Las Américas entre calles 50 y 51 de la ciudad de
Pereira; que cuando llegó al lugar había varias personas y le manifestaron que “el
señor venía en su bicicleta y de repente se fue al suelo” (fls. 57-58 C.2). En la
entrevista rendida por estos mismos hechos detalló (fls. 43-45 C.2):
(…) me dirigía en la patrulla por la avenida sur con dirección a la estación de
Policía de Cuba, cuando a la altura de la calle 50 y 51 venía por el carril derecho
y observo una aglomeración de personas, adelanto la aglomeración por el carril
izquierdo, al superarla observo a una persona tendida en el piso, bocarriba, un
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 11 de septiembre de 2013, radicación No. 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601), C.P. Danilo
Rojas Betancourth. Sobre la posibilidad de valorar la prueba trasladada cuando una parte la solicita
y la contraparte estructura su defensa a partir de dichos elementos ver: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021,
radicación No. 15001-23-31-000-2006-02954-01(61781), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y
Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, radicación No. 05001-23-31-000-1995-01680-
01(31630), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
pie estirado y el otro encogido, apuntando hacia el sentido de la vía, estaciono
la (ilegible) adelante de la aglomeración y me dispongo a atender el caso; llamo
a la central por medio del radio, informo de una persona de avanzada edad que
se había caído en una bicicleta, solicité una ambulancia, eran las 18:50 horas
aproximadamente, la misma comunidad fue alertada para que no manipularan
el cuerpo, una persona se ofreció a aflojarle el casco, dijo que era estudiante,
le aflojó la ropa (camisa) para que pudiera respirar pero el señor no respondía,
después de varios llamados a la central pidiendo la ambulancia, tras unos 25
minutos y a pesar de la congestión vehicular a causa del hecho, observo que
viene una ambulancia con las luces de alerta apagadas, le solicito la ayuda con
la persona tendida en el piso en estado delicado, ellos proceden a darle los
primeros auxilios, yo me dispuse a organizar y dar paso al tráfico, cuando ellos
me llaman y me informan que la persona no posee signos vitales y me
preguntan cuánto tiempo llevaba la persona tendida en el piso y les dije “25
minutos”. Procedo a informar a la central de lo ocurrido. Ellos me hacen entrega
de un papel cuadriculado con letrero en la esquina derecha superior que dice
“Diane 35”, los profesionales de nombre Julián David Toro Arcila (…), médico-
cirujano UTP-Red med. 553-II y auxiliar Eliana Sánchez y conductor de
ambulancia Javier Alarcón informan: valoración arroja: no signos vitales,
paciente inmóvil en vía pública, no reflejos tallo cerebral, paciente fallecido. Le
informo a la central, informo claramente que el hallazgo que se realiza en vía
pública es un 9-01 (persona fallecida) no era producto de un accidente de
tránsito, puesto que no habían otros vehículos implicados, según personas
aglomeradas, informaron que el señor se movilizaba en una bicicleta color gris
con modificación puesto que tenía motor (todo terreno con motor a gasolina) y
la población menciona que el señor había caído de su bicicleta, cuando yo
llegué al lugar la gente ya le había retirado la bicicleta de las piernas y la habían
puesto recostada sobre el andén a un lado del cuerpo.
Minutos después arribó al lugar el agente de tránsito Robinsón Andrés Agudelo
García, quien presentó informe ejecutivo ante el Fiscal URI, sobre la causa del
accidente adujo: “no hay total claridad de la causa del fallecimiento del señor José
Darío Osorio Oyuela, ya que no hay prueba contundente, para establecer su
muerte, por tal motivo queda por establecer si fue por muerte natural, mal estado
de la vía, o mal estado de la bicicleta” (fls.55-57 C.2).
Este mismo funcionario elaboró el Informe Policial de Accidentes de Tránsito-IPAT,
documento en el que se consignó que la vía donde ocurrió el accidente era plana,
un solo sentido, una calzada con dos carriles, de concreto, con huecos, seca y con
buena iluminación artificial (fls. 60-62 C.2). Sobre este punto se añade que el
Instituto de Movilidad de Pereira informó que el límite de velocidad era de sesenta
(60) kilómetros por hora y no existía señalización sobre los desperfectos
observados en la avenida (fl. 198 C.1).
Volviendo a lo plasmado en el IPAT, se extrae que la víctima portaba casco, su
cuerpo quedó a una distancia de 9,80 metros respecto al hueco observado en la
vía, el desperfecto se encontraba a 0,60 centímetros de la acera y estaba ubicado
en la misma trayectoria en la que se desplazaba el conductor de la bicicleta, esta
última fue movida de su posición final y presentaba daños en el guardabarros
delantero. En cuanto a la hipótesis del accidente se indicó: “por establecer” (fls. 60-
62 C.2).
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
Durante la inspección técnica al lugar de los hechos se registraron 8 fotografías,
que serán valoradas en tanto se conoce su autor, la fecha y el lugar, piezas
documentales que confirman la presencia de un hueco en la vía en el mismo carril
donde quedó ubicado el cuerpo de la víctima (fls.65-67 C.2).
Por otro lado, en el informe ejecutivo de inspección técnica a cadáver se plasmó
que el cuerpo del señor Osorio Oyuela se encontró tendido al costado derecho de
la vía en posición decúbito dorsal presentando: “una abrasión en región frontal lado
derecho y pequeña herida con mancha roja en región nasal (entre las dos cejas);
es de anotar que se le observa cianosis en miembro superior izquierdo” (fls. 37-41
C.2).
La bicicleta en la que se desplazaba la víctima fue inspeccionada por un funcionario
del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, quien identificó el vehículo con el
marco No. J50803754, marca: JO, color: níquel, tipo: todoterreno. El lugar de
impacto fue determinado en la parte frontal inferior, afectando las siguientes piezas:
“Guardafango delantero abollado parte posterior inferior y suelto en sus puntos de
sujeción”. Los sistemas de frenos (delantero y trasero) se encontraban en buen
estado de conservación y mantenimiento; se evidenció la instalación de un motor
de dos tiempos, pero no se pudo confirmar su funcionamiento; las llantas poseían
la profundidad de labrado reglamentaria para la adherencia a la vía; a su vez, se
observa en las fotografías incluidas en este informe, que la bicicleta contaba con
sistema de suspensión en la parte delantera (fl. 72 C.2).
Sobre este aspecto de la controversia, la testigo Lucero Helena Salazar Gallego
(minutos: 0:01:00-0:17:16 del archivo 2015-00490-01 CD fl. 208 C.1), compañera
de trabajo de la víctima, manifestó que José Darío utilizaba la bicicleta para
trasladarse desde el centro de Pereira hasta el barrio Cuba y destacó su prudencia
en los distintos ámbitos de la vida. En el mismo sentido, la testigo Clemencia Arias
Giraldo (minutos: 0:19:00-0:32:16 del archivo 2015-00490-01 del CD fl. 208 C.1)
amiga desde hacía mucho tiempo, resaltó que la víctima era obsesiva con los
asuntos de seguridad y que había montado en bicicleta toda la vida.
La demandante Martha Lucía Porras Oyuela explicó en el interrogatorio de parte
que José Darío cumplía con todas las normas de seguridad vial, mantenía la
bicicleta en las mejores condiciones porque era su medio de transporte y confirmó
que el motor sí funcionaba, pero que su pareja no lo utilizaba siempre, sino en unos
tramos específicos, manifestaciones que serán evaluadas como una declaración
de parte, según lo previsto en el artículo 191 del CGP (minutos 0:0045-0:09:45
archivo 2015-00490-02 B del CD fl. 208 C.1).
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
En otro orden de ideas, luego de que los funcionarios encargados adelantaran las
labores de investigación encomendadas, se presentó informe al Fiscal 19 URI de
turno, reiterando que gracias a las indagaciones realizadas a las personas
presentes en el sitio, versión corroborada por el patrullero Hugo Armando Cepeda
Rodríguez, el docente José Darío Osorio Oyuela se desplazaba en su bicicleta “(…)
cuando al parecer sufre una caída y queda tendido sobre el pavimento. La
ciudadanía le retira la bicicleta entre las piernas y la coloca recostada sobre el
andén a un lado del cuerpo de la víctima”. Como hipótesis se consignó que
“probablemente la víctima sufre una caída tras haber perdido el equilibrio por el mal
estado de la vía” (fls.33-36 C.2).
En el expediente también obra el informe pericial de necropsia No.
2014010166001000300 emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses el 31 de mayo de 2014. Como principales hallazgos se anotó:
“(…) pequeñas excoriaciones en piel, hematoma subgaleal parietal, hemorragia
subaracnoidea, equimosis en región cervical alta prevertebral, con desgarro de
ligamentos, cardiomegalia, hipertrofia del ventrículo izquierdo, congestión
pulmonar”. La causa básica de la muerte fue trauma cervical y craneoencefálico.
De la necropsia se extrae: 1) La ropa no presentaba rotos, ni rasgaduras. 2) En el
examen exterior se constató que no existían lesiones abrasivas, ni quemaduras por
fricción en la piel. 3) Las excoriaciones observadas se situaban en la región
supraciliar derecha, en el dorso nasal y en el dorso del pie derecho. 4) En el examen
interior se encontró un hematoma subgaleal parietal en el lado izquierdo y en la
región superior, una fisura localizada en la fosa media del lado izquierdo y una
hemorragia subaracnoidea. 5) Se evidenció un hematoma prevertebral con
desgarro a nivel cervical alto C-2. 6) Los pulmones estaban congestivos y
edematosos. 7) El corazón estaba aumentado de tamaño y el ventrículo izquierdo
presentaba hipertrofia (fls. 81-84 C.2).
Sobre este último hallazgo, se trae a colación lo manifestado por la demandante
María Daniela Osorio Porras en la entrevista rendida durante la investigación penal,
momento en el que informó acerca de la hipertensión arterial y herencia de
afecciones cardiacas de su padre (fls. 46-47 C.2).
En el proceso se escuchó el relato del agente de tránsito Robinsón Andrés Agudelo
García, oportunidad en la que explicó que llegó al lugar de los hechos cuando la
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
víctima ya había fallecido, al indagar sobre las posibles causas del accidente
informó (minutos 0:00:40-0:22:30 del archivo 2015-00490-00 A2, CD. fl. 208 C.1):
La vía consta de una calzada, dos carriles, el señor se desplazaba sentido
oriente-occidente, observó que en la vía hay un hueco demasiado profundo,
aproximadamente ocupaba un carril y tiene un ancho de 60 cm, probablemente
ya que el señor se desplazaba en la bicicleta se fue al hueco y al caer al hueco
el guardabarros con el freno tuvo un daño, se fue hacia adelante y la lesión
posterior fue trauma cervical.
De su testimonio se resalta: 1) No determinó la profundidad del hueco. 2) La
velocidad de desplazamiento de la bicicleta la estableció como promedio, entre 30
y 33 kilómetros por hora, pero no explicó la forma cómo llegó a esa conclusión. 3)
Sobre las averías de la bicicleta, señaló que “el freno delantero quedó apretado con
el guardabarros delantero debido al impacto con el hueco”. 4) Negó que la bicicleta
tuviera motor. 5) Afirmó que el hueco tenía una longitud aproximada de todo el carril
derecho, pero luego reconoció que no había tomado la medida del largo del
desperfecto. 6) Cuando se le puso se presente la contradicción existente entre la
hipótesis consignada en el IPAT (por establecer) y lo narrado en su testimonio
acerca de que la causa probable era el hundimiento de la vía, rectificó que solo era
una hipótesis, no era una causa, porque la última palabra la tenía el médico legista.
La Sala considera que el mérito probatorio de este testimonio resulta mermado,
aunque no determinó la profundidad y la longitud del hueco en la vía, se aventuró
a indicar que la causa probable del accidente era este desperfecto; igualmente, no
puede aceptarse como cierta la velocidad de desplazamiento del vehículo, porque
no explicó los fundamentos de esa manifestación y la forma como la determinó;
negó que la bicicleta tuviera motor, cuando en las fotografías tomadas por él se
observa dicho componente; al contrastar lo manifestado sobre la causa del
accidente incurrió en una contradicción, mientras que en el IPAT y en el informe
ejecutivo presentado al Fiscal URI de turno adujo que no había claridad sobre la
causa, en la audiencia manifestó que la causa probable era el desperfecto
observado en la vía, para luego rectificar que no se trataba de una causa, sino de
una hipótesis.
Por tales razones, se dará prevalencia al Informe Policial de Accidente de Tránsito
y al informe ejecutivo presentado ante el Fiscal URI de turno para establecer las
condiciones en las que ocurrió el accidente, como quiera que se elaboraron en
fechas cercanas a los hechos objeto de litigio, por lo que se predica una mayor
precisión, de ahí que no pueda asumirse, hasta el momento, como causa probable
del suceso el desperfecto en la vía.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
En primera instancia también se recopiló el testimonio del señor Kevin Cuello
Castro, técnico investigador del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien
arribó al lugar a las 7:45 de la noche. Manifestó que los policías que se encontraban
en el sitio le informaron que el cuerpo de la víctima y la bicicleta habían sido
movidos, igualmente, el agente de tránsito le comentó su opinión acerca de que el
hueco en la vía había ocasionado la caída del conductor de la bicicleta. Explicó que
la rotura atravesaba prácticamente toda la avenida y aproximadamente estaba a
unos 8 u 7 metros del cuerpo, pero que no realizó las medidas. (minutos 0:25:00-
0:39:50 del archivo 2015-00490-00 A2, CD. fl. 208 C.1).
Este testimonio no ofrece elementos para dar por ciertos algunos de los hechos en
discusión, sus afirmaciones se basaron en los dichos de otras personas (policías y
agentes de tránsito) y tampoco tomó las medidas de la escena; en esa lógica,
únicamente se le otorgará mérito probatorio en cuanto confirma algunos detalles
plasmados en otros medios de prueba, como la existencia del hueco, la falta de
señalización de este y la utilización de casco por parte del conductor de la bicicleta.
Siguiendo con la revisión de los medios de prueba, obra un dictamen pericial
denominado informe técnico-científico de reconstrucción del accidente de tránsito,
aportado por la parte demandante y suscrito por los ingenieros físicos David
Ricardo Novoa Santa y Lady Johana García García. Para su elaboración se analizó
el IPAT, el informe ejecutivo en el cual constan 8 fotografías, la inspección ocular
de la bicicleta, el informe pericial de necropsia y el plano topográfico realizado por
la empresa a la que se encuentran adscritos los peritos (fls. 11-29 C.2).
A partir de tales elementos y con la visita al lugar de los hechos realizada el 7 de
abril de 2015, constataron que en la vía por donde se desplazaba la víctima, justo
en el cambio de asfalto a concreto, se presentaba mal estado por un hueco, que
había sido reparado para el momento en que visitaron el sitio, pero establecieron
su tamaño en 0,71 metros, sin que se pudiera medir su profundidad debido a la
reparación realizada. Con base en eso se concluye que la cinemática más probable
del hecho de tránsito fue la siguiente:
El vehículo (bicicleta), se desplazaba por la Avenida de las Américas en sentido
oriente occidente (Pereira-Cuba) aproximadamente a las 18:45 horas, entre las
calles 50 y 51 la bicicleta conducida por el señor José Osorio Oyuela se
desacelera intempestivamente producto de un desperfecto (hueco) que se
encuentra en el carril derecho de dicha vía, ocasionando que la llanta delantera
del vehículo se introduzca en el hueco, y debido de su profundidad la bicicleta
presenta desaceleración, mientras el ciclista producto de la ley de inercia sigue
con la misma velocidad y dirección en un movimiento semiparabólico y
posteriormente arrastrándose en el concreto hasta su posición final.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
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(…) Conociendo la distancia recorrida por el ciclista desde el lugar de la vía en
el cual sale proyectado en un movimiento semiparabólico (hueco) hasta su
posición final, la cual es de 10,5 metros tal y como se puede observar en la
imagen No. 9, se calcula la velocidad de desplazamiento del mismo al momento
de salir proyectado, la cual está entre 30 y 33 km/h.
El perito David Ricardo Novoa Santa fue llamado a la audiencia de pruebas para la
contradicción del dictamen, se destaca (minutos 0:03:00-0:38:00 del archivo 2015-
00490 A1 CD fl. 208 C.1):
PREGUNTA: Indique por favor qué efectos tuvo en un ciclista esta irregularidad
que usted observó en la vía. RESPONDIÓ: Como se había mencionado, más
exactamente en la página No. 11 del informe después de analizar las
características de la vía y las fotografías se puede concluir que dicho
desperfecto lo que puede hacer en este caso con la bicicleta, que es un vehículo
que no tiene unas llantas muy grandes, que no tienen un grosor tampoco
grande, lo que puede hacer es que en el momento en que dicha llanta, como se
presenta también en la imagen No. 8 de la página No. 12, se puede observar
que lo que hace es que al ingresar la llanta sobre dicho hueco, muy
probablemente lo que genera es una desaceleración de la bicicleta generando
que el conductor pierda el control de la misma y posteriormente, producto de la
inercia que llevaba, de la velocidad que llevaba y la dirección sigue en la misma
dirección dejando la bicicleta más atrás y él sale expedido de dicha bicicleta.
(…) PREGUNTA: (…) también dijo usted en su relato que como una de las
causas probables era que la llanta había caído al hueco y eso produjo la
desaceleración, cómo puede precisarle usted a esta audiencia y estar de pronto
aventurarse a dar esa causa probable de que la llanta haya caído al hueco y no
haber pasado por otro lado. RESPUESTA: Como le dije anteriormente es cierto
que al no poder medir la profundidad de pronto genera que no pueda saber
cuánto ingresa la llanta o qué tanta profundidad también puede tener la llanta
en el mismo, pero también a pesar de haber ido posterior al accidente también
se puede establecer en la página No. 11 imagen No. 7, teniendo en cuenta que
se alcanza observar claramente el reparcheo, por decirlo de alguna manera que
hicieron sobre dicha vía, cuál era el ancho como tal y el ancho es de
aproximadamente 0,71 centímetros, perdón 0,71 metros, es decir, 71
centímetros, que si miramos gran parte del radio de la llanta se puede ingresar
allá sin ningún tipo de problema y por eso decimos que eso fue lo que generó
la desaceleración en el vehículo o simplemente que disminuye la velocidad
abruptamente. También se puede afirmar lo que se dijo ya que concuerda con
los daños en la bicicleta y que concuerda con que el conductor de la bicicleta
sale expulsado tantos metros. Si se hubiese caído por algún otro motivo, pues
probablemente cae hacia un lado o cae hacia el otro pero no cae casi 10 metros
o 10 metros por delante del mismo que produce que la llanta de la bicicleta al
frenarse haga esto y el conductor salga expulsado entonces esas serían las
evidencia que nos permiten hacer dicha afirmación. (…)
Dentro de lo expresado por el perito reconoció que no tuvo acceso a la bicicleta,
tampoco que midió la longitud ni la profundidad del hueco, esto debido
principalmente a que ya había sido reparado, y que en atención a esto, el margen
de diferencia sobre el ancho de la oquedad puede variar entre 2 o 3 centímetros.
Reiteró que, según el software empleado para la reconstrucción del accidente, la
distancia existente entre el hueco y la posición final del cuerpo de la víctima era de
10,5 metros. Sobre este punto se le indagó:
PREGUNTA: O sea que esa distancia podemos concluir que usted la determinó
por su sistema más no por el informe de tránsito que usted analizó para la
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa
prueba (…) RESPUESTA: (…) no es ni lo uno ni lo otro, sino la combinación de
ambas cosas, yo no podía saber en dónde queda la posición final del ciclista si
no hubiese utilizado las medidas que toma el agente de tránsito (…) sin
embargo es cierto que el agente de tránsito en ningún momento toma la medida
que hay desde el desperfecto, que él si dentro de su informe policial lo pone
como hueco, hasta su posición final, esa distancia ellos no la toman, sin
embargo en mi caso como físico para poder determinar velocidad, que es la
velocidad a la cuál sale proyectado hasta esa distancia, sí necesito saber cuál
es la distancia recorrida para poder calcular velocidad desde el momento en
que se pierde el control hasta su posición final, entonces teniendo en cuenta la
posición que me determina el agente de tránsito y que yo ya tengo un plano a
escala levantado por nuestros funcionarios y que yo estuve en el lugar de la vía,
se pudo medir que eran 10,5 mts, sí tomamos la posición final de acuerdo al
informe policial de accidente de tránsito y con dicha posición final se toma la
distancia que hay hasta el hueco por medio del software que ya fue levantado
topográficamente y se encuentra a escala.(…)PREGUNTA: ¿Quién le refirió a
usted o de dónde establece usted esa relación de causa probable? PRECISIÓN
MAGISTRADO: La relación de causa probable en cuanto a que fue el hueco el
causante. RESPUESTA: Las evidencias como tal que tengo del lugar del
accidente y del día de los hechos, como fueron el informe policial de accidente
de tránsito, que el informe policial me muestra que hay un daño en la vía, me
muestra que hay una bicicleta que también me establecen que fue movida del
lugar del accidente por eso no se tiene en cuenta para ningún tipo de cálculo y
tengo una posición final. Con las fotografías del día de los hechos se establece
que la posición final de la persona concuerda con que se encontraba en la
misma dirección y por el mismo carril en el cual se encuentra el desperfecto de
la vía, me está mostrando en las fotografías que existe un daño en la vía, me
está mostrando que el daño, digamos que tiene unas dimensiones que sí
pueden permitir que una llanta de una bicicleta se pueda atascar por decirlo de
alguna manera en dicho hueco, que también por la velocidad que se pudo
generar pudo haber sido muy factible la cinemática que se describió
anteriormente, entonces con dichas evidencias que se analizan, es lo que me
permiten establecer que él pierde el control debido a este desperfecto, ese
bache, ese hueco que encuentra sobre la vía y no existe evidencia, por lo menos
que yo conozca, que me permitan establecer que se pudo haber generado por
alguna otra cosa, por algún otro vehículo, por alguna falla del conductor, por
algún roce con algún otro objeto, entonces por eso fue que se pudo haber
llegado a esa conclusión.
Sobre la valoración de este dictamen pericial, es relevante considerar que en los
tiempos actuales se predica la autonomía del juez respecto a lo conceptuado por el
experto en su pericia, es decir, aquel no se encuentra atado obligatoriamente a lo
concluido por el perito y no puede aceptarlo irreflexivamente bajo la excusa de
carecer de los saberes especializados necesarios para efectuar una correcta
valoración.
Esta independencia no puede llevar al juzgador a entrometerse y suplantar las
labores del experto consistentes en suministrar aquellos conocimientos
especializados para esclarecer las cuestiones fácticas en discusión y, al mismo
tiempo, al perito tampoco le corresponde dar por ciertos hechos debatidos en el
proceso y mucho menos referirse a los asuntos de derecho, funciones que radican
exclusivamente en el juez.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
Sin perjuicio de la dificultad que podría implicar valorar un dictamen pericial sin
contar con los conocimientos especializados que introduce este medio probatorio,
tanto la doctrina7 como la jurisprudencia8 han acudido a una serie de criterios con
el fin de apreciar el informe experto sin caer en las problemáticas descritas
previamente, algunos de ellos fueron consagrados en el artículo 232 del CGP, en
el sentido que deberá procederse según las reglas de la sana crítica, teniendo en
cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de los fundamentos
del dictamen, la idoneidad del perito, su comportamiento en la audiencia y el acervo
probatorio obrante en el proceso.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el informe técnico-científico de
reconstrucción del accidente de tránsito carece de mérito probatorio por las
siguientes razones:
I) Idoneidad: Aunque el perito relacionó que era ingeniero físico con estudios de
posgrado en reconstrucción de accidentes de tránsito y que a la fecha había
elaborado más de 500 dictámenes, lo cierto es que al plenario no fueron allegados
los títulos académicos mencionados y tampoco alguna constancia de la cantidad
de informes elaborados, como lo obliga los numerales 3, 5 y 6 del artículo 226 del
CGP.
II) Calidad de los fundamentos: En el dictamen pericial no se explican los
fundamentos técnico-científicos para afirmar que el hueco fue la causa del
accidente en el que falleció la víctima. El informe se limita a manifestar que, según
los elementos de prueba analizados, la causa del incidente fue el desperfecto vial,
pero se omite explicar las razones, desde una óptica técnica-científica, que llevaron
a tal conclusión y no se observa el estudio de otras posibles causas, simplemente
se asume como cierta la hipótesis defendida por la parte demandante y a partir de
ahí determina algunos datos, como la velocidad a la que se desplazaba la bicicleta.
Lo anterior es patente cuando se le preguntó en la audiencia de pruebas por qué
asumió como causa del accidente el bache en la avenida, ante lo cual no expuso
los fundamentos desde su área de experticia; por el contrario, sus explicaciones se
acotaron a efectuar inferencias lógicas basadas en la presencia del hueco en el
carril donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.
7
Jordi Nieva Fenoll. (2010). La valoración de la prueba. Marcial Pons. (Págs. 285 a 309) y Vázquez
Rojas, C. (2015). De la prueba científica a la prueba pericial. MADRID: MARCIAL PONS.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de abril de 2021, radicación No. 25000-23-26-000-2008-00105-01(48436), C.P.
Ramiro Pazos Guerrero.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
La calidad del dictamen también resulta resquebrajada por cuanto nunca informó la
probabilidad de que el hueco en la vía hubiera sido la causa del accidente y mucho
menos el margen de error de esa conclusión, aspecto de suma relevancia si se
comprende la dinámica de las áreas científicas, pues como lo ha explicado la
doctrina, las:
(…) leyes y enunciados científicos son formulados en términos de probabilidad
en vez de en términos absolutos. Además, desde hace tiempo la epistemología
ha aclarado que la ciencia no alcanza nunca resultados en verdad definitivos y
las enunciaciones científicas están sujetas siempre a cambios, evoluciones o -
popperianamente- a falsificaciones”.9
III. Exhaustividad de los fundamentos: El perito no tuvo en cuenta datos relevantes
que podrían variar su concepto, por ejemplo, reconoció que no tuvo acceso a la
bicicleta y no consideró que esta contaba con suspensión en la parte delantera,
tampoco midió la longitud del hueco ni su profundidad, carencias que no le
impidieron afirmar en su dictamen que, debido a la profundidad de la irregularidad
vial, la bicicleta presentó desaceleración.
IV. Métodos e instrumentos empleados: Este criterio de valoración es de suma
relevancia, comoquiera que la implementación de un método o un instrumento de
forma incorrecta por el perito da lugar a resultados incorrectos.
Por un lado, en el dictamen se hizo referencia a un software llamado Vista Fx, que
según se afirma permite modelar en 3D la escena de los hechos, pero nunca se
explicó su funcionamiento, su rango de acierto y si realmente permite establecer
retrospectivamente como sucedió un accidente de tránsito. Las únicas imágenes
introducidas en el informe representan gráficamente la posición final del cuerpo con
respecto a la vía y la posición relativa más probable del conductor al momento en
que se presenta el accidente, pero de ello no es posible concluir que el hueco sea
el hecho generador de la caída de la víctima.
Por el otro, en el informe se introdujo una fórmula utilizada para calcular la velocidad
de la bicicleta al momento del impacto con el desperfecto vial; sin embargo, también
se omitió la explicación de por qué se eligió dicha ecuación, cuáles son sus
componentes, los valores de reemplazo utilizados para el caso concreto y las
variables a considerar, impidiendo cualquier grado de comprobación del resultado.
Adicionalmente, no se explicó por qué el valor se expuso en un rango (30-33 km/h),
cuando el resultado de una fórmula matemática siempre arroja un número exacto.
9
Michele Taruffo. (2005). Conocimiento científico y estándares de prueba judicial. En Boletín
Mexicano de Derecho comparado, nueva serie, año XXXVIII, núm. 114, septiembre-diciembre de
2005, pp 1285-1312.
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Radicación:66001-23-33-000-2015-00490-01 (66037)
Demandante: Martha Lucía Porras Oyuela y otros
Demandados: Municipio de Pereira-Risaralda
Referencia: Medio de control de reparación directa
V. Comportamiento del perito en la audiencia: el experto fue enfático en señalar
que sus conclusiones estaban basadas en las mediciones obtenidas del Informe
Policial de Accidentes de Tránsito y en el software mencionado previamente,
concluyendo que la distancia entre el hueco y el cuerpo de la víctima era de 10,5
metros.
En la audiencia de pruebas, el deponente indicó que este dato no había sido
determinado por el agente de tránsito, pero esta afirmación es contraria a la
realidad, basta con observar el IPAT para entender que el punto señalizado como
“d” corresponde a esa medida y su valor fue definido en 9.80 metros, si bien podría
aducirse que no es una diferencia considerable, si pone en duda que las
conclusiones del perito estén basadas en el IPAT.
VI. Coherencia con los demás medios de prueba: El informe presentado no se
encuentra en consonancia con el acervo probatorio recopilado en el proceso. En
aquel se afirmó que, cuando la llanta delantera se introdujo en el bache, se presentó
una desaceleración de la bicicleta, dejándola atrás y proyectando a su conductor
hacia adelante con la misma velocidad y dirección en un movimiento
semiparabólico por la ley de inercia; no obstante, desde el informe del primer
respondiente, reiterado en otros documentos provenientes de la investigación
penal, se indicó que unas personas indeterminadas habían retirado la bicicleta de
las piernas del occiso, circunstancia que no encaja con lo narrado en el peritaje.
Así mismo, se aduce en el informe de reconstrucción, reiterado por el perito en la
audiencia, que la víctima, luego de ser expulsada en movimiento parabólico, debió
arrastrarse por el concreto hasta su posición final, ello supondría que la ropa o el
cuerpo del occiso tuviera señales de esa circunstancia; sin embargo, el informe
pericial de necropsia es contundente al señalar que no se observaron rasgaduras
o roturas en la ropa y tampoco alguna lesión abrasiva o quemaduras por fricción en
la piel.
Descartado así el dictamen pericial presentado por la parte demandante, se
concluye, como lo afirman los recurrentes, que en el expediente no obra prueba
directa que permita construir una relación de causalidad entre el desperfecto vial y
el fallecimiento del señor José Darío Osorio Oyuela.
Sobre la causa del accidente solamente se cuenta con pruebas circunstanciales a
partir de las cuales no es posible aceptar, siquiera indiciariamente, que la causa de
la caída del occiso fue el hueco en la vía, de ahí que les asiste razón a los apelantes,
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en el sentido que el a quo no podía declarar la responsabilidad de la entidad
demandada con base en un único indicio, sin que posea la consistencia necesaria
para soportar esa decisión.
Los indicios son un medio probatorio consistente en una operación lógica-crítica
que permite, a partir de un hecho conocido o indicador, inducir un hecho
desconocido o indicado, por medio de un razonamiento probatorio basado en las
reglas generales de la experiencia y/o en principios científicos o técnicos.10
Ahora bien, el indicio construido por el juzgador de primera instancia se fundamentó
principalmente en la existencia de un hueco sin señalización en el carril por donde
transitaba la víctima en su bicicleta, aunado a que se constató que el impacto fue
recibido por la parte frontal del vehículo, inferencia que omitió examinar otras
circunstancias que se oponen a tal conclusión y que develan otras posibles causas,
por tanto, no se trataría de un indicio necesario que explique inequívocamente lo
ocurrido, sino más bien un indicio contingente.11
En efecto, nótese que las primeras versiones consignadas en los diferentes
informes elaborados durante la investigación penal o en el procedimiento de tránsito
no vinculan la caída del señor José Darío Osorio Oyuela con el hueco evidenciado
en la vía, catalogando la caída como repentina, incluso los mismos funcionarios que
arribaron al lugar no se aventuraron a plasmar únicamente una hipótesis, sino que
se agregó la posibilidad de que su fallecimiento obedeciera a su estado de salud o
a un problema mecánico de la bicicleta.
No se encuentra en discusión la existencia del bache y tampoco su falta de
señalización, pero debe evaluarse el contexto en que ocurrieron los hechos, pues
la vía se encontraba iluminada y, como lo refirieron los testigos, el señor Osorio
Oyuela había manejado bicicleta toda su vida y se desplazaba en ella para su
trabajo, es decir, transitaba habitualmente por ese sitio.
La inspección al vehículo no ofrece claridad sobre la causa del accidente, si bien
se constató que el impacto sucedió en la parte frontal inferior, únicamente afectó el
guardafango delantero, sin que se logrará determinar si dicha avería fue la causante
de la caída o si fue el producto de esta. Así mismo, no se verificó algún otro defecto
10
Hernando Devis Echandía. (1974). Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo II, Buenos Aires:
Victor P. de Zavalia. (Pág. 604).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 24 de marzo de 2011, radicación No. 05001-23-26-000-1995-01411-01(17993), C.P.
Enrique Gil Botero.
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que permita construir otro indicio, como podría ser alguna abolladura en el rin
delantero de la bicicleta.
Los hallazgos del informe pericial de necropsia no se encuentran en total
consonancia con la hipótesis de la caída por el hueco en la vía, toda vez que la
ropa de la víctima no presentaba roturas ni rasgaduras y tampoco se evidenciaron
lesiones abrasivas o quemaduras por fricción en la piel, comunes en este tipo de
sucesos, aspecto que contraría la hipótesis defendida por los accionantes, dado
que si el occiso salió proyectado de la bicicleta luego de colisionar con el bache, al
momento de tener contacto con el concreto debió arrastrarse algunos metros,
máxime si se tiene en cuenta que la distancia entre la posición final del cuerpo y el
desperfecto fue de 9,80 metros.
Otra circunstancia que se opone a la hipótesis adoptada por el a quo y narrada en
la demanda, es que la bicicleta, según lo relatado en algunos informes de la
investigación penal, debió ser retirada de las piernas del occiso, situación
inexplicable si se asume como cierto que, al chocar la llanta delantera del vehículo
con el hueco, la bicicleta debió quedar atrás y la víctima salir expulsada hacia
adelante en un movimiento semiparabólico.
Los dos medios probatorios que directamente relacionaban el hueco en la vía con
el fallecimiento del señor Osorio Oyuela, a saber, el testimonio del agente de
tránsito Robinsón Andrés Agudelo García y el informe técnico-científico de
reconstrucción del accidente, presentaron serias falencias y contradicciones que
impiden otorgarles mérito probatorio.
Finalmente, también se ventilaron otras hipótesis que podrían explicar lo sucedido,
como una falla mecánica de la bicicleta, según se explicó en párrafos precedentes,
o las patologías padecidas por el fallecido.
En efecto, en el proceso se comprobó que el señor José Darío Osorio Oyuela tenía
aumento del tamaño del corazón (cardiomegalia) e hipertrofia del ventrículo
izquierdo, ligado a que en la necropsia los pulmones estaban edematosos y
congestivos, sin olvidar que en la inspección técnica al cadáver se aduce que
presentaba cianosis12 en el miembro superior izquierdo, hipótesis que no fue
descartada ni confirmada como la posible causa de la pérdida de equilibrio en la
12
La coloración azulada de la piel o de la membrana mucosa que generalmente se debe a la falta
de oxígeno en la sangre. El término médico de esta afección es cianosis. Consultado en:
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003215.htm#:~:text=Las%20personas%20cuya%20sa
ngre%20tiene,para%20respirar%20y%20otros%20s%C3%ADntomas.
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conducción de la bicicleta; empero, se trae a colación porque demuestra la
incertidumbre acerca de lo realmente ocurrido en el presente asunto, ante la
existencia de otras hipótesis causales alternativas que también podrían explicar lo
sucedido.
Así las cosas, pese a que se comprobó la existencia de un daño e incluso la falla
del servicio, por la falta de mantenimiento de la vía y carencia de señalización del
desperfecto, no se verificó la relación de causalidad entre uno y otro elemento
estructurante de la responsabilidad; en consecuencia, como la parte actora no
probó los supuestos fácticos que permitirían declarar la responsabilidad patrimonial
de la entidad demandada (Art. 167 CGP), se impone aplicar la regla de juicio
inmersa en la carga de la prueba; en consecuencia, se negarán las pretensiones
de la demanda.
5. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia debe disponerse
sobre la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto
procesal civil. En atención a lo regulado por el numeral 4 del artículo 365 del CGP,
se condenará a la parte demandante a las costas de ambas instancias porque la
presente providencia revocará en su totalidad la sentencia proferida por el juez de
la primera. En cuanto a su liquidación se hará de manera concentrada por el a quo,
según lo previsto por el artículo 366 del estatuto procesal general.
En lo atinente a las agencias en derecho, se anota que el acuerdo No. 1887 de
2003 del Consejo Superior de la Judicatura, aplicable al presente asunto en razón
a la fecha de presentación de la demanda13, se fija por este concepto el 1% de las
pretensiones negadas en la demanda para cada una de las instancias, lo que
equivale a $22.300.376.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en su lugar se dispone:
13
2 de diciembre de 2015.
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SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por el a quo conforme lo dispone el artículo 366 CGP.
Se fijan como agencias en derecho para ambas instancias la suma de veintidós
millones trescientos mil trescientos setenta y seis pesos ($22.300.376).
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
25
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