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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00150-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00150-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00150-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00150-00
Accionante: Eduardo José Rozo Gómez y Mauricio Rozo Gómez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial.

Decisión: Se declara improcedente al no cumplir el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por los señores Eduardo José Rozo Gómez y Mauricio Rozo
Gómez, a través de apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia del 31 del mayo de 2024
dentro del medio de control de reparación directa que se siguió bajo el radicado
25000-23-36-000-2017-02020-01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

El 19 de noviembre de 1998 los hermanos Rozo Gómez presentaron una
denuncia penal contra Mauricio Andrés Mutis Perdomo por estafa agravada,
relacionada con un contrato de cuentas en participación para la construcción de
un edificio. Posteriormente, en 1999, se constituyeron como parte civil en el
proceso penal.

Los accionantes narraron que transfirieron un lote a la sociedad representada por
Mutis Perdomo, recibiendo la mitad del valor en dinero y acordando recibir el resto
del valor de la venta de locales a construir en el inmueble.
Indicaron que la sociedad del señor Mutis Perdomo, solicitó un crédito hipotecario
para realizar el proyecto, pero a pesar de que recibió el dinero de la venta de los
locales no canceló el gravamen del préstamo y omitió informar de esta situación
a la parte actora, entregándoles unas oficinas que habían sido ya embargadas y
rematadas por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá.

La etapa de instrucción contra el señor Mutis Perdomo comenzó el 24 de
noviembre de 1998 y se extendió hasta el 27 de noviembre de 2006. El 29 de

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Accionante: Eduardo José Rozo Gómez y otro

febrero de 2008 se emitió la resolución de acusación en su contra, que fue
confirmada el 24 de agosto de 2009 tras ser apelada.

En la etapa de juicio, el 25 de noviembre de 2009 el Juzgado 21 Penal del Circuito
de Bogotá asumió el caso. La audiencia pública comenzó el 10 de agosto de
2011 y se prolongó por varios años, incluso con la intervención de un juzgado
adjunto. El 12 de mayo de 2015, el proceso fue reasignado nuevamente al
Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá.

Mediante providencia del 30 de junio de 2015, Mauricio Andrés Mutis Perdomo
fue condenado a 36 meses de prisión y al pago de una indemnización a los
hermanos Rozo Gómez por el delito de estafa agravada. La defensa apeló la
sentencia el 27 de julio de 2015 y el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la
condena el 11 de agosto de esa anualidad.

El 25 de agosto de 2015 dentro del trámite de notificación de la decisión de
segunda instancia, el apoderado del demandado solicitó la cesación del
procedimiento por prescripción y el 15 de septiembre de esa anualidad el ad
quem decretó la prescripción de la acción penal, archivó el proceso y compulsó
copias para investigar si existieron faltas disciplinarias dentro del proceso que
hubieran incidido en que el proceso concluyera de esta forma.

El 25 de octubre de 2017, la parte actora presentó una demanda de reparación
directa contra la Nación- Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial pretendiendo que se les declarara responsables administrativa y
patrimonialmente por los daños y perjuicios causados por la presunta falla en el
servicio que llevó a la prescripción de la acción penal contra Mauricio Andrés
Mutis Perdomo.

Mediante providencia del 11 de diciembre de 2019, el a quo declaró
administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación-Rama
Judicial de los daños y perjuicios causados a los accionantes condenándolos al
pago de perjuicios morales y los que denominó: integrales del proceso penal.

La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión, para lo cual argumentó que
la prescripción se produjo durante la etapa de juzgamiento a cargo de la Rama
Judicial y que el demandante no acudió a la jurisdicción civil para reclamar los
perjuicios a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual o
contractual.

Adicionalmente, la Rama Judicial presentó un recurso de apelación en el que
indicó que no se demostró el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, y en el que puso de presente que el actor nunca intento acudir a la
jurisdicción civil y atacó el reconocimiento de los perjuicios morales al no existir
prueba de estos. Por las razones expuestas, las dos apelantes solicitaron revocar
la decisión del a quo.

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Accionante: Eduardo José Rozo Gómez y otro

Mediante providencia del 31 de mayo de 20241 la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado revocó la sentencia por medio de la cual la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y en su lugar negó las
pretensiones de esta y condenó en costas a la parte demandante.

2.2. Fundamento jurídico

Los accionantes consideraron vulnerados o amenazados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Citaron como fundamento de su acción, sin desarrollar todos ellos, el preámbulo
y los artículos 6, 86, 122, 229, y 230 constitucionales; los artículos 1, 8, y 13 de
la Ley 791 de 2002; los artículos 2512, 2529, 2531 y 2536 del Código Civil; los
artículos 14 y 59 del Decreto Ley 2700 de 1991; los artículos 21, 60, 64, y 114 de
la Ley 600 de 2000; el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Civiles y
Políticos.

Señalaron que en la providencia objeto de la acción de tutela se incurrió en las
siguientes causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial:

Defecto sustantivo: al respecto la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
accionada omitió aplicar al asunto la Ley 791 de 2002 y lo hizo erróneamente con
la ley previa a esta, aparte de desconocer algunos elementos probatorios
debidamente allegados al proceso.

Desconocimiento del precedente: señalaron que se desconoció el precedente
establecido por la Corte Constitucional sobre los derechos fundamentales en la
jurisdicción penal, específicamente lo contenido en el artículo 46 del Decreto
2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal vigente hasta la entrada en vigor
de la Ley 600 de 2000), que fue estudiado en la sentencia C-163 de 2000 y citado
en la C-899 de 2003.

Para sustentar los defectos alegados, la apoderada de los accionantes atacó
algunos numerales de la providencia censurada, en particular los siguientes:
numeral 20: manifestó que contrario a lo planteado por la autoridad judicial, si
había probado la existencia de pérdida de oportunidad, pues esta se presentó
dentro del término de ejecutoria de la sentencia condenatoria de segunda
instancia, por lo que tanto la acción civil como la penal en contra del señor Mutis
Cardona prescribió el 24 de agosto de 2015.

Adujo que la Ley 791 de 2002 redujo los términos de prescripción de la acción
civil de 20 a 10 años, por lo que, si hubiera interpuesto una acción civil, la
prescripción se hubiera presentado en noviembre de 2012 y no en el 2018 como

1 Expediente 2500-23-36-000-2017-02020-01, del aplicativo SAMAI. Notificada por estado el 28

de junio de 2024.

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Accionante: Eduardo José Rozo Gómez y otro

lo expuso la autoridad judicial accionada, sustentando su tesis en su concepto
particular de la irretroactividad de la ley.

En relación con los numerales 21, 22 y 25 de la providencia, reiteró que, en
contravía a lo planteado por el ad quem, la oportunidad de presentar una acción
civil y obtener una indemnización había fenecido definitivamente con la
declaratoria de la prescripción penal, a pesar de lo establecido en el artículo 98
del Código Penal, por lo que, si hubiera interpuesto la acción entre el 2015 y el
2018, la misma no hubiera procedido en virtud de la ley citada en precedencia.

Indicó además que la conclusión de la accionada, que sugirió que los
demandantes debieron acudir a la jurisdicción civil directamente, vulneraba su
libertad de elección de la acción y el debido proceso, indicando que en el contrato
suscrito con el demandado existía una cláusula que no se lo permitía pues se
pactó que cualquier controversia en ese sentido se solucionaría a través de un
Tribunal de Arbitramento.

Los accionantes sostuvieron que su escogencia de la acción en su criterio2 fue la
correcta y que en ese momento no podían iniciar dos acciones civiles
simultáneamente3, así que no se les podía endilgar como inactividad o
negligencia el no haber acudido a la jurisdicción ordinaria o al arbitramento, pues
eligieron la alternativa que consideraron más idónea y en la que no esperaban
que hubiera retrasos que concluyeran en una prescripción del proceso, de los
que alegaron era responsable exclusivamente la administración de justicia.

Indicaron que el numeral 24 de la providencia trasgredió su derecho a la
administración de justicia al indicar que la acción que ha debido iniciarse tras el
incumplimiento del contrato de cuentas en participación ha debido ser de carácter
contractual para el reclamo de los perjuicios por el negocio jurídico quebrantado,
cuando la conducta dolosa del demandado también debía ser sancionada
penalmente tal y como lo decidieron las instancias penales.

Con respecto al numeral 28, en el que la autoridad judicial indicó que “la pérdida
de oportunidad tampoco tuvo el carácter de cierta” porque la parte actora no
había solicitado medidas cautelares dentro del incidente civil del proceso penal,
la parte actora adujo que no las había solicitado teniendo en cuenta que la Ley
600 de 20004 y los artículos 14 y 59 del decreto ley 2700 de 1991, habían previsto
que las autoridades judiciales debían adoptar las medidas necesarias para tal fin.

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

2 Los accionantes citaron sobre el particular las sentencia C-899 de 2003 y C-163 de 2000.
3 Decreto Ley 2700 de 1991 (derogado), artículo 46. Requisitos: Quien pretenda constituirse en

parte civil dentro del proceso penal, si no fuere abogado titulado, otorgará poder para el efecto.
La demanda de constitución de parte civil deberá contener: “(…)”7) La declaración jurada de no
haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados con el hecho punible. “(…)”

4 Citó los artículos 21, 60, 62 y 114 de la Ley 600 de 2000.

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«(…)
1° Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y los
inherentes a este como la tutela judicial efectiva, la pérdida de la
oportunidad en acceso a la administración de justicia para obtener la
reparación integral, a establecer la verdad sobre lo sucedido y a aplicar
una justicia pronta y cumplida al presunto autor del reato, así como el
derecho a la propiedad y al patrimonio, conculcados a los ciudadanos
EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ. por la
sentencia del Consejo de Estado en la Sección Tercera Subsección B, en
segunda instancia proferido el 31 de mayo de 2024, en el proceso
promovido con el radicado 25000233600020170202001 en contra de la
NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL,
mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y en su lugar
negó las pretensiones de la demanda del medio de control de reparación
directa.

2° Como consecuencia del amparo a los derechos fundamentales de los
ciudadanos EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO
GOMEZ, declarar la nulidad o ineficacia del fallo del Consejo de Estado
en la Sección Tercera Subsección B, en segunda instancia proferido el 31
de mayo de 2024, en el proceso promovido con el radicado
25000233600020170202001 en contra de la NACIÓN – FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL, mediante la cual revocó
la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera y en su lugar negó las pretensiones de
la demanda del medio de control de reparación directa,

3° En consecuencia, devolver el proceso a la Sección Tercera del Consejo
de Estado para que profiera sentencia de reemplazo dentro del término
de treinta días o en el plazo que la Corporación considere razonable.»

2.4. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto 5 del 17 de enero
de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B como accionado y a la Nación, la Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Subsección B como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo,
notificó de la actuación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su competencia y reconoció personería a la abogada Carmenza Prada
Tapia como apoderada de la parte demandante.

2.4.1. La Dirección Seccional6 de Administración Judicial de
Cundinamarca-Amazonas solicitó declarar la improcedencia de la acción con
respecto a esa entidad al considerar que no está legitimada en la causa por
pasiva y no trasgredió los derechos fundamentales de los accionantes.

5 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 8 del aplicativo SAMAI.

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2.4.2. La Sección Tercera7, Subsección B del Consejo de Estado a través del
consejero Alberto Montaña Plata indicó que la providencia y el expediente de la
acción de reparación directa contiene los argumentos y elementos necesarios
para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho
corresponda, por lo que atenderá la disposición tomada en esta sede
constitucional.

2.4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de su
abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal indicó que
esa unidad carecía de legitimación en la causa, toda vez que tenía funciones
administrativas y no jurisdiccionales. Por otra parte, expuso que debía respetarse
la autonomía judicial pues no podía convertirse a la acción de tutela en una
tercera instancia, pues al hacerlo, se vulnerarían los principios de seguridad
jurídica y la coherencia del ordenamiento jurídico.

2.4.4. La Fiscalía General de la Nación a través de su profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos argumentó que con respecto a la providencia
atacada no estaba legitimada en la causa por pasiva teniendo en cuenta que a
pesar de que había sido parte en el proceso de reparación directa, la decisión
censurada de la que se alegaba una vulneración ius fundamental había sido
proferida por el ad quem.

Sostuvo que, en todo caso respecto a sus actuaciones en el proceso penal, la
última fue realizada en el año 2016, por lo que, teniendo cuenta el principio de
inmediatez, se hacía improcedente la acción con respecto a esta.

Por último, adujo que el fallo atacado estaba debidamente sustentado y que los
accionantes no habían fundamentado en debida forma las causales de
procedibilidad de la acción invocada, no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, no trasgredió el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la
sentencia del 31 de mayo de 2024 notificada por estado el 28 de junio de 2024,
incurrió en los defectos: sustantivo y de desconocimiento de precedente y con

7 Índice 11 del aplicativo SAMAI.

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ellos en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la parte accionante.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

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derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

La Sala considera relevante analizar el cumplimiento del requisito de la
inmediatez en el caso concreto.

3.4. Del requisito de inmediatez

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación2, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable3»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»4; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la
agencia de los derechos»5.

Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz
de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»6. Negrillas de la Sala.

Por su parte, la Corte Constitucional hizo las siguientes precisiones respecto del
requisito de la inmediatez:

«La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la inmediatez es una
exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación
temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es
improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el
paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y
desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por vía
de la acción de tutela.

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En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo
contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o
violación del derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo
constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un
excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación
constitucional contra una providencia judicial, puede afectar además el
principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea
claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

Además de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que, tratándose de la verificación de la inmediatez en tutela contra
providencias judiciales, su examen debe ser más exigente respecto a la
actualidad en la vulneración de los derechos fundamentales, pues como
consecuencia de la acción de tutela podría dejar sin efecto una decisión
judicial. En ese sentido, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
la carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de
manera proporcional a la distancia temporal que existe entre la
presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró
vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del
tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los
efectos de la sentencia.

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional, en aras de
determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al
momento de acudir a la acción de tutela, ha evaluado dicho periodo a
partir de las siguientes reglas:

(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

En el estudio de la inmediatez, la Corte Constitucional ha entrado
racionalizar el debate en torno al tiempo de presentación de la acción de
tutela y los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada de las
providencias que han sido objeto de acción de tutela. En ese sentido, en
el estudio de procedibilidad, la Corte Constitucional ha tenido, entre otros
elementos de juicio anteriormente reseñados, la calidad de la parte
accionante de la tutela y la vulneración actual de los derechos
fundamentales alegados».

Como se colige de la jurisprudencia transcrita el examen respecto del
cumplimiento del requisito de inmediatez contra providencias judiciales debe ser
más estricto.

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3.5. Análisis del requisito de la inmediatez en el caso concreto

En el caso concreto la sentencia del 31 de mayo de 2024 fue notificada el 28 de
junio de esa anualidad, motivo por el cual quedó ejecutoriada el 8 de julio de
2024, mientras que la acción de tutela se radicó el 15 de enero de 2025, cuando
había transcurrido un lapso superior a los seis meses que se ha establecido como
prudencial para la presentación de las acciones de tutela.

A pesar de que en la acción de tutela se afirmó que el plazo de seis meses que
se estima como prudencial se cumplió durante la vacancia judicial, lo cierto es
que la acción de tutela no se radicó el primer día hábil siguiente por lo que los
argumentos presentados no evidencian la existencia de una urgencia real en la
protección de los derechos fundamentales invocados, en especial por la
excepcionalidad de la tutela contra providencia judicial.

Al respecto, con base en la jurisprudencia constitucional, se advierte que la carga
de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera
proporcional a la distancia temporal que existe entre la presentación de la acción
de tutela y el momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en
ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las
decisiones judiciales y consolida los efectos de la sentencia8.

En la acción de tutela objeto de estudio los argumentos expuestos para la
tardanza no denotan la premura real, pues no se instauró la acción de tutela en
el momento en que empezó a funcionar la Secretaría General, por lo que es
importante reiterar que el juez constitucional parte de la presunción que si se está
ante una vulneración de derechos fundamentales, que requiere medidas
urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar
su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada
para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad
de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes
bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un
derecho reconocido a una contraparte procesal.

En ese sentido, es preciso resaltar que la acción de tutelas contra providencia
judicial tiene un carácter excepcional y por esta razón el análisis del requisito de
inmediatez es más estricto.

Debe ponerse de presente que, a partir de la solicitud de amparo, no se llega a
la conclusión de que el asunto revistiera una situación que ameritara la extensión
del término establecido jurisprudencialmente para efectos de dar por satisfecho
el requisito de la inmediatez.

8 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y
T-189 de 2009.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00150-00
Accionante: Eduardo José Rozo Gómez y otro

Por lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto no se cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, razón por la cual se rechazará por improcedente la acción de tutela de
la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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