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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02020-01

Fecha
31 de mayo de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02020-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: REVOCAR la Sentencia de 11 de septiembre de 2019 por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y en su lugar: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija 3 SMMLV por agencias en derecho en favor de las demandadas, en partes iguales. Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas por Secretaría en el caso de que se hubieren causado. TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-02020-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

31 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2024

Radicación: 25000-23-36-000-2017-02020-01 (66249)
Actor: Eduardo José Rozo Gómez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia – prescripción de la acción penal – ausencia de daño – pérdida de oportunidad.

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado por el defectuoso
funcionamiento en la Administración de justicia por la prescripción de un proceso penal por
el delito de estafa.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la Sentencia de 11 de septiembre de 2019 por medio
de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación en
este proceso de doble instancia, por haberse interpuesto en vigencia de la
Ley 270 de 1996 contra una providencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un proceso de
reparación directa por hechos relacionados con la administración de justicia1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante en
segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 25 de octubre de 2017, Eduardo José Rozo Gómez y Mauricio Rozo

1 De conformidad con el artículo 150 y 152, numeral 6, de la Ley 1437 de 2011, este último establecía – antes de la

modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, que esta Corporación es competente en los asuntos de reparación
directa, cuando la cuantía sea superior a 500 smlmv. Así, la pretensión de indemnización del lucro cesante en la
demanda al momento de su presentación asciende a $4.058.394.439, esto es, superior al equivalente a 500 smlmv del
2017, pues el smlmv para la época equivalía a $737.717; así, el monto de las pretensiones debía ser superior a
$368.858.500, como en efecto sucedió.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 2500-23-36-000-2017-02020-01 (66249)
Actor: Eduardo José Rozo Gómez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
______________________________________________________________________________________________________________

Gómez, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.
Fueron sus pretensiones (se trascribe):

“PRIMERA: DECLARAR que en el proceso penal que se inició en la Fiscalía 116
Seccional de la Unidad Tercera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio
Económico de Bogotá bajo el radicado 367439, por denuncia interpuesta por los
señores EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ, en contra de
MAURICIO ANDRES MUTIS PERDOMO, por la conducta punible de Estafa
Agravada, LA NACIÓN COLOMBIANA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN incurrió
en dilaciones injustificadas.
SEGUNDA: DECLARAR que en el proceso penal que tramitaron los Juzgados 21
Penal del Circuito de Bogotá, 21 Penal del Circuito Adjunto de Bogotá, Tercero
Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá y 51 Penal del Circuito de Bogotá,
en este último bajo el radicado 2014-0310-G, en contra de MAURICIO ANDRES
MUTIS PERDOMO, por la conducta punible de Estafa Agravada que denunciaron
los señores EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ reconocidos
como parte civil dentro de esa actuación, LA NACIÓN COLOMBIANA - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA
• DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL incurrió en irregularidades
y dilaciones injustificadas.
TERCERA: DECLARAR que por las dilaciones injustificadas de LA NACIÓN
COLOMBIANA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL en el citado proceso penal iniciado por los señores EDUARDO JOSE ROZO
GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ, en contra de MAURICIO ANDRES MUTIS
PERDOMO, operó la prescripción de la acción penal decretada el 15 de
septiembre de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
CUARTA. DECLARAR que LA NACIÓN COLOMBIANA - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, son responsables administrativamente,
a título de falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia con ocasión de la prescripción de la acción penal
decretada dentro del proceso penal que se adelantó en contra de MAURICIO
ANDRES MUTIS PERDOMO, por la conducta punible de Estafa Agravada por
denuncia presentada por los señores EDUARDO JOSE y MAURICIO ROZO GOMEZ,
fallado en primera instancia en el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá bajo
el radicado 2014-0310.
QUINTA. DECLARAR que, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia que desencadenó la prescripción de la acción penal
dentro del proceso penal adelantado en contra de MAURICIO ANDRES MUTIS
PERDOMO, por el delito de Estafa Agravada, le fueron quebrantados a los señores
EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ, sus derechos al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva en investigación penal, la garantía a la
resolución judicial de su asunto en un plazo razonable, a obtener la reparación
integral en el proceso penal, que hubo pérdida de la oportunidad en acceso a la
administración de justicia, que hubo perdida de oportunidad por violación de
garantía a la resolución judicial del asunto en un plazo razonable, se vulneró el
derecho a la propiedad y al patrimonio de los demandantes, se perdió el derecho
a obtener la reparación integral, a que se estableciera la verdad sobre lo
sucedido y a que se aplicara una justicia pronta y cumplida al presunto autor del
reato.
SEXTA. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, CONDENAR a LA
NACIÓN COLOMBIANA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL a pagar a los demandantes la totalidad de los daños
y perjuicios de todo orden, materiales e inmateriales, causados a los señores
EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ y originados en el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el proceso penal

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Radicación: 2500-23-36-000-2017-02020-01 (66249)
Actor: Eduardo José Rozo Gómez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
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adelantado por denuncia de estos, en contra de MAURICIO ANDRES MUTIS
PERDOMO, que se liquidan en el acápite "liquidación de Daños y Perjuicios
Inmateriales y materiales".”

2. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones2,
adujo:
3. 1) Los demandantes suscribieron un contrato de cuentas en
participación con la sociedad Inversiones Novaterra Ltda., con el objeto de
construir un edificio; los demandantes transfirieron la propiedad de un
inmueble a la sociedad (Inversiones Novaterra), el cual fue pagado una
parte en dinero y la otra como aporte para la formalización del contrato de
cuentas en participación. Para la ejecución del proyecto, Mauricio Andrés
Mutis Perdomo – representante legal de la sociedad – solicitó un crédito de
$500.000.000.

4. 2) Según la demanda, Eduardo y Mauricio Rozo Gómez recibieron
“varias oficinas”, como parte de pago, que luego fueron embargadas y
rematadas por orden del Juzgado 15 Civil de Circuito de Bogotá, con el fin
de pagar el crédito que había solicitado la sociedad con la que suscribieron
el contrato de cuentas en participación. Por lo anterior, los demandantes
presentaron una denuncia penal por el delito de estafa en contra del
representante legal de la sociedad, el 19 de noviembre de 1998.

5. 3) La investigación penal se asignó a la Fiscalía 116 Seccional Unidad
Tercera de Delitos contra la fe pública y el Patrimonio Económico de Bogotá,
el 24 de noviembre de 1998 y, el 19 de agosto de 1999 los demandantes
radicaron demanda de constitución de parte civil en el proceso penal, la
cual fue admitida el 25 de agosto del mismo año. El 29 de febrero de 2008
se dictó resolución de acusación en contra del representante legal de la
sociedad, la cual fue confirmada el 24 de agosto de 2009.

6. 4) El Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia de
primera instancia el 30 de junio de 2015, en la que declaró penalmente
responsable a Andrés Mauricio Mutis Perdomo del delito de estafa agravada
y, lo condenó a indemnizar los daños causados. Esta decisión fue
confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, el 11
de agosto de 2015. El 15 de septiembre del mismo año ese tribunal decretó
la prescripción de la acción penal.

7. Como fundamentos de la demanda, afirmó que la etapa de
instrucción se extendió durante un “plazo no razonable”, se vulneraron todos
los términos procesales, en general, hizo alusión a la mora judicial. Destacó
que los demandantes presentaron la denuncia penal de forma oportuna, y

2 Folio 56 – 89 del cuaderno 1.

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Radicación: 2500-23-36-000-2017-02020-01 (66249)
Actor: Eduardo José Rozo Gómez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
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que la prescripción de la acción penal los privó de la posibilidad de obtener
la indemnización de los perjuicios sufridos.

1.2. Posición de la parte demandada

8. El apoderado de la Nación – Rama Judicial3, al contestar la
demanda, se opuso a las pretensiones. Como argumentos de su defensa,
afirmó que sus actuaciones fueron de conformidad con la Constitución y la
ley, destacó que, aunque la acción penal prescribió, la acción civil no;
además, sostuvo que no se acreditó la falla del servicio. Finalmente, propuso
las excepciones que denominó “culpa exclusiva de la víctima”, “hecho de
un tercero” e “inexistencia de daño antijurídico”.

9. El apoderado de la Fiscalía General de la Nación contestó la
demanda4. Se opuso a las pretensiones. Para el efecto, propuso las
excepciones que denominó “ausencia de falla en el servicio”, “inexistencia
del daño antijurídico”, “ausencia del nexo de causalidad”, “inimputabilidad
del daño”, “falta de certeza del perjuicio”, “objeción a la cuantía” y la
“genérica”.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. Mediante Sentencia de 11 de septiembre de 2019, la Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda5, por lo cual resolvió (se trascribe):

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.

SEGUNDO: DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE A LA FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL respecto de los daños y perjuicios ocasionados a los
señores EDUARDO JOSÉ ROZO GÓMEZ y a MAURICIO ROZO GÓMEZ, de conformidad
con lo expuesto en la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR A LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL en igual proporción a pagar a los
demandantes las siguientes sumas:

• Perjuicios morales:

Eduardo José Rozo Gómez 50 SMLMV
Mauricio Rozo Gómez 50 SMLMV

• Por perjuicios integrales del proceso penal:

Por concepto del daño consistente en la pérdida de la oportunidad, a cada uno de
los demandantes, el equivalente al 90% de lo que, en principio, se le reconoció en el

3 Folios 51 – 58 del C.1.
4 Folios 62 – 76 del C.1.
5 Folios 172 – 187 del C.Ppal.

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Radicación: 2500-23-36-000-2017-02020-01 (66249)
Actor: Eduardo José Rozo Gómez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
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proceso penal como indemnización integral, suma debidamente indexada,
($1.072.628.661), teniendo en cuenta el principio de equidad y jurisprudencia del H.
Consejo de Estado expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Suma a
reconocer en partes iguales a favor de los demandantes, es decir:

Eduardo José Rozo Gómez $536.314.330
Mauricio Rozo Gómez $536.314.330

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS al FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA
JUDICIAL y a favor del extremo demandante, conforme la parte motiva. Téngase en
cuenta para la liquidación por concepto de agencias en derecho la suma de treinta
y dos millones ciento setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos
($32.178.859 equivalente al 3%).

QUINTO: ORDENAR dar cumplimiento a esta providencia con observancia a lo
dispuesto en los artículos 192 del CPACA.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda …”

11. Para lo anterior, consideró que se acreditó el daño consistente en la
pérdida de oportunidad de obtener una indemnización, que es atribuible a
las demandadas “en igual proporción”, debido a la demora injustificada
durante la etapa de investigación y juzgamiento.

12. En relación con los perjuicios, reconoció como “perjuicios integrales
del proceso penal”, un 90% del monto establecido en el proceso penal
como indemnización de perjuicios a la parte civil actualizado, esto es,
$1.072.628.661; y, en relación con el daño moral, que, el tribunal interpretó,
como “proviene de la afectación a la garantía de la tutela efectiva”,
ordenó el pago de 50 smlmv para cada uno de los demandantes.

1.4. Recurso de apelación

13. La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación6 en el
cual atacó la decisión, con fundamento en que la prescripción se configuró
en la etapa de juzgamiento, que le correspondió a la Rama Judicial,
además, afirmó que los demandantes “tenían la posibilidad de acudir ante
los jueces civiles, para que a través de un proceso ordinario de
responsabilidad civil extracontractual o en su momento contractual,
lograran el pago de los perjuicios … de acuerdo con el artículo 2536 del
C.C., los hoy demandantes contaban hasta el 215 para haber iniciado la
respectiva demanda”.

14. La Nación – Rama Judicial presentó recurso de apelación en el que
afirmó que no se demostró el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, destacó que los demandantes “nunca intentaron
demandar ante la justicia ordinaria civil y por vía del proceso ordinario de

6 Folios 199 – 204 del C.Ppal.

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Radicación: 2500-23-36-000-2017-02020-01 (66249)
Actor: Eduardo José Rozo Gómez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
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responsabilidad extracontractual o contractual”, por lo que solicitó que se
revocara la decisión de primera instancia. Finalmente, atacó el
reconocimiento por concepto de daño moral, pues lo consideró arbitrario,
en la medida en que no había en el expediente ninguna prueba de este.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

15. El 21 de julio de 2020 se realizó la audiencia de conciliación judicial7,
etapa que se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio de las
partes.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

16. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que
encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia.

17. Adicionalmente, porque la acción se promovió de manera oportuna.
En efecto, la decisión mediante la cual se confirmó la decisión de decretar
la prescripción de la acción es de 15 de septiembre de 20158 y quedó
ejecutoriada el 29 de septiembre de 2015, por lo cual la demanda debía
presentarse a más tardar el 30 de septiembre de 2017. El 23 de agosto de
2017 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial y
celebrada la audiencia fue declarada fallida, como se indicó en
constancia de 23 de octubre de 20179. Dado que la demanda fue
presentada el 25 de octubre de 201710, la acción se ejerció en tiempo.

18. La Sala revocará la decisión apelada. La postura que se desarrollará
en este fallo consiste en que le asiste razón a las demandadas en relación
con el argumento según el cual los demandantes tenían la posibilidad de
acudir ante la jurisdicción ordinaria para exigir el cumplimiento del contrato,
por lo que no se probó el primer elemento de responsabilidad en este tipo
de asuntos, esto es que, con la decisión cuestionada, la parte actora

7 Samai, índice 2.
8 Consultada la página de procesos de la Rama Judicial, consta que la decisión mediante la cual prescribió la

acción penal es de 15 de septiembre de 2015 y, fue notificada mediante estado de 28 de septiembre del mismo
año, ver: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
9 Folios 237 – 254 del Cuaderno de pruebas No. 2
10 Folio 1 del C.1.

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Radicación: 2500-23-36-000-2017-02020-01 (66249)
Actor: Eduardo José Rozo Gómez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
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hubiera experimentado un daño consistente en la pérdida de la
oportunidad de haber obtenido la indemnización de los perjuicios solicitada
dentro de ese proceso penal, toda vez que no se acreditó que la
prescripción de la acción penal le hubiera quitado, de manera definitiva, la
oportunidad para ser indemnizada.

2.2. Análisis sustantivo

19. Esta Subsección ha sostenido en estos casos que “…a la parte actora
le incumbe exponer y acreditar las afirmaciones que permitan concluir que
la prescripción de la acción penal le impidió recibir una indemnización que
habría podido obtener si ella no se hubiese declarado; le corresponde
acreditar que tal declaración le frustró definitivamente una expectativa
cierta o con grandes probabilidades de certeza de obtener la
reparación”11.

20. En el asunto que ocupa a la Sala, la parte demandante no probó la
existencia de la pérdida de oportunidad, porque no se logró evidenciar que
esa pérdida fuera definitiva.

21. La prescripción de la acción penal no implicó la pérdida de
oportunidad definitiva de obtener una indemnización, toda vez que las
víctimas podían acudir a la jurisdicción ordinaria, en una acción civil y
obtener la indemnización ahora reclamada al Estado. Sin embargo, no lo
hicieron y no puede, entonces, el Estado entrar a responder por la falta de
actuación de los interesados.

22. Al respecto, la Sala considera que, con independencia de la
conducta de las demandadas y de la prescripción de la acción penal, la
víctima tenía la posibilidad de reclamar la reparación de los daños sufridos
a los terceros civilmente responsables, en una acción civil ante la jurisdicción
ordinaria, toda vez que, la norma aplicable – artículo 98 del Código Penal –
establece (se trascribe):

“La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro
del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en
tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás
casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil.”

23. Así, de la lectura de la norma es evidente que la acción civil en contra
de los terceros civilmente responsables prescribe en los términos
establecidos por las normas civiles para el efecto, pues la prescripción de la
acción penal conlleva la prescripción de la acción civil únicamente

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021

expediente 51813 y; en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de abril de 2021, expediente 47893.

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Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
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respecto del penalmente responsable, cuando esta se haya ejercido dentro
del proceso penal. Lo anterior, porque la declaratoria de la prescripción de
la acción penal, no impedía que pudieran acudir ante la jurisdicción civil
para buscar la indemnización de manos de los terceros civilmente
responsables, pues cuando la norma hace referencia a las “normas
pertinentes de la legislación civil”, se refiere a la acción extracontractual
como la contractual. Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:
“La prescripción de la acción penal no le impedía a los demandantes iniciar
un proceso ordinario de responsabilidad civil contra los terceros civilmente
responsable, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código
Penal12.”13.

24. En ese orden, en el proceso se encuentra demostrado que la parte
actora suscribió un contrato de cuentas en participación con la sociedad
Inversiones Novaterra14, en el cual se acordó la entrega por parte de los
demandantes de un lote para que la sociedad “con recursos propios … o
con recursos que obtenga ella” construyera sobre el inmueble un edificio y,
promocionara y vendiera las unidades construidas en el inmueble, también
se dispuso que terminada la obra y vendidos los bienes se haría la
distribución y pago de las utilidades; por lo anterior, es claro que los
demandantes al ver frustrada su expectativa, debían acudir, mediante la
acción ordinaria, para que el juez competente declarara el incumplimiento
contractual y se indemnizaran los perjuicios derivados del mismo.

25. Se observa que los hechos ocurrieron en noviembre de 199815, para
ese momento, la prescripción de la acción civil en cabeza de los
demandantes contra los terceros civilmente responsables era de 20 años,
de conformidad con el artículo 2536 original del Código Civil.

26. Así las cosas, la demandante tenía la posibilidad de acudir ante la
justicia civil para obtener el resarcimiento de los perjuicios que alegaron
sufrir, hasta noviembre de 2018 y, toda vez que la prescripción de la acción
penal ocurrió el 15 de septiembre de 2015, es claro que no les clausuró de
manera definitiva la oportunidad de conseguir una indemnización de los
sujetos llamados por ley a responder.

27. Así, es evidente que la declaratoria de la prescripción de la acción

12 [cita del texto original] “Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible,

cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo
igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes
de la legislación civil.>>”.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021

expediente 51813 y; reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 28 de abril de 2021, expediente 47893.
14 Folios 25 – 32 del Cuaderno de pruebas No. 3.

15 Al respecto, es necesario destacar que, aunque en el proceso no se demostró una fecha exacta de la comisión

del delito, en la resolución de acusación se encontró acreditado que el “ilícito … se dio en noviembre de 1998”,
para efectos del cómputo de la prescripción de la acción penal; fecha que, toma la Sala como acreditada para
efectos del cómputo de la prescripción de la acción civil. Ver: folio 241 del Cuaderno de pruebas No. 6.

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Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
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penal no les eliminó a los demandantes de manera definitiva la oportunidad
de conseguir una indemnización de los sujetos llamados por ley a responder
con su patrimonio de ella. Dado que la pérdida de oportunidad debe ser
cierta y definitiva, la ausencia de su carácter definitivo es suficiente para
que no se configure.

28. Sin embargo, también se resalta que la pérdida de oportunidad
tampoco tuvo el carácter de cierta porque, analizada la demanda de
constitución de parte civil16, en esa oportunidad procesal no se solicitó el
decreto y práctica de medidas cautelares, por lo que el carácter cierto de
la pérdida de oportunidad tampoco se encuentra acreditado en la medida
que no se alcanzó a asegurar la indemnización que, posiblemente, se
tendría dentro del proceso penal.

29. Así, la Sala revocará la decisión apelada porque no se demostró el
primer elemento de la responsabilidad, esto es, el daño, que en este caso
consistió en la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización en el
proceso penal, pues dicha pérdida no fue definitiva.

2.3. Sobre la condena en costas

30. El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”.

31. En ese orden, el artículo 365 del Código General del Proceso aplicable
al presente proceso consagra que se condenará en costas “se condenará
en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación…”. El artículo 361 del CGP
indicó que las costas se componían de expensas y gastos sufragados en el
proceso y agencias en derecho.

32. Así, se condenará a la parte demandante que fue vencida en el
proceso. Las costas están conformadas por las agencias en derecho y otras
expensas y gastos. La Sala, estima procedente condenar en costas a la
parte demandante en 3 SMMLV, a favor de las demandadas, en partes
iguales, toda vez que estuvieron representadas por apoderados judiciales
que interpusieron los recursos de apelación. De existir costas en virtud de
expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar
por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.

16 Folios 59 – 65 del C. de pruebas No. 3.

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Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Revoca y niega pretensiones
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la Sentencia de 11 de septiembre de 2019 por medio de la cual la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, y en su lugar:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija 3 SMMLV
por agencias en derecho en favor de las demandadas, en partes iguales.
Las otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas por Secretaría en el
caso de que se hubieren causado.

TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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