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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00150-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00150-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00150-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: EDUARDO JOSÉ ROZO GÓMEZ Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma la
sentencia impugnada. La acción de tutela no cumple el requisito general de
procedencia de inmediatez.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia
de 6 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Eduardo José Rozo Gómez y Mauricio Rozo Gómez solicitaron, a
través de apoderada judicial, la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le
atribuyeron a la providencia de 31 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de
reparación directa con radicado número 25000-23-36-000-2017-02020-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicaron que denunciaron por el delito de estafa al señor Mauricio Andrés Mutis
Perdomo.

2.2. Relataron que, mediante sentencia de 30 de junio de 2015, el Juzgado Cincuenta
y Uno Penal del Circuito de Bogotá condenó al señor Mauricio Andrés Mutis
Perdomo.

2.3. Expresaron que, mediante sentencia de 11 de agosto de 2015, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia condenatoria.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

2.4. Informaron que, mediante providencia de 15 de septiembre de 2015, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó la extinción de la acción penal por
prescripción.

2.5. Señalaron que, con base en lo anterior, promovieron la demanda de reparación
directa núm. 25000-23-36-000-2017-02020-00/01 en contra de la Nación - Rama
Judicial - y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se repararan los daños
morales y materiales ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

2.6. Precisaron que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2019,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.7. Indicaron que la decisión de primera instancia fue apelada y que la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 31 de mayo
de 2024, revocó el fallo recurrido y negó las pretensiones de la demanda.

2.8. Manifestaron
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido en un defecto sustantivo y en
un desconocimiento del precedente.

2.9. Sobre el defecto sustantivo señalaron que se incurrió en este debido a “[…] la
inaplicación de la ley 791 de 2002, y la aplicación errónea de la ley anterior vigente
previamente a la entrada en vigencia de la ley 791 de 2002 […]”.

2.10. En cuando a la causal de desconocimiento del precedente indicaron que hubo
“[…] Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional cuando estableció
el alcance de un derecho fundamental a hacer uso de la jurisdicción penal contenida
en el artículo 46 de Decreto 2700 de 1991 Código de Procedimiento Penal vigente
para el tiempo de la denuncia penal y hasta la entrada en vigor de la ley 600 de
2000, y que tuvo estudio de constitucionalidad en la sentencia C-163 de 2000 citada
en la C-899 de 2003. […]”.

2.11. Como fundamento de los defectos indicados se señaló:

“[…] se estima que para este caso concreto, el Consejo de Estado se equivoca
y su decisión presenta defecto material o sustantivo por desconocer la
prescripción de diez años determinados por la ley 791 arriba citada, que redujo
a 10 años las prescripciones de 20 años establecidas en el Código Civil y que
cuando prescribió la acción penal el 24 de agosto de 2015, ya habían prescrito
las acción civiles, situación que ocurrió el 27 de diciembre del año 2012, y por
lo tanto una vez prescrita la acción penal y civil para el responsable penal, ya
no era posible iniciar ninguna acción civil en contra de los terceros civilmente
responsables.

De manera reiterada se ha señalado que no es posible iniciar o tramitar dos
acciones civiles simultaneas, una ante la jurisdicción penal y otra ante la
jurisdicción ordinaria civil. Esto es tan cierto que el artículo 46 del Decreto 2700
de 1991 que era el Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 1991

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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

hasta el año 2001 cuando entró a regir la Ley 600, exigía manifestar bajo la
gravedad de juramento, en la demanda de constitución de parte civil, que no se
había presentado demanda buscando la reparación integral. Bajo el imperio de
este Código de procedimiento penal se presentó la denuncia penal en contra
del ciudadano gestor del contrato Mauricio Andrés Mutis Perdomo, y se
presentó la demanda de constitución de parte civil que contiene la expresa
manifestación bajo juramento de no haberse promovido proceso ante la
jurisdicción civil en procura de la reparación de perjuicios materiales y morales
a que se refiere dicho libelo.

La Corte Constitucional se manifestó sobre la constitucionalidad del contenido
de dicho artículo 46 del Decreto Ley 2700 de 1991, sentencia desconocida por
el Consejo de Estado en el fallo que aquí se impugna, por ello adolece
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional cuando estableció
el alcance de un derecho fundamental a hacer uso de la jurisdicción penal
contenida en el artículo 46 de Decreto 2700 de 1991, código de procedimiento
penal vigente para el tiempo de la denuncia penal y hasta la entrada en vigor
de la ley 600 de 2000, y que tuvo estudio de constitucionalidad en la sentencia
C-163 de 2000 citada en la C-899 de 2003.

[…]

En conclusión y sin más disquisiciones, es claro el yerro del Consejo de Estado
en la sentencia que quebranta el derecho fundamental al debido proceso a los
señores EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ,
quienes eligieron la acción correcta para el amparo de sus derechos
denunciando al infractor del derecho penal que ocasionó todos sus daños y
perjuicios y que presentaron consecuente demanda de constitución de parte
civil. Por ello, no podían presentar nuevas demandas civiles en procura de la
misma pretensión indemnizatoria, ni de manera simultanea ni posterior. […]”.
[Sic en toda la cita y mayúscula original del texto].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1° Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y los inherentes
a este como la tutela judicial efectiva, la pérdida de la oportunidad en acceso a
la administración de justicia para obtener la reparación integral, a establecer la
verdad sobre lo sucedido y a aplicar una justicia pronta y cumplida al presunto
autor del reato, así como el derecho a la propiedad y al patrimonio, conculcados
a los ciudadanos EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO
GOMEZ. por la sentencia del Consejo de Estado en la Sección Tercera
Subsección B, en segunda instancia proferido el 31 de mayo de 2024, en el
proceso promovido con el radicado 25000233600020170202001 en contra de
la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL,
mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y en su lugar negó
las pretensiones de la demanda del medio de control de reparación directa.

2° Como consecuencia del amparo a los derechos fundamentales de los
ciudadanos EDUARDO JOSE ROZO GOMEZ y MAURICIO ROZO GOMEZ,
declarar la nulidad o ineficacia del fallo del Consejo de Estado en la Sección
Tercera Subsección B, en segunda instancia proferido el 31 de mayo de 2024,
en el proceso promovido con el radicado 25000233600020170202001 en
contra de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA

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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

JUDICIAL, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y en su lugar
negó las pretensiones de la demanda del medio de control de reparación
directa,

3° En consecuencia, devolver el proceso a la Sección Tercera del Consejo de
Estado para que profiera sentencia de reemplazo dentro del término de treinta
días o en el plazo que la Corporación considere razonable. […]”. [Mayúscula y
negrilla original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 17 de enero de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso “[…] la Nación, la Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Subsección B […]”.

5. El 17 de marzo de 2025 el Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López
manifestó impedimento en el proceso de la referencia y mediante auto de 27 de
marzo de 2025, la Sección lo declaró infundado.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, rindió el siguiente informe: “[…] Se
considera que la providencia y el expediente de la respectiva acción de reparación
directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la
acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En consecuencia,
el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto de esta acción
de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción
constitucional. […]”.

6.2. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, a
través del director, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva,
en razón a que lo solicitado en la acción de tutela no era competencia de dicha
entidad.

6.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de apoderado
judicial, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional.

6.4. LaFiscalía General de la Nación indicó, a través de la profesional
especializada de asuntos judiciales, que “[…] no tiene legitimación en la causa por

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pasiva en caso sub examine, , [sic] pues no existe una relación de causalidad de
acción u omisión por parte de la Entidad, esto en razón a que la providencia
cuestionada no fue emitida por el ente instructor y la actuación pretendida en
procura del amparo de derechos reclamados, supera su competencia. […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 6 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de inmediatez.

8. Como fundamento de la decisión se señaló:

“[…] En el caso concreto la sentencia del 31 de mayo de 2024 fue notificada el
28 de junio de esa anualidad, motivo por el cual quedó ejecutoriada el 8 de julio
de 2024, mientras que la acción de tutela se radicó el 15 de enero de 2025,
cuando había transcurrido un lapso superior a los seis meses que se ha
establecido como prudencial para la presentación de las acciones de tutela.

A pesar de que en la acción de tutela se afirmó que el plazo de seis meses que
se estima como prudencial se cumplió durante la vacancia judicial, lo cierto es
que la acción de tutela no se radicó el primer día hábil siguiente por lo que los
argumentos presentados no evidencian la existencia de una urgencia real en la
protección de los derechos fundamentales invocados, en especial por la
excepcionalidad de la tutela contra providencia judicial.

Al respecto, con base en la jurisprudencia constitucional, se advierte que la
carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera
proporcional a la distancia temporal que existe entre la presentación de la
acción de tutela y el momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues,
en ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las
decisiones judiciales y consolida los efectos de la sentencia1.

En la acción de tutela objeto de estudio los argumentos expuestos para la
tardanza no denotan la premura real, pues no se instauró la acción de tutela en
el momento en que empezó a funcionar la Secretaría General, por lo que es
importante reiterar que el juez constitucional parte de la presunción que si se
está ante una vulneración de derechos fundamentales, que requiere medidas
urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del derecho afectado debe
procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e
injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la
urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obtener vía
acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad
jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.
[…]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que la
acción de tutela sí cumplía con el requisito de inmediatez. Al respecto señaló:

1
Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-189 de 2009.

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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

“[…] En la demanda de acción de tutela se presentaron tres razones para
justificar la inmediatez. Se argumentó que: i) el término de seis meses,
contabilizado desde la fecha de notificación de la sentencia se cumplió durante
la vacancia judicial -entre el 20 de diciembre de 2024 y el 11 de enero de 2025-
y que luego de reiniciarse actividades por la Administración de Justicia el día
13 de enero de 2025, se radicó el libelo de tutela; ii) Fue necesario localizar a
los actores para explicarles la sentencia de segunda instancia y esperar a que
uno de ellos regresara al país y otorgara poder para la acción de tutela y,
además, iii) Se requirió el tiempo necesario para estudiar el caso de particular
complejidad.

[…]

Al calcular el plazo jurisprudencial de seis meses, desde el 8 de julio de 2024
cuando quedó ejecutoriada la sentencia, se tiene que se cumplió el 8 de enero
de 2025 pero las actividades judiciales luego de la vacancia judicial se iniciaron
el 13 de enero. Es decir, la tutela se radicó al tercer día de reiniciadas las
actividades judiciales, esto es dos días después, sin descontar los días de
vacancia judicial.

[…]

Llama la atención que a los accionantes se les exija con rigurosidad y
severidad, el cumplimiento de seis meses para accionar en tutela, cuando no
existe un término de caducidad legal y constitucional para ello y esos seis
meses en realidad constituyen un plazo de creación jurisprudencial más no
legal y como tal debe pasar por el tamiz de los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que en este caso no se efectuó para determinar si de cara a
las circunstancias del caso, ameritaba flexibilizarlo. Un término legal es
perentorio y de obligatorio cumplimiento, no admite flexibilidad, como todos
aquellos que en los códigos y normas superiores se le impone a los jueces en
general para dictar sentencias, adoptar decisiones y ejecutar actuaciones en
los procesos judiciales, término que se ha vuelto costumbre desobedecer en
muchos casos. En contraste el plazo de creación jurisprudencial impone
aplicarse previo análisis de los criterios citados y por ende, admite flexibilidad
ante las circunstancias de cada caso particular.

[…]

La segunda razón para justificar el tiempo de presentación de la acción de
tutela, es la circunstancia que relativa a uno de los accionantes -MAURICIO
ROZO GOMEZ-, a quien fue necesario esperar que regresara al país explicarle
la sentencia de segunda instancia, para que otorgara poder para la acción de
tutela. Esta situación, expresada bajo la gravedad del juramento en el libelo de
tutela, fue determinante en el cumplimiento del plazo jurisprudencial aludido
porque la preparación de la acción de tutela se inició luego de recibir los
poderes, hecho ocurrido en el mes de octubre de 2024. […]

[…]

Finalmente, debe indicarse que la justificación del tiempo de presentación de
la demanda de tutela, se expuso en la misma de manera franca y no fue otra
que se requirió el tiempo necesario para estudiar el caso de particular
complejidad, ya que la misma Corte Constitucional, en varias sentencias entre
ellas la T-341 de 2018, al resolver casos como el aquí considerado, ha dicho
que cuando se trata de una tutela en contra de una providencia judicial, el
análisis debe ser más estricto. […]”.

7

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Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestión previa

11. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca.

12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

13. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cundinamarca fueron parte dentro del medio de
control en el que se profirió la providencia que es objeto del presente mecanismo

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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de amparo, la Sala considera que les asiste el interés jurídico para ser vinculadas
a esta acción constitucional.

14. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción

8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

9

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no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

24. Los señores Eduardo José Rozo Gómez y Mauricio Rozo Gómez solicitaron, a
través de apoderada judicial, la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

atribuyeron a la providencia de 31 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de
reparación directa con radicado número 25000-23-36-000-2017-02020-00/01.

25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de el requisito de inmediatez.

VI.5.1. De incumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez

26. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración13. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”14.

27. Al respecto, la jurisprudencia constitucional15, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica
y autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”16. [Negrilla fuera del texto y cursiva original del
texto]

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6)
meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela.
Ello con sustento en el siguiente raciocinio:

13
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
14
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
16
Ibidem.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata
de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”17.
[Negrilla fuera del texto]

29. La jurisprudencia constitucional18 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular19, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en
el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”20.

30. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia
controvertida. Ello en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica
en sostener que el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se
notifique la providencia controvertida por vía de tutela.

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18
Sentencia T-584 de 2011.
19
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
20
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

31. Con fundamento en lo expuesto, se observa que: (i) la providencia que motivó
la interposición de esta acción de tutela fue notificada por correo electrónico de 26
de junio de 202421, y (ii) la presente solicitud de amparo se interpuso a través de
la plataforma habilitada en la página web de la Rama Judicial “Recepción de
Tutelas y Hábeas Corpus en Línea”, el día 15 de enero de 202522.

32. En razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 15 de enero de 2025, la
Sala advierte que se ejerció por fuera de los 6 meses, término fijado tanto por esta
Corporación como por la Corte Constitucional.

33. Enla impugnación la parte accionante expone tres argumentos por los que
considera que sí se cumple el requisito de inmediatez en el sub examine: (i) los seis
meses se cumplieron el 8 de enero de 2025, en término de vacancia judicial; (ii) uno
de los accionantes se encontraba fuera del país y solo a su regreso fue posible
obtener el poder para instaurar esta acción; y (iii) la complejidad del caso.

34. En criterio de la Sala, ninguno de los tres argumentos es suficiente para
flexibilizar el requisito de inmediatez en el caso en concreto.

35. En efecto, la decisión controvertida fue notificada por correo electrónico el 26 de
junio de 2024, por lo que la notificación de dicha decisión se surtió al finalizar el 28
de junio de 2024. Según la jurisprudencia de esta Sección, la parte accionante
tenía seis meses para presentar la acción de tutela desde este momento, por lo
que en principio los seis meses finalizaban el 29 de diciembre de 2024.

36. En razón a que para la fecha indicada existía cese de actividades por vacancia
judicial, resulta aplicable al sub examine lo señalado en el inciso 7 del artículo 118
de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012:

“[…] Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar
el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no
tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su
vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil
siguiente. […]”.

37. La parte accionante tenía hasta el 13 de enero de 2025 para presentar la acción
de tutela, fecha en la que reiniciaron las actividades en la Rama Judicial y no existe
un fundamento razonable para extender dicho término al 15 de enero de 2025.

38. Tampoco es admisible el argumento según el cual no fue posible obtener poder
de uno de los accionantes porque se encontraba residiendo en el exterior. Al
respecto, el artículo 5 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 permite conferir
poderes “[…] mediante mensaje de datos […]”. Por último, la presunta complejidad
del caso no es un factor determinante para flexibilizar en este asunto el análisis del
requisito de inmediatez.

21
Índice 00029 de SAMAI, radicado núm. 25000233600020170202001.
22
Índice 00002 del expediente.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

39. En ese orden de ideas y en atención a que no se observa otra causal adicional
razonable que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad de inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017,
proferida por la Corte Constitucional.

40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado que
declaró improcedente la solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de
procedencia de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía
General de la Nación y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de febrero de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00150-01
Accionantes: Eduardo José Rozo Gómez y otro

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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