Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00151-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00151-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00151-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 25 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00151-00
Demandante: María Elsa Díaz Márquez y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez
Síntesis del caso: los accionantes enjuiciaron la providencia de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo que declaró la falta de jurisdicción sobre las decisiones
adoptadas dentro del proceso laboral ordinario. Afirmaron que esa determinación impide
que el juez de revisión emita una decisión unificada que armonice los criterios
contradictorios y disímiles establecidos en las sentencias proferidas sobre un “mismo” asunto
litigioso en dos jurisdicciones distintas.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por María Elsa Díaz
Márquez y Lilia Patricia Parra Muñoz contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 15 de enero de 2025, María Elsa Díaz Márquez y Lilia Patricia Parra
Muñoz, en nombre propio, presentaron una acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como mecanismo
transitorio, para evitar un perjuicio irremediable contra su vida e integridad,
con ocasión de la providencia judicial que fragmentó el conocimiento del
recurso extraordinario de revisión que presentaron el 9 de diciembre de 2019.
2. A título de amparo constitucional, las accionantes solicitaron (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00151-00
Demandante: María Elsa Díaz Márquez y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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“1. Pretendemos que se resuelva el conflicto de competencia entre el Consejo
de Estado y la Corte Suprema de Justicia para conocer el resultado de Recurso
Extraordinario de Revisión que incoamos hace aproximadamente dos años.
2. Que se acumulen las dos sentencias emitidas y falladas tanto el Juzgado
Tercero Laboral de Tunja y la Sentencia Proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Tunja, porque los fallos de estos juzgados resultaron
abiertamente contradictorios, para que un solo juez pueda estudiar, cotejar y
fallar conjuntamente los dos procesos y proceder a dictar un fallo justo
equitativo y verdadero, porque si se estudian por separado jamás se
encontraran.
3. Las sentencias recurridas en revisión fueron falladas por dos juzgados
diferentes, jurisdicción y competencia, fallados contra las mismas personas por
las mismas causas, por los mismos hechos y por las mismas condiciones de lugar
tiempo y modo; en ninguna parte del mundo puede coexistir dos sentencias
sincrónicamente verdaderas, así; sean de diferente jurisdicción y competencia.
4. En cuanto a la admisión y sustanciación del recurso extraordinario de revisión
están bien; lo que resulto fue mal fue el reparto de las dos sentencias
contradictorias incoadas; porque la misma acción que curso en el
extraordinario se repartió indiscriminadamente jurisdicciones distintas, cuyas
sentencias resultaron falladas por separado, como sentencias ciertas y
verdaderas; pero deberían haber sido comparadas estudiadas, cotejadas y
falladas en conjunto para que no resultaran contradictorias, las tienen que
fallar un solo juez o la Sala Plena de una Institución como el consejo de Estado
del Tribunal Contencioso Administrativo.
5. Honorable Magistrado esta figura hibrida de coexistencia de dos sentencias
contradictorias de diferente jurisdicción y competencia, en una investigación
judicial los abogados inescrupulosos están utilizando para engañar a la justicia
y hacer que la sentencia favorezca a una parte, sin tener el derecho y a
castigar a las que si ostentan; así, se instauren acciones de apelación o de
revisión, porque las sentencias impugnadas que se fallan por separado resultan
siempre siendo verdaderas.
6. Para evitar contubernio jurídico y engañar a la justicia y proferir fallos
indiscriminados e injustos, contrarios a la verdad y a la realidad de los hechos,
donde, se fallan dos verdades falsas y dos falsedades como verdaderas, esta
costumbre se debe abolir de plano de la investigación judicial para administrar
una justicia imparcial justa y verdadera.
7. Nosotras somos personas honradas, humildes y desconocemos de las leyes y
solo acudimos a esta instancia para que estudien los yerros y fallas tanto
sustantivos como proccidentales; que se cometieron al sustanciar y fallar los
hechos para resolver un conflicto de derecho de familia; cuyas sentencias las
anexo y enviando conjuntamente con esta explicación para que sean
corregidas, analizadas, cotejadas, anuladas y se pueda dictar una sentencia
justa, clara, oportuna que haga tránsito en cada juzgado”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) Danilo Sierra Cortés, tras su servicio como agente activo de la Policía
Nacional, y posteriormente como empleado del CTI de la Fiscalía General
de la Nación, se hizo beneficiario de: a) una asignación de retiro
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Decisión: Declara improcedente
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administrada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR
desde el 28 de julio de 1988, y b) una pensión gestionada por Colfondos, que
las accionantes reclaman como pensión de sobrevivientes.
5. 2) A raíz de su fallecimiento el 14 de febrero de 2009, tres personas
reclamaron el beneficio de la sustitución del 50% de ambas prestaciones
(asignación de retiro y la pensión)2: (i)Ana Silvia Umaña de Sierra, su esposa
legalmente reconocida; (ii) María Elsa Díaz Márquez, quien afirmó haber
convivido con el causante desde 1983 y tener un hijo en común, y (iii) Lilia
Patricia Parra Muñoz, quien aseguró haber sido compañera permanente
durante los 5 años anteriores al fallecimiento del causante y tener un hijo en
común.
6. 3) María Elsa Díaz Márquez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 3489 de 6 de agosto
de 2009, expedida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Dicha resolución suspendió el trámite y el pago de la sustitución de
asignación de retiro a favor de Ana Silvia Umaña de Sierra, Lilia Patricia Parra
Muñoz y la propia demandante, como consecuencia del fallecimiento del
exagente Danilo Sierra Cortés, por no haber probado el tiempo de
convivencia con el causante. En este proceso, Ana Silvia Umaña de Sierra y
Lilia Patricia Parra Muñoz intervinieron en calidad de terceras con interés3.
7. 4) El Juzgado 8 Administrativo de Tunja, mediante Sentencia de 23 de
octubre de 2015, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
ninguna de las accionantes acreditó la convivencia con Danilo Sierra
Cortés. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en Sentencia de
13 de febrero de 2019, revocó dicha decisión y reconoció el 42% de la
sustitución de asignación de retiro a favor de Ana Silvia Umaña de Sierra y el
8% a favor de Lilia Patricia Parra Muñoz, con base en la acreditación de una
convivencia simultánea con el causante.
8. 5) Ana Silvia Umaña de Sierra interpuso demanda laboral contra
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías para obtener la pensión de
sobrevivientes. En este proceso, llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida
Seguros S.A. y se integraron como litisconsortes necesarias María Elsa Díaz
Márquez y Lilia Patricia Parra Muñoz. Mediante la Sentencia de 11 de abril
de 2018, el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Tunja declaró a Ana Silvia
Umaña como única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de Danilo
Sierra Cortés. Esta decisión fue confirmada a través de la Sentencia de 21
2 El otro 50% fue asignado al hijo menor que tenía a su cargo.
3 Radicado No. 15001-33-31-008-2010-00007-02.
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de agosto de 2019, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja4.
9. 6) El 9 de diciembre de 2019, María Elsa Díaz Márquez, en
coadyuvancia de Lilia Patricia Parra Muñoz, presentaron recurso
extraordinario de revisión contra las cuatro sentencias referenciadas. Como
fundamento, invocaron la causal 8 del artículo 250 del CPACA, que
establece “ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
10. Las accionantes manifestaron que las decisiones adoptadas en la
jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo eran contradictorias.
En su argumentación señalaron que “las anteriores pensiones sustitutivas de
sobrevivientes no pueden ni deben coexistir parcial y discriminatoriamente
favoreciendo a una de las partes y excluyendo a las demás partes que
ostentan iguales o mejores derechos ante la ley, cuyos fallos o sentencias se
deben anular porque conforman un contubernio legal y se debe proferir la
sentencia legal que corresponda en ejercicio del derecho y de la aplicación
de una recta y justa porque no hay más injusticia que otorgarle derechos a
quien no los tiene o no los merece contra otros que si lo merecen de buena
fe con justo título y en forma legal”.
11. 7) El 29 de octubre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró la falta de jurisdicción respecto de las
sentencias del proceso laboral ordinario y remitió el expediente digitalizado
a la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento. Asimismo, admitió el
recurso extraordinario de revisión exclusivamente en relación con las
sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Actualmente, dicho proceso está en curso5.
12. Como fundamento de la vulneración, las accionantes expresaron su
inconformidad frente a los pronunciamientos de las autoridades judiciales
accionadas y el trámite del recurso extraordinario de revisión. Aseguraron
que se ha generado un aparente conflicto de jurisdicciones, lo que
4 Radicado No. 15001-31-05-003-2017-00014-00/01.
5 Radicado 11001032500020210010400 (0522-2021) Auto de 29 de octubre de 2021, proferido por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado. “Resuelve. Primero: Declarar la falta de jurisdicción para conocer
del recurso extraordinario de revisión interpuesto por las señoras María Elsa Díaz Márquez y Lilia Patricia Parra Muñoz
con el fin de que se infirme la sentencia dictada en audiencia de trámite y juzgamiento el día 11 de abril del 2018
proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja en sentencia del 21 de agosto del 2019, de conformidad con las razones señaladas en la parte
motiva de este proveído. Segundo: Remitir el expediente digitalizado a la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, para lo de su competencia. Tercero: Admitir el recurso extraordinario de revisión presentado por
las señoras María Elsa Díaz Márquez y Lilia Patricia Parra Muñoz contra la sentencia proferida el 13 de febrero del
2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto (…)”.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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representa una amenaza para su vida e integridad. Argumentaron que los
procesos han sido tramitados de manera separada, impidiéndoles acceder
a la prestación pensional de la cual dependen para su subsistencia.
Destacaron que su situación se agravaba debido a su estado de salud6.
Finalmente, reiteraron los cuestionamientos expuestos en el recurso
extraordinario de revisión respecto de la existencia de decisiones judiciales
contradictorias que se pronunciaron sobre los mismos hechos, partes y
causas.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7
13. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidió
declarar improcedente la acción de tutela porque no cumplió con el
presupuesto de inmediatez y no se demostró ninguna circunstancia que
justificara la ampliación de dicho plazo. Adicionalmente, indicó que
cursaba otra acción de tutela con el radicado No. 11001-02-04-000-2025-
00117-00 ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
por los mismos hechos y pretensiones.
14. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional sostuvo que la
acción de tutela era improcedente, ya que la pretensión de las accionantes
se orientaba a obtener una nueva decisión favorable a sus intereses, como
si se tratara de una tercera instancia.
15. Colfondos propuso la falta de legitimación pasiva en la causa, porque
la tutela no estaba dirigida contra ellos. Además, solicitó negar las
pretensiones de la tutela, porque no existía nexo causal entre la presunta
amenaza de los derechos fundamentales y su actuación.
16. El Juzgado 8 Administrativo de Tunja manifestó que la acción de tutela
debía negarse, pues se pretendía resolver un presunto conflicto de
competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en
relación con el trámite del recurso extraordinario de revisión. En ese sentido,
indicó que no se cuestionó su actuación, sino las decisiones adoptadas por
otras autoridades judiciales.
6 Allegaron apartes de la histórica clínica de María Elsa Díaz Márquez de 2021, quien para la fecha tenía 75 años y
padecía desde entonces de cardiomiopatía isquémica y aterosclerótica del corazón. Respecto de Lilia Patricia
Parra Muñoz allegaron reporte de historia clínica del Centro de Cancerología de Boyacá que constata la
enfermedad que padece (cáncer de seno) y la intervención quirúrgica a la que fue sometida antes de presentar
la acción de tutela.
7 Mediante Auto 3 de febrero de 2025, luego de haberse efectuado un requerimiento el 20 de enero de 2025, el
despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandado a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y (3) vinculó al
Juzgado 8 Administrativo de Tunja, al Tribunal Administrativo de Boyacá, al Juzgado 3 Laboral del Circuito de Tunja,
a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), a
COLFONDOS SA y a Ana Silvia Umaña de Sierra, como terceros con interés en el asunto”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00151-00
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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17. El Tribunal Administrativo de Boyacá pidió negar la acción de tutela,
al considerar que su pronunciamiento era compatible con el ordenamiento
jurídico y no amenazaba ningún derecho fundamental.
18. Los demás vinculados, pese a haber sido debidamente notificados8,
guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Cuestión preliminar. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Conclusiones.
2.1. Cuestión preliminar
19. A pesar de que la acción de tutela se presentó contra la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, la Sala no se pronunciará
respecto de la primera, porque no se enjuició una acción u omisión por parte
de dicha corporación. Lo anterior, porque el reproche de las accionantes,
sin especificar algún defecto, radica en la falta de unificación o tramite
conjunto del recurso extraordinario de revisión, es decir, del Auto de 29 de
octubre de 2021, proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que declaró la falta jurisdicción respecto del proceso
laboral y separó la competencia.
20. Asimismo, la Sala advierte que existe un proceso de tutela9 con
pretensiones similares en trámite ante la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, circunstancia que fue mencionada en la contestación
de la Sala de Casación Laboral de dicha corporación. Tras verificar el
proceso de tutela, se constató que mediante Auto de 23 de enero de 2025
se admitió la acción tutela únicamente respecto de las decisiones del
proceso laboral ordinario, separando su trámite frente a las decisiones
adoptadas por el Consejo de Estado, según las reglas de competencia
definidas en el Decreto 1069 de 2015.
21. Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia mediante la Sentencia de 4 de febrero de 2025, en primera instancia,
declaró improcedente la acción de tutela. Fundamentó su decisión en el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al no haberse interpuesto el
recurso de reposición contra la decisión que rechazó el recurso
extraordinario de revisión, pese a que procedía. Asimismo, consideró que no
se cumplió con el requisito de inmediatez, debido a que transcurrieron más
8 Índice 15, 30 y 31 de SAMAI.
9 Radicado 11001-02-04-000-2025-00117-00.
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Demandante: María Elsa Díaz Márquez y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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de cuatro años desde la configuración de la presunta vulneración. Dicha
decisión fue impugnada y está aún no ha sido resuelta.
22. En consecuencia, esta Sala se pronunciará únicamente frente a los
reproches de las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado, toda vez
que, existe otro proceso de tutela en curso respecto de las providencias
adoptadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
en desarrollo de su competencia.
2.2. Fijación de la controversia
23. Corresponde determinar, luego de verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, como juez del recurso extraordinario de
revisión No. 11001032500020210010400 (0522-2021), al expedir el Auto de 29
de octubre de 2021, vulneró los derechos fundamentales de las
accionantes.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
24. En este caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela porque no se cumplió con el requisito general de inmediatez como
pasa a explicarse:
25. Respecto del requisito de inmediatez la Corte Constitucional10 ha
sostenido que, aunque la acción de tutela no tiene un término de
caducidad, la misma debe presentarse dentro de un “término razonable y
proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión generadora de la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pues, de no ser así, se
afectaría la seguridad jurídica, los derechos de terceros, e incluso, se
desnaturalizaría la acción y, en relación con la acción de tutela contra
providencias judiciales, se comprometería la cosa juzgada y la firmeza de
las decisiones judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el examen de
inmediatez debe ser más estricto.
26. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, “teniendo en cuenta las particularidades de cada caso
concreto”.
10 Sentencia SU-018 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00151-00
Demandante: María Elsa Díaz Márquez y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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27. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201411, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.
28. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.
29. De la revisión del escrito de tutela, se advierte que no se satisfizo el
requisito de inmediatez, toda vez que la misma no se interpuso dentro un
plazo razonable, pues entre la notificación del Auto de 29 de octubre de
2021, dictado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado (19/11/2112), y la presentación de la tutela (15/01/2513), trascurrió 3
años, 1 mes y 27 días.
30. Además, la Sala advierte que no se configuró alguno de los supuestos
especiales o circunstancias relacionadas al momento de expedirse la
providencia enjuiciada, que permitan aceptar una interposición después de
ese plazo.
2.4. Conclusiones
31. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de inmediatez y, en consecuencia, se abstendrá de estudiar los
demás requisitos y declarará improcedente la presente acción de tutela.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A.
12 Radicado 11001032500020210010400 (0522-2021) índice de Samai 14 consta el envío del mensaje de datos a Lilia
Patricia Parra Muñoz que se realizó el 17 de noviembre de 2021. Igualmente, a índice 15 obra anotación de
notificación por estado de 18 de noviembre de 2021.
13 Según el acta individual de reparto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00151-00
Demandante: María Elsa Díaz Márquez y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
María Elsa Díaz Márquez y Lilia Patricia Parra Muñoz, por las razones aquí
señaladas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 14.
TERCERO: De no se impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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