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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00104-00

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00104-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por las señoras María Elsa Díaz Márquez y Liliana Patricia Parra Muñoz contra la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que revocó la sentencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015) del Juzgado Octavo Administrativo de Tunja que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021) Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente del recurso extraordinario de revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00104-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)
Demandantes: María Elsa Díaz Márquez y Liliana Patricia Parra Muñoz
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de Policía Nacional y Ana Silvia
Umaña de Sierra

Temas: Causal quinta del artículo 250 del CPACA. Improcedencia para
discutir errores por aplicación normativa. Causal octava de
revisión. Sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada. Presupuestos para su configuración. DECLARA
INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpusieron1 las señoras
María Elsa Díaz Márquez y Liliana Patricia Parra Muñoz – en calidad de
coadyuvante – contra la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil diecinueve
(2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá2. Para ello, invocaron las
causales contenidas en los numerales 5.° y 8.°, que permiten la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación» y al «[s]er
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si
en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que con la muerte del señor Danilo Sierra Cortés, tres personas acudieron a
reclamar el 50% de la sustitución pensional correspondiente a la prestación que él
devengaba.

1 Remitido a esta corporación por la Corte Suprema de Justicia el día 2 de marzo de 2021, como consta en

índices 00001 y 00002 de SAMAI.
2 Decisión que modificó la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2016, por el Juzgado Octavo Administrativo

del Circuito de Cali que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

(i) Ana Silvia Umaña de Sierra, quien figuraba legalmente como su cónyuge,
pese a llevar cerca de 30 años separados de hecho;
(ii) María Elsa Díaz Márquez, quien asegura haber convivido de forma
permanente e ininterrumpida con el causante desde 1983 hasta su muerte y
haber procreado a un hijo, Bladimir Sierra Díaz; y
(iii) Lilia Patricia Parra Muñoz, también compañera permanente del causante
durante 5 años, con quien tuvo un hijo, hoy menor de edad, Julián David
Sierra Parra.

Que la disputa mencionada dio paso a la radicación de dos procesos judiciales en
los que las tres presuntas beneficiarias acudieron en defensa de sus intereses.

Que, por un lado, la señora María Elsa Díaz Márquez instauró demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR), con la pretensión de dejar sin efectos la Resolución 003486 de
6 de agosto de 2009, por la que «se resolvió de forma negativa el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución 002007 del 18 de mayo de 2009, en la
que se le suspendió el trámite y pago de la sustitución pensional con ocasión de la
muerte de su compañero Danilo Sierra Cortés». A título de restablecimiento del
derecho, solicitó se le reconociera la sustitución pensional equivalente al 25% de la
prestación devengada por el causante.

Que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Tunja, quien, como primera medida, admitió la intervención de las
señoras Ana Silvia Umaña de Sierra y Lilia Patricia Parra Muñoz como terceras con
interés.

Que mediante fallo proferido el 23 de octubre de 2015, el Juzgado negó las
pretensiones, al concluir que no se logró demostrar la convivencia entre el causante
y las reclamantes durante los últimos cinco años de vida, ni tampoco desvirtuar la
legalidad de los actos administrativos demandados.

Que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al desatar el recurso de apelación
interpuesto por la señora Díaz Márquez, en sentencia de 13 de febrero de 2019,
revocó el fallo y, en su lugar, condenó a CASUR a reconocer y pagar el 42% de la
sustitución pensional a la señora Ana Silvia Umaña (cónyuge) y el 8% restante a la
señora Lilia Patricia Parra Muñoz (compañera permanente).

Que, por otro lado, la señora Ana Silvia Umaña instauró demanda ordinaria laboral
en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
COLFONDOS, a la que fueron vinculados como litisconsortes necesarios la
compañía de seguros MAPFRE y las señoras Lilia Patricia Parra Muñoz y María
Elsa Díaz Márquez.

Que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, mediante sentencia de 11 de
abril de 2018, declaró a la señora Ana Silvia Umaña como única beneficiaria de la
pensión del causante, y, en consecuencia, ordenó a COLFONDOS reconocer y

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pagar dicha prestación; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de
Tunja, en sentencia de 21 de agosto de 2019, al desatar los recursos de apelación
interpuestos por las señoras Lilia Patricia Parra Muñoz y María Elsa Díaz Márquez.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 14 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó
la decisión de primera instancia y en su lugar, condenó a CASUR a reconocer y
pagar el 42% de la sustitución pensional correspondiente al 50% de la pensión del
señor Danilo Sierra, y el 8% restante a la señora Lilia Patricia Parra Muñoz.

Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:

Que el señor Danilo Sierra Cortés recibió una asignación de retiro efectiva desde el
28 de julio de 1988 y falleció el 14 de febrero de 2009, mientras gozaba de dicha
prestación. Por lo tanto, la sustitución de la asignación de retiro debía analizarse
conforme al Decreto 4433 de 2004, vigente al momento de su fallecimiento.

Que, en cuanto a la situación de la señora María Elsa Díaz Márquez, los testimonios
recaudados indican que sostuvo una relación con el señor Danilo Sierra Cortés, de
la cual nació su hijo, Bladimir Sierra Díaz. Sin embargo, las pruebas aportadas no
acreditan una convivencia permanente y estable entre ellos. Aunque algunos
testigos afirmaron que vivieron juntos desde 1982 hasta la enfermedad del señor
Sierra Cortés, la propia demandante declaró en un interrogatorio el 3 de julio de
2014 que residía en Los Muiscas y que él solo acudía a almorzar y compartir
festividades. Además, su hijo Bladimir señaló que lo visitaba diariamente, lo que
refuerza la conclusión de que la relación no cumplía con los requisitos de
convivencia permanente.

Que se encuentra probado que el señor Sierra Cortés nunca se separó de cuerpo
de su cónyuge, Ana Silvia Umaña, con quien contrajo matrimonio el 22 de marzo de
1972 y con quien compartió una relación estable durante 30 años. Sin embargo,
desde 2002 hasta su fallecimiento, mantuvo una convivencia con la señora Lilia
Patricia Parra, con quien tuvo un hijo, Julián David Sierra, nacido el 28 de febrero
de 2008.

Que las pruebas documentales y testimoniales confirman que la relación con la
señora Lilia Patricia Parra fue estable y permanente. Entre ellas se encuentran
contratos de arrendamiento firmados conjuntamente en 2006 y 2007, así como un
contrato de prenda abierta del 30 de octubre de 2007, en el que la señora Lilia
Patricia figura como deudora y el señor Danilo Sierra como codeudor. Además,
diversos testigos, como los señores Deyanira Rubiano Rivera y José Alberto
Jiménez Supleano, afirmaron que la convivencia entre ambos se mantuvo constante
hasta el momento de la muerte.

Que, a pesar de esta relación, su matrimonio con la señora Ana Silvia Umaña nunca
fue disuelto, lo que le otorga a ella el derecho a la sustitución pensional conforme al

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artículo 11 del Decreto 4433 de 2004. Simultáneamente, la convivencia de más de
cinco años con la señora Lilia Patricia Parra también le confiere derechos según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellas, la Sentencia T-578 de 2012.

Que, dado que se ha probado que el señor Danilo Sierra convivió 30 años con su
cónyuge y 6 años con su compañera permanente, el porcentaje suspendido por
CASUR debe distribuirse proporcionalmente según el tiempo de convivencia, así: el
42% correspondería a la señora Ana Silvia Umaña en virtud de lo dispuesto en el
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 y el 8% a la señora Lilia Patricia Parra, según
lo dispuesto en el último inciso del mismo párrafo

Que no procede la declaratoria de la prescripción sobre las mesadas pensionales,
ya que el derecho a la sustitución pensional nació el 14 de febrero de 2009, las
solicitudes de reconocimiento se radicaron el 19 y 24 de febrero de ese mismo año,
y la demanda se presentó el 26 de enero de 2010, dentro del plazo de tres años
establecido en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Las señoras María Elsa Díaz Márquez y Lilia Patricia Parra Muñoz, en ejercicio del
mecanismo establecido en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, interpusieron
recurso extraordinario de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las
causales 5.°3 y 8.° de la citada legislación, con el fin de que se infirme la misma.

Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:

Que, «pese a que las sentencias fueron falladas contra las mismas personas, por
los mismos hechos […] y contra dos patronos diferentes», los jueces administrativos
concedieron a la señora Ana Silvia Umaña «un 42% del derecho pensional
solicitado», y a la señora Lilia Patricia Parra Muñoz el «8 % restante»; mientras que
los jueces laborales «favorecieron única [y] exclusivamente a la esposa del
causante y excluyendo y negándole todas y cada una de las pretensiones a las otras
dos compañeras permanentes solicitantes de la sustitución pensional de
sobrevivientes a sabiendas de que las dos compañeras permanentes concibieron
hijos con el causante Danilo Sierra Cortés, como fueron el joven Bladimir Sierra Díaz
de 34 años de edad hijo de la compañera permanente MARÍA ELSA DÍAZ
MÁRQUEZ y el otro hijo, el menor JDSP con 12 años de edad respectivamente, hijo
de la otra compañera permanente de nombre LILIA PATRICIA PARRA MUÑOZ
(sic)».

Que las providencias demandadas son «contradictorias, injustas e ilegales», pues
«en una de ellas se otorgan beneficios a una persona que no los merece ni llenó los
requisitos para merecerlos y en la otra se privo (sic) de los derechos y beneficios a
otras dos compañeras permanentes del causante que si (sic) llenaban los requisitos

3 Se pone de presente que, al momento de admitirse el recurso, el magistrado ponente señaló que dicha era la

causal que se desprendía de lo pretendido en el escrito inicial. Véase auto del 29 de octubre de 2021, visible
en el índice 00011 de SAMAI. Cfr. Índices 00008 y 00009 de SAMAI.

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para merecer dicho derecho al beneficio del derecho a la sustitución pensional del
causante (sic)».

Que el reconocimiento efectuado a la señora Lilia Patricia Parra se dio sin haberse
llenado los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 797 de 2003, en el sentido
que no se comprobó que hubiera convivido con el fallecido por al menos cinco años
continuos con anterioridad a la muerte del causante, pues según los actuaciones
aportadas que fueron surtidas ante la Fiscalía Local 20 y la Fiscalía Local 11 de
Tunja, en las que se describe la relación de la señora Lilia Patricia Parra Muñoz con
el señor Rogelio Enrique Tocua.

Que con la decisión recurrida se vulneraron los derechos al debido proceso y a la
defensa, dado que «[…] las dos acciones de nulidad y restablecimiento del derecho
(sic) instauradas una ante el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja y la otra ante
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, las sentencias de cada uno de
esos Juzgados arrojaron fallos contradictorios al proceder a darle aplicación a la ley
797 reformatorio de la ley 100 sobre los beneficiarios a la sustitución pensional».

Que el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja aplicó el artículo 47 de la Ley 797
en su numeral b, literal a, reconociendo el 42% de la pensión a la esposa y el 8% a
una de las compañeras, excluyendo de manera definitiva a la señora María Elsa
Díaz del derecho. Por su parte, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, al
aplicar el mismo artículo 47, excluyó del derecho pensional a ambas compañeras
reclamantes.

Contestación al recurso extraordinario de revisión4

Ni CASUR,5 ni la señora Ana Silvia Umaña de Sierra6 contestaron el recurso
extraordinario de revisión.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en
esta oportunidad.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
13 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, considerando las
causales invocadas por las recurrentes.

4 La entidad se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda mediante mensaje de datos enviado
el 8 de julio de 2022 (véase índice 00012 de SAMAI).
5 La entidad fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda mediante correo electrónico del 21

de enero de 2022 (índice 0019 de SAMAI).
6 Se notificó personalmente del auto admisorio el 15 de marzo de 2022 (índice 00027 del SAMAI).

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Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) las generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) las causales de revisión invocadas, y iii) el caso
concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos»

El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una sentencia
ya ejecutoriada7. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250 del
CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las
garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno
de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición
de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso
fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la
sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las
razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.

ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos
falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes
por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o
violencia en la emisión del fallo.

iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.

iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 8.

Si bien la revisión constituye una vía impugnativa que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción
al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una
tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria,
para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)

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que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.

Causal octava de revisión: Sentencia contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada

La causal del numeral 8 del artículo 250 del CPACA, protege tanto el debido proceso
como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto
de revisión, veamos:

«Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión:

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».

En reiterada jurisprudencia10 se ha sostenido que, para invocar esta causal, es
necesario identificar la sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido que
constituye cosa juzgada y que fue desconocida por la providencia que se pretende
revisar. Así, en sentencia del 5 de abril de 201611, esta Corporación no solo reafirmó
este requisito, sino que también consideró otros aspectos relevantes. Veamos:

«La consagración de esta circunstancia -desconocimiento de la cosa juzgada-
como causal de revisión, busca garantizar la unidad de la jurisdicción, de modo
que solamente haya un pronunciamiento sobre la misma controversia. Así,
cuando la jurisdicción se agota con una decisión, “ésta se vuelve intangible por
antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre el asunto, pues de hacerlo,
sería posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias sobre idéntica
controversia lo cual desconocería la unidad de jurisdicción y lesionaría la
seguridad jurídica, pues la aplicación de unas mismas normas a un caso
idéntico no puede conducir razonablemente a resultados distintos […]

Para que se configure esta causal, es necesaria la presencia concurrente de
tres presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias
contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 21 de octubre de 1993. Exp.

040.
10 Véanse entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B, 4 de marzo de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-13). C.P. César Palomino Cortés; Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 30 de diciembre de 2014. Exp. 11001-
03-15-000-2012-00228-00. C.P. Gustavo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013. Exp. 11001-03- 15-000-2001-00118-01. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Subsección A, 20 de
febrero de 2020, Rad. Núm. 11001-03- 25-000-2013-00997-00 (2212-13). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia del 5 de abril de 2016. Exp. 11001-03-15- 000-2007-01433-00.

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entre las partes del proceso en que fue dictada y frente al segundo
proceso -lo cual ocurre cuando éste involucra a las mismas partes de un
proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se adelanta por la misma
causa- y (iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como
excepción la cosa juzgada. […]» (Negrillas fuera de cita).

Causal quinta de revisión: Nulidad en la sentencia

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». En ese sentido, la norma se limitó a
establecer como requisito de esta causal que se configure una nulidad en la
sentencia, pero no definió las causales, por tanto, le correspondió a la jurisprudencia
llenar dicha causal de contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que
se generaban alrededor de la misma.

Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una
sentencia de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP);
o (ii) la existencia de irregularidades insaneables que afecten sustancialmente el
derecho al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido, la decisión habría
sido diferente.

Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia
puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia
ha señalado que esto ocurre en situaciones como:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»12.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencias como la del 31 de mayo de
201113 ha identificado otros eventos en los que se configura la nulidad en la
sentencia, tales como:

«[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera
sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin
el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 31 de mayo de 2011. Exp.

11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Mauricio Torres Cuervo.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después
de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia
carece completamente de motivación».

Igualmente, se ha aceptado también que la vulneración del derecho al debido
proceso constituye una variable de la causal establecida en el numeral 5 antes
mencionado, al indicar que:

«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento14».

La concreción y extensión de esta causal de revisión a otros eventos insanables
que implican la violación de derechos constitucionales y procesales obedece, como
lo ha establecido este máximo órgano, a la finalidad misma del recurso
extraordinario de revisión: permitir que decisiones manifiestamente injustas sean
examinadas, y garantizar el principio de seguridad jurídica limitando la procedencia
de la causal a situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal
relevancia constitucional que, sin ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido15.

Finalmente, es preciso resaltar que la nulidad se desprenda directamente de la
sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio se estructure en el
momento procesal en que se dicta la decisión judicial. Si la nulidad proviene de una
situación anterior no oportunamente alegada, la regla general será su saneamiento.
Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado como nulidad originada en la sentencia
aquella que, aunque se presenta antes de la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia16.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

En primer lugar, se evaluará la causal de revisión basada en la presunta vulneración
del debido proceso y la afectación del derecho de defensa consagrado en el artículo
29 de la Constitución, reproche que, como se expuso, fue admitido bajo la causal
quinta de revisión establecida en el artículo 250 del CPACA17.

Según su criterio, dicha vulneración se configura debido a la contradicción existente

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia

del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz (E).
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

7 de septiembre de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00440-00 (1452-14). C.P. César Palomino Cortés.
16 En este mismo sentido, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve

Especial de Decisión. Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William
Hernández Gómez.
17 Véase auto del 29 de octubre de 2021, visible en el índice 00011 de SAMAI.

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entre los fallos proferidos en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
y en el proceso ordinario laboral, específicamente en la aplicación del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

No obstante, en relación con el primer supuesto fáctico presentado como
fundamento de la causal, se advierte que este no corresponde a ninguno de los
motivos de nulidad taxativamente señalados en el artículo 133 del Código General
del Proceso ni a aquellos que han sido reconocidos jurisprudencialmente para
efectos de revisión.

En efecto, las recurrentes basan su recurso en la existencia de decisiones
contradictorias sobre la aplicación del artículo 47 de la Ley 797 de 2003 respecto de
los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo que habría generado fallos
excluyentes entre sí. Sin embargo, para la Sala, este tipo de argumentos no son
admisibles como fundamento del recurso extraordinario de revisión, porque dentro
de sus causales específicas no se contempla la indebida interpretación o aplicación
de normas sustanciales, como la que se plantea en este caso.

En consecuencia, se evidencia que lo que se pretende es reabrir el debate sobre
los aspectos fácticos y jurídicos del proceso original con el propósito de obtener un
fallo favorable, cuestionando la aplicación normativa realizada por el Tribunal, lo
cual resulta contrario a la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de
revisión.

Esta Corporación en diferentes decisiones ha señalado que este medio
extraordinario busca revertir decisiones que atentan contra la justicia material, pero
no está instituido para discutir la labor interpretativa del juez o corregir errores de
derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma
sustancial o por interpretación errónea. En ese sentido, esta Subsección en
sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-16 señaló que:

«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –
como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser
tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como en
el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –como
cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación-.

En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas

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(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su
indebida aplicación (error de derecho)»18. (Negrillas para enfatizar)

Lo anterior determina que no prospere el analizado motivo de revisión.

Por otro lado, la Sala encuentra que las recurrentes, para sustentar la causal octava
de revisión, precisaron que mientras el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante
sentencia del 13 de febrero de 2019 reconoció en favor de las señoras Ana Silvia
Umaña de Sierra y Lilia Patricia Parra Muñoz la sustitución pensional del señor
Danilo Sierra Cortés; en la sentencia de fecha 21 de agosto de 2019, proferida por
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja se reconoció
únicamente a la señora Ana Silvia Umaña.

No obstante, la Sala considera que el hecho de que la sentencia cuya revisión se
solicita haya sido proferida el 13 de febrero de 2019, mientras que la supuestamente
contradictoria fue emitida el 21 de agosto de 2019, impide configurar la causal de
revisión invocada.

La lógica de la norma que establece la causal de revisión exige que sea la segunda
decisión la que se aparte de lo resuelto en la primera, generando así una
contradicción entre ambas. En este caso, la sentencia del 21 de agosto de 2019 es
posterior a la del 13 de febrero de 2019, lo que implica que, en términos procesales,
no es posible sostener que esta última desconoció una decisión previa, pues
cronológicamente fue la primera en ser proferida.

En todo caso, se advierte que las sentencias en cuestión no son contradictorias y,
mucho menos, puede afirmarse que la primera decisión, hoy recurrida, haya
desconocido el fenómeno jurídico de la cosa juzgada.

En efecto, de la comparación entre la sentencia de segunda instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho del 13 de febrero de 2019 y la
sentencia ordinaria laboral del 21 de agosto de 2019, se observa que si bien ambas
se refieren a la sustitución pensional derivada del fallecimiento del señor Danilo
Sierra Cortés, existen diferencias sustanciales en cuanto a los sujetos procesales,
la causa petendi y el objeto del litigio, razones que impiden la configuración de la
causal alegada.

Según los supuestos fácticos acreditados en el presente proceso, se realiza el
siguiente paralelo para fines ilustrativos:

Identificación Radicación 15001-33-31-008- Radicación
del proceso 2010-00007 15001-3105-003-2017-00014
Extremos Demandante Demandado Demandante Demandados
procesales
María Elsa Díaz CASUR Ana Silvia Lilia Patricia Parra
Márquez Umaña de Sierra Muñoz, María Elsa

18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de agosto de 2020. Exp. 11001-03-

25-000-2016-00288-00 (1638-2016). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Identificación Radicación 15001-33-31-008- Radicación
del proceso 2010-00007 15001-3105-003-2017-00014
Díaz Márquez,
COLFONDOS y
MAFRE seguros
Vinculados Ana Silvia Umaña Fueron vinculados
de Sierra (ad como litisconsortes
excludendum). Lilia necesarios la
Patricia Parra compañía de
Muñoz (tercera seguros Mapfre y las
interesada) señoras Lilia Patricia
Parra Muñoz y María
Elsa Díaz Márquez.
Pretensiones «[…] La nulidad de la Resolución Según el audio de la audiencia de trámite
No 003486 del 6 de agosto de 2009 y juzgamiento en la que se profirió la
la cual resolvió en forma negativa el sentencia de primera instancia19, se
recurso de reposición interpuesto decidió: sobre la siguiente pretensión
contra la Resolución No 002007 de «DECLARAR a Ana Silvia Umaña de
fecha 18 de mayo de 2009 en la que Sierra como titular del 50% de la pensión
se le suspendió a mi mandante el de sobrevivientes que se encuentra
trámite y pago de la sustitución suspendida por COLFONDOS y
pensional con ocasión a la muerte Cesantías y se ordena el reconocimiento
de su compañero DANILO SIERRA y pago a partir del 14 de febrero de 2009,
[…] fecha del fallecimiento del afiliado y
ordenando además la indexación si no se
[…] Como consecuencia de lo cancela en forma oportuna».
anterior a título de restablecimiento
del derecho reconocer a mi
mandante la sustitución pensional
del señor DANILO SIERRA
CORTES (q.e.p.d) en un porcentaje
equivalente al 25% de la misma
[…]»
Hechos y Que se presentó solicitud de De acuerdo se logra desprender del
omisiones sustitución pensional al Ministerio audio del audio de la audiencia de
relevantes de Defensa- CASUR el 14 de abril instrucción y juzgamiento20:
de 2009, en calidad de compañera
permanente del señor Danilo Sierra «Que el señor Danilo Sierra Cortés y la
Cortés, quien fuera pensionado de señora Ana Silvia Umaña de Sierra entre
la Policía Nacional. estos existió un vínculo matrimonial.
Que convivieron de forma ininterrumpida
Que con la Resolución 00207 de 18 hasta su muerte que lo fue el 14 de
de mayo de 2009. Se decidió febrero de 2009, época para la cual el
suspender el trámite y pago de la causante ostento la calidad trabajo de la
sustitución de la asignación FGN y en dicha condición estuvo afiliado
mensual de retiro, que pueda al fondo administrador de pensiones
corresponder a la señora Ana Silvia COLFONDOS, y que al solicitar el
Umaña, Lida Patricia Parra y María reconocimiento de la pensión de
Elsa Diaz en cuantía del 50% de la sobreviviente COLFONDOS suspendió
prestación que devengaba el el 50% de la mesada pensional hasta
extinto agente. tanto se decía por la justicia ordinaria a
quien le corresponde el derecho y en que
Que comenzó a vivir con el proporción, toda vez que también

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Identificación Radicación 15001-33-31-008- Radicación
del proceso 2010-00007 15001-3105-003-2017-00014
causante desde el 1 de febrero de peticionaron pensión de sobrevivientes
1983 y fruto de esa unión nación el Lilia Patricia Parra Muñoz y María Elsa
joven Bladimir Sierra el 18 de Diaz Márquez.
noviembre de 1985,
compartiéndose lecho, techo y Que la demandante nunca abandonó la
meses hasta el mes de agosto de investidura de esposa ni existió
2008, cuando enfermó y falleció separación de cuerpos, por el hecho de
como consecuencia de los que con otra persona tuviera
problemas de salud. descendencia, no se ostenta calidad de
compañera permanente al no cumplir
«que el señor Danilo Sierra Cortes con los requisitos de Ley 54 de 1990 y,
fuera de ser pensionado de la
POLICIA NACIONAL laboraba para Que es imposible que el fallecido hubiera
el CTI […] en el cargo de convivido simultáneamente con tres
investigador criminalístico IV» mujeres».

Que era beneficiaria de su plan de
salud a la EPS Unimec y dependía
económicamente del causante.

Que a pesar de que hacía
comunidad de vida con la señora
María Elsa Diaz se encontraba
casado con la señora Ana Silvia
Umaña, razón por la cual no se
inició proceso para declarar la
unión marital de hecho.
Juez de Juzgado Octavo Administrativo de Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
conocimiento Tunja Tunja
en primera
instancia
Juez de Tribunal Administrativo de Boyacá, Tribunal Superior del Distrito Judicial de
conocimiento Sala Segunda de Decisión Tunja- Sala Laboral
en segunda
instancia

Así, se tiene que no hay identidad de partes, teniendo en cuenta que, la demanda
presentada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa se interpuso
inicialmente contra CASUR, se tuvo como interviniente ad excludemdum a la señora
Ana Silvia Umaña de Sierra21 y a la señora Lilia Patricia Para Muñoz como tercera
interesada22. Por otro lado, en el proceso ordinario laboral, la demanda se interpuso
en contra de COLFONDOS y se vinculó como litisconsortes necesarios a MAFRE
seguros, así como a las señoras Lilia Patricia Parra Muñoz y María Elsa Díaz
Márquez23.

En cuanto a la identidad de causa y objeto, es preciso señalar que ambos procesos
versan sobre prestaciones distintas y, como lo manifestaron las recurrentes, derivan
de patronos diferentes. En este sentido, el señor Danilo Sierra Cortés, en virtud de

21 Véase folio 241 del expediente ordinario.
22 Véase folio 1865, ibid.
23 Véase folio 7 del cuaderno principal.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

su tiempo de servicio como agente activo de la Policía Nacional, obtuvo el
reconocimiento de una asignación de retiro, la cual fue objeto de controversia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y posteriormente como
empleado del CTI de la Fiscalía General de la Nación, adquirió el derecho a una
mesada pensional a cargo de COLFONDOS, producto de los aportes realizados a
dicha entidad, siendo esta última la materia del proceso ordinario laboral.

En consecuencia, al versar la demanda sobre pretensiones diferentes, no se puede
predicar la configuración de la cosa juzgada, por lo que al no satisfacerse los
requisitos para la prosperidad de la causal de revisión objeto de estudio, la Sala
declarará infundado el recurso extraordinario.

Condena en costas

De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.

Conforme a lo establecido en el numeral 1.º del artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP), vigente para el momento en que se interpuso el recurso de revisión,
se prescribe la imposición de costas «(...) a la parte vencida en el proceso, o a
aquella cuyo recurso de apelación, queja, súplica, anulación o revisión sea resuelto
desfavorablemente». Este artículo establece además que las costas solo pueden
ser impuestas cuando en el expediente se evidencie su causación y en la medida
en que sean probadas.

En este contexto, no procede la imposición de costas ni agencias en derecho, pues
no están debidamente causadas ni comprobadas en el expediente, toda vez que la
parte demandada, pese a haber sido debidamente notificada del auto admisorio del
recurso, guardó silencio, lo que da cuenta de que no se incurrió en ningún costo o
gasto procesal para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de dicho
extremo de la litis.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por las señoras María Elsa Díaz Márquez y Liliana Patricia Parra Muñoz
contra la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019) proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que revocó la sentencia del veintitrés (23)
de octubre de dos mil quince (2015) del Juzgado Octavo Administrativo de Tunja
que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

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14

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00104-00 (0522-2021)

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente del
recurso extraordinario de revisión.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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15

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