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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00029-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00029-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 24 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de reparación directa. SEGUNDA: CONDENAR en condena en costas al recurrente. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00029-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No vulneración de la cosa juzgada en
decisión posterior -Nulidad originada en la sentencia – Interpretación restrictiva de la causal.

Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con fundamento en las causales de
revisión relativas a la expedición de una sentencia contraria a otra anterior que constituía
cosa juzgada y de nulidad originada en la sentencia.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 24 de junio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, 1.4. Sentencia de segunda
instancia, 1.5. Acción de tutela y trámite relevante, y, 1.6. Recurso extraordinario de revisión
y trámite relevante.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 6 de julio de 2022, Yulieth Vannesa Rojas Muñoz, con su grupo familiar,
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional para que se hiciera la siguiente declaración (se
trascribe):

“1. LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL
es administrativamente responsable de todos los daños y perjuicios
ocasionados a YULIETH VANNESSA ROJAS MUÑOZ, MARGARITA ROJAS
MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN ROJAS MUÑOZ, FRANCY JENNI ROJAS MUÑOZ,
JOSE REINALDO ROJAS MUÑOZ, DIEGO ARMANDO ROJAS MUÑOZ, CARLOS
ROBINSON SÁNCHEZ, ERIC LIBARDO ROJAS MUÑOZ, EDINSON YORDI ROJAS
MUÑOZ, JENNIFER VANESSA REBOLLEDO ROJAS, MELI MARITZA SÁNCHEZ
ROJAS, CARLOS ROBINSON SÁNCHEZ ROJAS, MARÍA NELLY CRUZ GONZÁLEZ,
REINALDO ROJAS QUINTANA, BRAYAN OLIVER ROJAS CRUZ, JENNIFER
CATHERINA ROJAS CRUZ, RONALDO ROJAS CRUZ por los hechos ocurridos el
13 de enero de 2010, a eso de las 7.20 de la noche, en el barrio Alfonso López
de la ciudad de Popayán - Cauca ”1.

2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: el 13 de
enero de 2010, cuando se encontraba en su residencia, Yulieth Vannesa

1 Folios 47 a 57 del cuaderno 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
Rojas Muñoz fue lesionada con un arma de fuego, en desarrollo de un
procedimiento policial que pretendía la captura de su hijo.

3. Señalaron que la responsabilidad estatal tenía sustento en el abuso de la
autoridad que revestía a los agentes de policía, el ataque fue desmedido e
injustificado contra civiles en estado de indefensión. Solicitó la reparación
de los perjuicios causados porque los demandantes “soportaron una carga
anormal y excepcional que no tenían por qué soportar y su sacrificio
supondría el rompimiento del derecho público de la igualdad de los
ciudadanos frente a las cargas públicas”.

1.2. Posición de la parte demandada

4. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda2. Aunque
aceptó que en el procedimiento resultó herido Eric Libardo Rojas Muñoz,
aseguró que los policías actuaron en cumplimiento de un deber legal para
dar con su captura y que, probablemente, las lesiones sufridas por Yulieth
Rojas fueron causadas “por los mismos moradores que en alto grado de
exaltación pretendían agredir a los uniformados”. Advirtió que, ante el
intento de entorpecer el procedimiento y los disparos realizados por Eric
Libardo Rojas -uno de los cuales impactó el chaleco antibalas de un agente-
, la respuesta de los policías mediante el uso de sus armas fue justificada; por
lo que propuso la excepción de culpa de la víctima.

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante

5. Mediante Sentencia de 29 de septiembre de 20173, el Juzgado 10
Administrativo de Popayán accedió parcialmente a las pretensiones. Aplicó
el régimen de riesgo excepcional debido a que las lesiones sufridas por
Yulieth Vanessa Rojas fueron ocasionadas con un arma de dotación oficial
y en ejercicio de una actividad riesgosa, como lo fue, el operativo de
captura adelantado por los policías. Además, no se demostró la
intervención de un tercero dirigido a romper el nexo de causalidad. Negó
los perjuicios solicitados por Reinaldo Rojas Quintana, María Nelly Cruz
González, María del Carmen Rojas Muñoz, José Reinaldo Rojas, Francy Jenni
Rojas Muñoz, Diego Fernando Rojas Muñoz, Margarita Muñoz Rojas y Jeniffer
Katerine Rojas Cruz, y reconoció las siguientes sumas por concepto de
perjuicios:

Beneficiario Calidad Perjuicios Daño a la salud
morales
Yulieth Vanessa Rojas Muñoz Víctima directa 50 SMLMV 50 SMLMV
Erik Libardo Rojas Muñoz Hijo 50 SMLMV
Edinson Yordi Rojas Muñoz Hijo 50 SMLMV
Meli Yaritza Sánchez Rojas Hija 50 SMLMV
Jenifer Vanessa Rebolledo Rojas Hija 50 SMLMV

2 Folios 83 a 90 del cuaderno 2

3 Folios 399 a 411 del cuaderno principal

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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6. Contra esta providencia, la Policía Nacional presentó recurso de
apelación4. Señaló la ausencia de pruebas para acreditar, con certeza, que
el daño sufrido por Yulieth Vannesa Rojas fue ocasionado por los agentes
que atendían el procedimiento de captura. La versión entregada por la
demandante presentaba inconsistencias que impedían demostrar que las
heridas fueron causadas con un arma oficial, entre ellas, la trayectoria del
disparo pues si “se encontraba en su casa cuando llegó su hijo herido” y, al
negarse a su entrega, “los policiales la golpearon y le dispararon (…) [por lo
que] tendría que haber tenido una trayectoria frontal”, y no en la parte
posterior de la pierna, como en efecto ocurrió. Tampoco se contó con un
estudio balístico que revelara el origen del disparo y confirmara que fue
realizado con un arma de dotación. Agregó que, la demandante al
encontrarse en prisión domiciliaria “para el día de los hechos desarrolló un
comportamiento a la ley [sic] al salirse de su domicilio con el fin de evitar la
captura de su hijo”.

1.4. Sentencia de segunda instancia

7. El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de decisión escritural 5,
profirió la Sentencia de 24 de junio de 2021 que revocó el fallo de primera
instancia5. Aplicó el régimen objetivo de riesgo excepcional, pero contrario
a lo hallado por el juzgado, señaló que en este caso no se probó la relación
causal de las lesiones y la actuación de los agentes. Reprochó que la
decisión de primera instancia invirtiera la carga de la prueba al establecer
como deber de la entidad “demostrar que el disparo que causó la herida a
la demandante, fue realizado por un tercero”. La parte demandante
únicamente probó que, en el momento en que tuvo lugar el operativo, se
presentó una grave alteración del orden público que buscaba impedir la
captura de un sujeto señalado de haber cometido el hurto de una
motocicleta. Sin embargo, no pudo establecerse que las lesiones sufridas por
Yulieth Vanessa Rojas mientras “participaba de la asonada de la
comunidad contra los policiales” hubieran sido provocadas por la acción
de un arma oficial, en tanto no obraba reporte de las municiones utilizadas
por los policías y, además, se constató que Eric Libardo Rojas realizó varios
disparos con el arma que portaba.

1.5. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

8. El 6 de julio de 2022, Yulieth Vannesa Rojas Muñoz y su grupo familiar
presentaron recurso extraordinario de revisión contra el fallo de segunda
instancia con fundamento en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA,
que aluden a la causal de nulidad originada en la sentencia y a la
expedición de una decisión contraria a otra anterior constitutiva de cosa
juzgada.

9. La parte recurrente manifestó que el Tribunal Administrativo del Cauca
obró en contravención del principio de cosa juzgada, pues dictó una
decisión en sentido opuesto a otra previamente adoptada con identidad

4 Folios 320 a 323 del cuaderno principal

5 Folios 399 a 411 del cuaderno principal

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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de parte, causa y objeto, la cual se encontraba debidamente
ejecutoriada6. Explicó que, en la sentencia de 29 de octubre de 2015,
dictada por el mismo tribunal, se confirmó la sentencia de primera instancia
que declaró la responsabilidad de la Policía Nacional por las lesiones
ocasionadas a Yulieth Vanessa Rojas por encontrarse acreditada la
actuación irregular y arbitrarita de la fuerza pública durante el
procedimiento de captura de Eric Libardo Rojas, esto, bajo el régimen de
falla del servicio por el uso desmedido de la fuerza y de las armas oficiales.
Puntualizó que la segunda decisión fue dictada “con abierta vulneración de
una decisión ejecutoriada”, desconociendo su carácter “inmutable y
obligatorio”.

10. Para el recurrente, los procesos señalados versaban sobre el mismo
objeto, se fundaban en la misma causa y había “identidad jurídica de los
demandantes” que correspondían a “la víctima directa e indirectas por los
hechos acaecidos el 13 de enero de 2010”. Así, manifestó que “la sentencia
contraria a otra anterior que constituye cosa juzgada entre las partes, da
lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que
hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del
numeral 8° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011”.

11. Finalmente, presentó reparos frente al análisis probatorio realizado por el
tribunal puesto que su decisión “no tuvo como finalidad calificar la
conducta de los agentes de la policía que originó los procesos
administrativos, quienes utilizaron armas de dotación oficial según su propio
dicho (…) conducta que se enmarca en el régimen objetivo de
responsabilidad – riesgo excepcional, por el uso de armas de fuego; sino por
el contrario, lo que se desprende de este fallo, de las conjeturas a que llega,
resulta no aparece justificado con la realidad probatoria del proceso”.

12. La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las peticiones y
advirtió que la causal del numeral 5, sobre una nulidad originada en la
sentencia, no estaba debidamente fundada puesto que no refería de forma
concreta y puntual alguna de las causales de nulidad previstas en la ley7.
Respecto del numeral 8, manifestó que debía ser negado porque la decisión
identificada como cosa juzgada no cumplía con las cualidades de dicha
institución jurídica: la interesada no identificó con caridad la situación
fáctica y jurídica en cada caso, ni las razones que exigían su resolución en
el mismo sentido. Además, no existió identidad de partes toda vez que en el
primer proceso acudieron los hijos de la lesionada, mientras que en el
segundo fueron excluidos y el extremo activo fue integrado por la víctima
directa y otros familiares, circunstancia que, a su, vez impidió se observe la
identidad de objeto. En todo caso, precisó que el recurso extraordinario de
revisión no podía ser utilizado para revivir el debate sobre la responsabilidad
estatal en un asunto que ya surtió las dos instancias.

6 Índice 7 de SAMAI

7 Índice 47 de SAMAI

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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13. Mediante Auto de 29 de abril de 20248, el despacho sustanciador
rechazó el recurso extraordinario propuesto al no haberse subsanado de
acuerdo con las falencias advertidas9 y dicha determinación fue
confirmada por Auto de 17 de marzo siguiente, que resolvió el recurso de
reposición. No obstante, mediante Auto de 20 de mayo de 2025 10, la Sala
de Subsección que estudió el recurso de súplica propuesto por el recurrente
resolvió revocar el Auto de 29 de abril de 2024, al encontrar que, si bien la
parte incurrió en un error técnico al incluir al Tribunal Administrativo del
Cauca como miembro del extremo pasivo, lo cierto es que en el apartado
correspondiente a notificaciones mencionó como demandada a la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional y se consignó su correo electrónico
como canal de notificación, por lo cual, consideró que la parte subsanó en
debida forma la demanda. Así, por Auto de 18 de noviembre de 2025, el
despacho admitió el recurso extraordinario de revisión11.

14. Mediante Auto de 3 de marzo de 2026, el despacho sustanciador
decretó, como prueba documental, los expedientes del medio de control
de reparación directa identificados con el radicados No. 19001-33-31-006-
2011-00528-01 y 19001-33-31-002-2012-00003-03, por lo que ordenó al
Juzgado 10 Administrativo de Cauca enviar estos procesos12. El 17 de marzo
de 2026, el Juzgado allegó lo solicitado13 y se corrió traslado a las partes14.

15. El Ministerio Público emitió concepto en el que pidió declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión porque 1) no existía identidad de partes
puesto que lo reconocido en el primer proceso únicamente beneficiaba al
menor Carlos Robinson y los demandantes en el segundo proceso fueron
personas distintas a él; y 2) como los procesos fueron promovidos por
personas diferentes y sobre lo pretendido no existía un derecho reconocido,
declarado o modificado en su favor, no era posible predicar la
configuración de la cosa juzgada. Adicionalmente solicitó que el recurrente
fuera condenado en costas15.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal invocada, y, 2.4. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

8 Índice 9 de SAMAI

9 Previamente dictó auto de inadmisión, el 19 de julio de 2023, dado que la parte actora no designó correctamente

a la parte demandada, ni indicó su canal digital y tampoco aportó al proceso un poder que lo facultara para
intervenir. Índice 3 de SAMAI
10 Índice 31 de SAMAI

11 Índice 37 de SAMAI

12 Índice 50 de SAMAI. Se precisa, además que, el Tribunal Administrativo de Cauca advirtió que el expediente

físico con radicado 19001333100620110052801 fue remitió a esta corporación mediante oficio de 13 de enero de
2023, por lo que ya hacía parte del proceso (índice 60 de SAMAI).
13 Índice 61 de SAMAI
14 Índice 62 de SAMAI
15 Índice 48 de SAMAI

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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16. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad16 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 28 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, porque no se acreditaron los elementos de las causales
invocadas.

2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión

17. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar la fuerza de la cosa juzgada, porque permite
controvertir fallos ejecutoriados17, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador18 o por el constituyente.

18. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias19, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez20, ni para corregir los errores
por la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación
del derecho.

2.3. Análisis de las causales invocadas

19. El numeral 8° del artículo 250 del CPACA contempla como causal de
revisión la adopción de una “sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada”, no obstante, no podrá ser invocada de hallarse que en “el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada”.

20. La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que esta causal
persigue amparar la institución de la cosa juzgada21, de manera que los
asuntos que han sido resueltos por determinada autoridad judicial, no
vuelvan a ser debatidos y decididos en otro juicio posterior, esto, “por
cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante,

16La sentencia recurrida quedó ejecutoriada el 13 de julio de 2021 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso

el 6 de julio de 2022, es decir, dentro del término de un año del artículo 251 del CPACA. Índice 14 de SAMAI del
Tribunal.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado

11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de

2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de

abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
20 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-

2008-00480-00 (REV).
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 5 de abril de 2016, radicación 11001-03-15-

000-2007-01433-00

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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obligatorio y, por lo tanto, de inmutable”22, con la consecuencia lógica de
que por una idéntica controversia no puedan existir decisiones disímiles.

21. De conformidad con el artículo 303 del CGP, para que se declare la
cosa juzgada, los dos procesos deben versar sobre el mismo objeto, tener
causa común y existir identidad jurídica de partes23. Lo anterior, para 1)
garantizar la seguridad jurídica e impedir la discusión indefinida sobre el
objeto del litigio, 2) evitar eventuales pronunciamientos repetitivos o
contradictorios y 3) prevenir escenarios de doble resarcimiento. En este
sentido, al constatarse la triple identidad (partes, hechos y objeto) se
configura la cosa juzgada que no es nada distinto que estarse a lo dispuesto
por la decisión que se adoptó en primer lugar.

22. Establecidas las características de esta institución jurídico procesal,
para que proceda la causal de revisión sustentada en ella debe acreditarse
la existentica de un segundo proceso iniciado entre las mismas partes y
sobre el mismo asunto, y que, tras dictarse sentencia, pueda concluirse que
esta última revivió un problema jurídico ya decidido, con desconocimiento
de una decisión ejecutoriada con carácter vinculante y obligatorio. En
resumen y de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, dicha
causal se materializa cuando: “i) existen dos sentencias contradictorias; ii) la
providencia contrariada constituye cosa juzgada frente a la sentencia que
se acusa por la vía del recurso extraordinario, y iii) la excepción de cosa
juzgada no se haya formulado en el curso del proceso que dio origen a la
sentencia cuya revisión se solicita”24.

23. Está probado que Carlos Robinson Sánchez Rojas y Ronaldo Rojas Cruz
fueron representados por sus padres dentro del proceso de reparación
directa que formularon en contra de la Policía Nacional para se declarara
su responsabilidad por las lesiones padecidas por su madre Yulieth Vanessa
Rojas Muñoz, durante el operativo policial. El proceso fue conocido por el
Juzgado 2 Administrativo de descongestión de Popayán, con radicación
No.19001-33-31-002-2012-00003-00. Asimismo, que el 4 de diciembre de 2013,
el Juzgado dictó sentencia No. 214 que declaró la responsabilidad de la
Policía Nacional únicamente por el daño ocasionado a Carlos Robinson

22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 20, sentencia de 14 de agosto de 2018, radicación 11001-03-

15-000-2008-01406-00.
23Esta corporación ha entendido que, conforme el artículo 303 del CPG, debe existir: “i) Identidad de causa: esto

es que el motivo o razón que sustenta la primera demanda se invoque nuevamente y sea el fundamento de la
segunda. (…) ii) Identidad de objeto: que las pretensiones en el nuevo proceso sean las mismas que fueron parte
del petitum del primer asunto en el que se dictó sentencia. iii) Identidad de partes: lo cual “implica que quienes
actúan como demandante y demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo
proceso, lo cual no significa que deba tratarse exactamente de las mismas personas, pues la identidad es jurídica
y no física”. Al respecto ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de abril de 2024, exp. 69.754;
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 23, Sentencia del 31 de octubre de 2024, radicación 11001-03-
15-000-2024-03396-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 6, Sentencia de 15 de mayo de 2025,
radicación 11001-03-15- 000-2021-01191-00, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de septiembre
de 2025, exp. 69362.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 7 de abril de 2025, radicación 11001-03-25-000-2021-00104-

00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 11, sentencia de 9 de diciembre de 2024, radicación 11001-
03-15-000-2021-01191-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación
11001-03-25-000-201300997-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de octubre de 2019, exp.
58409; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 22 de marzo de 2018, radicado 68001-33-31-003-2008-
00322-01; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 15, sentencia de 7 de octubre de 2014, radicado
11001-03-15-000-2009-00445-00.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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Sánchez Rojas con motivo de las lesiones de su madre, y la condenó al pago
de 10 SMLMV por concepto de perjuicios morales, decisión que fue
confirmada el 29 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cauca25.

24. También se constató que Yulieth Vanessa Rojas Muñoz, en calidad
de víctima directa, y sus familiares Margarita Rojas Muñoz, María del Carmen
Rojas Muñoz, Francy Jenni Rojas Muñoz, José Reinaldo Rojas Muñoz, Diego
Armando Rojas Muñoz, Erik Libardo Rojas Muñoz, Edinson Yordi Rojas Muñoz,
Jennifer Vanessa Rebolledo Rojas, Meli Yaritza Sánchez Rojas, María Nelly
Cruz González, Reinaldo Rojas Quintana, Brayan Oliver Rojas Cruz, Jennifer
Catherina Rojas Cruz y Ronaldo Rojas Cruz26, como víctimas indirectas,
presentaron demanda de reparación directa para que se declarara la
responsabilidad de la Policía Nacional, por los hechos ocurridos 13 de enero
de 2010, en los cuales resultó lesionada la demandante principal, cuando
los policías pretendieron la captura de su hijo Erick Libardo Rojas.

25. El proceso fue tramitado en el Juzgado 10 Administrativo de Popayán,
con radicado 19001-33-31-006-2011-00528-00 y decidido mediante
Sentencia de 29 de septiembre de 2017, que accedió parcialmente las
pretensiones en el sentido de declarar la responsabilidad de la Policía
Nacional y conceder a favor de la afectada directa y sus hijos Meli Yaritza
Sánchez Rojas, Jennifer Vanessa Rebolledo Rojas, Erik Libardo y Edison Yordi
Rojas Muñoz la suma equivalente a 50 SMLM por perjuicios morales para
cada uno de ellos; y de 50 SMLMV a favor de Yulieth Vanessa Rojas Muñoz
por concepto de daño a la salud. La decisión fue recurrida por la parte
demandada y revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
mediante Sentencia de 24 de junio de 2021, que negó las pretensiones en
su totalidad.

26. Conforme lo expuesto, la Sala observa que, si bien la parte pasiva
coincide en ambos asuntos, lo cierto es que quienes acudieron como
demandantes en el anterior y en este proceso no corresponden a los mismos
sujetos, de donde el primer elemento para hallar configurada la cosa
juzgada no resulta solventado. En efecto, en el primer proceso, cuya
sentencia fue señalada de haber hecho tránsito a cosa juzgada, la parte
demandada fue conformada únicamente por Carlos Robinson Sánchez
Rojas y Ronaldo Rojas Cruz, pues sus padres confirieron acto de
apoderamiento en representación de aquellos y no en nombre propio,
mientras que, en el segundo, el extremo activo estuvo integrado por Yulieth
Vanessa Rojas Muñoz y otros familiares, diferentes a los previamente

25 Folios 46 a 70 del documento 6_6_110010326000202300029002RECIBEMEMORIAL20230801162656.pdf, índice 6 de

SAMAI.
26 La demanda fue admitida en Auto de 20 de enero de 2012, no obstante, debe precisarse que, mediante Auto

de 16 de diciembre de 2011, el Juzgado 7 administrativo de Popayán aceptó desistimiento de la demanda
respecto de Carlos Robinson Sánchez Tojas y Ronaldo Rojas Cruz debido a que “no acreditaron probatoriamente
la calidad con la cual comparecen al proceso a pensar de haber el despacho solicitado en auto de 22 de
noviembre de 2011 que ordenó la corrección de la demanda, luego la apoderada de los citados actores informa
al despacho que desiste exclusivamente de la demanda impetrada por tales poderdantes aporta de tal prueba”.
Folios 47 a 57 y 71 del cuaderno 3.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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mencionados. Así, es evidente que no intervinieron las mismas partes en
ambos procesos.

27. Sobre el punto, la constatación de la identidad jurídica de partes no es
otra distinta a la verificación de que quienes actúan como demandante y
demandado en el proceso anterior intervienen de la misma forma en el
nuevo proceso, lo cual no significa que deba tratarse exactamente de las
mismas personas, pues la identidad es jurídica y no física. De acuerdo con
el artículo 303 del CGP, habrá “identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron
en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos” 27, de suerte que en este evento
particular o, incluso, mediante la sucesión procesal, el ordenamiento prevé
que aun frente a la comprobación de la alteración física de alguno de los
integrantes de un extremo de la litis, pueda predicarse que se trata de
exactamente la misma parte. Por ello, sobre la “identidad jurídica de los
demandantes” aludida por la recurrente, debe precisarse que ninguno de
los demandantes en el segundo proceso acude como heredero,
causahabiente o sucesor procesal de los intervinientes en el primero, lo que
impide sostener que la parte actora es jurídicamente idéntica en uno y otro
proceso.

28. En consecuencia, pese a constatarse la existencia de una decisión
judicial previa que fue fallada en sentido distinto a la que es objeto de
demanda de revisión y que versa sobre los mismos hechos, no puede
concluirse en igual sentido respecto de la intervención de las mismas partes
en ambos procesos. De donde, se reitera, la parte activa no fue conformada
de manera exacta por los mismos sujetos en los dos casos, circunstancia que
impide sostener que la decisión primigenia hubiera agotado la
competencia jurisdiccional respecto del segundo proceso. La Sala observa,
en cambio, que lo pretendido por el demandante es que su caso tenga la
misma conclusión que el de otras controversias, en abierto desconocimiento
de la independencia judicial y sin consideración de que cada proceso
implica un estudio de los planteamientos y las pruebas de manera particular
y diferente.

29. Ahora, en lo atinente a la segunda causal invocada, el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión “existir nulidad

27 Sobre el punto sostiene el profesor López Blanco: “No se debe confundir la identidad de partes con la identidad

de personas; si bien es cierto que el requisito se configura claramente cuando los integrantes de las partes en el
nuevo proceso son las mismas personas que intervinieron en el anterior, puede ser que haya cambio físico de
personas mas no alteración de la parte, como sucede cuando en el nuevo proceso intervienen los sucesores
mortis causa o los causahabientes de las personas que figuraron en el primer proceso, que derivan su derecho de
un acto entre vivos “celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a
registro y al secuestro en los demás casos”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “Instituciones de Derecho Procesal Civil
Colombiano, Tomo I”, Bogotá. Dupre, 2005, p.646; en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia de 24 de noviembre de 2017, exp.60048.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.

30. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insaneable. En principio, no es
posible invocar como fundamento del recurso una irregularidad acaecida
con anterioridad a la expedición de la sentencia, salvo que la nulidad no
hubiera podido advertirse durante el curso del proceso. En este caso, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que se convierta en una tercera instancia y las partes
puedan subsanar sus omisiones28.

31. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional29 para
dotarla de contenido.

32. El Consejo de Estado ha considerado que las hipótesis de creación
jurisprudencial también configuran causales de revisión, a partir de una
interpretación extensiva del derecho al debido proceso, contemplado en el
artículo 29 constitucional (se trascribe):
“Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: i) un supuesto configurativo
de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo
133 de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia;
ii) las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del
derecho fundamental al debido proceso, tales como:

• Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso.
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
• Proferir una sentencia sin motivarla.
• Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
• Faltar al principio de congruencia.
• Vulnerar el principio de la “non reformatio in pejus”

Además, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado determinó que igualmente podrían existir otros supuestos en que la
configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación
a la garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que
no necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos
señalados30”31.

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado

2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de

junio de 2021, Radicado 62680. También ver, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Radicado 50428.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia del

28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia

de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). También, ver Sala Quince Especial de
Decisión, Sentencia de 22 de noviembre de 2023, Radicado 11001-03-15-000-2023-04579-00, Sala 21 Especial de
Decisión, Sentencia de 31 de enero de 2024, Radicado 11001-03-15-000-2020-04417-00. En particular, se destacan
las providencias relacionadas con el principio de congruencia, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV), Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de febrero de 2016,
Radicado 2015-02342-00(REV), Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de marzo de 2018, Radicado
2013-01303-00(3318-13).

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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33. No obstante, esta Subsección ha diferido y se ha apartado de la
interpretación anterior porque entiende que los supuestos de nulidad de las
sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se requiere de
una norma legal o constitucional que los contemple32. Comprende que las
nulidades no son enunciativas sino taxativas (se trascribe):
“(…) Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de
interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no pueden ser interpretadas
de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la
causal 5 del artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en
la sentencia” debe, también, ser interpretada de manera restrictiva. En ese
sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de
revisión cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad
previstas en la legislación.

La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso
extraordinario de revisión tiene causales taxativas, por lo que, interpretar el
artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las
convertiría en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación
del debido proceso constituiría una causal para considerar procedente el
recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la
revisión.

De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad
procesal son de origen legal. El legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles
irregularidades procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a
la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva a que otras
irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor
entidad por el legislador, queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una
lógica expressio unius est exclusio alterius.

En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las
Sentencia C-491 de 199533 y C-217 de 199634, manifestó que la nulidad
consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de
las nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.

Como ya se dijo, no toda violación del debido procesal genera nulidad,
porque será el legislador de manera principal o el constituyente de forma
excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades
que producen la nulidad de los actos procesales35”.

32 El Magistrado Fredy Ibarra Martínez si bien comparte la postura consistente en que sólo las causales de nulidad

procesal de origen legal pueden predicarse respecto de la sentencia, se precisa que como integrante de las Salas
Especiales de Decisión que resuelven los recursos extraordinarios de revisión ha acogido el criterio mayoritario que
ha expuesto que las causales de nulidad de la sentencia no son únicamente las previstas en el estatuto procesal
civil o general que afectan su validez por violación de principios procesales o requisitos formales, sino también las
que se originan por vulneración del debido proceso y la tutela judicial efectiva contemplados en los artículos 29 y
228 de la Constitución Política las cuales fueron definidas por la jurisprudencia.
33 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a

los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los casos
allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que
además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso",
esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia”.
34 Corte Constitucional, Sentencia C-217 de 1996. “Todo lo anterior indica que el debido proceso en materia civil

está plasmado en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y en las normas que lo complementan y
reforman, pero la garantía constitucional en cuya virtud toda prueba practicada en violación de tales reglas es
nula de pleno derecho no puede ser limitada, recortada o desconocida por normas de rango legal que hagan
nugatoria la eficacia de dicha nulidad, pues ésta no proviene de la ley ni depende de ella, en cuanto implica la
seguridad constitucional -ontológicamente anterior a la legislación que fija las reglas de cada proceso- de que
toda prueba, para ser constitucionalmente válida, debe respetar íntegramente el enunciado derecho
fundamental”.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de

agosto de 2022, exp. (47097).

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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34. De conformidad con la referida interpretación restrictiva de la causal,
esta no puede entenderse configurada si, como en este caso y tal como lo
sostuvo la Policía en su contestación, la recurrente no se refirió a la causal
de nulidad en la que habría incurrido la Sentencia controvertida. En efecto,
el recurso mencionó que “la sentencia contraria a otra anterior que
constituye cosa juzgada entre las partes da lugar a la nulidad originada en
la sentencia”, mas no determinó la causal legal o constitucional de nulidad
en la que supuestamente incurrió la decisión. Por lo que, además de
constatarse que la mencionada vulneración no ocurrió, tampoco se
evidencia un supuesto capaz de generar nulidad porque, se reitera, es el
legislador, de manera principal, o el constituyente, de forma excepcional,
quienes deben definir previamente cuáles son las irregularidades que
producen la nulidad de los actos procesales.

35. Se advierte que el recurso de revisión no es una tercera instancia en la
que se pueda auscultar el razonamiento que adoptó el juez para fallar
desde una perspectiva jurídica y/o fáctica. No obstante, sin que sus
argumentos correspondieran a una causal de nulidad prevista
constitucional o legalmente, el recurso pretendía reabrir el debate jurídico
de las instancias ordinarias para que se produjera una decisión favorable a
sus pretensiones. Como se expuso, la aludida cosa juzgada no se configuró
y, en esa medida, tampoco se demostró la vulneración de una decisión
ejecutoriada con fuerza vinculante.

36. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso de revisión,
porque el recurrente no demostró que la decisión cuestionada hubiese sido
expedida con desconocimiento de una decisión debidamente
ejecutoriada, que hizo tránsito a cosa juzgada entre las partes y, además,
no invocó un supuesto de nulidad de las sentencias reconocido legal o
constitucionalmente36.

2.4 Costas

37. De conformidad con el artículo 255 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso, se condenará en costas a la parte recurrente
porque el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

36 El ponente de la sentencia aclara que esta providencia configura un hecho nuevo que permitiría presenta una

nueva acción de tutela.

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Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00029-00 (69511)
Demandante: Yulieth Vanessa Rojas Muñoz y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía
Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
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RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 24 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca, dentro del proceso de reparación directa.

SEGUNDA: CONDENAR en condena en costas al recurrente.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

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