Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-24-000-2020-00198-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-24-000-2020-00198-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-24-000-2020-00198-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
17 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)
Recurrentes: Ligia Stella Flórez Acevedo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)
Recurrentes: LIGIA STELLA FLÓREZ ACEVEDO Y OTROS
Asunto: Causal 8ª del artículo 250 del CPACA ─ cosa juzgada
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado
contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la acción de grupo No.
15693-33-31-001-2011-00253-02.
I. SÍNTESIS
La parte actora presentó acción de grupo contra la Nación - Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Boyacá y la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá (CORPOBOYACA), solicitando la indemnización de los
perjuicios causados por el desbordamiento del Lago de Tota ocurrido en octubre de
2010, que condujo a la inundación de los predios colindantes y a la pérdida de los
cultivos existentes. El Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso negó las
pretensiones, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá
en sentencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019), al
considerar que el daño fue generado, principalmente, por el fenómeno de La Niña,
lo que calificó como un evento de fuerza mayor. Los recurrentes alegan que en dicha
sentencia se materializó la causal de revisión prevista en el numeral 8º del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), esto es, “[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada (…)”,
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específicamente, a la providencia proferida por el Consejo de Estado el diez (10) de
marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965) dentro del expediente No. 2359.
II. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes de la acción de grupo No. 15693-33-31-001-
2011-00253-02.
1.1 El diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011), un grupo de ciudadanos,
alegando ser propietarios, poseedores o tenedores de predios colindantes con la
ribera o el área de influencia del Lago de Tota1, formularon acción de grupo contra
1 Se trató específicamente ⎯y según se indica en la sentencia de segunda instancia que aquí se
controvierte⎯, de un primer grupo conformado por los señores Ligia Stella Flórez Acevedo, Álvaro
Riveros Fonseca, Luidina Flórez de Parra, Carlos Julio Cepeda Cardozo, Eduardo de Jesús Cepeda
Cardozo, Nelsy Ruth Rojas Martínez, Carlos Emilio Acero Lemus, Néstor Gustavo Flórez Acevedo,
Floricelda Piragauta de Martínez, Segundo Isidoro Martínez, Carlos Roberto Gutiérrez Mesa, Bertha
María Gutiérrez, Fabio Flórez López, Wilson Rene Bernal Cárdenas, Carlos Eduardo Vargas, María
Elena Suárez Gavidia, Ruth Cenaida Chaparro Riveros, Jairo de Jesús Mesa Cardozo, Luz Marina
Álvarez Moreno, Rigoberto Cepeda Cardozo, Cesar Salamanca Mesa, Edilberto Chaparro Díaz,
Hilda Cecilia Rodríguez Pedraza, Rosa Nelly Cepeda Cardozo, Edil Nebardo López Cardozo, María
Elvinia Talero Daza, Edgar Gilberto Pérez Lemus, Guillermo Flórez Acevedo, Bethy Lizeth Barrera
Chaparro, José Chaparro Riveros, Blanca Aurora Acevedo de Chaparro, Elba Lucia Riveros, José
de los Reyes Chaparro de Riveros, Marina Chaparro Riveros, Dora Cecilia Pedraza Pérez y Martha
Ofelia Pedraza Pérez. Posteriormente se hicieron parte del proceso los señores: Rito Antonio
Montaña Vargas, Germán Francisco Pérez Pérez, Jacobo Costo Cardozo, Guillermo Bastidas
Burbano, Rosa Lucila Preciado de Pérez, Luis Antonio Suárez Molina, Elvira Vargas de Zambrano,
Holman Mauricio Zambrano Vargas, Wilson Andrés Zambrano Vargas, Héctor Orlando Barrera
Cárdenas, María Teresa Montaña de Camargo, Tito Alfonso Pérez Pérez, Numa Ernesto Torres
Barrera, Rito Antonio Pérez Rodríguez, Fabio Montaña Rodríguez, María Fanny Tinoco de Pérez,
Luis Norberto Pérez Preciado, María Verónica Patarroyo de Rodríguez, Ludy Stefany Flórez Blanco,
Siervo Pérez Chaparro, Luis Antonio Orduz Barrera, Flor Mireya Acevedo Ariza, Martin Alarcón
Cadena, Mariana del Carmen Acevedo de Pesca, Aura Elina Acevedo de Rodríguez, Antonio Iván
Pérez Preciado, Graciela de los Dolores Preciado Acevedo, Jorge Enrique Urrutia Vanegas, Marily
Gómez Vargas, Rafael Urrutia Pérez, Ramón Ricardo Pérez Pérez, Elia Nieves Pérez Pérez, Ángela
Yolanda Barrera de Latorre, Carlos Eduardo Alarcón Plazas, Edilberto Pesca Pesca, Gloria Cecilia
Rodríguez de Pérez, Maryluz Alarcón Rosas, Esperanza Alarcón Rosas, Marco Aurelio Cadena
Gutiérrez, Flor Alicia Cepeda, Claudio Hernán Martínez Martínez, José Gonzalo Gutiérrez Alarcón,
Jesús María Pérez Preciado, Asís Antonio Rojas Espinel, Luis Mario Cepeda Cardozo, Dora Gladys
Pérez Preciado, Julia Cecilia Flórez de González, Sonia Yaneth Torres Torres, Otoniel Montaña
Pérez, Luis Francisco Cardozo Montaña, Carlos Eutimio Zambrano Cardozo, Flor María Cadena de
Alarcón, Luis Humberto Mesa Martínez, Cleofe Nelly Cadena de Cadena, María Margarita Cadena
de Alarcón, María Esther Mesa de Rodríguez, Edgar Ariel Rodríguez Riveros, Andrea Carolina
Rodríguez Riveros, Zulma Yolima Rodríguez Riveros, Aura María Riveros de Rodríguez, Ramiro
Esteban Rodríguez Riveros, María Elia Vargas de Moreno, Luz Amanda Sierra Pérez, Teresa
Alarcón Pedraza, Javier Francisco Santos, Luz Samira Rodríguez Rodríguez, Jaime Orlando
Rodríguez Rodríguez, Edward David Rodríguez, Oliverio Piragauta Patiño, Blanca Inés Rodríguez
(cuya participación fue aceptada por auto del 25 de abril de 2012, tal y como consta a folios 312 a
314 del PDF “33_CUADERNO 4”, índice 26 de SAMAI). En tanto, posteriormente fueron aceptados
como parte del grupo los señores:
María Imelda Chaparro Rosas, Hernán Ramiro Chaparro Rosas,
Mauro Enrique Chaparro Rosas, Cielo Esperanza Gutiérrez Gutiérrez, Martha Esperanza Chaparro
Bernal, Héctor Orlando Chaparro Bernal, María Rafaelina Alarcón de Gómez, Carlos Enrique
Cardozo Rojas, Claudio José Pedraza, William Ernesto Rodríguez Rincón, Bertha Marina Pérez
Gutiérrez, Josué Serafín Cadena Pérez, María Josefina López de Barreras, Martha Patricia Chaparro
Lemus y Sandra Yanibe Rico Mesa (al respecto consultar autos del 26 de junio, 20 de noviembre y
5 de diciembre de 2013 y del 29 de enero de 2014, disponibles en los folios 315, 327 y 411 del PDF
“35_CUADERNO 6” del índice 26 de SAMAI). 2
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la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de
Boyacá y CORPOBOYACA2, solicitando que fueran declaradas
administrativamente responsables por la inundación de sus predios ⎯acaecida en
el mes de octubre del año 2010⎯, la consecuente pérdida de los cultivos allí
plantados y la imposibilidad futura de utilizar esas tierras para siembra3.
Como sustento de su demanda, en términos generales, alegaron que desde 1960
el Estado ha intervenido en diversas formas el Lago de Total (con la creación de
presas, la desviación de causes, la incorporación de compuertas para regular el flujo
de agua4, entre otras), intervenciones con las cuales se ha modificado su cauce, la
forma natural de desagüe de sus aguas y la cota de inundación del cuerpo de agua5.
Además, sostuvieron que hace años el entonces INDERENA introdujo al lago el alga
Elodea cuyo crecimiento descontrolado ha impedido el desagüe adecuado.
A su juicio, esas acciones, unidas a una actuación omisiva de las entidades
demandadas tanto en la revisión, adecuación y mantenimiento de las obras
existentes en el Lago de Tota, como en la adopción de otras medidas
correspondientes como la limpieza del alga, fueron determinantes para que
ocurriera el desbordamiento del lago y la inundación acaecida en octubre de 2010,
la cual afectó gravemente los predios de los demandantes.
Como antecedente relevante, los accionantes indicaron que en la temporada
invernal de 1962 y como consecuencia de la ejecución de las obras realizadas en
el lago en ese entonces por Acerías Paz del Río S.A., se presentaron las primeras
inundaciones en los predios ribereños del Lago de Tota, situación que dio lugar a
que el Consejo de Estado, mediante sentencia del diez (10) de marzo de mil
2 Tal y como consta a folios 312 a 314 del PDF denominado “33_CUADERNO 4”, índice 26 de SAMAI,
por auto del 25 de abril de 2012 se ordenó la vinculación a la acción de grupo del INCODER y de los
municipios de Tota, Aquitania y Cuítiva (Boyacá) como entidades demandadas. Posteriormente, ante
la desaparición del INCODER, por auto del 30 de enero de 2017 el juez de primera instancia dispuso
reconocer como sucesor procesal de dicha entidad a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (folio
238 del PDF denominado “36_CUADERNO 7” del índice 26 de SAMAI), vinculación que fue
confirmada por auto de 9 de abril de 2018 en el que se negó la solicitud de nulidad propuesta por
esa entidad (folios 136 a 140 del “37_CUADERNO 8” disponible en el índice 26 de SAMAI).
3 Folio 43 del PDF denominado “28_CUADERNO 1” del índice 26 de SAMAI.
4 Específicamente, aludieron a la obra realizada por la Siderúrgica Nacional de Paz del Río S.A. en
el año 1961, a la “presa” en forma de herradura construida en 1981 y a las compuertas de paso de
agua instaladas en el Río Olarte que surte al lago.
5 Al efecto, alegaron que el Lago de Tota dirigía sus excedentes de agua, de forma natural, al Río
Upía, lo cual fue afectado en los años sesenta por la autorización dada a la empresa Acerías Paz
del Río S.A. para recolectar agua de su cauce y efectuar obras para dicho fin.
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novecientos sesenta y cinco (1965)6, declarara a las demandadas
administrativamente responsables de los daños causados por esa situación7.
1.2 El once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Primero
Administrativo de Sogamoso negó las pretensiones de la acción de grupo, bajo la
consideración de que no estaba acreditado que el daño alegado pudiera ser
atribuido a las entidades demandadas por las causas invocadas en la demanda, en
tanto no se probó que las obras efectuadas en el Lago de Tota o la introducción del
alga Elodea hubieran tenido incidencia en las inundaciones ocurridas en el año
2010.
Por el contrario, el juzgado consideró que estaba demostrado que, en general, las
obras funcionaban adecuadamente y que las entidades habían adoptado medidas
para la limpieza del alga, así como también advirtió acreditado que los demandantes
ampliaron la frontera agrícola de sus cultivos en detrimento del lago y de sus zonas
de desagüe, pues la mayoría de los predios afectados se encuentran ubicados en
la franja de protección o ronda hídrica dentro de los treinta (30) metros siguientes a
la orilla del lago o dentro de su cota máxima de inundación. Además, para la
autoridad judicial se materializó una situación de fuerza mayor irresistible e
imprevisible, debido a que las lluvias ocurridas durante los años 2010 y 2011
estaban ligadas al fenómeno de La Niña, generando un hecho inusitado que superó
las capacidades de previsión de las entidades demandadas8.
1.3 Inconforme con lo anterior, los demandantes formularon recurso de apelación
solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para lo cual alegaron,
en términos generales, que no estaba demostrada la ampliación de la frontera
agrícola ni el desconocimiento de la ronda hídrica.
Asimismo, insistieron en que el daño se originó por la omisión de las entidades
respecto de las obras existentes en el lago y reiteraron la necesidad de tener en
cuenta las conclusiones planteadas por el Consejo de Estado en providencia del
diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965), fallo que, en su
criterio, constituye precedente judicial, en tanto la mayoría de los ahora accionantes
son “herederos” de quienes tenían la condición de demandantes en ese proceso.
6 Expediente 2359.
7 Folios 2 a 43 del PDF denominado “28_CUADERNO 1” del índice 26 de SAMAI.
8 Folios 195 a 293 del PDF 37_CUADERNO 8” disponible en el índice 26 de SAMAI.
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Por lo demás, señalaron que no estaba configurada la fuerza mayor porque las
condiciones climáticas no resultaban imprevisibles, de manera que las autoridades
pudieron adoptar medidas para la mitigación del daño9.
1.4 Mediante sentencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve
(2019), el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de negar las
pretensiones, por considerar que el fenómeno de La Niña ocurrido en 2010 fue una
situación de “altísima gravedad e impacto”, pues las precipitaciones fueron
extraordinarias e irresistibles, lo que, incluso, llevo al Gobierno Nacional a declarar
un estado de excepción. Así, el Tribunal encontró demostrado que el Lago de Tota
recibió un porcentaje de lluvias mucho mayor a la media histórica, sin que se hubiere
acreditado que la construcción de presas y compuertas hubieren favorecido o
propiciado las inundaciones, ni tampoco que CORPOBOYACA hubiere omitido el
cumplimiento de labores de limpieza del alga Elodea.
Adicionalmente, señaló que antes de la inundación del 2010 existía normativa clara
y vinculante sobre las zonas de protección (ronda hídrica) y las cotas máximas de
inundación del lago, normativa que imponía a la parte actora el deber de proteger
esas zonas y de abstenerse de ejercer allí actividades prohibidas como la
agricultura.
Asimismo, la autoridad de segunda instancia sostuvo que la providencia proferida
por el Consejo de Estado el diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco
(1965) no constituye precedente aplicable a este caso, pues se produjo en unas
condiciones fácticas muy distintas a las ahora analizadas, en tanto, como lo
reconocieron los propios demandantes, después de las obras de regularización
realizadas en 1960, en el Lago de Tota se han llevado a cabo múltiples
intervenciones, construcciones y modificaciones tanto físicas como normativas. En
ese sentido, consideró que esa decisión no puede resultar aplicable a un hecho
dañoso acaecido más de cincuenta (50) años después de ser proferida, máxime
cuando las experticias aportadas al proceso concluyeron que las obras realizadas
a principios de los años sesenta no incidieron en los hechos a los que se refiere esta
demanda. Por lo demás, señaló que dicha providencia tampoco podía ser
considerada como un antecedente, en los términos explicados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-449 de 2016, “pues no plantea un criterio en
derecho que imponga una interpretación legal, [sino que] se trata de un análisis
9 Folios 296 a 319 del PDF ibidem.
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fáctico que, como se explicó se distancia de las condiciones que este proceso
imprime”.
Finalmente descartó los demás cargos de la apelación, al advertir que no habían
sido demostradas las causas de la inundación alegadas por la parte actora10.
2. El recurso extraordinario de revisión
El once (11) de marzo de dos mil veinte (2020), a través de apoderado judicial,
algunos de los miembros del grupo demandante formularon recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá11,
alegando la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 8º del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), esto es, “[s]er la sentencia contraria
a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada (…)”12.
Para la parte actora, el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció que el
Consejo de Estado, en sentencia del diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta
y cinco (1965) dictada dentro del expediente 2359, declaró la responsabilidad del
Estado por las inundaciones acaecidas en 1962 en los predios ribereños del Lago
de Tota, sentencia que, a su juicio, resultaba vinculante para resolver esta acción
de grupo, debido a que ambos procesos guardan identidad de partes, hechos y
causas. Así, sostienen que:
• En ambos procesos la parte actora estuvo integrada de igual forma, pues los
demandantes de la acción de grupo de la referencia son mayoritariamente
sucesores o herederos de quienes demandaron la responsabilidad estatal en
10 Folios 376 a 438 del PDF “37_CUADERNO 8” disponible en el índice 26 de SAMAI. Según consta
en el folio 439 del referido PDF la sentencia se notificó por edicto fijado el 8 de marzo de 2019 y
desfijado el 12 de ese mismo mes y año.
11 Específicamente, Ligia Stella Flórez Acevedo, Néstor Gustavo Flórez Acevedo, Guillermo Flórez
Acevedo, Álvaro Riveros Fonseca, Ludina Flórez de Parra, Carlos Emilio Acero Lemus, Bertha María
Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Roberto Gutiérrez Mesa, Cesar Salamanca Mesa, Hilda Cecilia
Rodríguez Pedraza, Bethy Lizeth Barrera Chaparro, José Chaparro Riveros, Blanca Aurora Acevedo
de Chaparro, Elva Lucía Riveros, Dora Cecilia Pedraza Pérez, Rito Antonio Montaña Vargas, Otoniel
Montaña Pérez, Tito Alfonso Pérez Pérez, Ramon Ricardo Pérez Pérez, Elia Nieves Pérez Pérez,
German Francisco Pérez Pérez, Rito Antonio Pérez Rodríguez, Héctor Orlando Barrera Cadenas,
Sonia Yaneth Torres Torres, Elvira Vargas de Zambrano, Fabio Montaña Rodríguez, Luís Norberto
Pérez Preciado, Antonio Iván Pérez Preciado, Carlos Eutimio Zambrano, Javier Francisco Santos,
Angela Yolanda Barrera de la Torre, Guillermo Bastidas Burbano, Marily Gómez Vargas, Julia Cecilia
Flórez de González, Jorge Enrique Urrutia Vanegas y María Elia Vargas de Moreno.
12 Índice 15 de SAMAI, PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 15” folio 2.
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el año 1962, por la inundación de los predios que colindan con el Lago de
Tota;
• El daño alegado en uno y otro caso tuvieron la misma causa, esto es, las
obras estatales adelantadas en el cuerpo hídrico, en especial la presa que
en 1961 construyó la empresa Acerías Paz del Río S.A., ahora reforzada por
la presa “herradura” construida en los años ochenta y las demás
intervenciones del lago; y
• Hay identidad en la parte demandada, pues desde 1962 ha sido el Estado
colombiano el que ha tenido la administración del Lago de Tota, a través de
diversas entidades públicas, en tanto ha sido su omisión ⎯en diversos
aspectos⎯ la causante de las inundaciones en los predios colindantes a
dicho cuerpo de agua.
Para ilustrar su dicho, los recurrentes aluden específicamente a la situación de cinco
predios que resultaron inundados en 1962 y en 2010, así:
Matrícula Propietario Propietario Argumentos planteados por los
Inmobiliaria en 1962 en 2010 recurrentes
El predio está ubicado en la vereda Susacán
con una extensión total de 730 mt2; solo se
Carlos reclama indemnización sobre los 559 mt2 que
Gutiérrez y estaban cultivados con cebolla, descartando
Bertha María los 171 mt2 que corresponden a la ronda
José del Gutiérrez hídrica de protección.
095-73407 Carmen Gutiérrez Sostienen que el bien está ubicado a 3.014.90
Gutiérrez (hijos de metros sobre el nivel del mar, esto es 6 cm por
José del encima del muro construido en 1961 por la
Carmen Acería estatal, y que se inundó por las
Gutiérrez) represas ubicadas en el lago. Afirman que en
1965 se reconoció indemnización en favor de
su propietario.
El predio es propiedad de las hermanas del
apoderado de los recurrentes, lo cual, afirman,
le permite al abogado tener conocimiento de
primera mano de lo que allí ocurre.
En 1962 se inundó por estar al mismo nivel del
Dora Cecilia
muro construido por la Acería, razón por la
Pedraza y
que el señor Luis Benigno Pedraza Castillo
Luis Martha Ofelia
fue indemnizado por el Consejo de Estado.
Benigno Pedraza
Insisten en que la falla en el servicio decretada
Pedraza (hijas de Luis
en 1965 se siguió presentando en el año
095-24517 Castillo y Benigno
2010, esta vez agravada por la construcción
Bertha Pedraza
de una segunda presa (presa la herradura) y
Aurora de Castillo y
que al momento de la inundación el predio
Pedraza Bertha
respetaba la ronda hídrica (60 mts), por lo que
Aurora de
el reclamo solo se centra en la extensión del
Pedraza)
predio que no hace parte de dicha ronda.
Aseguran que el Estado no ha ofrecido
compra por este predio pese a que, al estar
ubicado en la ribera del lago, fue declarado de
utilidad pública, de manera que el predio sigue
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Matrícula Propietario Propietario Argumentos planteados por los
Inmobiliaria en 1962 en 2010 recurrentes
siendo privado pero inutilizado porque
permanece inundado al menos 10 meses al
año.
Se pone de presente que el señor Esteban
Rodríguez fue indemnizado con la sentencia
de 1965 y que los predios han estado en
cabeza de la familia Rodríguez por 90 años,
aproximadamente, lo que evidencia que “son
las mismas partes y bienes afectados en la
demanda con sentencia del 10 de marzo de
1965 y los bienes afectados y demandantes
en la demanda de acción de grupo (…)
materia de solicitud de revisión”.
095-
Aseguran que los bienes están ubicados a
0025596,
Edgar Ariel 400 mts del lago (por lo que no tenían la
095-
Rodríguez obligación de respetar la ronda), pero que
128209; Esteban
(nieto de igual resultaron inundados.
095-00- Rodríguez
Esteban Señalan que, pese a que el abuelo del señor
25593; 095-
Rodríguez) Edgar Ariel Rodríguez fue indemnizado en
106211,
1965, los jueces de instancia de la acción de
095-106212
grupo negaron las pretensiones y
desconocieron que “ambas partes eran
iguales” y que “la responsabilidad del Estado
se mantiene y todas las veces que haya
inundaciones, mientras no se modifique la
altitud de los muros que le elevaron el nivel al
lago o mientras no se expropien los predios
que en su época identificaron como de utilidad
pública para poner en funcionamiento las
obras (…)”.
Explican que el predio está ubicado en la
vereda Pérez del municipio de Aquitania, en
tanto el señor Agapito Pérez fue beneficiario
de la indemnización ordenada en 1965.
Indican que, pese a que el lote está ubicado a
Germán casi un 1 km de distancia del lago, resultó
Francisco inundado como consecuencia de las obras
Agapito
095-16709 Pérez (hijo adelantadas en él, especialmente las de 1961.
Pérez
de Agapito En este sentido, aseguran que como el
Pérez) Estado varió las condiciones naturales del
lago, debió adquirir las tierras que resultaban
afectadas con las obras realizadas.
Por lo demás, sostienen que este predio
respeta la ronda hídrica y que los cultivos se
siembran más allá de la misma.
Indican que el predio se encuentra ubicado en
la verdad el Daito (no se precisa el municipio)
Rito Antonio
y que, pese a que no colinda con el lago,
Silvio Pérez (hijo
095-15802 resultó inundado. Señalan que este predio no
Montaña de Silvio
tiene la obligación de dejar ronda en toda su
Montaña)
extensión, pese a lo cual siempre se inunda
por las presas construidas.
A partir de lo anterior, los recurrentes aseguran que se materializa la causal
invocada porque “no solo son las mismas partes, sino las mismas causas, el mismo
objeto, y en la sentencia que constituye cosa juzgada, se estableció la
responsabilidad del Estado, la cual permanece vigente cada vez que ocurra una
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inundación por causa de las obras ejecutadas por el Estado desde 1962, mientras
el estado (sic) no lleve a cabo la expropiación ordenada por el legislador, previa
indemnización, SIEMPRE SERÁ RESPONSABLE POR LOS PREJUICIOS (sic)
OCASIONADOS A LOS RIBEREÑOS” (mayúsculas en original).
Por lo demás, aseguran que, en tanto la excepción de cosa juzgada no fue debatida
en la acción de grupo objeto de revisión, se cumple el requisito previsto en la ley
para la procedencia del recurso13.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. El recurso correspondió por reparto al Despacho de la Consejera Nubia Margoth
Peña Garzón, en la Sección Primera del Consejo de Estado, donde, mediante auto
de once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022), fue inadmitido14.
3.2. Subsanados los yerros evidenciados, por providencia del veinte (20) de mayo de
dos mil veintidós (2022) se dispuso la admisión del recurso y la notificación del mismo
a la Nación ─ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Departamento de
Boyacá, a Corpoboyacá, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y
a los municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva (Boyacá). En esa misma providencia
se requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso para que
aportara el expediente contentivo de la acción de grupo objeto de revisión15.
3.3. Por auto de dos (2) de diciembre de dos mil veintidós (2022), se ordenó la
remisión por competencia de este asunto a la Sección Tercera del Consejo de
Estado16.
3.4. Efectuado el reparto correspondiente, el recurso fue asignado a este Despacho
donde, por auto de trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023), se avocó
conocimiento del recurso extraordinario y se decretaron como pruebas las
documentales aportadas por los recurrentes y el expediente remitido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Sogamoso. Asimismo, se dispuso el traslado de esos
documentos a los sujetos procesales17.
13 Recurso disponible a folios 2 a 37 del PDF “CUADERNO PRINCIPAL 1”, índice 15 de SAMAI.
14 Índices 1, 2 y 5 de SAMAI.
15 Índice 13 de SAMAI.
16 Índice 29 de SAMAI.
17Índices 38, 39 y 42 de SAMAI. Específicamente, con el recurso se aportaron las siguientes
documentales: i) copia de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia dentro de la acción
de grupo; ii) copia del recurso de apelación de la sentencia del Tribunal; iii) copia de información
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3.5. Mediante auto de veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), se
ordenó poner en conocimiento de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR) el
acaecimiento de una nulidad saneable, pues pese a que esa entidad detenta la
calidad de sucesora procesal del INCODER, se constató que el auto admisorio del
recurso no le fue notificado a ella sino al Ministerio de Agricultura18.
3.6. La Agencia decidió no formular incidente de nulidad sino participar en el trámite
del recurso, razón por la que mediante auto del veintiuno (21) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024) se declaró saneado el proceso19.
3.7. Durante el término de traslado, se presentaron oportunamente las siguientes
intervenciones20:
3.7.1. CORPOBOYACÁ presentó escrito oponiéndose a la prosperidad del
recurso, bajo la consideración de que la causal alegada no está acreditada en
el caso concreto, toda vez que los hechos constitutivos del daño no son los
mismos, pues, como se probó en la acción de grupo, las inundaciones del año
2010 tuvieron como causa el fenómeno de La Niña.
En este sentido, explicó que la sentencia proferida el diez (10) de marzo de mil
novecientos sesenta y cinco (1965) no permite configurar los elementos
propios de la cosa juzgada respecto del objeto de la acción de grupo fallada
por el Tribunal, ya que, contrario a lo alegado por los recurrentes, no hay
identidad de partes, ni de objeto, ni de causa.
Así, señaló que no se puede afirmar que, debido a que hace cincuenta años
se condenó a la Nación por hechos similares a los demandados, se deba llegar
a la misma conclusión ahora y descartó la configuración de la identidad de
relacionada con los 5 predios a los que se aludió en el recurso, en la que, según la parte actora,
consta que los propietarios son sucesores de los demandantes del año 1962; iv) copia de la
sentencia expedida por el Consejo de Estado el 10 de marzo de 1965, y v) copia del libro titulado ‘El
lago de Tota, un ejemplo de lo que no se debe hacer en materia ambiental”. Por su parte, el 17 de
junio de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso allegó la copia digital del
expediente No. 15693-33-31-001-2011-00253-02 el cual se encuentra disponible en el índice 26 de
SAMAI. De estos documentos se corrió traslado a las partes (índice 46 de SAMAI) sin que se
efectuara manifestación alguna.
18 Índice 52 de SAMAI.
19 Índices 63 y 71 de SAMAI.
20 Se advierte que la oposición presentada por la Alcaldía de Cuítiva, disponible a índice 27 de
SAMAI, fue radicada de manera extemporánea, pues según la constancia secretarial el término para
contestar el recurso venció el 21 de junio de 2022, en tanto la contestación se presentó hasta el día
24 de esos mismos mes y año (índice 25 de SAMAI).
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partes, en lo que a los demandados se refiere, pues la Corporación Autónoma
apenas vino a ser creada con la Ley 99 de 1993.
Por lo demás, expuso las acciones que, como autoridad ambiental, ha
adelantado en el Lago de Tota para mitigar la inundación de los predios
circunvecinos, en tanto sostuvo que no procede declarar la responsabilidad
cuando han sido los mismos propietarios los que han sembrado sus cultivos
en la ronda hídrica del lago21.
3.7.2. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
también se opuso a la prosperidad del recurso. A su juicio, los recurrentes no
precisaron aspectos importantes de la causal invocada como la identidad de
partes, de causa y de pretensiones; de hecho, indicó que ni siquiera se allegó
la sentencia emitida por el Consejo de Estado el diez (10) de marzo de mil
novecientos sesenta y cinco (1965).
Además, alegó que el grupo pretende reabrir un debate jurídico ya zanjado
⎯en el que se concluyó que hubo fuerza mayor⎯, utilizando este recurso
como una instancia adicional y que, en todo caso, el recurso debió rechazarse
por extemporáneo, por cuanto la sentencia objeto de revisión se notificó el
ocho (8) de marzo de dos mil diecinueve (2019), de manera que, a su juicio, el
término para formularlo venció el ocho (8) de marzo de dos mil veinte (2020)22.
3.7.3. La Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR) solicitó declarar
infundado el recurso de revisión, toda vez que la parte actora no logró
demostrar que los demandantes del proceso que terminó con la expedición de
la sentencia de 1965 fueran los mismos de esta acción de grupo; además,
indicó que los hechos que dieron lugar a uno y otro proceso no son idénticos,
pues mientras la acción de grupo se formuló para obtener la reparación de los
perjuicios causados por la ola invernal del año 2010, en la sentencia de diez
(10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965) se resolvió sobre los
daños causados por las inundaciones de 1962, lo que descarta el
acaecimiento de la cosa juzgada23.
21 Índice 23 de SAMAI, PDF denominado “22_CONTESTACION RECURSO DE REVISIÓN ACCIÓN
DE GRUPO 2011-253”.
22 Índice 24 de SAMAI, PDF denominado “CONTESTACIÓN(.pdf) NroActua 24”.
23 Índice 63 de SAMAI,
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3.8. Surtido lo anterior, el veinticinco (25) de junio de dos mil veinticuatro (2024) el
proceso entró al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda24.
III. CONSIDERACIONES
1. Normatividad aplicable
La Ley 472 de 1998 constituye la normativa especial a la cual se sujetan las
acciones populares y de grupo, como desarrollo del artículo 88 de la Constitución
Política. En cuanto a las acciones grupo, la ley establece los requisitos,
procedimientos y finalidad, orientada a la protección de los derechos de un número
plural de personas afectadas por un daño común; además, el artículo 68 de la Ley
472 establece que “[e]n lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de
Procedimiento Civil” (se resalta), hoy Código General del Proceso25.
Sin embargo, en este asunto no se está frente a un proceso que siga el trámite de
la acción de grupo ¾aunque la sentencia que se acusa haya sido expedida en el
marco de un trámite de esa naturaleza¾, sino frente a uno promovido en ejercicio
de la herramienta extraordinaria de revisión, proceso que, como bien se sabe,
constituye una causa autónoma e independiente de aquella que da origen a la
providencia cuya revisión se solicita. Como lo ha precisado esta Corporación de
manera reiterada, el recurso extraordinario de revisión es “un nuevo proceso,
distinto de aquél en donde se profirió la providencia cuestionada, por lo que debe
tramitarse como un proceso independiente, con las normas vigentes al
momento de su interposición”26 (énfasis añadido).
En este contexto, cuando el artículo 67 de la Ley 472 de 1998 dispone que las
sentencias de acciones de grupo son pasibles del recurso de revisión “de
24 Índice 75 de SAMAI, que corresponde al primer paso a Despacho para fallo.
25 “ARTICULO 68. ASPECTOS NO REGULADOS. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas
del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento
Civil.”. A partir de esta disposición, en auto de unificación de catorce (14) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024), expediente 69376, la Sección Tercera del Consejo de Estado fijó lineamientos
aplicables a “las posiciones interpretativas en cuanto al trámite del recurso de apelación de
sentencias de primera instancia proferidas en el marco del medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo”, recurso ordinario que hace parte del trámite propio de esa acción
constitucional.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 12 de agosto de 2014,
radicación 11001-03-15-000-2013-02110-00, reiterado en Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, auto de 16 de febrero de 2017, radicación 05001-33-31-010-2007-00165-02(57670)
y en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 23 de junio de 2016, radicación
13001-33-31-009-2008-00071-01(55152).
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conformidad con las disposiciones legales vigentes”, debe entenderse que esas
disposiciones son, precisamente, aquellas que rigen el recurso de revisión de
acuerdo con la jurisdicción en la que aquél sea promovido.
Bajo tales premisas, esta Subsección estima que la normativa aplicable para
resolver este recurso extraordinario de revisión es la establecida en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para este
mecanismo judicial extraordinario, pues es esa la que corresponde al asunto que
ocupa ahora la atención de la Sala27.
2. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA28, en concordancia
con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 ⎯Reglamento Interno de la
Corporación29⎯, esta Subsección es competente para resolver el presente recurso
extraordinario de revisión.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el veintiocho (28) de
febrero de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
dentro de la acción de grupo No. 15693-33-31-001-2011-00253-02, se encuentra
incursa en la causal de revisión contenida en el numeral 8º del artículo 250 del
27 Se precisa que esta posición es la que, de forma mayoritaria, ha venido siendo aplicada por los
distintos despachos de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Al respecto: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de mayo de 2025, radicación 11001-06-26-000-
2023-00182-00 (70652); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 5 de mayo de
2025, radicación 11001-06-26-000-2024-00113-00 (71706); Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, auto de 28 de abril de 2025, radicación 11001-06-26-000-2024-00126-00 (71841);
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de diciembre de 2024,
radicación 11001-06-26-000-2020-00055-00 (66052); Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2021, radicación 11001-03-26-000-2018-00081-00, y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de octubre de 2017, radicación
11001-33-31-001-2009-00096-01.
28 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. // De los recursos de revisión contra
las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones
y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (…)”.
29 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…)
Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia
dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección.”.
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto
es, “[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la
parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
4. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias
que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico30, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley31. De acuerdo con lo consagrado en el artículo
248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
este recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.
30 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
31 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-
2012-00231-00.
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Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario32.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que
“[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial
ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son
de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente
previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.” 33
(Se resalta).
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.
5. La causal de revisión contenida en el numeral 8° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral 8° del artículo 250 del CPACA contempla como causal de revisión el “[s]er
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el propósito de esta causal
es garantizar la primacía y prevalencia de la institución de la cosa juzgada34, de
manera que “los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan
32 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
34 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 5 de abril de 2016, radicación
11001-03-15-000-2007-01433-00.
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ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior por cuanto lo decidido
por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por lo tanto, de
inmutable”35. Así, esta causal de revisión pretende evitar que sobre idéntica
controversia existan decisiones disímiles, por lo que su prosperidad exige que deba
“acreditarse la existencia de una sentencia contraria a otra anterior que constituye
cosa juzgada entre las partes del proceso, es decir, debe existir un segundo proceso,
el cual se inicia entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, y que luego de
haberse proferido sentencia, se concluye que este último revivió un problema jurídico
ya decidido, desconociendo el principio de cosa juzgada.”36.
Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha entendido que
deben estar demostrados los elementos propios de la cosa juzgada, hoy previstos
en el artículo 303 del Código General del Proceso37, esto es, que exista38:
i) Identidad de causa: esto es que el motivo o razón que sustenta la
primera demanda se invoque nuevamente y sea el fundamento de la
segunda. Sobre el punto se ha explicado que “debe existir plena
coincidencia entre la razón o motivos por los cuales se demanda, esto
es, los hechos que dieron origen a la presentación de la demanda”39 (se
resalta).
35 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 20, sentencia de 14 de agosto de 2018,
radicación 11001-03-15-000-2008-01406-00.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020,
radicación 11001-03-25-000-2013-00997-00.
37 “ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. // Se
entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos. // En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas
para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. // La cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión.”
38 Al respecto: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2025,
radicación 11001-03-25-000-2021-00104-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 11,
sentencia de 9 de diciembre de 2024, radicación 11001-03-15-000-2021-01191-00; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación 11001-
03-25-000-2013-00997-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de
octubre de 2019, radicado 11001-33-36-037-2013-00462-01 (58409); Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 22 de marzo de 2018, radicado 68001-33-31-003-2008-
00322-01; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 15, sentencia de 7 de octubre de 2014,
radicado 11001-03-15-000-2009-00445-00.
39 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 13, sentencia del 6 de octubre de 2015,
radicación11001-03-15-000-2014-00902-00, reiterada en Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2013-00997-00
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ii) Identidad de objeto: que las pretensiones en el nuevo proceso sean las
mismas que fueron parte del petitum del primer asunto en el que se dictó
sentencia.
iii) Identidad de partes: se ha indicado que aquel “implica que quienes
actúan como demandante y demandado en el proceso anterior deben
actuar de la misma forma en el nuevo proceso, lo cual no significa que
deba tratarse exactamente de las mismas personas, pues la identidad es
jurídica y no física. Al respecto dice el profesor López Blanco40: No se
debe confundir la identidad de partes con la identidad de personas; si bien
es cierto que el requisito se configura claramente cuando los integrantes
de las partes en el nuevo proceso son las mismas personas que
intervinieron en el anterior, puede ser que haya cambio físico de personas
mas no alteración de la parte (...)”41.
En suma, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación y de cara a lo
exigido en la causal bajo examen, aquella se materializará cuando: i) existan dos
sentencias contradictorias; ii) la providencia contrariada constituya cosa juzgada
frente a la sentencia que se acusa por la vía del recurso extraordinario, y iii) la
excepción de cosa juzgada no se haya formulado en el curso del proceso que dio
origen a la sentencia cuya revisión se solicita42.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el
presente asunto.
5. Caso concreto
5.1. Cuestión previa: la alegada extemporaneidad del recurso extraordinario
En su escrito de oposición, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó
que este recurso debió ser rechazado por extemporáneo, pues, a su juicio, el
40 cita en original: “López Blanco, Op. Cit., p. 646.”
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de sala del 24 de noviembre de 2017,
radicación 41001-23-33000-2014-00116-01(60048). En el mismo sentido consultar: Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión No. 20, sentencia de 14 de agosto de 2018, radicación 11001-03-
15-000-2008-01406-00
42 Al respecto: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 6, sentencia de 15 de mayo de
2025, radicación 11001-03-15-000-2021-01191-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
No. 23, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicación 11001-03-15-000-2024-03396-00 y Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2024, radicación 11001-03-
26-000-2023-00062-00 (69.754).
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término para formularlo feneció el ocho (8) de marzo de dos mil veinte (2020), en
tanto el escrito introductorio se presentó apenas el día once (11) de esos mismos
mes y año.
A pesar de que la entidad no formuló recurso alguno contra la providencia mediante
la cual se admitió esta herramienta extraordinaria, la Sala advierte necesario dar
respuesta a este argumento de manera previa al análisis de fondo del presente
asunto.
Al respecto, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 251 del CPACA,
“[e]l recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia”. Teniendo en cuenta que la causal invocada es la prevista en
el numeral 8° del artículo 250 del CPACA, el término de un (1) año al que alude el
artículo 251 de esa misma normativa debe computarse desde el momento en que
ocurrió la ejecutoria de la sentencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil
diecinueve (2019).
Pues bien, según consta en el expediente contentivo de la acción de grupo, la
referida providencia se notificó por edicto fijado el ocho (8) de marzo de dos mil
diecinueve (2019) y desfijado el día doce (12) de esos mismos mes y año43. En
consecuencia, de conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil
(CPC)44 ⎯norma bajo la cual se rigió todo su trámite⎯, su ejecutoria ocurrió al
finalizar el quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
En ese sentido, el término de un (1) año con el que contaba la parte para interponer
el recurso por la causal prevista en el numeral 8° del artículo 250 del CPACA se
habría extendido hasta el dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020); sin
embargo, en atención a la suspensión de los términos judiciales que inició
precisamente en esa fecha, debido a la situación generada por el COVID 19, debe
entenderse que el plazo venció el primero (1°) de julio de dos mil veinte (2020),
cuando finalizó la suspensión señalada45. En todo caso, como el recurso de la
43 Folio 439 del PDF denominado “37_CUADERNO 8” del índice 26 de SAMAI.
44 Norma aplicable a la acción de grupo que disponía: “Las providencias quedan ejecutoriadas y
son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada
la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o
complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la
resuelva. (…).” (Se resalta).
45 Debe tenerse en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura, en Acuerdo PCSJA20-11517
de 15 de marzo de 2020, suspendió los términos judiciales desde el 16 de marzo de ese año por la
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referencia fue formulado el día once (11) de marzo de esa misma anualidad46, es
claro que, contrario a lo alegado por la referida Cartera, aquel se presentó de
manera oportuna.
5.2. Análisis de configuración de la causal de revisión alegada
Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, los recurrentes sostienen
que la sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019) se
encuentra incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 8° del artículo 250
del CPACA, toda vez que resulta contraria a la proferida por el Consejo de Estado
el diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965) dentro del
expediente No. 2359 la cual, a su juicio, constituye cosa juzgada respecto de lo que
aquí se debate.
La Sala debe empezar por indicar que en la acción de grupo No. 15693-33-31-001-
2011-00253-02 no se propuso la excepción de cosa juzgada, por lo que es
procedente realizar un análisis de fondo frente a los demás requisitos que exige la
ley y la jurisprudencia para la configuración de la causal de revisión invocada.
Ahora bien, la sentencia proferida por el Consejo de Estado el diez (10) de marzo
de mil novecientos sesenta y cinco (1965), expediente No. 2359 ⎯que, valga
señalar, sí fue aportada al trámite del recurso extraordinario de revisión47⎯, tuvo
como génesis una demanda con la que se buscaba la indemnización de perjuicios
por los daños causados a raíz de una inundación acaecida en 1962, que afectó los
predios que colindaban con el Lago de Tota y en los que se encontraban cultivos
de papa y pastos naturales.
La demanda fue formulada por Josué E. Riveros y otros48, alegando su calidad de
propietarios de dichos predios, en contra de la Nación (no se precisó cuál entidad).
pandemia generada por el Covid-19, suspensión que, después de diferentes prorrogas, fue
levantada el 1° de julio de 2020.
46 Folio 2 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL 1” del índice 15 de SAMAI.
47 Folios 91 a 113 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL 2” del índice 15 de SAMAI.
48 Según consta en los folios 111 y 112 del PDF ibidem, los demandantes fueron: Josué E. Riveros
Benigno Chaparro, Agapito Pérez, Segundo Bernal, Segundo Cardozo, Silvio Montaña, Pedro
Munévar, José Otoniel Costo, Ascensión Pedraza, Agustín Patiño, Benigno Mesa, Jesús Acevedo,
Simón Chaparro, Carlos Vargas, Guillermo Gutiérrez, María Elisa de Laverde, Leopoldo Chaparro,
Humberto Montaña, Bertulfo Pérez, Carlos Emilio Pérez, Segundo Fidel Pérez, Misael Antonio
Corredor, Pedro Gutiérrez, Lucas Pérez, Virgilio Acevedo, Pedro Riveros, Jesús Alarcón Pérez,
Otoniel Montaña Chaparro, Reinaldo Chaparro, Esteban Rodríguez, Gonzalo Rodríguez, Luis
Antonio Cardoza, Julio Gutiérrez, Francisco Rosas, Jesús Bernal López, Arístides Vargas, María
Ramona Vargas, Humberto Montaña Pérez, Alberto Pineda, Betsabé Gutiérrez, Marco Mesa,
Agripina Pérez Barrera, Rosendo Sánchez, Carlos Lemos, Juan Cardozo, Oliverio Pérez, Flaminio
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Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)
Recurrentes: Ligia Stella Flórez Acevedo y otros
Como sustento de la misma, la parte actora indicó que la inundación había sido
provocada por la construcción de obras de regularización del lago a cargo de la
empresa Acerías Paz del Río, las cuales habrían aumentado la cota de inundación
del afluente.
Analizado el asunto, el Consejo de Estado consideró que “la vinculación entre el
daño que sufrieron los demandantes y las obras que adelantó y terminó Acerías
Paz del Rio resulta[ba] evidente”, por lo que condenó a la Nación a pagar una
indemnización por concepto de los “trabajos públicos adelantados por Acerías Paz
del Río S.A en la Laguna de Tota y que ocasionaron la inundación producida en el
año 1962”49.
Ahora bien, como se explicó al fijar los elementos generales de la causal de revisión
bajo examen, la prosperidad de esta causal exige que exista identidad de causa,
objeto y partes entre la sentencia que se dice desconocida y la que es objeto de
revisión, elementos que, conforme se explicará a continuación, no concurren en los
procesos invocados por la parte actora.
En efecto, entre los asuntos analizados no existe identidad de causa ⎯entendida
como el hecho de que “los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en virtud
de los cuales se demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer
proceso50⎯, pues es evidente que los dos trámites respondieron a supuestos
fácticos y jurídicos distintos, circunstancia que impide la configuración de la cosa
juzgada.
Chaparro, Agustín Pérez, Fidel Riveros, Marco Mesa, Luis Pedraza, Casimira Pérez , Samuel Pérez,
José del Carmen Pérez, Modesto Rojas, Manuel Acevedo, Eliécer Montaña, Reinaldo Zambrano,
Froilán Montaña, Raquelina Pérez, Silvio Cardozo, Luis Bello, Virginia de Montaña, José del Carmen
Gutiérrez, Adeodato Pérez, Patricio Torres, Antonio Pérez, Isabel Chaparro de Sánchez, Jorge
Bernal, Wenceslao Cadena, Evangelina Pérez Barrero, Maximiliano Saavedra, Rafael Alarcón,
Oliverio Lemos, Segundo Salinas, Segismundo Patarroyo, Luis Felipe Torres, Luis Montaña
Montaña, José E. Chaparro, Otoniel Plazas C., Miguel Cardozo, Jesús Chaparro Pérez, Aurelio
Zambrano, Gabriel Bautista, Pedro Julio Pérez Contreras, Carlos Flórez, María Francisca Alarcón
Pérez, Angelina Pérez de Bernal, Siervo Pineda M., Segundo Pacífico Alva, Luis Cardozo, Susana
Pérez vda. de Castro, Eduardo Rosas Pérez, Leví Gutiérrez, José Mesa Gutiérrez, Luis Antonio
Alarcón, Antonio Espinel Moreno, Carlos Pineda, Teófilo Pérez, Floriverio Cadena, Aura María Rosa,
Parmenio Chaparro Riveros, Alejandro Acosta, Julio Roberto Gutiérrez, Ana Silvia Mesa de
Gutiérrez, Lucinio Riveros Pérez, Silvio Patarroyo Pérez, Reinalda de Prado, Tránsito Alarcón vda.
de Pérez, Víctor Pérez, Luis Felipe Cepeda, Herminia Lemos López, Luis Alejandro Santos, Herminia
Pedraza, José Eloy Flórez, Silvio de Jesús Cardozo, Silvio Gutiérrez, José del Carmen Alvarado,
Joselyn Montaña, Gabriel Alarcón, Porfirio Cadena, Emilio Pedraza, José del Carmen Pineda,
Leonilde Alarcón vda. de Pedraza y Resurrección Saavedra.
49 Folio 11 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL 2” del índice 15 de SAMAI.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2024, radicación:
11001-03-26-000-2023-00062-00 (69.754).
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Así, mientras en el proceso de radicado 2359 se reclamaban los daños derivados
de la inundación acaecida en el año 1962 por las obras de regularización del Lago
de Tota adelantadas por la entonces empresa estatal Acerías Paz del Río51, en la
acción de grupo No. 15693-33-31-001-2011-00253-02 se buscaba la indemnización
de perjuicios por la inundación acaecida en el año 2010 (que, debe indicarse, por
supuesto no ocurrió de forma idéntica a la que tuvo lugar en 1962), cuya causa fue
atribuida por la parte actora tanto a actividades de intervención del lago ⎯como la
construcción de una presa, la desviación del cauce de las aguas, la incorporación
de compuertas y la introducción de un alga al lago⎯, como a supuestas omisiones
de distintas entidades públicas en el cumplimiento de sus deberes; y, si bien los
accionantes afirmaron que se trataba de una situación “persistente e histórica”, y
refirieron lo sucedido en 1962, lo cierto es que al describir las causas de la
inundación se plantearon referencias concretas a hechos distintos a los alegados
en el proceso que terminó con la sentencia de 1965.
Específicamente, en la demanda que dio origen al proceso 2359 se alegó que «(…)
el Estado delegó en la Empresa "Acerías Paz del Rio S.A.", la construcción de los
siguientes trabajos públicos nacionales que terminaron en los últimos tres meses
de 1961: a) Cegada u obstrucción del cauce natural del Río Upía, en su nacimiento,
río que desde época inmemorial ha servido de desaguadero natural a la LAGUNA
DE TOTA. b). -Desviación del cauce natural del mismo río y relleno con materiales
de construcción del citado cauce en su trayecto de nacimiento. c). - Construcción
de un cauce artificial para el Río Upía a una altura elevada del nivel natural de las
aguas de la laguna, y hechura del muro de contención correspondiente. d).
Construcción de una represa sobre el río Olarte, a una distancia aproximada de un
kilómetro de la Laguna de Tota, cambiándole su desembocadura en el río Upía, y
construcción también de varias obras con el fin de hacer verter con precipitada
rapidez las aguas del citado río Olarte a la Laguna de Tota. Quiere decir lo anterior
que con tales obras so le quitó a la Laguna de Tota su desaguadero natural, y que
le vertió el río Olarte que nunca vertió sus aguas a la Laguna de Tota (sic). // Las
obras públicas mencionadas (…) causaron la elevación del nivel natural de la
laguna de Tota, las cuales se desbordaron como consecuencia directa de tales
trabajos públicos y durante el año 1962 inundaron las zonas aledañas a la laguna,
51 En la providencia en cuestión se indicó expresamente: “Labriegos del Municipio de Puebloviejo,
hoy Aquitania, al instaurar la acción que originó el presente juicio, pretenden que se obligue al Estado
a indemnizarlos debidamente de los perjuicios recibidos en el año de 1.962. Esos perjuicios fueron
ocasionados, según los actores, por haber alcanzado las aguas de la Laguna de Tota un nivel antes
no registrado, con motivo de las obras mencionadas, y haber inundado los terrenos de sembrados
por ellos, aledaños a la Laguna (…)”. Folio 103 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL 2”
del índice 15 de SAMAI.
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Recurrentes: Ligia Stella Flórez Acevedo y otros
las que estaban en su mayoría sembradas de papa y sembradas de pastos
naturales (…).»52 (mayúscula en original).
Por su parte, tal y como quedó referenciado en los antecedentes de esta
providencia, en la acción de grupo No. 15693-33-31-001-2011-00253-02 los
demandantes aludieron a otras obras civiles e intervenciones efectuadas años
después ⎯tales como la construcción de las compuertas de desagüe en el Río
Olarte (hecho 5 de la demanda) y de la presa en forma de herradura (hechos 6, 7
y 8 de la demanda de grupo), y la introducción del alga Elodea (hecho 6 de la
demanda de grupo)⎯, así como a un sinnúmero de “omisiones” en las que, a su
juicio, habrían incurrido las entidades estatales en el manejo y control del lago53.
Pero, además, es claro que en uno y otro caso se trató de sucesos que tuvieron
lugar bajo situaciones fácticas totalmente distintas, con circunstancias ocurridas
con aproximadamente cincuenta (50) años de diferencia, lapso en el que el lago,
sus alrededores y la realidad de las condiciones ambientales allí existentes han
sufrido alteraciones muy significativas.
De hecho, no puede pasarse por alto que una de las razones fundamentales por la
que los jueces de instancia negaron las pretensiones formuladas, fue la
consideración de que lo que realmente ocasionó la inundación de octubre de 2010
fue el fenómeno de La Niña, el cual estructuró una situación de fuerza mayor debido
a que las precipitaciones fueron muy superiores a las que de forma usual e histórica
había recibido el Lago de Tota, fenómeno que no fue ni siquiera reseñado como
parte de la litis en el proceso que terminó con la expedición de la sentencia de 1965.
Por tanto, es claro que los motivos tanto fácticos como jurídicos que fueron
analizados en uno y otro caso son por completo diferentes, lo que, en
consecuencia, excluye la posibilidad de considerar que en estos eventos existe
identidad de causa.
Aunque lo anterior sería suficiente para excluir la existencia de una cosa juzgada
respecto del debate planteado en la acción de grupo de la referencia, se advierte
relevante indicar que en los casos analizados tampoco existe identidad de objeto,
entendida como “la relación o situación jurídica sobre la cual versa el derecho que
52 Folio 93 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL 2” del índice 15 de SAMAI.
53 Demanda de grupo disponible en los folios 2 a 43 del PDF denominado “28_CUADERNO 1” del
índice 26 de SAMAI.
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Recurrentes: Ligia Stella Flórez Acevedo y otros
se pretende en la sentencia y que se somete a la decisión del juez. Como
consecuencia, la pretensión que se ha solicitado en la nueva demanda debe
coincidir con el del otro proceso previamente resuelto, toda vez que no se configura
esta institución procesal sobre pretensiones que no han sido materia de
pronunciamiento en sentencia anterior”54.
Se trata, en relación con este elemento, de que en uno y otro proceso se hayan
planteado las mismas pretensiones, lo que tampoco ocurre en los asuntos bajo
examen, como se advierte al contrastar lo peticionado en uno y otro caso:
Proceso 2359 Proceso 15693-33-31-001-2011-00253-02
«PRIMERA.- El Estado Colombiano 1-.Declarar a la Nación representada por (….) , el
es civil o administrativamente Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
responsable de todos los daños y territorial, domiciliado en Bogotá representado por la
perjuicios materiales sufridos por mis Señora Ministra (….) a la Gobernación de Boyacá
mandantes ya mencionados en esta domiciliada en Tunja, representada por el Señor (…)
demanda, y que les fueron causados , a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
con motivo de las construcciones de CORPOBOYACA, (…) civil y administrativamente
los trabajos públicos nacionales responsables de los daños y perjuicios ocasionados
conocidos con el nombre de "OBRAS a los integrantes de esta acción de grupo y más
riberanos que en el curso del proceso se puedan
DE REGULARIZACIÓN adelantadas
hacer parte como perjudicados, por la falla en el
por la Nación Colombiana por
servicio por parte de las entidades del Estado
intermedio de la Empresa ACERÍAS encargadas de la dirección, regulación, control y
PAZ DEI RÍO S.A. con domicilio en manejo del LAGO DE TOTA, por cuanto
Bogotá (Colombia), y que históricamente vienen actuando de manera
ocasionaron la inundación de las negligente, omisa, retardada incoherente e
zonas aledañas a dicha LAGUNA DE imprevisible, contrario a la lógica, a la
TOTA, durante el año de 1.962, y la responsabilidad otorgada por la Constitución y las
consiguiente pérdida de todas las leyes como entes gubernamentales encargados de
cosechas de PAPA y la de los pastos prestar un servicio público y a las directrices
naturales, de propiedad de mis trazadas por la Presidencia y Vicepresidencia de la
mandantes, situados dentro de los República con ocasión de la ola invernal que acaba
siguientes linderos generales (…) de pasar, en su deber de regular el nivel de altura
del LAGO DE TOTA y que como se demostrará con
SEGUNDA. En consecuencia, las pruebas aportadas y solicitadas, históricamente
CONDENASE (sic) AL ESTADO ha habido una serie de fallas que traen como
COLOMBIANO, a pagar a mis consecuencia las inundaciones de unos terrenos en
mandantes, dentro del plazo fijado en cantidad aproximada de 500 hectáreas, (cantidad
el Código Contencioso Administrativo, que se verificará una vez se practiquen las pruebas
a título de indemnización, las solicitadas); de propiedad en su mayoría como
siguientes cantidades de dinero legal también en calidad de arrendamiento, tenencia o
posesión de pequeños agricultores riberanos que
colombiano: (…)»55. (Mayúsculas en
con su esfuerzo han dado impulso a la actividad
original).
agrícola y productiva de los municipios de Aquitania,
Tota y Cuítiva con el cultivo permanente de cebolla
de rama o larga convirtiéndose en un modelo
agrícola a nivel nacional, pero que como
consecuencia de estas inundaciones quedaron por
fuera de la libre competencia económica y hoy se
ven abocados a la quiebra y desestabilización
económica de sus familias y las familias de los
trabajadores en número aproximado de 4.000 que
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2024, radicación:
11001-03-26-000-2023-00062-00 (69.754).
55 Folios 91 y 92 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL 2” del índice 15 de SAMAI.
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Proceso 2359 Proceso 15693-33-31-001-2011-00253-02
laboraban esas tierras, estas inundaciones se han
prolongado por un periodo de 9 meses y de acuerdo
a como están las cosas se prevé que puedan
extenderse por más de un año dejando inhabilitadas
las tierras cultivables por más de 2 años y
ocasionando así grandes perjuicios a sus
propietarios, y colocando a los consumidores de
agua en riesgos de contraer epidemias como
consecuencia de la descomposición de los cultivos,
plantas y terrenos inundados por la omisión de los
responsables del manejo en las obligaciones de
mantener controlado el nivel del lago. (….).
2-.Que se declare la responsabilidad por falla en el
servicio debido al manejo negligente, tardío,
incompleto, imprevisivo y omisivo por parte de
CORPOBOYACA y las demás entidades
responsables legalmente, del manejo del lago, ya
que esta se da como una sucesión de hechos
históricos donde haciendo un análisis detallado ha
sido una constante la falta de intervención decidida
por parte del estado para garantizar un nivel de
altura del lago que no afecte a los riberanos y que a
su vez preserve este invaluable recurso natural, es
así como las entidades estatales primero ACERÍAS
PAZ DEL RÍO S.A. cuando era estatal luego el
INDERENA, después la CAR y por último
CORPOBOYACA e indirectamente el Ministerio del
Medio ,Ambiente y la Gobernación de Boyacá, cada
entidad en su momento han contribuido a agravar el
problema afectando la preservación del lago como
lo destaca un informe de la Contraloría General de
la Republica que adjunto a la demanda (…) estos
factores han causado perjuicios a los riberanos
violando a todas luces los derechos que tienen ellos
como propietarios de estos terrenos de hacer una
explotación pacífica y plena de su propiedad privada
amparados en el derecho que les otorga la
constitución y las leyes. Y que cuando se proyectó
subir el nivel al lago nunca se les dio un tratamiento
justo y equitativo y por el contrario hoy se quieren
mostrar ante la opinión pública como unos
invasores, cuando en realidad no se les respeta el
derecho sobre la propiedad privada totalmente
acreditada en esta demanda.
3-Que mediante decisión judicial se ordene a la
Nación representada por el Señor Presidente (…) el
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda Desarrollo
Territorial, domiciliado Bogotá representado por la
Señora Ministra (…), a la Gobernación de Boyacá
(…), a la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA Con (…) que a la mayor
brevedad posible diseñe reglamente y ejecute un
plan de manejo hidráulico concertado con la
comunidad, y la Corporación expida un manual de
operaciones hidráulicas en toda la cuenca que
funcione de manera permanente que garantice un
monitoreo, un mantenimiento y un adecuado manejo
de las compuertas del Río Olarte, como la limpieza
periódica del canal de salida del Río Upía de
acuerdo a (sic) los ciclos de lluvia que se presentan
(…) buscando así la armonía, colaboración y
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Proceso 2359 Proceso 15693-33-31-001-2011-00253-02
convivencia entre los diferentes actores del conflicto
aprovechando la explotación agrícola de las riberas
del lago por ser unas de las tierras más ricas del
país, pero a su vez respetando los 30 metros de
ronda que contempla la ley y el Esquema de
Ordenamiento Territorial de Aquitania y para evitar
así futuras inundaciones de las zonas planas
aledañas al lago ubicadas principalmente en las
veredas de Donsiquira y la Puerta del municipio de
Tota, Suse, Daíto, Pérez, Vargas. Hatoviejo, Cajón,
Susacá y Hatolaguna del municipio de Aquitania y
Amarillos y Buitreros en el municipio de Cuítiva. Esta
pretensión está también sustentada en el pacto de
cumplimiento que se suscribió en la audiencia
pública de pacto de cumplimiento celebrada el 11 de
julio de 2006, dentro de la acción popular interpuesta
por Rito Alfonso Pérez Preciado contra
CORPOBOYACA y otros con radicado No.2005-
0203 y que también solicito señor juez se verifique
su cumplimiento a cabalidad o se establezca si se
incurrió en desacato a lo allí dispuesto, pues las
cosas siguen igual o peor y la causa es la misma sin
que se hubiera solucionado, si se cumple en su
totalidad como fue dispuesto. Para lo cual solicito
requerir al comité de vigilancia nombrado dentro del
pacto de cumplimiento para que rinda un informe
sobre el cumplimento de cada uno de los
compromisos allí adquiridos. Y establecer si se
acató lo pactado.
4-. Que mediante decisión judicial se ordene a la
Nación representada por el Señor Presidente de la
Republica de (…) , el Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda Desarrollo territorial, (…) a la Gobernación
de Boyacá (…) , a la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, para que de
la forma más rápida posible intervenga en la
ejecución de obras necesarias para conjurar la
inundación, como son montar un sistema de
evacuación de aguas por el Río Upía más eficiente
y moderno que aumente la capacidad de salida
acorde con las nuevas precipitaciones derivadas del
cambio climático, así mismo modernizar el sistema
de compuertas del Río Olarte para que sean
operadas con facilidad seguridad y eficiencia y
permitan la entrada del agua de manera abundante
en las épocas de sequía y el cierre total para impedir
la entrada del agua al lago en las épocas de lluvia
como la que está ocurriendo ahora.
5.-Que mediante sentencia judicial se condene a la
Nación (…), el Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda Desarrollo territorial, (…) , a la Gobernación
de Boyacá (…) , a la Corporación Autónoma
Regional Boyacá CORPOBOYACA al pago de la
suma de $24.842 veinticuatro mil ochocientos
cuarenta y dos pesos es el valor del perjuicio
ocasionado por metro cuadrado de cultivo de cebolla
durante los anteriores 9 meses, de los predios de
cada afectado por las inundaciones, esto
multiplicado por los metros cuadrados que cultiva
cada accionante afectado es el valor individual de
perjuicios ocasionados a cada uno y la suma de
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todos esos valores individuales nos da el monto total
de los perjuicios ocasionados a los cultivadores de
cebolla en las riberas del Lago de Tota como
consecuencia de las inundaciones ocasionadas por
falla en el servicio por parte de las entidades
encargadas del manejo del Lago de Tota. Valor
determinado como se explica detalladamente en el
capítulo de la cuantía. Igualmente solicito se decrete
la reparación integral de los perjuicios que se
prueben dentro del proceso.
6-Que la Nación (…), el Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda Desarrollo territorial, (…) , a la
Gobernación de Boyacá (…) , a la Corporación
Autónoma Regional Boyacá CORPOBOYACA, sean
condenados al pago de las costas y gastos del
proceso.
7-. Que la Nación (…), el Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda Desarrollo territorial, (…) , a la
Gobernación de Boyacá (…) , a la Corporación
Autónoma Regional Boyacá CORPOBOYACA sean
obligados mediante sentencia desde ya y de manera
permanente a apropiar un presupuesto y designar
un funcionario encargado y responsable de llevar el
monitoreo de niveles del lago y según un criterio
técnico definido, opere oportunamente las
compuertas o exclusas que se construyan y así se
garantice mantener un nivel adecuado que no
ocasione inundaciones igualmente minimice el
impacto de las sequías en época de verano.
8-.Que la Nación (…), el Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda Desarrollo territorial, (…) , a la
Gobernación de Boyacá (…), a la Corporación
Autónoma Regional Boyacá CORPOBOYACA
mediante sentencia judicial se hagan responsables
de garantizar la salubridad de los consumidores de
agua del lago de Tota y del manejo ambiental para
evitar o mitigar la contaminación derivada de las
inundaciones en comento; Aplicando un programa
efectivo oportunamente. Y reparando en su totalidad
el daño causado.
9. Solicito igualmente que el señor Juez mediante
sentencia judicial condene la Nación (…), el
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda Desarrollo
territorial, (…) , a la Gobernación de Boyacá (…) , a
la Corporación Autónoma Regional Boyacá
CORPOBOYACA, al pago del lucro cesante y daño
emergente, calculando que al momento de la
presentación de la demanda, la inundación persiste
y si el nivel bajara a su estado normal en los
siguientes 3 meses, esto ejecutando las
demoliciones de las presas solicitadas en el capítulo
de medidas cautelares y el cierre total inmediato de
las compuertas del rio Olarte según estimativos de
los agricultores de acuerdo a su experiencia, una
vez desecado el suelo se puede volver a cultivar en
un año después. Para tazar el lucro cesante y el
daño emergente solicito Señor Juez se acuda la
misma fórmula expuesta en el capítulo de la cuantía
por cuanto el cultivo de cebolla es de carácter
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Proceso 2359 Proceso 15693-33-31-001-2011-00253-02
permanente y los agricultores riberanos lo
desarrollan como su única actividad económica.
10-. Solicito señor Juez, que el fallo que se profiera
debe ser en los términos y cumplimiento de los
artículos 176. 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo.” (negritas y mayúsculas en original)
Así, como se observa, mientras en el primer proceso las pretensiones estaban
relacionadas únicamente con el reconocimiento de una indemnización por los
daños causados a unos cultivos de papa y pastos, en el segundo se solicitó la
indemnización de perjuicios por la pérdida de cultivos de cebolla, además de
variadas peticiones relacionas con la verificación del cumplimiento de una acción
popular y la realización de unas obras de mitigación, lo cual descarta que se trate
de procesos idénticos en los que se hayan ventilado los mismos asuntos y que, por
tanto, puedan dar por configurado el fenómeno de la cosa juzgada.
Finalmente, debe indicarse que tampoco se advierte debidamente acreditada la
identidad de partes, pues, mientras en la parte pasiva varias de las entidades
demandadas en la acción de grupo ni siquiera existían en el año 1965 ⎯como lo
puso de presente CORPOBOYACA⎯, en la parte activa se advierte también una
falta de uniformidad, aspecto sobre el que el apoderado de los recurrentes solo
afirmó, de manera absolutamente general, que los integrantes del grupo del
segundo proceso eran herederos de los demandantes anteriores, aspecto que solo
probó para 5 de los predios supuestamente afectados, lo que resulta claramente
insuficiente para entender que existe identidad de partes en los términos exigidos
legal y jurisprudencialmente para la configuración de la cosa juzgada.
En todo caso, debe advertirse que la forma como está planteado el reclamo por los
recurrentes parte de un entendimiento equivocado de la institución de la cosa
juzgada y de la finalidad de la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo
251 del CPACA ⎯que, como lo ha señalado la jurisprudencia, busca evitar que “se
inici[e] un proceso entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, luego de
haberse proferido sentencia en otro anterior (…) [para] revivir lo ya decidido en
contravía del propósito de la cosa juzgada que no es otro que evitar decisiones
contradictorias sobre un mismo asunto y entre las mismas partes”56⎯, pues lo cierto
56 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 14, sentencia del 5 de abril de 2016, radicación
11001-03-15-000-2007-01433-00.
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Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)
Recurrentes: Ligia Stella Flórez Acevedo y otros
es que, de advertirse acreditada realmente la cosa juzgada, ello no conduciría a un
nuevo reconocimiento de perjuicios sino a la infirmación de la sentencia del
segundo proceso, por haberse surtido ya el debate judicial correspondiente, y a la
imposibilidad de que se inicien nuevos procesos o se dicten en el futuro otras
decisiones judiciales en relación con ese mismo asunto.
En ese sentido, contrario a lo que equivocadamente entiende la parte actora, no se
trata de que la cosa juzgada pudiere operar para entender abierta la posibilidad de
reclamar indefinidamente en el tiempo indemnizaciones para todos los casos
relacionados con inundaciones acaecidas en el Lago de Tota ⎯con fundamento en
la sentencia de 1965⎯, sino que, por el contrario, ella tendría la virtualidad de dar
lugar a la terminación de todos los nuevos procesos que se llegaran a iniciar por
esos hechos.
Por lo demás, es claro que un entendimiento como el propuesto por los recurrentes
desconocería el sentido y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, de
acuerdo con el cual la reparación solo es procedente cuando se logran demostrar
todos los elementos propios de la responsabilidad extracontractual del Estado para
cada caso en particular.
Así las cosas, lo que se advierte es que con el ejercicio del recurso extraordinario
de revisión se intenta dar paso a una instancia adicional ante la inconformidad de
los otrora demandantes de la acción de grupo con las decisiones de instancia que
fueron adversas a sus intereses, lo cual resulta abierta improcedente teniendo en
cuenta la finalidad y objeto restringido de esta herramienta judicial.
Por todo lo anterior, es claro que en el caso bajo examen la causal de revisión
prevista en el numeral 8° del artículo 250 del CPACA no está configurada, pues la
sentencia proferida dentro del proceso No. 2359 no constituye cosa juzgada
respecto de lo debatido en la acción de grupo No. 15693-33-31-001-2011-00253-
02, ya que, se insiste, mientras la inundación que dio lugar al proceso que terminó
con la expedición de la sentencia de 1965 fue causada por unas obras civiles
adelantadas por la empresa Acerías Paz del Río ⎯como se estableció en sede
judicial⎯, en la controversia que originó la decisión aquí recurrida la inundación se
produjo, de acuerdo con lo concluido por las instancias, por un fenómeno climático
imprevisible, lo que, de suyo, excluye que se trate de asuntos iguales. En
consecuencia, el recurso de revisión de la referencia deberá declararse infundado.
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Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)
Recurrentes: Ligia Stella Flórez Acevedo y otros
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló antes de la expedición de la Ley 2080 de 202157, para resolver sobre las
costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo vigente antes de la modificación introducida por
dicha ley, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General del
Proceso (CGP).
Así, según lo establece el numeral 1° del artículo 365 del CGP, se condenará en
costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto” (se resalta).
En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrieron la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, CORPOBOYACA y la Agencia de Desarrollo Rural, de conformidad con
los parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, “[p]or el
cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura58, la Sala condenará a los recurrentes a pagar por ese
concepto la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv)
en favor de cada una de esas entidades, atendiendo a la naturaleza, duración y
complejidad del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
formulado contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil
57 El inciso final del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 contempla: “En estos mismos procesos, los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos,
se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”
58 “ARTÍCULO 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: // (…) 9. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V”.
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Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)
Recurrentes: Ligia Stella Flórez Acevedo y otros
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la acción de
grupo No. 15693-33-31-001-2011-00253-02.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente por concepto de
agencias en derecho a la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente (smlmv) en favor de cada una de las entidades que intervinieron en el curso
de este proceso, esto es, de la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de CORPOBOYACA y de la Agencia de Desarrollo Rural, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.
TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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