Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00062-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00062-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00062-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-26-000-2023-00062-00 (69.754)
Actor: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ ACEVEDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – LEY 1437 DE 2011-
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituye cosa juzgada / COSA JUZGADA – Elementos para su configuración
– No se cumplen en el presente caso - El sentido de las sentencias invocadas fue diferente,
a partir de las pruebas y el razonamiento jurídico sobre el cual se edificaron las decisiones.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores
Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros contra la sentencia de 25 de abril de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte recurrente considera que frente a la sentencia censurada se configura la
causal establecida en el numeral 8° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en
tanto que es contradictoria a otra decisión anterior que constituye cosa juzgada,
dado que ambos casos versaron sobre la misma situación fáctica.
II. ANTECEDENTES
1. Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de revisión
El 22 de abril de 20151, los señores Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
contra la Nación -Rama Judicial- y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios a ellos
irrogados, por la supuesta privación injusta de la libertad de 14 personas2.
1 Índice 2 de SAMAI.
2 En concreto, los señores Miguel Ángel Acevedo Muñoz, Javier Enrique Acevedo Muñoz, Faber
Alonso Zapata Londoño, Jairo Alonso Zapata Londoño, José Isaías Medina Márquez, Jhon Ariel
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00062-00
No. Interno: 69.754
Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Mediante sentencia del 14 de marzo de 20173, el Juzgado 18 Administrativo del
Circuito de Medellín declaró patrimonialmente responsable a las entidades
accionadas, por cuanto consideró que en el proceso penal que originó la litis no se
logró desvirtuar la presunción de inocencia de las víctimas directas, quienes
finalmente fueron absueltas, de ahí que, bajo la óptica del régimen de
responsabilidad objetivo, debía condenarse a la parte demandada.
La Rama Judicial y la Fiscalía apelaron la determinación anterior y mediante
sentencia de 25 de abril de 20224 el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la
decisión de primer grado, toda vez que consideró que, de conformidad con
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la medida de
aseguramiento que se profirió en contra de los demandantes fue legal, razonable y
proporcional.
2. Recurso extraordinario de revisión y su trámite
2.1. El 27 de marzo de 20235, los señores Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros6
interpusieron recurso extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia,
para lo cual alegaron la causal 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada-, toda vez que consideran que la sentencia
censurada resulta contraria a una dictada en otro proceso frente al cual se configuró
el fenómeno de la cosa juzgada.
2.2. A juicio de la Rama Judicial7, en el sub lite la diferencia en el sentido de cada
una de las decisiones invocadas obedeció a que en cada caso el análisis de
responsabilidad se abordó bajo distintos regímenes de responsabilidad; además,
las pruebas allegadas en cada litigio fueron diferentes.
Tamayo Marín, Luis Eduardo Villa Marulanda, Jaime Ernesto Villa Marulanda, Andrés Ortiz Ospina,
Wilson de Jesús Ochoa Rendón, Aleida Rosa Prisco Marulanda, Lucila Chigama Guasirucama,
Wilmar Andrés Ochoa Chigama, y Rodrigo Escobar Ospina.
3 Providencia que obra en el índice 2 de SAMAI.
4 Ibidem.
5 Índice 2 de SAMAI.
6 El recurso extraordinario de la referencia fue promovido por los grupos familiares de las 14 personas
relacionadas en la nota a pie de página número 2, los cuales también fueron demandantes en el
proceso inicial.
7 Índice 23 de SAMAI.
2
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00062-00
No. Interno: 69.754
Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
2.3. La Fiscalía General de la Nación8 sostuvo que, a través del recurso
extraordinario de revisión, la parte recurrente pretende generar una tercera instancia
frente a un litigio declarativo que finalizó en los términos que correspondían.
2.4. El Ministerio Público rindió concepto en el sub lite9, en el que manifestó que
el recurso extraordinario de la referencia carece de vocación de prosperidad, dado
que no se configuraban los requisitos de cosa juzgada, sumado a ello, los litigios
ordinarios fueron resueltos con base en lo pretendido en cada caso concreto y con
fundamento en las pruebas que obraban en cada uno de los expedientes.
2.5. Mediante proveído del 25 de octubre de 202310, se resolvieron las solicitudes
probatorias formuladas por las partes, determinación que no fue recurrida 11.
III. CONSIDERACIONES
1. Causal de revisión establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011
La parte demandante invocó la causal de revisión prevista en el numeral 8 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 201112 consistente en “[s]er la sentencia contraria a
otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada (…)”.
Lo anterior dado que, en criterio de los recurrentes, existen dos sentencias
contradictorias dictadas por el Tribunal ad quem, en las que se debatió la misma
causa petendi, en tanto que en ambos litigios se analizó la responsabilidad estatal
por la supuesta privación injusta de la libertad de un grupo de personas capturadas
el mismo día, a saber:
i) El fallo de segundo grado del 28 de septiembre de 2021, proferido en el marco del
proceso con radicado 05001-33-33-033-2016-00353-01, promovido por el señor
Jesús Escobar Escobar -padre del recurrente Rodrigo Escobar Ospina-, en el que
8 Índice 27 de SAMAI.
9 Índice 24 de SAMAI.
10 Índice 30 de SAMAI.
11 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 14 de
noviembre de 2023. Índice 34 de SAMAI.
12 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: (…) 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada” (se
destaca).
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No. Interno: 69.754
Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
se accedió a las pretensiones de la demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa.
ii) Y la sentencia objeto de revisión, dictada en el proceso con radicado 05001-33-
33-018-2015-00488-01, en la que se negaron las súplicas de la demanda.
La parte actora señala que en ambos litigios se discutieron pretensiones idénticas y
se practicaron las mismas pruebas; además, la litis en cada proceso giró en torno a
la responsabilidad patrimonial del Estado, en virtud del título jurídico de imputación
de privación injusta de la libertad, por lo que, a su juicio, existe identidad de objeto.
Aunado a ello, los accionantes también manifestaron que en ambos casos se
discutieron los perjuicios causados por la captura de 14 personas en el mismo
allanamiento, por lo que, si bien, en principio, podría concluirse que los litigios fueron
promovidos por partes distintas, dado que el primer proceso solo fue interpuesto por
el padre de uno de los sindicados, lo cierto es que existe identidad jurídica de partes,
en tanto que se trató de la misma causa y objeto.
A juicio de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, el sentido de cada
una de las decisiones fue diferente, toda vez que: i) en los litigios declarativos no se
allegaron las mismas pruebas; ii) cada caso fue analizado bajo regímenes de
responsabilidad distintos, y iii) lo que los accionantes pretenden es promover una
instancia adicional al proceso de reparación directa.
El Ministerio Público sostuvo que en el sub lite no se configuraban los requisitos de
cosa juzgada, dado que no existe identidad de partes y de objeto.
2. Análisis de la causal de revisión establecida en el numeral 8 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011.
El Consejo de Estado13 ha establecido que para que se configure la causal de
revisión establecida en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es
necesario que: i) existan dos sentencias contradictorias; ii) que la providencia
contrariada constituya cosa juzgada, lo cual sucede en procesos donde están
involucradas las mismas partes, que versan sobre el mismo objeto y se adelantan
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013,
C.P: Gerardo Arenas Monsalve, exp: 2001-00118-01 (REV). En ese mismo sentido, también se
pueden consultar la sentencia dictada por esta Subsección el 8 de noviembre de 2021, C.P: María
Adriana Marín, exp: 51.617.
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Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
por la misma causa, y iii) que la cosa juzgada no se haya alegado como medio
exceptivo en el segundo proceso.
Asimismo, de conformidad con el artículo 30314 del CGP15, para que se configure la
cosa juzgada se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: i) identidad
de objeto; ii) identidad de causa, e iii) identidad de partes. Sumado a ello, el inciso
cuarto del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 regula los efectos de las sentencias
dictadas, entre otros procesos, en los litigios relativos a la pretensión de reparación
directa, así:
“(…) La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa
y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso
que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos
haya identidad jurídica de partes (…)” (se resalta).
La Sala determinará si se cumplen con los referidos presupuestos para que se
configure la cosa juzgada, para lo cual se elabora el siguiente cuadro comparativo:
Requisito Proceso de reparación directa Proceso de reparación directa
con radicado 05001-33-33-033- con radicado 05001-33-33-018-
2016-00353-01 2015-00488-01
Miguel Ángel Acevedo Muñoz,
Javier Enrique Acevedo Muñoz,
Faber Alonso Zapata Londoño,
Jairo Alonso Zapata Londoño,
José Isaías Medina Márquez,
Jhon Ariel Tamayo Marín, Luis
Parte Jesús Escobar Escobar Eduardo Villa Marulanda, Jaime
demandante Ernesto Villa Marulanda, Andrés
Ortiz Ospina, Wilson de Jesús
Ochoa Rendón, Aleida Rosa
Prisco Marulanda, Lucila
Chigama Guasirucama, Wilmar
Andrés Ochoa Chigama y
Rodrigo Escobar Ospina y sus
correspondientes grupos
familiares.
14
A cuyo tenor: “Artículo 303. Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para
que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación
con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión”.
15
Aplicable al sub lite, en virtud de la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la ley 1437
de 2011.
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Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Parte Nación-Rama Judicial y Fiscalía Nación-Rama Judicial y Fiscalía
demandada General de la Nación General de la Nación
Que se le indemnizaran al señor Para que los accionantes fueran
Escobar Escobar los perjuicios indemnizados por los perjuicios
Objeto inmateriales16, ocasionados por materiales e inmateriales17
la privación injusta de la libertad, causados con la supuesta
que padeció su hijo, Rodrigo privación injusta de la libertad de
Escobar Ospina. en un 14 personas.
establecimiento carcelario.
El 9 de abril de 2012, el Cuerpo El 9 de abril de 2012, de manera
Técnico de Investigación y el conjunta, el Cuerpo Técnico de
Ejército Nacional llevaron a cabo Investigación y el Ejército
un allanamiento en el municipio Nacional realizaron un
de Anorí-Antioquia, en el que allanamiento en Anorí, en el que
capturaron a 22 personas, entre detuvieron a 22 personas, entre
ellas, al señor Rodrigo Escobar ellas, los señores los señores
Ospina. Miguel Ángel Muñoz Acevedo y
otras 13 personas.
El 20 de abril siguiente, el
Causa Juzgado 17 Penal Municipal con Mediante auto del 20 de abril de
petendi Función de Control de Garantías esa misma anualidad, el Juzgado
de Medellín dictó medida de 17 Penal Municipal con Función
aseguramiento contra el señor de Control de Garantías profirió
Escobar Ospina, en el marco de medida de aseguramiento contra
un proceso penal adelantado con los capturados, decisión dictada
ocasión de los delitos de porte en el marco de la investigación
de arma de fuego, rebelión, penal por los delitos de porte de
concierto para delinquir arma de fuego, rebelión,
agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir
homicidio agravado y tráfico de agravado, enriquecimiento ilícito,
estupefacientes. homicidio agravado y tráfico de
estupefacientes.
En sentencia del 30 de julio de
2014, el Juzgado 2º Penal El 18 de diciembre de 2013, el
Especializado de Antioquia Juzgado 1º Especializado de
absolvió al señor Escobar Antioquia absolvió a los
Ospina, por cuanto no existían sindicados por los delitos de
pruebas que permitieran homicidio agravado y tráfico de
desvirtuar la presunción de estupefacientes, en aplicación del
inocencia. principio de in dubio pro reo.
Respecto de los demás delitos, a
través de sentencia del 30 de
julio de 2014, el Juzgado 2º Penal
Especializado de Antioquia
absolvió a los capturados, para lo
cual determinó que las pruebas
aportadas por la Fiscalía carecían
16 En concreto, por: i) perjuicios morales; ii) daño a la salud y, iii) daño a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos.
17 En la referida demanda de reparación directa, se pidió, a título de indemnización: i) lucro cesante
consolidado; ii) perjuicios morales; iii) “daño a la vida en relación”, y iv) “daño a la afectación de
derechos fundamentales”.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
de licitud y convicción, por ende,
no se logró desvirtuar la
presunción de inocencia.
.
2.1. Identidad de causa en el sub lite
Esta Corporación ha señalado que la causa petendi es el hecho jurídico que sirve
de razón, motivo y fundamento de la pretensión, es decir, responde al interrogante
del porqué del litigio18. En consecuencia, la identidad de causa consiste en que los
supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en virtud de los cuales se demanda
sean en esencia los mismos expuestos en el primer proceso, de manera que si
varían, el segundo proceso es diferente y no existe cosa juzgada19.
La Subsección observa que en la sentencia de segunda instancia proferida en el
proceso con radicado 2016-00353-01, el Tribunal Administrativo de Antioquia
determinó los supuestos fácticos alrededor de los cuales giraba la controversia, así
(se transcribe literal, incluso con posibles errores):
Primero. El día 9 de abril del 2012 en horas de la mañana, el cuerpo técnico
de investigación con el apoyo del Ejército Nacional, realizó un operativo
de captura de allanamiento en la zona rural y urbana del municipio de
Anorí.
Segundo. Esta operación se realizó en cumplimiento de orden de
allanamiento y captura ordenada por el Juzgado Doce de Control de
Garantías de Medellín, por solicitud incoada por la Fiscalía 29 Especializada
Medellín.
Tercero. Como resultado de dicha operación fue capturado el señor
Rodrigo Escobar Ospina junto con otras 21 personas.
Cuarto. El día 20 abril de 2012, fue impuesta medida de aseguramiento al
señor Rodrigo Escobar Opina. Por parte del Juzgado Diecisiete de Control
de Garantías de Medellín, por lo que fue recluido en el centro penitenciario y
carcelario de mediana seguridad de Medellín Bellavista, durante 9 meses
18 Respecto de la identidad de causa, la doctrina ha explicado lo siguiente: “b) La causa, que atañe
al conjunto de hechos y de normas que sirven de fundamento a las pretensiones. Estructuran la
causa petendi, esto es, las razones de hecho y de derecho que el actor invoca para apoyar las
súplicas del libelo. Responde al cuestionamiento: ¿Por qué se litiga?”. MARÍN MORA, José Mauricio,
Actos Procesales, IEMP Ediciones 2015, página 122.
19 Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente:
“Por causa, de antaño tiene decantado la Corporación, debe entenderse el hecho jurídico que
sirve de fundamento a las súplicas, vale decir, la situación que el actor hace valer en su
demanda como cimiento de la acción, distinto por supuesto de ésta, porque de un solo y
mismo sustrato fáctico pueden derivar varias acciones; es, igualmente, la ´(…) narración del
libelo, la relación del caso que ha originado los derechos y dado motivo a la reclamación en justicia”
(se destaca). Sentencia del 14 de noviembre de 2017, M.P: Luis Armando Tolosa Villabona, exp:
STC18789-2017.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
contados desde el 23 de abril del 2012 al 6 de febrero del 2013, fecha en la cual
recuperó su libertad con ocasión de solicitud de audiencia revocatoria de
medida aseguramiento.
Quinto. En el mes de diciembre del 2013, la Fiscalía solicitó audiencia de
preclusión parcial, por la mayoría de los delitos ante Juez Primero Especializado
de Antioquia, despacho que concluyó los delitos de homicidio agravado y tráfico
de estupefacientes”20 (se destaca).
En consecuencia, el Tribunal determinó que el problema jurídico a resolver era
establecer si la privación de la libertad del señor Rodrigo Escobar Ospina constituía
un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas, según el artículo 90 de
la Constitución Política.
En el proceso de reparación directa con radicado 2015-00488-01, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al dictar fallo de segundo grado, destacó los hechos
jurídicos sobre los cuales se edificaron las súplicas de la demanda, así (se
transcribe literal, incluso con posibles errores):
“Afirma que el 09 de abril de 2012 en horas de la mañana el Cuerpo Técnico
de Investigación con el apoyo del Ejército Nacional, realizó el operativo de
captura y allanamiento, en cumplimiento a la orden impartida por el
Juzgado Doce de Control de Garantías de Medellín.
Informa que en el operativo se capturó a 21 personas, entre ellos los
demandantes, acusadas de ser integrantes del Frente 36 de las FARC, sin
embargo, únicamente se encontró un revólver sin munición, al señor Hernando
de Jesús y no había algún otro tipo de evidencia.
Refiere que el 20 de abril de 2012, se practicó la audiencia de legalización
de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, ante el
Juzgado Diecisiete de Control de Garantías de Medellín, quien impuso
medida de aseguramiento de reclusión intramural a todos los
demandantes.
(…)
Informa que el 30 de julio de 2014, el Juez Segundo Penal Especializado de
Antioquia profirió fallo a favor de la totalidad de los demandantes”21 (se resalta).
El ad quem señaló que a esa corporación le correspondía establecer si, a la luz del
artículo 90 de la Constitución, la Rama Judicial y la Fiscalía eran responsables
patrimonialmente por la privación de la libertad de los demandantes.
En suma, si bien en el sub lite se presenta identidad de causa, en tanto a que en
20 Folios 2 y 3 de la referida sentencia.
21
Folios 2 y 3 del mencionado fallo.
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Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
ambos procesos el objeto de la litis giró en torno a la privación de la libertad de un
grupo de personas que fueron capturadas durante un operativo de allanamiento
que, de manera conjunta, realizaron el Cuerpo Técnico de Investigación y el Ejército
Nacional el 9 de abril de 2012 en el municipio de Anorí (Antioquia) y el 20 de abril
siguiente, el Juzgado 17 Municipal con Función de Control de Garantías dictó
medida de aseguramiento en contra de las personas detenidas, lo cierto es que no
existe identidad de partes, ni tampoco de objeto, por las razones que se exponen a
continuación.
2.2. Inexistencia de identidad de partes en el sub lite
Respecto de la identidad de partes, esta Sección22 ha explicado que esta se
concreta no en la equivalencia física, sino jurídica de los sujetos vinculados al
correspondiente litigio23, en virtud del principio de relatividad de las sentencias
establecido en el artículo 17 del Código Civil 24, según el cual, la fuerza obligatoria
de la respectiva providencia judicial se limita a las personas que han intervenido en
el proceso en el cual se profirió.
Bajo esa línea de pensamiento, esta Corporación ha considerado que la identidad
jurídica y no de personas, se predica solo en los casos de sucesión por causa de
muerte o cuando media un contrato que otorgó dicha facultad de representación25,
22 Sobre el requisito de identidad de las partes de cara a la cosa juzgada, se puede consultar el auto
proferido el 24 de noviembre de 2017, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 60.048. En ese mismo sentido, también se pueden
ver las siguientes decisiones: i) Sección Segunda, Subsección A, auto del 29 de agosto de 2019,
C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, exp: 2014-00070-01, y ii) Sección Primera, auto del 7 de
diciembre de 2017, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2015-02253-01.
23 Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: “
(…) atañe a la posición jurídica o situación jurídica de la parte, titular del interés asignado por el
derecho, ab origine o ab posteriore, comprendiendo hipótesis de adquisición originaria y derivativa,
traslaticia o constitutiva y presupone la concurrencia al proceso del titular del derecho debatido,
relación, situación o posición jurídica para deducir una pretensión frente a alguien,
contemplándose los extremos de la relación procesal, esto es, el titular de la pretensión (parte
activa o demandante) y vinculado a ésta (parte pasiva o demandada) o, lo que es igual, la
coincidencia de los titulares de la relación jurídica sustancial y procesal debatida en juicio”
(se destaca). Sentencia del 19 de septiembre de 2009, M.P: William Namen Vargas, exp: 2003-
00318-01.
24 A cuyo tenor “Articulo 17. Fuerza de las sentencias judiciales - interpretación por vía de decisión o
de especie. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en
que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su
competencia por vía de disposición general o reglamentaria” (se destaca).
25 Frente a la identidad jurídica de las partes, la doctrina ha indicado lo siguiente: “No se debe
confundir la identidad de partes con la identidad de personas; si bien es cierto que el requisito se
configura claramente cuando los integrantes de las partes en el nuevo proceso son las mismas
personas que intervinieron en el anterior, puede ser que haya cambio físico de personas mas no
alteración de la parte, como sucede cuando en el nuevo proceso intervienen los sucesores mortis
causa o los causahabientes de las personas que figuraron en el primer proceso, que derivan su
derecho de un acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de
derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00062-00
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Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
lo cual no ocurrió en el sub júdice.
En efecto, la Sala advierte que el proceso de reparación directa con radicado 2016-
00353 fue promovido únicamente por el señor Jesús Escobar Escobar, quien
formuló la demanda por la privación de la libertad de su hijo, el señor Rodrigo
Escobar Ospina, de ahí que la intervención del señor Escobar Escobar en dicho
litigio no surgió con ocasión de sucesión por causa de muerte, ni tampoco en virtud
de algún contrato mediante el cual se le otorgara la facultad de representar al señor
Escobar Ospina, sino que -se reitera- demandó en su condición de padre de una de
las personas que estuvo privada de la libertad.
En contraste, la Subsección observa que el proceso de reparación directa con
radicado 2015-00488, en el marco del cual se dictó el fallo censurado, la parte
demandante estaba compuesta por los hoy recurrentes, inclusive el señor Rodrigo
Escobar Ospina, quien formuló la demanda en calidad de víctima directa del daño,
de ahí que, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, en el sub lite no existe
identidad jurídica de partes.
2.3. Inexistencia de identidad de objeto en el sub lite
Frente a la identidad de objeto, esta Corporación26 ha precisado que se refiere a la
relación o situación jurídica sobre la cual versa el derecho que se pretende en la
sentencia y que se somete a la decisión del juez. Como consecuencia, la pretensión
que se ha solicitado en la nueva demanda debe coincidir con el del otro proceso
previamente resuelto, toda vez que no se configura esta institución procesal sobre
pretensiones que no han sido materia de pronunciamiento en sentencia anterior27.
En el sub examine la Sala advierte que en los litigios invocados no versaron sobre
las mismas pretensiones, por cuanto no se discutieron los mismos perjuicios, dado
que: i) en el proceso con radicado 2016-00353-01, el señor Jesús Escobar Escobar
solicitó que se le reconocieran e indemnizaran los perjuicios inmateriales
Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I, Bogotá, D.C., Dupre Editores Ltda.,
2005, página 648.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 26 de
noviembre de 2009, C.P: Gerardo Arenas Monsalve, exp: 2005-00167-01.
27 Respecto de la identidad de objeto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: “Identidad de
objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente (…)” (se resalta). Sala Tercera de Revisión, sentencia T-380 del 28
de junio de 2013, M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez, exp: T-3.806.497.
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00062-00
No. Interno: 69.754
Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
ocasionados con la privación de la libertad de su hijo, y ii) en el proceso con radicado
2015-00488, además de los perjuicios inmateriales causados a cada uno de los
demandantes, también se pidió el lucro cesante que supuestamente dejó de recibir
cada uno de ellos.
Así las cosas, es claro que, si bien en los procesos invocados por la parte recurrente
se debatió lo relacionado con la responsabilidad estatal bajo el título jurídico de
imputación de privación injusta de la libertad, lo cierto es que en cada litigio se
pretendían indemnizaciones por perjuicios diferentes, de ahí que no existe un
derecho previamente reconocido, declarado o modificado a favor de los ahora
demandantes y, por ende, no hay lugar a predicar la identidad de objeto.
En suma, en el sub júdice no se configura el fenómeno procesal de la cosa juzgada,
en tanto que, como se advierte, no existe identidad de partes y de objeto, dada la
diferencia de las pretensiones formuladas en cada uno de los procesos invocados
y de los demandantes en uno y otro asunto, requisitos necesarios para que proceda
la causal de revisión alegada por la parte recurrente.
2.4. Los recurrentes pretenden promover una tercera instancia
Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que, si bien el sentido de los fallos
invocados por la parte demandante fue diferente, lo cierto es que ello obedeció a
que en el litigio que promovieron los recurrentes por la privación de la libertad de los
señores Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros no se probó la falla en el servicio que
invocó en ese proceso.
En efecto, la Sala observa que la sentencia de segunda instancia del 28 de
septiembre de 2021, proferida en el marco del proceso de reparación directa con
radicado 2016-00353, el Tribunal Administrativo revocó el fallo denegatorio de
primer grado, para lo cual consideró que: i) la parte demandante acreditó la
existencia del daño alegado, consistente en la privación de la libertad del señor
Rodrigo Escobar Ospina, y ii) dicho menoscabo era imputable a las entidades
accionadas.
Lo anterior, en cuanto, en criterio del Tribunal, la actuación de la Fiscalía fue
deficiente, dado que esa entidad se basó en un informe que no fue verificado, así
como en otros procesales penales que se promovieron contra miembros del frente
36 de las FARC que no daban cuenta de la supuesta colaboración del señor Escobar
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Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Ospina con ese grupo guerrillero y, en todo caso, el ente acusador no adelantó las
actividades de investigaciones previas para verificar si existían razones suficientes
para promover la acción penal, según el artículo 336 de la Ley 906 de 2004.
Aunado a ello, el Juez de Control de Garantías decretó la medida de aseguramiento
contra el señor Escobar Ospina con base en el material probatorio aportado por la
Fiscalía, de ahí que tampoco llevó a cabo una debida verificación de las pruebas
aportadas por el ente acusador y, por ende, también debía indemnizar a la parte
actora.
Por su parte, en el fallo de segundo grado del 25 de abril de 2022, dictado en el
proceso de reparación directa con radicado 2015-00488, el Tribunal Administrativo
de Antioquia revocó la sentencia condenatoria de primera instancia, en cuanto, si
bien los accionantes acreditaron la ocurrencia de la privación de la libertad, no es
menos cierto que el daño invocado no era imputable a la parte demandada, dado
que no se demostró la configuración de la falla en el servicio alegada.
El Tribunal ad quem sostuvo que, de acuerdo con los informes de inteligencia y las
entrevistas brindadas por varios desmovilizados de las FARC y el ELN, la Fiscalía
determinó que los demandantes eran colaboradores de los referidos grupos al
margen de la ley, en consecuencia, la solicitud de medida de aseguramiento
formulada por el ente acusador fue ajustada a los artículos 306, 308, 310 y 313 de
la Ley 906 de 2004.
En esa medida, en la sentencia objeto de revisión se argumentó que, al margen de
que los actores fueron absueltos de los delitos imputados, en cuanto no se logró
desvirtuar la presunción de inocencia, ello no significaba que la imposición de la
medida de aseguramiento fuera injusta, porque para esa etapa procesal existían
pruebas que permitían inferir razonablemente que los accionantes incurrieron en las
correspondientes conductas delictivas, por lo que dicha decisión no fue arbitraria o
caprichosa, sino que, por el contrario, fue legal, proporcional y razonable.
A juicio de la Subsección, la diferencia en el sentido de cada una de las providencias
analizadas correspondió a la valoración probatoria y el criterio jurídico bajo el cual
el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió el caso concreto, lo cual llevó a que
en el fallo censurado se concluyera que la parte demandante no probó la falla en el
servicio que se le endilgaba a las entidades demandadas y, por ende, las
pretensiones de la demanda debían negarse.
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00062-00
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Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Cabe recordar que en la valoración probatoria prima la autonomía e independencia
de la autoridad judicial que la realiza, lo cual resulta apenas lógico, dado que, como
director del proceso, el juez es el que está llamado a determinar la utilidad,
pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de criterios objetivos y
razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y sustentar la decisión
final28.
El funcionario judicial está facultado para formar libremente su convencimiento sin
estar sujeto a tarifa legal, prueba solemne o cualquier otra métrica probatoria
distinta, sino simplemente a su libre apreciación, inspirándose en los principios que
hacen parte de la crítica de los elementos de juicio, atendiendo las circunstancias
relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes, análisis en el cual podrá
dar mayor credibilidad a unos elementos que a otros, sin que ello se traduzca en
una vulneración a la garantía del debido proceso29.
Bajo ese contexto, la Subsección advierte que la inconformidad de la parte
recurrente se centra en que la sentencia del 25 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, desconoció el supuesto precedente
jurisprudencial sobre la materia, teniendo en cuenta que, en otro caso, el radicado
2016-00353-01, esa corporación accedió a las pretensiones de la demanda de
reparación directa en la que, a su juicio, se debatió la misma causa petendi.
Al respecto, es menester señalar que esta Subsección30 ha considerado que el
desconocimiento del precedente no constituye una causal de revisión, porque
existen otros mecanismos procesales para ese propósito; además, en el sub lite se
evidencia que lo que la parte recurrente pretende es que el debate del litigio
declarativo se adelante nuevamente, para que se llegue a la conclusión que se debe
acceder a las súplicas de la demanda de reparación directa, argumento que no
resulta de recibo, en tanto que esto conllevaría a desconocer el objeto y fin para lo
cual ha sido instituido el recurso extraordinario de revisión.
28 Corte Constitucional, Sala Plena, SU-136 del 22 de febrero del 2002, M.P: Álvaro Tafur Galvis,
exp: T-451147.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de junio de 2022, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 65.855.
30 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias dictadas por esta Subsección: i) la del
31 de marzo de 2023, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 67.917; ii) la del 4 de noviembre de
2022, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 68.595, y iii) la del 17 de junio de 2022, C.P: Marta
Nubia Velásquez Rico, exp: 67.618. En ese mismo sentido, también se puede ver el fallo proferido
el 11 de septiembre de 2023, por la Sala Especial de Decisión No. 25, C.P: Marta Nubia Velásquez
Rico, exp: 2023-02731-00 (REV).
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00062-00
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Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
En este orden de ideas, es claro que lo que pretenden los recurrentes tiene una
finalidad ajena al recurso de revisión, pues por la vía extraordinaria no es posible
plantear inconformidades respecto de las conclusiones probatorias y jurídicas del
juez ordinario, lo cual desconoce las razones de procedencia del mecanismo
procesal de la referencia31.
3. Costas
Como el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora se resolvió
de manera desfavorable, la Subsección condenará en costas al recurrente, para lo
cual fija por concepto de agencias en derecho 3 smlmv32 a la fecha de ejecutoria de
esta providencia, a favor de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
suma que se dividirá en partes iguales entre dichas entidades, 50% para cada una
de las accionadas33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por los señores Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros contra la sentencia
dictada el 25 de abril de 2022, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-018-2015-00488-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, señor Miguel Ángel
Muñoz Acevedo y otros, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Sección
Tercera, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso.
31 Las cuales corresponden a las siguientes: “El [recurso extraordinario de revisión] no constituye
una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más (…).
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio
y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar
con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)” (se destaca).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
32 Según las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el numeral 9 del artículo
5 del Acuerdo 10554 de 2016, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.
33 Entidades que comparecieron mediante sus correspondientes apoderados judiciales, en virtud de
lo cual tuvieron a su cargo la vigilancia del proceso; además, desplegaron actuaciones como las
relacionadas con la contestación del recurso extraordinario de revisión, por lo que la fijación de
agencias en derecho resulta procedente.
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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00062-00
No. Interno: 69.754
Actor: Miguel Ángel Muñoz Acevedo y otros
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante se fija el
monto equivalente a tres (3) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
para la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en partes iguales,
50% para cada una de las entidades accionadas.
TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho del
consejero ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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