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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00153-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00153-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Alonso Valencia Bernal, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00153-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00153-00
Demandante: Carlos Alonso Valencia Bernal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00153-00
Demandante CARLOS ALONSO VALENCIA BERNAL
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto fáctico. Contrato
realidad. Elemento subordinación. Requisitos de procedencia de
tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Carlos Alonso Valencia Bernal, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de enero de 20251, el señor Carlos Alonso Valencia Bernal interpuso acción
de tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR los derechos fundamentales de mi representado el Sr. CARLOS ALONSO
VALENCIA BERNAL, al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2. DECLARAR, que las sentencias del JUZGADO 08 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CALI y del HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE -
M.P. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, mediante las cuales se negaron las pretensiones
de la demanda incurrió en defectos fácticos y sustantivo. Lo anterior por cuanto los
accionados concluyeron que no se encontraba acreditada la existencia del requisito de
SUBORDINACIÓN, desconociendo con ello los medios de prueba que así lo demostraban,
tal como lo establece la jurisprudencia del CONSEJO DE ESTADO.
3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR se DEJE SIN EFECTO la providencias
cuestionadas y en su lugar se ordene a las autoridades accionadas proferir nueva decisión
en el término de treinta (30) días , en el que se tenga en cuenta la totalidad del material
probatorio (en especial lo manifestado por los testigos arrimados por la parte demandante)
incorporado en debida forma al proceso, respetando el precedente jurisprudencial
decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO en asuntos de primacía de la realidad sobre
las formas».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Carlos Alonso Valencia Bernal prestó sus servicios como médico
general en el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ESE, mediante la
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Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.

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Demandante: Carlos Alonso Valencia Bernal

suscripción de diversos contratos de prestación de servicios suscritos desde
el 28 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2020.
2.2. El 28 de febrero de 2022 el accionante solicitó a la institución de salud en la
que prestó sus servicios, se reconociera la existencia del contrato realidad y,
en consecuencia, se pagaran las prestaciones sociales a las que tendría
derecho.
2.3. El hospital La Buena Esperanza de Yumbo ESE mediante oficio sin fecha
GCH-017-0437 dio respuesta negativa a lo solicitado.
2.4. Por lo anterior, el señor Carlos Alonso Valencia Bernal en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó al hospital La
Buena Esperanza de Yumbo ESE con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo por el que se negó la existencia de la relación laboral
encubierta y, en consecuencia, pidió se declarara la existencia del vínculo
laboral y se pagaran las prestaciones sociales y demás emolumentos
derivados de la relación de trabajo.
2.5. Correspondió conocer en primera instancia al Juzgado Octavo Administrativo
de Cali el asunto identificado con el Nro. 76001-33-33-008-2022-00135-00 que,
en sentencia del 16 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
Del análisis de las pruebas aportadas al expediente, no encontró probado el
elemento subordinación, destacando además que la medicina era una
profesión liberal.
De acuerdo con la dinámica manejada por el doctor Valencia Bernal, encontró
que tenía flexibilidad en cuanto al manejo de turnos y que, de no poder, se
acudía a otro profesional que pudiera cubrir el servicio, además, encontró que
no solo prestaba sus servicios en la institución hospitalaria sino que de manera
simultánea lo hacía en otro lugar, concretamente en la IPS Comfandi.
2.6. La anterior decisión fue apelada por la parte actora ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que, en sentencia del 2 de diciembre de
2024 (notificada por correo electrónico el 16 de diciembre de 2024), confirmó la
decisión del juzgado.
Encontró igualmente que no estaba acreditado el elemento subordinación y
que de las pruebas aportadas no se advertía que el profesional hubiera perdido
su autonomía e independencia.
Dijo que, si bien había percibido unos honorarios profesionales como
contraprestación por la labor desarrollada, no se demostró que la entidad
demandada le hubiera hecho exigencia alguna en relación con la cantidad,
calidad y modo del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y sí se
advertía que percibía los honorarios pactados de acuerdo a la cantidad de
horas ejecutadas.
De la circular que se allegó por parte del actor como prueba y el oficio por el
que se le informó en su momento que debía realizar la actualización y
socialización de las guías médicas de parasitosis intestinal y otros dolores
abdominales, sostuvo que no eran prueba suficiente para establecer una
subordinación, ya que el contratante estaba facultado para supervisar,
establecer parámetros, instrucciones o condiciones, con el objeto de garantizar
la adecuada prestación del servicio contratado.
3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que las providencias del 16 de febrero de 2024 y del 2 de
diciembre de 2024 proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Cali y el

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Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
«expediente 76001-33-33-008-2022-00135-00/01», incurrieron en los defectos sustantivo y
fáctico. Sin embargo, la argumentación se dirigió frente a este último defecto, de la
siguiente manera:

A juicio del accionante, las decisiones desconocieron en acervo probatorio y
realizaron una valoración arbitraria, concretamente al no haber analizado de manera
sistemática las pruebas tanto testimoniales como documentales recaudados, a
partir de las que podía inferirse la subordinación como elemento esencial del
contrato realidad.

En concreto, se refirió a las órdenes de prestación de servicios y el manual de
funciones de la entidad hospitalaria que acreditaban la configuración de una relación
legal y reglamentaria, continua e ininterrumpida en la que se habían desarrollado
funciones de carácter permanente y necesarias para la ejecución del objeto misional
de la entidad.

Dijo que en el expediente reposaban las actividades y demás órdenes que debía
cumplir para el cumplimiento de sus funciones que eran iguales a las de los médicos
de planta.

También hizo mención a los testimonios de los señores Héctor Junior Perlaza y Lina
María Mejía Castañeda, quienes habían sido sus compañeros de trabajo y habían
indicado aspectos que permitían inferir la existencia de una relación laboral
encubierta, al indicar que recibía órdenes de funcionarios del hospital, cumplía
horario impuesto por la entidad a pesar de que la “cuota de pacientes” terminaba
antes, realizaba su trabajo en las instalaciones de la entidad y ejecutaba actividades
propias de su objeto misional, todo lo que dijo, se le restó valor probatorio.

Se refirió a los coordinadores médicos y las instrucciones que recibía, así como el
cumplimiento de un horario, la entrega de la bata de médico con el logo del hospital
y, que el trabajo desempeñado en Comfandi se hacía en horas no laborales con el
hospital, por lo que no había ningún tipo de restricción o incompatibilidad.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 17 de enero de 2025, el despacho ponente admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionadas y, dispuso vincular
como terceros con interés al Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ESE,
entidad demandada en el proceso ordinario, así como a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría Regional 58, autoridades
que actuaron en calidad de terceros en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
se pronunció e indicó que no podía entenderse la tutela como una instancia
adicional en la que pudieran entrara a debatirse aspectos resueltos en sede
ordinaria.

Por lo demás, citó apartes de la sentencia emitida en segunda instancia por la
Corporación e indicó que allí se hizo un estudio de los medios de prueba, las
normas y la jurisprudencia aplicables al caso, sin que se advirtiera la
vulneración de derecho fundamental alguno en cabeza del actor.

4.3. El Juzgado Octavo Administrativo de Cali, rindió informe en el que
manifestó que la providencia emitida por el despacho había sido dentro del
marco de la autonomía judicial, acorde con las pruebas, las normas y
jurisprudencias aplicables al caso, decisión que, además, había sido

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confirmada en segunda instancia. Sin embargo, manifestó acogerse a lo que
se definiera en la sentencia de tutela respectiva.

Finalmente, allegó los links de acceso para consulta del expediente digital.

4.4. El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ESE, presentó informe en el que
indicó que no se advertía el desconocimiento a los derechos fundamentales
que presentaba el accionante, pues que, de un lado, el debido proceso se
garantizó en las dos instancias, sin que se presentara solicitud de nulidad o se
advirtiera alguna irregularidad en el proceso que se hubiera puesto de
presente y, de otra parte, que tampoco se desconocía el acceso a la
administración de justicia, por el contrario, la decisión del juzgado había sido
revisada y confirmada por el superior, permitiéndose un estudio integral en dos
instancias.

Del defecto fáctico, dijo que no era posible que se refiriera a una valoración
arbitraria cuando esto nunca había sido puesto de presente al juez ordinario y
que, las pruebas daban cuenta de la inexistencia de la relación laboral indicada
por el actor de modo que, en últimas, lo que buscaba era convertir la tutela en
una instancia adicional.

4.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría
Regional 58, no se pronunciaron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.

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De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. De manera previa, corresponde precisar que, si bien la tutela se presentó
contra el Juzgado Octavo Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, contra la decisión de primera
instancia el actor tuvo la oportunidad de presentar recurso de apelación como
en efecto ocurrió, razón por la que se analizará el caso únicamente en relación
con la sentencia de cierre, esto es, la del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Segunda de Decisión, que fue la que cerró el debate procesal.

3.2. Precisado lo anterior, por tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, corresponde a la Sala, de manera preliminar, corroborar
el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, en concreto el
de la relevancia constitucional.

De encontrar superado este requisito, corresponderá analizar si conforme con
el escrito de tutela y los antecedentes al proferir la sentencia del 2 de
diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho «expediente 76001-33-33-008-2022-00135-00/01», se incurrió en defecto
fáctico.

4. Requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la
obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no
se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural6.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos»7.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez
verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al
proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le
corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la
providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si
estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que
el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia adicional. En

6
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
7
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.

6
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ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los
argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de
tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus pretensiones.

5. Análisis del caso concreto

5.1. En el caso puesto a consideración de la Sala, se advierte que no se acredita
este requisito de procedibilidad, pues al verificar los argumentos presentados
en el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Octavo
Administrativo de Cali, se evidencia que reitera los argumentos presentados
en su momento al juez natural, ahora en esta instancia constitucional al
amparo de un presunto defecto fáctico.

5.2. Los argumentos presentados en el recurso de apelación, fueron los siguientes:

(i) Sostuvo que desempeñó las mismas funciones de médico general de los que estaban en
la planta de personal conforme con el manual de funciones y que debía cumplir órdenes
sin que pudiera faltar a los turnos asignados.
(ii) Dijo que esto podía corroborarse con los testimonios rendidos por Héctor Junior Perlaza
y Lina María Mejía Castañeda, quienes habían sido sus compañeros de trabajo y habían
indicado aspectos que permitían inferir la existencia de una relación laboral encubierta.
(iii) Hizo mención a los coordinadores médicos quienes impartían instrucciones, relacionaban
los turnos que tenía que cumplir y ante quienes tenía que avisar o pedir permiso si no
podía asistir.
(iv) En relación con la prestación del servicio de manera simultánea en Comfandi, se hacía
en horas no laborales con el hospital, por lo que no había ningún tipo de restricción o
incompatibilidad.

5.3. La sentencia del 2 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, resolvió el
problema jurídico de la siguiente manera:
«59. Por su parte, de lo expuesto por el demandante en cuanto al elemento de la subordinación
y las órdenes impartidas por el ente hospitalario respecto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo, no se encuentra prueba de la cual se desprenda que el señor CARLOS ALONSO
VALENCIA BERNAL hubiese recibido órdenes que rompieran con su independencia y
autonomía.

60. Si bien el demandante percibió unos honorarios profesionales, como contraprestación por
la labor desarrollada, no se demostró que la demandada hubiera realizado exigencia alguna
en relación con la cantidad, calidad y modo del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, pues contrario a una exigencia o metas definidas por el ente contratante, lo que
se puede advertir de las pruebas obrantes en el proceso es que el demandante recibía los
honorarios pactados de acuerdo a la cantidad de horas ejecutadas, conforme se desprende
de las actas se seguimiento allegadas, la cláusula de los contratos donde se estipuló la forma
de pago y los testimonios practicados.

61. Al respecto, es menester indicar que el señor HECTOR JUNIOR PERLAZA, en su
declaración afirmó que, en virtud del objeto contractual, tanto él como el aquí demandante y
demás médicos contratistas vinculados con la entidad demandada, cumplían unos turnos, los
cuales eran acordados con el Coordinador y podían programarse de manera que pudieran
aumentar el valor de sus honorarios; aunado a que, indicó que como médicos cuentan con el
beneficio de organizar sus horarios para trabajar en más de una entidad.

62. Adicionalmente, en el presente caso se observa que, si bien el demandante debía dedicar
un número de horas a la actividad para la cual fue contratado, las cuales, según las pruebas
practicadas, se daba previo acuerdo con el respectivo Coordinador de la entidad, así como el
hecho de rendir informes y prestar o cumplir el servicio en un lugar determinado, ello obedecía
a las necesarias relaciones de coordinación para la atención eficiente de los pacientes, sin
que tales circunstancias implicaran que el demandante estuviera orientado por una instrucción
acerca de la forma como debía cumplir su actividad como médico general, pues este respondía
a sus propios criterios y cumplía el servicio bajo su dirección y gobierno.

63. En consecuencia, cuando el objeto del contrato se realiza en forma autónoma por quien lo
ejecuta, no nos encontramos frente a un contrato realidad, pues resulta claro que el

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coordinador no podía impartir instrucciones sobre la forma como el demandante iba a cumplir
su actividad.

64. Ahora bien, sobre los otros aspectos ajenos a la prestación del servicio, como la rendición
de reportes o cumplir un horario, el cual no se demostró estricto e impositivo, y que, además,
debía prestar el servicio en un sitio determinado, son elementos propios de la coordinación de
toda actividad humana, sin la cual habría sido imposible cumplir de manera adecuada el objeto
contractual.

65. Téngase en cuenta en este punto, que la coordinación de actividades requerida para
desarrollar de forma adecuada el objeto del contrato de prestación de servicios, implica la
sujeción del contratista a ciertas condiciones para su cumplimiento, pero no debe avanzar a
una relación de poder y sujeción entre las partes, la cual está descartada en estos eventos.

(…)

67. En ese entendido, la circunstancia de que el demandante cumpliera un horario no
constituye elemento para afirmar que existía una relación de sujeción, pues resulta lógico que
para coordinar la prestación del servicio de salud tuviera que ser destinado a un determinado
lugar y reportar a su Coordinador el desarrollo de su actividad, pero el cumplimiento de la
misma no respondía a una directriz, pues ésta la realizaba de conformidad con los
conocimientos que tenía como médico general y por los cuales se le contrató.

68. Por tanto, considera la Sala que en este tipo de asuntos es normal que exista una relación
de coordinación de actividades entre contratante y contratista, lo que implica que el segundo
se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad
encomendada, que además, incluye el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones por parte del contratante, o tener que reportar informes sobre sus
resultados, que no significa necesariamente la configuración del elemento de subordinación.

(…)

71. Además, en lo que refiere a que el demandante recibía órdenes, debe decirse que no obra
elemento probatorio alguno que demuestre que el señor CARLOS ALONSO VALENCIA
BERNAL fue objeto de requerimientos, memorandos, circulares o cualquier otro documento
que establezca que se encontraba bajo la subordinación y/o autoridad de algún mando de la
entidad demandada, más allá de la simple coordinación.

72. En este punto, debe decirse que la circular que se allegó, junto con el oficio por medio del
cual se informó al demandante que debía realizar la actualización y socialización de las guías
médicas parasitosis intestinal y otros dolores abdominales, no son prueba suficiente para
establecer una subordinación, pues, como se indicó previamente, el contratante está facultado
para supervisar, establecer parámetros, instrucciones o condiciones, con el objeto de
garantizar la adecuada prestación del servicio contratado.

73. Ahora, si bien las pruebas practicadas en el proceso demuestran la prestación personal
del servicio y la remuneración, no acreditan el elemento de la subordinación, que por sus
especiales características requiere de un análisis más integral que permita al juez llegar a la
convicción de que el Estado, representado en la entidad contratante, actuó como un verdadero
empleador, imponiéndole al contratista órdenes explícitas de sometimiento laboral, lo cual no
está probado en el caso sub examine.

74. Así las cosas, es importante señalar que es a la parte demandante a quien le corresponde
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido, a
efectos de establecer si la supuesta subordinación derivada de las órdenes y los contratos de
prestación de servicios celebrados, son suficientes para demostrar la relación de carácter
laboral que pretende encubrir el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.

75. No obstante, dicho extremo procesal no cumplió con la carga que le impone demostrar los
supuestos fácticos en que se apoyan sus pretensiones, pues las pruebas allegadas al proceso
son insuficientes para respaldar la afirmación hecha en la demanda y en el recurso de
apelación.

76. En este orden de ideas, advierte la Sala que entre el demandante y la entidad demandada
no existió una verdadera relación laboral, pues si bien se infiere la prestación personal del
servicio conforme a los diversos contratos de prestación de servicios obrantes en el plenario,
en los que se consignaron los términos y condiciones para ejercer la labor encomendada como
médico general, lo cierto es que no demostró el elemento subordinación, como requisito
necesario para establecer si bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios, se
ocultó la verdadera relación laboral entre las partes».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00153-00
Demandante: Carlos Alonso Valencia Bernal

5.4. La parte actora insistió en su argumento, ahora en el escrito de tutela bajo la
presunta configuración de un defecto fáctico, así:
(i) Sostuvo que no se había analizado de manera sistemática las pruebas tanto
testimoniales como documentales recaudados, a partir de las que podía inferirse la
subordinación como elemento esencial del contrato realidad.
En concreto, se refirió a las órdenes de prestación de servicios y el manual de funciones
de la entidad hospitalaria que acreditaban la configuración de una relación legal y
reglamentaria, continua e ininterrumpida en la que se habían desarrollado funciones de
carácter permanente y necesarias para la ejecución del objeto misional de la entidad.
(ii) Dijo que en el expediente reposaban las actividades y demás órdenes que debía cumplir
para el cumplimiento de sus funciones que eran iguales a las de los médicos de planta.
(iii) Hizo mención a los testimonios de los señores Héctor Junior Perlaza y Lina María Mejía
Castañeda, quienes habían sido sus compañeros de trabajo y habían indicado aspectos
que permitían inferir la existencia de una relación laboral encubierta, al indicar que recibía
órdenes de funcionarios del hospital, cumplía horario impuesto por la entidad a pesar de
que la “cuota de pacientes” terminaba antes, realizaba su trabajo en las instalaciones de
la entidad y ejecutaba actividades propias de su objeto misional, todo lo que dijo, se le
restó valor probatorio.
(iv) Se refirió a los coordinadores médicos y las instrucciones que recibía, así como el
cumplimiento de un horario, la entrega de la bata de médico con el logo del hospital.
(v) Del trabajo desempeñado en Comfandi, reiteró se hacía en horas no laborales con el
hospital, por lo que no había ningún tipo de restricción o incompatibilidad.

5.5. De acuerdo con lo anterior, es posible evidenciar que el tribunal accionado
resolvió de fondo el asunto, fundamentado en los criterios que orientan la
posible estructuración del elemento subordinación sin que en este caso se
evidenciara de las pruebas tanto testimoniales como documentales que el
actor estuviera en una condición tal que permitiera admitir una relación laboral
en la suscripción de órdenes de prestación de servicios, más aún en la
profesión de medicina y en las condiciones en las que el accionante prestó
sus servicios a la entidad de salud.

5.6. En este orden de ideas, la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional pues más allá de advertirse la concreción de un defecto en la
providencia que afectara el derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la parte actora, lo que busca es reabrir el debate
en relación con el elemento subordinación suficientemente estudiado en las
dos instancias judiciales.

Para la Sala la autoridad judicial resolvió el asunto con argumentos suficientes,
razón por la que no puede pretenderse un análisis del tema ahora en sede de
tutela, pues conviene recordar que, conforme lo ha establecido la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional8, la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Ello es así
porque el análisis de las sentencias y de los autos por vía de tutela, involucra
los principios de independencia y autonomía judicial, la preclusión de los
procesos y la cosa juzgada que se predica de las providencias judiciales con
miras a definir los litigios puestos en conocimiento de los jueces de la
República.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia

8
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia SU-050 de 2015 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; y sentencia SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Demandante: Carlos Alonso Valencia Bernal

constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de procedencia de
este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, concretamente el de
la relevancia constitucional, lo que impide un estudio de fondo del asunto.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Alonso Valencia Bernal, por las razones expuestas en la motivación
precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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