Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00153-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00153-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00153-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
15 de mayo de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
Accionante: Carlos Alonso Valencia Bernal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
Accionante: CARLOS ALONSO VALENCIA BERNAL
Accionados: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CALI Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 13 de febrero de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Carlos Alonso Valencia Bernal, actuando por conducto de
apoderada, promovió acción de tutela en contra de las sentencias
proferidas el 16 de febrero de 2024 y el 2 de diciembre de 2024 por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
Accionante: Carlos Alonso Valencia Bernal
identificado con el radicado nro. 76001 33 33 008 2022 00135 00/01, y
para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales de mi representado
el Sr. CARLOS ALONSO VALENCIA BERNAL, al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.
2. DECLARAR, que las sentencias del JUZGADO 08
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI y del HONORABLE
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE - M.P.
RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, mediante las cuales se negaron
las pretensiones de la demanda incurrió en defectos fácticos y
sustantivo. Lo anterior por cuanto los accionados concluyeron que
no se encontraba acreditada la existencia del requisito de
SUBORDINACIÓN, desconociendo con ello los medios de prueba
que así lo demostraban, tal como lo establece la jurisprudencia del
CONSEJO DE ESTADO.
3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR se DEJE SIN
EFECTO la[s] providencias cuestionadas y en su lugar se ordene a
las autoridades accionadas proferir nueva decisión en el término de
treinta (30) días, en el que se tenga en cuenta la totalidad del
material probatorio (en especial lo manifestado por los testigos
arrimados por la parte demandante) incorporado en debida forma
al proceso, respetando el precedente jurisprudencial decantado por
el H. CONSEJO DE ESTADO en asuntos de primacía de la realidad
sobre las formas […]”. (Mayúsculas, negrillas y resaltado originales
del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la E.S.E. Hospital la Buena
Esperanza de Yumbo, con el fin que se declarara la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio GCH-017-0437 y que, a título de
restablecimiento del derecho, se declarara la existencia del vínculo laboral
entre las partes y se ordenara a la demandada al reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales, sanciones moratorias, indemnización por
despido injusto e indexación por el servicio prestado como médico desde
el 28 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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Manifestó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cali que, en sentencia del 16 de febrero de
2024 negó las pretensiones de la demanda al considerar que: “(…) de
acuerdo con las pruebas allegadas al proceso y la preceptiva jurídica que
gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el
Consejo de Estado en casos de contornos análogos, fáctica y
jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio, las pretensiones
invocadas en la demanda no tienen vocación de prosperidad, como quiera
que, no se acreditó que entre la parte demandante y la demandada existió
una relación laboral subyacente o encubierta, pues no se logró demostrar
el elemento de la subordinación o dependencia continuada propio de las
relaciones laborales (…)”2.
Señaló que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en sentencia proferida el 2 de diciembre de 2024 la
confirmó.
Alegó que “(…) tanto el Juzgado como el Tribunal accionado no analizaron
sistemáticamente las pruebas testimoniales y documentales recaudadas,
a partir de las cuales sí era factible inferir la acreditación de la
subordinación como elemento esencial del contrato de realidad entre el
demandante y el Hospital demandado entre el 28 de junio de 2011 hasta
el 31 de diciembre de 2020 (…)”3.
Argumentó que “(…) las órdenes de prestación de servicios y el manual
de funciones del Hospital acreditan que se configuró una relación legal y
reglamentaria entre el 28 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de
2020, continua e ininterrumpida, en la que la accionante desarrolló
funciones de carácter permanente y necesarias para la ejecución del
objeto misional de dicha entidad. En el expediente reposan las actividades
y demás ordenes que debía cumplir el accionante para el cumplimiento
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
3
Ibidem.
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de sus funciones, las cuales eran totalmente iguales a las de los médicos
de planta (…)”4.
Expuso que en la audiencia realizada el 7 de septiembre de 2024 se
practicaron los testimonios del señor Héctor Junior Perlaza y la señora
Lina María Mejía Castañeda, quienes, según anotó, laboraron con él en el
hospital demandado.
Al efecto, citó apartes de dichos testimonios y sostuvo que “(…) las
declaraciones de los testigos fueron espontáneas, claras, contundentes,
coherentes y elocuentes, por lo que evidencian que CARLOS ALONSO
VALENCIA BERNAL recibía órdenes de funcionarios del Hospital, cumplía
el horario impuesto por la entidad a pesar de que la “cuota de pacientes”
se terminaba antes, realizaba su trabajo en las instalaciones de la entidad
y ejecutaba actividades propias de su objeto misional. No obstante, el
tribunal y juzgado accionado les restaron todo crédito sin hacer mención
específica de las razones por las cuales no tenían peso probatorio (…)”5.
En el acápite denominado “ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA
DEL PROCESO”, indicó que, durante su vinculación con el hospital, firmó
varios contratos de prestación de servicios “como fachada de la real
relación laboral”6. En ese sentido, explicó que “el fin de estos contratos,
no era otro que el de escamotearle sus derechos salariales y
prestacionales, camuflando una falta de subordinación por parte de
aquél”7.
Agregó que “(…) siempre estuvo bajo la subordinación directa de sus altos
funcionarios, como por ejemplo los COORDINADORES MEDICOS. De
ello[s] recibía las órdenes e instrucciones, la programación de turnos a
cumplir, el sitio de prestación el servicio, e incluso en casos en los que el
demandante no podía asistir por motivos personales, debía avisarle y
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
4
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pedirle permiso al coordinador médico, tal como lo argumentaron casi que
al unísono los testigos citados por el suscrito abogado (…)”8.
Resaltó que “(…) de las pruebas documentales aportadas y los testimonios
rendidos por los Sres. HECTOR JUNIOR PERLAZA GAITÁN Y LINA MARÍA
MEJÍA se puede entonces que mi representado era un verdadero servidor
público del Hospital. La real relación típicamente laboral que se desarrolló
entre el Hospital y mi mandante, enmascarada en contratos de prestación
de servicios, implica que a mi mandante se le considere como un
verdadero servidor público del Hospital para todos los efectos legales:
(Parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990 y Decreto 1876 de 1994).
Al configurarse claramente los elementos de una verdadera relación de
trabajo, es dable al juzgador aplicar el principio constitucional de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales. (Artículo 53 de la Constitución Política), puesto
que la remuneración está más que comprobado con los contratos y
comprobantes de pago; la prestación personal del servicio igualmente se
encuentra acreditada porque al ser intuitu personae, era el mismo quien
debía prestar los servicios médicos asistenciales en razón de su
experiencia y estudios técnicos; la subordinación, que fue básicamente lo
que se buscaba camuflar, se demostró dentro del plenario, en razón no
solo al cumplimiento de un horario y los turnos que se le asignaban, sino
al recibimiento de ordenes que debían ser estrictamente cumplidas, el
hecho de tener que pedir permisos para ausentarse, le hecho de dotarle
la bata con los logos del Hospital, incluso en ocasiones cuando el
demandante terminaba con los pacientes asignados antes del horario
establecido, aquél se quedaba esperando hasta el momento en que se
llegara la hora de salida, situación que fue afirmada por la testigo LINA
MARIA, quien era la auxiliar de enfermería que le brindaba el apoyo (…)”9.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
5
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Por último, aseguró que el asunto sub examine cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Frente a la relevancia constitucional, precisó que “(…) la actual discusión
sí es de preeminencia constitucional pues está claro que el Juzgado y
Tribunal entutelados actuaron al margen de la ley quebrantando derechos
fundamentales de mi poderdante. A este tenor, se configura la violación
al artículo 29 de la Norma Normarum, al quebrantar la normativa
sustancial y procedimental en lo que atañe al proceso aquí, objeto de la
decisión del despacho tutelado (…)”; y, en cuanto a la subsidiariedad,
adujo que ya se han agotado todos los medios, ordinarios y
extraordinarios, de defensa judicial que tenía a su alcance, comoquiera
que en el proceso ordinario se presentaron todos los recursos
procedentes.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 15 de enero de 202510 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que
por auto del 17 de enero de 202511 la admitió y dispuso notificar12 al
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali y a la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte
accionada; así como vincular13 a la E.S.E. Hospital la Buena Esperanza de
Yumbo, como tercero interesado en el resultado del proceso.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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Esta orden se cumplió el 20 de enero de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
00153 00.
13
Ibidem.
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De igual forma, requirió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cali para que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del
expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro.
76001 33 33 008 2022 00135 00/01, el cual fue remitido14.
3.2. El asesor jurídico de la E.S.E. Hospital la Buena Esperanza de Yumbo
allegó escrito15 en el que se opuso a las pretensiones del accionante.
Manifestó que, “(…) frente al Debido Proceso, recordemos que cada una
de las etapas procesales dentro de las instancias sea en el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca se llevaron a cabo sin que se
presentaran solicitudes de nulidad, saneamientos o cualquier otra posible
situación que permitiera inferir que se violó el debido proceso a la parte
inconforme o cualquier otra; las diferentes audiencias dan fe de lo
expuesto y como se puede evidenciar, el accionante NUNCA puso de
presente que se le estaba violando el debido proceso. Llama la atención
que invoca este derecho una vez se encuentra vencido sin oportunidad
procesal adicional lo que permite inferir que se encuentra en la búsqueda
de revivir vía de tutela una tercera instancia que favorezca sus intereses
(…)”.
Agregó que, “(…) frente al acceso de justicia, está más que decantado
que nunca se le ha negado este derecho. El demandante en este caso
accionante para el presente trámite de tutela gozó de las garantías
jurisdiccionales para poder poner a consideración de un juez de la
república sus argumentos, los cuales fueron vencidos en franca lid dentro
de un proceso judicial que le permite contar con doble instancia y que,
por lo tanto, fue revisado por un Magistrado del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, quien avaló todo lo actuado (…)”.
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Visto en los índices 8, 10, 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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3.3. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada
rindió informe16 en el que solicitó que se nieguen las súplicas de la acción
de tutela.
Señaló que la parte accionante alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, pues, a su juicio, considera que no hubo un debido apoyo
probatorio para sustentar las providencias que negaron las pretensiones
de la demanda ordinaria, insistiendo que, en su opinión, la sola
acreditación de un horario prueba la subordinación.
En ese sentido, indicó que “(…) en la sentencia No. 297 del 2 de diciembre
de 2024, se acataron de manera completa los postulados normativos y
jurisprudenciales para resolver éste tipo de eventos y así mismo se dio
aplicación a los criterios hermenéuticos y de la sana crítica, y se tuvieron
en cuenta todos los elementos de juicio allegados por las partes y aquellos
recaudados en el transcurso del proceso al momento de resolver el fondo
del asunto, conforme se desprende de la providencia atacada (…)”.
Aseveró que, al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, se analizaron los supuestos de hecho que
motivaron la demanda, así como los elementos de juicio que fueron
aportados por las partes.
Advirtió que, “(…) aunque en el proceso ordinario se acreditó -según la
prueba testimonial- que el actor cumplía relativamente un horario a través
de turnos, en la sentencia de segunda instancia se explicó ampliamente
por qué razón el simple hecho de un horario no es razón suficiente para
demostrar el elemento de subordinación, apoyándonos en la
jurisprudencia del Consejo de Estado (…)”.
Finalmente arguyó que “(…) no pueden ser de recibos los
cuestionamientos realizados por la parte actora, dado que la decisión
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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emitida por la Sala Segunda de Decisión de este Tribunal se desarrolló de
forma objetiva y fue fundamentada jurídicamente (…)”.
3.4. La titular del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali rindió
informe17 en el que hizo un breve recuento del trámite impartido al
proceso ordinario objeto de debate y sostuvo que “(…) la providencia que
emitió el Despacho en primera instancia se sujetó al estricto respeto por
el precedente judicial vigente al momento de proferir la sentencia y a los
medios de prueba válidamente incorporados al proceso (…)”.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero
de 202518, declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el
requisito general de relevancia constitucional, al considerar que el
accionante reiteró, en sede constitucional, los argumentos presentados
en el recurso de apelación promovido en el proceso ordinario.
Para ello, citó apartes del precitado recurso, así como apartes de la
sentencia de segunda instancia acusada y explicó que “(…) el tribunal
accionado resolvió de fondo el asunto, fundamentado en los criterios que
orientan la posible estructuración del elemento subordinación sin que en
este caso se evidenciara de las pruebas tanto testimoniales como
documentales que el actor estuviera en una condición tal que permitiera
admitir una relación laboral en la suscripción de órdenes de prestación de
servicios, más aún en la profesión de medicina y en las condiciones en las
que el accionante prestó sus servicios a la entidad de salud (…)”.
Anotó que “(…) más allá de advertirse la concreción de un defecto en la
providencia que afectara el derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la parte actora, lo que busca es reabrir el
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Visto en los índices 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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debate en relación con el elemento subordinación suficientemente
estudiado en las dos instancias judiciales (…)”.
Adujo que “(…) la autoridad judicial resolvió el asunto con argumentos
suficientes, razón por la que no puede pretenderse un análisis del tema
ahora en sede de tutela, pues conviene recordar que, conforme lo ha
establecido la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional. Ello es así porque el análisis de las sentencias y de los autos
por vía de tutela, involucra los principios de independencia y autonomía
judicial, la preclusión de los procesos y la cosa juzgada que se predica de
las providencias judiciales con miras a definir los litigios puestos en
conocimiento de los jueces de la República (…)”.
Finalmente arguyó que la procedencia del amparo está sujeto a que el
asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que,
aseguró, no ocurre en este caso.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo
impugnó19 aseverando que “(…) la actual discusión si es de preeminencia
constitucional pues está claro que el Juzgado y Tribunal entutelados
actuaron al margen de la ley quebrantando derechos fundamentales de
mi poderdante. A este tenor, se configura la violación al artículo 29 de la
Norma Normarum, al quebrantar la normativa sustancial y procedimental
en lo que atañe al proceso aquí́, objeto de la decisión del despacho
tutelado (…)”.
Manifestó que “(…) la jurisprudencia constitucional ha establecido que
cuando se afecta el derecho al trabajo y la seguridad social en escenarios
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Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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de contrato realidad, el asunto adquiere relevancia constitucional. Así lo
ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia SU-556 de 2019, en
la cual se reafirmó que el reconocimiento del vínculo laboral subordinado
tiene una dimensión constitucional cuando su desconocimiento afecta el
acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y la estabilidad
laboral. Del mismo modo, en la Sentencia T-400 de 2019, se indicó que
las decisiones judiciales que omitan analizar la realidad de una relación
laboral pueden vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores,
en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además,
en la Sentencia C-614 de 2009, la Corte resaltó que el principio de
primacía de la realidad sobre las formas debe prevalecer en la
interpretación de controversias laborales, constituyendo un eje
fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores (…)”.
Indicó que en el escrito de tutela expuso que las providencias acusadas
incurrieron en un defecto fáctico, consistente en la omisión y valoración
arbitraria de pruebas que acreditaban la existencia de una relación laboral
subordinada, sin embargo, el a quo rechazó la solicitud de amparo sin
analizar de fondo dichos aspectos.
Advirtió que las pruebas que no fueron valoradas adecuadamente
consisten en (i) el testimonio del señor Héctor Junior Perlaza y la señora
Lina María Mejía Castañeda; (ii) el manual de funciones de la entidad, que
según afirmó, demostraba la existencia de una estructura organizativa
bajo la cual desarrolló funciones de manera subordinada; y (iii) las
instrucciones y la supervisión impartidas por coordinadores médicos, lo
que evidenciaba, bajo su consideración, un control sobre sus actividades.
Resaltó que la omisión en el análisis de las precitadas pruebas generó una
decisión que desconoce la realidad laboral en la que prestó sus servicios.
Insistió en que su solicitud de amparo cumple con los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
comoquiera que “(…) 1. Se alega una vulneración directa de derechos
fundamentales, específicamente el debido proceso y la seguridad social.
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2. Se configura un defecto fáctico, al no haberse valorado pruebas
esenciales. 3. El caso afecta derechos de especial protección
constitucional, como el acceso a la seguridad social y la estabilidad laboral
(…)”.
Finalmente, señaló que no pretende utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia, sino como un mecanismo idóneo para corregir la
vulneración de derechos fundamentales derivada de un error judicial
grave, por lo que solicitó que se revoque la sentencia del 13 de febrero
de 2025 proferida por el a quo y, en su lugar, se declare procedente la
tutela y se acceda al amparo deprecado.
5.2. Por auto proferido el 7 de marzo de 2025 se concedió la
impugnación20 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto
del 18 de marzo de 202521.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199122, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201523, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202124, así como con
20
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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22
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
23
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
24
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
12
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Accionante: Carlos Alonso Valencia Bernal
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201925, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:
6.2.1. El señor Carlos Alonso Valencia Bernal, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la E.S.E. Hospital la Buena Esperanza de Yumbo,
pretendiendo lo siguiente:
“[…] 2. PRETENSIONES
2.1. Se DECLARE la NULIDAD del oficio GCH-017-0437, que dio
respuesta frente a la reclamación radicada el día 28 de febrero de
2022, por medio de la cual se solicitó la declaración de existencia
del vínculo laboral entre la parte convocante y convocada y el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, sanciones
moratorias, indemnización por despido injusto e indexación por el
servicio prestado como médico por parte de mi poderdante desde el
28 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020.
2.2.: Que como consecuencia de lo anterior el HOSPITAL LA
BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E., a través de su
representante legal debe proceder a título de RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO a lo siguiente:
1) DECLARAR que entre el Dr. CARLOS ALONSO VALENCIA BERNAL
en su condición de médico y el HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE
YUMBO E.S.E., en su condición de empleador existió VÍNCULO DE
CARÁCTER LABORAL COMO SERVIDOR PÚBLICO entre el 28 de
junio de 2011 hasta el día 31 de diciembre de 2020.
2) DECLARAR que el trabajador CARLOS ALONSO VALENCIA
BERNAL siempre estuvo bajo la dependencia y subordinación del
HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. en cuyas
instalaciones prestó sus servicios por lo que la condición impuesta
por el Hospital al trabajador como “contratista” con el único
25
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
26
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 76001 33 33 008 2022 00135 00/01. Visto en
los índices 8, 10, 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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propósito de burlar las obligaciones de índole laboral, prestaciones
sociales al trabajador y aportes a seguridad social.
3) Que los contratos de prestación de servicios que le hicieron firmar
al trabajador por el periodo comprendido entre el 28 de junio de
2011 hasta el día 31 de diciembre de 2020, fecha del despido, fue
otra imposición unilateral engañosa del Hospital pues el trabajador
siguió prestando el mismo servicio de médico sin solución de
continuidad y bajo la subordinación y dependencia de los
funcionarios del Hospital, y cuya única finalidad era establecer una
ficticia vinculación como “contratista” para eludir el pago de salarios
y prestaciones sociales que ordena el régimen de los empleados
oficiales.
4) RECONOCER el pago de las DIFERENCIAS SALARIALES.
5) Que el Hospital debe reconocer y pagar al reclamante LAS
CESANTÍAS que consolidó por todos y cada uno de los años que
estuvo a su servicio.
6) Que el Hospital debe conocer y pagar al reclamante LA SANCIÓN
DE QUE TRATA EL ART. 99 DE LA LEY 50 DE 1990 por no haber
consignado en un fondo de cesantías las que el demandante
consolidó a 31 de diciembre de 2011; a 31 de diciembre de 2012; a
31 de diciembre de 2013, a 31 de diciembre de 2014, a 31 de
diciembre de 2015, a 31 de diciembre de 2016, a 31 de diciembre
de 2017, a 31 de diciembre de 2018, a 31 de diciembre de 2019, a
31 de diciembre de 2020, cuando de manera unilateral y sin justa
causa el Hospital dio por terminada la relación laboral.
7) Que el Hospital debe reconocer y pagar al reclamante LOS
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS por todos y cada uno de los
años que estuvo a su servicio con la INDEMNIZACIÓN adicional
equivalente al doble de los intereses, por una sola vez.
8) Que el Hospital debe reconocer y pagar al reclamante, LAS
VACACIONES que se consolidaron en los periodos de los años
laborados bajo el contrato realidad.
9) Que el Hospital debe reconocer y pagar al reclamante la
SANCIÓN MORATORIA por no haber pagado las prestaciones
sociales que se consolidaron a la finalización de la relación de
trabajo, desde esta fecha hasta que se verifique su pago total.
10) Que el Hospital debe reconocer y pagar al reclamante la parte
o porcentaje mensual que le descontó la C.T.A. por LOS APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL y que le correspondía asumirlos al
empleador porque el trabajador los asumió al 100% […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de la demanda).
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cali que, en sentencia proferida el 16 de
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febrero de 2024 negó las pretensiones al considerar, entre otras cosas, lo
siguiente:
“[…] Partiendo de las pruebas antes reseñadas y el marco normativo
de esta providencia, advierte el Despacho que, el elemento de la
continua subordinación y dependencia no se encuentra plenamente
demostrado como pasa a explicarse:
Al revisar el contenido de cada contrato, se tiene que el objeto que
debía desarrollar el demandante era prestar sus servicios
profesionales como médico general, actividad que requería de sus
conocimientos, sin que de ello se pueda concluir que el ejercicio de
su labor no se dio de manera independiente o que estuvo sometido
al cumplimiento de órdenes, en especial porque la medicina se
caracteriza por ser una profesión liberal.
(…)
Respecto la imposición de un horario para la realización de las
actividades contratadas, se advierte que, el doctor Carlos Alonso
Valencia Bernal prestó sus servicios en diversos puestos de salud
adscritos al Hospital, entre lunes a viernes, días durante los cuales
atendía los pacientes que le eran asignados a través del sistema de
turnos organizados por el Jefe de Promoción y Prevención del
hospital.
Al analizar el testimonio de Lina María Mejía Castañeda, el Despacho
resalta que esta testigo considera que la subordinación se refiriere
al horario, puesto que señaló que, este le era impuesto al doctor
Valencia Bernal, quien debía respetar la hora de inicio y finalización
de cada turno.
Sin embargo, al revisarse los reportes de actividades desarrolladas
por el señor Valencia Bernal y sus desprendible de pago, se observa
que, durante su vinculación con el hospital, éste no tuvo consistencia
en el número de horas laboradas, ni en la remuneración percibida,
lo que denota que esta última dependida los turnos que éste
realizara, por ende, es dable concluir que una vez terminadas sus
labores, aquel podía dar por finalizada la prestación de su servicio
profesional; circunstancia que fue confirmada por los testigos Héctor
Junior Perlaza y Diana Carolina López.
Adicionalmente, los testigos Héctor Junior Perlaza y Diana Carolina
López coincidieron respecto a que (i) los turnos eran organizados
por el coordinador médico del hospital para que fueran cubiertos
todos los servicios, (ii) dependiendo del mes podían variar la
intensidad de horas asignadas y (iii) los turnos fijados, les permitían
a los médicos desarrollar su labor en otras entidades.
De igual modo sostuvieron que, si se informaba al coordinador sobre
la imposibilidad de acudir al servicio en determinado turno o fecha,
la entidad ajustaba la programación si se contaba con el personal
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suficiente, pues primaba la necesidad del servicio, lo cual demuestra
que existía cierta flexibilidad.
En este sentido, conviene recordar que el establecimiento de un
horario surge como parámetro natural y lógico de la coordinación
necesaria para llevar a buen término el objeto del contrato de
prestación de servicios. Sobre todo, en los casos de los contratistas
asignados para la atención profesional de los usuarios en las
entidades médicas, donde la marcha diaria de pacientes requiere de
armonizar las horas contratadas con los turnos de relevo necesarios
para atender este tipo de servicios sanitarios.
La anterior situación ha sido convalidada por la jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha señalado que, entre contratante y
contratista puede existir una relación de coordinación en sus
actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada,
lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir
una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar
informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente
la configuración de un elemento de subordinación.
Dicho de otro modo, la sola determinación de que el contratista
estuviera obligado a fungir como médico general en los turnos
establecidos no resulta prueba suficiente para encontrar configurado
el elemento de subordinación, pues si las obligaciones del contrato
abarcan la prestación de servicios médicos al grupo poblacional que
atiende la entidad pública, lo lógico es que esta última organice, bajo
un criterio de coordinación con los contratistas, las citas (fechas) de
la atención sanitaria según las solicitudes de los pacientes.
A lo anterior se suma el hecho de que, el señor Valencia Bernal
distribuía la prestación de sus servicios entre dos empleadores, pues
laboró simultáneamente entre los años 2011 a 2020 en el Hospital
La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E y la IPS Comfandi, lugar donde
está vinculado desde el año 2007, lo que lleva a desdibujar aún más
el elemento de la continuada subordinación.
En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, las únicas pruebas que se recaudaron con el propósito de
su acreditación fueron los contratos de prestación de servicio y el
testimonio de los señores Héctor Junior Perlaza y Lina María Mejía
Castañeda.
Los testimonios de los deponentes dan cuenta de que conocieron la
relación contractual que sostuvieron las partes. Sobre las
características de dicha relación sólo pudieron señalar que el señor
Valencia Bernal prestaba sus servicios como médico general y
cumplía con los turnos impuestos.
No obstante, más allá de ello, los declarantes no indicaron cuales
eran las actividades u órdenes que se le imponían al señor Valencia
Bernal que desnaturalizaban el objeto contractual o que le impedían
atender a los pacientes de manera autónoma e independiente.
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De hecho, obsérvese que, en ningún momento, los testigos llegaron
a afirmar que la entidad hospitalaria hubiese influido en la forma en
que el actor desarrollaba su actividad médica; por lo cual,
razonablemente cabe inferir que gozaba de independencia para
efectuar los diagnósticos, los procedimientos y la prescripción de los
medicamentos que recibían los pacientes a su cargo.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que en el proceso no obra
prueba documental que acredite que la E.S.E. ejerció sobre el señor
Valencia Bernal un poder disciplinante (como correos electrónicos,
memorandos u oficios que contuvieran llamados de atención,
sanciones, advertencias o cualquier otra forma propia del correctivo
laboral) o que le hubiera exigido o dado órdenes que permitieran
inferir la falta de la independencia o que esta, de haberse
presentado, hubiese sido continua.
(…)
Así las cosas, este Despacho considera que en este caso no se
encuentra plenamente acreditado el elemento esencial de una
relación laboral encubierta o subyacente entre el demandante y el
Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E, esto es, la
subordinación o dependencia continuada, lo cual es un requisito
esencial para la configuración del contrato de trabajo, situación que
conlleva a que no se tengan por desdibujadas las características del
vínculo que existió en las partes […]”. (Se destaca).
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el señor Valencia Bernal, hoy
accionante, interpuso recurso de apelación y la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 2 de
diciembre de 2024 la confirmó.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el
accionante en el escrito de tutela y analizados en el fallo de primera
instancia, se reúne el requisito general de relevancia constitucional, y
para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”27.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades28:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
27
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
28
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia29. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que30 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal” (…)”. (Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
29
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
30
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento, esto es,
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante
pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades expuestas,
tanto en el escrito de tutela inicial como en la impugnación, están
encaminadas a controvertir la valoración que el juez natural de la causa
hizo sobre el acervo probatorio frente a la existencia del contrato realidad,
en tanto que alega que, “(…) tanto el Juzgado como el Tribunal accionado
no analizaron sistemáticamente las pruebas testimoniales y documentales
recaudadas, a partir de las cuales sí era factible inferir la acreditación de
la subordinación como elemento esencial del contrato de realidad entre el
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demandante y el Hospital demandado entre el 28 de junio de 2011 hasta
el 31 de diciembre de 2020 (…)”31.
En igual sentido, aseveró que “(…) las declaraciones de los testigos fueron
espontáneas, claras, contundentes, coherentes y elocuentes, por lo que
evidencian que CARLOS ALONSO VALENCIA BERNAL recibía órdenes de
funcionarios del Hospital, cumplía el horario impuesto por la entidad a
pesar de que la “cuota de pacientes” se terminaba antes, realizaba su
trabajo en las instalaciones de la entidad y ejecutaba actividades propias
de su objeto misional. No obstante, el tribunal y juzgado accionado les
restaron todo crédito sin hacer mención específica de las razones por las
cuales no tenían peso probatorio (…)”32.
Lo anterior, con el fin de insistir en que existió una relación laboral entre
él y la E.S.E. Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, al configurarse el
elemento de subordinación, por lo que, según aseguró, “(…) era un
verdadero servidor público del Hospital (…)”33, aspectos que fueron
resueltos por las autoridades judiciales accionadas.
Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia de segunda instancia
acusada, explicó lo siguiente34:
“[…] 56. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la
Sala se adentrará en el estudio de fondo del asunto a efectos de
determinar, con base en el acervo probatorio obrante en el proceso,
si en el presente asunto se configuró el elemento estructural de la
subordinación. No se hará análisis alguno con respecto a la
prestación personal del servicio y la remuneración, teniendo en
cuenta que no fueron objeto de controversia en la apelación.
57. Así pues, en cuanto al elemento denominado subordinación y /o
dependencia, la parte demandante indicó en la demanda que
desarrolló sus labores bajo las órdenes e instrucciones de la entidad
demandada.
31
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Visto en los índices 8, 10, 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00153 00.
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58. Ahora, en lo que se refiere a la acreditación del aludido elemento
se tiene que, a juicio de la Sala, la prueba documental traída al
plenario y referente a los contratos relacionados en precedencia no
es suficiente para colmar la carga probatoria que le correspondía a
la parte demandante.
59. Por su parte, de lo expuesto por el demandante en cuanto al
elemento de la subordinación y las órdenes impartidas por el ente
hospitalario respecto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, no se
encuentra prueba de la cual se desprenda que el señor CARLOS
ALONSO VALENCIA BERNAL hubiese recibido órdenes que
rompieran con su independencia y autonomía.
60. Si bien el demandante percibió unos honorarios profesionales,
como contraprestación por la labor desarrollada, no se demostró que
la demandada hubiera realizado exigencia alguna en relación con la
cantidad, calidad y modo del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, pues contrario a una exigencia o metas definidas por
el ente contratante, lo que se puede advertir de las pruebas obrantes
en el proceso es que el demandante recibía los honorarios pactados
de acuerdo a la cantidad de horas ejecutadas, conforme se
desprende de las actas se seguimiento allegadas, la cláusula de los
contratos donde se estipuló la forma de pago y los testimonios
practicados.
61. Al respecto, es menester indicar que el señor HECTOR JUNIOR
PERLAZA, en su declaración afirmó que, en virtud del objeto
contractual, tanto él como el aquí demandante y demás médicos
contratistas vinculados con la entidad demandada, cumplían unos
turnos, los cuales eran acordados con el Coordinador y podían
programarse de manera que pudieran aumentar el valor de sus
honorarios; aunado a que, indicó que como médicos cuentan con el
beneficio de organizar sus horarios para trabajar en más de una
entidad.
62. Adicionalmente, en el presente caso se observa que, si bien el
demandante debía dedicar un número de horas a la actividad para
la cual fue contratado, las cuales, según las pruebas practicadas, se
daba previo acuerdo con el respectivo Coordinador de la entidad, así
como el hecho de rendir informes y prestar o cumplir el servicio en
un lugar determinado, ello obedecía a las necesarias relaciones de
coordinación para la atención eficiente de los pacientes, sin que tales
circunstancias implicaran que el demandante estuviera orientado
por una instrucción acerca de la forma como debía cumplir su
actividad como médico general, pues este respondía a sus propios
criterios y cumplía el servicio bajo su dirección y gobierno.
63. En consecuencia, cuando el objeto del contrato se realiza en
forma autónoma por quien lo ejecuta, no nos encontramos frente a
un contrato realidad, pues resulta claro que el coordinador no podía
impartir instrucciones sobre la forma como el demandante iba a
cumplir su actividad.
64. Ahora bien, sobre los otros aspectos ajenos a la prestación del
servicio, como la rendición de reportes o cumplir un horario, el cual
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no se demostró estricto e impositivo, y que, además, debía prestar
el servicio en un sitio determinado, son elementos propios de la
coordinación de toda actividad humana, sin la cual habría sido
imposible cumplir de manera adecuada el objeto contractual.
(…)
67. En ese entendido, la circunstancia de que el demandante
cumpliera un horario no constituye elemento para afirmar que
existía una relación de sujeción, pues resulta lógico que para
coordinar la prestación del servicio de salud tuviera que ser
destinado a un determinado lugar y reportar a su Coordinador el
desarrollo de su actividad, pero el cumplimiento de la misma no
respondía a una directriz, pues ésta la realizaba de conformidad con
los conocimientos que tenía como médico general y por los cuales
se le contrató.
(…)
73. Ahora, si bien las pruebas practicadas en el proceso demuestran
la prestación personal del servicio y la remuneración, no acreditan
el elemento de la subordinación, que por sus especiales
características requiere de un análisis más integral que permita al
juez llegar a la convicción de que el Estado, representado en la
entidad contratante, actuó como un verdadero empleador,
imponiéndole al contratista órdenes explícitas de sometimiento
laboral, lo cual no está probado en el caso sub examine.
(…)
76. En este orden de ideas, advierte la Sala que entre el
demandante y la entidad demandada no existió una verdadera
relación laboral, pues si bien se infiere la prestación personal del
servicio conforme a los diversos contratos de prestación de servicios
obrantes en el plenario, en los que se consignaron los términos y
condiciones para ejercer la labor encomendada como médico
general, lo cierto es que no demostró el elemento subordinación,
como requisito necesario para establecer si bajo la apariencia de un
contrato de prestación de servicios, se ocultó la verdadera relación
laboral entre las partes.
77. De esta manera, no le asiste razón al apelante para que se
reconozcan las prestaciones sociales y demás emolumentos
solicitados en la demanda, ya que de la valoración probatoria que
reposa en el expediente no se logró demostrar la existencia de un
verdadero contrato de trabajo, en la medida que no se acreditó el
elemento de la subordinación como presupuesto necesario para que
se configure una relación laboral […]”. (Se destaca).
Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez
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natural, bajo el principio de autonomía e independencia judicial, y las
reglas de la sana crítica, e insistir en que sí existió una relación laboral
entre él y el hospital demandado, por lo que acorde con la jurisprudencia
constitucional aludida en precedencia, la tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 00153 01
Accionante: Carlos Alonso Valencia Bernal
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
por cuanto no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, por lo que se confirmará el fallo proferido el 13 de febrero
de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 13 de febrero de
2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según lo explicado en
la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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