Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00173-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
11 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00173-00
Accionantes: Jairo Albeiro Vega Rincón y otros
Accionado: Presidencia de la República de Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00173-00
Accionantes: Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación
de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el
Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio de San
Martín (ASODEVO) y otros
Accionado: Presidencia de la República de Colombia
Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
petición. Subtema 1: integridad de un mensaje de datos. Subtema 2: uso de medios
tecnológicos en los procedimientos y trámites de los organismos y entidades de la
administración pública. Subtema 3: formas de canalizar las peticiones.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por el señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en
representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto
Armado de la vereda Villa Oliva del municipio de San Martín (ASODEVO), y otros1, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la
Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda
Villa Oliva del municipio de San Martín (ASODEVO), y otros presentaron acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de petición, que consideraron vulnerados por la Presidencia de la República al no
resolver la petición que radicaron el 13 de diciembre de 2024.
1 Jairo Albeiro Vega Rincón, Andrés Sierra, Luz Senith Romero Quintero, Andrés Sierra Romero, Wilson Sierra
Romero, Yenny Sierra Romero, José Leobanis Palomino Bermúdez, Helida Castillo Carrero, Eliana Patricia
Palomino Castillo, Luis Ángel Palomino Castillo, José Leonardo Palomino Castillo, Elda Carrero, Luisa Fernanda
Martínez Carrero, Ana Isabel Martínez Carrero, Esperanza Martínez Carrero, Luis Alberto Martínez Carrero, Luis
José Suárez, Luisa Fernanda Suárez Delgado, Abdón López Galvis, Álvaro López Galvis, Luis Hernando López
Galvis, Wilmer Enrique López Galvis, Ana Dolores López Galvis, Jesús David López Galvis, Nancy Yolanda López
Galvis, Liliana Patricia López Galvis, Sandra Milena López Galvis, Deyanira Rodríguez Quintero, Dubán Armando
Arias Mantilla, Margarita Pérez López, Rosa Elena López Galvis, Viviana Andrea López, María Gloria Pérez
Rodríguez, Pedro María Plata, María del Rosario Arias Pabón, Jahir Plata Arias, Faustino Franco Sanguino, Marlon
Yesid Franco Acuña, José Antonio Carrillo Ortega, María del Carmen Balaguera Gómez, Pedro Jesús Carrillo
Balaguera, Alexander Carrillo Balaguera y Erika Julieth Carrillo Balaguera.
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Accionantes: Jairo Albeiro Vega Rincón y otros
Accionado: Presidencia de la República de Colombia
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos:
2. El señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la
Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda
Villa Oliva del municipio de San Martín (ASODEVO), y otros presentaron una petición
el 13 de diciembre de 2024 ante la Presidencia de la República de Colombia, en la que
solicitaron al presidente pronunciarse sobre la fecha prevista para el pago de unas
indemnizaciones reconocidas a través de un proceso judicial a víctimas del conflicto
armado.
3. La parte accionante afirmó que, a la fecha de la radicación de la presente acción,
no ha recibido respuesta.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
4. La parte actora requirió en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Se TUTELEN los derechos fundamentales y constitucionales del derecho al debido
proceso y del derecho de petición del señor JAIRO ALBEIRO VEGA RINCÓN en su
calidad de representante legal de la Asociación Multiactiva de Víctimas desplazadas
por el conflicto armado de la Vereda Villa Oliva del municipio de San Martín- Cesar
“ASODEVO” y otros.
2. Favor Ordenar al señor Presidente de Colombia, doctor Gustavo Petro, entregar
respuesta integra, de fondo, completa, integra, a la solicitud realizada el día 13 de
diciembre de 2024 […]
3. Favor Ordenar las demás pretensiones que el honorable despacho judicial
Constitucional considere indispensables para el restablecimiento de los derechos
Constitucionales y fundamentales del señor JAIRO ALBEIRO VEGA RINCÓN en su
calidad de representante legal de la Asociación Multiactiva de Víctimas desplazadas
por el conflicto armado de la Vereda Villa Oliva del municipio de San Martín- Cesar
“ASODEVO” y otros2.
5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora argumentó que se
vulneraron sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso porque la
entidad accionada omitió dar respuesta a su petición.
2.3. Trámite procesal
6. El despacho ponente, mediante auto del 21 de enero de 20253, admitió la solicitud
de tutela; vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas;
requirió a las partes para que rindieran el informe correspondiente y al abogado Carlos
Augusto González Duarte para que aportara el poder para representar a cada uno de
los tutelantes; y ordenó las notificaciones de rigor.
2 Se transcribe incluso con errores del texto.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00173-00, índice 4, certificado 46979D4E696CBE92 92533E1D17F59847
16BC678C78686900 433CE26655565FED.
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2.4. Intervenciones
7. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de
Colombia4 solicitó ser desvinculado del proceso; además, pidió que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela al no existir vulneración alguna de derechos
fundamentales, pues no se encontró la recepción del correo electrónico del 13 de
diciembre de 2024, ya que según certificación núm. CERT25-000348 del 28 de enero
de 2025, el correo electrónico excedió el tamaño máximo de 35 MB.
8. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas5 requirió que se declare improcedente la acción constitucional, se le
desvincule y se nieguen las pretensiones de la demanda, pues existe una imposibilidad
de brindar respuesta con una fecha cierta de pago por parte de la UARIV debido a
problemas estructurales y financieros, y a no contar con la totalidad del dinero
reconocido mediante sentencia del 24 de septiembre de 2020.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Presidencia de la República
de Colombia.
3.2. Legitimación en la causa
10. La legitimación en la causa por activa del señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en
nombre propio y en representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas
Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio de San
Martín (ASODEVO), y otros6 se encuentra acreditada, por cuanto fueron quienes, a
través de abogado, radicaron la petición que hoy es objeto de estudio. Lo que, a su
vez, los hace titulares de los derechos fundamentales que adujeron les fueron
vulnerados.
11. Por otra parte, frente al señor Armando Arias Arévalo, es importante precisar que
la Corte Constitucional, en la sentencia T-292 de 2021, se pronunció sobre la
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00173-00, índice 10, certificado 15F9A41F3F4FD13E 8BAA29F66AC50DA0
6CC7BC0E08255A93 9DAB62A15123D422.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00173-00, índice 18, certificado 4FFBC9DF1A15F54B 4A6313BC91626212
7E3D894BB7A20162 873D7FE82F637585.
6 Jairo Albeiro Vega Rincón, Andrés Sierra, Luz Senith Romero Quintero, Andrés Sierra Romero, Wilson Sierra
Romero, Yenny Sierra Romero, José Leobanis Palomino Bermúdez, Helida Castillo Carrero, Eliana Patricia
Palomino Castillo, Luis Ángel Palomino Castillo, José Leonardo Palomino Castillo, Elda Carrero, Luisa Fernanda
Martínez Carrero, Ana Isabel Martínez Carrero, Esperanza Martínez Carrero, Luis Alberto Martínez Carrero, Luis
José Suárez, Luisa Fernanda Suárez Delgado, Abdón López Galvis, Álvaro López Galvis, Luis Hernando López
Galvis, Wilmer Enrique López Galvis, Ana Dolores López Galvis, Jesús David López Galvis, Nancy Yolanda López
Galvis, Liliana Patricia López Galvis, Sandra Milena López Galvis, Deyanira Rodríguez Quintero, Dubán Armando
Arias Mantilla, Margarita Pérez López, Rosa Elena López Galvis, Viviana Andrea López, María Gloria Pérez
Rodríguez, Pedro María Plata, María del Rosario Arias Pabón, Jahir Plata Arias, Faustino Franco Sanguino, Marlon
Yesid Franco Acuña, José Antonio Carrillo Ortega, María del Carmen Balaguera Gómez, Pedro Jesús Carrillo
Balaguera, Alexander Carrillo Balaguera y Erika Julieth Carrillo Balaguera.
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posibilidad de acudir al trámite de tutela a través de apoderado, en los siguientes
términos:
[…] el ejercicio de la representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto de apoderamiento
especial y concreto o en un poder de carácter general. Al respecto, ha señalado que “la
falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado
judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita
para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo
tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de
legitimación por activa”. Ahora bien, aunque los apoderados judiciales en sede tutela
tienen el deber de acreditar tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela, en
ejercicio de sus facultades, adopte medidas tendientes a subsanar irregularidades
formales, con el fin de no comprometer la protección de los derechos fundamentales
invocados.
12. Conforme a la regla anterior, quien acude a la acción de tutela a través de
apoderado debe presentar el escrito respectivo en los términos que exige el artículo
74 del Código General del Proceso (CGP), es decir que, si se trata de un poder
especial, en él se describirán los asuntos para los que fue conferido de manera clara
y determinada.
13. Conviene mencionar que la jurisprudencia constitucional ha manifestado desde
hace tiempo que en los eventos en que la acción de tutela se ejerce por intermedio de
apoderado, el mandante debe otorgar poder especial, de modo que el profesional del
derecho no puede hacer valer el poder otorgado en un proceso ordinario para solicitar
el amparo constitucional, pues «es necesario contar con poder especial para legitimar
su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo
constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un
asunto diferente»7.
14. Conforme a lo anterior, se encuentra que el abogado Carlos Augusto González
Duarte no allegó al expediente de esta acción constitucional poder especial para
ejercer la acción de tutela en representación del señor Armando Arias Arévalo, por lo
que resulta evidente que no subsanó de forma completa los reparos formulados en el
auto admisorio.
15. En ese orden, se infiere que el apoderado que suscribe el escrito de tutela en
nombre del señor Armando Arias Arévalo no se encuentra facultado para promover el
mecanismo constitucional en contra de la Presidencia de la República y, por lo tanto,
no tiene legitimación para actuar en tal condición, motivo por el cual no resulta
procedente efectuar un estudio de fondo de los reproches expuestos en el escrito de
tutela respecto a este accionante.
16. Está acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la
República de Colombia, en la medida en que es la autoridad a quien se dirigió la
petición y que, según los accionantes, no la resolvió; por lo tanto, es a quien se le
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de petición.
7 Corte Constitucional, sentencia T-658 de 2002.
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17. La UARIV solicitó su desvinculación al considerar que no está llamada a responder
por la alegada vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
18. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercera con interés en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En
ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridad accionada, no es
posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos
expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez8.
20. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable9; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»10.
3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
21. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso
por falta de respuesta de la respectiva entidad responsable.
22. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la parte accionante argumentó que la solicitud que presentó no ha sido resuelta,
circunstancia que, en principio, es continua en el tiempo11.
3.5. Problema jurídico
23. La Sala debe decidir si la Presidencia de la República vulneró los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso de la parte actora por no resolver de
fondo la petición presentada el 13 de diciembre de 2024.
24. Para el efecto, se estudiarán los siguientes supuestos: (i) generalidades de los
derechos fundamentales al debido proceso y de petición; (ii) integridad del mensaje de
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
9 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
10 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
11 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023:
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».
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datos; (iii) uso de medios tecnológicos en los trámites y procedimientos de los
organismos y entidades de la administración pública; y (iv) análisis del caso concreto.
3.5.1 Generalidades de los derechos fundamentales al debido proceso y de
petición
25. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso es un
derecho que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La
Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho de la siguiente manera12:
Con todo, el derecho al debido proceso es una garantía fundamental que debe
ser respetada en cualquier trámite judicial y administrativo en el cual se vaya a
crear, extinguir o modificar una situación jurídica para una persona.
66. Por su parte, en la Sentencia T-010 de 2017, la Corte afirmó que las
garantías mínimas del derecho al debido proceso administrativo eran: (i) ser
oído durante la actuación; (ii) la notificación oportuna y de acuerdo a la Ley; (iii)
la actuación sea surtida sin dilaciones injustificadas; (iv) se permita participación
en lo actuado desde su inicio hasta el fin; (v) la actuación se adelante por una
autoridad competente y con pleno respeto de las formas previstas en la Ley; (vi)
se goce de la presunción de inocencia; (vii) se permita el ejercicio efecto de la
defensa y la contradicción; (viii) poder aportar y controvertir las pruebas; y, (ix)
poder impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas
con violación al debido proceso.
26. Por consiguiente, el derecho fundamental al debido proceso trae consigo el deber
por parte de las entidades públicas y autoridades judiciales de dar trámite a las
actuaciones de forma célere y sin dilaciones injustificadas, sin que los retrasos deban
ser soportados por el administrado o usuario de justicia.
27. Respecto del derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución Política prevé
que toda persona tiene derecho a formular peticiones ante las autoridades, de manera
respetuosa, ya sea por razones de interés general o particular, y a obtener una
respuesta pronta por parte de estas. Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1437 de
2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, especificó que la resolución a la solicitud
debe ser «completa y de fondo». A su vez la Corte Constitucional 13, respecto del
mencionado derecho, expuso lo siguiente:
Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho de
tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con los que cuenta
la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes. El núcleo de
este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii)
la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal respectivo.
28. En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte del CPACA 14. En
particular, el artículo 17 de esta codificación dispone lo siguiente:
12 Corte Constitucional, sentencia T-413 de 2024.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
14 Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo.
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En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un
(1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales. [negrilla fuera del texto]
3.5.2 Integridad del mensaje de datos
29.La Ley 527 de 199915 reguló la aplicación de los requisitos jurídicos de los
mensajes de datos y en su artículo 7 estableció sobre la firma de estos que:
Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas
consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se
entenderá satisfecho dicho requerimiento si:
a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos
y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;
b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el
mensaje fue generado o comunicado.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier
norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén
consecuencias en el caso de que no exista una firma.
30. En igual sentido, el artículo 9 de dicha normativa reglamentó lo siguiente frente a la
integridad:
Para efectos del artículo anterior, se considerará que la información consignada en un
mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la
adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de
comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será
determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las
circunstancias relevantes del caso.
3.5.3 Uso de medios tecnológicos en los trámites y procedimientos de los
organismos y entidades de la administración pública
31. A su turno, la Ley 962 de 200516 reguló la racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
15 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico
y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
16 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
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particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Frente a los
medios tecnológicos, el artículo 6 ibidem estableció lo siguiente:
Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos y
entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los
ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear,
adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que
dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el
efecto, podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada
caso sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan
algunas entidades especializadas.
La sustanciación de las actuaciones, así como la expedición de los actos
administrativos, tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Para
el trámite, notificación y publicación de tales actuaciones y actos, podrán
adicionalmente utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas.
Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante
cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y
organismos de la Administración Pública […].
32. La Corte Constitucional ha dispuesto que las peticiones pueden presentarse a
través de medios tecnológicos siempre y cuando se cumplan unos criterios que
aseguren quién es el remitente y que el mensaje de datos realmente llegó a su destino.
Al respecto, se pronunció de la siguiente forma17:
Finalmente, se debe demostrar que la petición remitida por medios electrónicos cumple
con las características de integridad y confiabilidad (art. 9, L.527/99), es decir, que el
canal utilizado cuente con condiciones que permitan realizar un seguimiento al mensaje
de datos, tanto desde el momento en que fue enviado por el originador hasta que fue
recibido por su destinatario, a efectos de establecer si su contenido resultó o no
alterado en algún punto.
Cumplidas tales exigencias, las cuales se resumen en (i) determinar quién es el
solicitante, (ii) que esa persona aprueba lo enviado y (iii) verificar que el medio
electrónico cumpla con características de integridad y confiabilidad, las autoridades no
podrán negarse a recibir y tramitar las peticiones que sean formuladas ante ellas por
medio de mensajes de datos, a partir de cualquier tipo de plataforma tecnológica que
permita la comunicación entre el particular y la entidad.
[…]
4.5.6.1.4. De lo que se advierte hasta el momento, queda claridad respecto del deber
de las autoridades de garantizar la atención personal al público y de disponer de medios
tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, incluyendo para ello el uso de
medios alternativos. De esta manera, las autoridades deben contar con vías suficientes
que les permitan a las personas elegir entre medios físicos y electrónicos para formular
sus solicitudes.
3.6. Caso concreto
33. El señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio y en representación de la
Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda
Villa Oliva del municipio de San Martín (ASODEVO), y otros presentaron un escrito
ante la Presidencia de la República de Colombia, el 13 de diciembre de 2024, en el
17 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020.
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que solicitaron que se pronunciara sobre el pago de unas indemnizaciones
reconocidas a través de un proceso judicial a víctimas del conflicto armado. La parte
accionada no emitió respuesta, lo cual consideraron vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de petición.
34. En ese orden, resulta oportuno advertir que la entidad accionada, en su escrito de
contestación de tutela, certificó que en los registros «LOG» del correo electrónico se
encontró la evidencia de la «NO entrega del correo por exceder el tamaño máximo de
envió de 35 MB el día 13 del mes diciembre del año 2024 a las 14:46:30 PM, desde la
cuenta: litos1207@hotmail.com al destinatario: contacto@presidencia.gov.co» [sic].
35. Pues bien, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, las entidades
deben informar cuándo una petición no cumple con los requerimientos para ser
recepcionada y para que se pueda pronunciar de fondo. Aunado a ello, conforme lo
establecen los artículos 7 y 9 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 6 de la Ley 962 de
2005, tienen la obligación de implementar los medios tecnológicos para recibir las
peticiones, tramitarlas y, conforme a ello, garantizar las condiciones de seguridad e
integridad dentro de las plataformas dispuestas para canalizar dichas solicitudes.
36. Citado lo anterior, al verificar el correo electrónico al cual se remitió la petición, que
es uno de los dispuestos en la página de la Presidencia de la República; la Sala
observa que no existe dentro del sitio web un aviso que especifique el peso de los
correos electrónicos que puede recibir la entidad o que indique la capacidad de la
herramienta que tramita las solicitudes. De igual forma, aunque la entidad accionada
certifica la no entrega exitosa del correo electrónico, no existe prueba de que informara
esto a los peticionarios.
37. En los términos expuestos, la Sala concluye que la entidad accionada no cumplió
con su obligación de informar a los peticionarios si debían hacer algún trámite
adicional, en este caso comprimir los anexos o modificar el peso del correo electrónico,
para que pudiera tramitarse correctamente la solicitud y, de esta forma, brindar una
respuesta de fondo, como lo exige el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.
38. Era su deber garantizar que las plataformas dispuestas para la recepción de
peticiones a través de mensajes de datos cumplieran con las condiciones para hacer
seguimiento a estas y, en todo caso, debió informar a la parte actora que su petición
no podía ser gestionada al exceder el correo electrónico que envió el peso máximo
permitido por la plataforma dispuesta para tal fin.
39. En tal sentido, de las pruebas aportadas al expediente de tutela, no existe soporte
que demuestre que se informara a los accionantes que la bandeja de entrada de la
dirección electrónica de la Presidencia de la República no soportaba el peso del correo
que remitieron y tampoco que se les comunicaran por ese mismo medio de radicación
la no entrega del email, de manera que la parte actora tuviera la oportunidad de hacer
lo correspondiente y que su petición fuera resuelta correcta y oportunamente.
40. En este punto, es importante resaltar que, aunque la entidad accionada afirma
desconocer el derecho de petición, lo cierto es que con el escrito de tutela se aportó,
por lo que ahora tiene acceso a la petición de los accionantes, y al no haber
comunicado irregularidades en el mensaje de datos, es su deber contestar la solicitud.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00173-00
Accionantes: Jairo Albeiro Vega Rincón y otros
Accionado: Presidencia de la República de Colombia
IV. CONCLUSIONES
41. En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso
y de petición del señor Jairo Albeiro Vega Rincón, de la Asociación Multiactiva de
Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio
de San Martín (ASODEVO) y de otros, y ordenará a la Presidencia de la República que
resuelva la solicitud presentada el 13 de diciembre de 2024.
42.De igual forma, se exhortará a la Presidencia de la República para que, en su
página web, indique de manera clara y precisa el tamaño y tipo de documentos que
soporta el correo electrónico que recepciona las solicitudes de los usuarios.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y de petición de los señores Jairo Albeiro Vega Rincón, Andrés Sierra, Luz Senith
Romero Quintero, Andrés Sierra Romero, Wilson Sierra Romero, Yenny Sierra
Romero, José Leobanis Palomino Bermúdez, Helida Castillo Carrero, Eliana Patricia
Palomino Castillo, Luis Ángel Palomino Castillo, José Leonardo Palomino Castillo, Elda
Carrero, Luisa Fernanda Martínez Carrero, Ana Isabel Martínez Carrero, Esperanza
Martínez Carrero, Luis Alberto Martínez Carrero, Luis José Suárez, Luisa Fernanda
Suárez Delgado, Abdón López Galvis, Álvaro López Galvis, Luis Hernando López
Galvis, Wilmer Enrique López Galvis, Ana Dolores López Galvis, Jesús David López
Galvis, Nancy Yolanda López Galvis, Liliana Patricia López Galvis, Sandra Milena
López Galvis, Deyanira Rodríguez Quintero, Dubán Armando Arias Mantilla, Margarita
Pérez López, Rosa Elena López Galvis, Viviana Andrea López, María Gloria Pérez
Rodríguez, Pedro María Plata, María del Rosario Arias Pabón, Jahir Plata Arias,
Faustino Franco Sanguino, Marlon Yesid Franco Acuña, José Antonio Carrillo Ortega,
María del Carmen Balaguera Gómez, Pedro Jesús Carrillo Balaguera, Alexander
Carrillo Balaguera, Erika Julieth Carrillo Balaguera y de la Asociación Multiactiva de
Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la vereda Villa Oliva del municipio
de San Martín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Presidencia de la República que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva
de forma clara, precisa y de fondo la petición del 13 de diciembre de 2024.
TERCERO: EXHORTAR a la Presidencia de la República para que, en su página web,
indique de manera clara y precisa el tamaño y tipo de documentos que soporta el
correo electrónico que recepciona las solicitudes de los usuarios.
CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Armando
Arias Arévalo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
QUINTO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme a
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00173-00
Accionantes: Jairo Albeiro Vega Rincón y otros
Accionado: Presidencia de la República de Colombia
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
AC/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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