Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01506-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01506-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01506-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01506-00
Demandante: Jairo Albeiro Vega Rincón en representación ASODEVO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-01506-00
Demandante JAIRO ALBEIRO VEGA RINCÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN MULTIACTIVA DE VÍCTIMAS DESPLAZADOS POR
EL CONFLICTO ARMADO DE LA VEREDA VILLA OLIVA DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CESAR (ASODEVO)
Demandado CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B
Temas Mora judicial en dictar sentencia de primera instancia en acción de
tutela. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el Conflicto
Armado de la Vereda Villa Oliva del Municipio de San Martín Cesar (ASODEVO),
de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de marzo de 20251, la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el
Conflicto Armado de la Vereda Villa Oliva del Municipio de San Martín Cesar
(ASODEVO), representada por el señor Jairo Albeiro Vega Rincón, interpuso acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, despacho
de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, por estimar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso, por la demora en dictar sentencia de primera
instancia en la acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2025-00173-00.
En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2:
«1. Se TUTELEN nuestros derechos Constitucionales y fundamentales al debido proceso
dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-00173-00.
2. Favor ORDENAR a la Honorable Magistrada, la doctora ELIZABETH BECERRA
CORNEJO, DEL CONSEJO DE ESTADO, dictar sentencia dentro de la acción de tutela
del radicado 11001-03-15-000-2025-00173-00.
3. Favor compulsar copias ante la Comisión de Acusaciones de la cámara de
Representantes para que sea investigada la conducta de la Honorable Magistrada, la
doctora ELIZABETH BECERRA CORNEJO, DEL CONSEJO DE ESTADO, por la
irregular actuación que viene realizando por desconocer los términos dentro del radicado
11001-03-15-000-2025-00173-00.
4. Favor Ordenar las demás pretensiones que el señor Magistrado Ponente, juez
Constitucional considere indispensables para el restablecimiento de nuestros derechos
Constitucionales y fundamentales.» (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1
Samai, índice 2.
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Samai, índice 2.
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Demandante: Jairo Albeiro Vega Rincón en representación ASODEVO
2.1. El 16 de enero de 2025, el señor Jairo Albeiro Vega Rincón, en nombre propio
y en representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por
el Conflicto Armado de la Vereda Villa Oliva del Municipio de San Martín
(ASODEVO) y otros, presentaron acción de tutela contra la Presidencia de la
República en razón a la falta de respuesta de la solicitud que radicaron el 13
de diciembre de 2024.
2.2. La mencionada acción fue radicada bajo el Nro. 11001-03-15-000-2025-
00173-00, correspondiéndole su conocimiento al despacho de la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
2.3. El 21 de enero de 2025, el despacho ponente profirió auto admisorio en la
acción constitucional.
2.4. El señor Jairo Alberto Vega Rincón dijo que a la fecha de radicación de esta
acción la autoridad accionada no ha dictado fallo de primera instancia en la
acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2025-00173-00 a pesar de que han
transcurrido más de 15 días hábiles, superando el término de 10 días
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el
Conflicto Armado de la Vereda Villa Oliva del Municipio de San Martín Cesar
(ASODEVO), representada por el señor Jairo Albeiro Vega Rincón, acusó la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, comoquiera que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, despacho de la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo, a la fecha de radicación de esta acción constitucional,
no ha dictado sentencia de primera instancia en la acción de tutela Nro. 11001-03-
15-000-2025-00173-00.
Afirma que ha transcurrido más de 15 días desde la radicación de la acción de tutela
sin que se obtenga sentencia de instancia, a pesar de que son una asociación que
tienen una condición de sujetos de especial protección
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Con providencia del 18 de marzo de 20253, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela presentada por el señor Jairo Albeiro Vega Rincón en
representación de la Asociación Multiactiva de Víctimas Desplazados por el
Conflicto Armado de la Vereda Villa Oliva del Municipio San Martín
(ASODEVO), contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo.
Se vinculó en calidad de terceros con interés a la Presidencia de la República,
a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y a las
siguientes personas, que actuaron en calidad de demandantes en la acción de
tutela Nro. 11001-03-15-000-2025-00173-00:
1. Andrés Sierra 9. Luis Ángel Palomino Castillo
2. Luz Senith Romero Quintero 10. José Leonardo Palomino Castillo
3. Andrés Sierra Romero 11. Elda Carrero
4. Wilson Sierra Romero 12. Luisa Fernanda Martínez Carrero
5. Yenny Sierra Romero 13. Ana Isabel Martínez Carrero
6. José Leobanis Palomino Bermúdez 14. Esperanza Martínez Carrero
7. Helida Castillo Carrero 15. Luis Alberto Martínez Carrero
8. Eliana Patricia Palomino Castillo 16. Luis José Suárez
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Samai, índice 4.
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Demandante: Jairo Albeiro Vega Rincón en representación ASODEVO
17. Luisa Fernanda Suárez Delgado 31. Rosa Elena López Galvis
18. Abdón López Galvis 32. Viviana Andrea López
19. Álvaro López Galvis 33. María Gloria Pérez Rodríguez
20. Luis Hernando López Galvis 34. Pedro María Plata
21. Wilmer Enrique López Galvis 35. María del Rosario Arias Pabón
22. Ana Dolores López Galvis 36. Jahir Plata Arias
23. Jesús David López Galvis 37. Faustino Franco Sanguino
24. Nancy Yolanda López Galvis 38. Marlon Yesid Franco Acuña
25. Liliana Patricia López Galvis 39. José Antonio Carrillo Ortega
26. Sandra Milena López Galvis 40. María del Carmen Balaguera
27. Deyanira Rodríguez Quintero Gómez
28. Dubán Armando Arias Mantilla 41. Pedro Jesús Carrillo Balaguera
29. Armando Arias Arévalo 42. Alexander Carrillo Balaguera
30. Margarita Pérez López 43. Erika Julieth Carrillo Balaguera
Se ofició a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado para que
notificara a las personas mencionadas anteriormente, a su vez se requirió al
accionante para que aportara las direcciones de notificación de las 43
personas para efectos de que la Secretaría General surtiera las notificaciones;
se ofició a la autoridad accionada para que rindiera un informe en el que
precisara el trámite que se le ha dado al proceso de tutela Nro. 11001-03-15-
000-2025-00173-00, e indicara el turno en el que se encuentra dicho proceso
y el listado de expedientes en trámite; y se dispuso a efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.2. La Unidad para las Víctimas UARIV4 señaló que no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la parte actora, pues carece de competencia legal
para interferir o realizar algún pronunciamiento sobre esta solicitud, más aún
cuando se verificó y el actor no se encuentra incluido en el RUV. Recordó que
la función de esa unidad es realizar un acompañamiento a las víctimas del
conflicto para que puedan acceder a los beneficios que restablezcan los
derechos que les fueron arrebatados en el momento de ocurrencia de los
hechos victimizantes.
Finalmente solicitó que se declarara improcedente esta acción frente a esa
entidad, y en consecuencia se le desvinculara por existir falta de legitimación
en la causa por pasiva.
4.3. La Presidencia de la República5 rindió informe en el que manifestó que fue
parte dentro de la acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2025-00173-00, en
la cual atendió su vinculación y presentó sus argumentos de defensa, sin
embargo, no tiene las facultades para revocar o contradecir las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales, ni ha vulnerado los derechos
fundamentales del actor.
En consecuencia, pidió que se declarara improcedente esta acción, o en su
defecto fuera negada, dado que la Presidencia de la República carece de
legitimación en la causa por pasiva.
4.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B6, a través de la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, indicó que la acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2025-00173-00 le fue repartida a ese despacho, quien
admitió la acción el 21 de enero de 2025, luego el expediente ingresó para fallo
el 31 de enero de la misma anualidad y el 11 de febrero de 2025 se registró el
proyecto de fallo luego de que se discutiera por la Sala, es decir que este
4
Samai, índice 9.
5
Samai, índice 13, 14 y 15.
6
Samai, índice 17.
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trámite se dio dentro de los 10 días establecidos en el artículo 29 del Decreto
2591 de 1991.
Añadió que el 26 de marzo de 2025, fue cargado el fallo de primera instancia
al Sistema de Gestión Samai, luego de que se realizaran los ajustes
formulados por la Subsección. Por lo tanto, para el momento en que se rindió
este informe se encontraba el proceso en trámite de firmas de los magistrados.
Por lo que consideró que no se vulneran los derechos fundamentales alegados
y que se configuró un hecho superado en la medida en que ya se profirió la
sentencia de primera instancia en la acción constitucional, que era la
pretensión de la parte actora.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, corresponde
a la Sala determinar si operó la figura de la carencia actual de objeto por hecho
superado, debido a que, en el trámite de la acción de tutela, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, adelantó las gestiones tendientes a
garantizar el derecho fundamental de la Asociación Multiactiva de Víctimas
Desplazados por el Conflicto Armado de la Vereda Villa Oliva del Municipio de San
Martín Cesar (ASODEVO).
3. Carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.
Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento.
Este fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como
carencia actual de objeto dividido en tres escenarios: (i) hecho superado8; (ii) daño
consumado9 y (iii) situación sobreviniente10. Sobre esta clasificación, desde sus
inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-494 de 1993, precisó lo siguiente:
7
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
8
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
9
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
10
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
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«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la entidad demandada adelantó las acciones tendientes
a cesar la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de
materia hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para
lograr el amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial».
De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».
4. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Carencia actual de
objeto por hecho superado.
4.1. La parte actora cuestionó que a la fecha de radicación del escrito de tutela (14
de marzo de 2025), la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no había dictado sentencia de primera instancia en la acción de tutela
Nro. 11001-03-15-000-2025-00173-00, a pesar de que se había superado el
término de los 10 días fijado en el artículo 86 de la Constitución Política.
4.2. Ahora bien, sería del caso pasar a establecer si las acciones u omisiones de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneraron el
derecho al debido proceso de la Asociación Multiactiva de Víctimas
Desplazados por el Conflicto Armado de la Vereda Villa Oliva del Municipio de
San Martín Cesar (ASODEVO), si no fuera porque durante el trámite de este
amparo la autoridad accionada cumplió con el requerimiento que planteaba la
parte actora.
5
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Lo anterior en razón a que, lo pretendido por la Asociación era que se ordenara
«[…] dictar sentencia dentro de la acción de tutela del radicado 11001-03-15-000-2025-
00173-00», actuación que de conformidad con la contestación de la autoridad
accionada y del análisis realizado al expediente Nro. 11001-03-15-000-2025-
00173-00, fue atendida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, como se observa a continuación:
Actuación adelantada en la acción de tutela
Fecha de la actuación
Nro. 11001-03-15-000-2025-00173-00
16 de enero de 2025 Reparto y radicación de la acción
17 de enero de 2025 Pasó al despacho
21 de enero de 2025 Se dictó auto admisorio
22 de enero de 2025 Pasó a la Secretaría General
31 de enero de 2025 Pasó al despacho con contestaciones
11 de febrero de 2025 Se registró proyecto de fallo
26 de marzo de 2025 Se registró la sentencia de 1° instancia en Samai
(Sentencia fechada del 11 de febrero de 2025)
2 de abril de 2025 Notificación de la sentencia
Y se advierte que, en la sentencia de primera instancia de la mencionada
acción de tutela (notificada el 2 de abril de 2025), la autoridad judicial accionada
concedió el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes y,
ordenó a la presidencia de la República que en el término de 48 horas
siguientes a la notificación del fallo se resolviera de manera clara, precisa y de
fondo la petición del 13 de diciembre de 2024.
Así las cosas, la Sala encuentra que la acción de tutela carece de objeto,
porque el hecho que originó su interposición dejó de existir en el curso del
presente trámite.
De manera que, al haberse desplegado en el curso de la tutela la conducta
esperada por la parte accionante, la situación objeto de estudio se enmarca
en la figura de la carencia actual de objeto. Por lo tanto, resulta inocuo un
pronunciamiento adicional por parte del juez de tutela, pues se cumplió con la
actuación omitida, que a juicio de la parte actora tutelante constituía la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
5. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sección declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, ya que a la fecha no existe vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, dado que su pretensión relativa a que
se dictara el fallo de primera instancia en la acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-
2025-00173-00 ya fue satisfecha.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con
las pretensiones de la acción de tutela promovida por la Asociación Multiactiva
de Víctimas Desplazados por el Conflicto Armado de la Vereda Villa Oliva del
Municipio de San Martín Cesar (ASODEVO), por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Jairo Albeiro Vega Rincón en representación ASODEVO
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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