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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00181-01

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00181-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual amparo el derecho fundamental al debido proceso de Rosmery Torres Sáenz. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00181-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00181-01
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Temas: Impugnación. Tutela por acción u omisión de autoridad pública.
Derecho de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la impugnación formulada por la Unidad de Asistencia Legal
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) contra de la Sentencia
proferida el 7 de febrero de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se amparó el derecho el debido proceso de la
parte actora.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 16 de enero de 2025, Rosmery Torres Sáenz presentó acción de tutela
contra Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición, por la
presunta falta de respuesta a su solicitud de 14 de noviembre de 2024. A título de
amparo constitucional, la parte solicitó:

«PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición.

SEGUNDO: Consecuencialmente, se sirva ordenar al Dr. James Osorio Romero,
Abogado Ejecutor de la Unidad de Asistencia Legal - División de Cobro Coactivo,
Dirección Ejecutiva de Administra Consejo Superior de la Judicatura, responder la
petición.»

3. Como hechos relevantes y fundamentos de la vulneración, a partir del
escrito de tutela y sus anexos, fueron identificados los siguientes:

4. En la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administra del
Consejo Superior de la Judicatura cursa un proceso de cobro contra la señora
Torres Sáenz, bajo radicado No. 11001-07-90-000-2015-00333-00.

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz

5. El 14 de noviembre de 2024, Rosmery Torres Sáenz presentó una petición
ante dicha autoridad, en la que solicitó que se diera por concluido el proceso de
cobro coactivo, tras argumentar que, a su juicio, la obligación objeto de recaudación
había prescrito.

6. La accionante indicó en su solicitud que deseaba ser notificada vía correo
electrónico (rosmerytorressaenz@gmail.com). No obstante, al momento de
presentar la acción de tutela de la referencia, no había recibido respuesta alguna.

Intervenciones2

7. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ) informó que la petición presentada por Rosmery
Torres Sáenz fue resuelta mediante Oficio DEAJGCC24-14426 de 25 de noviembre
de 2024, que fue enviado a la dirección rosmerytorressaenz@hotmail.com, el 25 de
noviembre de 2024. Así mismo, señaló que dicha autoridad atendió de fondo, clara
y congruente la aludida petición, razón por la cual solicitó declara hecho superado
o, en su defecto, declarar improcedente la acción de tutela.

8. El Consejo Superior de la Judicatura alegó su falta de legitimación pasiva
en la causa, ya que era la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través
de su División de Cobro Coactivo, a quien le corresponde ejercer la respectiva
defensa en este mecanismo constitucional, de acuerdo con los hechos expuestos
por la parte accionante y el artículo 2 del Acuerdo PCSJA20-11603 de 2020.

Sentencia impugnada

9. El 7 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado tuteló el derecho al debido proceso de Rosmery Torres Saénz y le ordenó
a la Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que en
el término 48 horas contadas a partir de la notificación de esa providencia, que
comunicara la respuesta a la petición al correo electrónico correspondiente.

10. Para llegar a esa decisión, el juez de tutela de primer grado manifestó la
respuesta a la petición de la señora Torres Sáenz fue enviada a una dirección de
correo electrónico diferente a la mencionada por ella para efectos de notificaciones.
Esto generó una vulneración del principio de publicidad, componente esencial del
debido proceso, ya que la interesada aún no tenía conocimiento de las razones que
llevaron a la administración a desestimar su reclamo.

Impugnación

11. La Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia presentó escrito de
impugnación. Alegó que debía declararse la improcedencia de la acción de tutela al

2
Mediante Auto de 20 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó su notificación al Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, así como a la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado, como tercero con interés directo en el proceso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz

configurarse el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado o, en su
defecto, declarar el cumplimiento total de la orden de amparo. Lo anterior, porque el
abogado ejecutor de la DEAJ, mediante correo electrónico de 19 de febrero de 2025,
notificó el oficio de respuesta al buzón de correo rosmerytorressaenz@gmail.com.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

12. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, establecer si la Unidad de
Asistencia Legal de la División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho
fundamental de petición y/o debido proceso de la señora Torres Sáenz.

Procedibilidad de la acción de tutela contra autoridad Pública

13. La presente acción resulta procedente pues 1) se orientó a lograr el amparo
de los derechos fundamentales de petición y debido proceso; 2) se tiene acreditada
la legitimación, tanto por activa como por pasiva, puesto que la accionante es la
titular de las garantías de constitucionales que se invocan como violadas y la
División de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es
la autoridad que presuntamente no contestó el derecho de petición; 3) no existe otro
mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus
derechos constitucionales; 4) hubo un plazo razonable en la presentación de la
acción de tutela.

Análisis de la vulneración alegada

14. La Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las siguientes razones:

15. Quedó acreditado que la respuesta a la petición no fue notificada a la
accionante en debida forma durante el trámite de la primera instancia, toda vez que
fue remitida el 25 de noviembre de 2024 a una dirección electrónica distinta de la
que expresamente había sido señalada por la parte actora en su solicitud. Esta
irregularidad vulneró el derecho fundamental de la parte actora a recibir respuesta
oportuna y efectiva, conforme con el principio de publicidad.

16. En segundo lugar, no obró en el expediente prueba alguna que demuestre que
la entidad demandada haya adoptado medidas para subsanar dicha falencia o
garantizar que la comunicación llegara efectivamente a su destinatario. La falta de
diligencia en la notificación de la respuesta configuró una omisión que impidió el
ejercicio pleno del derecho de defensa y limitó el acceso efectivo a los recursos
administrativos o judiciales que eventualmente procedieran.

17. Ahora bien, igualmente se observó que la respuesta a la petición fue remitida
a la señora Torres Sáenz el 19 de febrero de 2025, esto es, con posterioridad a la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz

orden judicial emitida el 7 de febrero del mismo año3. Lo anterior evidencia que fue
únicamente como consecuencia de la decisión judicial que la entidad accionada
procedió a dar respuesta formal a la solicitud elevada por la accionante, en ese
orden no hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado 4.

17. En consecuencia, al evidenciarse la existencia de una vulneración a los
derechos fundamentales de la parte actora, derivada de la indebida notificación
inicial (la falta de respuesta oportuna, la cual solo subsanada con posterioridad a la
orden judicial), se impone la confirmación del fallo de primera instancia, en tanto
este reconoció la afectación al debido proceso y al derecho de petición, y adoptó las
medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados.

Conclusión

18. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, pues no se evidenció la
carencia actual de objeto por hecho superado con anterioridad a que se profiriera la
sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
amparo el derecho fundamental al debido proceso de Rosmery Torres Sáenz.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

4
Sobre el concepto y categorías de la carencia actual de objeto puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-522
de 2019.

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