Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00181-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00181-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00181-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: ROSMERY TORRES SÁENZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Derecho fundamental de petición en procesos administrativos y judiciales /
Derecho al debido proceso. Concede amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Rosmery Torres Sáenz, actuando en nombre propio, en contra del
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 16 de enero de 2025 la señora Rosmery Torres Sáenz presentó acción de
tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental de petición.
Hechos relevantes
2. El 14 de noviembre de 2024, la actora formuló una petición a la Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial - Unidad de Asistencia Legal – División de
Cobro Coactivo con el fin de solicitar que se diera por terminado el proceso de cobro
coactivo número 11001079000020150033300, toda vez que, en criterio de la
solicitante, la obligación objeto de recaudo en el proceso se encuentra prescrita.
Como dirección electrónica de notificación, la actora informó el correo:
rosmerytxxxxsxxxxx@gmail.com. A la fecha de presentación de la acción
constitucional, no había recibido respuesta.
1 Que ingresó para fallo el 30 de enero de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Pretensiones
3. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición.
SEGUNDO: Consecuencialmente, se sirva ordenar al Dr. James Osorio
Romero, Abogado Ejecutor de la Unidad de Asistencia Legal – División de
Cobro Coactivo, Dirección Ejecutiva de Administra Consejo Superior de la
Judicatura, responder la petición”.
Trámite en primera instancia
4. Mediante auto del 20 de enero de 2025 el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como accionado para
que ejerciera su derecho de defensa; así mismo se vinculó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera si lo consideraba necesario.
Intervenciones
5. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial indicó que mediante oficio DEAJGCC24-14426 del 25 de
noviembre de 2024, el director de tal unidad resolvió la petición, indicándole a la
peticionaria que “de acuerdo con el artículo 818 del E.T., el término de la
prescripción se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por tanto,
el término empieza a contar a partir de la notificación del mandamiento, puesto que
la interrupción del término de prescripción por cualquiera de las causales se traduce
para el proceso de cobro coactivo que los términos empiezan a correr totalmente de
nuevo. Téngase en cuenta que la sancionada se notificó personalmente el 16 de
agosto de 2022”.
Expuso que, en aras de garantizar los derechos fundamentales de la accionante,
esa unidad mediante oficio DEAJGCC25-464 presentó un informe de las
actuaciones procesales y respuestas dentro del proceso No. 11001-07-90-000-
2015-00333-00 del 22 de enero de 2025.
Por consiguiente, estimó que atendió de fondo, de manera clara y congruente esa
petición, es decir que los supuestos fácticos y jurídicos que sustentan la acción de
tutela desaparecieron con la respuesta del 25 de noviembre de 2024 por tanto se
presenta una carencia actual del objeto por hecho superado y solicita que se
rechace por improcedente.
6. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura argumentó que se
presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva puesto que es el órgano
de gobierno y de administración de la Rama Judicial, por lo que ejerce funciones
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
únicamente administrativas sujetas al marco normativo dispuesto en la Constitución
Política y la Ley 270 de 1996.
A su vez, indicó que, al ser un órgano independiente del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de la División
de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal es a quien le corresponde
ejercer la defensa dentro del presente trámite constitucional de acuerdo con los
hechos expuestos por la parte accionante y con el artículo 2° del acuerdo PCJSA20-
116032 del 2020 expedido por esa Corporación.
Por otro lado, mencionó el artículo 257 de la Constitución Política y el artículo 85 de
la Ley 270 de 1996 así como la sentencia 11001-03-15-000-2023-01865-00
proferida por el Consejo de Estado y el auto 11001-02-30-000-2023-00657-00 en el
que se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Además, arguyó que según el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 quien debe dar
cumplimiento al fallo es la autoridad que sea responsable de la vulneración del
derecho que está siendo tutelado, por tanto, el Consejo Superior de la Judicatura
no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de
amparar las garantías constitucionales.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema jurídico:
7. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela para luego determinar si, tal como lo sostiene uno de
los informes allegados al trámite constitucional, la situación que generó la
vulneración fue superada o, en caso contrario, la misma es actual.
Legitimación en la causa ir activa y por pasiva
8. La señora Rosmery Torres Saénz cuenta con legitimación en la causa por activa
para formular la acción de tutela, dado que el 14 de noviembre de 2024, presentó
una solicitud a la Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro Coactivo –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con miras a que se diera por
terminado el proceso de cobro coactivo con radicado 11001-07-90-000-2015-
00333-00 por la prescripción de la acción.
9. Respecto de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial también cuenta con legitimación en la causa por pasiva,
pues es la autoridad de quien se predica la omisión en resolver la solicitud.
2 “Por el cual se modifica la estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Inmediatez
10. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela, la
parte accionante satisfizo el requisito, pues la solicitud se realizó el 14 de noviembre
de 2024, en tanto que la presentación de esta acción ocurrió en el mes de enero del
año en curso, con lo cual ha transcurrido un tiempo razonable en acudir al juez
constitucional.
Subsidiariedad
11. En cuanto al principio de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991 establece que
la persona que interponga una acción de tutela deberá haber agotado previamente
los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios disponibles.
12. En virtud de lo anterior, la Sala observa que, para exigir la protección judicial del
derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, el
ordenamiento jurídico no prevé otro mecanismo de defensa distinto a la acción de
tutela, salvo lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015. Por lo tanto,
procede a realizar el análisis de fondo del caso.
Derecho de petición en procesos judiciales y/o administrativos
13. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o
particular, con el fin de obtener una pronta resolución, que implica las garantías de
i) sea recibida su petición; ii) evitar que se tomen represalias por el ejercicio de este
derecho; iii) se debe brindar una respuesta material; iv) se debe dar cumplimiento
del plazo dispuesto legalmente para resolver de fondo la solicitud y por último, v)
tiene que ser notificado en debida forma. Respecto al núcleo esencial de este
derecho fundamental, la Corte Constitucional ha precisado3:
a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
(Subrayado fuera del texto).
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3.
ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición. (Subrayado fuera del texto).
3 Sentencias T-917 de 2005, entre otras.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco
se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho
de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando
el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de
otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si
la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será
un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla
general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que
señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término
en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que
la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia
que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta
una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”
14. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se concluye que la respuesta de
una petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado y debe
ser puesta en conocimiento del peticionario a través de las direcciones físicas o
electrónicas informadas en el contenido de la solicitud.
15. Tratándose del ejercicio del ejercicio del derecho fundamental de petición en
procesos judiciales o administrativos, la jurisprudencia constitucional ha precisado
sus alcances al manifestar que si bien es cierto que puede ejercerse ante los jueces
u operadores jurídicos y en consecuencia éstos se encuentran en la obligación de
tramitar y responder las solicitudes que se les presenten. No obstante, “el juez o
magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes
y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad
procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio”4.
16. Conforme con lo anterior, han de diferenciarse dos clases de peticiones en
procesos judiciales o administrativos: “(i) las referidas a actuaciones estrictamente
judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada
juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido
mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial
bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración y, en
especial, de la Ley 1755 de 2015.”
17. Cabe recordar que la jurisdicción coactiva ha sido definida por la Corte
Constitucional5 como un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en
la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas
a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se
encuentra en la prevalencia del interés general en cuanto dichos recursos se
necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. De ahí que el
proceso administrativo esté gobernado por normas especiales que rigen, entre otros
aspectos, el mandamiento de pago y su notificación, las investigaciones sobre
bienes del deudor, las medidas cautelares, la decisión de las excepciones
presentadas, el remate de bienes embargados, la celebración de acuerdos de pago,
los actos pasibles de control jurisdiccional, lo cual descarta la aplicación de la Ley
1755 de 2015 a tales temáticas.
18. En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, sin perjuicio de
la aplicación de las normas especiales en los procesos gobernados por normas
especiales, la autoridad ser cuidadosa en la evaluación del contenido de las
peticiones con el fin de garantizar los artículos 29 y 229 de la Constitución Política:
“En lo que se refiere específicamente a las condiciones para acceder a las copias ante
una autoridad jurisdiccional, deben distinguirse dos situaciones: la primera se presenta
cuando en ejercicio del derecho de petición se requieren asuntos que están vinculados
de manera estricta a la función judicial y, la segunda, cuando ella versa sobre aspectos
de carácter meramente administrativo. En el primer evento estas solicitudes
encuentran sus límites en las reglas de las formas propias de cada juicio y, por tanto,
la presentación de la solicitud no implica, de manera alguna, el desconocimiento de los
términos y demás formalidades aplicables al proceso. No obstante, se debe aclarar,
cuando las solicitudes son elevadas por los sujetos procesales, a fin de hacer
efectivas sus prerrogativas constitucionales, éstas deben ser examinadas de
manera minuciosa ya que la efectividad de la petición tendrá un vínculo estrecho
con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. En el segundo
evento, cuando la solicitud versa sobre asuntos de índole administrativa, ha sido claro
para esta corporación que los parámetros que deben guiar su trámite son los
4 Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.
5 Corte Constitucional. Sentencia C - 666 de 2000. MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
establecidos en las disposiciones del Código contencioso Administrativo.”6 (Resaltado
propio)
19. Obligación que, en materia de cobro coactivo, reviste particular relevancia de
cara a la jurisprudencia de la Sección Cuarta de esta Corporación 7 que permite
efectuar el control jurisdiccional a decisiones administrativas que, sin ser de las
señaladas en los artículos 101 del CPACA y 835 del Estatuto Tributario, pueden
constituir decisiones capaces de producir efectos en derecho8.
Caso concreto
20. En el caso bajo estudio, la señora Rosmery Torres Sáenz presentó una petición
ante la Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro Coactivo – Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura con el
fin de que se diera por terminado el proceso de cobro coactivo con radicado 11001-
07-90-000-2015-00333-00 por prescripción de la acción:
21. La anterior petición fue radicada el 14 de noviembre de 2024 a las 9:45 am a la
División Cobro Coactivo DEAJ – Nivel Central y a James Osorio Romero9:
6 Corte Constitucional. Sentencia T-920 de 2008. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), Radicación
número: 25000-23-27-000-2013-00352-01(20277), Actor: María Nieves Cañón Castiblanco,
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN.
8 Véase la sentencia de 28 de agosto de 2013, Radicación: 250002327000200900138 01 (18567).
Demandante: Daniel Rodríguez Gacha. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
— DIAN. CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
9 Obra en certificado 9A063F5FDA2BFF98 2BC73D49B73C271A 1288594CE0B54FA8
6FDFE3518269B32A, pág. 215, índice 8 de samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
22. Así mismo, la autoridad accionada mediante oficio DEAJGCC24-14426 del 25
de noviembre de 202410 remitió la respectiva respuesta a la señora Rosmery Torres
Sáenz indicándole las razones por las cuales, en criterio de la entidad, aún no ha
operado el fenómeno jurídico de la prescripción:
(…) Así las cosas, y dando respuesta a su solicitud, se le informa que la solicitud
(sic) ha de ser rechazada por improcedente. De conformidad con lo señalado
en el artículo 818 del E.T., el término de la prescripción se interrumpe por la
notificación del mandamiento de pago, el término empezará a contar
nuevamente a partir de la notificación en debida forma del mandamiento de
pago. La interrupción del término de prescripción por cualquiera de las causales
antes señaladas, traduce para el proceso de cobro coactivo que los términos
empiezan a correr totalmente de nuevo. Téngase en cuenta que la sancionada
se notificó personalmente el 16 de agosto de 2022.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta los términos de suspensión del proceso
decretada por orden judicial, a partir del 15 de marzo de 2017 hasta el 22 de
julio de 2022 (…).”
23. La Sala encuentra que la solicitud fue radicada por la parte accionante desde el
correo electrónico rosmerytxxxsxxxx@gmail.com, sin embargo, la respuesta
brindada por la entidad accionada el 25 de noviembre de 2024 a las 3:38 p.m.11 fue
enviada a una dirección equívoca, toda vez que corresponde al proveedor de correo
electrónico conocido como Hotmail, tal como se puede ver a continuación:
10 Obra en certificado 9A063F5FDA2BFF98 2BC73D49B73C271A 1288594CE0B54FA8
6FDFE3518269B32A, pág. 218 y 219, índice 8 de samai.
11 Obra en certificado 9A063F5FDA2BFF98 2BC73D49B73C271A 1288594CE0B54FA8
6FDFE3518269B32A, pág. 220, índice 8 de samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
24. Con base en lo anterior, no queda duda para la Sala que el yerro cometido en
la remisión de la respuesta genera una vulneración del principio de publicidad como
componente del debido proceso, en tanto que la interesa aún no conoce las razones
que le permitieron a la administración despachar desfavorablemente su reclamo.
Por consiguiente, no es factible considerar, tal como se solicitó en la contestación
de la demanda, que la pretensión de la actora ya se encuentra satisfecha. Por lo
que se concederá el amparo de este derecho fundamental en los términos que se
indicarán en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso por la señora
Rosmery Torres Sáenz.
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro
coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, que en el término cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de la presente providencia, comuniquen la respuesta a la petición
formulada por la señora Rosmery Torres Sáenz el 14 de noviembre de 2024 al
correo electrónico correspondiente.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00181-00
Accionante: Rosmery Torres Sáenz
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
10
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