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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01865-00

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01865-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Desvincular de la acción de tutela de la referencia al Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos Delgado D’aste para la suspensión de los actos administrativos dictados dentro del proceso administrativo de cobro coactivo, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Denegar el amparo al derecho fundamental de petición, por las razones expuestas en esta providencia. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01865-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

15 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01865-00
Demandante: Juan Carlos Delgado D’aste

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01865-00
Demandante: JUAN CARLOS DELGADO D’ASTE
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema: Debido proceso en cobro coactivo y petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Delgado D’aste contra el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Unidad de Administración de Carrera Judicial, División de Asuntos Laborales y Unidad
de Asistencia Legal.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo constitucional

El 17 de abril de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Juan Carlos Delgado
D’aste pidió la protección de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta por la notificación del inicio de un
proceso de cobro coactivo derivado de la Resolución No. 5034 del 22 de agosto de 2022,
que, según dice, no le fue notificada. Además, por la falta de respuesta a la petición del
20 de febrero de 2023.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

(…) solicito respetuosamente al juez de tutela proteger mis derechos fundamentales al debido proceso
y petición, y, ante la ausencia de respuesta por parte de la entidad demandada al derecho de petición
presentado el 20 de febrero, se ordene dejar sin valor y efectos todas las decisiones que ocasionaron
la iniciación del proceso de cobro coactivo, y, por consiguiente, se notifique en debida forma lo que
corresponda, para garantizar con ello mi derecho a defenderme en Derecho, dentro de los plazos y
términos que la ley ha establecido para ese propósito.

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Sobre el cobro coactivo

A través de la Resolución No. RH-5034 del 22 de agosto de 2022, el director de la Unidad
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ordenó al
señor Juan Carlos Delgado D’aste reintegrar la suma de $443.101,00 debidamente
indexadas en razón a la mayor suma pagada por concepto de incapacidades.

1 Índice 1 de Samai.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01865-00
Demandante: Juan Carlos Delgado D’aste

El 25 de agosto de 2022, la directora administrativa de asuntos laborales de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial por medio del Oficio DEAJRHO22-1898 citó al señor
Juan Carlos Delgado D’aste para que se notificara de la Resolución No. RH-5034 del 22
de agosto de 2022. Ese oficio fue enviado a través de la empresa 4-72 con guía No.
RA386800967CO y recibida en la Carrera 72 #23-24 de Bogotá el 27 de agosto de 2022.

El 14 de septiembre de 2022, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través
del Oficio DEAJRHO22-2120 notificó por aviso al señor Juan Carlos Delgado D’aste de
la Resolución No. RH-5034 del 22 de agosto de 2022. Esa notificación fue enviada a
través de la empresa 4-72 con guía No. RA390047846CO y recibida en la Carrera 72
#23-24 de Bogotá el 16 de septiembre de 2022.

El 19 de diciembre de 2022, la directora administrativa de la División de Asuntos
Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial hizo constar que la
Resolución No. RH-5034 del 22 de agosto de 2022 quedó ejecutoriada el 3 de octubre
de 2022.

El 30 de diciembre de 2022, la directora de Asuntos Laborales envió a la Dirección
Administrativa, entre otras, la Resolución No. RH-5034 del 22 de agosto de 2022 para
inicio de cobro coactivo.

El 12 de enero de 2023, a través del Oficio DEAJGCC23-131 de la misma fecha
comunicado al correo electrónico personal del demandante, el abogado ejecutor de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le comunicó al señor Delgado D’aste del
inicio del cobro persuasivo dentro del proceso 11001079000020230000500.

En la misma fecha, a través de correo electrónico, el señor Delgado D’aste le informó a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial desconocer la decisión que dio origen
al cobro coactivo que se pretendía iniciar.

El mismo 12 de enero de 2023, a través del Oficio DEAJGCC23-136 de la misma fecha,
el abogado ejecutor de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que los
procesos de cobro coactivo se terminaban por las causales de pago o recaudo total de
la obligación, por prescripción de la acción de cobro, por haber prosperado las
excepciones presentadas en el término legal o por orden judicial o autoridad competente
que se encuentre debidamente ejecutoriado. Que si la inconformidad estaba relacionada
con el acto administrativo que ordenó el reintegro, debía formularla ante la autoridad que
adoptó esa decisión.

El 21 de febrero de 2023, a través del Oficio DEAJGCC23-1756, el abogado ejecutor de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le notificó al demandante el
mandamiento de pago dictado en la Resolución No. DEAJGCC23-704 de fecha 27 de
enero de 2023 que acompañó con copia de ese acto.

3.2. De las peticiones

El 27 de enero de enero de 2023, el señor Delgado D’aste le pidió a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial que informara la fecha y el medio en el que fue notificada (con
el soporte) la Resolución No. RH-5034 del 22 de agosto de 2022 y que, además, en caso
de no poder acreditarlo, notificara en debida forma ese acto administrativo.

El 30 de enero de 2023, a través del Oficio DEAJGCC23-708 del 27 de enero de 2023,
el abogado ejecutor de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que
recibió en esa dependencia la Resolución No. RH-5034 del 22 de agosto de 2022 con
fecha de ejecutoria del 3 de octubre de 2022, razón por la que dio inicio al procedimiento
de cobro coactivo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01865-00
Demandante: Juan Carlos Delgado D’aste

El 8 de febrero de 2023, la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial le remitió al demandante carpeta comprimida con “los Oficios No.
DEAJRHO22-1898 del 25 de agosto de 2022 ‘Citación de notificación personal’, suscrito por la
señora Directora (E) de la División de Asuntos Laborales; asimismo, se remite el oficio
remisorio’ DEAJRHO22-2120 de fecha 14 de septiembre de 2022 “mediante el cual se surte una
notificación por aviso’, suscrito por la señora Directora de la División de Asuntos Laborales junto
con sus guías y trazabilidad”.

Enunció que en esa misma carpeta adjuntaba la Resolución No. 5034 del 22 de agosto
de 2022 “por medio de la cual se ordena el reintegro de prestaciones económicas pagadas por
concepto de auxilio de incapacidad de imposible recobro”.

El 20 de febrero de 2023, el actor le pidió a la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad
de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que dejara sin
valor y efecto los actos administrativos relacionados con el cobro coactivo iniciado en su
contra porque la notificación del acto administrativo que ordenó el reintegro de sumas de
dinero se realizó en una dirección no corresponde a su residencia o domicilio. Además,
pidió que cesara el proceso coactivo hasta tanto se realizara la notificación en debida
forma.

Expuso que al momento de sus posesiones en los años 2016 y 2021 como servidor de
la Corte Constitucional informó la dirección de correspondencia.

A través del Oficio No. DEAJGCC23-1897 del 24 de febrero de 2023, comunicado el 27
del mismo mes y años, el abogado ejecutor de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial denegó lo solicitado e indicó que el “Oficio persuasivo DEAJGCC23-131, de fecha
12 de enero de 2023, oficio de citación para notificación del mandamiento de pago DEAJGCC23-
705 de fecha 27 de enero de 2023 y, oficio de notificación de la Resolución DEAJGCC23-704
“Por medio de la cual se emite un mandamiento de pago” DEAJGCC23-1756 de fecha 21 de
febrero de 2023, fueron enviados tanto a la dirección Carrera 72 No 23 – 24 Int. 8 Apto. 201, de
Bogotá́ , D.C., como a su correo electrónico: juandeldaste@gmail.com”

Expuso que esas direcciones, eran las registradas en la Unidad Nacional de Registro de
Abogados y por lo tanto eran válidas, sumado a que el señor Delgado D’aste había
contestado a cada uno de los oficios, por lo que para esa dirección era claro que los
había recibido de manera satisfactoria.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante alegó que la autoridad demandada vulneró el derecho fundamental
al debido proceso porque no le notificó en debida forma el acto administrativo que ordenó
el reintegro de sumas de dinero (Resolución No. RH-5034 del 22 de agosto de 2022).

Expuso que la notificación no se podía realizar a la dirección consignada en el Registro
Nacional de Abogados porque el proceso de reintegro de dineros se adelantó por la
condición de funcionario judicial, de modo que la notificación debió surtirse en la dirección
reportada en la hoja de vida que se encuentra a disposición de la Coordinación
Administrativa de la Corte Constitucional y que difiere de la dirección a la que se envió
la notificación del acto.

Que, además, se vulneró el derecho de petición porque no ha recibido respuesta de la
solicitud elevada el 20 de febrero de 2023 ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

5. Trámite procesal

Por autos del 20 de abril y 24 de mayo de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, al presidente del

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Demandante: Juan Carlos Delgado D’aste

Consejo Superior de la Judicatura, al director ejecutivo de administración judicial,
directores de la División de Asuntos Legales y Unidad de Asistencia Legal.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el
auto admisorio, mediante correos electrónicos del 24 de abril y 26 de mayo de 20232.

6. Intervenciones

La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva. Expuso que las funciones asignadas como órgano de administración y gobierno
de la Rama Judicial, en el artículo 257 de la Constitución y 85 de la Ley 270 de 1996 son
las de trazar las políticas y direcciones estratégicas. Que, sin embargo, el legislador
previó atribuciones propias que han sido desconcentradas en diferentes órganos, como
los Consejos Seccionales de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial junto con sus Seccionales.

En concreto, dijo que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial era un órgano
diferente al Consejo Superior de la Judicatura.

La profesional universitaria del grupo de tutelas de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dijo que las peticiones del 8 y 23 de febrero de 2023 elevadas
por el demandante habían sido resueltas y comunicadas por correo electrónico, que
actualmente la actuación administrativa se encuentra a cargo de cobros coactivos, razón
por la que las solicitudes han sido decididas por esa dependencia. También precisó que
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es un solo órgano por lo que, al margen
de que el demandante hubiera dirigido las peticiones a otras áreas, fueron resueltas por
la entidad.

Finalmente señaló que la acción de tutela era improcedente para cuestionar la
notificación del acto administrativo que ordenó el reintegro de dineros porque para ello
el demandante contaba con mecanismos administrativos al interior del proceso de cobro
coactivo.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Falta de legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

En el presente asunto, la parte actora cuestiona las actuaciones adelantadas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación de la presente
acción de tutela, porque las funciones asignadas como órgano de administración y
gobierno de la Rama Judicial, están definidas en el artículo 257 de la Constitución y 85
de la Ley 270 de 1996 y son las de trazar las políticas y direcciones estratégicas, mientras
que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial.

De los argumentos expuestos por el Consejo Superior de la Judicatura junto con la
revisión las pruebas aportadas por las partes, se advierte que, en efecto, toda la
actuación cuestionada por el señor Delgado D’aste fue desplegada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. Es cierto, entonces, que al Consejo Superior de la

2 Ver índices 8 y 20 de Samai.

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Judicatura no le asiste ningún interés en este proceso, a pesar de que el actor lo hubiese
identificado como demandado en el escrito de tutela. Por lo tanto, será desvinculado de
este trámite.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Juan Carlos Delgado D’aste para que se dejen sin efecto las actuaciones adelantadas
en el proceso de cobro coactivo 11001079000020230000500 y por la presunta omisión
en la respuesta a la petición del 20 de febrero de 2023.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad frente
al proceso administrativo de cobro coactivo y denegará la pretensión de amparo del
derecho de petición.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la subsidiariedad, (ii) el derecho de
petición y; (iii) al análisis del caso concreto.

3. La subsidiariedad

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley estipulan una serie de mecanismos administrativos y judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591
de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de
otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que
la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de
protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz
de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen
las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

4. El derecho de petición

El artículo 23 C.P. prevé que el derecho de petición es fundamental y faculta a toda
persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener una
respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad cuestionada no puede responder
con evasivas o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la
solicitud.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de petición «no se satisface
con una respuesta meramente formal, sino que es necesaria una verdadera resolución
acerca de lo planteado, de modo que se defina de fondo el asunto sometido a
consideración de la autoridad, desde luego sobre la base de que ella sea competente.
Pero además debe distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta,
en virtud de la garantía constitucional, y el desarrollo interno que, en las dependencias

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de la Administración, tenga el curso de la petición formulada. En efecto, si la petición
busca que la autoridad actúe en el ámbito de sus atribuciones o deberes, cumple su
función obrando de inmediato, pero eso no la libera de su obligación de informar al
peticionario sobre lo actuado y acerca de los resultados de la actividad emprendida»3.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no
favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de
competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no
significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

5. Análisis del caso concreto

La parte actora alegó que se había violado el debido proceso y se debía dejar sin
efectos la actuación adelantada en el proceso administrativo de cobro coactivo
11001079000020230000500, porque la Resolución No. RH-5034 del 22 de agosto de
2022 no fue notificada en debida forma y, por lo tanto, no era oponible y carecía de
eficacia.

Siendo así, la Sala advierte que la parte actora cuenta con otro medio de defensa para
la protección del derecho invocado, porque el proceso administrativo aún se encuentra
en curso, por lo que el señor Delgado D’aste puede acudir a los mecanismos de defensa
allí previstos.

Por ejemplo, tras ser notificado (21 de febrero de 2023) del acto administrativo de
mandamiento de pago, en los términos del artículo 831, numeral 3º del Estatuto
Tributario, pudo proponer la excepción de falta de ejecutoria del título y desarrollar los
argumentos que expuso en la acción de tutela, sin embargo, no se encuentra acreditado
que lo haya hecho.

Además, en memorial del 25 de mayo de 20234 el demandante informó que fue notificado
del acto que ordena seguir adelante con la ejecución, es decir, que según lo previsto en
el artículo 835 del Estatuto Tributario5 la resolución que ordena llevar adelanta la
ejecución es susceptible de ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo anterior, la acción de tutela para dejar sin efectos los actos dictados en el proceso
administrativo de cobro coactivo es improcedente porque no cumple el requisito de
subsidiariedad ni tampoco puede ser usada como mecanismo para las omisiones en el
ejercicio de los medios exceptivos y medios de control disponibles en el ordenamiento
jurídico por parte del demandante.

Por otra parte, para determinar si la autoridad demandada vulneró el derecho de
petición la Sala se referirá a las pruebas que obran en el expediente.

3 Sentencia T-178 de 2000.
4 Índice 15 de Samai.
5 ARTICULO 835. INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro
administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones
que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el
proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.

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Demandante: Juan Carlos Delgado D’aste

Está probado que el 20 de febrero de 2023, mediante correo electrónico, el demandante
le pidió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial: “dejar sin valor y efectos todos
y cada uno de los actos administrativos relacionados con el supuesto trámite de cobro coactivo
en contra del suscrito, el cual fue informado mediante Oficio DEAJGCC23-131, lo anterior, por
cuanto (…) la notificación de la solicitud de reintegro se realizó́ a la dirección Cra. 72 No. 23-24,
dirección que NO CORRESPONDE a mi actual residencia y domicilio” y “se cese cualquier
actuación administrativa en contra del suscrito, dejando sin valor y efectos todos y cada uno de
los actos administrativos proferidos sin haberse notificado en debida forma”.

Sobre la constancia de notificación del acto administrativo que contiene el título de
recaudo, el 8 de febrero de 2023, la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial le envió al demandante una carpeta que contenía
los siguientes documentos:

• Oficio No. DEAJRHO22-1898 del 25 de agosto de 2022 contentivo de la ‘Citación
de notificación personal’, suscrito por la directora (E) de la División de Asuntos
Laborales
• Oficio DEAJRHO22-2120 de fecha 14 de septiembre de 2022 “mediante el cual se
surte una notificación por aviso’, suscrito por la directora de la División de Asuntos
Laborales, junto con sus guías y trazabilidad
• Resolución No. 5034 del 22 de agosto de 2022 “por medio de la cual se ordena el
reintegro de prestaciones económicas pagadas por concepto de auxilio de incapacidad
de imposible recobro”

Además, mediante el Oficio DEAJGCC23-1897 del 24 de febrero de 2023, el abogado
ejecutor de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial denegó la solicitud de dejar
sin efectos los actos administrativos relacionados con el cobro coactivo y expuso que:

Me permito informarle que respecto a los oficios; Oficio persuasivo DEAJGCC23-131, de fecha 12
de enero de 2023, oficio de citación para notificación del mandamiento de pago DEAJGCC23-705
de fecha 27 de enero de 2023 y, oficio de notificación de la Resolución DEAJGCC23-704 “Por medio
de la cual se emite un mandamiento de pago” DEAJGCC23-1756 de fecha 21 de febrero de 2023,
fueron enviados tanto a la dirección Carrera 72 No 23 – 24 Int. 8 Apto. 201, de Bogotá́ , D.C., como
a su correo electrónico: juandeldaste@gmail.com

La documentación señalada anteriormente, se remitió́ a la dirección mencionada, teniendo en cuenta
la información suministrada por la Unidad del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior
de la Judicatura, la cual, según certificado SIRNA No. 830172 de fecha 12 de enero de 2023, reporta
como dirección registrada para efectos de notificaciones la; CRA 72 No. 23 – 24 INT. 8 AP. 201 de
Bogotá́ , por lo tanto, en consonancia con el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 Código
Disciplinario del Abogado establece como uno de sus deberes: “Tener un domicilio profesional
conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los
asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del
mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional”, fue a esa dirección,
a la que se remitieron las diferentes comunicaciones y notificaciones proferidas por esta entidad.

Conforme a la norma transcrita, es claro que las notificaciones remitidas a esa dirección de domicilio
son válidas puesto que para el caso que nos ocupa, al tratarse de “sancionados que tengan la calidad
de abogados”, para este tipo de notificaciones, será́ la dirección que repose en la Unidad de Registro
Nacional de Abogados, teniendo en cuenta que su no oportuna actualización daría lugar a la falta
tipificada en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123.

Asimismo, teniendo en cuenta que los oficios referidos por esta División fueron remitidos a su correo
electrónico; juandeldaste@gmail.com, de los cuales se deduce ampliamente que usted tuvo
conocimiento de sus contenidos, según las respuestas dadas a los mismos mediante correos
originados desde el correo electrónico: juandeldaste@gmail.com, de fechas 27 y 30 de enero, 8 y 20
de febrero 2023

Esos oficios fueron comunicados por correo electrónico al demandante (quien así lo
manifiesta en el escrito de tutela), por lo que la Sala advierte que, para la fecha de
presentación de la acción de tutela, el demandante ya conocía la resolución que ordenó
el reintegro de dineros y le había sido resuelta la solicitud de dejar sin efecto ese y los
demás actos administrativos dictados en el proceso administrativo de cobro coactivo.

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Luego, se denegará la solicitud de amparo del derecho de petición porque la solicitud del
20 de febrero de 2023 fue resuelta de fondo, de forma oportuna y debidamente
comunicada al interesado.

Por lo anterior, la Sala declara improcedente la acción de tutela en lo que tiene que ver
con la suspensión de los actos administrativos dictados dentro del proceso administrativo
de cobro coactivo y denegará la solicitud de amparo del derecho fundamental de petición.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Desvincular de la acción de tutela de la referencia al Consejo Superior de la
Judicatura, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos
Delgado D’aste para la suspensión de los actos administrativos dictados dentro del
proceso administrativo de cobro coactivo, por las razones expuestas en esta
providencia.

3. Denegar el amparo al derecho fundamental de petición, por las razones expuestas
en esta providencia.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Ausente con permiso)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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