RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00458-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00458-00

Debido proceso administrativo: solicitud de que se remitan documentos de

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00458-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de Seguros del Estado S.A. SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que en el término cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, brinden una respuesta a la petición formulada por Seguros del Estado S.A. el 2 de diciembre de 2024 al correo electrónico correspondiente. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00458-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN Y AL
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO– Solicitud de que se remitan documentos de
soporte que respalden la obligación que está a cargo de Seguros del Estado en dos
procesos coactivos iniciados en su contra /- La Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca –
Grupo de Cobro Coactivo violó estos derechos fundamentales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por Seguros del Estado S.A., actuando mediante apoderada1, en contra del Consejo
Superior de la Judicatura -Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca – Grupo de Cobro Coactivo de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20212.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 29 de enero de 2025, Seguros del Estado S.A. presentó acción de tutela en
contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y Cundinamarca – Grupo de Cobro Coactivo con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental de petición.

1 El poder fue otorgado a la abogada Luisa Fernanda Martínez Perdomo. Quien otorgó dicho poder
fue el señor Camilo Matías Medranda Sastoque quien es uno de los Representantes Legales para
asuntos Judiciales de conformidad con el certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia
generado el 24 de enero de 2025. Dichos documentos obran en los certificados
8BDE7F85880E5E47 88C1332F4E31F56D 2076138D1734A511 FDC755C9CFC5298E y
F9DF725A058E5035 914A2D88AC4F7B20 53D335E4BF3BEA4B 0A979C10ECF79E88
2 Que ingresó para fallo el 24 de febrero de 2025.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Hechos relevantes

2. El 2 de diciembre de 2024, la apoderada de la parte actora formuló una petición
al Consejo Superior de la Judicatura – Jurisdicción de Cobro Coactivo – Seccional
Bogotá el fin de solicitar que le fueran remitidos los documentos de soporte que
respaldan la obligación de la que estaría a cargo de Seguros del Estado S.A.
respecto de los procesos 110011290000-2021-01087-00 y 110011290000-2022-
01057-00 de cobro coactivo iniciados en su contra. Por tanto, de conformidad con
el artículo 1077 del Código de Comercio, solicitaba que fuera remitido “a) el enlace
que permita el acceso al expediente digital de cada uno de los procesos; b) el
número de la póliza que se pretende afectar con cada proceso; c) liquidación de
crédito e intereses (en caso de haberse causado y que se encuentre debidamente
probada su causación), con corte al 03 de enero de 2025”.

3. La anterior solicitud fue enviada el 2 de diciembre de 2024 a las 14:22 a los
correos electrónicos ccobcoabta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
esotoa@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Pretensiones

4. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“- Se declare que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
JURISDICCIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECCIONAL BOGOTÁ ha
vulnerado el derecho fundamental de petición de SEGUROS DEL ESTADO
S.A.
• Se tutele el derecho fundamental de petición de mi representada.
• Como consecuencia, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – JURISDICCIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA
SECCIONAL BOGOTÁ que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo a lo requerido
en comunicado GI-LIT-2024-1633 conforme lo establecen la
normatividad y la jurisprudencia colombiana
• Así mismo, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
JURISDICCIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECCIONAL BOGOTÁ
que envíe una copia del expediente digital de los procesos de cobro
coactivo Nos. 110011290000-2021-01087-00 y 110011290000-2022-
01057-00 al correo luisa.martinez@segurosdelestado.com y/o
juridico@segurosdelestado.com con la finalidad de garantizar los
derechos de defensa y debido proceso que le asisten a mi representada”.

Trámite en primera instancia

5. Mediante auto del 31 de enero de 2025 el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y Cundinamarca – Grupo de Cobro Coactivo como accionado para que
ejerciera su derecho de defensa; reconoció personería adjetiva a la abogada Luisa

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Fernanda Martínez Perdomo así mismo se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para que interviniera si lo consideraba necesario.

Intervenciones

6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, solicitó su desvinculación
por no estar legitimada en la causa por pasiva, debido a que, (i) las acciones u
omisiones descritas, recaen en la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá D.C. – Coordinador del Cobro Coactivo; (ii) los hechos que dieron lugar a la
acción de tutela no eran conocidos por esa Corporación, ni siquiera en sede de
vigilancia judicial, reclamo o derecho de petición, pues se conocieron solo en sede
de tutela. Para esto allegó un certificado por la Secretaría de esa Seccional donde
se acredita lo anterior3; (iii) las funciones de los Consejos Seccionales, se
encuentran especificadas en el artículo 101 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia4; (iv) Nunca se elevó ninguna queja frente al particular
de esa situación a esa Corporación.

7. La Magistrada Auxiliar de la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura argumentó que se presenta una falta de legitimación en la causa por
pasiva puesto que es el órgano de gobierno y de administración de la Rama Judicial,
por lo que ejerce funciones únicamente administrativas sujetas al marco normativo
dispuesto en la Constitución Política y la Ley 270 de 1996.

A su vez, indicó que, al ser un órgano independiente del Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de la División
de Cobro Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal es a quien le corresponde
ejercer la defensa dentro del presente trámite constitucional de acuerdo con los
hechos expuestos por la parte accionante y con el artículo 2° del acuerdo PCJSA20-
116035 del 2020 expedido por esa Corporación.

Por otro lado, mencionó el artículo 257 de la Constitución Política y el artículo 85 de
la Ley 270 de 1996 así como la sentencia 11001-03-15-000-2023-01865-00
proferida por el Consejo de Estado y el auto 11001-02-30-000-2023-00657-00 en el
que se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Además, arguyó que según el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 quien debe dar
cumplimiento al fallo es la autoridad que sea responsable de la vulneración del
derecho que está siendo tutelado, por tanto, el Consejo Superior de la Judicatura
no es el llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de
amparar las garantías constitucionales.

Agregó que no se puede atribuir la responsabilidad solidaria por actuaciones u
omisiones tanto de los Consejos Seccionales de la Judicatura como de la Dirección

3 Obra en certificado 9AA4D09C9CC95478 33B30714C30AD203 C7B8D37CEAA31C6E
65B61B070B91566E, índice 9 del expediente digital de tutela.
4 Específicamente la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 2430 de 2024.
5 “Por el cual se modifica la estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales dado que la petición radicada
el 2 de diciembre de 2024, fue enviada a dos correos electrónicos6 que pertenecen
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

8. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial7 y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca8 no
intervinieron.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema jurídico:

9. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela para luego determinar si, tal como lo sostiene uno de
los informes allegados al trámite constitucional, la situación que generó la
vulneración fue superada o, en caso contrario, la misma es actual.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

10. Seguros del Estado S.A. cuenta con legitimación en la causa por activa para
formular la acción de tutela, dado que el 2 de diciembre de 2024, presentó una
solicitud al Consejo Superior de la Judicatura – Jurisdicción de Cobro Coactivo –
Seccional Bogotá, con miras a que se remitieran los documentos de soporte que
respaldaran la obligación que estaría a su cargo dentro de los procesos
110011290000-2021-01087-00 y 110011290000-2022-01057-00 de cobro coactivo
iniciados en su contra.

11. Respecto del Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca - Grupo
de Cobro Coactivo también cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues es
la autoridad de quien se predica la omisión en resolver la solicitud.

Inmediatez

12. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela, la
parte accionante satisfizo el requisito, pues la solicitud se realizó el 2 de diciembre
de 2024, en tanto que la presentación de esta acción ocurrió en el mes de enero del
año en curso, con lo cual ha transcurrido un tiempo razonable en acudir al juez
constitucional.

6 Los correos electrónicos a los que fue enviada la petición son:
ccobcoabta@cendoj.ramajudicial.gov.co y esotoa@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7 Fue notificada el 3 de febrero de 2025 al correo electrónico
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Fue notificada el 3 de febrero de 2025 a los correos electrónicos
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co y deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Subsidiariedad

13. En cuanto al principio de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991 establece que
la persona que interponga una acción de tutela deberá haber agotado previamente
los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios disponibles.

14. En virtud de lo anterior, la Sala observa que, para exigir la protección judicial del
derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, el
ordenamiento jurídico no prevé otro mecanismo de defensa distinto a la acción de
tutela, salvo lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015. Por lo tanto,
procede a realizar el análisis de fondo del caso.

Derecho de petición en procesos judiciales y/o administrativos

15. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o
particular, con el fin de obtener una pronta resolución, que implica las garantías de
i) sea recibida su petición; ii) evitar que se tomen represalias por el ejercicio de este
derecho; iii) se debe brindar una respuesta material; iv) se debe dar cumplimiento
del plazo dispuesto legalmente para resolver de fondo la solicitud y por último, v)
tiene que ser notificado en debida forma. Respecto al núcleo esencial de este
derecho fundamental, la Corte Constitucional ha precisado9:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
(Subrayado fuera del texto).

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3.
ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición. (Subrayado fuera del texto).

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco
se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho

9 Sentencias T-917 de 2005, entre otras.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando
el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de
otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si
la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será
un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla
general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que
señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término
en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que
la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia
que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta
una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”

16. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se concluye que la respuesta de
una petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado y debe
ser puesta en conocimiento del peticionario a través de las direcciones físicas o
electrónicas informadas en el contenido de la solicitud.

17. Tratándose del ejercicio del derecho fundamental de petición en procesos
judiciales o administrativos, la jurisprudencia constitucional ha precisado sus
alcances al manifestar que si bien es cierto que puede ejercerse ante los jueces u
operadores jurídicos y en consecuencia éstos se encuentran en la obligación de
tramitar y responder las solicitudes que se les presenten. No obstante, “el juez o
magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes
y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas
peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad
procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio”10.

18. Conforme con lo anterior, han de diferenciarse dos clases de peticiones en
procesos judiciales o administrativos: “(i) las referidas a actuaciones estrictamente
judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada
juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales

10 Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido
mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial
bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración y, en
especial, de la Ley 1755 de 2015.”

19. Cabe recordar que la jurisdicción coactiva ha sido definida por la Corte
Constitucional11 como un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste
en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las
deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se
encuentra en la prevalencia del interés general en cuanto dichos recursos se
necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. De ahí que el
proceso administrativo esté gobernado por normas especiales que rigen, entre otros
aspectos, el mandamiento de pago y su notificación, las investigaciones sobre
bienes del deudor, las medidas cautelares, la decisión de las excepciones
presentadas, el remate de bienes embargados, la celebración de acuerdos de pago,
los actos pasibles de control jurisdiccional, lo cual descarta la aplicación de la Ley
1755 de 2015 a tales temáticas.

20. En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, sin perjuicio de
la aplicación de las normas especiales en los procesos gobernados por normas
especiales, la autoridad debe ser cuidadosa en la evaluación del contenido de las
peticiones con el fin de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia (29 y 229 de la Constitución Política):

“En lo que se refiere específicamente a las condiciones para acceder a las
copias ante una autoridad jurisdiccional, deben distinguirse dos situaciones: la
primera se presenta cuando en ejercicio del derecho de petición se requieren
asuntos que están vinculados de manera estricta a la función judicial y, la
segunda, cuando ella versa sobre aspectos de carácter meramente
administrativo. En el primer evento estas solicitudes encuentran sus límites en
las reglas de las formas propias de cada juicio y, por tanto, la presentación de
la solicitud no implica, de manera alguna, el desconocimiento de los términos y
demás formalidades aplicables al proceso. No obstante, se debe aclarar,
cuando las solicitudes son elevadas por los sujetos procesales, a fin de
hacer efectivas sus prerrogativas constitucionales, éstas deben ser
examinadas de manera minuciosa ya que la efectividad de la petición
tendrá un vínculo estrecho con el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia. En el segundo evento, cuando la solicitud versa
sobre asuntos de índole administrativa, ha sido claro para esta corporación que
los parámetros que deben guiar su trámite son los establecidos en las
disposiciones del Código contencioso Administrativo.”12 (Resaltado propio)

21. En cuanto a la expedición de copias en el marco de un proceso de cobro
coactivo, el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011, remite por vía residual a las reglas
de procedimiento establecidas en la Parte Primera del CPACA., dentro de las cuales
se encuentra comprendida la regulación estatutaria correspondiente al derecho
fundamental de petición (Ley 1755 de 2015) que prescribe respecto a las solicitudes

11 Corte Constitucional. Sentencia C - 666 de 2000. MP. José Gregorio Hernández Galindo.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-920 de 2008. MP. Clara Inés Vargas Hernández.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de documentos y de información un término para ser resueltas de “diez (10) días
siguientes a su recepción”. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario,
la Ley dispone que “se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva
solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar
la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias
se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.”13

22. La entrega de documentos tiene entonces un componente inescindible asociado
con los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo, cuya
inobservancia injustificada por parte de la administración acarrea su violación.

Caso concreto

23. En el caso bajo estudio, Seguros del Estado S.A. presentó una petición ante la
Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro Coactivo – Dirección Ejecutiva de
la Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que
fueran remitidos los documentos de soporte que respaldaran la obligación que
estaba a su cargo en los procesos de cobro coactivo con radicado 110011290000-
2021-01087-00 y 110011290000-2022-01057-00 iniciados en su contra:

13 Cfr. Artículo 14 de la ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

24. La anterior petición fue radicada el 2 de diciembre de 2024 a las 14:22 a la
Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro Coactivo – Dirección Ejecutiva de
la Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura 14:

25. Bajo este contexto, el examen acerca de la posible vulneración del derecho
fundamental de petición, se centró únicamente en revisar que, la entidad frente a
quien se presentó la petición, haya dado un correcto trámite y haya resuelto la
solicitud de la parte accionante de forma oportuna, clara, precisa, congruente y
consecuente, en los términos descritos en el acápite anterior. Sin embargo, no se
presentó ninguna prueba de que se hubiera dado respuesta por parte de la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial o la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca.

26. Sumado a lo anterior, en el trámite de la referencia fue vinculado en calidad de
accionado la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca, dando la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero las entidades no se
pronunciaron al respecto. Así las cosas, en atención a que la petición fue presentada
el 2 de diciembre de 2024, el término de diez (10) días con el que contaba esa
autoridad para dar una respuesta al peticionario finalizó el 16 de diciembre de
202415, sin que, a la fecha, se haya acreditado que se dio respuesta a la petición.

14 Obra en certificado 9A063F5FDA2BFF98 2BC73D49B73C271A 1288594CE0B54FA8
6FDFE3518269B32A, pág. 215, índice 8 de samai.
15 De acuerdo con lo establecido en la página oficial de la Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura durante la vacancia judicial estableció lo siguiente: “Por su parte, también operarán el
Consejo Superior de la Judicatura y sus unidades, los consejos seccionales de la judicatura, así
como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones seccionales.” Tal
información obra en el siguiente link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-
judicatura/-/conozca-las-fechas-de-la-vacancia-judicial-en-la-rama-judicial

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

27. Con base en lo anterior, no queda duda para la Sala que la omisión en la
respuesta por parte de la administración a Seguros del Estado S.A. genera una
vulneración a los derechos fundamentales de petición y al debido proceso
administrativo, en tanto que aún no conoce las razones que no le permitieron a la
autoridad accionada despachar su reclamo. Por lo que se concederá el amparo de
estos derechos fundamentales y se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
decisión, que se brinde una respuesta a la petición del accionante, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y al debido proceso
administrativo de Seguros del Estado S.A.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro
coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, que en el término cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de la presente providencia, brinden una respuesta a la petición
formulada por Seguros del Estado S.A. el 2 de diciembre de 2024 al correo
electrónico correspondiente.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00458-00
Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.