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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00188-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00188-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Acéptase el impedimento manifestado por la magistrada Adriana Polidura Castillo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 2°) Declárase improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00188-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

27 de febrero de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SALA DE CONJUECES

Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: DISICO SA
Demandados: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. CUANDO EL DEBATE PLANTEADO
EN SEDE DE TUTELA NO TIENE UNA GENUINA
TRASCENDENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA
CONSTITUCIONAL EL AMPARO SE TORNA
IMPROCEDENTE.

Síntesis del caso: la sociedad demandante cuestionó el laudo arbitral, así como la sentencia que
declaró infundado el recurso extraordinario de anulación promovido en contra de aquel, por
cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo y decisión sin motivación. Sin embargo, la
Sala declarará improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una
instancia adicional, proceder que se encuentra vedado.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad Disico SA, a través de
apoderado judicial, en contra del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de
Bogotá1 y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
acceso a la administración de justicia previstos en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, con ocasión del laudo arbitral del 12 de mayo de 2023 y la sentencia de 22 de
mayo de 2024, proferidas por dichas autoridades, respectivamente.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción2 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 Convocado por Disico SA en contra de la Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP - Dispac SA ESP e

integrado por los árbitros Carlos Mayorca Escobar, Carolina Guillén Gómez y Daniel Rodríguez Bravo.
2 Presentada mediante escrito del 16 de enero de 2024.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

1) El 16 de mayo de 2013, la Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP -en adelante
Dispac SA ESP o Dispac- y Disico suscribieron el contrato no. DG-002-2013, cuyo objeto
era la construcción y puesta en servicio de la línea de interconexión eléctrica de las
localidades de Istmina, Paimadó y San Miguel en los municipios de Istmina y Medio San
Juan del departamento del Chocó.

2) A pesar de que la contratista realizó todas las actividades pactadas hasta poner en
marcha el sistema de transmisión, las que dicho sea de paso fueron recibidas a
satisfacción por Dispac, esta última liquidó unilateralmente el contrato y en ese
documento relacionó las cantidades de ítems o actividades que, a su juicio, Disico había
ejecutado, sin tener en cuenta el balance de ejecución realizado por la interventoría,
conforme al cual era mayor el valor de la ejecución realizada.

3) En virtud de la cláusula compromisoria que se acordó y debido al presunto
incumplimiento del contrato de suministros, transportes, pruebas y puesta en servicio en
líneas y subestaciones de la Fase I del proyecto de interconexión eléctrica, Disico SA
convocó a Dispac a un tribunal de arbitramento para dirimir las diferencias que surgieron
en torno al contrato.

4) Mediante laudo de 19 de marzo de 2020, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá declaró i) el incumplimiento del contrato; ii) que la obra ejecutada
por Disico fue superior a la reconocida por Dispac; iii) que esta última se enriqueció sin
justa causa con el correlativo empobrecimiento de aquella; al tiempo que iv) condenó a
Dispac a pagar a la convocante una suma de $3.595’010.737, correspondientes a
mayores cantidades de obra, material y mano de obra.

5) Dispac interpuso recurso extraordinario de anulación en contra de ese laudo, en el cual
la recurrente alegó la causal contenida en el numeral 7 del artículo 42 de la Ley 1563 de
2012, esto es, haberse proferido el laudo en conciencia o en equidad, debiendo ser en
derecho.

6) En sentencia de 2 de junio de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado3 anuló el laudo arbitral por estimar que el laudo se pronunció sobre diversos
aspectos, sin antes haber estudiado las excepciones de “ejecución de los contratos de
buena fe, preclusión de las etapas contractuales, imposibilidad de Disico de ir contra sus

3 Integrada por la época por los magistrados Alberto Montaña Plata, Ramiro Pazos Guerrero y Martín

Bermúdez Muñoz, último quien salvó su voto en esa ocasión.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

propios actos”, así como la de “inexistencia de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin causa4”.

7) Frente a dicha sentencia Disico interpuso recurso extraordinario de revisión que, a la
fecha de interposición de la acción de tutela de la referencia, se encuentra pendiente de
ser resuelto5.

8) De conformidad con lo dispuesto en la sentencia y en el inciso tercero del artículo 43
de la Ley 1563 de 2012, Disico convocó a un nuevo Tribunal Arbitral en la Cámara de
Comercio de Bogotá, esta vez integrado por los doctores Carlos Mayorca Escobar,
Carolina Guillén Gómez y Daniel Rodríguez Bravo, los cuales, mediante laudo de 12 de
mayo de 2023, accedieron a ciertas pretensiones declarativas, pero negaron las
pretensiones de orden económico por considerar que frente a ello operó la figura de la
cosa juzgada.

9) En virtud de lo anterior, la sociedad presentó solicitud de aclaración, corrección y
adición en la que precisó que no se configuró la cosa juzgada en virtud del artículo 43 de
la Ley 1563 de 2012.

10) Sin embargo, mediante auto 32 del 26 de mayo de 2023, el Panel Arbitral negó su
solicitud tras considerar que lo que la actora pretendía fue evaluado y negado en el
numeral sexto del laudo inicial, punto que no fue objeto de anulación por parte del
Consejo de Estado, motivo por el cual la decisión sobre la misma hizo tránsito a cosa
juzgada.

11) Disico presentó recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral
proferido el 12 de mayo de 2023, en el cual solicitó su anulación con fundamento en las
causales previstas en los numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

12) Mediante sentencia de 22 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de anulación
por cuanto no se configuraron las causales invocadas por Disico SA6.

4 Proceso con radicación no. 11001-03-26-000-2020-00048-00.

5 Proceso con radicación no. 11001-03-15-000-2022-03088-00.

6 Proceso con radicación no. 11001-03-26-000-2023-00132-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

13) En dicha providencia, el juez extraordinario consideró que lo que buscaba la
recurrente era emplear dicho recurso como una segunda instancia del proceso arbitral,
con la finalidad de controvertir la interpretación y el criterio de los árbitros sobre la figura
de la cosa juzgada, finalidad para la que no fue prevista dicho recurso.

2. Los fundamentos de la vulneración

La sociedad demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron
sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión del laudo arbitral de 12 de
mayo de 2023 y la sentencia de 22 de mayo de 2024 que declaró infundado el recurso
extraordinario de anulación en contra de aquel, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los
defectos sustantivo y decisión sin motivación.

Frente al defecto sustantivo indicó que se desconocieron las normas consagradas en el
numeral 2 del artículo 304 del Código General del Proceso y el inciso tercero del artículo
43 de la Ley 1563 de 2012, por cuanto de conformidad con esta última disposición
“[c]uando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un
tribunal arbitral”, de modo que Disico tenía derecho a convocar un segundo tribunal de
arbitramento, como en efecto lo hizo.

En ese sentido, adujo que el laudo del 12 de mayo de 2023 no indicó con claridad cuál
era su interpretación acerca de la norma consagrada en el inciso tercero del artículo 43
ibidem, ni si lo previsto en dicha preceptiva constituye o no una excepción a la cosa
juzgada que encuadre en la previsión del numeral 2 del artículo 304 del CGP.

Respecto de la decisión sin motivación afirmó que el panel arbitral y la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado no analizaron en debida forma el caso, pues,
únicamente se limitaron a declarar la cosa juzgada.

En particular, reprochó que esta Corporación entendiera que la finalidad de Disico era
emplear el recurso extraordinario de anulación como una segunda instancia y, de contera,
se abstuviera de analizar el fondo del asunto por considerar que supuestamente no tenía
competencia para pronunciarse, en tanto que, en su criterio, con ello pasó por alto que el
laudo omitió pronunciarse sobre el alcance del numeral 2 del artículo 304 del CGP en los
eventos en que un laudo anterior es anulado por la causal séptima.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a la siguiente
súplica.

“Primera: Que en defensa de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso y de acceso eficaz a la administración de justicia de la
accionante, se deje sin valor ni efecto alguno lo resuelto por las anotadas
autoridades, así:

• El punto o resolutivo primero del laudo de fecha 12 de mayo de 2023 y en lo
pertinente su negativa a aclararlo de 26 de mayo de 2023, a través del cual se
declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones
principales primera, segunda, quinta, sexta, primera a la par con las
pretensiones primera, segunda y quinta, y pretensiones subsidiarias, pretensión
c.1. de la correspondiente demanda. Y

• Los puntos primero y segundo de la sentencia de 22 de mayo de 2.024 de la
Subsección C de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, proferida dentro
del. radicado No. 11001-03-26-000-2023-00132-00 (70274), en cuanto declaró
infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por Disico contra
el citado laudo arbitral de fecha 12 de mayo de 2023 y su aclaración de 26 de
mayo de 2023, y condenó en costas a la recurrente.

SEGUNDA: Que, para restablecer el efectivo goce de los derechos de la
accionante, se le ordene a los citados árbitros que, dentro del término que al
efecto se les señale, profieran nuevo laudo en el que, para resolver las
peticiones de la demanda, manifiesten de manera expresa, clara y completa su
interpretación acerca de lo previsto en los arts. 304, numeral 2, del CGP y 43,
inciso tercero, de la ley 1563, y de ese modo expresen, en concreto, si, por
autorización de lo consignado en el inciso tercero del art. 43 de la ley 1563 en
el sentido de que “Cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado
podrá convocar un tribunal arbitral”, lo resuelto en el laudo de marzo 19 de 2020
en contra de Disico corresponde, o no, a situación susceptible de ser modificada
mediante el segundo proceso arbitral a que dicha norma se refiere, esto es, si
resulta posible que el derecho allí consagrado en favor de Disico -consistente
en poder volver a entablar un segundo proceso arbitral-, como así lo hizo,
permite que las decisiones adoptadas en el laudo con que concluyó el primero
de tales arbitrajes no conserven validez en el segundo de ellos y, por ende, no
configuren cosa juzgada.” (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI – negrillas y mayúsculas del original)

4. Actuación procesal

Mediante auto de 20 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó la
notificación a los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y a los árbitros Carlos Mayorca Escobar, Carolina Guillén Gómez y
Daniel Rodríguez Bravo, integrantes del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá convocado por Disico SA en contra de Dispac SA ESP y se vinculó
como tercero con interés al representante legal de Dispac con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción, al propio tiempo que se
negó la medida cautelar solicitada.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

Encontrándose el asunto para proferir fallo, el 7 de febrero de 2025 los consejeros Martín
Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata manifestaron estar impedidos del asunto de la
referencia por haber participado y suscrito la sentencia de 2 de Junio de 2021 que resolvió
el recurso de anulación en contra del primer laudo arbitral, motivo por el cual en auto de
10 de febrero de 2025 se declaró fundado el impedimento y se ordenó realizar el sorteo
de conjuez, el cual se realizó el 11 de febrero de 2025 y se designó a los magistrados
Adriana Polidura Castillo y Fernando Alexei Pardo Flórez.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas

La sociedad Dispac SA ESP solicitó negar el amparo, por cuanto las decisiones
cuestionadas estuvieron debidamente fundadas y en ningún momento se desconocieron
las normas relacionadas con la existencia o no de la cosa juzgada.

A su juicio,en dichas providencias se realizó un estudio pormenorizado del tema y se
plasmaron manifestaciones expresas en lo que respecta a la interpretación de las
accionadas sobre el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.

De igual manera, manifestó que no se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad, toda vez que Disico cuenta con el recurso extraordinario de revisión, de
conformidad con la sentencia del Consejo de Estado con radicación no. 11001-03-15-
000-2021-04349-00.

Asimismo, arguyó que tampoco se cumplió con el requisito de relevancia constitucional
por cuanto lo que pretende la sociedad actora es el reconocimiento de pretensiones
netamente economicas, las cuales resultan improcdentes de conformidad con lo
dispuesto en la sentencia SU-033 de 2018 proferida por la Corte Constitucional.

El señor Carlos Mayorca Escobar, integrante del Tribunal de Arbitramento de la Cámara
de Comercio de Bogotá, señaló que el laudo tiene efectos “consuntivos” y no se
vulneraron de ninguna forma los derechos de la contratista.

Los árbitros Carolina Guillen Gómez y Daniel Rodríguez Bravo, por su parte, solicitaron
negar las pretensiones de la demanda por cuanto no se demostró la supuesta vulneración
de algun derecho fundamental, sino que, por el contrario, la actora unicamente busca
reabrir el debate juridico que ya se surtió en dos oportunidades a través de igual número
de laudos arbitrales y en la sentencia que resolvió el recurso de anulación.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó que se declare la
improcedencia del amparo, en razón a que las peticiones elevadas por la parte actora no
reúnen los requisitos de procedibilidad general de la acción de tutela y, en particular, el
de relevancia constitucional, por cuanto el interés de la parte actora es discutir
nuevamente lo mismo que ya se debatió en el laudo y en el recurso extraordinario de
anulación.

6. Manifestación de impedimento

El 26 de febrero de 2025, la magistrada Adriana Polidura Castillo, quien había sido
previamente designada como conjuez en el asunto de la referencia, manifestó su
impedimento para conocer de él en razón a que en su condición de magistrada auxiliar
del despacho a quien le correspondió la ponencia del recurso extraordinario de revisión
con radicación no. 11001-03-26-000-2023-00132-00, conoció del asunto y participó en la
proyección de la providencia que se cuestiona.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: i) finalidad de la acción de tutela; ii) decisión sobre el impedimento
manifestado, y iii) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. Decisión sobre el impedimento manifestado

En materia de acción de tutela, las causales de impedimento que deben observarse
dentro de este trámite se encuentran consagradas en el artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, de conformidad con la remisión contenida en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 19917.

Además, es relevante señalar que el Decreto 2591 de 1991 no estableció un
procedimiento específico para cuando un juez o magistrado declara un impedimento, ni
hace referencia explícita al estatuto procesal penal con el mismo propósito. Sin embargo,
en virtud de la remisión prevista en el artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Único
Reglamentario 1069 de 20158 que compiló, entre otros, el Decreto 306 de 19929, resulta
procedente acudir para tales fines al Código General del Proceso, que en su artículo 140
dispone:

“ARTÍCULO 140. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS. Los magistrados,
jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán
declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella,
expresando los hechos en que se fundamenta.

El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si
encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento. En caso contrario,
remitirá el expediente al superior para que resuelva.

Si el superior encuentra fundado el impedimento enviará el expediente al juez
que debe reemplazar al impedido. Si lo considera infundado lo devolverá al juez
que venía conociendo de él.

El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en
conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de
la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el
impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba
reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a
ello.

7 Artículo 39. Recusación. “En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse
impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de
incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela
deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso”.

8 “De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para

la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de
1991 se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean
contrarios a dicho Decreto”.
9 Decreto 306 de 1992 (febrero 19) "Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991".

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga
el envío del expediente, no admiten recurso.

Cuando se declaren impedidos varios o todos los magistrados de una misma
sala del tribunal o de la Corte, todos los impedimentos se tramitarán
conjuntamente y se resolverán en un mismo acto por sala de conjueces”.

Analizadas las razones que justifican la manifestación de impedimento de la consejera
Adriana Polidura Castillo la Sala concluye que la causal prevista en el artículo 56 numeral
4 de la Ley 906 de 200410 se encuentra acreditada.

Lo anterior obedece a que según lo puso de presente en el escrito correspondiente, en
su condición de magistrada auxiliar del despacho del consejero Nicolás Yepes Corrales,
la ahora consejera Adriana Polidura Castillo participó en su momento en la discusión del
caso y en la proyección de la providencia que se cuestiona en sede de tutela, por lo cual
podría verse comprometida su imparcialidad.

Con base en lo anterior, el impedimento presentado por la consejera Adriana Polidura
Castillo será declarado fundado en la parte resolutiva de esta decisión.

Ahora, en la medida que dicha determinación no afecta el quorum decisorio se procederá
a decidir el caso concreto.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal de
Arbitramento de Bogotá y a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión del laudo arbitral del 12 de mayo
de 2023 y la sentencia del 22 de mayo de 2024 proferidos por dichas autoridades,
respectivamente, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo y decisión
sin motivación.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos sustantivo y decisión sin motivación, lo cierto es que a

10 “ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. “Son causales de impedimento: || 4. Que el funcionario

judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de
cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso
(…)”.

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Demandante: Disico SA
Acción de tutela

partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que todos esos reparos, en
realidad, tienen íntima relación directa con la presunta omisión de las autoridades
demandadas de analizar en profundidad la figura de la cosa juzgada y los alcances para
el caso concreto del numeral 2 del artículo 304 del Código General del Proceso y el inciso
tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, teniendo en cuenta que la anulación del
primer laudo arbitral se dio por la cuasal 7, de modo que, según el entendimiento de la
parte actora, en este caso la cosa juzgada no se configuró.

Por consiguiente, se procederá a realizar el análisis de ambos defectos de manera
conjunta.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su improcedencia
por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones que
procederán a exponerse:

1) La sociedad demandante sostuvo que el laudo de 12 de mayo de 2023 y la sentencia
de 22 de mayo de 2024 no fueron debidamente motivadas y desconocieron lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 304 del CGP y el inciso tercero del artículo 43 de la ley 1563
de 2012 porque, de conformidad con esas normas tenía derecho a presentar una nueva
demanda arbitral y a que se resolviera su controversia.

2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el proceso arbitral y en la sentencia de
22 de mayo de 2024 proferida en el proceso de anulación de laudo arbitral con miras a
que se declarara que en este caso no se configuró la cosa juzgada en virtud del artículo
43 de la Ley 1563 de 2012.

3) En efecto, en el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, Disico SA indicó,
en los mismos términos que ahora plantea, que no se presentó el fenómeno de la cosa
juzgada y que la determinación del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio
de Bogotá de no analizar el asunto porque no había sido objeto de anulación desconoció
por completo el artículo 43 de la ley 1563 del 2012, así:

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Demandante: Disico SA
Acción de tutela

“Entonces, si para el laudo recurrido la cosa juzgada surge,
fundamentalmente, del hecho de que la decisión correspondiente no fue
objeto de anulación, sea porque no prosperó el recurso o porque demandante
Disico no recurrió en anulación el primer laudo, ello mismo está indicando que
el laudo recurrido no tuvo en consideración la norma consagrada en el
inciso tercero del art. 43 de la ley 1563, en ningún sentido, a pesar de que
la ha debido utilizar para proveer de fondo sobre la pretensión que la
invocaba, y no la tuvo en cuenta ni resolvió la cuestión a la luz de dicha
disposición, puesto que es claro que en ella se consagra una excepción al
principio de la cosa juzgada, desarrollo de lo consagrado en el numeral 2
del art. 304 del CGP, que dice:

(…).

Luego es claro que el laudo recurrido, al declarar la cosa juzgada frente a
las pretensiones quinta principal y b.1. primera, prescindió de la
disposición del inciso tercero del art. 43 de la ley 1563, o lo que es igual,
si dicha norma consagra o no una excepción a la regla de la cosa juzgada.

Por el contrario, el laudo recurrido nada dijo acerca de que esa cosa juzgada
no debía mantenerse dentro de este segundo arbitraje, conforme lo
establecía el inciso tercero del art. 43 de la ley 1563 y la demandante así lo
reclamaba, o si por el contrario, su opinión era que dicha cosa juzgada sí debía
mantenerse, aún a pesar de lo establecido en la citada norma legal, y cuáles
eran sus razones para ese proceder.

El laudo recurrido, con todo y lo extenso, se encuentra completamente
vacío de consideraciones acerca del anotado tópico. Luego la decisión en
él adoptada en el sentido de que sí había cosa juzgada respecto de las
pretensiones principales quinta y b.1. primera fue adoptada habiendo
omitido realizar aun cuando fuese un mínimo estudio acerca del contenido
de la norma del inciso tercero del art. 43 de la ley 1563, que, repito, no lo
hay, lo cual, por demás, aparece de manifesto.” (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas de la Sala).

4) Por su parte, en el fallo del 22 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de anulación en contra
del Laudo arbitral del 12 de mayo de 2023, previa consideración que la inconformidad de
la sociedad recurrente se contrajo a debatir la interpretación del tribunal de arbitraje sobre
la figura de la cosa juzgada, aspecto para el cual no fue concebido dicho recurso, pues,
la interpretación o el criterio de los árbitros no puede ser debatida ni controvertida por esa
vía, de modo que el juez extraordinario no tenía competencia para pronunciarse al
respecto, en los siguientes términos:

“En este punto, la Sala recuerda que el impugnante fundó su reproche
afirmando que, al encontrar configurada la cosa juzgada respecto de las citadas
pretensiones, el colegio arbitral prescindió́ “por completo de la disposición
contenida en el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012”, en virtud
de la cual “la cosa juzgada tiene contornos propios”, en la medida en que, en su
criterio:

(…).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta claro que la inconformidad
planteada por DISICO S.A. se centra en debatir la interpretación efectuada

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00188-00
Demandante: Disico SA
Acción de tutela

por el Panel Arbitral en cuanto a la procedencia y configuración de la cosa
juzgada en el caso bajo estudio, la cual, en criterio del recurrente, para el
caso concreto y en razón a lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 43 del
estatuto arbitral, tiene un alcance distinto al entendimiento que le
dispensaron los árbitros, frente a lo cual es menester reiterar que esta
Corporación de tiempo atrás ha señalado consistentemente que no
procede fundar el recurso de anulación por la causal de fallo en conciencia
en que el Tribunal hubiere interpretado el derecho vigente apartándose de
la que, a juicio del recurrente, constituía su correcta interpretación

Como se ha señalado anteriormente, el recurso de anulación no constituye
una instancia para debatir la interpretación de la ley o rebatir la valoración
de las pruebas y la circunstancia de que la lectura o interpretación
normativa efectuada por los árbitros en relación con los presupuestos de
la cosa juzgada y su aplicación en el caso concreto no coincida con la que
el recurrente sostiene acerca de dichos tópicos, no se traduce en la
existencia de un fallo en conciencia, y su debate solo resultaría pertinente
en el ámbito de la impugnación de un fallo por vicios in iudicando, tarea
ajena a la que compete al juez del recurso de anulación de un fallo arbitral.

En suma, el pronunciamiento del panel arbitral en el sentido de declarar o
desestimar la prosperidad de la cosa juzgada, corresponde a un aspecto de
fondo que escapa a la competencia del juez de la anulación, sin que en el marco
de este recurso extraordinario corresponda entrar a valorar los razonamientos,
el análisis y la conclusión adoptada por los árbitros sobre el particular.

(…).

Bajo el contexto anterior, la Sala observa que la convocante pretende que el
juez del recurso de anulación estudie aspectos relacionados con la
aplicación de la cosa juzgada por parte del Tribunal de Arbitramento y que
se pronuncie en punto a la interpretación dispensada por el colegio
arbitral en torno a sus efectos, comoquiera que, en criterio de DISICO S.A.,
el adecuado entendimiento del inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563
de 2012 conducía a conclusiones distintas a las que arribó el colegio
arbitral respecto de la cosa juzgada que encontró́ verificada respecto de
algunas de las pretensiones del Segundo Proceso Arbitral.

Empero, como atrás se advirtió́ , no es posible disentir del criterio y de las
consideraciones asumidas por el Tribunal en torno a la configuración de
la cosa juzgada ni calificar o modificar la hermenéutica realizada por el
Panel Arbitral en punto al artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 y que resultó
ser distinta de la esbozada por el recurrente, aspectos que, como se ha
expuesto ampliamente, escapan a la competencia del juez de la
anulación.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-
negrillas de la Sala).

5) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte actora expuso similares planteamientos a los expuestos en la
demanda arbitral y el recurso extraordinario de revisión, dirigidos de manera exclusiva a
revivir la discusión jurídica relacionada con la supuesta falta de configuración de la cosa
juzgada y el derecho que, a su juicio, le asiste para volver a debatir ante la jurisdicción el
mismo punto en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 304 del Código General
del Proceso y el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.

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Demandante: Disico SA
Acción de tutela

6) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el marco del
proceso arbitral e inclusive en el recurso extraordinario de revisión, los cuales fueron
resueltos de manera razonable por las autoridades aquí accionadas, lo que devela la falta
de relevancia constitucional del asunto y el interés de la parte actora de someter su pleito
-una vez más- a una instancia adicional.

7) Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia de 22 de
mayo de 2024 fue expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de
procedibilidad debe ser mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una
actuación a todas luces arbitraria e ilegítima, así:

“[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta
Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de
los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto
respeto a la independencia de los jueces ordinarios.11”. (negrillas de la Sala).

8) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.12”
(negrillas adicionales).

9) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste una genuina y marcada trascendencia constitucional porque el objeto de la

11 Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas.

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Demandante: Disico SA
Acción de tutela

demanda es reabrir un debate meramente legal y de hermenéutica jurídica que era propio
del trámite de instancia que la sociedad ya agotó y por lo cual obtuvo un pronunciamiento
de su juez natural, motivo por el cual al juez constitucional le está vedado pronunciarse
sobre materias que desbordan su competencia.

10) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir una
discusión procesal que ya se surtió, sin que la acción de tutela sea el medio idóneo para
imponer el criterio del juez constitucional o de las partes.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

F A L L A:

1º) Acéptase el impedimento manifestado por la magistrada Adriana Polidura Castillo, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2°) Declárase improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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