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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00132-00

Fecha
22 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00132-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por DISICO S.A., contra el Laudo Arbitral del 12 de mayo de 2023. SEGUNDO: CONDENAR en costas a DISICO S.A. Para el efecto, como agencias en derecho se fija la suma de trece millones de pesos ($13.000.000.oo). a favor de DISPAC S.A. TERCERO: En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de Arbitramento de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00132-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

22 de mayo de 2024

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO
ARBITRAL
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.
Convocada: DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. ESP – DISPAC S.A. ESP
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES -
Características generales y naturaleza - Solo permite juzgar errores in procedendo - no es segunda
instancia. CAUSAL 7ª DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012 - Haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho. Diferencias entre laudo en conciencia y laudo en
equidad. Mediante esta causal no es posible controvertir la interpretación o valoración de las pruebas
que realizaron los árbitros CAUSAL 9ª DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563 DE 2012 - Haber
recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo
pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. EFECTOS DE LA DECISIÓN
DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN – Cuando se anule el laudo por las causales
3 a 7 del artículo 41, el interesado podrá convocar un tribunal arbitral, en el que conservarán validez
las pruebas debidamente practicadas, y en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado
afectadas por la anulación - COSA JUZGADA - El pronunciamiento del panel arbitral en el sentido
de declarar o desestimar la prosperidad de la cosa juzgada, corresponde a un aspecto de fondo que
escapa a la competencia del juez de la anulación. COSTAS EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO
DE ANULACIÓN - Expensas y agencias en derecho.

RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de anulación formulado por la
convocante DISICO S.A. contra el Laudo Arbitral del 12 de mayo de 2023, corregido
de oficio mediante providencia del 26 de mayo de 2023, proferido por el Tribunal de
Arbitramento constituido para dirimir las controversias suscitadas en torno al
Contrato DG-002-2013, celebrado el 16 de mayo de 2013 con la empresa
distribuidora del pacífico S.A. ESP.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 20 de septiembre de 2019 DISICO S.A. -en adelante la Convocante o DISICO
S.A.- solicitó la integración de un Tribunal de Arbitramento, en lo sucesivo el Primer

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

Tribunal de Arbitramento o el Tribunal de Arbitramento Inicial, con el fin de
dirimir las controversias originadas con ocasión del Contrato DG-002-2013,
celebrado el 16 de mayo de 2013 con la empresa distribuidora del pacífico - DISPAC
S.A. ESP, en adelante la Convocada o DISPAC.

El 19 de marzo de 2020 el primer Tribunal de Arbitramento profirió el Laudo Arbitral
-en adelante el primer Laudo Arbitral-, mediante el cual declaró el incumplimiento
del contrato por parte de DISPAC y, a la vez, el enriquecimiento sin justa causa a
su favor, como consecuencia de lo cual condenó a la entidad contratante a pagar a
DISICO S.A. las mayores cantidades de obra, material y mano de obra en los que
incurrió. La convocada recurrió el citado laudo con fundamento, entre otras, en la
causal 7ª de anulación. Con sentencia del 2 de junio de 2021 proferida por esta
Corporación, se declaró parcialmente fundado el recurso extraordinario de
anulación por haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho,
declarándose, por consiguiente, la nulidad de los numerales de la parte resolutiva
del Laudo Arbitral afectados por dicho vicio.

A raíz de lo anterior, con fundamento en el artículo 43 del Estatuto Arbitral, el 1º de
septiembre de 2021, DISICO S.A presentó solicitud de integración de un segundo
Tribunal de Arbitramento -en adelante el Segundo Tribunal de Arbitramento-.
Mediante Laudo del 12 de mayo de 2023, este último, entre otras decisiones,
declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de algunas pretensiones,
declaró que DISPAC incumplió el contrato, declaró que DISICO ejecutó mayores
cantidades de obra e ítems de obra nueva y denegó las restantes pretensiones de
la demanda. El laudo fue corregido de oficio en providencia del 26 de mayo de 2023.

Inconforme con lo resuelto, la Convocante formuló recurso extraordinario de
anulación contra el Laudo Arbitral del Segundo Tribunal de Arbitramento, es decir el
Laudo del 12 de mayo de 2023, corregido de oficio mediante providencia del 26 de
mayo de 2023, con fundamento en las causales previstas en los numerales 7º y 9º
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, recurso que es objeto de decisión a través
de la presente providencia.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

II. ANTECEDENTES

1. El primer trámite arbitral (proceso 15828)1

1.1. El 20 de septiembre de 2019, DISICO S.A. presentó demanda arbitral y solicitó
la integración de un Tribunal de Arbitramento, con el fin de dirimir las diferencias
originadas con ocasión del Contrato DG-002-2013, celebrado el 16 de mayo de
2013 con DISPAC.

La Convocante reformó la demanda y formuló pretensiones principales y
subsidiarias. En las pretensiones principales (primera a sexta), se refirió a su
cumplimiento del contrato y al incumplimiento de DISPAC, al no haberle pagado la
totalidad de obras y actividades realizadas y solicitó la condena de la empresa
contratante. Como pretensión subsidiaria de aquella de condena, pidió que se
declarara el enriquecimiento sin justa causa a favor de DISPAC y que se condenara
a la convocada con ocasión de este. Además, dentro de las pretensiones principales
incluyó un grupo de “pretensiones relacionadas con los sobre costos por mayor
administración” (séptima a décima) y otro de “pretensiones relacionadas con otro
sobre costo en que la demandante debió incurrir y falta de pago de materiales”
(undécima a duodécima). Por último, se presentaron dos grupos de pretensiones
subsidiarias, uno, relativo al desequilibrio económico del contrato y al
enriquecimiento sin justa causa, y el segundo, atinente al abuso del derecho y a la
ejecución del contrato en contra de la buena fe.

1.2. DISPAC contestó la reforma de la demanda, formulando las siguientes
excepciones: (i) “caducidad de la acción”; (ii) “falta de competencia y jurisdicción del
Tribunal para conocer las pretensiones por enriquecimiento injustificado o ilícito”;

1
Se precisa que la totalidad del expediente correspondiente al Primer Trámite Arbitral, cuyo número
de radicación en la Cámara de Comercio de Bogotá fue 15828, se incorporó al segundo proceso
arbitral (radicación 13380), trámite en el que por auto del 16 de mayo de 2022 el Colegio arbitral
dispuso “tener como pruebas las decretadas y practicadas en el trámite arbitral con número de
radicado 15828”. El expediente correspondiente al Primer Proceso Arbitral puede consultarse en el
Índice 2, Sistema de Gestión Judicial SAMAI – Expediente Digital – Archivo: ED_02_PRUEBAS(.zip)
NroActua 2. El enlace de dicho expediente es el siguiente: https://ccb-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/1127245196_ccb_org_co/En1wbWepqnxKqSJLRdEmlrQBELxdt
Mms80151yfLcGZnIQ?e=2yTKEy

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

(iii) “obligatoriedad de DISPAC de actuar como agente retenedor del impuesto de
guerra y de estampilla Pro-Universidades y la calidad de sujeto pasivo de DISICO
frente a los Tributos”; (iv) “incumplimiento del demandante por no entrega de la obra
a satisfacción debidamente certificada, demoras en su ejecución, ni dentro de las
exigencias contractuales acordadas”; (v) “ejecución de los contratos de buena fe,
preclusión de las etapas contractuales e imposibilidad de DISICO de ir contra sus
propios actos”; (vi) “inepta demanda”; (vii) “imposibilidad de calificar como
imprevisibles y de ausencia de planeación las circunstancias que DISICO presenta
como causa de los mayores valores”; (viii) “ausencia de prueba de los mayores
costos y de cobro de lo no debido”; (ix) “ausencia de incumplimiento de DISIPAC”;
(x) “inexistencia de los elementos que configuran el enriquecimiento sin causa”; (xi)
“inexistencia de nulidades contractuales”; (xii) “prescripción y saneamiento de las
pretensiones de nulidad”; e (xiii) “imposibilidad jurídica una vez terminado el contrato
de alegar la imprevisión y su revisión”.

1.3. El 22 de agosto de 2019, se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, en
la cual el Tribunal se declaró competente para conocer y resolver las pretensiones
formuladas por DISICO S.A.. Las partes no interpusieron recurso alguno frente a la
referida decisión.

1.4. Mediante Laudo del 19 de marzo de 2020 el Panel Arbitral declaró el
incumplimiento del contrato por parte de la Convocada y, a la vez, declaró que hubo
enriquecimiento sin justa causa a favor de la misma y, como consecuencia, la
condenó a pagar al contratista las mayores cantidades de obra, material y mano de
obra en los que este tuvo que incurrir. Es así como, en la parte resolutiva dispuso lo
siguiente:

“PRIMERO.- DESESTIMAR la tacha de sospecha formulada por la parte convocante
frente al testimonio del señor JORGE JULIÁN QUINTERO POLO.

SEGUNDO.- DECLARAR, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva, probadas
las siguientes excepciones de mérito invocadas por la parte convocada:

I. Excepción de incumplimiento del demandante por no entrega de la obra a
satisfacción debidamente certificada, demoras en su ejecución, ni dentro
de las exigencias contractuales acordadas, y
II. Excepción de inexistencia de nulidades contractuales.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

TERCERO.- DECLARAR NO PROBADAS, de acuerdo con lo expresado en la
parte motiva, las siguientes excepciones propuestas por la parte convocada:

I. Excepción de caducidad de la acción,
II. Excepción de falta de competencia y jurisdicción del Tribunal para conocer
las pretensiones por enriquecimiento injustificado o ilícito,
III. Excepción de ejecución de los contratos de buena fe, preclusión de las
etapas contractuales e imposibilidad de DISICO de ir contra sus propios
actos,
IV. Excepción de inepta demanda,
V. Excepción de imposibilidad de calificar como imprevisibles y de ausencia
de planeación las circunstancias que disico presenta como causa de los
mayores valores,
VI. Excepción de ausencia de prueba de los mayores costos y de cobro de lo
no debido,
VII. Excepción de ausencia de incumplimiento de DISPAC,
VIII. Excepción de inexistencia de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin causa,
IX. Excepción de prescripción y saneamiento de las pretensiones de nulidad.
X. Excepción de imposibilidad jurídica una vez terminado el contrato de alegar
la imprevisión y su revisión, y
XI. Excepción de obligatoriedad de DISPAC de actuar como agente retenedor
del impuesto de guerra y de estampilla pro – universidades y la calidad de
sujeto pasivo de DISICO frente a los tributos.

CUARTO.- ACOGER, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva, la novena
pretensión principal y, en consecuencia, declarar que el plazo del contrato DG-002-
2013 se extendió de 9 a 24 meses por razones ajenas a la voluntad de las partes.

QUINTO.- ACOGER PARCIALMENTE, de acuerdo con lo expresado en la parte
motiva, las siguientes pretensiones formuladas por la parte convocante:

I. Tercera pretensión principal y, en consecuencia, DECLARAR que la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO SA ESP - DISPAC. incumplió
el contrato DG-002-2013, celebrado entre ella y DISICO SA.
II. Quinta pretensión principal y, en consecuencia, DECLARAR que la obra
ejecutada por DISICO S.A. fue superior a la reconocida por la EMPRESA
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO SA ESP - DISPAC en su liquidación
unilateral del 20 de septiembre de 2016.
III. Pretensiones principales sexta bis, décima y duodécima y, en consecuencia,
DECLARAR que hubo enriquecimiento sin justa causa a favor de la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO SA ESP - DISPAC, con el
correlativo empobrecimiento de DISICO SA.
IV. Por lo anterior, CONDENAR a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL
PACÍFICO SA ESP - DISPAC a pagar a DISICO SA el valor de TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.595.010.737,43), correspondiente a
las mayores cantidades de obra, material y mano de obra en que tuvo que
incurrir DISICO SA y que no fueron reconocidas en la liquidación unilateral
del contrato DG-002-2013.

SEXTO.- DENEGAR, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva, las
pretensiones primera, segunda, cuarta, sexta, séptima, octava, octava bis y
undécima pretensión principal, así como el primer y segundo grupo de pretensiones
subsidiarias propuestas por la parte convocante.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

SÉPTIMO.- DECLARAR causado el saldo final de los honorarios de los árbitros y del
secretario del Tribunal y DISPONER su entrega junto con el IVA correspondiente,
menos las retenciones establecidas en la ley.
[...]”2.

1.5. El 19 de marzo de 2020, la Convocada presentó una solicitud de aclaración,
corrección y complementación al Laudo y el Ministerio Público presentó una solicitud
de complementación.

1.6. El 6 de abril de 2020, el Tribunal aclaró el Laudo, a propósito de lo cual señaló:

“Para mayor claridad, en ejercicio de sus facultades oficiosas, el Tribunal incluirá la
siguiente expresión a los ordinales (I) de los numerales segundo y quinto de la parte
resolutiva del laudo arbitral: “sin perjuicio del incumplimiento reciproco de las partes
del contrato debidamente probado en el proceso”.

“El Tribunal aclara que la condena pecuniaria (acápite cuarto del numeral quinto de
la parte resolutiva) corresponde íntegramente a la compensación por el
enriquecimiento sin causa causado por DISPAC en perjuicio de DISICO, actualizado
a la fecha del laudo con la indexación correspondiente”.

“Tampoco hubo condena pecuniaria alguna por conceptos como equilibrio
contractual o incumplimiento a las obligaciones de buena fe”.

1.7. La Convocada interpuso recurso extraordinario de anulación, con
fundamento en las causales 2º, 7º, 8º y 9º de anulación.

1.8. Mediante sentencia3 del 2 de junio de 2021 esta Corporación declaró
parcialmente fundado el recurso extraordinario de anulación por haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho y, como consecuencia, anuló
íntegramente los subnumerales III y VIII del numeral TERCERO y el numeral

2
“OCTAVO. - ORDENAR el pago de la contribución arbitral a cargo de los árbitros y del
secretario, para lo cual el presidente hará́ las deducciones y librará las comunicaciones
respectivas.
NOVENO.- DISPONER que el presidente del Tribunal rinda cuentas a las partes de las
sumas que estuvieron bajo su cuidado y haga los reembolsos que correspondan de la
partida de ‘otros’ que no haya sido utilizada.
DÉCIMO.- ORDENAR que, por secretaría, se expidan copias auténticas de este laudo con
las constancias de ley para cada una de las partes, y copia simple con destino al Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
DECIMOPRIMERO.- DISPONER que, en firme el presente laudo, se archive el expediente en el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá”.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 2 de junio de 2021, Rad.:11001-
03-26-000-2020-00048-00 (66031).

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

QUINTO de la parte resolutiva del Laudo Arbitral de 19 de marzo de 2020.
Igualmente, declaró infundado el recurso respecto de los demás cargos.4

1.8.1. La sentencia comenzó con el examen de la causal 2ª de anulación, planteada
por la convocada al considerar que el Tribunal erró en el cómputo del término de la
caducidad y que carecía de jurisdicción y competencia para decidir sobre la
pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa. Al respecto, se concluyó
que no sería objeto de estudio, dado que la recurrente no agotó el requisito de
procedibilidad contemplado en el penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, pues no interpuso recurso de reposición contra el auto de asunción de
competencia.

1.8.2. A continuación, se procedió al estudio de la causal 7ª del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012, invocada por DISPAC por diversas razones en virtud de las cuales,
en criterio del recurrente, el Laudo Arbitral había sido dictado en conciencia o
equidad, debiendo ser en derecho.

Al respecto, en la sentencia se encontró fundada la causal 7ª por dos de los
supuestos planteados por el recurrente y, como consecuencia, se dispuso la
anulación del contenido de la parte resolutiva del Laudo Arbitral que fue fruto de
este vicio. Los supuestos que prosperaron fueron: (i) la falta de estudio de la
excepción denominada “ejecución de los contratos de buena fe, preclusión de las
etapas contractuales e imposibilidad de Disico de ir contra sus propios actos” y (ii)
la falta de estudio de la excepción propuesta por DISPAC de “inexistencia de los

4
El Consejero Martín Bermúdez Muñoz salvó parcialmente el voto. Afirmó que, si bien compartía la
decisión de declarar infundado el recurso respecto de los cargos de las causales 2, 8 y 9 del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012, disentía de la decisión de declararlo fundando por la configuración de la
causal 7º de anulación, al considerar que “el tribunal arbitral presentó una razón jurídica para no
estudiar la excepción” denominada “ejecución de los contratos de buena fe, preclusión de las etapas
contractuales e imposibilidad de Disico de ir contra sus propios actos”, aunado a que los argumentos
planteados por el recurrente no correspondían a la causal de anulación que se estaba estudiando,
de modo que, en su opinión, la sentencia “termina corrigiendo lo alegado por el recurrente, en contra
del principio dispositivo del recurso de anulación”. En lo referente a la excepción denominada
“inexistencia de los elementos que configuran el enriquecimiento sin causa”, expuso que la
convocada en realidad no había planteado propiamente una excepción sino “una mera oposición a
la procedencia de una calificación jurídica en el caso estudiado”, de ahí que si el Tribunal analizaba
si se configuró el enriquecimiento sin causa, necesariamente estaba estudiando esa “supuesta
excepción”, la cual “simplemente se refería a que dicha institución no era procedente en el caso”, al
margen de la adecuada interpretación y aplicación normativa, punto que no es del resorte del juez
de la anulación.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

elementos que configuran el enriquecimiento sin causa”, a propósito de lo cual esta
Corporación concluyó que en ambos casos el Panel Arbitral, sin fundamento
jurídico, se abstuvo de estudiar las mencionadas excepciones y, además, para el
caso de la excepción relacionada con los presupuestos del enriquecimiento sin
causa, se apartó ostensiblemente del ordenamiento jurídico y “desconoció la
esencia misma de la institución jurídica”, al conceder la pretensión subsidiaria de
enriquecimiento sin causa “con los mismos fundamentos presentados para declarar
el incumplimiento de la entidad”.

1.8.3. Luego, se analizó la contradicción del laudo esgrimida por DISPAC como
sustento de la causal 8ª que invocó en su recurso, concluyéndose que se
encontraba infundada pues no existía la alegada contradicción, tal como ya había
sido analizado al estudiar ese punto con ocasión de la causal 7ª, dado que uno de
los supuestos en los cuales el recurrente sustentó el cargo de fallo en conciencia o
equidad era, justamente, la misma contradicción argüida como fundamento de la
causal 8ª.

1.8.4. Por último, en lo que respecta a la causal 9ª, se dispuso que, dada la
prosperidad del recurso por la configuración de la causal 7ª, no había lugar a emitir
pronunciamiento sobre la causal 9ª, ya que los supuestos presentados bajo esta
causal perseguían la anulación de los mismos numerales de la parte resolutiva ya
anulados.

1.8.5. De conformidad con lo anterior, en la parte resolutiva5 la sentencia resolvió:
(i) DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADO el recurso extraordinario de anulación,

5
“PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto contra el Laudo Arbitral de 19 de marzo de 2020, proferido por el Tribunal Arbitral
integrado para dirimir las controversias surgidas entre DISICO S.A. y la Empresa Distribuidora del
Pacifico S.A. E.S.P.–DISPAC, en el marco del contrato DG-002-2013, celebrado el 16 de mayo de
2013, por haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho.
SEGUNDO: Como consecuencia, ANULAR PARCIALMENTE el Laudo Arbitral de 19 de marzo de
2020, así:
ANULAR INTEGRALMENTE los subnumerales III y VIII del numeral TERCERO de la parte
resolutiva del Laudo Arbitral de 19 de marzo de 2020, que establecen que se declararán no
probadas las siguientes excepciones propuestas por la parte convocada (se trascribe): “III.
Excepción de ejecución de los contratos de buena fe, preclusión de las etapas contractuales e
imposibilidad de DISICO de ir contra sus propios actos” y “VIII. Excepción de inexistencia de los
elementos que configuran el enriquecimiento sin causa”.
ANULAR INTEGRALMENTE el numeral QUINTO de la parte resolutiva del Laudo Arbitral de 19
de marzo de 2020, que establece (se trascribe):

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

por haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho; (ii) como
consecuencia, ANULAR PARCIALMENTE el Laudo de 19 de marzo de 2020,
concretamente los subnumerales III y VIII del numeral tercero de la parte resolutiva,
en los que se declararon no probadas las excepciones de “ejecución de los
contratos de buena fe, preclusión de las etapas contractuales e imposibilidad de
DISICO de ir contra sus propios actos” y de “inexistencia de los elementos que
configuran el enriquecimiento sin causa”, así como el numeral quinto de la parte
resolutiva que acogió parcialmente las pretensiones principales tercera, quinta,
sexta bis, décima y duodécima, y condenó a DISPAC al pago de las mayores
cantidades de obra, material y mano de obra en que tuvo que incurrir DISICO S.A.
y que no fueron reconocidas en la liquidación unilateral del contrato; (iii) ADVERTIR
a las partes que podían dar trámite a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 43
del Estatuto Arbitral; (iv) DECLARAR INFUNDADO el recurso respecto de los
demás cargos formulados; (v) ORDENAR a los árbitros reembolsar a las partes la
mitad de los honorarios recibidos; (vi) LEVANTAR la suspensión de la ejecución del
Laudo Arbitral que había sido decretada; y (vii) NO CONDENAR en costas.

2. El segundo proceso arbitral (trámite 133080)

“QUINTO.- ACOGER PARCIALMENTE, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva,
las siguientes pretensiones formuladas por la parte convocante:
I. Tercera pretensión principal y, en consecuencia, DECLARAR que la EMPRESA
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO SA ESP - DISPAC. incumplió el contrato DG-002-2013,
celebrado entre ella y DISICO SA; sin perjuicio del incumplimiento recíproco de las partes
del contrato, debidamente probado en el proceso”.
II. Quinta pretensión principal y, en consecuencia, DECLARAR que la obra ejecutada por
DISICO S.A. fue superior a la reconocida por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL
PACÍFICO SA ESP - DISPAC en su liquidación unilateral del 20 de septiembre de 2016.
III. Pretensiones principales sexta bis, décima y duodécima y, en consecuencia, DECLARAR
que hubo enriquecimiento sin justa causa a favor de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL
PACÍFICO SA ESP - DISPAC, con el correlativo empobrecimiento de DISICO SA.
IV. Por lo anterior, CONDENAR a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO SA ESP -
DISPAC a pagar a DISICO SA el valor de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE
($3.595.010.737,43), correspondiente a las mayores cantidades de obra, material y mano
de obra en que tuvo que incurrir DISICO SA y que no fueron reconocidas en la liquidación
unilateral del contrato DG-002-2013”.
SE ADVIERTE a las partes que pueden dar trámite a lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo 43 del Estatuto Arbitral.
TERCERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el
Laudo Arbitral de 19 de marzo de 2020 respecto de los demás cargos formulados.
CUARTO: ORDENAR a los árbitros reembolsar a las partes la mitad de los honorarios recibidos.
QUINTO: LEVANTAR la suspensión de la ejecución del Laudo Arbitral de 19 de marzo de 2020,
decretada mediante Auto de 4 de septiembre de 2020.
SEXTO: SIN CONDENA en costas (…)”.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

2.1. Con fundamento en el artículo 436 del Estatuto Arbitral, el 21 de septiembre de
20217 DISICO S.A. solicitó la integración de un nuevo Tribunal de Arbitramento y
presentó demanda arbitral, con el fin de dirimir las controversias suscitadas en
torno al Contrato DG-002-2013, celebrado el 16 de mayo de 2013 con la empresa
distribuidora del pacífico S.A. ESP.

2.1.1. En su escrito la convocante indicó que se trataba de la segunda demanda
que presentaba contra DISPAC con ocasión del Contrato DG-002-2013 y señaló
que la formulaba de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
43 de la Ley 1563 de 2012, dado que el Consejo de Estado, mediante sentencia
proferida el 2 de junio de 2021, había anulado parcialmente el Primer Laudo Arbitral,
dictado el 19 de marzo de 2020 y aclarado el 6 de abril de 2020. En consecuencia,
precisó que su demanda tenía por objeto resolver sobre las pretensiones anuladas
y sobre aquellas que, en su criterio, a pesar de no haber sido anuladas, no
conservaban validez por el efecto de aquellas que sí lo fueron.

2.1.2. En la demanda subsanada8 se plantearon las siguientes pretensiones:

“a) Principales:

a.1.) Relacionadas con la obra ejecutada y no reconocida:

Primera: Que se declare que el contrato DG-002-2.013 y sus varios otrosíes
incluyeron a cargo de Dispac S.A. ESP la obligación, perteneciente a su naturaleza,
de pagar toda la obra ejecutada por el contratista, tanto aquella que representara
mayor cantidad de la prevista, como la que hubiera resultado necesaria ejecutar para
entregar y poner en funcionamiento el proyecto, pero que no fue prevista en el
contrato, en contraprestación a la obligación contenida en su cláusula tercera, parte
final, conforme a la cual la demandante quedó “responsable de realizar todas las
actividades que requiera la puesta en operación y entrega a satisfacción de Dispac
del proyecto . . .”:

Segunda: Que, salvo lo relativo al Retie, se declare que la demandante Disico S.A.
cumplió el contrato DG-002 de 2.013 y sus varios otrosíes suscritos con la
demandada Dispac S.A. ESP, puesto que conforme lo estipula la cláusula tercera,
parte final, del indicado contrato, realizó, a satisfacción de Dispac, todas las
actividades que el proyecto requirió y puso en operación el sistema de transmisión
objeto de dicho contrato, en especial porque ejecutó los nuevos ítems y actividades,

6 “(…) Cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un tribunal

arbitral, en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas, y en lo posible las
actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación.”
7 Índice 2, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
8 Mediante Auto 2 del 21 de octubre de 2021, se inadmitió la demanda al no reunir los requisitos

formales. La demanda subsanada fue admitida en Auto 3 del 11 de noviembre de 2021.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

no previstos en el contrato, que la Interventoría relaciona en su comunicación WSP
4560 de agosto 27 de 2.014.

Tercera: Que se declare que Dispac SA. ESP incumplió el contrato DG-002 de 2.013
y sus varios otrosíes, porque no le pagó al contratista la totalidad de la obra y
actividades que éste realizó, la cual consta, con la firma de la interventoría, en las
planillas de obra, en los planos récord o “as built” y en la certificación de ejecución
para liquidación enviada por la Interventoría en correo de septiembre 23 de 2.016,
carta WSP-5254-16, y lo corroboró el perito técnico.

Cuarta: Que se declare como obra realmente ejecutada por el contratista la que
aparece relacionada, con la firma de la interventoría, en las planillas de ejecución de
obra, en los planos “as built” y en la certificación de ejecución para liquidación
enviada por la Interventoría en correo de septiembre 23 de 2.016, carta WSP-5254-
16, y lo corroboró el perito técnico; y que se declare que el contratista ejecutó, en las
mayores cantidades que se establezcan dentro del proceso con relación a las
reconocidas por Dispac en su liquidación unilateral, los ítems 1.1, 1.8, Nuevo sin
número, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.3.3 y 6.3.4; y que para
la cumplida ejecución del contrato, el contratista debió ejecutar, además y en las
cantidades que se determinen dentro del proceso, los ítems nuevos, de números 23,
24, 29, 30, 31, 50 y 71.

Quinta: Que en aplicación directa de los artículos 1.602, 1603 y 2488 del código civil
y 781 del código de comercio, o subsidiariamente, en aplicación analógica de los
artículos 1546 del código civil y 780 del código de comercio, se condene a Dispac
S.A. ESP a pagarle a Disico S.A. los siguientes valores y conceptos, tanto por mayor
cantidad de obra ejecutada con relación a la reconocida por Dispac en su liquidación
unilateral, como por aquellas otras que el contratista debió ejecutar en cumplimiento
a su obligación “. . .de realizar todas las actividades que requiera la puesta en
operación y entrega a satisfacción de Dispac del proyecto . . .”:

i) La cantidad de $ 739’741.926, por concepto de mayor cantidad de ejecución de
los ítems 1.1, 1.8, Nuevo, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.3.3 y
6.3.4 respecto de la que Dispac reconoció en su liquidación unilateral, la cual es el
resultado de sumar sus valores de $ 578’827.798, a costo directo, $ 156’283.505 de
costo indirecto y $ 4’630.622 de Iva sobre la utilidad;

ii) La cantidad de $ 2.175’243.299, por concepto de la ejecución de los ítems,
inicialmente no previstos en el contrato, de números 23, 24, 29, 30, 31, 50 y 71,
resultado de sumar sus valores de $ 1.702’068.309, a costo directo, 459’558.443 de
costo indirecto y $ 13’616.546 de Iva sobre la utilidad.

iii) o la que se pruebe dentro del proceso.

Quinta bis: Para el caso de no prosperar las peticiones anteriores, subsidiariamente
solicito declarar que Dispac se enriqueció injustamente a causa del correlativo
empobrecimiento de Disico, con lo cual le ocasionó a esta última daño antijurídico, y
solicito, además, que, para su reparación, se condene a Dispac a pagarle a la
demandante las mismas cantidades de dinero solicitadas en los puntos i) a iii)
inmediatamente precedentes.

a.2.) Peticiones relacionadas con los sobre costos por mayor administración:

Sexta: Que se declare que se encuentra ejecutoriado y que ha hecho tránsito a cosa
juzgada el resolutivo cuarto del laudo arbitral de marzo 19 de 2.020, mediante el cual
se acogió la pretensión novena de la demanda antecedente de la actual y por ende

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

se declaró que el contratista Disico incurrió en mayor administración como
consecuencia de las sucesivas adiciones al plazo del contrato DG-002 de 2.013 -
resolutivo aquel que no quedó cobijado por la anulación del laudo decretada por el
H. Consejo de Estado en su sentencia de junio 2 de 2.020-.

Séptima: Solicito condenar a Dispac S.A. ESP a pagarle a Disico S.A., al día
siguiente a aquel en que el Laudo que aquí se dicte adquiera ejecutoria, la suma de
$ 5.113’029.383 por concepto de la mayor administración que la parte demandante
debió sufragar durante los 15 meses que duraron las extensiones del plazo de
ejecución del contrato DG-002 de 2.013, o la que se pruebe dentro del proceso.

a.3.) Peticiones relacionadas con falta de pago de materiales:

Octava: Que en aplicación directa de los artículos 1.602, 1603 y 2488 del código
civil y 781 del código de comercio, o subsidiariamente, en aplicación analógica de
los artículos 1546 del código civil y 780 del código de comercio, se declare que Disico
suministró a Dispac materiales por valor de $ 8.853’695.917, entre facturados y no
facturados, de los cuales Dispac, en su liquidación unilateral, le reconoció la cantidad
de $ 7.485’730.795,94; y que en consecuencia, se condene a Dispac a pagarle a
Disico la diferencia aritmética por valor de $ 1.367’965.122, o la que se pruebe dentro
del proceso.

Nota: Bajo la gravedad del juramento, conforme lo exige el art. 206 del Cgp y según
aparece en los hechos número 33 a 37 de esta subsanación de demanda, estimo
que los valores reclamados en las peticiones anteriores ascienden a la suma de $
9.395’979.730, discriminados como allí aparece dicho.

b) Peticiones conjuntas o simultáneas con las anteriores:

b.1.- Petición a la par con las peticiones primera, segunda y quinta:

Primera: Que conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 43 de la ley 1563 en
el sentido de “que conservarán validez . . . en lo posible las actuaciones que no
hubieren resultado afectadas por la anulación”, y con el objeto de evitar que se
obstaculice la materialización, a través de un nuevo laudo, del derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia de la parte demandante, se declare que para
decidir las peticiones primera, segunda y quinta de esta demanda no es posible que
conserve validez el resolutivo sexto del laudo de marzo 20 de 2.020, en cuanto negó
las peticiones primera, segunda y sexta de la demanda anterior.

b.2.- Petición a la par con las peticiones tercera, cuarta, quinta bis y sexta:

Segunda: En la misma línea recién expuesta, solicito declarar que para resolver las
peticiones tercera, cuarta, quinta bis y sexta de esta demanda, no es posible que
conserve validez el resolutivo quinto del laudo de marzo 20 de 2.020, solo en cuanto
que al acoger parcialmente, en torno al enriquecimiento sin justa causa, las
peticiones tercera, quinta, sexta bis y duodécima de la demanda resuelta a través
de dicho laudo arbitral, negó en lo demás esas mismas peticiones.

c) Pretensiones subsidiarias:

De no prosperar las peticiones anteriores, y en subsidio de aquellas que no
prosperen, formulo las siguientes pretensiones:

c.1.) Petición simultánea con las subsidiarias que siguen:

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

Solicito declarar que el resolutivo sexto del laudo de marzo 20 de 2.020 incurrió en
el error, meramente formal, de negar “el primer y segundo grupo de pretensiones
subsidiarias propuestas por la parte convocante”, por cuanto que según ese mismo
laudo lo dejó dicho en su parte motiva (págs. 169 y 171), ante la prosperidad de las
pretensiones principales resulta “Innecesario estudio por prosperidad de las
pretensiones principales”, y que en consecuencia ello no constituye óbice para,
llegado el caso, proveer sobre las pretensiones que siguen.

c.2.) Primer grupo de pretensiones subsidiarias:

Primera: Solicito declarar que, por causas ajenas a la sociedad demandante, ésta
ejecutó la obra objeto del contrato DG-002 de 2013 a un sobre costo a su cargo de
tal magnitud, por encima de lo inicialmente pactado, que rompió en contra de sus
intereses la conmutatividad con la que se suscribió dicho contrato, enriqueció sin
justa causa a Dispac S.A. ESP a expensas de su contratista y volvió irrisorio el precio
en él estipulado, proveniente de las siguientes razones:

i) porque la demandante Disico S.A. no recibió dentro del término de 9 meses
inicialmente pactado, la totalidad del valor estipulado para el concepto
administración;

ii) porque la demandante debió erogar nuevos y mayores costos por el concepto
administración dispuesta para la obra, a partir del vencimiento del mes 9 de
ejecución, en adelante;

iii) porque Dispac S.A. ESP no le pagó a Disico S.A. la totalidad de la obra que ésta
ejecutó en cumplimiento a su obligación de entregarla a satisfacción de Dispac S.A.
ESP y en plena operación, tal como la mayor cantidad de obra ejecutada, con
relación a la incluida en el contrato inicial como en el otro sí No. 6, y obra y/o
actividades que el contratista igualmente debió ejecutar, resultado de los nuevos
ítems, actividades y precios que aparecen relacionados en la carta de interventoría
WSP 4560 de agosto 27 de 2.014; y

Segunda: Y para restablecer la equivalencia entre las distintas prestaciones del
anotado contrato, su precio y el patrimonio de la demandante menguado por el
enriquecimiento de la demandada, solicito condenar a la parte demandada en la
forma y términos consignados en las peticiones principales quinta, séptima y octava.

c.3.) Segundo grupo de pretensiones subsidiarias:

Primera: De no prosperar las peticiones anteriores, o parte de ellas, y en lugar de
aquellas que no prosperen, solicito declarar que Dispac S.A. ESP incurrió, a lo largo
de la ejecución del contrato DG-002 de 2.013, en hecho ilícito o en abuso del derecho
y en ejecución contraria a los dictados de la buena fe, con lo cual le ocasionó a la
demandante los daños relacionados en los hechos de esta demanda, a saber: i)
porque la ejecución del objeto del indicado contrato demandó 15 meses adicionales
a los 9 meses en él pactados (incluyendo los dos meses del otro sí No. 6), lo que le
representó a Disico S.A. hacer erogaciones adicionales por el concepto
administración; y ii) porque dicha sociedad no le ha reconocido ni pagado a Disico
S.A. la totalidad de la obra ejecutada en cumplimiento a su obligación de entregarla
en operación, ni sus distintos sobre costos.

Segunda: Y para restablecer la equivalencia entre las distintas prestaciones del
anotado contrato DG-002 de 2013 y el patrimonio de la sociedad demandante
menguado por el enriquecimiento de la demandada, solicito condenar a la parte

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

demandada en la forma y términos consignados en las peticiones principales quinta,
séptima y octava”.

2.1.3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte convocante, tras afirmar que
cumplió a cabalidad las obligaciones a su cargo y puso en operación el sistema de
transmisión, resaltó que debió ejecutar mayores cantidades de actividades previstas
en el contrato, así como otras que, sin haber estado inicialmente previstas, fue
necesario ejecutar con el objeto de cumplir la obligación de “puesta en operación y
entrega a satisfacción de Dispac del Proyecto Fase I”, a pesar de lo cual durante la
ejecución del contrato y, posteriormente, en la liquidación unilateral que llevó a cabo,
dejó de reconocer y pagar las cantidades realmente ejecutadas y distintos ítems de
obra y materiales suministrados, en contravía con lo consignado en las planillas de
obra y los planos récord y con lo certificado por la interventoría, de donde concluyó
que “esas diferencias en la ejecución contractual conducen, finalmente, al valor
económico de la presente reclamación, en cuanto a obra ejecutada y no reconocida
se refiere”.

Por otro lado, manifestó que la mayor permanencia en obra, resultado de sucesivas
prórrogas del plazo de ejecución contractual, le ocasionó sobrecostos por concepto
de administración en valor superior al originalmente estipulado, sobre lo cual indicó
que en el resolutivo cuarto del laudo del Primer Tribunal de Arbitramento, no anulado
mediante la sentencia proferida por esta Corporación, había sido reconocido este
reclamo.

Finalmente, se refirió al Primer Tribunal de Arbitramento y a la sentencia mediante
la cual se anuló parcialmente el Laudo Arbitral que se profirió con ocasión de aquel,
realizando sobre el particular las siguientes precisiones:

“Primero: que el resolutivo cuarto del laudo de marzo 19 de 2.020, el cual acogió
favorablemente la petición novena de la demanda, relativa a que la demandante
incurrió en mayor administración por mayor permanencia en obra, no quedó
comprendida por la declaratoria de anulación del laudo proferida por el H. Consejo
de Estado mediante sentencia de junio 2 de 2.021.

Segundo: que las excepciones, primera, segunda, tercera, quinta, sexta, séptima,
octava y novena de Dispac fueron declaradas como no probadas en el laudo de
marzo 19 de 2.020 y que esa parte del laudo no fue materia del decreto de anulación
proferido por el H. Consejo de Estado.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

Tercero: que si bien en el resolutivo sexto del laudo aparecen negadas las
pretensiones subsidiarias, también lo es que ello fue un mero error de forma, en
tanto que en la parte motiva del mismo laudo se lee

Debido a que todas las pretensiones condenatorias principales (a saber, las
pretensiones sexta bis, décima y duodécima) fueron concedidas por los
mismos conceptos y en virtud del principio de prohibición del enriquecimiento
sin causa, para el Tribunal deviene innecesario el estudio del primer grupo de
pretensiones subsidiarias.

Y en la pág. 171 se expresa cosa semejante, pues textualmente se lee: “Innecesario
estudio por prosperidad de las pretensiones principales”, a lo cual, respecto de las
del segundo grupo, agregó:

Habiendo prosperado las pretensiones principales, tampoco será necesario
para el Tribunal analizar el segundo grupo de pretensiones subsidiarias”.

2.2. El 3 de enero de 20229 la convocada contestó la demanda en tiempo. En su
escrito se opuso a todas las pretensiones, propuso excepciones, objetó el juramento
estimatorio y solicitó el otorgamiento de un término para la presentación de una
prueba pericial. En cuanto a los hechos acepto unos y negó otros.

Adicionalmente, formuló las siguientes excepciones denominadas: (i) “excepción de
cosa juzgada”, (ii) “excepción de caducidad de la acción por pretensiones de
carácter contractual”, (iii) “excepción de caducidad de la acción de pretensiones por
enriquecimiento sin causa”, (iv) “excepción de falta de competencia y jurisdicción
del Tribunal”, (v) “excepción de incumplimiento del demandante por no entrega de
la obra a satisfacción debidamente certificada, demoras en su ejecución, ni dentro
de las exigencias contractuales acordadas”, (vi) “excepción de imposibilidad de
condenar a la demandada a cancelar mayor administración por tiempos adicionales
si ellos se produjeron por incumplimiento de Disico”, (vii) “excepción de imposibilidad
de condenar a la demandada a cancelar mayor administración por decisión sobre la
petición octava bis del laudo anterior”, (viii) “excepción de ejecución de los contratos
de buena fe, preclusión de las etapas contractuales e imposibilidad de Disico de ir
contra sus propios actos”, (ix) “excepción de obligatoriedad de las manifestaciones
contractuales”, (x) “excepción de inexistencia de obra ejecutada por Disico superior
a la pagada por Dispac”, (xi) “excepción de no procedencia del restablecimiento del
equilibrio económico en los términos de la Ley 80 por tratarse de un contrato de
naturaleza privada, ni señirse (sic) a los parámetros del artículo 868 del Código de

9 Índice 2, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

Comercio”, (xii) “excepción de no procedencia de pago de supuestas cantidades
adicionales ni de nuevas unidades ante incumplimiento de la norma técnica por
parte de la obra”, (xiii) “excepción de cumplimiento de Dispac de sus obligaciones”,
(xiv) “excepción de inexistencia de los elementos que configuran el enriquecimiento
sin causa”, (xv) y “excepción de decisión inhibitoria”.

2.3. El 29 de abril de 2022 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, en la
que el Tribunal se declaró competente para conocer y decidir las diferencias
sometidas a su consideración.

2.3.1. El apoderado de la Parte Convocada presentó recurso de reposición contra
la providencia anterior, sustentando su recurso en: (i) la falta de competencia del
Tribunal para conocer de las pretensiones por enriquecimiento injustificado o ilícito;
(ii) la falta de competencia ante la caducidad de la acción por pretensiones de
carácter contractual y de las pretensiones por enriquecimiento sin causa; (iii) la falta
de competencia para conocer de controversias o diferencias que surjan entre las
partes con posterioridad a la terminación del contrato; y (iv) la falta de competencia
por configuración de la cosa juzgada.

El recurso fue coadyuvado parcialmente por el Ministerio Público, concretamente en
punto a los cargos de la falta de competencia del Tribunal para conocer las
pretensiones por enriquecimiento ilícito, la caducidad de las pretensiones por
enriquecimiento sin justa causa y la cosa juzgada.

2.3.2. El 16 de mayo de 2022 se dio continuidad a la audiencia y mediante Auto No.
14 se confirmó la providencia recurrida. En la misma fecha se decretaron las
pruebas pertinentes y se solicitó a la Convocada remitir el índice y documentos
aportados con la contestación de la demanda en el Anexo13.rar. Finalmente, el 21
de junio de 2022 se declaró el cierre de la primera audiencia de trámite.

2.4. En el curso del proceso el Ministerio Público rindió concepto, en el que
sostuvo que en el presente caso, de conformidad con el inciso tercero del artículo
43 de la Ley 1563 de 2012, el colegio arbitral debía “hacer un ejercicio de análisis y
de determinación de cuales pruebas y cuales actuaciones conservan validez” como

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
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resultado de la anulación parcial dispuesta en la sentencia del 2 de junio de 2021
como resultado de la prosperidad de la causal 7ª de anulación, respecto de lo cual
concluyó que la única actuación del Primer Tribunal de Arbitramento que quedaba
“afectada con la anulación del laudo es dicho laudo inicial, en tanto y en cuanto,
contuvo una decisión tomada por el Tribunal Arbitral en conciencia o en equidad”.
Además, afirmó que resultaba improcedente que “con esta segunda demanda o
nueva demanda de DISICO, la convocante pretenda (y lo ha dicho de manera
expresa), que este Tribunal reviva toda la controversia de manera integral variando
las pretensiones y hechos en su numeración, redacción y objeto, para que se emita
un segundo laudo total, desconociendo que ya existe un laudo parcial en firme con
efectos de cosa juzgada”.

En este sentido, resaltó al que respecto de las pretensiones y excepciones resueltas
“con la parte del Laudo Arbitral ejecutoriado del 19 de marzo de 2020 que no fue
anulado por el Consejo de Estado se considera que son cosa juzgada”, de modo
que la única controversia que debía ser desatada por el Tribunal es la parte de la
litis que se encontraba pendiente de una decisión “que supla la parte del Laudo
Arbitral del 19 de marzo de 2020 anulada por el Consejo de Estado en fallo del 2 de
junio de 2021”, de modo que le correspondía al Tribunal resolver las excepciones
de “ejecución de los contratos de buena fe, preclusión de las etapas contractuales
e imposibilidad de DISICO S.A. de ir contra sus propios actos” e “inexistencia de los
elementos que configuran el enriquecimiento sin causa”, las cuales, en su criterio,
debían prosperar y, como consecuencia, habrían de ser denegadas la pretensión
tercera principal así como las pretensiones principales quinta, sexta bis, décima y
duodécima de la demanda arbitral del caso 15.828.

Por último, conceptuó que, de considerar el Tribunal Arbitral que le competía decidir
las pretensiones de la “segunda demanda” o “nueva demanda” presentada por
DISICO S.A. el 1 de septiembre de 2021 y subsanada el 28 de octubre de 2021
distintas a las enunciadas, las mismas debían ser denegadas por existir cosa
juzgada en virtud del Laudo Arbitral de 19 de marzo de 2020 y que también debían
ser denegadas las pretensiones de la demanda denominadas ‘Peticiones conjuntas
o simultáneas con las anteriores’, “por falta de competencia del Tribunal para
invalidar el Laudo Arbitral del 19 de marzo de 2020”.

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2.5. El 12 de mayo de 202310, el Tribunal de Arbitramento profirió el Laudo Arbitral
que es objeto del recurso de anulación que se decide en esta providencia, en cuya
parte resolutiva del laudo dispuso lo siguiente:

“RESUELVE:

“Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo
establecido en la parte motiva del presente Laudo, respecto de las siguientes
pretensiones:
1.1. Pretensión principal a.1. Primera.
1.2. Pretensión principal a.1. Segunda.
1.3. Pretensión principal a.1. Quinta.
1.4. Pretensión principal a.2. Sexta.
1.5. Pretensiones conjuntas o simultáneas con las anteriores. Pretensión b1. Primera
a la par con las pretensiones Primera, Segunda y Quinta.
1.6. Pretensiones subsidiarias. Pretensión c.1. Pretensión simultánea con las que
siguen.

Segundo. Declarar que “Dispac S.A. ESP incumplió el contrato DG-002 de 2.013 y
sus varios otrosíes, porque no le pagó al contratista la totalidad de la obra y
actividades que éste realizó, la cual consta, con la firma de la interventoría, en las
planillas de obra, en los planos récord o ‘as built’ y en la certificación de ejecución
para liquidación enviada por la Interventoría en correo de septiembre 23 de 2.016,
carta WSP-5254-16, y lo corroboró el perito técnico”. Por lo anterior se considera
que prospera la “Pretensión principal a.1. Tercera”.

Tercero. Declarar no probada la excepción denominada “cumplimiento de DISPAC
de sus obligaciones”.

Cuarto. Declarar como obra realmente ejecutada por DISICO y que esta ejecutó, en
las mayores cantidades con relación a las reconocidas por DISPAC en su liquidación
unilateral, los ítems 1.1, 1.8, Nuevo sin número, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2,
6.2.3, 6.2.5, 6.3.3 y 6.3.4; y que DISICO debió ejecutar, además los ítems nuevos,
de números 23, 24, 29, 30, 31, 50 y 71, todo lo anterior, conforme al ´Balance Final´
relacionado por la interventoría en su comunicación de septiembre 23 de 2.016, carta
WSP-5254-16, y lo corroboró el perito técnico. Por lo anterior prospera parcialmente
la “Pretensión principal a.1. Cuarta”, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva
del presente Laudo.

Quinto. Declarar probada la “excepción de inexistencia de los elementos que
configuran el enriquecimiento sin causa”, razón por la cual se deniega la “Pretensión
principal a.1. Quinta Bis”, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del
presente Laudo.

Sexto. Negar la pretensión “a.2 Séptima” de acuerdo con lo dispuesto en la parte
motiva del presente Laudo.

Séptimo. Declarar que DISICO suministró a DISPAC materiales por el valor
reconocido en el “Balance Final” de la Interventoría; pero no prospera la condena a
DISPAC establecida en esta pretensión, por las razones expuestas en la parte

10 Índice 2, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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motiva del presente Laudo. Por lo anterior prospera parcialmente la “Pretensión
principal a.3. Octava”.

Octavo. Denegar la “Pretensión b2. Segunda a la par con las pretensiones Tercera,
Cuarta, Quinta bis y Sexta” (que hace parte de las “Pretensiones conjuntas o
simultáneas con las anteriores”), de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva del
presente Laudo.

Noveno. Denegar la “Pretensión c.2 Primera” (que hace parte del “Primer grupo de
pretensiones subsidiarias”), de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del
presente Laudo.

Décimo. Denegar la “Pretensión c.2 Segunda” (que hace parte del “Primer grupo de
pretensiones subsidiarias”), de acuerdo con la parte motiva del presente Laudo.

Undécimo. Denegar la “Pretensión c.3 Primera” (que hace parte del “Segundo grupo
de pretensiones subsidiarias”), de acuerdo con la parte motiva del presente Laudo.

Duodécimo. Denegar la “Pretensión c.3 Segunda” (que hace parte del “Segundo
grupo de pretensiones subsidiarias”), de acuerdo con la parte motiva del presente
Laudo.

Decimotercero. Declarar no probada la “excepción de caducidad de la acción por
pretensiones de carácter contractual”, de acuerdo con la parte motiva del presente
Laudo.

Decimocuarto. Declarar no probada la “excepción de caducidad de la acción por
pretensiones por enriquecimiento sin causa”, de acuerdo con la parte motiva del
presente Laudo.

Decimoquinto. Declarar no probada la “excepción de falta de competencia y
jurisdicción del Tribunal”, de acuerdo con la parte motiva del presente Laudo.

Decimosexto. Declarar que no prospera la ´excepción de incumplimiento de DISICO
por no entrega de obra a satisfacción debidamente certificada, demoras en su
ejecución, ni dentro de las exigencias contractuales acordadas´ y en consecuencia,
se desestima”.

Decimoséptimo. Declara no probada la “excepción de ejecución de los contratos
de buena fe, preclusión de las etapas contractuales, e imposibilidad de DISICO de ir
contra sus propios actos”, de acuerdo con la parte motiva del presente Laudo.

Decimoctavo. Declarar probada la “excepción de no procedencia del
restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los términos de la ley 80
por tratarse de un contrato de naturaleza privada, ni señirse (sic) a los parámetros
del artículo 868 del Código de Comercio” propuesta por DISPAC”.

Decimonoveno. Declarar no probada “excepción de cumplimiento de DISPAC de
sus obligaciones”, de acuerdo con la parte motiva del presente Laudo.

Vigésimo. Declarar no probada la “excepción de decisión inhibitoria”, de acuerdo
con la parte motiva del presente Laudo.

Vigésimo primero. Desestimar, en los términos y por las razones indicadas en la
parte motiva, las restantes excepciones de mérito formuladas por DISPAC.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

Vigésimo segundo. Abstenerse de realizar pronunciamiento sobre las demás
excepciones de mérito formuladas por DISPAC.

Vigésimo tercero. El Tribunal Actual se abstiene de condenar en costas.
(...)”.

2.6. El 19 de mayo de 202311 DISICO S.A. solicitó la corrección, aclaración y
adición del Laudo Arbitral y, por su parte, la convocada12 solicitó su aclaración y
adición.

2.7. Mediante providencia del 26 de mayo de 202313, el Tribunal denegó las
solicitudes anteriores y corrigió de oficio el numeral décimo sexto de la parte
resolutiva del Laudo Arbitral, así:
“RESUELVE

PRIMERO: Por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, deniéguense las
solicitudes presentadas por los apoderados de la Partes.

SEGUNDO: Corregir de oficio, el resolutivo décimo sexto del Laudo Arbitral de 12
de mayo de 2023, el cual quedará así:

“Décimo Sexto. Declarar que no prospera la ´excepción de incumplimiento de
DISICO por no entrega de obra a satisfacción debidamente certificada, demoras en
su ejecución, ni dentro de las exigencias contractuales acordadas´ y en
consecuencia, se desestima”.

2.8. El 11 de julio de 202314, la convocante presentó recurso extraordinario de
anulación, en el que solicitó la anulación del Laudo Arbitral proferido el 12 de mayo
de 2023 y corregido de oficio el 26 de mayo de 2023, con fundamento en las
causales previstas en los numerales 7º y 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
a propósito de lo cual indicó que el recurso “pretende demostrar que las decisiones
adoptadas en sentido adverso a los intereses de la convocante Disico S.A dentro
del primer laudo arbitral, esto es, el de marzo 19 de 2020, no configuran cosa
juzgada respecto de las pretensiones de condena que dicha parte formuló dentro
de este segundo proceso […] De modo que formulo tres cargos de anulación contra
el laudo recurrido, independientes cada uno de ellos, así: el primero, por la causal
9ª de anulación, parte final; el segundo, por la causal 7ª; y el tercero, por la causal
9ª de anulación, parte inicial, a lo cual agrego que si bien es cierto que tienen de

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Convocante: DISICO S.A.

común el enfrentar el resolutivo primero, numerales 1.3. y 1.5. del laudo recurrido,
también lo es que cada uno de ellos lo hace desde su propio y distinto punto de
vista, lo que no los hace contradictorios, sino diferentes. No obstante, si el presente
recurso no fuese visto de esa manera, para ese evento ruego entender que los
cargos primero y segundo, parte segunda, se encuentran planteados como
principales; la primera parte del segundo cargo, como subsidiario del cargo primero;
y el tercero, en forma subsidiaria del planteado en la segunda parte del cargo
segundo”.

2.8.1. De conformidad con lo anterior, en el recurso procedió a sustentar los tres
cargos anunciados, así:

En punto al primer cargo, manifestó el recurrente que el Laudo Arbitral incurrió en
la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 porque no decidió cuestiones
sujetas al arbitramento -citra petita-, concretamente dejó de resolver las
pretensiones principales primera, segunda y quinta y la pretensión b.1. Primera a la
par con las pretensiones Primera, Segunda y Quinta, dado que el panel arbitral
consideró que respecto de ellas existía cosa juzgada, conclusión esta última que,
en criterio del impugnante, configuró un error in procedendo que condujo “al
resultado absurdo ya anticipado, cual es que la convocante Disico S.A., pese a
haber resultado favorecida en la totalidad de sus pretensiones declarativas, a un
mismo tiempo fue privada de las pretensiones de condena que se derivaban de la
prosperidad de aquellas”.

En este orden, indicó que, estándose en presencia de “un primer y un segundo
arbitraje con sus respectivos laudos, la cosa juzgada tiene contornos propios, que
son los que le imprime el inciso tercero del art. 43 de la ley 1563”, de modo que las
decisiones anuladas del laudo inicial “se dejan de aplicar por la sola fuerza de la
decisión judicial que hubiese declarado su anulación, sin excepción. Mientras que
las decisiones que no hubieren sido anuladas conservarán validez en el segundo
arbitraje, ‘en lo posible’.”

Reprochó que el laudo recurrido no analizara si era posible que no conservaran
validez aquellas decisiones del Primer Laudo Arbitral que no fueron anuladas

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

mediante la sentencia de anulación parcial proferida por el Consejo de Estado, sino
que “apresuradamente” aplicó la cosa juzgada, a pesar de que el inciso tercero del
artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 “consagra una excepción al principio de la cosa
juzgada, desarrollo de lo consagrado en el numeral 2 del art. 304 del CGP, […] es
claro que el laudo recurrido omitió pronunciarse acerca de la cuestión planteada en
la demanda, esto es, acerca de si la disposición del inciso tercero del art. 43 de la
ley 1563 consagra, o no, la autorización expresa para modificar mediante proceso
posterior, para el caso, el segundo arbitraje, lo decidido en el primer arbitraje, o lo
que es igual, si dicha norma consagra o no una excepción a la regla de la cosa
juzgada”.

2.8.2. Como segundo cargo, de conformidad con la causal 7ª de anulación afirmó
que el Laudo Arbitral fue dictado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho,
en tanto que “i) mediante su resolutivo primero, numerales 1.3. y 1.5., declaró la
excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones quinta y b1., o a la par con
ella y otras, prescindiendo por completo de la disposición contenida en el inciso
tercero del art. 43 de la ley 1563, por un lado; y por otro lado, ii) mediante su
resolutivo séptimo negó la parte de la pretensión octava de la demanda subsanada,
relativa a condenar a Dispac a pagarle a la demandante los materiales
suministrados, que aquella voluntariamente no accedió a reconocer, prescindiendo
de toda consideración jurídica sobre el particular”.

Sobre el particular anotó, en primer lugar, que al declarar la cosa juzgada frente a
las pretensiones quinta principal y b.1. primera, el Laudo Arbitral dejó de lado lo
previsto en el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 y no se pronunció
acerca de si la cosa juzgada debía o no mantenerse dentro del Segundo Arbitraje,
conforme lo reclamó el demandante; y, en segundo lugar, que el laudo prescindió
de toda consideración jurídica que sustentara su determinación de declarar que la
convocante suministró a DISPAC el material reconocido por la interventoría, pero al
mismo tiempo negó la condena al pago del mismo.

2.8.3. En lo que atañe al tercer cargo, al amparo de la causal 9ª de anulación el
recurrente acusó el laudo de haber recaído sobre aspectos no sujetos a la decisión
de los árbitros -extra petita-, toda vez que, “mediante su resolutivo primero,

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Convocante: DISICO S.A.

numerales 1.3. y 1.5., declaró la excepción de cosa juzgada respecto de las
pretensiones principales quinta y b1., o a la par con dicha pretensión, sin tener en
cuenta que la decisión contenida en el resolutivo sexto del laudo del 19 de marzo
de 2020, que para este segundo proceso el Tribunal hizo valer como cosa juzgada,
negó una pretensión que en ese entonces no fue formulada, la de condenar a
Dispac a pagar perjuicios a la convocante.”

En este sentido, textualmente adujo:

“(…) el primer laudo negó proferir condena al pago de perjuicios, cosa que no se
había formulado en dicho asunto y que por ende no se encontraba sujeto a la
decisión de los árbitros. Y el segundo laudo declaró que esa decisión tenía efectos
de cosa juzgada dentro del segundo proceso, con lo cual incurrió en el mismo
defecto de haber recaído sobre ese aspecto de los perjuicios, que, repito, tampoco
estaba sujeto a la decisión de los segundos árbitros”.

2.9. El 17 de julio de 202315 el apoderado de la convocada descorrió el traslado
del recurso extraordinario de anulación, mediante escrito en el que solicitó declararlo
infundado, a propósito de lo cual expuso las razones por las cuales, a su juicio, no
se configuran las causales de anulación invocadas por la convocante.

En este sentido, tras resaltar que contra el Primer Laudo Arbitral solamente DISPAC
interpuso recurso extraordinario de anulación, manifestó que DISICO S.A. “deja
entrever su malestar frente a las decisiones que le fueron denegadas desde el
primer laudo” y sobre las cuales no presentó dicho recurso, por lo que se encuentran
amparadas por la cosa juzgada. Añadió que el recurso extraordinario de anulación
no es una segunda instancia y que lo argüido por el recurrente, además de
desconocer la figura de la cosa juzgada, denota su inconformidad con la conclusión
a la que llegaron los árbitros en el Segundo Laudo Arbitral frente “a su particular y
sesgada malinterpretación del inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012”.

Por último, manifestó que el censor pretende discutir los motivos por los que el
Primer Tribunal de Arbitramento denegó algunas de las pretensiones de aquella
primera demanda arbitral, frente a lo cual recalcó que “[e]l recurso extraordinario de
anulación no está llamado a abrir una segunda instancia con la que se pueda discutir

15 Índice 2, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
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de fondo nuevamente la litis, y menos aún puede plantearse una discusión de dicha
naturaleza ahora contra una decisión adoptada en el primer laudo por el primer
Tribunal, laudo que fue objeto de estudio por el Consejo de Estado en virtud de
Recurso Extraordinario de Anulación que solo fue presentado por DISPAC, y no por
DISICO, recurso que fue decidido en fallo de anulación que decidió no anular dicho
resolutivo SEXTO del primer laudo arbitral”.

2.10. El Ministerio Público rindió concepto mediante escrito del 14 de julio de
202316, en el que consideró que el recurso interpuesto por la convocante debe
declararse infundado.

De modo preliminar manifestó que “en el supuesto fáctico en el que el interesado
convoca un segundo tribunal arbitral como consecuencia de la anulación parcial de
un laudo, tal y como sucedió en este caso”, no era procedente dar traslado ni
resolver las pretensiones de la segunda demanda sin haber resuelto previamente la
validez de las pruebas practicadas y de las actuaciones del Primer arbitraje, tal y
como lo prescribe el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.

En lo que respecta a la causal 7a de anulación, consideró que no se configura en el
presente caso y que lo que pretende el recurrente es la revisión de asuntos de fondo
o de mérito analizados y decididos por el colegio arbitral. Frente a la causal novena
de anulación consideró que no existió fallo citra petita ni extra petita, pues “de la
comparación entre las pretensiones, excepciones, y la parte resolutiva del laudo, se
puede establecer que el laudo no vulnera el principio de congruencia en el caso en
estudio”.

2.11. Mediante auto del 10 de abril de 202417, se admitió el recurso de anulación
presentado por la Convocante y se ordenó notificar personalmente al Ministerio
Público.

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17 Índice 4, Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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Convocante: DISICO S.A.

CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de anulación, la Sala analizará los siguientes
aspectos: (1) competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto;
(2) problema jurídico; (3) solución del problema jurídico; (3.1.) características de la
justicia arbitral; (3.2.) naturaleza y características del recurso de anulación; (3.3.)
efectos de la decisión del recurso de anulación; (3.4) análisis de las causales
invocadas en el recurso y solución del caso concreto; (3.4.1) consideraciones sobre
la causal 7ª de anulación y estudio del cargo planteado con sustento en esta causal;
(3.4.2) consideraciones sobre la causal 9ª de anulación y estudio de los dos cargos
invocados con fundamento en esta causal; y (4) costas.

1. Competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto

El artículo 149.7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)18 prevé que el Consejo de Estado, por medio de sus
Secciones, Subsecciones o Salas Especiales, conoce en única instancia de los
recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en
contratos celebrados por una entidad pública, siempre y cuando se cumplan los
presupuestos de la norma que rige la materia. A su vez, el inciso 3º del artículo 46
de la Ley 1563 de 201219 dispone que le corresponde a la Sección Tercera del
Consejo de Estado conocer, en única instancia, de los recursos de anulación de
laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe
funciones administrativas.

18 Artículo 149 “Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o
Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos
celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas
que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso sólo procederá el recurso de
revisión”.
19 “Artículo 46. Competencia. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos

arbitrales, será competente […]
Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una
entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

En el presente asunto se observa que se está en presencia de un Laudo Arbitral -el
segundo laudo o el laudo impugnado- proferido en el marco de un proceso en el que
intervino la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP - DISPAC, con ocasión del
contrato DG-002-2013, celebrado el 16 de mayo de 2013 con DISICO S.A., el cual
tuvo por objeto “los suministros, transportes, construcción, montajes
electromecánicos, pruebas y puesta en servicio de líneas y subestaciones de la
Fase I del Proyecto de Intercontexión Eléctrica 34.5 KV entre Istmina, Paimadó y
San Miguel, con transformación 115/34.5 KV de 17 MVA en Istmina y Subestaciones
asociadas de 34.5/13.2 KV en Medio San Juan en el departamento de Chocó”.

A su turno, en punto a la naturaleza jurídica de las partes del proceso arbitral y
particularmente en lo que corresponde a DISPAC, se advierte que está constituida
como una empresa de servicios públicos mixta vinculada al Ministerio de Minas y
Energía20.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la Sección Tercera
de esta Corporación es competente en única instancia para conocer del recurso
extraordinario de anulación interpuesto por DISICO S.A. en contra del Laudo Arbitral
proferido el 12 de mayo de 2023, corregido de oficio mediante providencia del 26 de
mayo de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 46
de la Ley 1563 de 2012 y el numeral 7 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico

En consideración a los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de
anulación, la Sala deberá establecer si procede la anulación del Laudo Arbitral del
12 de mayo de 2023, corregido de oficio mediante providencia del 26 de mayo de
2023, por la configuración de las 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012
invocadas por la Convocante.

20 Acuerdo No. 003 de 2022 - Estatuto interno de contratación de la Empresa Distribuidora del
Pacífico S.A. E.S.P.

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Convocante: DISICO S.A.

3. Solución del problema jurídico

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá, en primer lugar, a
la justicia arbitral, a la naturaleza y características del recurso de anulación y a los
efectos de la decisión del recurso de anulación, para proceder luego al estudio de
las causales de anulación invocadas por la recurrente y la solución del caso
concreto.

3.1. Características de la justicia arbitral

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política 21,
los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia, en concordancia con el artículo
3º de la ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo inciso 3º dispone que “Los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad”. En este sentido, el
arbitraje es entendido como “(…) un mecanismo alternativo de solución de conflictos
mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia
relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”22.

Se desprende de lo anterior que la jurisdicción o facultad de impartir justicia por
parte de los árbitros emana de la Constitución y la ley, las cuales establecen que
los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces
y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros
para resolver las controversias sometidas a su conocimiento23. En otras palabras,
como consecuencia del reconocimiento constitucional de la voluntad y decisión de
las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la resolución de sus

21 “Artículo 116. […] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que
determine la ley”.
22 Cfr. Artículo 1° de la Ley 1563 de 2012.
23 Hernán Fabio López Blanco, “Procedimiento Civil Parte General”, Tomo I. Dupré Editores, Bogotá

D.C., Páginas 128 y 129.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional,
administrando justicia de manera transitoria exclusivamente para efectos de
solucionar la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la habilitación que
mediante el pacto arbitral han realizado las partes, quienes les confieren
competencia para el conocimiento y decisión de determinados asuntos24.

Bajo el anterior contexto, la justicia arbitral se caracteriza por: (i) ser un mecanismo
alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual las partes confieren a los
particulares la función de la administrar justicia; (ii) regirse por el principio de
voluntariedad o libre habilitación25, en tanto que la competencia de los árbitros para
impartir justicia surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las
partes, en el sentido de sustraer la resolución de su controversia del sistema
ordinario de administración de justicia; (iii) ser de carácter temporal, porque su
existencia es transitoria, limitada en el tiempo y sujeta a la resolución del conflicto
específico sometido a consideración de los árbitros; y (iv) ser excepcional, dado
que se encuentra sujeta a claras limitaciones materiales, de suerte que solo se
pueden someter a arbitraje asuntos de libre disposición y aquellos que la ley
autorice26.

3.2. Naturaleza y características del recurso de anulación

La Sección Tercera del Consejo de Estado27 ha precisado la naturaleza y
características del recurso de anulación, destacando de manera pacífica y uniforme,
lo siguiente:

24En múltiples providencias esta Corporación se ha pronunciado acerca de la función jurisdiccional

de los árbitros y la naturaleza del pacto arbitral, resaltando que el pacto arbitral es el acuerdo de
voluntades mediante el cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión árbitros
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, para proferir un laudo que tiene la
misma categoría jurídica y los mismos efectos de la sentencia judicial. Cfr. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de marzo de 2012.
Radicación número: 76001-23-31-000-1997-04862-01(18013).
25 En este sentido, la jurisprudencia ha puesto de presente que el acuerdo de las partes constituye

el punto de partida y la habilitación para que los árbitros puedan impartir justicia en el caso concreto,
enfatizando sobre el particular que “… el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento expreso
de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de
administración de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus disputas…”. Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C-330 de 2012. Expediente: D -8677.
26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2017. Rad.: 46745. Cfr.

Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 2001.
27Se reitera lo sostenido por esta Subsección en sentencia del 18 de enero de 2019, radicado: 11001-

03-26-000-2018-00160-00(62476), 23 de abril de 2018, radicado: 11001-03-26-000-2017-00106-00

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

i) El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y
extraordinario y, por lo tanto, no puede ser utilizado como una segunda instancia a
través de la cual se pretenda reabrir el debate sobre el fondo del litigio.

ii) La finalidad del recurso consiste en la protección del derecho al debido
proceso en cabeza de las partes, razón por la cual debe orientarse a cuestionar la
decisión arbitral por errores in procedendo y no por errores in iudicando, por lo cual
el juez de la anulación está instituido para analizar vicios de carácter procesal, no
sustancial. Así, la decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los
razonamientos realizados por los árbitros en cuanto a la aplicación de la ley
sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o
derecho en materia de valoración probatoria28, tal y como está previsto en el artículo
42 de la Ley 1563 de 2012, el cual determina que “[l]a autoridad judicial competente
en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o
modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

iii) Las facultades del juez del recurso de anulación están limitadas por el
llamado “principio dispositivo”, según el cual el recurrente, al formular y sustentar su
recurso, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra, delimita el
objeto que persigue con su interposición. En consecuencia, al juez de la anulación
no le está permitido suponer lo manifestado por el impugnante para tratar de
establecer la causal que invoca y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no
contenidos en la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar
de plano el recurso cuando las causales que se aduzcan no correspondan a las
señaladas en la ley. Además, dado el carácter restrictivo que caracteriza este
recurso, su sustentación no consiste en la sola indicación del texto legal que
establece una determinada causal, a la vez que tampoco tiene cabida que se
invoque alguna de las causales consagradas en la ley, pero como sustento se

(59731), sentencia del 19 de julio de 2017: 11001-03-26-000-2017-00043-00(59067), 31 de agosto
de 2015, radicado: 11001-03-26-000-2015-00060-00(53585), entre otras.
28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de abril de 2018. Rad.: 59270.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
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expongan argumentaciones que en realidad no configuran ninguna de las causales
previstas por el legislador29.

iv) De la carga de sustentación del recurso de anulación se desprende que el
recurrente debe indicar las razones con apoyo en las cuales acusa el laudo de
incurrir en la causal o causales que invoca, las cuales deben configurar la causal
que aduce, de tal modo que la causal alegada será la que estructure la cadena
argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé.30

3.3. Efectos de la decisión del recurso de anulación

Conviene recordar que el artículo 43 consagra los efectos de la decisión del recurso
de anulación del Laudo Arbitral, así:

“Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del
artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá
o adicionará.

Cuando se anule el laudo por las causales 1 o 2, el expediente se remitirá al juez
que corresponda para que continúe el proceso a partir del decreto de pruebas. La
prueba practicada dentro del proceso arbitral conservará su validez y tendrá eficacia,
respecto de quienes tuvieron la oportunidad de controvertirla.

Cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un
tribunal arbitral, en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas,
y en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación.

La sentencia que anule el laudo total o parcialmente cumplido, ordenará las
restituciones a que hubiere lugar.

De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria o la contencioso
administrativa, según el caso.

Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho
recurso haya sido presentado por el Ministerio Público”.

Como se observa, las consecuencias que se derivan de la prosperidad del recurso
extraordinario de anulación varían en función de la causal que hubiere dado lugar a

29 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 28 de junio de 2019, Rad.: 63494; del 31

de agosto de 2015. Rad.: 53585; y del 31 de octubre de 2016, Rad. 11001-03-26-000-2016-00099-
00 (57.422) A.
30 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

Sentencias del 31 de octubre de 2016, Rad. 11001-03-26-000-2016-00099-00 (57422) A y del 18 de
diciembre de 2020, Rad. 110010326000201800178 00 (62573), entre otras.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
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la anulación. En particular, cuando prospera la causal 7ª, esto es, haberse fallado
en conciencia o equidad debiendo ser en derecho, el legislador establece como
efecto la anulación del laudo o de la parte afectada con dicho vicio y la posibilidad
de que el interesado convoque un nuevo tribunal en el que conservarán validez las
pruebas debidamente practicadas y en lo posible las actuaciones que no hubieren
resultado afectadas por la anulación.

3.4. Análisis de las causales invocadas en el recurso y solución del caso
concreto

A partir de las consideraciones precedentes, pasa la Sala a pronunciarse sobre las
causales establecida en los numerales 7º y 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012
invocadas por la recurrente y abordará el examen del recurso extraordinario de
anulación promovido por DISICO S.A.

3.4.1. Consideraciones sobre la causal 7ª de anulación y estudio del cargo
planteado con sustento en esta causal

3.4.1.1. Este supuesto de invalidez del laudo arbitral está establecido en el numeral
7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, así:

“7. Haber fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1563 de 2012, el laudo
arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje y puede ser en derecho,
en equidad o técnico; sin embargo, “[e]n los tribunales en que intervenga una
entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias
han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución,
interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las
consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de
facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho”.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

En pronunciamientos anteriores31, la Sala se ha referido al desarrollo jurisprudencial
de esta causal, precisando que el fallo en derecho debe observar el ordenamiento
jurídico, de tal forma que el marco de referencia ha de estar solo en él. Por tanto,
los árbitros se encuentran sujetos no solamente a las reglas adjetivas que regulan
el proceso arbitral, sino, de igual modo, a la normatividad sustantiva aplicable a la
controversia.

A su turno, la jurisprudencia de esta Subsección32 ha precisado las diferencias entre
el laudo en conciencia y el laudo en equidad. En cuanto al primero, ha indicado, en
términos generales, que el fallo en conciencia es aquel en el que el juzgador se
apoya en su íntima convicción, no da razones de su decisión o prescinde de toda
consideración jurídica o probatoria33, mientras que será en equidad cuando el juez
o el árbitro inaplica la ley al caso concreto, al considerar que es injusta o que
conduce a una iniquidad, o cuando el juez o árbitro busca por fuera del ámbito de la
ley la solución a la controversia34.

31 Al respecto, véase por ejemplo Sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, del 19 de julio de

2017, Rad.: 59067 y Sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, del 18 de enero de 2019, Rad.:
62476.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 21 de febrero de 2011, Rad.:

38621, reiterada en Sentencia de la misma Subsección de fecha 18 de enero de 2019, Rad.: 62476
33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de mayo de 2017, Rad.: 58675;

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de enero de 2012. Rad.: 40082.
34 Al respecto, en Sentencia del 19 de julio de 2017 el Consejo de Estado se refirió detenidamente a

la diferenciación entre el fallo en conciencia y el fallo en equidad, señalando, con apoyo en el
desarrollo jurisprudencial sobre la materia, lo siguiente:
“La Sección Tercera del Consejo de Estado ha estimado que el fallo en conciencia se configura
cuando el juzgador se aparta del marco jurídico y decide con fundamento en la mera equidad, razón
por la que la motivación no es esencial para la validez de su decisión.
También ha dicho que esa estirpe de decisiones se caracteriza por prescindir totalmente del acervo
probatorio o de las normas jurídicas, por la ausencia de razonamientos jurídicos o por basarse en el
concepto de verdad sabida y buena fe guardada.
En conclusión, podríamos decir que el fallo en conciencia es aquel en el que el juzgador se apoya
en su íntima convicción, no da razones de su decisión o prescinde de toda consideración jurídica o
probatoria.
El cambio de la expresión legal “en conciencia” por la de “en equidad” no implica una simple
modificación de denominación pues en esa variación va envuelta la defensa de la garantía
fundamental al debido proceso.
La garantía del debido proceso está compuesta por múltiples elementos entre los cuales nos interesa
destacar para lo que aquí se discurre el deber que tiene el juez de motivar sus decisiones y el derecho
de los asociados a que la solución de sus conflictos se fundamente en la ley y en las pruebas
oportunamente y regularmente allegadas al proceso.
Esta garantía cobija cualquier actuación jurisdiccional, sin que constituya una excepción la de los
particulares que en determinados casos administran justicia como ocurre con los árbitros, pues estos
pueden, si las partes los habilitan, proferir fallos en derecho o en equidad aunque “en los términos
que determine la ley.”
“(…)
Ahora, los jueces, y entre ellos los árbitros, están sometidos al imperio de la ley pero podrán recurrir
a la equidad como criterio auxiliar de su actividad, o como criterio único, si en éste último caso, en

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

De acuerdo con lo anterior, en resumen, esta Corporación ha concluido que la
causal séptima de anulación se configura cuando: i) el laudo es en conciencia, esto
es, cuando los árbitros se apoyan en su íntima convicción y por lo tanto no dan
motivación alguna o excluyen toda consideración jurídica o probatoria; y ii) debiendo
ser el laudo en derecho, los árbitros inaplican la ley al caso concreto, porque
consideran que ella es inicua o que conduce a una iniquidad o también cuando
buscan por fuera del ámbito legal la solución al caso sub judice35.

Por otra parte, el Consejo de Estado también ha precisado que no basta la mención
de normas de derecho positivo para que el laudo pueda calificarse como proferido
“en derecho”, sino que es necesario que las normas invocadas como sustento de la
decisión tengan relación directa con el objeto de la litis, de modo que no debe
tratarse de una simple referencia descontextualizada, pues de esta manera el fallo
tendría la apariencia de estar sustentado en el ordenamiento jurídico, pese a que
las normas invocadas no tengan relación alguna con el caso planteado 36.

tratándose de los árbitros, las partes los habilitan para ello, o si, en los demás casos, el proceso
versa sobre derechos disponibles y las partes, siendo plenamente capaces, lo solicitan.
Sin embargo, debe recordarse lo que atrás se expresó en el sentido que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, el arbitramento para la solución de controversias
contractuales debe ser siempre en derecho, sin olvidar que se puede pactar que las diferencias de
carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos.
Así que en conclusión, los fallos en equidad, sea que los profieran los jueces o sea que los emitan
los árbitros en los casos que proceden, no quedan exentos de estar motivados ni de fundamentarse
en las pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso.
Luego, la gran conclusión es que los fallos en conciencia están proscritos en nuestro sistema jurídico
y que se podrá acudir a la equidad como criterio único si la ley o las partes facultan al juzgador para
ello.
Pero, ¿Qué es lo que caracteriza a un fallo en equidad?
A juicio de la Sala nada mejor que los dos postulados que atrás se mencionaron para determinar si
se rotula con la equidad a una decisión.
En efecto, la providencia será en equidad cuando: a) El juez o el árbitro inaplica la ley al caso
concreto porque considera que ella es inicua o que conduce a una iniquidad; b) El juez o el árbitro
busca por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido.
Pero, se repite, ninguna de estas hipótesis supone que el juzgador prescinda de la motivación o de
las pruebas porque entonces ya no sería en equidad sino en conciencia y las decisiones de ésta
naturaleza están proscritas de nuestro sistema jurídico tal como se deduce de los artículos 29, 116
y 230 superiores”. (subrayado fuera del texto original). Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas, 19 de julio de 2017, Rad.:
11001-03-26-000-2017-00043-00(59067)
35 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de marzo de 2021.

Rad.:65440.
36 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de junio de 2007. Rad.: 32896.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

En este orden de ideas, si los árbitros resuelven la litis con base en el ordenamiento
jurídico, fundado en el análisis y la valoración de las pruebas allegadas
oportunamente al proceso, el pronunciamiento será en derecho37.

A su turno, el desacuerdo de las partes respecto a las consideraciones,
interpretaciones y valoraciones efectuadas por el Tribunal de Arbitramento al proferir
el laudo arbitral no configura un fallo en conciencia, ni estructura la causal 7ª de
anulación, puesto que el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse
como una instancia adicional para replantear el debate sobre el fondo del proceso.
Así, le está vedado al juez de la anulación, por lo tanto, entrar a cuestionar, plantear
o revivir el debate probatorio; tampoco le corresponde establecer si hubo o no un
yerro en la interpretación o valoración de las pruebas que hizo el juez arbitral, ni
pronunciarse sobre el alcance que les imprimió el Panel Arbitral a las obligaciones
contenidas en el negocio jurídico38 o cualquier otro asunto que se refiera al fondo
de la litis.

3.4.1.2. Las acusaciones formuladas por la parte Convocante se encaminan a
controvertir parcialmente el Laudo Arbitral proferido el 12 de mayo de 2023, por
considerar que la decisión de declarar la excepción de cosa juzgada respecto de las
pretensiones quinta y b1., y de negar la parte de la pretensión octava de la demanda
subsanada, relativa a condenar a DISPAC a pagarle a la demandante los materiales
suministrados, que aquella voluntariamente no accedió a reconocer, se profirió en
conciencia y no en derecho, pues el Panel Arbitral dejó de lado cualquier
consideración jurídica sobre el particular.

Bajo este entendido, de cara a las pretensiones aludidas, así como lo considerado
por el Tribunal Arbitral respecto de las mismas, la Sala no encuentra que la decisión
proferida en los numerales primero y séptimo de la parte resolutiva del laudo, en
cuanto a declarar la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones quinta
y b1., y negar la parte de la pretensión octava de la demanda subsanada, haya sido
adoptada en conciencia y no en derecho, como a continuación pasa a exponerse.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2016, Rad.: 55307.
38 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2019.

Rad.: 64280.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

3.4.1.3. A partir de la estructura argumentativa del laudo, se observa que el Panel
Arbitral fundamentó su fallo en normas vigentes y aplicables, que respondieron al
objeto de litis, a las pretensiones de la demanda, a los argumentos de defensa y a
las excepciones alegadas. Además, incluyó la motivación o exposición de las
razones que fundamentaron las decisiones adoptadas, comprendiendo el estudio in
extenso sobre la institución de la cosa juzgada y el análisis de su configuración
respecto de cada pretensión y excepción.

En este sentido, cabe mencionar que el colegio arbitral, tras abordar lo atinente a
los presupuestos procesales, se refirió a la solicitud de nulidad planteada por el
Ministerio Público, frente a lo cual concluyó que no se estaba reviviendo un proceso
“legalmente concluido”, pues de conformidad con los efectos de la anulación en el
caso concreto, DISICO S.A. estaba facultado para convocar un nuevo tribunal
arbitral.

Acto seguido, el Panel se detuvo en el estudio de la noción y clasificación de la cosa
juzgada a la luz del artículo 303 del Código General del Proceso y de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, a propósito de lo
cual indicó que “[a] pesar de que en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (“CPACA”) no se contempla una norma similar, el
Consejo de Estado ha manifestado que en aquellos caso en los que exista una
decisión ejecutoriada, no pueden volver a ser ventilados ante la jurisdicción, razón
por la cual de conformidad con el numeral 6º del artículo 180 del CPACA constituye
una excepción previa, que en caso de encontrarse acreditada debe ser decretada
de oficio, teniendo por efecto la terminación del proceso. No obstante, el Consejo
de Estado en diversas sentencias ha recordado que, el artículo 303 del CGP es
aplicable en actuaciones administrativas en virtud de la remisión expresa del artículo
267 del CPACA, previendo que la misma tendrá lugar en los eventos en los que se
advierta la identidad de objeto, de causa petendi y de partes procesales”.

El estudio continuó con el análisis en torno al alcance que la jurisprudencia le ha
dado a la cosa juzgada, con apoyo en lo cual procedió a determinar cuáles
pretensiones y excepciones constituían cosa juzgada y cuáles no, para lo cual
efectuó una comparación entre las pretensiones planteadas ante el Segundo

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

Tribunal de Arbitramento respecto de las pretensiones y excepciones de la primera
demanda, lo resuelto en el Laudo proferido en el Primer Tribunal de Arbitramento y
lo anulado parcialmente mediante sentencia dictada por esta Corporación, todo a la
luz de la demanda del segundo proceso, su contestación, las excepciones
planteadas, las pruebas recaudadas y el expediente trasladado del proceso anterior.

En este orden, los árbitros abordaron: (i) las pretensiones de DISICO S.A. ante el
Tribunal Inicial; (ii) el análisis de las pretensiones de la demanda del proceso Inicial
y del Segundo Tribunal de Arbitramento; (iii) los argumentos planteados por las
partes en el Tribunal Inicial y en el Segundo Tribunal Arbitral; (iv) las
consideraciones y resolutivo del Laudo Inicial; (v) las consideraciones y el resuelve
de la sentencia de anulación parcial, en cuanto a las pretensiones del Primer
Proceso; (vi) los argumentos de las partes frente a la cosa juzgada, en relación con
cada pretensión; y, por último, (vii) expuso la conclusión en relación con la cosa
juzgada respecto de las pretensiones y excepciones del Segundo Tribunal de
Arbitramento.

Bajo el anterior contexto, en lo que guarda relación con la decisión de declarar la
excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones quinta y b1, se observa
que, contario a lo afirmado por la parte recurrente, aquellos aspectos relacionados
con la procedencia de la cosa juzgada y su configuración en el caso concreto
abarcaron en forma amplia el desarrollo del laudo recurrido y contaron con una
argumentación jurídica y un soporte normativo y jurisprudencial que sustentó lo
decidido al respecto. Además, también se puede apreciar que la decisión estuvo
soportada en la demanda presentada en el Primer Proceso Arbitral y su respectivo
laudo, así como en la sentencia de anulación parcial proferida por esta Corporación.

En este punto, la Sala recuerda que el impugnante fundó su reproche afirmando
que, al encontrar configurada la cosa juzgada respecto de las citadas pretensiones,
el colegio arbitral prescindió “por completo de la disposición contenida en el inciso
tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012”, en virtud de la cual “la cosa juzgada
tiene contornos propios”, en la medida en que, en su criterio:

“[…] si dicho litigante cuenta con la posibilidad legalmente consagrada de entablar
un nuevo arbitraje, no tendría sentido alguno con ese derecho el que a ese segundo

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

arbitraje se trasladase la cosa juzgada proveniente del primer proceso. Sería un
contra sentido. Luego es claro que el interés del legislador consistió en privilegiar el
derecho de acceso a la administración de justicia de aquel litigante que se haya visto
afectado con la anulación del laudo, de donde resulta claro concluir que para hacer
efectivo ese derecho, la expresión “en lo posible” insertada dentro de la frase
“conservarán validez . . . en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado
afectadas por la anulación” significa que las decisiones del primer laudo, que no
fueron anuladas por el H. Consejo de Estado, no constituirán cosa juzgada en el
segundo arbitraje, si con ello se hace efectivo el derecho de acceso a la
administración de justicia de quien resultó afectado con la anulación, o se salva un
obstáculo para resolver de nuevo las actuaciones anuladas”.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta claro que la inconformidad planteada
por DISICO S.A. se centra en debatir la interpretación efectuada por el Panel Arbitral
en cuanto a la procedencia y configuración de la cosa juzgada en el caso bajo
estudio, la cual, en criterio del recurrente, para el caso concreto y en razón a lo
dispuesto por el inciso 3º del artículo 43 del estatuto arbitral, tiene un alcance distinto
al entendimiento que le dispensaron los árbitros, frente a lo cual es menester reiterar
que esta Corporación de tiempo atrás ha señalado consistentemente que no
procede fundar el recurso de anulación por la causal de fallo en conciencia en que
el Tribunal hubiere interpretado el derecho vigente apartándose de la que, a juicio
del recurrente, constituía su correcta interpretación39.

Como se ha señalado anteriormente, el recurso de anulación no constituye una
instancia para debatir la interpretación de la ley o rebatir la valoración de las pruebas
y la circunstancia de que la lectura o interpretación normativa efectuada por los
árbitros en relación con los presupuestos de la cosa juzgada y su aplicación en el
caso concreto no coincida con la que el recurrente sostiene acerca de dichos
tópicos, no se traduce en la existencia de un fallo en conciencia, y su debate solo
resultaría pertinente en el ámbito de la impugnación de un fallo por vicios in
iudicando, tarea ajena a la que compete al juez del recurso de anulación de un fallo
arbitral.

En suma, el pronunciamiento del panel arbitral en el sentido de declarar o
desestimar la prosperidad de la cosa juzgada, corresponde a un aspecto de fondo
que escapa a la competencia del juez de la anulación, sin que en el marco de este

39
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de febrero de 2017. Rad.: 58068.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

recurso extraordinario corresponda entrar a valorar los razonamientos, el análisis y
la conclusión adoptada por los árbitros sobre el particular40.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el cargo formulado por DISICO S.A.
con fundamento en la causal de anulación establecida en el numeral 7° del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 no está llamado a prosperar, toda vez que el Laudo
Arbitral recurrido fue proferido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente
y sin apartarse o prescindir de la normativa jurídica llamada a gobernar el caso
concreto,

Finalmente, se insiste que el juez de la anulación no puede entrar a estudiar el fondo
de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento (errores in iudicando), tal y
como lo pretende la parte recurrente en el sub examine, aspectos que, según se
precisó anteriormente, exceden el marco del recurso extraordinario de anulación y
ciertamente escapan al ámbito de la competencia del juez de la anulación.

3.4.1.4. Ahora bien, en la segunda parte del cargo en estudio el impugnante
manifestó que el Laudo Arbitral prescindió de toda consideración jurídica cuando
negó la parte de la pretensión octava de la demanda subsanada en la que se solicitó

40
Al respecto, de vieja data la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado: “Nótese pues
que tanto la conclusión que adopten en el proceso actual los árbitros, como la consiguiente decisión
que profieran en el sentido de declarar o desestimar la prosperidad de la cosa juzgada, corresponde
a una decisión de fondo, a la cual únicamente puede arribarse previa valoración de los medios
probatorios correspondientes, cuestión que torna inmutables tales conclusiones y decisiones frente
al juez de la anulación puesto que, como en otras oportunidades lo ha destacado la propia Sala: […]
Así pues, si en un caso como el que aquí se examina y se decide, al estudiar y resolver el
correspondiente recurso extraordinario de anulación, el Consejo de Estado, so pretexto de verificar
aspectos procesales de la decisión que hubiere adoptado el correspondiente Tribunal de
Arbitramento se detuviere a establecer si en el laudo respectivo debió accederse a declarar la
configuración de la cosa juzgada, total o parcialmente, según fuere el caso - o por el contrario debió
desestimarse la existencia de dicha institución-, en relación con el litigio sometido a su conocimiento,
porque supuestamente la misma controversia ya habría sido decidida antes a través de un fallo o un
laudo que se encontrare en firme, para ello la Sala tendría entonces que entrar a valorar las pruebas
que se hubieren decretado y allegado al proceso arbitral, con el fin de establecer si en el expediente
están acreditados los extremos del proceso anterior; hecho lo anterior, debería comparar los
aspectos derivados de esas pruebas frente a aquellos que identifican el proceso arbitral actual y
entonces arribaría a una conclusión, todo lo cual, necesariamente, supondría desconocer los
precisos y estrechos límites que la ley le ha establecido al juez del recurso de anulación, al tiempo
que con ese proceder estaría asumiendo la posición propia del juez de instancia o del conocimiento
de fondo del asunto, para efectos de redefinir o confirmar lo que hubiere decidido el respectivo
tribunal de arbitramento”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de enero de 2009,
Rad. 34239.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

condenar a DISPAC al pago de los materiales suministrados por DISICO S.A. que
aquella voluntariamente no accedió a reconocer41.

Sobre el particular, en el Laudo impugnado se analizó si respecto a la pretensión
octava de la demanda subsanada se configuraba o no la cosa juzgada, a propósito
de lo cual el colegio arbitral señaló que dicha pretensión “es sustancialmente igual
a la pretensión Duodécima del Tribunal Inicial”, la cual había sido acogida
parcialmente mediante el resolutivo quinto del Primer Laudo Arbitral, que declaró
que hubo un enriquecimiento sin justa causa a favor de Dispac. Asimismo, en el
Laudo recurrido se concluyó que, como quiera que el resolutivo quinto del Primer
fallo a la postre fue anulado íntegramente por esta Corporación, no se configuraba
la cosa juzgada respecto de la pretensión octava del Segundo Tribunal de
Arbitramento, por lo que había lugar a examinar la procedencia o no del
enriquecimiento sin causa.

En este orden, el colegio arbitral, luego de referirse al régimen aplicable al negocio
jurídico celebrado entre las partes, a la liquidación del contrato y al cómputo de la
caducidad de la acción respecto de la controversia surgida entre DISICO S.A. y
DISPAC, se pronunció detenidamente sobre las pretensiones relacionadas con el
enriquecimiento sin justa causa y realizó todo un desarrollo legal y jurisprudencial
acerca de dicha figura. Luego de ello, procedió a relacionarla con el objeto de la litis
para establecer si se configuraban los elementos necesarios para hablar de
enriquecimiento injustificado, concluyendo que en el caso sub examine no se
reunían dos de los cuatro requisitos contemplados al efecto por la jurisprudencia,
concretamente el atinente a la ausencia de causa justificativa del desequilibrio
patrimonial y el relativo a la carencia de otra acción que permitiera la restitución,
toda vez que, en palabras del panel arbitral, “el eventual derecho al pago de las
sumas que reclama DISICO, tiene por causa el Contrato mismo”, aunado a que

41
En este sentido, en el recurso de anulación se lee: “mediante su resolutivo séptimo negó la parte
de la pretensión octava de la demanda subsanada, relativa a condenar a Dispac a pagarle a la
demandante los materiales suministrados, que aquella voluntariamente no accedió a reconocer,
prescindiendo de toda consideración jurídica sobre el particular”, luego de lo cual posteriormente se
indica: “solamente un laudo arbitral que se distancia del derecho puede, sin consideración jurídica
alguna, declarar que la convocada incumplió la obligación de pago y, a un mismo tiempo, negar la
condena al pago de lo que aquella debe, aduciendo que la convocante no demostró que aquella
hubiera “incumplido otra obligación diferente a la de pago”.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

aquel tenía a disposición la acción contractual, siendo esta, justamente, la vía
procesal que ejerció y que dio lugar a la constitución del primero y segundo
tribunales de arbitramento, los cuales constituían “evidencia inequívoca” de la
existencia de otra acción distinta.

Como se puede observar, el laudo recurrido fundamentó su fallo en normas vigentes
y aplicables, para decir que sí existía una causa justificativa del desequilibrio
patrimonial -el contrato suscrito por DISICO S.A. y DISIPAC- y que sí existía una
acción a disposición de DISICO S.A., como lo era la acción derivada del contrato.
Todo lo anterior, basado en las pruebas que soportaron los hechos y las
pretensiones de la demanda, así como los argumentos de defensa y excepciones
alegadas. En ese sentido, la decisión fue proferida en derecho.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el cargo formulado por DISICO S.A.,
con fundamento en la causal de anulación establecida en el numeral 7° del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 no está llamado a prosperar, siendo menester insistir
que el juez de la anulación no puede entrar a estudiar el fondo de la decisión
adoptada por el Tribunal de Arbitramento (errores in iudicando), tal y como lo
pretende la parte recurrente en el sub examine, toda vez que, según se precisó
anteriormente, ello excede el marco del recurso extraordinario de anulación y
ciertamente escapa al ámbito de la competencia del juez de la anulación.

3.4.2. Consideraciones sobre la causal 9ª de anulación y estudio de los dos
cargos invocados con fundamento en esta causal

3.4.2.1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012, es causal de anulación del laudo arbitral haber recaído “sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido
o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.

El análisis de esta causal responde a un estudio objetivo de la acepción externa del
principio de congruencia -artículo 281 del C.G.P.42-, consistente en la consonancia

42 “Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

o coherencia correlativa que debe existir entre la providencia judicial y las
pretensiones y hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones
propuestas, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión43. De este modo, si se
resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra
petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita;
y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra
o citra petita44-45.

La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el examen del principio de
congruencia es relativo, puesto que existen eventos en los cuales los árbitros deben
entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, incluso cuando las partes no lo
hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones
que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación
prevista en el numeral 9° de la Ley 1563 de 2012, a saber: i) cuando se hallen
probados los hechos que constituyen una excepción, caso en el cual el árbitro

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio…”
43 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 31 de octubre de 2016,

Rad.: 59949 y del 27 de noviembre de 2017, Rad.:59913.
44 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2020. Rad.: 64627A.
45 En diversas oportunidades esta Corporación se ha referido al principio de congruencia de las

sentencias como uno de los orientadores de las decisiones judiciales, a propósito del cual ha
señalado: “En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez, encuentra su
límite en las pretensiones y hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos alegados por el
demandado; por tanto no le es dable ni al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del
señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una sutil modificación de las
pretensiones en una oportunidad diferente a la legalmente prevista para la modificación, adición o
corrección de la demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio de
congruencia. El actor sólo cuenta con dos oportunidades para precisar la extensión, contenido y
alcance de la controversia que propone, es decir para presentar el relato histórico de los hechos que
originan la reclamación y para formular las pretensiones correspondientes: la demanda y la
corrección o adición de la misma, de acuerdo con dispuesto en los artículos 137, 143, 170 y 208 del
Código Contencioso Administrativo.
Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio procesal de ‘la congruencia de las
sentencias’, reglado por el Código de Procedimiento, el cual atañe con la consonancia que debe
existir entre la sentencia y los hechos y pretensiones aducidos en la demanda (art. 305), que
garantiza el derecho constitucional de defensa del demandado, quien debe conocer el terreno claro
de las imputaciones que se le formulan en contra. El juez, salvo los casos de habilitación ex lege, en
virtud de los cuales se le faculta para adoptar determinadas decisiones de manera oficiosa, no puede
modificar o alterar los hechos ni las pretensiones oportunamente formulados, so pena de generar
una decisión incongruente.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2006,
Rad. 15.898.

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deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y
nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate
procesal por el interesado; ii) en lo atinente a los presupuestos procesales, por
cuanto tocan con la validez formal del proceso; iii) en aquellos casos relacionados
con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la nulidad absoluta
del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto; y iv) en los
pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad del
contrato46.

Finalmente, cabe señalar que con la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012 y
teniendo en cuenta que en el numeral 2º del artículo 41 de dicho estatuto la falta de
jurisdicción y competencia se incorporó de modo específico como causal de
anulación, ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que al amparo de lo
establecido en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no pueden
alegarse las circunstancias de falta de jurisdicción y competencia por haberse
pronunciado los árbitros sobre asuntos que no se encontraban sujetos a su decisión
por voluntad de las partes o que por mandato legal no eran susceptibles de ser
resueltos por esta vía, puesto que en el numeral 2º del artículo 41 ibídem se prevé
una causal de anulación específica para cuestionar estos aspectos47.

3.4.2.1. En el recurso formulado por DISICO S.A., el recurrente invocó la causal 9ª
de anulación al considerar, por una parte, que el panel arbitral no decidió cuestiones
sujetas al arbitramento dado que estimó que se había configurado la cosa juzgada
y, concretamente, no resolvió las pretensiones principales primera, segunda y
quinta y la pretensión b.1. Por otra parte, decidió aspectos no sujetos a la decisión
de los árbitros, toda vez que, mediante su resolutivo primero, numerales 1.3. y 1.5.,
declaró la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones principales
quinta y b1., sin tener en cuenta que esa decisión contenida en el resolutivo sexto
del laudo del 19 de marzo de 2020, “que para este segundo proceso el Tribunal hizo
valer como cosa juzgada, negó una pretensión que en ese entonces no fue
formulada, la de condenar a Dispac a pagar perjuicios a la convocante.”

46 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de junio de 2002. Rad.: 20634.
47 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 13 de abril de 2015, Rad.: 52556 y del

27 de noviembre de 2017, Rad.:59913.

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A partir de la revisión formal realizada por la Sala al Laudo Arbitral acusado, a la luz
de los hechos y pretensiones de la demanda, de las excepciones alegadas y de la
parte motiva y resolutiva de la providencia, se concluye que la causal invocada no
tiene la vocación de prosperar, según pasa a exponerse.

3.4.2.2. En relación con el primero de los reproches planteados por la parte
Convocante, quien afirma que en el laudo se falló infra o citra petita al no haber
decidido las pretensiones principales primera, segunda y quinta y la pretensión b.1.,
se advierte que en estas se peticionó lo siguiente:

“Primera: Que se declare que el contrato DG-002-2.013 y sus varios otrosíes incluyeron a
cargo de Dispac S.A. ESP la obligación, perteneciente a su naturaleza, de pagar toda la
obra ejecutada por el contratista, tanto aquella que representara mayor cantidad de la
prevista, como la que hubiera resultado necesaria ejecutar para entregar y poner en
funcionamiento el proyecto, pero que no fue prevista en el contrato, en contraprestación a
la obligación contenida en su cláusula tercera, parte final, conforme a la cual la demandante
quedó “responsable de realizar todas las actividades que requiera la puesta en operación
y entrega a satisfacción de Dispac del proyecto . . .”.

Segunda: Que, salvo lo relativo al Retie, se declare que la demandante Disico S.A. cumplió
el contrato DG-002 de 2.013 y sus varios otrosíes suscritos con la demandada Dispac S.A.
ESP, puesto que conforme lo estipula la cláusula tercera, parte final, del indicado contrato,
realizó, a satisfacción de Dispac, todas las actividades que el proyecto requirió y puso en
operación el sistema de transmisión objeto de dicho contrato, en especial porque ejecutó
los nuevos ítems y actividades, no previstos en el contrato, que la Interventoría relaciona
en su comunicación WSP 4560 de agosto 27 de 2.014.

Quinta: Que en aplicación directa de los artículos 1.602, 1603 y 2488 del código civil y 781
del código de comercio, o subsidiariamente, en aplicación analógica de los artículos 1546
del código civil y 780 del código de comercio, se condene a Dispac S.A. ESP a pagarle a
Disico S.A. los siguientes valores y conceptos, tanto por mayor cantidad de obra ejecutada
con relación a la reconocida por Dispac en su liquidación unilateral, como por aquellas otras
que el contratista debió ejecutar en cumplimiento a su obligación “. . .de realizar todas las
actividades que requiera la puesta en operación y entrega a satisfacción de Dispac del
proyecto.

b.1.- Petición a la par con las peticiones primera, segunda y quinta: Primera: Que conforme
lo dispone el inciso tercero del artículo 43 de la ley 1563 en el sentido de “que conservarán
validez . . . en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la
anulación”, y con el objeto de evitar que se obstaculice la materialización, a través de un
nuevo laudo, del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia de la parte
demandante, se declare que para decidir las peticiones primera, segunda y quinta de esta
demanda no es posible que conserve validez el resolutivo sexto del laudo de marzo 20 de
2.020, en cuanto negó las peticiones primera, segunda y sexta de la demanda anterior.”

A su turno, se observa que en el Laudo impugnado el Tribunal de Arbitramento
confrontó lo solicitado en las pretensiones citadas frente a lo pretendido y resuelto con

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ocasión del Primer Proceso Arbitral, encontrando como resultado del análisis que
efectuó, lo siguiente:

(i) Respecto a la pretensión primera, el panel arbitral advirtió que coincidía “en
lo fundamental” con los literales 1, 2 y 3 de la pretensión primera de la
demanda del Tribunal Inicial, que versaban sobre la obligación de DISPAC
de reconocer los ítems y actividades no previstas, así como aquellos
necesarios para la entrega y puesta en funcionamiento del proyecto;
además, tras analizar lo argumentado por las partes en el curso del Primer
proceso tantas veces mencionado, indicó que los árbitros del Primer
Tribunal de Arbitramento habían considerado que dicha pretensión no
estaba llamada a prosperar, tal como había sido dispuesto en el resolutivo
sexto del Laudo Arbitral Inicial, punto que no había sido anulado en la
sentencia proferida por esta corporación, por lo que “el Tribunal Actual
considera que, respecto de esta pretensión de la demanda del Tribunal
Actual, existe una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, por lo que se
abstendrá de pronunciarse al respecto”.

(ii) Similar análisis y conclusión fue esbozada respecto de la pretensión
segunda transcrita precedentemente, a propósito de la cual el panel arbitral
estudió lo solicitado por DISICO S.A. en los dos procesos arbitrales, lo
argüido por las partes y las consideraciones y lo decidido en el Primer Laudo
Arbitral, concluyendo que la mencionada pretensión había sido denegada
en el proceso inicial, concretamente en el resolutivo sexto del Primer Laudo,
a la vez que en el resolutivo segundo de dicha providencia había sido
declarada como probada la excepción de incumplimiento de DISICO S.A
propuesta por DISPAC, añadiendo que ninguno de aquellos habían sido
objeto de anulación, de tal manera que respecto de la pretensión segunda
de la demanda del Segundo Proceso Arbitral existía cosa juzgada en
relación con la decisión adoptada por el Tribunal Inicial.

(iii) En cuanto a la pretensión quinta de la demanda del Segundo Tribunal de
Arbitramento, en el laudo impugnado se expuso que, si bien en esta última
DISICO S.A. introdujo algunas modificaciones -incluyó unos artículos y

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modificó las cantidades pretendidas-, se trataba de una pretensión
sustancialmente igual a la sexta del Primer Tribunal de Arbitramento,
denegada en el laudo inicial y no anulada. En este sentido, concluyó, en
efecto, que la pretensión quinta en comento “es esencialmente igual a la
pretensión Sexta del Tribunal Inicial, por lo que, respecto de aquella, no
habría operado la caducidad, pues no es considerada por el Tribunal Actual
como una pretensión nueva. Por todo lo anterior, además, la decisión de
esta pretensión hizo tránsito a cosa juzgada, en la medida que fue negada
en el resolutivo sexto del Laudo Inicial, que no fue objeto de anulación por
el Consejo de Estado en la Sentencia de Anulación”.

(iv) Por último, en lo atinente a la pretensión b.1 de la demanda del Segundo
Tribunal de Arbitramento, en similar sentido al expuesto en cuanto a las
pretensiones mencionadas, el panel arbitral nuevamente concluyó la
existencia de cosa juzgada.

En este orden de ideas, se encuentra que en el numeral primero de la parte resolutiva
del fallo objeto del recurso de anulación que se analiza, el panel arbitral dispuso frente
a las pretensiones a que se refiere DISICO S.A. en el cargo que se estudia, lo
siguiente:

“Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo
establecido en la parte motiva del presente Laudo, respecto de las siguientes pretensiones:
1.1. Pretensión principal a.1. Primera. 1.2. Pretensión principal a.1. Segunda. 1.3.
Pretensión principal a.1. Quinta. 1.4. Pretensión principal a.2. Sexta. 1.5. Pretensiones
conjuntas o simultáneas con las anteriores. Pretensión b1. Primera a la par con las
pretensiones Primera, Segunda y Quinta. 1.6. Pretensiones subsidiarias. Pretensión c.1.
Pretensión simultánea con las que siguen.”

Pues bien, frente a lo anterior, para la Sala resulta claro que, al concluirse por parte
del colegio arbitral que se encontraba probada la excepción de cosa juzgada
respecto de las pretensiones primera, segunda, quinta y b.1, no quedaba otro
camino distinto de abstenerse de pronunciarse frente a las mismas, lo que en ningún
caso configura una violación al principio de congruencia.

Lo cierto es que, pese a que se hubieren formulado expresamente las citadas
pretensiones, el panel arbitral no podía fallar de fondo sobre ellas por considerar
que había operado la cosa juzgada, lo cual implica una excepción al principio de

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congruencia, pues, en efecto, el fallador está obligado a no conocer de fondo las
pretensiones cuando sobre ellas ha operado dicho fenómeno, sin que, se itera,
corresponda al juez de la anulación entrar a pronunciarse acerca del análisis que
sobre la cosa juzgada efectuó el Tribunal de Arbitramento.

Sobre el particular, viene bien anotar que los árbitros en su laudo procedieron a
estudiar ampliamente la figura de la cosa juzgada, señalando, entre otros aspectos,
que la misma “prohíbe en principio al juez conocer controversias o pretensiones,
presentadas vía acción o excepción, cuya situación jurídica se encuentra definida
previamente por un juez o por quien administre justicia”, añadiendo, con apoyo en
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que “con el fin
de lograr la terminación definitiva de las controversias, la cosa juzgada se deriva de
la toma de decisiones en sentencias u otras providencias, de carácter inmutable,
vinculante y definitivo”, para más adelante indicar:

“Frente a la cosa juzgada en los laudos arbitrales que han sido objeto de recurso de
anulación, es necesario analizar la sentencia de anulación y estudiar qué
pretensiones han quedado en firme y qué otras han sido anuladas (ya sea total o
parcialmente). En consideración a lo anterior, las decisiones respecto de
pretensiones que están permeadas por la cosa juzgada, serían aquellas que no
hayan sido anuladas mediante sentencia de anulación y, en consecuencia, no
podrían ser revisadas por un nuevo tribunal (en este caso por el Tribunal Actual).

Por lo anterior, el Tribunal Actual -trámite arbitral No. 133080-, constituido para
dirimir las diferencias entre DISICO y DISPAC en relación con el Contrato, podría
estar frente a la causal de falta de competencia, en cuanto a las pretensiones y
excepciones que se encuentran permeadas por la cosa juzgada, por haber sido
resueltas por el Tribunal Inicial y no anuladas mediante la Sentencia de Anulación.

Así las cosas, es necesario precisar que el conocimiento que tiene el Tribunal Actual
sobre las pretensiones de DISICO y las excepciones de DISPAC, proviene de un
trámite arbitral anterior que, mediante el Laudo Inicial resolvió de fondo la
controversia entre las Partes.

(…)

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el Recurso de Anulación y la
correspondiente Sentencia de Anulación, no corresponden a una segunda instancia
en el proceso, es posible concluir que: (i) el Tribunal Actual sólo podrá pronunciarse
respecto de las pretensiones y excepciones que hayan sido anuladas total o
parcialmente por la Sentencia de Anulación; y (ii) las pretensiones y excepciones
que hayan sido decididas por el Tribunal Inicial y no hayan sido anuladas por el
Consejo de Estado, tendrán efectos de cosa juzgada, por lo que el Tribunal Actual
no podría pronunciarse sobre aquellas” (subrayado dentro del texto)

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Bajo el contexto anterior, la Sala observa que la convocante pretende que el juez
del recurso de anulación estudie aspectos relacionados con la aplicación de la cosa
juzgada por parte del Tribunal de Arbitramento y que se pronuncie en punto a la
interpretación dispensada por el colegio arbitral en torno a sus efectos, comoquiera
que, en criterio de DISICO S.A., el adecuado entendimiento del inciso tercero del
artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 conducía a conclusiones distintas a las que arribó
el colegio arbitral respecto de la cosa juzgada que encontró verificada respecto de
algunas de las pretensiones del Segundo Proceso Arbitral.

Empero, como atrás se advirtió, no es posible disentir del criterio y de las
consideraciones asumidas por el Tribunal en torno a la configuración de la cosa
juzgada ni calificar o modificar la hermenéutica realizada por el Panel Arbitral en
punto al artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 y que resultó ser distinta de la esbozada
por el recurrente, aspectos que, como se ha expuesto ampliamente, escapan a la
competencia del juez de la anulación.

3.4.2.3 Por último, con fundamento en la causal 9ª de anulación, DISICO S.A.
planteó, además de lo analizado en precedencia, que en el fallo impugnado el panel
arbitral decidió aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros -extra petita-, toda
vez que, mediante su resolutivo primero, numerales 1.3. y 1.5., declaró la excepción
de cosa juzgada respecto de las pretensiones principales quinta y b1., sin tener en
cuenta que esa decisión contenida en el resolutivo sexto del laudo del 19 de marzo
de 2020, “que para este segundo proceso el Tribunal hizo valer como cosa juzgada,
negó una pretensión que en ese entonces no fue formulada, la de condenar a
Dispac a pagar perjuicios a la convocante.”

Sobre el particular, baste con reiterar las consideraciones que han quedado
expuestas ampliamente a lo largo de esta providencia, en el sentido de insistir en
que no es de recibo plantear por vía del recurso extraordinario de anulación
discrepancias frente al análisis realizado por los árbitros a efectos de verificar la
configuración de la cosa juzgada, sin que observe la Sala que al declarar probada
la excepción de cosa juzgada frente a las pretensiones quinta y b1 en el laudo
recurrido se hubiere resuelto sobre aspectos no sujetos a decisión. En este sentido,
cabe recordar que la cosa juzgada fue planteada como excepción por DISPAC y en

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torno a dicho fenómeno se pronunciaron ampliamente las partes a lo largo del
proceso, tanto en el curso de la primera audiencia de trámite como en los alegatos
de conclusión, constituyendo parte central del debate sometido a decisión del
colegio arbitral.

En conclusión, no prosperando las causales invocadas por DISICO S.A., en la parte
resolutiva la Sala declarará infundado el recurso de anulación y condenará en
costas a la recurrente.

4. Condena en costas

Comoquiera que se declarará infundado el recurso de anulación interpuesto por
DISICO S.A., tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012
según el cual, “Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo
que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público”.

Para ello, dado que no aparecen acreditadas expensas o gastos que se hubieren
efectuado con ocasión del recurso extraordinario de anulación, sólo habrá lugar al
pago de las agencias en derecho48, las cuales se entienden causadas en razón de
la naturaleza y calidad del proceso, así como también de la actuación desplegada
por la parte favorecida49, que para el caso concreto se fijan en diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia a favor
de la parte convocada.

Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, proferido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por el cual se
establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento en que se
interpuso la demanda arbitral, el cual determina que tratándose del recurso de
anulación de laudos arbitrales la tarifa de agencias en derecho será de hasta veinte
(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

48 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

Radicado: 1001-03-26-000-2023-00132-00 (70274)
Convocante: DISICO S.A.

Por consiguiente, como el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2024
es de un millón trescientos mil pesos ($1.300.000.oo), las agencias en derecho
ascienden en este caso a la suma de trece millones de pesos ($13.000.000.oo).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por DISICO S.A., contra el Laudo Arbitral del 12 de mayo de 2023.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a DISICO S.A. Para el efecto, como agencias
en derecho se fija la suma de trece millones de pesos ($13.000.000.oo). a favor de
DISPAC S.A.

TERCERO: En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de
Arbitramento de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

VF

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