Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00188-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00188-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00188-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
24 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00188-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: DISICO S.A.
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISION DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, EL CUAL ES MÁS RIGUROSO EN CUANTO A LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES. LO
PRETENDIDO POR LA ACTORA ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
LAUDO ARBITRAL Y EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN. ASUNTO
LEGAL Y ECONÓMICO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la
sentencia de 27 de febrero de 2025, mediante la cual la SALA DE
CONJUECES DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE
ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia.
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En adelante la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN TERCERA.
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ACTORA: DISICO S.A.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La sociedad DISICO S.A., actuando a través de apoderado especial
y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ2 y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
CONSEJO DE ESTADO3 al haber proferido el laudo arbitral de 12
de mayo de 2023 y la providencia de 22 de mayo de 2024,
respectivamente, esta última dentro del recurso extraordinario de
anulación identificado con el número único de radicación 11001-03-
26-000-2023-00132-00.
I.2.- Hechos
Indicó que el 16 de mayo de 2013 suscribió el contrato núm. DG-
002-2013 con la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP4, cuyo
2
Conformado dentro del trámite arbitral núm. 133080 por los Árbitros Carlos Mayorca Escobar, Carolina
Guillén Gómez y Daniel Rodríguez Bravo. En adelante el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
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En adelante la SECCIÓN TERCERA.
4
En adelante DISPAC.
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ACTORA: DISICO S.A.
objeto5 era la construcción y puesta en servicio de la línea de
interconexión eléctrica de las localidades de Istmina, Paimadó y San
Miguel en los municipios de Istmina y Medio San Juan (Chocó,
Colombia).
Relató que el 20 de septiembre de 2019 presentó demanda arbitral
ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá
contra de DISPAC, con el fin de dirimir las diferencias originadas con
ocasión del contrato núm. DG-002-2013.
Adujó que el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá6 mediante laudo de 19 de marzo de 2020
declaró el incumplimiento del contrato, además, que la obra
ejecutada fue superior a la reconocida por DISPAC, por lo que esta
última se enriqueció sin justa causa y la condenó a pagar la suma de
$3.595.010.737.
5
“[…] adquisición y transferencia del derecho de dominio de ciento veinte (120) viviendas tipo,
viviendas de interés social en MIRADOR DEL JARDIN, con destino a los beneficiarios del fondo de
solidaridad de la caja promotora de vivienda militar y de policía, en la ciudad de Medellín – Antioquia,
que serán edificadas sobre el lote que tiene una extensión superficial de 533 M2 identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No 01N-5196642 de carrera 50E No 82-99 de la ciudad de Medellín, Antioquia.
Las viviendas objeto del presente contrato contaran con un área aproximada construida 40.00 M2 para
las viviendas básicas. Estos inmuebles serán desarrollados por la sociedad OFICINA DE DISEÑOS
CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA – ODICCO LTDA. Sociedad que se obliga a construir,
individualizar y ejecutar el proyecto MIRADOR DEL JARDIN, material y jurídicamente, desenglobando
para el efecto cada etapa, manzana o vivienda, del predio matriz […]”
6
Conformado por los Árbitros Álvaro Mauricio Isaza Upegui, Carlos González Vargas y Alberto Gómez
Mejía.
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ACTORA: DISICO S.A.
Aseveró que DISPAC interpuso recurso extraordinario de anulación
contra el anterior laudo, el cual fue conocido por Sección Tercera -
Subsección “B”- del Consejo de Estado que, en providencia de 2 de
junio de 2021, lo anuló por estimar que no se pronunció sobre
diversos aspectos, decisión contra la cual interpuso recurso
extraordinario de revisión que a la fecha se encuentra pendiente de
ser resuelto.
Sostuvo que promovió una nueva demanda arbitral ante el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y el TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO que, mediante laudo de 12 de mayo de 2023,
accedió a las pretensiones declarativas, pero denegó las de orden
económico por considerar frente a estas operó la figura de la cosa
juzgada.
Señaló que, por ello, presentó ante el TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO solicitud de aclaración, corrección y adición del
laudo arbitral, el cual fue atendido desfavorablemente a sus intereses
en auto de 26 de mayo de 2023.
Sostuvo que inconforme con lo anterior, interpuso recurso
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ACTORA: DISICO S.A.
extraordinario de anulación, al cual le fue asignado el número único
de radicación 2023-00132-00 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN TERCERA que, mediante providencia de 22 de mayo de
2024, declaró infundado el recurso y la condeno en costas a favor de
DISPAC.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, el laudo arbitral de 12 de mayo de 2023 incurrió
en defecto sustantivo y en decisión sin motivación, comoquiera
que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO declaró la excepción de
cosa juzgada con total abstracción de las disposiciones contenidas en
el numeral 2 del artículo 304 de CGP y en el inciso tercero del artículo
43 de la Ley 1563 de 12 de julio de 20127, sin indicar de manera
clara, completa y expresa cuál era su interpretación de tales normas.
Aseveró que, de conformidad con el inciso 3º del artículo 43 de la
Ley 1563 de 2012 “[…] cuando se anule el laudo por las causales 3 a
7, el interesado podrá convocar un tribunal arbitral […]”, lo que
evidencia que sí podía convocar un nuevo tribunal de arbitramento.
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“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones”.
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ACTORA: DISICO S.A.
Afirmó que no es acertado afirmar que la ejecutoria de los laudos, ni
su subsecuente efecto de cosa juzgada, provengan de no haber sido
recurridos en anulación, comoquiera que la ejecutoria y la figura de
la cosa juzgada del laudo no provienen de la providencia que decidió
sobre el recurso de anulación interpuesto en su contra, aun cuando
ciertamente dicha providencia si tenía la potencialidad de ponerles
fin a una y a otra.
Manifestó que la SECCIÓN TERCERA interpretó en debida forma la
finalidad del recurso extraordinario de anulación, pues este no puede
emplearse como una segunda instancia, lo que desconoció lo
dispuesto en el numeral 2º del artículo 304 del CGP.
I.3.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como violados y, en consecuencia:
“[…] Primera: Que en defensa de los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y de acceso eficaz a la
administración de justicia de la accionante, se deje sin valor ni
efecto alguno lo resuelto por las anotadas autoridades, así:
• El punto o resolutivo primero del laudo de fecha 12 de mayo
de 2023 y en lo pertinente su negativa a aclararlo de 26 de mayo
de 2023, a través del cual se declaró probada la excepción de
cosa juzgada respecto de las pretensiones principales primera,
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segunda, quinta, sexta, primera a la par con las pretensiones
primera, segunda y quinta, y pretensiones subsidiarias,
pretensión c.1. de la correspondiente demanda. Y
• Los puntos primero y segundo de la sentencia de 22 de mayo
de 2.024 de la Subsección C de la Sección Tercera del H. Consejo
de Estado, proferida dentro del radicado No. 11001-03-26-000-
2023-00132-00 (70274), en cuanto declaró infundado el recurso
extraordinario de anulación interpuesto por Disico contra el
citado laudo arbitral de fecha 12 de mayo de 2023 y su
aclaración de 26 de mayo de 2023, y condenó en costas a la
recurrente.
Segunda: Que para restablecer el efectivo goce de los derechos
de la accionante, se le ordene a los citados árbitros que, dentro
del término que al efecto se les señale, profieran nuevo laudo en
el que, para resolver las peticiones de la demanda, manifiesten
de manera expresa, clara y completa su interpretación acerca de
lo previsto en los arts. 304, numeral 2, del CGP y 43, inciso
tercero, de la ley 1563, y de ese modo expresen, en concreto,
si, por autorización de lo consignado en el inciso tercero del art.
43 de la ley 1563 en el sentido de que “Cuando se anule el laudo
por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un tribunal
arbitral”, lo resuelto en el laudo de marzo 19 de 2020 en contra
de Disico corresponde, o no, a situación susceptible de ser
modificada mediante el segundo proceso arbitral a que dicha
norma se refiere, esto es, si resulta posible que el derecho allí
consagrado en favor de Disico -consistente en poder volver a
entablar un segundo proceso arbitral-, como así lo hizo, permite
que las decisiones adoptadas en el laudo con que concluyó el
primero de tales arbitrajes no conserven validez en el segundo
de ellos y, por ende, no configuren cosa juzgada.
Nota: De prosperar las anteriores peticiones, carece de sentido
pedir que la Subsección C de la Sección Tercera de esa H.
Corporación se pronuncie de nuevo sobre el laudo que, para
entonces, ya no existirá. En tal caso, habrá que esperar el laudo
sustitutivo, frente al cual las partes sabrán cómo actuar […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- EL señor CARLOS MAYORCA ESCOBAR, quien integró el
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, sostuvo que el laudo es la manera
a través de la cual en su momento se resolvió las controversias
puestas bajo consideración por las partes, por lo que no resulta
conveniente entrar a desvirtuarlo, máxime cuando no se vulneraron
los derechos fundamentales invocados.
I.4.2.- Los señores CAROLINA GUILLÉN GÓMEZ y DANIEL
RODRÍGUEZ BRAVO, quienes integraron el TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO, refirió que el laudo de 12 de mayo de 2023 que
se profirió en derecho posee efectos consuntivos, lo que implicó la
finalización del proceso y la culminación del encargo arbitral.
Destacó que se refirió en su totalidad a las peticiones de la
convocante, a las excepciones de la convocada y se pronunció sobre
aquellas que correspondían, justificando su decisión en la ley
sustancial y procesal, con argumentos jurídicos razonables.
Relató que la accionante no demuestra la vulneración de derecho
fundamental alguno, sino que pretende reabrir el debate jurídico
sobre la legalidad de una de las decisiones adoptadas en el laudo,
con base en una norma a la que la actora le da su propia
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interpretación, lo que deja en evidencia que la solicitud de amparo
debe ser denegada.
I.4.3.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo de la referencia en razón a que las pretensiones
elevadas no reúnen los requisitos de procedibilidad, en especial el de
la relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido es utilizar la
acción de tutela para reabrir un debate jurídico que se suscitó con
ocasión de la excepción de cosa juzgada, de lo decidido en el laudo
arbitral y en el recurso extraordinario de anulación.
Indicó que de encontrarse superados los requisitos de procedibilidad,
se debe denegar el amparo deprecado, en tanto que la providencia
enjuiciada no adolece del defecto sustantivo ni tampoco de decisión
sin motivación, pues se realizó un estudio ponderado y juicioso sobre
la configuración y el alcance de la cosa juzgada frente a las
pretensiones elevadas y decididas en el primer proceso arbitral.
I.5.- Intervinientes
I.5.1.- La empresa DISPAC destacó que la accionante pretende
convertir la acción de tutela en una segunda instancia, lo que no
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resulta de recibo, comoquiera que este no es el mecanismo idóneo
para reabrir la discusión de un laudo, máxime cuando las decisiones
cuestionadas se encuentran debidamente fundadas y no desconocen
las normas relacionadas con la figura de la cosa juzgada.
Adujo que se realizó un estudio adecuado del asunto, en el cual se
expuso la interpretación del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.
Resaltó que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de
revisión, además, que el asunto carece del requisito general de la
relevancia constitucional, pues lo pretendido es el reconocimiento de
pretensiones netamente económicas.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN TERCERA, mediante
sentencia de 27 de febrero de 2025, declaró improcedente la solicitud
de amparo de la referencia al considerar que no se cumplió con el
requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que los
fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se
dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
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debidamente debatidos, analizados y resueltos en el proceso arbitral
y en la sentencia de 22 de mayo de 2024.
Resaltó que, en el recurso extraordinario de anulación de laudo
arbitral, la actora indicó en los mismos términos que ahora plantea,
que no se presentó el fenómeno de la cosa juzgada y que la
determinación del TRIBUNAL DEL ARBITRAMENTO de no analizar
el asunto desconoció por completo el artículo 43 de la Ley 1563 de
2012.
Afirmó que en la providencia de 22 de mayo de 2024, la SECCIÓN
TERCERA declaró infundado el recurso extraordinario de anulación
en contra del laudo arbitral de 12 de mayo de 2023, previa
consideración de que la inconformidad de la sociedad recurrente se
limitó a debatir la interpretación del TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO sobre la figura de la cosa juzgada, aspecto para el
cual no fue concebido dicho recurso, comoquiera que la
interpretación o el criterio de los árbitros no puede ser debatida ni
controvertida por esa vía, de modo que el juez extraordinario no tenía
competencia para pronunciarse al respecto.
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Así las cosas, puso de manifestó que, si bien la parte actora pretende
poner de presente un defecto, es evidente que los fundamentos que
soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción
de los argumentos que fueron planteados en el marco del proceso
arbitral e inclusive en el recurso extraordinario de revisión, los cuales
fueron resueltos de manera razonable por las autoridades
accionadas.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se
revoque, para lo cual argumentó lo siguiente:
Señaló que, contrario a lo manifestado por el a quo, el asunto sí
reviste verdadera relevancia constitucional, comoquiera que
involucra una discusión en torno a la comprensión y alcance de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia en el marco de un proceso de
responsabilidad contractual.
Reiteró que uno de los debates planteados consiste en el
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cuestionamiento acerca de la falta de aplicación e interpretación de
las normas, esto es, del numeral 2º del artículo 304 del CGP y del
inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 y si se configuró
la cosa juzgada, por lo que al haberse declarado la nulidad del laudo
por la causal 7, le surge el derecho de formular un segundo proceso
arbitral.
Afirmó que el hecho de no haber aplicado las normas citadas
compromete seriamente sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, dado que la
indicada falta de aplicación de tales normas impone una carga más
exigente o desproporcionada, lo cual sí trasciende al nivel
constitucional que aparenta ser de índole meramente legal.
Resaltó que la acción de tutela no persigue directa e inmediatamente
el interés de carácter económico, por lo que tampoco pretende
reabrir un debate concluido, sino advertir el deber de interpretar y
aplicar en debida forma la normativa dispuesta en el numeral 2º del
artículo 304 del CGP y el inciso 3º del artículo 43 de la Ley 1563 de
2012.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
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cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
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que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
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ACTORA: DISICO S.A.
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra laudos
arbitrales
La Corte Constitucional en sentencia T-131 de 20228 dispuso sobre
el particular que, si bien es cierto, en principio, resultan aplicables a
los laudos las mismas causales tanto generales como específicas para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
su examen debe ser más riguroso y estricto, de conformidad con la
SU-174 de 20079.
Por su parte, la sentencia SU-033 de 201810 precisó que el respeto
por la decisión de los árbitros y la procedencia de la tutela supone
analizar con especial detenimiento el requisito general de la
relevancia constitucional.
Al respecto, en la mencionada sentencia T-131 de 2022 la Corte
8
M.P. Diana Fajardo Rivera.
9
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10
M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Constitucional sostuvo lo siguiente:
“[…] La relevancia constitucional en materia de tutela
contra laudos arbitrales11 y contra sentencias que resuelven
el recurso extraordinario de anulación. En concordancia con lo
indicado en precedencia, demostrar la relevancia constitucional de
las afectaciones causadas por un laudo arbitral exige una sólida
carga argumentativa. Lo anterior, para que la acción de tutela no
se convierta en una instancia judicial que remplace las vías
ordinarias, de modo tal que las transgresiones alegadas sean
constitucionalmente significativas y trasciendan la esfera legal, el
carácter eminentemente económico de la controversia y la
inconformidad con las decisiones adoptadas por los árbitros.12
[…]
Así mismo, la Sala Séptima de Revisión determinó que carecen de
relevancia constitucional los asuntos que (i) se contraen a dirimir
discusiones estrictamente económicas o patrimoniales relacionadas
con la condena impuesta en el laudo arbitral; o (ii) tienen una
relación directa con la interpretación de un contrato o su valoración
probatoria por parte del tribunal de arbitramento.13 Precisó,
también, que el carácter económico de la discusión no
excluye, per se, la posibilidad de que el caso comprometa la
faceta constitucionalmente protegida del debido proceso, pero
además de los perjuicios económicos, debe demostrarse el
desconocimiento de un derecho fundamental o la intervención en
otros bienes y derechos constitucionalmente relevantes como la
libertad personal o la eficaz administración de justicia.14
44. Ahora bien, aunque específicamente la jurisprudencia
11
Al respecto, ver especialmente, las consideraciones expuestas en las sentencias SU-033 de 2018.
M.P. Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo y T-133 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
En la Sentencia SU-033 de 2018 la Sala Plena refirió, a partir de Ferrajoli, que una distinción entre
los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales consiste en que los primeros se destacan
“entre otras características por no ser negociables, mientras que los segundos establecen ‘relaciones
de dominio y de sujeción, es decir, de poder’.” Sentencia SU-033 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. AV.
Alejandro Linares Cantillo. Criterio reiterado en la Sentencia T-354 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Sentencia T-131 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Ver sentencia T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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constitucional no ha realizado una distinción en la determinación
de los supuestos que acreditan la relevancia constitucional o la
tornan carente en el análisis de procedencia de la acción de tutela
contra laudos arbitrales y contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de anulación,15 importa señalar que en éste
último escenario sí ha precisado que se debe tener en cuenta la
naturaleza especial que enmarca al recurso extraordinario de
anulación y justamente el alcance restringido que tienen sus
causales de procedencia. Lo anterior porque es ese el escenario
natural para que el juez verifique la adecuación del laudo a la
Constitución respecto de las causales que están enfocadas en la
valoración del derecho al debido proceso por posibles errores in
procedendo y, en ese sentido, el análisis de relevancia
constitucional que se realiza en sede de tutela se torna más estricto
con miras a que el amparo no se utilice como un nuevo espacio
procesal para reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron
objeto del proceso arbitral, o para cuestionar el criterio que empleó
el fallador dentro de su ámbito de autonomía16 […]”.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se dejen
sin efectos el laudo arbitral de 12 de mayo de 2023 y la
providencia de 22 de mayo de 2024, proferidos por el TRIBUNAL
DE ARBITRAMENTO y la SECCIÓN TERCERA, respectivamente,
15
Así ocurre, por ejemplo, en las Sentencias T-244 de 2007, SU-174 de 2007, SU-033 de 2018 y SU-
500 de 2015, entre otras.
16
Al respecto se pueden consultar las Sentencias SU-500 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y, SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
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ACTORA: DISICO S.A.
por medio de los cuales se resolvió la controversia planteada por la
accionante contra DISPAC y el posterior recurso extraordinario de
anulación identificado con el número único de radicación 2023-
00132-00.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
sustantivo y decisión sin motivación, en la medida en que se
declaró la figura de la cosa juzgada sin interpretar en debida forma
las disposiciones contenidas en el numeral 2 del artículo 304 de CGP
y en el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 12 de julio de
201217, ni indicar de manera clara, completa y expresa la aplicación
de las mismas.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN TERCERA que, mediante
sentencia de 27 de febrero de 2025, declaró improcedente la solicitud
de amparo por incumplir el requisito general de la relevancia
constitucional, pues lo pretendido era reabrir un debate ya zanjado
17
“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones”.
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por el juez natural de la causa.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela, sumado a ello, adujo que no es de
tal acierto que no se cumpla con el requisito general de la relevancia
constitucional, toda vez que la discusión gira en torno a la
comprensión y alcance de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en
primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, especialmente, contra laudo arbitral y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO y la
SECCIÓN TERCERA vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia e
incurrieron los defectos sustantivo y decisión sin motivación, al haber
proferido el laudo arbitral de 12 de mayo de 2023 y la providencia
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de 22 de mayo de 2024, respectivamente, esta última dentro del
recurso extraordinario de anulación de laudo identificado con el
número único de radicación 2023-00132-00.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, especialmente contra laudos arbitrales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito
general de la relevancia constitucional.
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación18, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
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ACTORA: DISICO S.A.
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]
26
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Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Ahora, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, el
requisito general de la relevancia constitucional resulta más
exigente para la procedencia de la acción de tutela contra
laudos arbitrales, de tal forma que dicho presupuesto no se
encuentra superado cuando i) el asunto resulta estrictamente
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económico o versa sobre discusiones patrimoniales relacionadas con
la condena impuesta en el laudo o ii) tiene una relación directa con
la interpretación probatoria dada en el laudo.
Se destaca que, aun cuando el carácter económico no excluye, per
se, la posibilidad de que se comprometan principios y derechos
constitucionales, en este caso se debe demostrar el desconocimiento
de un derecho fundamental relevante como la libertad personal o la
eficaz administración de justicia.
Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta la naturaleza especial
del recurso extraordinario de anulación, así como su restringido
alcance, por lo que el estudio de la relevancia constitucional también
se torna más estricto, con el fin de que no se utilice a la acción de
tutela como un nuevo espacio donde se pretenda reabrir un debate
fáctico o jurídico ya zanjado o para cuestionar el criterio del árbitro
dentro de su ámbito de autonomía.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó en el
hecho, según el cual, las autoridades judiciales accionadas
declararon la figura de la cosa juzgada sin interpretar y aplicar en
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debida forma las disposiciones contenidas en el numeral 2 del artículo
304 de CGP y en el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de
12 de julio de 201219 y sin indicar de manera clara, completa y
expresa la motivación de tal decisión.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que las inconformidades
descritas por la parte actora pretenden retrotraer asuntos que fueron
objeto de análisis dentro del proceso arbitral y el recurso
extraordinario de anulación, en la medida en que lo pretendido por
la sociedad DISICO S.A. es que se realice una nueva interpretación
de las normas dispuestas para la cosa juzgada, como si este
mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte
actora como fundamento de la presunta vulneración del derecho
deprecado, son los mismos que fueron puestos a consideración ante
el juez arbitral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se
evidencia que lo pretendido es crear una instancia adicional trayendo
argumentos que ya fueron suficientemente debatidos por los jueces
naturales del litigio.
19
“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones”.
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En efecto, la divergencia recae sobre un asunto económico y de mera
legalidad, porque los motivos que fundamentan la inconformidad de
la parte actora se sustentan, básicamente, en que no se debió
declarar la figura de la cosa juzgada frente a las pretensiones de
orden económico, por lo que era del caso realizar una interpretación
favorable a sus intereses del numeral 2 del artículo 304 de CGP y en
el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión meramente económica y
legal, que gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada
en el laudo arbitral, la cual fue resuelta de manera admisible.
En efecto, revisada la providencia de 22 de mayo de 2024, se observa
que DISICO S.A. fundamentó el recurso extraordinario de anulación
en la declaratoria de cosa juzgada, asunto que fue decantado por la
SECCIÓN TERCERA de la siguiente manera:
“[…] Las acusaciones formuladas por la parte Convocante se
encaminan a controvertir parcialmente el Laudo Arbitral proferido
el 12 de mayo de 2023, por considerar que la decisión de declarar
la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones quinta y
b1., y de negar la parte de la pretensión octava de la demanda
subsanada, relativa a condenar a DISPAC a pagarle a la
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ACTORA: DISICO S.A.
demandante los materiales suministrados, que aquella
voluntariamente no accedió a reconocer, se profirió en conciencia
y no en derecho, pues el Panel Arbitral dejó de lado cualquier
consideración jurídica sobre el particular.
Bajo este entendido, de cara a las pretensiones aludidas, así como
lo considerado por el Tribunal Arbitral respecto de las mismas, la
Sala no encuentra que la decisión proferida en los numerales
primero y séptimo de la parte resolutiva del laudo, en cuanto a
declarar la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones
quinta y b1., y negar la parte de la pretensión octava de la
demanda subsanada, haya sido adoptada en conciencia y no en
derecho, como a continuación pasa a exponerse.
A partir de la estructura argumentativa del laudo, se observa que
el Panel Arbitral fundamentó su fallo en normas vigentes y
aplicables, que respondieron al objeto de litis, a las pretensiones
de la demanda, a los argumentos de defensa y a las excepciones
alegadas. Además, incluyó la motivación o exposición de las
razones que fundamentaron las decisiones adoptadas,
comprendiendo el estudio in extenso sobre la institución de la cosa
juzgada y el análisis de su configuración respecto de cada
pretensión y excepción.
[…]
El estudio continuó con el análisis en torno al alcance que la
jurisprudencia le ha dado a la cosa juzgada, con apoyo en lo cual
procedió a determinar cuáles pretensiones y excepciones
constituían cosa juzgada y cuáles no, para lo cual efectuó una
comparación entre las pretensiones planteadas ante el Segundo
Tribunal de Arbitramento respecto de las pretensiones y
excepciones de la primera demanda, lo resuelto en el Laudo
proferido en el Primer Tribunal de Arbitramento y lo anulado
parcialmente mediante sentencia dictada por esta Corporación,
todo a la luz de la demanda del segundo proceso, su contestación,
las excepciones planteadas, las pruebas recaudadas y el
expediente trasladado del proceso anterior.
[…]
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Bajo el anterior contexto, en lo que guarda relación con la decisión
de declarar la excepción de cosa juzgada respecto de las
pretensiones quinta y b1, se observa que, contrario a lo afirmado
por la parte recurrente, aquellos aspectos relacionados con la
procedencia de la cosa juzgada y su configuración en el caso
concreto abarcaron en forma amplia el desarrollo del laudo
recurrido y contaron con una argumentación jurídica y un soporte
normativo y jurisprudencial que sustentó lo decidido al respecto.
Además, también se puede apreciar que la decisión estuvo
soportada en la demanda presentada en el Primer Proceso Arbitral
y su respectivo laudo, así como en la sentencia de anulación parcial
proferida por esta Corporación.
En este punto, la Sala recuerda que el impugnante fundó su
reproche afirmando que, al encontrar configurada la cosa juzgada
respecto de las citadas pretensiones, el colegio arbitral prescindió
“por completo de la disposición contenida en el inciso tercero del
artículo 43 de la Ley 1563 de 2012”, en virtud de la cual “la cosa
juzgada tiene contornos propios”, en la medida en que, en su
criterio:
[…]
De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta claro que la
inconformidad planteada por DISICO S.A. se centra en debatir la
interpretación efectuada por el Panel Arbitral en cuanto a la
procedencia y configuración de la cosa juzgada en el caso bajo
estudio, la cual, en criterio del recurrente, para el caso concreto y
en razón a lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 43 del estatuto
arbitral, tiene un alcance distinto al entendimiento que le
dispensaron los árbitros, frente a lo cual es menester reiterar que
esta Corporación de tiempo atrás ha señalado consistentemente
que no procede fundar el recurso de anulación por la causal de fallo
en conciencia en que el Tribunal hubiere interpretado el derecho
vigente apartándose de la que, a juicio del recurrente, constituía
su correcta interpretación.
[…]
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ACTORA: DISICO S.A.
En suma, el pronunciamiento del panel arbitral en el sentido de
declarar o desestimar la prosperidad de la cosa juzgada,
corresponde a un aspecto de fondo que escapa a la competencia
del juez de la anulación, sin que en el marco de este recurso
extraordinario corresponda entrar a valorar los razonamientos, el
análisis y la conclusión adoptada por los árbitros sobre el particular.
[…]
Empero, como atrás se advirtió, no es posible disentir del criterio y
de las consideraciones asumidas por el Tribunal en torno a la
configuración de la cosa juzgada ni calificar o modificar la
hermenéutica realizada por el Panel Arbitral en punto al artículo 43
de la Ley 1563 de 2012 y que resultó ser distinta de la esbozada
por el recurrente, aspectos que, como se ha expuesto
ampliamente, escapan a la competencia del juez de la anulación
[…].
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que los
motivos de inconformidad expuestos por la parte actora en el recurso
extraordinario de anulación del laudo, son los mismos en lo que se
fundamentó la solicitud de amparo de la referencia, de tal forma que
además de tratarse de un asunto meramente económico sin ninguna
connotación constitucional, lo que se pretende es cuestionar una
decisión judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, sin que en todo caso se vislumbre que las
autoridades accionadas pudieron haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordando los límites del principio de la
autonomía.
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ACTORA: DISICO S.A.
Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de
tutela haga una nueva interpretación de las normas dispuestas para
la figura de la cosa juzgada, con la finalidad de que se corrija el
análisis que hizo tanto el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO como la
SECCIÓN TERCERA y se acoja la interpretación que propone, como
si el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a
los previstos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que la acción de
tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito
general de relevancia constitucional, porque a través de esta la
actora trae un asunto meramente económico y, además, lo que
pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo
se tratase de un recurso o instancia adicional.
Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí
dispuesta al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, se decidió el asunto
sometido a su consideración.
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ACTORA: DISICO S.A.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, especialmente, cuando se trata de laudos arbitrales,
lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo
que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la presente acción de tutela por carecer del requisito
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ACTORA: DISICO S.A.
general de la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de abril de 2025.
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ACTORA: DISICO S.A.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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