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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00191-00

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00191-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Enrique Gómez Martínez, quien actúa por conducto de apoderada judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00191-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

13 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Actor: Enrique Gómez Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Demandante: ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario en curso.
Defectos por violación directa de la Constitución, sustantivo, fáctico,
procedimental y decisión sin motivación. Incumplimiento del requisito
de subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Enrique Gómez Martínez, quien actúa mediante apoderada
judicial, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de enero de 2025, el demandante acudió al juez constitucional con el fin de
que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a las “garantías
judiciales”, a la defensa, de acceso a la administración de justicia, libertad de
expresión y a la verdad, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales
accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO.- Sírvanse Honorables Magistrados tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso, garantías judiciales, libertad de expresión, derecho a la verdad.

SEGUNDO.- Sírvanse Honorables Magistrados dejar sin valor ni efecto el fallo del día 20 de
noviembre del año 2024 proferido en segunda instancia por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial con ponencia del H. Magistrado Dr. Carlos Arturo Ramírez Vásquez, que revocó la decisión
de terminación anticipada del procedimiento en favor del doctor Gómez Martínez.

TERCERO.- Sírvanse Honorables Magistrados mantener incólume el fallo del 15 de mayo del año
2023 por el cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá́ , ordenó la terminación
anticipada del procedimiento en favor del doctor Gómez Martínez, dentro del radicado No. 2020-
01688-03.

CUARTO.- Como peticiones subsidiarias respetuosamente solicito:

4.1. Se declare la nulidad de lo actuado hasta el reparto del expediente al magistrado Ramírez
Vásquez para que se permita cursar la recusación.
4.2. En el evento de que la petición subsidiaria del numeral anterior 4.1. no sea de recibo,
respetuosamente, solicito que se habilite a la defensa para que pueda presentar solicitudes

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Actor: Enrique Gómez Martínez

probatorias y/o solicitar prueba sobreviniente dentro del nuevo trámite de investigación ante la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en el radicado 2020-1688”.

2. Hechos

El accionante relató que el 5 de marzo de 2020, concedió una entrevista en el
programa “AL ATAQUE” de la revista Semana, en la cual habló de la investigación
del homicidio del señor Álvaro Gómez Hurtado1.

Afirmó que el abogado Ramiro Bejarano Guzmán radicó una queja (radicado No.
11001-11-02-000-2020-01688-00) contra el señor Enrique Gómez Martínez, al
considerar que en la referida entrevista “realizó señalamientos contra Ernesto
Samper y Horacio Serpa y considera que lo injurió al sindicarle de delitos que no
cometió y violó la reserva sumarial a que estaba obligado, al tener la calidad de
abogado principal de la parte civil en el referido proceso, al revelar hechos que no
podía revelar”, además porque manifestó que en su calidad de ex director del
Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, “se hacía inteligencia a las
columnas del Dr. Gómez Hurtado”.

Indicó que la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, en decisión de 31 de agosto de 2020, desestimó de plano la
queja y ordenó su archivo, porque advirtió que la intervención del ahora
demandante, constituía una conducta personal que se agotaba en los linderos de
lo privado y no configuraba un desempeño propio de la profesión de abogado de
que trata la Ley 1123 de 2007 por la posible violación a la reserva sumarial y por
las presuntas acusaciones temerarias. Esa providencia fue apelada por el quejoso,
y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en proveído de 2 de febrero de 2022,
rechazó el recurso por improcedente.

Sostuvo que el abogado Ramiro Bejarano Guzmán presentó acción de tutela contra
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con el fin de que se anularan los
autos de 31 de agosto de 2020 y de 2 de febrero de 2022. La Sección Quinta del
Consejo de Estado en fallo de tutela de 28 de julio de 2022 2, amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Por
consiguiente, dejó sin efectos la providencia de 31 de agosto de 2020 y ordenó
dictar una decisión de reemplazo, con el fin de que se profiriera una providencia
debidamente motivada y acorde con el artículo 683 de la Ley 1123 de 2007.

Aseguró que en cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela, por auto de 12
de agosto de 2022 se dio reapertura a la investigación disciplinaria, a lo que agregó
que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá en auto de 15 de mayo
de 2023, ordenó la terminación del proceso en aplicación del artículo 105 de la Ley
1123 de 2007.

Señaló que contra la anterior decisión el quejoso interpuso recurso de apelación.
Adicionalmente, mencionó que cuando estaba en trámite el mencionado recurso,
su abogada de confianza renunció al poder.

1
El accionante mencionó su condición de sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, “calidad que le fue reconocida por la
Jurisdicción Especial para la Paz JEP en auto del año 2022 tal como lo certificó la JEP el 18 de noviembre de 2022”.
2
Radicado No. 11001-03-15-000-2022-02144-01, C.P.: Rocío Araújo Oñate.
3
ARTÍCULO 68. PROCEDENCIA. La Sala del conocimiento deberá examinar la procedencia de la acción disciplinaria y podrá
desestimar de plano la queja si la misma no presta mérito para abrir proceso disciplinario o existe una causal objetiva de
improcedibilidad.

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Actor: Enrique Gómez Martínez

Resaltó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en auto del 20 de noviembre
de 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, ordenó continuar con la
investigación.

Finalmente, manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no se pronunciaron sobre la renuncia del
poder de su abogada, quien posteriormente reasumió su defensa. Adicionalmente,
mencionó que, en la audiencia de 19 de diciembre de 2024, la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá le negó la oportunidad para solicitar pruebas.

3. Fundamentos de la acción

El accionante, quien actúa por conducto de apoderada judicial, manifestó que se
vulneraron los derechos fundamentales invocados, al considerar que en el proceso
disciplinario que se adelanta en su contra se revocó la decisión que declaró la
terminación anticipada del proceso y se negó la oportunidad para solicitar pruebas.

Luego, se refirió al requisito de relevancia constitucional al indicar que “se busca
proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales al debido proceso y
derecho de defensa, contradicción, acceso a la administración de justicia, libertad
de expresión, verdad y justicia (…)”. Asimismo, se refirió al requisito de
subsidiariedad, en el sentido de que no cuenta con otro recurso, pues en la
providencia del 20 de noviembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial informó que contra esa decisión no procedía recurso alguno.

Agregó que “ante el perjuicio irremediable derivado de que se aperture nuevamente
una investigación disciplinaria por los mismos hechos y cargos por los cuales la
Comisión ya le investigó, practicó pruebas y determinó la atipicidad de las
conductas, pero esta vez sin derecho a controvertir las pruebas decretadas de oficio,
restringiéndose a la defensa incluso frente a eventual prueba sobreviniente, con lo
cual se convierte en una decisión y en un procedimiento arbitrario e injusto”.

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto por
violación directa de la Constitución, sustantivo y fáctico, en tanto se vulneran
sus derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta la prueba de calidad de víctima
del accionante del crimen del señor Álvaro Gómez Hurtado declarado como de lesa
humanidad, fue el eje central del programa “AL ATAQUE” de la revista Semana.

Aseguró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá en el proveído
de 15 de mayo de 2023, mencionó en varias ocasiones que se estaba ante una
terminación anticipada, a pesar de que “no hubo una decisión “anticipada” como lo
considera el a quem por cuanto la totalidad de las pruebas decretadas fueron
practicadas y debidamente calificadas. El juez constitucional podrá apreciar, como
no lo hizo la Comisión Nacional, que no hay nada de anticipado en la decisión del
15 de mayo de 2023 y que por el contrario corresponde a la valoración extensa y
autónoma de la magistrada investigadora”.

Señaló que en la providencia objetada hay un error sustantivo y fáctico que afecta
el debido proceso y el derecho de defensa del accionante, en tanto el recurso de
apelación contra la decisión de 15 de mayo de 2023, fue por la terminación del
proceso y no por la “terminación anticipada”.

Resaltó que en la providencia objetada se incurrió en defecto procedimental, en
razón a que al accionante no se le notificó la decisión de 20 de noviembre de 2024
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por lo que careció de

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Actor: Enrique Gómez Martínez

defensa técnica porque la apoderada había renunciado al poder en agosto de 2023
y el accionante volvió a contar con abogado en diciembre de 2024.

Sostuvo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proveído de 20 de
noviembre de 2024, incurrió en defecto fáctico, toda vez que en lo relacionado con
las supuestas violaciones a la reserva sumarial y las presuntas acusaciones
temerarias, ya había sido materia de investigación por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá y, en consecuencia, no era procedente ordenar una
nueva investigación como se ordenó en la decisión objetada.

Indicó que “en cuanto al cargo de violación de reserva sumarial la Comisión
Seccional aplicó dos criterios: 1.) Que el quejoso Bejarano Guzmán no era sujeto
procesal, servidor público ni interviniente dentro de las investigaciones por el
homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, con lo cual falla uno de los ingredientes
normativos de la descripción típica de la falta disciplinaria y que ese fue el mismo
criterio que aplicó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el radicado No.
2020-00972. 2.) Aplicó el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la
Corte en cuanto dice que no cualquier información suministrada a personas diversas
de los que en el sumario oficialmente intervienen constituye esa violación punible,
que ha de tratarse de actos con valor probatorio sobre licitud o ilicitud con respecto
a la existencia o responsabilidad de la persona a quien se atribuya, que al analizarlo
con los hechos materia de queja, no encontró la Comisión Seccional los elementos
de la infracción disciplinaria”.

Mencionó que la valoración probatoria que adelantó la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial sometió al accionante a una investigación disciplinaria, a pesar
de una terminación decretada en primera instancia.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurre en defecto fáctico, al desconocer
que “la calificación del a quo para concluir en la necesidad de cierre si abarcó todas
las situaciones materiales de la queja y que acudió a precedentes válidos respecto
de los derechos que mi representado puede ejercer para superar la omisión e
impunidad que afectan la causa del magnicidio de Gómez Hurtado y ubica al doctor
Gómez Martínez en una situación de completa indefensión al someterlo a un nuevo
episodio de investigación inquisitiva y sin nuevas oportunidades probatorias”.

Indicó que se incurrió en decisión sin motivación, porque en el proveído de 20 de
noviembre de 2024 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sustentó lo
relacionado con el cargo de la violación a la reserva sumarial y la terminación
anticipada de “manera genérica”.

Manifestó que también se incurre “en defecto de motivación cuando se afirma en la
providencia en cuestión que la Magistrada a quo “conglobó” las afirmaciones dadas
por el doctor Gómez Martínez en la entrevista a la revista SEMANA (base de queja),
para dar aplicación a la figura jurídica del non bis in ídem con base en el radicado
2013-00084 adelantado por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá. Se incurre en error cuando se dice que se examinó ese
expediente disciplinario y que se tornaba “impostulable” predicar la figura jurídica de
la cosa juzgada, porque los hechos allí́ investigados datan de manifestaciones o
entrevistas concedidas en el año 2012 o anteriores, y la denuncia que originó la
presente actuación, se circunscribió́ a lo expresado ante la revista Semana el 5 de
marzo de 2020. Parece no entender el Comisionado Ramírez Vásquez la alusión de
la Magistrada a quo de esa investigación, como tampoco la importancia de lo dicho
por la Magistratura en el radicado 2013-00084, lo cual denota el sesgo que abrigó
la decisión, al reducir el asunto a que los hechos eran anteriores al año 2020”.

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Agregó que nada dijo la providencia sobre la falta de proporcionalidad o el principio
de publicidad aplicables para el análisis de razonabilidad del caso, en lo que tiene
que ver con los archivos del DAS cuando el accionante se refirió a ese aspecto que
analizó la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y no advirtió falta
disciplinaria destacándose también que se trató de una afirmación de carácter
general.

3.2. El 28 de enero de 2025, en escrito denominado “Insistencia medida”, el
accionante solicitó que se le pidiera a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá que allegara copia del registro de audiencia celebrada el 27 de enero de
2025 junto con su respectiva acta, y copia del expediente con sus respectivas
pruebas, con el fin determinar que en la mencionada diligencia se formuló pliego de
cargos de “manera express y precipitada”.

4. Trámite procesal

Por auto del 21 de enero de 2025, se admitió la demanda de tutela y ordenó notificar
a las autoridades judiciales demandadas, así como al señor Ramiro Bejarano
Guzmán, como tercero con interés. Igualmente, que se notificara a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se negó la medida provisional solicitada
por la parte actora.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 5984 a 5988 de 24
de enero de 2025, con el fin de notificar a las partes.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En escrito de 17 de enero de 2025, el magistrado ponente de la decisión objetada
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto,
se niegue el amparo de los derechos fundamentales invocados por el demandante,
al considerar que estos no fueron transgredidos en el proceso disciplinario.

Afirmó que el accionante no comprendió la figura de la terminación anticipada
regulada en el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007, en el que se establecen cinco
causales4 en las que se puede configurar la mencionada figura, y agregó que cuando
el artículo 105 de dicha normativa se refiere a que la calificación jurídica de la
actuación, luego de agotada la práctica de pruebas, puede efectuarse en dos
sentidos, “disponiendo su terminación o la formulación de cargos, según
corresponda”, resulta claro y acorde a una interpretación sistemática de la
normativa, que alude a los supuestos contemplados en el artículo 103, sin que haya
lugar a deducir que se tratan de dos escenarios absolutamente diferentes.

Resaltó que la renuncia de la apoderada del demandante se presentó el 30 de
agosto de 2023 y en el auto de 19 de septiembre de la misma anualidad se ordenó
allegar la comunicación por parte de la abogada, providencia que fue notificada el
22 de septiembre de 2023, sin embargo, no obra en el plenario constancia de que
se remitiera el documento solicitado, por consiguiente, ante el incumplimiento no
era procedente acceder al pedimento y, consecuentemente, no hubo una extinción
del mandato.

4
(i) que el hecho atribuido no existió, (ii) la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, (iii) el disciplinable no
la cometió, (iv) existe una causal de exclusión de responsabilidad, o (v) que la actuación no podía iniciarse o proseguirse.

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Actor: Enrique Gómez Martínez

Sostuvo que el a quo no valoró el expediente del proceso con radicado No. 2013-
00084, ni tuvo en cuenta que los hechos allí investigados datan de fechas diferentes,
por lo que resultaba indispensable continuar con la investigación.

Aseguró que el accionante erró al manifestar que se ordenó adelantar “otra
investigación”, dado que la revocatoria ordenada fue precisa en señalar que lo
decretado fue continuar la existente, lo cual además desvirtúa la aparente falta de
motivación.

Señaló que el defecto fáctico planteado se reduce a una mera discrepancia con el
análisis realizado en la decisión cuestionada, toda vez que para su configuración
debe acreditarse una omisión probatoria relevante, la valoración sesgada o
arbitraria de los elementos de juicio, o el desconocimiento manifiesto de pruebas
conducentes que tengan un impacto sustancial en el resultado del proceso, lo que
no demostró la parte actora.

Finalmente, manifestó que el hecho de que el magistrado ponente de la decisión de
20 de noviembre de 2024, fuera egresado de la misma universidad en la que estudió
el quejoso, no conlleva falta de imparcialidad al momento de dictar la mencionada
providencia, más aún cuando no existe ninguna relación interpersonal con el señor
Ramiro Bejarano Guzmán.

5.2. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

En escrito de 28 de enero de 2025, la magistrada que adelantó la investigación pidió
que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su lugar, se nieguen
las pretensiones por no haberse incurrido en los defectos alegados.

En primer lugar, realizó un relato extenso de las diferentes actuaciones adelantadas
en el curso de la etapa de investigación del proceso disciplinario, para lo cual precisó
que en audiencia celebrada el 17 de enero de 2025, al demandante se le brindó la
oportunidad para allegar todas las pruebas documentales que considerara
pertinentes, las mismas a las que hace alusión la parte actora en el escrito de tutela.

Adicionalmente, el 27 de enero del 2025 ordenó la terminación parcial del proceso
a favor del querellado por la presunta violación a la reserva sumarial y se profirió el
pliego de cargos contra el señor Enrique Gómez Martínez por la presunta comisión
de la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, decisión contra la cual
el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual se concedió en el efecto
suspensivo y se ordenó la ruptura de la unidad procesal que correspondió al
radicado No. 2025-00234.

Luego, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito general de
subsidiariedad, toda vez que el proceso disciplinario está en curso, es decir, aún no
ha terminado y quedan etapas procesales por concluir.

Por último, aseguró que al accionante se le garantizó el debido proceso, al punto
que su apoderada siempre lo representó en las diferentes diligencias, por lo que no
se había configurado el defecto procedimental.

5.3. Respuesta del señor Ramiro Bejarano Guzmán

5.3.1. En correo electrónico de 28 de enero de 2025, el tercero con interés solicitó
que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no demostró
la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, se utiliza la solicitud de amparo
como una tercera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Actor: Enrique Gómez Martínez

Afirmó que no es cierto que se hubieran vulnerado los derechos fundamentales al
accionante, pues la apertura de la investigación disciplinaria es precisamente el
escenario en el que podrán plantear todas las supuestas razones que esbozan para
negarse a ser investigado por el órgano disciplinario de la profesión jurídica.

Sostuvo que la renuncia del poder por parte de la abogada del demandante no se
ajustó a los parámetros del inciso 4 del artículo 69 del Código General del Proceso,
por lo que no es cierta la aseveración de que el accionante no estuvo representado
en ese período, porque tal renuncia no le puso fin automáticamente al mandato.

Para terminar, manifestó que la acción tutela tampoco resulta procedente como
mecanismo transitorio, toda vez que no hay un perjuicio irremediable con las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas.

5.3.2. Posteriormente, en correo electrónico de 29 de enero del 2025, el señor
Bejarano Guzmán afirmó que el proceso disciplinario adelantado contra el
accionante lleva varios años, por lo que la magistrada sustanciadora de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá promovió audiencias concentradas con
el fin de evitar que se consumara la prescripción.

Resaltó que suspender el trámite disciplinario tendría como consecuencia la
declaratoria de prescripción de la actuación disciplinaria, por lo que no se puede
acceder a la solicitud de medida cautelar que ya fue rechazada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

El accionante en escrito denominado “Insistencia medida”, pidió que se previniera a
la magistrada sustanciadora de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá para que se abstuviera de seguir adelante con el proceso disciplinario,
mientras se resuelve la acción de tutela.

La Sala advierte que se abstiene de realizar pronunciamiento alguno frente a la
insistencia de la medida provisional, toda vez que ya fue negada por auto de 21 de
enero de 2025, aunado al hecho de que el asunto será resuelto en la presente
sentencia, en la que se dispondrá sobre la procedencia o no de la intervención del
juez de tutela en el proceso disciplinario que se adelanta en contra del señor Enrique
Gómez Martínez.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso, a las “garantías judiciales”, a la defensa, de acceso a la

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administración de justicia, libertad de expresión y a la verdad, por haber incurrido
en los defectos por violación directa de la Constitución, procedimental y decisión
sin motivación.

4. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre
el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
5
en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 2022 , la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
6
corrección de las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas
procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
5
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.

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7
jurídico .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
8
amparo de dichas garantías dentro del proceso .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
9
aquellos diseñados por el Legislador” .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente,
cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el
recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes
en los procesos ordinarios”10.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El señor Enrique Gómez Martínez, quien actúa por intermedio de apoderada
judicial, señaló que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá con el auto de 20 de noviembre de 2024
y la audiencia de 19 de diciembre de 2024, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a las “garantías judiciales”, a la defensa, de acceso a la
administración de justicia, libertad de expresión y a la verdad.

A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos i) por violación
directa de la Constitución, sustantivo y fáctico, en tanto se vulneran sus
derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta la prueba de calidad de víctima del
accionante del crimen del señor Álvaro Gómez Hurtado declarado como de lesa
humanidad y concedió la entrevista en el programa “AL ATAQUE” de la revista
Semana, ii) procedimental, porque al accionante no se le notificó la decisión de 20
de noviembre de 2024 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
lo que careció de defensa técnica debido a que la apoderada había renunciado al
poder en agosto de 2023 y que el accionante volvió a contar con abogado en

7
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
8
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
9
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
10
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Actor: Enrique Gómez Martínez

diciembre de 2024 y iii) decisión sin motivación, toda vez que en el proveído de
20 de noviembre de 2024 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sustentó lo
relacionado con el cargo de la violación a la reserva sumarial y la terminación
anticipada de “manera genérica”.

5.2. Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, uno de los
supuestos de improcedencia de la acción de tutela se configura en aquellos casos
en los que el interesado acuda a su ejercicio cuando se encuentre un mecanismo
judicial en trámite, salvo que demuestre la configuración o existencia de un perjuicio
irremediable, evento en el que resultaría procedente el análisis como mecanismo
transitorio.

5.3. Precisado lo anterior, la Sala observa que la solicitud de amparo constitucional
promovida por el demandante es improcedente, en tanto para el momento en que
se presentó -16 de enero de 2025-, se encontraba en curso la etapa de
investigación, específicamente la audiencia de pruebas y calificación provisional,
con el fin de formular el pliego de cargos o proferir una decisión de terminación del
procedimiento.

De hecho, en lo relacionado con los defectos por violación directa de la Constitución,
sustantivo y fáctico, se observa que, de las pruebas allegadas al trámite
constitucional, con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, en el
trámite de la audiencia de 27 de enero del 2025, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá ordenó la terminación parcial de la investigación disciplinaria a
favor del señor Enrique Gómez Martínez en relación con el cargo por la presunta
violación a la reserva sumarial y solo se profirió el pliego de cargos, por la supuesta
comisión de la falta prevista en el artículo 3211 de la Ley 1123 de 2007.

Aunado a lo anterior, se evidencia que en el trámite de la misma audiencia de 27 de
enero de 2025, el quejoso interpuso recurso de apelación contra la terminación
parcial de la investigación disciplinaria en lo relacionado con la violación de la
reserva sumarial, por lo que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
optó por declarar la ruptura de la unidad procesal y, en consecuencia, dispuso que
todo lo relacionado con la mencionada terminación se tramitara en otro expediente
y bajo otro radicado12.

Adicionalmente, se constata que en la audiencia de 30 de enero de 2025, el
demandante solicitó la nulidad del pliego de cargos, con sustento en la causal 2 del
artículo 98 de la Ley 1123 de 2007 -violación del derecho de defensa del
disciplinable-, en la que se expuso, entre otros argumentos, lo relacionado con la
práctica de pruebas solicitadas por el accionante y las de oficio que la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no permitió que se allegaran. Esa
solicitud de nulidad se resolvió de manera desfavorable en el trámite de la misma
audiencia, bajo el argumento de que contra el pliego no procede recurso alguno y
aclaró que las pruebas que se había decretado de oficio estaban relacionadas con
la falta de la reserva sumarial, la que ya se había declarado la terminación del
proceso y se declaró la ruptura de la unidad procesal13.

Igualmente, una vez se resolvió la nulidad propuesta, se le otorgó el uso de la
palabra al actor, quien interpuso recurso reposición, el cual se declaró

11
ARTÍCULO 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:
Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos
profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas
por dichas personas.
12
Archivo “097AudienciaPyC20250127Pt2”, minuto 29:16.
13
Archivo “102AudienciaPyC20250130PT2”, minuto 6:58-19:26.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Actor: Enrique Gómez Martínez

improcedente. Posteriormente, se le dio nuevamente el uso de la palabra a la
apoderada del señor Gómez Martínez, para que realizara las solicitudes
probatorias14.

Asimismo, se verificó el Sistema de Consulta de la Rama Judicial15, en el que se
pudo constatar que, en efecto, se formuló pliego de cargos contra el actor y el asunto
pasó a etapa de juzgamiento, en la cual el demandante puede plantear los
argumentos de defensa que sean pertinentes y tengan relación con la falta
disciplinaria objeto de juzgamiento, lo cual escapa del ámbito de competencia del
juez constitucional.

Dicho en otros términos, la acción de tutela se promovió estando en curso el proceso
disciplinario que se adelanta ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, lo que permite concluir que se desatendió el carácter residual y subsidiario
de este mecanismo de protección constitucional de derechos fundamentales.

Es decir, que en este caso concreto la verificación del requisito objetivo de
subsidiariedad contra las providencias objetadas se debe realizar con los elementos
fácticos existentes para la presentación de la solicitud de amparo. Para ese
momento -16 de enero de 2025-, lo cierto era que se encontraba en trámite la
audiencia de pruebas y calificación provisional concretamente en la etapa de
investigación, en la cual, con posterioridad, tal como se dejó evidenciado en párrafos
anteriores, el demandante ha sido activo pues solicitó la nulidad, interpuso recurso
de reposición y le permitieron hacer las solicitudes probatorias.

Valga recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con sustento en el
artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos en el
ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el
requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales se puede
presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se
encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez constitucional está
vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al
16
interior del trámite ordinario” .

Precisado lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela no cumplió el requisito
de subsidiariedad para el momento en el que fue interpuesta, en tanto se presentó
cuando estaba adelantaba el proceso disciplinario (audiencia de prueba y
calificación) y, en esos términos, podía ejercer su derecho de defensa con atención
a lo dispuesto en la Ley 1123 de 2007 ante el juez natural del asunto. Por
consiguiente, se insiste, el demandante desconoció el carácter residual y subsidiario
del mecanismo constitucional, pues por regla general no se puede acudir al
mecanismo constitucional cuando el trámite judicial donde se profirieron las
providencias o actuaciones motivos de reproche se encuentra en curso, salvo que
se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.
17
De conformidad con la jurisprudencia constitucional , “si bien por regla general la
tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el trámite
procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de

14
Archivo “102AudienciaPyC20250130PT2, minuto 1:07:16-2:03:00.
15
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion. Visto el 18 de febrero de 2025, a las 9:36 a.m.
16
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
17
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Actor: Enrique Gómez Martínez

defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los
cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni
eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar
excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela, realizando el juez
constitucional una evaluación fáctica del asunto puesto a su consideración”.

Por otra parte, en relación con el cargo relacionado con la supuesta indebida
notificación de la providencia de 20 de noviembre de 2024, toda vez que para esa
fecha su apoderada había renunciado al poder, la Sala observa que este alegato
resulta improcedente, en razón a que en la reanudación de la audiencia de pruebas
y calificación -19 de diciembre de 202418-, la profesional del derecho manifestó que
había presentado renuncia y que pensó que se le había dado trámite hasta cuando
se le notificó la decisión de 20 de noviembre de 2024 y se convocó a una audiencia,
por lo que manifestó que retiraba la renuncia y retomaba el poder, sin que elevara
reproche alguno durante la mencionada diligencia ni solicitó nulidad, por lo que, se
recuerda que la acción de tutela no se encuentra instituida para revivir los momentos
procesales en los que el interesado debía presentar los reproches pertinentes.

Con respecto al argumento planteado por el demandante, referente a la falta de
motivación al resolver el cargo de la violación a la reserva sumarial y la terminación
anticipada, se reitera que, tal como se indicó en párrafos anteriores, la audiencia de
pruebas y calificación continuó su trámite el 19 de diciembre de 2024 y el 27 de
enero de 2025, se declaró terminada la investigación por la supuesta violación a la
reserva sumarial19, decisión que fue objeto de recurso de apelación, por lo que se
procedió a declarar la ruptura procesal para que, lo relacionado con dicho asunto,
se tramitara en otro expediente con un nuevo radicado.

De otro lado, el demandante menciona unos archivos del extinto DAS y de los que
considera que no se advierte la falta disciplinaria alguna, para lo cual, se recuerda
que esa es una valoración propia del juez natural del asunto, más aún cuando el
proceso disciplinario ya se encuentra en la etapa de juzgamiento, en la cual se
practicarán las pruebas decretadas durante la investigación y será este quien
determinara si el demandante incurrió o no en la falta establecida en el artículo 32
de la Ley 1123 de 2007, en la que se fundamentó el pliego de cargos.

Finalmente, la Sala observa que el demandante no allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara su procedencia
como mecanismo transitorio, el cual tampoco se infiere, pues solo se limitó a
manifestar que era necesario que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá le habilitara la posibilidad de presentar pruebas, lo que ya ocurrió en las
diligencias de 17 y 27 de enero de 2025 -posteriores a la radicación de la acción de
tutela-, además que i) se declaró la terminación del proceso frente a la supuesta
violación de la reserva sumarial, ii) hubo una ruptura de la unidad procesal, por lo
que la investigación se adelantó de manera separada en dos expedientes con
diferentes radicados y iii) como ya el proceso disciplinario se encuentra en la etapa
de juzgamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1123 de
2007, en la audiencia pública se practicarán las pruebas decretadas y se decidirá si
el accionante incurrió o no en la falta establecida en el artículo 32 de la Ley 1123 de
2007.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

18
Archivo “071AudienciaPyC20241219”, minuto 4:40-
19
Decisión que fue revocada en auto de 3 de marzo de 2025 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Actor: Enrique Gómez Martínez

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Enrique Gómez Martínez, quien actúa por conducto de apoderada judicial, contra
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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