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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00191-00

Fecha
13 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00191-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Distrito de Cartagena, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00191-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00191-00
Accionante: Municipio de Turbaná
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Dinero que dejó de recibir ente
territorial proveniente de predios de su jurisdicción / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional. Reproches
pretenden emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario.

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 13 de enero de 2026, el municipio de Turbaná, a través de apoderado, promovió
acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y los Tribunales Administrativos de Bolívar y San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, debido proceso, defensa, igualdad y tutela judicial
efectiva.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 18 de junio de 2025, emitida
dentro del proceso de reparación directa 3 incoado contra el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias y otros4, con el fin de obtener el resarcimiento de los
perjuicios causados por el dinero que dejó de recibir entre 1970 y 2010 por concepto

1 Tribunales Administrativos de Bolívar y de San Andrés y Providencia y Santa Catalina.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 13001-23-31-000-2011-00003-01 (65368).
4 El departamento de Bolívar, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Nación – Ministerio de Hacienda y

Crédito Público.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00191-00
Accionante: Municipio de Turbaná
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros

de impuestos, tasas, contribuciones y regalías respecto de los predios que pasaron
a su jurisdicción por orden de la sentencia de 23 de octubre 2008 del Tribunal
Administrativo de Bolívar5.

3.
Mediante la providencia acusada se revocó la sentencia de 28 de septiembre de
2018 del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina6, para
en su lugar (i) declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el departamento de Bolívar y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi; (ii) declarar la indebida escogencia de la acción frente
a la pretensión de responsabilidad por los dineros dejados de recibir entre 1970 y
2008; y (iii) negar las súplicas de la demanda frente al período de 2008 a 2010.
Sostuvo que como uno de los daños alegados se originó en la Ordenanza 4 de 1970
(artículo 2, letra e), la cual generó un efecto concreto respecto del municipio 7, su
desacuerdo debió ventilarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que se configura una indebida escogencia de la acción de reparación
directa. En cuanto al dinero dejado de recibir del 23 de octubre de 2008 al 11 de
noviembre de 20108 se determinó que no se había comprobado el daño, por cuanto
la pericia allegada no cuenta con los respectivos soportes ni se señaló la metodología
que se implementó y no obra prueba que demuestre que Cartagena haya recibido
recursos que ya no le correspondían.

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y violación directa de la Constitución. Indica que se le impidió
obtener el resarcimiento de los daños que se le causaron, bajo el fundamento de una
indebida escogencia del medio de control. No se tuvo en cuenta que la Ordenanza
fue emitida (1970) antes de la entrada en vigor del entonces Código Contencioso
Administrativo (1984), norma que estableció que para promover demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho se debía acudir a la jurisdicción dentro de los 4 meses
siguientes a su expedición, es decir, para el momento en que se promovió la nulidad
simple (año 2003) esta se encontraba caducada. Por tanto, exigir el uso de una vía
procesal legalmente imposible es cerrar la posibilidad de cualquier tipo de
reparación.

5.
De igual modo, se configuró defecto sustantivo, en tanto se aplicaron de manera
errónea las normas procesales. Se omitió que, al existir ya una sentencia de nulidad
simple, la controversia no giraba en torno a la legalidad del acto, sino a la reparación

5 Por cuyo conducto, en el proceso de nulidad 13001-23-31-001-2003-00084-00, se anuló la letra 3 del artículo 2

de la Ordenanza 4 de 1970 de la Asamblea de Bolívar, por medio de la cual se modificaron los límites entre el
Distrito de Cartagena y los demás municipios de Bolívar.
6 Que declaró la caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda. Se determinó que como la

sentencia de 23 de octubre de 2008 quedó ejecutoriada el 5 de noviembre de 2008, la parte demandante tenía
hasta el 6 de noviembre de 2010 para acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativo, pero formuló solicitud
de conciliación extrajudicial el 25 de octubre de 2010, la constancia de fallida fue expedida el 14 de noviembre
siguiente y la demanda se instauró el 11 de enero de 2011. Es decir, de manera extemporánea.
7 En razón a que los límites territoriales que fijó determinaban los recursos económicos que la entidad podía

captar por diferentes conceptos.
8 Que corresponde al momento en que se dictó la sentencia que determinó los municipios que integraban la

jurisdicción del municipio y cuando se realizó la debida inscripción en catastro (Resolución 130000932010).
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del daño antijurídico derivado de este. En ese sentido, la acción de reparación directa
era la adecuada para obtener la indemnización de perjuicios causados por la
aplicación de una norma que ha sido declarada nula, en este caso, la letra e del
artículo 2 de la Ordenanza 4 de 1970, en razón a que con ello se evidencia una falla
en el ejercicio de la función pública. En ese sentido, precisó que no pretendía reabrir
el debate sobre la legalidad del acto ya anulado, sino reclamar el efecto patrimonial
derivado de la omisión estatal, como consecuencia de la anulación del acto.

6.
Asimismo, se incurrió en defecto fáctico, pues se dejaron de valorar pruebas que
resultaban indispensables para definir el litigio y no se ejercieron los poderes
oficiosos para esclarecer la verdad material del perjuicio.

7.
Se descartó el documento denominado “Listado de Predios Recuperables”
únicamente por carecer de firma y fecha, sin considerar que dicho listado era el
anexo de las Resoluciones mediante las cuales el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi ordenó la restitución catastral, documentos que sí son actos administrativos
en firme y que obran en el expediente.

8.
También se excluye la prueba pericial sobre el aludido listado, cuyos documentos
en que se soportó no fueron tachados y que fueron suministrados directamente por
el Distrito de Cartagena, por lo que si la información estuvo incompleta ello es
atribuible al ente territorial. Tampoco se valoró en su integridad la demanda ordinaria
ni la contestación presentada por el Distrito de Cartagena, el cual, en el acápite de
“contestación hecho sexto”, admitió el daño ocasionado al municipio. En ese sentido,
se debió tener por cierto dicho detrimento.

9.
Por otro lado, el juez natural omitió decretar una prueba de oficio y así obtener los
registros contables y fiscales que reposaban en los archivos del demandado (como
soportes de recaudo de impuestos en los predios en disputa), o valorado la
posibilidad de indicios o documentos complementarios, con el fin de esclarecer la
verdad respecto del informe o dictamen pericial, máxime cuando en este se cuantificó
el daño.

10.
De igual manera, se advierte la configuración de error inducido porque la
conclusión de falta de prueba del perjuicio fue provocada por la conducta procesal
de la parte demandada. El Distrito de Cartagena asumió una conducta omisiva y
contraria al deber de lealtad y buena fe, en atención a que (i) ocultó la única prueba
directa, concluyente e irrefutable del daño (el recaudo indebido de impuestos), la cual
reposaba en sus archivos, esto es: los registros de su secretaría de hacienda, sus
bases de datos catastrales para efectos fiscales y sus registros de ejecución
presupuestal de ingresos para los años 2008 a 2010; (ii) basó su estrategia de
defensa en la propia omisión al no aportar los anteriores documentos; (iii) provocó la
invalidación de las pruebas indirectas, como el dictamen pericial, que pretendían
demostrar el daño; y (iv) indujo al juez natural a un supuesto vacío probatorio.

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11.
Del mismo modo, se presentó desconocimiento del precedente, en tanto se
inobservó jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en las sentencias de 3 de
abril de 2013 9 y 23 de abril de 2015 10 , según la cual la nulidad de un acto
administrativo no conlleva automáticamente el reconocimiento de perjuicios, por lo
que es necesario que se promueva una acción autónoma de reparación directa.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

12.
Mediante auto de 20 de enero de 202611, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, al departamento de Bolívar, al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi -IGAC- y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en condición de
terceros con interés. De igual modo, ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Tribunal Administrativo de Bolívar

13.
Adujo que con la decisión judicial enjuiciada no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el tutelante, dado que se actuó bajo los parámetros de
la ley y conforme al material probatorio aportado al proceso.

14.
Además, advirtió que los reproches formulados en la solicitud de amparo se
orientan a reabrir el debate procesal ya surtido en las instancias ordinarias.

(ii) Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
15.
Indicó que la presente tutela deviene en improcedente, al no satisfacer el
presupuesto de relevancia constitucional. En todo caso, de hallar cumplido dicho
presupuesto, no se demuestra la configuración de una causal específica o defecto
que conlleve la vulneración de derecho fundamental alguno.

16.
Anotó que se pretende emplear esta acción como una tercera instancia, con el fin
de que se revalúe la decisión adoptada. Por otro lado, la providencia acusada estuvo
acorde con la evidencia probatoria y los hechos debidamente presentados en la
demanda y se fundamentó en la normativa aplicable al caso concreto. Se determinó
que como la Ordenanza 4 de 1970 produjo efectos particulares respecto del
municipio, este ente, más allá de la simple nulidad, debió demandar también el
restablecimiento del derecho como consecuencia de dicha nulidad, a fin de recuperar
los recursos económicos a que creía tener derecho durante su vigencia. Lo anterior
evidencia una inconformidad respecto de la interpretación normativa con la cual se
declaró la indebida escogencia de la acción frente a la pretensión de obtener el

9 Expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01 (26437), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
10 Expediente 11001-03-15-000-2014-03055-00, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
11 Notificado el 23 de enero de 2026.

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resarcimiento de los perjuicios causados desde la vigencia de aquella Ordenanza
(1970) hasta cuando fue anulada vía judicial (sentencia de 23 de octubre 2008).

17.
Frente al desconocimiento del precedente advirtió que las sentencias citadas no
constituyen un precedente obligatorio, por cuanto no contienen un criterio de
unificación jurisprudencial, ni siquiera uno uniforme al menos en la Sección Tercera
de esta Corporación o una postura pacífica en la que se haya definido tal procedencia
aplicable al caso concreto de la reparación directa y que esa autoridad judicial haya
desconocido de manera injustificada.

18.
En cuanto al defecto fáctico sostuvo que la determinación de que no se encontraba
probado el daño sufrido entre el 23 de octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2010
tuvo su sustento en que los dictámenes periciales no establecieron sobre qué predios
hicieron sus cálculos ni allegaron los soportes en los cuales habrían basado sus
conclusiones. Se realizó un análisis exhaustivo de las pruebas arrimadas y
practicadas en el proceso de reparación directa, revelando los defectos de los que
adolecían los dictámenes y que impidieron que estos probaran la existencia del daño
alegado.

19.
Advirtió que en el proceso ordinario no se evidenció que la prueba documental
que se echa de menos hubiera sido solicitada al Distrito de Cartagena y que por
hechos ajenos a la voluntad de la parte actora no se haya recaudado, como para
considerar la posibilidad de decretar de oficio dichas pruebas. Por el contrario, los
documentos a los que alude el municipio tutelante son los que según los peritos
tuvieron a la vista, pero no los aportaron. Por ende, no es una omisión imputable a
la “desidia” del Distrito. Además, fue el municipio el que no le suministró al perito
contador la información precisa que este le solicitó para realizar su dictamen respecto
de los predios y las empresas que presuntamente no le habían pagado los impuestos
esperados.

20.
Aclaró que, en todo caso, lo que se estudiaba era la prueba de la existencia del
daño, mas no de su cuantificación. Por tanto, como el municipio de Turbaná a partir
de la Resolución 130000022011 de 15 de febrero de 2011 supo cuáles predios
definió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como parte del catastro de ese
municipio, le correspondía a este ente territorial informarle al perito, con los
respectivos soportes, cuáles de esos predios habían pagado sus impuestos y cuáles
no, para entonces probar si se destinaron estos recursos al Distrito de Cartagena
cuando a este ya no le correspondían y así demostrar el detrimento patrimonial
alegado en la demanda de reparación directa, lo cual no ocurrió, aspecto que era
una carga probatoria del municipio de Turbaná y no del Distrito.

(iii) Instituto Geográfico Agustín Codazzi
21.
Señaló que los hechos expuestos en el escrito de tutela, así como las
reclamaciones presentadas, no son competencia de esa entidad. La inconformidad

5

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se dirige contra una decisión judicial adoptada dentro de un proceso de reparación
directa y no contra decisiones administrativas o catastrales de esa entidad.

22.
Informó que el 11 de noviembre de 2010 expidió la Resolución 13-000-093-2010,
en cumplimiento de la sentencia de 23 de octubre de 2008 del Tribunal Administrativo
de Bolívar. Por tanto, dicha Resolución no constituyó una actuación autónoma o
arbitraria, sino una actuación reglada, necesaria e inevitable para materializar los
efectos de la decisión judicial.

23.
Por lo anterior, se colige que no adoptó decisión alguna referente a la delimitación
territorial entre el municipio de Turbaná y el Distrito de Cartagena, ni participó en la
definición del litigio que culminó con la sentencia de segunda instancia. Su
intervención se circunscribió estrictamente a materializar los efectos de una decisión
judicial ejecutoriada. Por ende, no es sujeto pasivo de la actuación reprochada, por
lo que se debe declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, desvincularlo del presente trámite constitucional.

(iv) Memorial de la parte accionante
24.
La parte actora radicó un memorial, por medio del cual se pronunció sobre la
contestación de la tutela de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Aclaró que, contrario a lo dicho por esta autoridad judicial, no pretende
suscitar una instancia adicional en el proceso de reparación directa, sino que se
protejan sus derechos fundamentales, los cuales se quebrantaron con la decisión de
indebida escogencia de la acción y omisión en la valoración probatoria. Para
sustentar esta afirmación reitera los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

(v) Distrito de Cartagena

25.
Indicó que no es la autoridad responsable de la alegada vulneración de derechos,
por lo que solicita que se declare la improcedencia por falta de legitimación en la
causa por pasiva y se le desvincule.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestiones previas

(i) Escrito de accionante frente a contestaciones

26. Respecto al escrito presentado por el tutelante, encaminado a desvirtuar lo
afirmado por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, no se
advierten elementos adicionales a los expuestos en el escrito de tutela, que deban
ser considerados en la discusión y que, por ende, ameriten un análisis especial o
diferenciado.

(ii) Solicitudes de desvinculación
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27. La Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y el Distrito de Cartagena. Al juez de tutela le asiste la
obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que las referidas
entidades integraron la parte demandada en el proceso de reparación directa en el
que se dictó la decisión judicial acusada, era indispensable que fueran llamadas a
estas diligencias como terceros con interés.

D. Análisis del caso concreto

28. La tutela deviene en improcedente, al no satisfacer el requisito de relevancia

constitucional. La parte actora pretende que se acoja la manera como, a su juicio,
se debió haber zanjado el litigio. Para cuyo efecto, se limita a presentar
inconformidad con la decisión judicial atacada, en cuanto a que la vía adecuada para
reclamar los perjuicios por el período de 1970 a 2008 era la demanda de reparación
directa y que se demostró el daño causado del 2008 al 2010, con el objeto de reabrir
el debate probatorio y jurídico ya definido por el juez natural de la causa.

29. Sobre la indebida escogencia de la acción, en la providencia acusada se
consideró que el daño se originó en la aludida Ordenanza, por cuanto, entre otras
disposiciones, fijó los límites geográficos entre el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias y el Municipio de Turbaná, en el sentido de asignar unos predios
que pertenecían al municipio al Distrito, lo que representó que el municipio dejara
de recibir dineros por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y regalías
respecto de estos predios, razón por la cual este ente territorial formuló demanda de
nulidad para obtener su anulación.

30. Sin embargo, también se precisó que, aunque ese acto administrativo era general,

produjo efectos jurídicos concretos al municipio, en atención a la disminución de los
ingresos a que se hizo referencia, por tanto, debió ejercer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener la indemnización de los perjuicios sufridos
como consecuencia de la ilegalidad de dicho acto.

31. Con base en lo expuesto, la Sala advierte que el municipio tutelante fundamenta

un exceso ritual manifiesto porque se le exigió hacer uso de un instrumento jurídico
que se encontraba caducado para el momento en que presentó la demanda de
nulidad. No obstante, ello, lejos de confirmar que la autoridad judicial incurrió en la
falencia alegada, comporta la aplicación de la normativa referente a la idoneidad de
las entonces acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo
con lo pretendido.

32. En ese sentido, como el daño que se le causó al municipio lo originó la Ordenanza

anulada, resulta razonable que el juez natural del litigio haya concluido que, para
obtener la debida indemnización por los agravios causados durante su vigencia,
debía acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no es aceptable

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que el accionante bajo el pretexto de la caducidad de acción le atribuya su omisión
a la autoridad judicial, pese a que contaba con aquel mecanismo jurídico idóneo
para obtener lo que perseguía en la reparación directa y no hizo uso de este. Por
demás, que el medio de control adecuado estuviera caducado para el momento en
que se ejerció la acción, no resta razonabilidad a la tesis de la Subsección C, lo que
denota es que existió un momento para el reclamo judicial por la vía que
correspondía, y el municipio no lo hizo, pues para la fecha en que se expidió la
ordenanza también era posible el control judicial del acto administrativo.

33. El municipio tutelante aduce la configuración de defecto sustantivo, toda vez que

se aplicaron de manera errónea las normas procesales, pues no se tuvo en cuenta
que la Ordenanza fue anulada, por ende, la contienda jurídica no giraba en torno a
su legalidad, sino a la reparación del daño antijurídico derivado de esta.

34. La Sala advierte que no se citaron de manera concreta los preceptos legales que

presuntamente se aplicaron de manera indebida, lo que impide efectuar un juicio de
constitucionalidad en el caso concreto, con el fin de dilucidar la ocurrencia o no de
este yerro en la decisión acusada.

35. Sin perjuicio de ello, se evidencia que la autoridad judicial no desconoció el objeto

de la demanda de reparación directa presentada por el tutelante (perjuicios
derivados de la anulación de la Ordenanza), diferente es que haya determinado que,
en lugar de haber formulado la demanda de nulidad contra el aludido acto
administrativo, debió instaurar la de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
medida en que este instrumento le hubiere permitido, además de obtener la
anulación de la Ordenanza, el desagravio de los perjuicios causados durante su
vigencia, que era lo pretendido en el proceso bajo su conocimiento.

36. Por consiguiente, contrario a lo afirmado por el accionante, la autoridad judicial

no indicó que en el proceso de reparación directa se pretendía revivir el debate sobre
la legalidad de la Ordenanza, sino que ello debió haberse ventilado ante la
jurisdicción contencioso-administrativa junto con el respectivo restablecimiento del
derecho, lo cual no realizó la parte actora.

37. La anterior conclusión no comporta arbitrariedad o capricho, sino que materializa

la autonomía judicial de la que están revestidas las autoridades judiciales para dirimir
los litigios puestos en su conocimiento, máxime cuando no se evidencia
contradicción normativa alguna, sino una inconformidad de la parte actora, respecto
de la idoneidad de la acción presentada para obtener lo pretendido en sede judicial.

38. La parte accionante también adujo que se inobservó jurisprudencia del Consejo

de Estado en la que se indicaba que la anulación de un acto administrativo no implica
de manera automática el reconocimiento de perjuicios, por lo que se debía acudir a
una acción autónoma, como la reparación directa.

8

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39. Frente a lo anterior, se tiene que si bien es cierto el municipio de Turbaná
relaciona unas sentencias emitidas por esta Corporación, no expone de manera
puntual cuál pauta jurisprudencial se dejó de aplicar y cómo esta se relaciona con
su caso, circunstancias que impiden examinar la inobservancia del precedente
alegado, máxime cuando las sentencias invocadas no comparten identidad fáctica y
jurídica con la situación concreta del tutelante.

40. Ello es así porque en la sentencia de 3 de abril de 2013 12 el Consejo de Estado

analizó un caso en el que se pretendía la reparación de los perjuicios derivados de
la expedición irregular de un acto administrativo que fue anulado por vía judicial y
del cual el demandante era beneficiario, al haberle otorgado mediante este la
licencia de construcción de una estación de servicio de venta de gasolina. En ese
sentido, se evidencia que el demandante en este caso fue beneficiado por el acto
administrativo mientras estuvo vigente, por lo que su anulación implicó un detrimento
para sus intereses. Contrario a lo ocurrido en el sub lite, pues el municipio
demandante resultaba afectado con la Ordenanza cuestionada y su anulación lo
benefició al devolver bajo su jurisdicción unos predios que ese acto administrativo le
asignó a otro ente territorial. Además, el aquí tutelante fue el que acudió a la
jurisdicción contencioso-administrativa para debatir la legalidad del acto
administrativo.

41. Asimismo, en el fallo de 23 de abril de 2015 13 de esta Corporación, además de

decidir una acción de tutela cuyos efectos son inter partes14, versó sobre una
providencia que se había inhibido de conocer de fondo la acción de reparación
directa formulada para obtener la indemnización de presuntos perjuicios causados
por el acto administrativo ilegal que fue revocado por la propia Administración.
Situación que difiere de la aquí expuesta, dado que en este caso la anulación de la
decisión administrativa se produjo por vía judicial.

42. Por otro lado, la parte tutelante, respecto de su pretensión de obtener el
resarcimiento de los perjuicios causados del 23 de octubre de 2008 (cuando se dictó
la sentencia que anuló la Ordenanza 4 de 1970) al 11 de noviembre de 2010 (fecha
en que se expidió la Resolución por cuyo conducto se inscribieron en catastro del
municipio los predios que le habían sido asignados al Distrito de Cartagena en virtud
de la aludida Ordenanza), adujo que no se valoró el material probatorio que daba
cuenta del daño causado en ese período. En particular, (i) el documento denominado
“Listado de Predios Recuperables”, el cual era anexo de las Resoluciones con las
cuales se ordenó la restitución catastral, (ii) el dictamen pericial elaborado sobre
dicho documento, que se basó en documentos que no fueron tachados y que fueron
suministrados por el Distrito de Cartagena, y (iii) la demanda y la contestación que
sobre esta presentó dicho Distrito.

12 Expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01 (26437), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
13 Expediente 11001-03-15-000-2014-03055-00, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
14 De conformidad con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996.

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43. Al respecto, se tiene que la autoridad judicial, en efecto, excluyó de análisis
probatorio el referido listado, pero no por un asunto formal como lo califica el
accionante, al carecer de firma y fecha, sino porque se desconocía en qué fecha y
quién o qué autoridad lo suscribió y carecía de información que permitiera identificar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, razonamiento del que no se evidencia
arbitrariedad alguna, máxime cuando no se explicó de qué modo su exclusión
impactaba de manera directa la decisión adoptada.

44. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial no desconoció la existencia de unos

predios que fueron objeto de registro catastral a favor del municipio, en virtud de la
anulación del acto administrativo que se los había adjudicado al Distrito de
Cartagena, en razón a que se tuvo en cuenta como prueba la Resolución
130000932010 de 11 de noviembre de 2010, confirmada con Resolución
130000022011 de 15 de febrero de 2011, expedidas por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, mediante las cuales se ordenó que 94 predios se cancelaran del
Catastro del Distrito de Cartagena y se inscribieran en el del municipio de Turbaná.
Distinto es que ello no sea suficiente para tener por acreditado que durante el tiempo
en que se alega la causación del daño el Distrito de Cartagena haya seguido
recibiendo dineros provenientes de estos predios.

45. Ahora bien, en lo relativo al dictamen pericial aportado con la demanda, en la

providencia acusada se indicó que en este se realizó un cálculo económico del
impuesto predial unificado que el municipio de Turbaná “dejó de percibir durante 40
años” por concepto de 201 predios y del impuesto de industria y comercio de 20
empresas. Sin embargo, se consideró que para que este tuviera valor debía ser
claro, preciso y detallado y debía ser analizado en relación con el hecho que se
pretende probar, la competencia del perito (experto en la materia analizada), que no
haya motivos para dudar de su imparcialidad, que esté fundamentado con
conclusiones claras y precisas, que se haya permitido su contradicción y que otras
pruebas no lo desvirtúen.

46. En esa medida, se determinó que “el cálculo que hacen los peritos ‘ingenieros

especialistas’ respecto del año 2009 no ofrece certeza ni credibilidad suficiente, pues
se desconoce cuál es ‘su especialidad’ que los acredite como expertos en la materia
de cuantificación de perjuicios; además, los peritos no respaldan sus estimaciones
ni conclusiones con los soportes que mencionan en el dictamen”, pues se realizó
“un cálculo económico entre 1970 y 2009 de los dineros que habría dejado de recibir
el municipio de Turbaná por concepto de impuestos predial e industria y comercio
respecto de predios que, según ellos, ‘conocen con certeza’, pero sin determinar
cuáles ni allegar los soportes que respalden sus cálculos”.

47. Sedeterminó que, aunque los peritos relacionaron en el dictamen unos
documentos de los que extrajeron la información, no los adjuntaron a este y el
memorial que se aportó con información relacionada a lo que recaudó el Distrito de
Cartagena entre enero de 2009 a enero de 2011 de los predios recuperados por el

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municipio de Turbaná, no indica quién y cuándo fue suscrito, el cual tampoco es
mencionado en el dictamen ni fundamenta las cifras que en este se concluyen.

48. Con base en lo expuesto, contrario a lo aseverado por la parte actora, la razón

por la cual no se le otorgó valor probatorio al mencionado dictamen no es atribuible
al Distrito de Cartagena, bajo el supuesto de que ocultó documentos que lo
soportaban y no suministró la información completa. Ello por cuanto el juez natural
anotó que la imposibilidad de ello se derivaba de que no se aportaron los
documentos que soportaban la pericia.

49. En todo caso, la autoridad judicial también precisó que dicho medio probatorio no

ofrecía elementos para demostrar el daño objeto de estudio, pues carecía de
soportes que acreditaran que el Distrito de Cartagena devengó dineros por concepto
de impuestos, tasas, contribuciones y regalías sobre predios que a partir del 23 de
octubre de 2008 le correspondían al municipio demandante. Es decir, concluyó que
carecía de eficacia para acreditar el aludido perjuicio.

50. De igual modo, se consideró que el dictamen pericial solicitado por el municipio

demandante y decretado y practicado en el proceso ordinario, que tenía como objeto
establecer los impuestos, tasas, contribuciones, regalías y transferencias del
Sistema General de Participación recibidos por el Distrito de Cartagena con ocasión
de los predios en cuestión desde 1970 hasta la fecha, tampoco satisface las
referidas exigencias para acreditar el daño analizado, por cuanto no acreditó que el
Distrito haya recibido recursos que ya no le correspondían.

51. Esbozado lo anterior, para la Sala las determinaciones de la autoridad judicial de

excluir de valoración el aludido documento, así como de restarle valor probatorio a
las experticias no vislumbran arbitrariedad alguna ni contradicción con los
postulados de la sana crítica. Por el contrario, el juez natural expuso de manera
razonable los motivos de su decisión, sin que la parte tutelante haya destinado
argumentación alguna a acreditar que esto represente una afrenta a sus derechos
fundamentales.

52. El municipio tutelante se limitó a plantear un desacuerdo con las conclusiones

probatorias a las que arribó el juez natural, lo cual no basta por sí solo para acceder
al amparo de sus garantías superiores, dado que esta acción no se instituyó como
una instancia adicional que habilite al juez de tutela para revivir el debate probatorio
zanjado por el juez natural de la causa y, de este modo, proceder a examinar
nuevamente el material probatorio recaudado, cuando no se acreditó la afectación
constitucional alegada.

53. Ahora bien, omite la parte actora que la autoridad judicial también valoró los

demás documentos que se aportaron con el fin de acreditar el daño sufrido. Distinto
es que estos no hayan logrado su propósito. Por tanto, no puede pretender que el
juez de tutela le otorgue a las aludidas experticias el grado de certeza que pregona,
en el sentido de que con base en estas se tenga por probado el daño, pues además
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de no cumplir con las exigencias legales para su valoración, tampoco tenían la
potencialidad de ese fin. Aserciones que para la Sala, se reitera, no evidencian
ningún asomo de arbitrariedad o capricho.

54. En cuanto a que en virtud de la contestación de la demanda presentada en el

proceso ordinario por parte del Distrito de Cartagena se debió tener por demostrado
el daño, cabe anotar que en la contestación al hecho sexto, denominado séptimo en
la demanda, el demandante expuso en qué consistía el daño causado, frente a lo
cual ese ente territorial indicó que no era un hecho, sino una pretensión incoherente,
y, en todo caso, lo que recaudó a partir de la vigencia de la Ordenanza 4 de 1970 le
pertenecía por la presunción de legalidad.

55. De dicha afirmación se observa que no señala límites temporales, por tanto, si

bien acepta el recaudo de dineros provenientes de esos predios, ello no implica por
sí solo que después de la anulación del acto administrativo, es decir, desde la
sentencia de 23 de octubre de 2008 (fecha a partir de la cual se estudiaba la
existencia del daño) se haya seguido con esa práctica. Además, cabe aclarar que
una providencia judicial que decide un litigio, además de tener en cuenta los hechos
y pretensiones en que se fundamenta, así como su oposición, debe guardar
correspondencia con lo efectivamente probado en el proceso.

56. En ese sentido, la Sala deduce que más que una omisión probatoria, el tutelante

pretende que se le imponga al juez natural de la causa el grado de certeza de los
elementos de convicción obrantes en el plenario, con el fin de que se tenga por
demostrado el daño que alegó, lo cual escapa de la órbita de competencia del juez
de tutela.

57. De igual modo, aduce el municipio accionante que el juez natural de la causa no

hizo uso de sus poderes oficiosos en materia probatoria con el fin de esclarecer la
verdad sobre la existencia del daño alegado.

58. La Sala aclara que la facultad oficiosa de la que dispone una autoridad judicial en

materia probatoria no puede suplir la carga que deben desplegar las partes para
demostrar los supuestos fácticos en los que fundamentan su postura en la
contienda. Por tanto, si bien, en efecto, no se decretaron pruebas de oficio, ello no
comporta la afectación constitucional que se alega, pues para la autoridad judicial
no existían dudas sobre los supuestos fácticos planteados, sino falta de pruebas
sobre el daño causado entre el 23 de octubre de 2008 y 11 de noviembre de 2010,
lo cual no lo acreditaron los documentos que reposaban en el plenario, máxime
cuando se advirtió que junto con el dictamen aportado con la demanda no se
adosaron los documentos que le sirvieron de fundamento.

59. La parte actora también indicó que la conclusión de falta de prueba que soportara

la existencia del daño cuyo resarcimiento se pretendía fue causada por el Distrito de
Cartagena, al asumir una conducta omisiva y contraria al deber de lealtad y buena
fe, consistente en no aportar de manera completa documentos que estaban bajo su
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custodia, provocando la invalidación del dictamen pericial. No obstante, se evidencia
que ello no corresponde a la realidad, dado que la razón de la invalidación del
dictamen fue que no se arrimó la documentación que le sirvió de soporte.

60. En este punto, cabe anotar que no resulta suficiente para acreditar la presunta

omisión o indebida valoración probatoria alegada, exponer inconformidad con las
conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa o que no se consideraron
algunas particularidades que demostraban las pruebas allegadas. Para tal efecto,
es indispensable acreditar en ese escenario la configuración de algún tipo de
arbitrariedad, la inobservancia de postulados de la sana crítica o que las situaciones
que no se tuvieron en cuenta tenían la potencialidad de influir de manera directa en
el sentido de la decisión a adoptar sobre el litigio, lo cual no se corroboró en este
asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está vedado arrogarse la
competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los elementos de convicción o
imponer un grado de certeza sobre los mismos, como si se tratara de una instancia
adicional al proceso ordinario.

61. En esa medida, la inconformidad sobre la valoración y omisión probatoria denota

un simple desacuerdo con lo concluido al respecto y no algún tipo de omisión o
arbitrariedad en las conclusiones probatorias a las que arribó el juez natural de la
causa. Por ende, no es aceptable que el tutelante pretenda que se le imponga a este
el grado de certeza que, a su juicio, se les debió otorgar a los medios de convicción
obrantes en el plenario, con el fin de obtener una decisión que le resultara favorable.
Acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural,
como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera
instancia, en el que se valore de nuevo el material probatorio recaudado para definir
el litigio.

62. De acuerdo con lo considerado en precedencia, se aclara que el hecho de que la

autoridad accionada no haya zanjado la controversia como lo pretendía el tutelante,
no lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial para imponer el criterio que
defiende. La inconformidad de criterios no comporta en sí la acreditación de la
afectación constitucional que se requiere para conceder el amparo reclamado, ni
habilita el estudio de fondo de la tutela. No basta para tal efecto invocar unas
causales específicas de procedibilidad de la tutela y derechos fundamentales que
se estiman vulnerados y expresar un desacuerdo con la decisión judicial atacada,
cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida por una Alta
Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la configuración de
una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta con la Carta
Política.

63.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción, al no superar
el requisito de relevancia constitucional.

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Accionante: Municipio de Turbaná
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros

64.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Distrito de Cartagena, por las razones
expuestas en la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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