Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2011-00003-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-31-000-2011-00003-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2011-00003-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-31-000-2011-00003-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
18 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: MUNICIPIO DE TURBANÁ
Demandado: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS Y OTROS
Tema: Acumulación de pretensiones - Responsabilidad por
declaratoria de nulidad de acto administrativo general. Nulidad
del literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la
Asamblea Departamental de Bolívar que fijaba los límites
territoriales entre los municipios de Turbaná y Cartagena. –
indebida escogencia de la acción / Daños causados por
supuesta apropiación de recursos por parte del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias - no se acreditó el
daño.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 28 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina1, que declaró la
caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante sentencia del 23 de octubre de 2008 el Tribunal Administrativo de
Bolívar declaró la nulidad del literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de
1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar que fijaba los límites territoriales
entre el municipio de Turbaná y el hoy Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y dispuso que, varios predios que por dicha norma departamental estaban
1 El proceso fue tramitado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, pero mediante auto del 28 de
septiembre de 2018 este lo remitió al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina para que dictara sentencia, en cumplimiento de las medidas de descongestión adoptadas
en el artículo 1 del Acuerdo No. PCSJA18 - 10913 del 20 de marzo de 2018, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura. (Página 135 del archivo “ED_C3_01 OTROS - CUADERNO 3
PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai).
2
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
ubicados en el referido Distrito, pasaran a ser parte del territorio del municipio de
Turbaná.
El Municipio referido considera que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, el Departamento de Bolívar, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – en
adelante IGAC - y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público son
patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a la entidad
demandante debido a los dineros que esta dejó de percibir entre 1970 y 2008 por
concepto de impuestos, tasas, contribuciones, regalías y demás recursos respecto
de los predios que pasaron a su jurisdicción por orden de la sentencia del 23 de
octubre de 2008. Igualmente, por los dineros dejados de percibir con posterioridad
a dicha decisión judicial, dado que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias siguió percibiendo recursos frente a los predios que ya no pertenecían a su
territorio, entre el 23 de octubre de 2008 y hasta el 11 de noviembre de 2010,
cuando el IGAC canceló la inscripción de estos en el Catastro de ese Distrito
Turístico y los inscribió en el Catastro del municipio de Turbaná.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 11 de enero de 20112, el municipio de Turbaná, mediante apoderado judicial y
en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Departamento de Bolívar, el
IGAC y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se les
declarara patrimonialmente responsables por los dineros dejados de percibir entre
1970 y 2010 por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y regalías respecto
de los predios que pasaron a su jurisdicción por orden de la sentencia del 23 de
octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
2 Páginas 2 a 16 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai.
3
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
Como pretensiones de su demanda, la entidad demandante solicita condenar a las
accionadas a pagarle, por daño emergente y lucro cesante, la suma total de
$108.484’716.051 y por perjuicios morales el equivalente a 100 SMLMV.
Igualmente, como pretensiones subsidiarias solicitó, a título de daño emergente y
lucro cesante, la suma total de $2.376’435.785,81 y, por perjuicios morales, el
equivalente a 100 SMLMV.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha
indeterminada, presentó demanda de nulidad contra el literal e) del artículo 2 de la
Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar que fijaba los
límites territoriales entre el municipio de Turbaná y el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, por cuanto no se siguió el procedimiento ni intervinieron
las entidades señaladas en la Ley 62 de 1939.
Señala que, mediante sentencia del 23 de octubre de 2008, el Tribunal
Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del literal e) del artículo 2 de la
Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar, la cual quedó
ejecutoriada el 6 de noviembre del mismo año.
Sostiene que durante los 38 años de vigencia del literal e) del artículo 2 de la
Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar el municipio
de Turbaná dejó de recibir los recursos provenientes de los impuestos directos e
indirectos tales como predial, tasas a la gasolina, al medio ambiente, industria y
comercio y demás sobretasas; delineación, construcción, alumbrado púbico,
vigilancia, regalías, transferencias del Sistema General de Participaciones, entre
otras, que sí recibió el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por
concepto de los 161 predios que por dicha Ordenanza formaron parte de su
territorio mientras estuvo vigente la norma anulada.
Indica que una vez ejecutoriada la sentencia del 23 de octubre de 2008 proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 9 de diciembre de 2008, solicitó al
IGAC la incorporación de los predios que seguían asignados al Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias por virtud del anulado literal e) del artículo 2 de la
Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar, pero que
4
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
pertenecían al municipio de Turbaná. Igualmente, solicitó al IGAC que fijara los
límites entre ambos entes territoriales.
Manifiesta que, el 11 de noviembre de 2010, en cumplimiento de la sentencia de
nulidad del 23 de octubre de 2008 del Tribunal Administrativo de Bolívar, el IGAC
canceló la inscripción de los predios que pertenecían al Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias y que pasaron a la jurisdicción del municipio de Turbaná y
los inscribió en el Catastro de este municipio.
El municipio de Turbaná considera que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, el Departamento de Bolívar, el IGAC y la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público son patrimonialmente responsables de los perjuicios
causados a la entidad demandante debido a los dineros que esta dejó de percibir
entre 1970 y 2008 por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, regalías y
demás recursos, respecto de los predios que pasaron a su jurisdicción por orden
de la sentencia del 23 de octubre de 2008. Igualmente, por los dineros dejados de
percibir con posterioridad a dicha decisión judicial, dado que el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias siguió percibiendo recursos frente a los predios
que ya no pertenecían a su territorio, entre el 23 de octubre de 2008 y hasta el 11
de noviembre de 2010, cuando el IGAC canceló la inscripción de estos en el
Catastro de ese Distrito Turístico y los inscribió en el Catastro del municipio de
Turbaná.
2. Contestaciones
El 14 de marzo de 20113 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público4 sostuvo que el deslinde
y amojonamiento de los municipios del país, de conformidad con lo previsto en la
3 Página 110 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 48.pdf”,
índice 48, Samai.
4 Páginas 121 a 128 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
5
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
Ley 62 de 1939 era competencia del IGAC y que los recursos percibidos por el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias respecto de los predios que le
fueron asignados por el literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de
la Asamblea Departamental de Bolívar mientras estuvo vigente le correspondían a
ese Distrito, pues los efectos de la sentencia de nulidad del 23 de octubre de 2008
son hacia el futuro. Propuso las excepciones que denominó: “inexistencia de los
perjuicios reclamados con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia de nulidad”,
“falta de legitimación por pasiva”, “no es imputable el daño al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público” y las demás que resulten probadas en el proceso.
2.2. El Departamento de Bolívar5 consideró que el municipio de Turbaná debió
demandar, no solo la simple nulidad del literal e) del artículo 2 de la Ordenanza
No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar, sino también el
restablecimiento del derecho por los perjuicios que estimaba que se le habían
causado con dicha norma. Formuló las excepciones de “caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho” y “falta de legitimación en la causa por
pasiva”.
2.3. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias6 señaló que lo
recaudado catastralmente por el Distrito por los predios ubicados en los límites
con Turbaná desde la vigencia de la Ordenanza No. 4 de 1970, le pertenecían por
la presunción de legalidad de dicho acto administrativo. Propuso las excepciones
de “caducidad de la acción”, “indebida legitimación por pasiva del Distrito” e
“inexistencia de responsabilidad del Distrito”.
2.4. El IGAC7 señaló que no era cierto que ese Instituto hubiera trasladado predios
del municipio de Turbaná al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
5 Páginas 135 a 149 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
6 Páginas 150 a 158 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
7 Páginas 181 a 204 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, y 2 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48.pdf”,
índice 48, Samai.
6
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
Agregó que, en cumplimiento de la sentencia de nulidad del 23 de octubre de
2008 y de las peticiones elevadas por el municipio de Turbaná en 2009, mediante
Resolución del 11 de noviembre de 2010 confirmada a través de Resolución del
15 de febrero de 2011, ordenó que 94 predios que pertenecían al Catastro del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se inscribieran en el del
municipio de Turbaná y que 6 predios que estaban inscritos en el Catastro de este
último se inscribieran en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. No
formuló excepciones.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 23 de febrero de 20168 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte actora9, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público10, el
Departamento de Bolívar11 y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias12 reiteraron lo expuesto en la demanda y en sus contestaciones,
respectivamente.
3.2. El IGAC guardó silencio.
3.3. El Ministerio Público13 presentó concepto en el que consideró que debían
negarse las pretensiones de la demanda, puesto que no era posible reclamar la
devolución de los impuestos que fueron pagados al Distrito Turístico y Cultural de
8 Páginas 77 y 78 del archivo “ED_C3_01 OTROS - CUADERNO 3 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
9 Páginas 90 a 93 del archivo “ED_C3_01 OTROS - CUADERNO 3 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
10 Páginas 80 a 84 del archivo “ED_C3_01 OTROS - CUADERNO 3 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
11 Páginas 94 a 106 del archivo “ED_C3_01 OTROS - CUADERNO 3 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
12 Páginas 107 a 112 del archivo “ED_C3_01 OTROS - CUADERNO 3 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
13 Páginas 113 a 124 del archivo “ED_C3_01 OTROS - CUADERNO 3 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
7
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
Cartagena de Indias, toda vez que estas son situaciones particulares
consolidadas.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 28 de septiembre de 201814 el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró la caducidad y negó las
pretensiones de la demanda.
Lo anterior, al considerar que la sentencia del 23 de octubre de 2008 proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad del literal e) del
artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de
Bolívar, quedó ejecutoriada el 5 de noviembre de 2008, por tanto, el demandante
tenía hasta el 6 de noviembre de 2010 para ejercer la acción de reparación
directa. No obstante, la parte demandante presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial el 25 de octubre de 2010, la constancia de audiencia fallida fue
expedida por el procurador 130 judicial II administrativo de Bolívar el 14 de
noviembre de 2010 y la demanda fue radicada el 11 de enero de 2011, esto es, de
forma extemporánea.
5. Recurso de apelación
El 25 de junio de 201915, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 1 de octubre de 201916 y admitido el 9 de diciembre de 201917.
14 Páginas 2 a 17 del archivo “ED_C5_01 OTROS - CUADERNO 5 APELACION SENTENCIA(.pdf)
NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai.
15 Páginas 24 a 46 del archivo “ED_C5_01 OTROS - CUADERNO 5 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai.
16 Páginas 48 a 51 del archivo “ED_C5_01 OTROS - CUADERNO 5 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai
17 Páginas 61 y 62 del archivo “ED_C5_01 OTROS - CUADERNO 5 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai
8
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
5.1. La parte actora18 afirmó que la acción no se encontraba caducada, pues
presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 26 de octubre de 2010, esto es,
cuando faltaban 12 días para que venciera el término legal para ejercer la acción,
la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad data del 14 de
diciembre de 2010 y la demanda se presentó el 11 de enero de 2011, es decir, de
forma oportuna. Insistió en que, por virtud de la nulidad declarada en la sentencia
del 23 de octubre de 2008, las demandadas debían pagarle los impuestos dejados
de recaudar entre 1970 y el 23 de octubre de 2008, así como los que siguió
recaudando el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias entre el 23 de
octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2010, fecha en la cual los predios que le
correspondían al municipio de Turbaná fueron inscritos en su Catastro.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 4 de marzo de 202019 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. El Departamento de Bolívar20, el IGAC21 y el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias22 reiteraron los argumentos expuestos en la primera
instancia.
6.2. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio Público
guardaron silencio.
18 Páginas 24 a 46 del archivo “ED_C5_01 OTROS - CUADERNO 5 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai.
19 Página 66 del archivo “ED_C5_01 OTROS - CUADERNO 5 APELACION SENTENCIA(.pdf)
NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai.
20 Páginas 69 y 70 del archivo “ED_C5_01 OTROS - CUADERNO 5 APELACION
SENTENCIA(.pdf) NroActua 48.pdf”, índice 48, Samai.
21 Índice 10, Samai.
22 Índice 11, Samai.
9
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado en
contra de la sentencia del 28 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 129 y 132, numeral 6, del Código Contencioso
Administrativo, puesto que la cuantía de la demanda supera la exigida de 500
SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación
directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación23.
2. Acción procedente
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina
la reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial
procedente para acudir al órgano judicial o, en otras palabras, la fuente de la
controversia es lo que define el tipo de acción judicial que debe promoverse, así
como la técnica para la formulación de las pretensiones de la demanda y la
oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional24.
De modo que la escogencia de las acciones en ejercicio de las cuales se deben
tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no depende de la
discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin
pretendido. Esta circunstancia tiene evidentes efectos en el ejercicio de defensa y
contradicción del demandado, de manera que escoger indebidamente la acción
procesal no puede entenderse como un simple defecto formal de la demanda,
sujeto a la corrección del juez de conocimiento25.
23 La pretensión mayor se estimó en la suma de $108.484’716.051 y 500 SMLMV para la fecha de
presentación de la demanda (11 de enero de 2011) equivalían a $267’800.000.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769;
Sentencia del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530.
10
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
De hecho, según lo dispuesto en los artículos 13726 y 13827 del Código
Contencioso Administrativo, uno de los supuestos para concluir que se ha
presentado una “demanda en forma” es la debida escogencia de la acción. Si se
solicita su corrección y el demandante no lo hace en el término debido se
configura una “ineptitud sustantiva de la demanda” que impide al juez emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con las pretensiones formuladas por el
demandante28.
Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar la acción
indebidamente formulada, siempre que el derecho de defensa del demandado no
resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi ni de las
pretensiones de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado 29.
En todo caso, la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales
para pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se
edifica la adecuación de la acción.
Así, mientras que la acción de nulidad procede en aquellos eventos en los cuales
el daño es consecuencia de un acto administrativo que se considera ilegal
(artículos 85 C.C.A.); la reparación directa lo es en los casos en los que la
afectación se deriva de un hecho, omisión, operación administrativa o en un acto
administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad (artículo 86. C.C.A.)30.
26 “Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal
competente y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se
demanda. 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. […]”
27 “Artículo 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda
precisión. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad
de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue
objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo
modifiquen o confirmen; pero sí fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Si se
alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo
demuestren.”
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de febrero de 2012, exp.
22244.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, exp.
26870.
30 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 16079.
Igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp.
59.236.
11
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
Pues bien, en el sub examine, por vía de la acción de reparación directa, se
observa que se presenta una acumulación de pretensiones, la primera dirigida a
que se declare la responsabilidad del Departamento de Bolívar, el IGAC - y la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público por los dineros dejados de
percibir por el municipio de Turbaná entre 1970 y 2008 por concepto de
impuestos, tasas, contribuciones, regalías y demás recursos respecto de los
predios que pasaron a su jurisdicción por orden de la sentencia del 23 de octubre
de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad
del literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea
Departamental de Bolívar. La segunda, a fin de que se declare responsable al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por los dineros dejados de
percibir por el municipio de Turbaná entre el 23 de octubre de 2008 y el 11 de
noviembre de 2010, los cuales el referido Distrito siguió recibiendo frente a los
predios que ya no pertenecían a su territorio, sino al municipio demandante,
debido a la inscripción ordenada por el IGAC mediante la Resolución No.
130000932010 del 11 de noviembre de 2010.
Así las cosas, corresponde determinar si las pretensiones expuestas en la
demanda se presentaron en debida forma, es decir, si se presentó la acción
adecuada, o si por el contrario hay lugar a declarar la indebida escogencia de la
acción frente a alguna de las peticiones.
En este orden de ideas, frente a la primera pretensión, se advierte que la fuente de
la controversia radica en el literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970
de la Asamblea Departamental de Bolívar, pues esa disposición del acto
administrativo fijó unos límites territoriales para el municipio de Turbaná entre
1970 y 2008 que, según la entidad, habrían constituido una pérdida de recursos
por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, regalías y otros, hasta que la
sentencia del 23 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, lo declaró nulo.
De lo anterior se desprende que, por esa razón, es que el municipio de Turbaná
presentó demanda de nulidad simple contra dicha norma del acto administrativo
12
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
general (hecho probado 7.1.1.); sin embargo, dado que dicho acto produjo efectos
jurídicos concretos respecto del ente territorial, en el entendido de que los límites
geográficos fijados le representaban una disminución de sus ingresos por
diferentes conceptos, debió ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho para obtener la indemnización de los perjuicios sufridos como
consecuencia de la ilegalidad del acto administrativo de carácter general.
En ese contexto, si bien la referida Ordenanza es un acto de carácter general, al
producir efectos jurídicos concretos respecto del Municipio de Turbaná, puede
considerarse como un acto administrativo mixto que es susceptible de ser
demandado por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y
como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sección:31
“[…] La Sala advierte que la disposición contenida en la resolución demandada (…)
determinó uno de los elementos que, de acuerdo con la ley, se debían tener en
cuenta para la determinación de la remuneración a cargo de los concesionarios de
televisión por suscripción satelital, como lo es el de la participación en los beneficios
que la concesión proporcione a los concesionarios, según la cobertura geográfica y
la audiencia potencial del servicio, disposición que, sin lugar a dudas, es de carácter
general, y cobijaría a todas aquellas personas cuya condición coincidiera con las
hipótesis impersonales y abstractas enunciadas en ella, es decir, todo aquel que en
ese momento tuviera la condición de concesionario del mencionado servicio. (…) si
bien se trató de un acto de carácter general, produjo efectos respecto de personas
si no determinadas, al menos determinables, con lo cual se trató de un acto que, en
palabras de la jurisprudencia, tenía la naturaleza de acto mixto, que es aquel acto
administrativo de carácter general, que, sin embargo, produce efectos respecto a
particulares, y que, por lo tanto, en la medida en que éstos pretendan impugnarlos
por considerarlos violatorios de derechos suyos amparados en normas legales -que
no fue el caso presentado en el sub-lite-, deben hacerlo mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante lo cual, no pierden su
naturaleza de acto general. […]”
En el sub judice, el literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la
Asamblea Departamental de Bolívar produjo unos efectos jurídicos concretos
respecto del municipio de Turbaná, pues los límites territoriales que fijó
determinaban los recursos económicos que la entidad podía captar por diferentes
conceptos.
31Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 25 de octubre de 2019, exp. 41447.
13
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
Siendo así, el daño tuvo su origen en dicha Ordenanza que, pese a ser de
carácter general, por generar un efecto concreto respecto del municipio de
Turbaná, constituyó una inconformidad más allá de la simple nulidad y debió
ventilarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuyo
efecto deviene la indebida escogencia de la acción de reparación directa.
Ahora bien, líneas atrás se afirmó que, excepcionalmente, el juez contencioso
administrativo puede adecuar la acción indebidamente formulada, siempre que el
derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación
de la causa petendi ni de las pretensiones de la demanda y la acción a la que se
adecua no haya caducado, entre otros eventos.
No obstante, dado que el municipio de Turbaná ya agotó la posibilidad de obtener
el restablecimiento del derecho cuando demandó la nulidad del literal e) del
artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de
Bolívar, sin pedir el reconocimiento de rubro alguno, no es posible considerar la
adecuación de la reparación directa a una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues se estaría abriendo la puerta a una nueva acción que la entidad
demandante ya agotó y cuya decisión quedó ejecutoriada, esto es, la sentencia
del 23 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Finalmente, es menester poner de presente que la demanda se presentó en
vigencia del Código Contencioso Administrativo, de donde se deriva que la
indebida escogencia de la acción puede configurar la excepción de inepta
demanda por falta de los requisitos formales, en la medida en que cada uno de los
medios de control previstos en la ley están instituidos para dirimir un tipo de
controversia específica, por lo cual los requisitos de una y otra demanda son
distintos y su inobservancia hace imposible realizar un pronunciamiento de fondo
sobre el asunto objeto de litis.
En síntesis, no hay lugar a adecuar la demanda y en tal sentido habrá que
declararse la indebida escogencia de la acción frente a la pretensión que busca el
resarcimiento de los dineros dejados de percibir por el municipio de Turbaná entre
14
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
1970 y 2008 por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, regalías y demás
recursos respecto de los predios que pasaron a su jurisdicción por orden de la
sentencia del 23 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que declaró la nulidad del literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de
1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar, pues tal daño tuvo su origen en
dicho acto administrativo que, al ser de carácter mixto, debió ser demandado con
la correspondiente pretensión de restablecimiento del derecho.
En cuanto a la segunda pretensión, cuya finalidad es que se declare responsable
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por los dineros dejados de
percibir por el municipio de Turbaná entre el 23 de octubre de 2008 y el 11 de
noviembre de 2010 y que dicho Distrito habría recibido en su lugar, la acción de
reparación resulta procedente, porque se reclama la reparación de un daño
proveniente de un acción en que habría incurrido el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias.
3. Vigencia de la acción
Debido a que en el proceso se discutió la caducidad de la acción y la sentencia de
primera instancia estimó que tal fenómeno se produjo; resulta necesario verificar si la
demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto
procesal32.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
32 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
15
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
a la protección del interés general33, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción34, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
33 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho
reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y
la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
34 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.
16
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure35 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia36, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
En el sub judice, se observa que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta lo siguiente: i) que el recaudo indebido por parte del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias cesó con la Resolución No.
130000932010 del 11 de noviembre de 2010, confirmada por la Resolución No.
130000022011 del 15 de febrero de 2011, la cual quedó ejecutoriada el 19 de
marzo de 2011 (hecho probado 7.1.11.); ii) que la solicitud de conciliación
extrajudicial se presentó el 26 de octubre de 2010 y la constancia de audiencia
35 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
17
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
fallida se expidió el 14 de diciembre de 201037; y, iii) que la demanda se presentó
el 11 de enero de 201138, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años
establecidos en la ley39.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis40.
4.1. El Municipio de Turbaná es la persona sobre la que recae el interés jurídico
que se debate en este proceso y está legitimada en la causa por activa, pues
aduce que dejó de percibir recursos económicos entre el 23 de octubre de 2008 y
el 11 de noviembre de 2010, los cuales fueron recibidos en su lugar por el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
4.2. El Departamento de Bolívar no se encuentra legitimado en la causa por
pasiva, pues en la demanda no se le atribuye responsabilidad por los dineros que
el municipio de Turbaná dejó de percibir entre el 23 de octubre de 2008 y el 11 de
noviembre de 2010, sino al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
4.3. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se encuentra legitimado
en la causa por pasiva, toda vez que es la entidad a la que la demandante acusa
de haberse apropiado de los recursos públicos que le correspondían entre el 23 de
octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2010, debido a la inscripción ordenada
por el IGAC mediante la Resolución No. 130000932010 del 11 de noviembre de
2010.
37 Páginas 19 a 22 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
38 Páginas 2 a 29 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL
RESERVADO(.pdf) NroActua 15.pdf”, índice 15, Samai.
39 Igualmente, se advierte que la parte demandante no se encontraba obligada a intentar la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, pues aún no se encontraba vigente la
Ley 1285 de 2009 que así lo exigía.
40 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
18
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
4.4. El IGAC no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues en la
demanda no se le atribuye responsabilidad por los dineros que el municipio de
Turbaná dejó de percibir entre el 23 de octubre de 2008 y el 11 de noviembre de
2010, sino al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Además, al
margen de lo anterior, en la demanda no se le hace atribución alguna que causara
que el ente demandante dejara de percibir los dineros que reclama.
4.5. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, pues en la demanda no se le atribuye
responsabilidad por los dineros que el municipio de Turbaná dejó de percibir entre
el 23 de octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2010, sino al Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias. Además, al margen de lo anterior, en la demanda
no se le hace atribución alguna que causara que el ente demandante dejara de
percibir los dineros que reclama.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias es patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a la entidad
demandante debido a los dineros dejados de percibir por el municipio de Turbaná
entre el 23 de octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2010 respecto de los
predios que pasaron a su jurisdicción por orden de la sentencia de nulidad del 23
de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
19
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199141 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la
persona no tiene el deber jurídico de soportar. Se debe sumar a este elemento
estructural para hallar la responsabilidad del Estado otro componente necesario e
indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con
su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por
aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución
fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a
repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio
de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los
criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros42.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
41 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
20
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
7. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 28 de septiembre de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, que declaró la caducidad y negó las pretensiones de la demanda, la
parte actora afirmó que, por virtud de la nulidad declarada en la sentencia del 23
de octubre de 2008, las demandadas debían pagarle los impuestos dejados de
recaudar entre 1970 y el 23 de otubre de 2008, así como los que siguió
recaudando el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias entre el 23 de
octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2010, fecha en la cual los predios que le
correspondían al municipio de Turbaná fueron inscritos en su Catastro.
Como antes se advirtió, en cuanto al daño correspondiente a los dineros dejados
de percibir por el municipio de Turbaná entre 1970 y 2008 respecto de los predios
que pasaron a su jurisdicción por orden de la sentencia del 23 de octubre de 2008,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad del literal
e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de
Bolívar, se presenta una indebida escogencia de la acción, de modo que la Sala
no se pronunciará al respecto.
En este sentido, y comoquiera que solo la entidad demandante presentó recurso
de apelación contra el fallo proferido el 28 de septiembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil43, exclusivamente
habrá lugar a resolverse el asunto sub lite en aquellos aspectos frente a los que la
parte demandante manifestó su inconformidad en la alzada.
43 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte
que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas
partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones […] Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior,
éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
21
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
En vista de lo expuesto, la Sala analizará exclusivamente si el daño consistente en
que el municipio de Turbaná dejó de percibir recursos económicos entre el 23 de
octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2010 se acreditó y, de ser así; si tal daño
es atribuible al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si se encuentran acreditados los elementos que
estructuran la responsabilidad del Estado.
7.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, se advierte que no se dará valor probatorio al documento denominado
“Listado de predios recuperables”44, dado que se desconoce en qué fecha y quién
o qué autoridad lo suscribió, pues carece de información que permita identificar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
De acuerdo con el material probatorio arrimado al proceso, se encuentra probado
lo siguiente:
7.1.1. Consta que, en virtud de demanda instaurada en fecha indeterminada por
el municipio de Turbaná, mediante sentencia del 23 de octubre de 2008, el
Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del literal e) del artículo 2 de
la Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar, como
consta en la copia auténtica de dicha providencia, de la cual se destaca lo
siguiente:45
“[…] En el caso que nos ocupa, se tiene que durante el desarrollo de las
operaciones de deslinde y amojonamiento entre el Municipio de Turbaná con el
Municipio de Cartagena, se estableció un conflicto de limites entres estos dos entes.
Lo que se fundamenta en lo dicho por el informe del IGAC visible a folio 202 cuando
44 Páginas 47 a 51 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
45 Páginas 23 a 44 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
22
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
establece que ‘En cuanto a las líneas limítrofes Cartagena- Santa Rosa, Cartagena -
Turbaco, Cartagena- Turbaná, Mahates - Soplaviento, San Martín de Loba -
Barranco de Loba, San Martín de Loba - Margarita, Pinillos - Barranco de Loba y
Morales - Simití, casos en los cuales no se llegó a un pleno acuerdo, el Instituto ha
resuelto el problema respetando los límites tradicionales y teniendo en cuenta la
aplicación técnica de los principios expuestos en el Decreto 803 de 1940, en cuanto
a Catastro se refiere o buscando la solución más aconsejable desde el punto de
vista Político – Administrativo’. […] En virtud de lo anterior, las partes debían enviar
el informe para que dieran todos los argumentos necesarios, para que justificarán
los límites que debían trazarse realmente, caso contrario, el Instituto Geográfico de
Colombia (IGAC) de forma oficiosa realizaría la correspondiente demarcación de
acuerdo al estudio previo y a la documentación que fuese sido recopilada por la
misma entidad. […] Pero la Asamblea Departamental de Bolívar no aplicó el
procedimiento que correspondía conforme al artículo 5° de la Ley 62 de 1939, es
decir, ante el conflicto de límites detectado durante las jornadas de deslinde y
amojonamiento del Departamento de Bolívar, efectuado por el Agustín Codazzi,
debió proceder a nombrar la Comisión Demarcadora y lo que hizo fue estudiar y
aprobar los límites de los diferentes municipios mediante la Ordenanza No. 04 de
1970 omitiendo completamente dar solución al conflicto de límites, mediante la
designación de la Comisión Demarcadora. Razón por la cual se considera que la
Ordenanza demandada incurrió en violación grave al procedimiento establecido en
la Ley 62 de 1939 y su Decreto Reglamentario 803 de 1940 y se decretará la
nulidad parcial de dicha Ordenanza. […] Falla: Primero: Decretase la nulidad del
artículo 2° literal e) de la Ordenanza No. 04 de 1970 expedida por la Asamblea
Departamental de Bolívar”.
7.1.2. Se demostró que la sentencia del 23 de octubre de 2008 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar quedó ejecutoriada el 11 de noviembre de 2008.
De ello da cuenta la constancia suscrita por la Secretaría de ese Tribunal46.
7.1.3. Se comprobó que, el 9 de diciembre de 2008, el alcalde del municipio de
Turbaná solicitó al IGAC la inclusión de 202 predios en la base catastral de ese
Municipio, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del literal e) del
artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de
Bolívar. Si bien no se allegó dicha solicitud, de ello da cuenta copia de la
Resolución No. 130000932010 del 11 de noviembre de 2010, expedida por la
directora del IGAC, Territorial Bolívar, por la cual ordenó la cancelación de 94
predios en el Catastro del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para
que fueran inscritos en el Catastro del municipio de Turbaná y que 6 predios que
46 Página 46 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 48.pdf”,
índice 48, Samai.
23
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
hacían parte del Catastro de este último fueran inscritos en el Catastro del referido
Distrito47.
7.1.4. Consta que, el 14 de abril de 2009, el alcalde de Turbaná le solicitó al IGAC
“la incorporación o inscripción catastral de todos los predios (760 hectáreas) que
corresponden a la mitad de la isla del Covado contenidos en la referencia catastral
madre y todas las que se han derivado de ella”. Si bien no se aportó a este
proceso dicha solicitud, de ello da cuenta el auto del 26 de mayo de 2009, por el
cual el IGAC, Territorial Bolívar, abrió la actuación administrativa tendiente a
resolver dicha solicitud48.
7.1.5. Se demostró que, el 26 de mayo de 2009, el IGAC, Territorial Bolívar abrió
la actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud presentada por el
alcalde de Turbaná el 14 de abril de 2009. De ello da cuenta el auto de la misma
fecha49.
7.1.6. Se comprobó que, el 11 de mayo de 2009, el alcalde de Turbaná corrigió su
solicitud anterior al IGAC, Territorial Bolívar para manifestar que no solicitaba la
incorporación de 760 sino de 7.048 hectáreas de la isla del Covado. Si bien no se
aportó a este proceso dicha solicitud, de ello da cuenta el auto del 18 de
septiembre de 2009, por el cual el IGAC adicionó al trámite administrativo dicha
solicitud50.
7.1.7. Se acreditó que, el 11 de septiembre de 2009, el alcalde de Turbaná solicitó
al IGAC, Territorial Bolívar la “incorporación de predios al Catastro de Turbaná, de
los sectores: 1. Tortuga - Bolívar - Moroti - Loma de los Cocos; 2. Buenavista de
Cortes - La Bonga - Rosario Vélez - Román Lambis; 3. El Chorro; 4. Ciénaga del
47 Páginas 81 a 107 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
48 Páginas 14 a 18 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
49 Páginas 14 a 18 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
50 Páginas 19 a 22 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
24
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
Tapón - Camaroneras”. Si bien no se aportó a este proceso dicha solicitud, de ello
da cuenta copia del auto del 18 de septiembre de 2009, por el cual el IGAC
adicionó al trámite administrativo dicha solicitud51.
7.1.8. Se probó que, mediante auto del 18 de septiembre de 2009, el IGAC,
Territorial Bolívar, adicionó al trámite administrativo de deslinde y amojonamiento
del municipio de Turbaná y del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,
las solicitudes del 11 de mayo y del 11 de septiembre de 2009 presentadas por el
alcalde de Turbaná. De ello da cuenta copia del auto de la misma fecha52.
7.1.9. Se verificó que, mediante la Resolución No.130000932010 del 11 de
noviembre de 2010, la directora del IGAC, Territorial Bolívar, ordenó la
cancelación de 94 predios del Catastro del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias para que fueran inscritos en el Catastro del municipio de
Turbaná y que 6 predios que hacían parte del Catastro de este último fueran
inscritos en el Catastro del referido Distrito. Así consta en la Resolución de la
misma fecha53.
7.1.10. Consta que, el 22 de noviembre de 2010, el Municipio de Turbaná presentó
recurso de reposición contra la Resolución No.130000932010 del 11 de noviembre
de 2010, a fin de que se incorporaran a su territorio todos los predios que solicitó y
que se revocara la decisión que desincorporó 6 predios de su jurisdicción para
inscribirlos en el catastro del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Si
bien no se aportó a este proceso el mencionado recurso, de ello da cuenta copia
de la Resolución No. 130000022011 del 15 de febrero de 2011, que confirmó en
todas sus partes la Resolución No. 130000932010 del 11 de noviembre de 201054.
51 Páginas 19 a 22 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
52 Páginas 19 a 22 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
53 Páginas 81 a 107 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
54 Páginas 48 a 56 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
25
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
7.1.11 Se comprobó que, mediante Resolución No. 130000022011 del 15 de
febrero de 2011, el IGAC, Territorial Bolívar, confirmó en todas sus partes la
Resolución No. 130000932010 del 11 de noviembre de 2010, la cual quedó
ejecutoriada el 19 de marzo de 2011, como consta en la copia de dicha
Resolución55.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver el problema jurídico que se debate en el proceso, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y; ii) posteriormente su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración56-57.
55 Páginas 48 a 61 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
56 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
57 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de
Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
26
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
7.2.1. El daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho58, que contraría el orden legal59 o
que está desprovista de una causa que la justifique60, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida61, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
Se observa que el daño consistente en los dineros dejados de percibir por el
municipio de Turbaná entre el 23 de octubre de 2008 y el 11 de noviembre de
2010 y que habrían sido recibidos en su lugar por el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias no se encuentra probado por las siguientes razones:
Se tiene que, mediante la Resolución No. 130000932010 del 11 de noviembre de
2010 expedida por el IGAC, Territorial Bolívar y confirmada a través de la
Resolución No. 130000022011 del 15 de febrero de 2011, ese Instituto ordenó que
94 predios se cancelaran del Catastro del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y se inscribieran en el del municipio de Turbaná (hechos probados 7.1.9.
y 7.1.11).
Asimismo, además de los medios de convicción arrimados al proceso, de los
58 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
59 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
61 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
27
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
cuales ya se hizo un recuento en el capítulo de hechos probados, al plenario se
allegó un dictamen pericial denominado “Estudio técnico de cálculos económicos
que soportan la demanda por reparación y recobro de impuestos predial a ICA
dentro del período 1970 y 2009 ante el Distrito de Cartagena D.T y C”, realizado
en el 2010 por los “ingenieros especialistas Pedro Pérez Marrugo y Marco A.
Pérez Pérez”, el cual fue decretado62 con el fin de que “soporte la reparación
económica o recobro de los impuestos, tasas, transferencias, intereses e
indemnizaciones solicitadas con esta demanda desde el año 1.970, a diciembre de
2.009”.
En dicho dictamen, los peritos realizan el cálculo económico del impuesto predial
unificado que el municipio de Turbaná “dejó de percibir durante 40 años” por
concepto de 201 predios ubicados en las siguientes zonas: 70 ubicados en Loma
del Coco – Moroti, 44 en Buenavista de Cortes, 37 en El Chorro, 43 en Isla del
Covado y 5 en Zilca. Igualmente, calculan el valor del impuesto de industria y
comercio respecto de 20 empresas “localizadas en la zona Buenavista”, con base
en lo que algunas de ellas le habrían pagado en 2009 al Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, a título de dicho impuesto. Finalmente, concluyen
“que por concepto de indemnización a causa de los daños y perjuicios más el lucro
cesante desde el año 1991 hasta 2009, el hoy Distrito de Cartagena en pesos de
2009 debe reconocer a favor del municipio de Turbaná la suma de
$56.493’938.452”. Sin embargo, luego determinan que “el valor total de las
pretensiones calculadas por los conceptos de impuestos predial IPU, industria y
comercio ICA y reparación por daños y perjuicios por lucro cesante de todos los
dineros dejados de recibir es por $108.484’716.051”63.
A estos efectos, se tiene que el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil
señala que, para otorgar valor probatorio a la prueba pericial, el dictamen debe ser
claro, preciso y detallado. Además, el artículo 241 de la citada disposición
establece que el juez deberá analizar la prueba en relación con el hecho que se
62 Mediante auto del 1 de agosto de 2011, ver páginas 63 a 65 del archivo “ED_C2_01 OTROS -
CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48 .pdf”, índice 48, Samai.
63 Páginas 52 a 77 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
28
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
pretende probar; la competencia del perito, esto es, que sea un experto en la
materia técnica analizada; que no haya motivos para dudar de su imparcialidad;
que esté fundamentando con conclusiones claras y precisas; que se haya
permitido su contradicción y, que otras pruebas no lo desvirtúen64.
Pues bien, el dictamen allegado con la demanda65 cuya finalidad ya se mencionó,
no cumple con las exigencias previstas en los artículos 237 y 241 del Código de
Procedimiento Civil, dado que el cálculo que hacen los peritos “ingenieros
especialistas” respecto del año 2009 no ofrece certeza ni credibilidad suficiente,
pues se desconoce cuál es “su especialidad” que los acredite como expertos en la
materia de cuantificación de perjuicios; además, los peritos no respaldan sus
estimaciones ni conclusiones con los soportes que mencionan en el dictamen.
Es así como en el dictamen se realiza un cálculo económico entre 1970 y 2009 de
los dineros que habría dejado de recibir el municipio de Turbaná por concepto de
impuestos predial e industria y comercio respecto de predios que, según ellos,
“conocen con certeza”, pero sin determinar cuáles ni allegar los soportes que
respalden sus cálculos.
Si bien los peritos refieren que consultaron “textos históricos, escrituras, recibos de
paz y salvo y documentos de libertad y tradición expedidos por los diferentes
organismos estatales propios de cada época, contenidos como anexos dentro de
la sentencia del 23 de Octubre de 2008 emitido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar”, así como el documento denominado “ALEAN PICO, Augusto, Estudio de
los Factores determinantes del recaudo de los impuestos Predial e Industria y
Comercio en el Distrito de Cartagena de Indias. UTB 2009” y la Oficina de
impuestos Distritales de Cartagena de Indias D.T y C., con el dictamen no se
acompañan dichos soportes.
Además, se observa que el peritazgo solo se acompaña de un documento titulado
64 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
“C”. Sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad.: 55437.
65 Páginas 52 a 77 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
29
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
“Documento técnico No. 3”66 dirigido al “Doctor Alejandro Lozano Cuello” en el que
se indica: “atendiendo su solicitud me permito calcular lo recaudado por el Distrito
de Cartagena durante el periodo comprendido entre enero del 2009 hasta la fecha
(enero de 2011). Tomando como base la Resolución No. 13-000-093-2020 (11 de
noviembre de 2010), donde son recuperados 92 predios del total demandado a
favor del municipio de Turbaná” y a continuación señala que no hay información
suficiente para calcular lo que le corresponde al municipio de Turbaná por
concepto de impuesto de industria y comercio, luego señala un total de
indemnización por daños y perjuicios más lucro cesante en la suma de
$1.250’321.383,98 y finalmente concluye que los dineros dejados de recaudar por
el municipio de Turbaná durante el periodo 2009-2011 por concepto de impuesto
predial “de los 92 predios hoy recuperados” es de $ 2.376’435.785,81, sin incluir el
impuesto de industria y comercio67. No obstante, se desconoce quién y cuando
suscribió este documento, el cual ni siquiera se menciona en el dictamen ni
fundamenta las cifras que en él se concluyen.
De modo que la pericia antes referida arribó a unas conclusiones sin allegar los
soportes en los que se fundamentó ni señalar cuál fue la metodología que
implementó para llegar a tales resultados, desatendiendo así lo previsto en los
artículos 237 y 241 del Código de Procedimiento Civil, lo cual impone concluir que
las mismas carecen de objetividad y certeza.
Asimismo, el referido peritazgo no ofrece elementos para demostrar el daño que
se encuentra en estudio, pues carece de soportes que acrediten que el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, efectivamente, devengó dineros por
concepto de impuestos, tasas, contribuciones y regalías que, a partir del 23 de
octubre de 2008, le correspondían al municipio de Turbaná. De allí que fuerza es
concluir que esta prueba carece de eficacia para acreditar el daño en estudio.
Igualmente, en el proceso se decretó y practicó dictamen pericial por parte de
66 Páginas 78 a 80 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
67 Páginas 78 a 80 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
30
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
perito contador “para que establezca los impuestos, tasas, contribuciones,
regalías, trasferencias del Sistema General de Participación recibidos por el
Distrito de Cartagena con ocasión a los predios citados por el accionante en el
escrito de la demanda, desde 1970 a la fecha”68.
Sin embargo, este dictamen69 tampoco satisface las exigencias de las normas
antes citadas para acreditar el daño analizado, teniendo en cuenta que en la
Resolución No. 130000932010 del 11 de noviembre de 2010 confirmada mediante
la Resolución No. 130000022011 del 15 de febrero de 2011, el IGAC ordenó la
inscripción de 94 predios que estaban en jurisdicción del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias en el Catastro del municipio de Turbaná, es decir,
que a partir de ese momento el cobro de todo impuesto consagrado en la ley le
correspondía a la entidad demandante, sin que dicho dictamen ni otra evidencia
arrimada al plenario demostrara que el referido Distrito percibió recursos que ya no
le correspondían.
En efecto, teniendo en cuenta que a partir de la Resolución No. 130000022011 del
15 de febrero de 2011 quedaron definidos los predios que hacían parte del
Catastro del municipio de Turbaná, entre los anexos del dictamen se observa que,
el 27 de marzo de 201470, el perito contador le solicitó al alcalde de Turbaná que
certificara cuáles de los bienes inmuebles incorporados al Municipio en el 2011 por
parte del IGAC estaban pagando debidamente el impuesto predial unificado y
cuáles empresas se encontraban en el respectivo registro para el pago del
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil y
sobretasa ambiental en el municipio de Turbaná.
68 Mediante auto del 1 de agosto de 2011, ver páginas 63 a 65 del archivo “ED_C2_01 OTROS -
CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48 .pdf”, índice 48, Samai.
69 Páginas 2 a 212 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
70 Páginas 283 y 284 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
31
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
En respuesta a dicha petición, mediante oficio del 31 de marzo de 201471 -también
anexado al dictamen- el alcalde de Turbaná señaló que, de los 94 predios
asignados por el IGAC, 16 “vienen cancelando” el impuesto predial unificado, sin
explicar por qué los demás no, pese a que ya estaban inscritos en su Catastro, de
modo que podría inferirse que los sujetos del impuesto estaban en mora, pero ello
no significaba que le pagaron el tributo al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias. Además, en el mismo oficio, el alcalde señaló las 6 empresas que se
encontraban asentadas en el municipio de Turbaná, pero sin indicar si estaban
pagando o no el impuesto de industria y comercio y demás tributos
correspondientes, lo que tampoco demuestra que se los estuvieran pagando al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Al proceso no se allegó algún registro de la oficina de Catastro o de Hacienda del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que demostrara que este aun
los incluía en sus bases de datos para el cobro de impuestos, como tampoco se
allegaron las facturas ni los comprobantes de pago respectivos que dieran cuenta
que por los predios asignados por el IGAC al municipio de Turbaná, el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias recaudó los impuestos reclamados en
la demanda desde el 2008 y que no los retornó al municipio de Turbaná.
Incluso, de las copias de los 7 estados de cuenta para cobro del impuesto predial
unificado por parte del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que se
anexaron al dictamen se observa que: i) el predio con cédula catastral No.
000200010405000 no tiene fecha ni valor a pagar72, ii) el predio con cédula
catastral No. 000200010478000 se encontraba para pago el 26 de enero de
201173, iii) el predio con cédula catastral No. 000200010873000 no tiene fecha ni
valor a pagar74, iv) el predio con cédula catastral No. 000200010885000 se
71 Páginas 285 a 288 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
72 Página 116 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
73 Página 166 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
74 Página 179 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
32
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
encontraba para pago el 27 de enero de 201175, v) el predio con cédula catastral
No. 000200010906000 no tiene fecha ni valor a pagar 76, vi) el predio con cédula
catastral No. 000200010941000 se encontraba para pago el 26 de enero de
201177 y, vii) el predio con cédula catastral No. 000200010889000 no tiene fecha
ni valor a pagar.
De modo que por algunos de estos predios el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias ni siquiera cobró el referido impuesto en el 2011 y aquellos
predios a los que les aparecía un cobro pendiente, los estados de cuenta solo
permiten verificar que se podía generar una factura de cobro, mas no que el
Distrito recaudó algún monto por ese concepto a partir de 2008.
Tampoco se aportaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio de
las empresas asentadas en los predios que pasaron del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias al municipio de Turbaná, para establecer si desde el 2008,
efectivamente, le pagaron al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y
no al municipio de Turbaná.
En cuanto al impuesto de alumbrado público, se observa que el perito contador le
solicitó a Electricaribe78 información para identificar de qué predios de los
asignados por el IGAC al municipio de Turbaná, el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias recaudó el impuesto de alumbrado público y si dichos
recursos ya habían sido trasladados al municipio de Turbaná. Ante lo cual se tiene
que Electricaribe citó al perito para notificarle la respuesta a su petición 79, pero
esta no se encuentra en los anexos del dictamen, de modo que, si esa empresa
suministró la información requerida, esta no fue allegada con el dictamen. Con
75 Página 186 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
76 Página 192 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
77 Página 198 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
78 Página 274 del archivo “ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS -
DICTAMEN PERICIAL (.pdf) NroActua 48.pdf, índice 48, Samai.
79 Página 275 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
48.pdf”, índice 48, Samai.
33
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
todo, no se allegó evidencia alguna de hasta cuando el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias recibió recursos por concepto de dicho impuesto y si estos
fueron trasladados o no al municipio de Turbaná, es decir, no se probó si se
apropió de recursos que no le correspondían.
Por tanto, se itera, el dictamen del perito contador carece de eficacia probatoria,
pues no ofrece ninguna conclusión cierta, objetiva ni precisa acerca de cuáles
fueron los dineros de los que se habría apropiado el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias y que le correspondían al municipio de Turbaná.
De modo que ni las pruebas periciales ni las demás evidencias allegadas a este
proceso permiten acreditar que, desde el 23 de octubre de 2008 hasta el 11 de
noviembre de 2010, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias ingresó
a su patrimonio dineros que le correspondían al municipio de Turbaná, por
concepto de impuestos y demás recursos respecto de los predios asignados al
Catastro del municipio demandante, mediante las Resoluciones Nos.
130000932010 del 11 de noviembre de 2010 y 130000022011 del 15 de febrero
de 2011 del IGAC. De ahí que este daño no se encuentra probado.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del
daño, junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad,
genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como
obligación de contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de
responsabilidad, su prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se
desprende de los artículos 149480 y 175781 del Código Civil. Por lo tanto,
tratándose de la prueba del nacimiento y existencia de una obligación
indemnizatoria, es un deber insoslayable del acreedor, que solo puede
excepcionalmente suplirse por orden del juez o en virtud de la ley, pues ello rompe
el equilibrio de la relación subyacente a la discusión de la obligación misma pues,
80 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya
por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
81 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
34
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
debe subrayarse que la responsabilidad estatal plantea en esencia una cuestión
obligacional entre acreedor (damnificado) - y deudor (Estado); una obligación de
reparar el daño. Es que la obligación indemnizatoria derivada de la declaratoria de
responsabilidad extracontractual para que se halle configurada exige prueba de
todos los elementos de la responsabilidad, lo cual, por supuesto, entre otros
implica probar el detrimento patrimonial del municipio de Turbaná, que en el caso
de marras se extraña.
En consecuencia, se revocará la sentencia del 28 de septiembre de 2018 proferida
por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que
declaró probada la caducidad de la acción, para, en su lugar declarar: i) la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Departamento de Bolívar y el IGAC; ii) la indebida escogencia
de la acción frente a la pretensión de responsabilidad por los dineros dejados de
percibir por el municipio de Turbaná entre 1970 y 2008; y, iii) negar las
pretensiones de la demanda, dado que no se demostró el daño alegado.
8. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una
actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual
quedará así:
35
Radicado: 13001233100020110000301 (65368)
Demandante: Municipio de Turbaná
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Bolívar y el
IGAC.
TERCERO: DECLARAR la indebida escogencia de la acción frente a la
pretensión de responsabilidad por los dineros dejados de percibir por el municipio
de Turbaná entre 1970 y 2008.
CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
QUINTO: SIN COSTAS.
SEXTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.