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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00191-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00191-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 13 de febrero de 2026, de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el mecanismo de amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00191-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de abril de 2026

Demandante: Municipio de Turbaná, Bolívar
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-000191-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., dieciséis [16] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00191-01
Demandante: MUNICIPIO DE TURBANÁ – BOLÍVAR
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial –Reparación Directa –
Confirma improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 13 de febrero de 2026, de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el mecanismo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 13 de enero de 2026, el municipio de Turbaná, Bolívar, por intermedio de
abogado, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C y los Tribunales Administrativos de Bolívar y de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con el fin de que se le protejan sus garantías al debido
proceso, defensa y de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con la expedición de la
providencia de 18 de junio de 2025, por medio de la cual se definió la demanda de
reparación directa identificada con el radicado 13001-23-31-000-2011-00003-01.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1)-. AMPARAR, los derechos fundamentales invocados a mi mandante accionante:
MUNICIPIO DE TURBA BOLÍVAR, como tales, al Debido Proceso y al Derecho a la
Defensa, a la Igualdad Procesal, a la Tutela Judicial Efectiva “Acceso a la
Administración de Justicia”.
2)-. DEJAR SIN EFECTO, la Sentencia de Segunda Instancia de fecha (18) de Junio
del año 2025, dentro del Medio de Control de Reparación Directa, incoada por el
Municipio de Turbana Bolívar contra Distrito Turístico y Cultura del Cartagena de
Indias, y Otros, con Radicado No. 13001-23-31-000-2011-00003-01 (63568),
proferida por la entidad accionada CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO

1
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Demandante: Municipio de Turbaná, Bolívar
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-000191-01

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C,
integrada por los Consejeros Dres.: NICOLÁS YEPES CORRALES (Ponente),
WILLIAM BECERRA MUÑOZ (Presidente de Sala) y ADRIANA POLIDURA
CASTILLO (Magistrada Integrante de Sala),

3)-. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad accionada: CONSEJO
DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN
TERCERA - SUBSECCIÓN C, integrada por los Consejeros Dres.: NICOLÁS
YEPES CORRALES (Ponente), WILLIAM BECERRA MUÑOZ (Presidente de Sala)
y ADRIANA POLIDURA CASTILLO (Magistrada Integrante de Sala), a expedir una
nueva sentencia de reemplazo en un término de (30) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, en la que tenga en cuenta lo dispuesto en esta
providencia, admitiéndose que la Acción correspondiente, es el Medio de Control de
Reparación Directa, realice la adecuada valoración probatoria y ejerza la facultad
oficiosa que tiene la Sala para el Decreto de Prueba Oficiosa. (Artículo 169, 167 del
C.G.P), en concordancia artículos 213 y 247, Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo).

4)-. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias, y conminar a la CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C de dar aplicación el
precedente de las Altas Cortes, y del Fallo de Tutela que aquí se profiera en caso de
amparar los derechos fundamentales de mi mandante, el ente territorial aquí
accionante, toda vez que se están desconociendo la Ley, y trasgrediendo
derechos fundamentales.1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

● El 11 de enero de 2011, el municipio de Turbaná interpuso demanda de
reparación directa contra del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias [en
adelante Cartagena D.T.C.], el departamento de Bolívar, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi [en lo sucesivo IGAC] y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, para que se les declarara patrimonialmente responsables por los dineros
dejados de percibir entre 1970 y 2010 por concepto de impuestos, tasas,
contribuciones y regalías respecto de los predios que pasaron a su jurisdicción2 por
orden de la sentencia del 23 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar3.

1
Transcrito con posibles errores ortográficos.
2
Se destaca que el literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea
Departamental de Bolívar se fijaron límites territoriales entre el municipio de Turbaná y Cartagena
D.T.C., y durante 38 años el municipio de Turbaná dejó de recibir los recursos provenientes de los
impuestos directos e indirectos tales como predial, tasas a la gasolina, al medio ambiente, industria
y comercio y demás sobretasas; delineación, construcción, alumbrado púbico, vigilancia, regalías,
transferencias del Sistema General de Participaciones, entre otras, que sí recibió Cartagena D.T.C.
por concepto de los 161 predios que por dicha Ordenanza formaron parte de su territorio mientras
estuvo vigente la norma anulada.
3
Mediante sentencia de 23 de octubre de 2008, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la
nulidad del literal e) del artículo 2 de la Ordenanza No. 4 de 1970 de la Asamblea Departamental de
Bolívar. Se destaca que la acción que se adelantó fue la de simple nulidad.

2
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● El 14 de marzo de 2011 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la
demanda.

● El 28 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de San Andrés4,
Providencia y Santa Catalina declaró la caducidad de la acción y negó las
pretensiones de la demanda.

● El 18 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
revocó la decisión del a quo, para en su lugar declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
departamento de Bolívar y el IGAC.

● Además, declaró la indebida escogencia de la acción frente a la pretensión de
responsabilidad por los dineros dejados de percibir por el municipio de Turbaná
entre 1970 y 2008, pues tal daño tuvo su origen en un acto administrativo que, al
ser de carácter mixto, debió ser demandado con la correspondiente pretensión de
restablecimiento del derecho.

● Por su parte, estudió el cargo consistente en la responsabilidad de Cartagena
DTC por los dineros dejados de percibir por el municipio de Turbaná entre el 23 de
octubre de 2008 y el 11 de noviembre de 2010, al considerarlo procedente, pero
negó esta pretensión, porque «no se allegó evidencia alguna de hasta cuando el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias recibió recursos por concepto de
dicho impuesto y si estos fueron trasladados o no al municipio de Turbaná, es decir,
no se probó si se apropió de recursos que no le correspondían».

● Destacó que, si bien se practicaron varios dictámenes periciales, a estos no se
les acompañó los documentos que soportaran las conclusiones a las que se llegó.

● Resaltó que «la prueba del daño, junto con la acreditación de los demás
elementos de la responsabilidad, genera la obligación correlativa de indemnizarlo a
quien lo sufre y, como obligación de contenido crediticio de reparación integral
derivada del juicio de responsabilidad, su prueba corresponde a quien lo alega y
reclama, tal y como se desprende de los artículos 1494 y 1757 del Código Civil. Por
lo tanto, tratándose de la prueba del nacimiento y existencia de una obligación
indemnizatoria, es un deber insoslayable del acreedor».

● La providencia de segunda instancia fue notificada por edicto desfijado el 17 de
julio de 2025 y la acción de tutela de la referencia radicada el 13 de enero de 2026.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que las accionadas trasgredieron sus garantías
constitucionales, al configurarse los defectos: procedimental por exceso ritual

4 «El proceso fue tramitado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, pero mediante auto del 28 de

septiembre de 2018 este lo remitió al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina para que dictara sentencia, en cumplimiento de las medidas de descongestión».

3
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manifiesto, violación directa de la Constitución, sustantivo, fáctico, desconocimiento
del precedente y error inducido.

Señaló que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y
violación directa de la Constitución porque se impidió obtener la reparación de los
daños que se le causaron, bajo el fundamento de una indebida escogencia del
medio de control, sin tener en cuenta que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho estaba caducada, por lo que, solo era viable la de nulidad simple.

Advirtió un defecto sustantivo, porque se aplicó indebidamente la normatividad, al
existir ya una sentencia de nulidad simple, por lo que la controversia no giraba en
torno a la legalidad del acto, sino a la reparación del daño antijurídico derivado de
éste. Por lo cual, la acción de reparación directa era la adecuada para obtener la
indemnización de perjuicios causados por la aplicación de una norma que ha sido
declarada nula5.

Asimismo, alegó que se incurrió en defecto fáctico, pues se dejaron de valorar
pruebas relevantes para zanjar la controversia, máxime si se tiene en cuenta que
no se usaron las facultades oficiosas para esclarecer la verdad material.

Precisó que el ad quem descartó el documento denominado «[l]istado de Predios
Recuperables» únicamente por carecer de firma y fecha, sin considerar que dicho
listado era el anexo de las Resoluciones mediante las cuales el IGAC ordenó la
restitución catastral, documentos que sí son actos administrativos en firme y que
obran en el expediente. Además, que se descartó la prueba técnica que tiene que
ver con dicho listado, cuyos documentos en que se soportó no fueron tachados y
que fueron suministrados directamente por Cartagena DTC, por lo que si la
información estuvo incompleta esta omisión era atribuible al distrito. Tampoco la
confesión del ente territorial demandado, quien admitió el daño ocasionado al
municipio.

Resaltó, que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo descartó hacer uso
de sus facultades oficiosas, con el fin de obtener los registros contables y fiscales,
tales como los soportes de recaudo de impuestos en los predios objeto de
devolución, para esclarecer la verdad respecto de la prueba técnica, o haber
valorado la posibilidad de indicios.

Destacaron un yerro consistente en un desconocimiento del precedente, en tanto
se inobservó el criterio contenido en las sentencias de 3 de abril de 2013 6 y 23 de
abril de 20157, que establecen que la nulidad de un acto administrativo no implica
el reconocimiento automático de perjuicios, por lo que es necesario que promover
acción de responsabilidad extracontractual de reparación directa.

5
El literal e del artículo 2 de la Ordenanza 4 de 1970.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 3 de abril de 2013, expediente con radicado
interno 26.437, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 3 de abril de 2013, expediente con radicado
11001-03-15-000-2014-03055-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

4
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Finalmente invocaron un error inducido porque la conclusión de falta de prueba del
perjuicio fue provocada por la conducta procesal de la parte demandada, ya que
Cartagena DTC omitió cumplir sus deberes de lealtad y buena fe procesal, en
atención a que: ocultó la única prueba directa, concluyente e irrefutable del daño
como el recaudo indebido de impuestos8; sustentó su defensa técnica en su
desatención al no allegar los documentos que soportaban el daño padecido; lo que
ocasionó la invalidación de las pruebas como, el dictamen pericial, que pretendían
demostrar los perjuicios padecidos, e indujo al juez natural de la causa a concluir
que la parte demandante no había cumplido con su deber de probar.

1.5. Trámite de la acción

El 20 de enero de 2026, el magistrado sustanciador de la primera instancia admitió
la acción de tutela y ordenó notificar como demandados a la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado y a los Tribunales Administrativos de Bolívar
y de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por su parte, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a
Cartagena DTC, departamento de Bolívar, IGAC y Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección y el Tribunal
Administrativo de Bolívar pidieron declarar improcedente la acción en atención a
que se pretende usar el mecanismo como una instancia adicional al trámite
ordinario. Para llegar a esa conclusión procedieron a recordar los fundamentos de
las providencias controvertidas, con el fin de enfatizar que el sustento para negar
las pretensiones se encuentra en la sentencia de segunda instancia aquí discutida.

El máximo tribunal de lo contencioso destacó que lo que se evidenció en el proceso
contencioso fue una omisión en la carga probatoria por parte del extremo activo del
proceso contencioso, quien no demostró el detrimento patrimonial alegado.

1.6.2. El IGAC y Cartagena DTC solicitaron que se les desvinculara de la acción,
comoquiera que no cuentan con legitimación en la causa por pasiva, ya que no
incidieron en la producción del daño alegada por el municipio accionante.

1.6.3. El apoderado del accionante se apartó de las consideraciones expuestas por
las autoridades accionadas, para lo cual destacó que no pretende usar la tutela
como una instancia adicional del proceso ordinario.

8
A saber, los registros de su Secretaría de Hacienda, sus bases de datos catastrales para efectos
fiscales y sus registros de ejecución presupuestal de ingresos para los años 2008 a 2010.

5
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1.7. Fallo impugnado

El 13 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, luego de negar las solicitudes de desvinculación, y de pronunciarse acerca
de cada uno de los defectos alegados, declaró improcedente el mecanismo de
amparo al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, ya
que la «parte actora pretende que se acoja la manera como, a su juicio, se debió
haber zanjado el litigio. Para cuyo efecto, se limita a presentar inconformidad con la
decisión judicial atacada, en cuanto a que la vía adecuada para reclamar los
perjuicios por el período de 1970 a 2008 era la demanda de reparación directa y
que se demostró el daño causado del 2008 al 2010, con el objeto de reabrir el debate
probatorio y jurídico ya definido por el juez natural de la causa».

1.8. Impugnación9

El accionante reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de tutela, y agregó
algunos argumentos para reforzar los defectos expuestos en el escrito inicial.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por el Municipio de Turbaná, Bolívar, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Precisión previa

Por cuestión metodológica, y con el fin de establecer el problema jurídico a resolver,
esta sala advierte que el mecanismo se analizará en el marco de los argumentos
expuestos en el escrito inicial de tutela, que se reiteraron en la impugnación, sin
hacer alusión a nuevas normas o jurisprudencia que se indicó en el recurso de
alzada, con el fin de garantizar el derecho de defensa y de contradicción de la parte
pasiva.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 13 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado al interior del presente
mecanismo constitucional.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra

9
El fallo fue notificado el 25 de febrero de 2026, la impugnación se presentó el 27 siguiente. El 10
de marzo de 2026, se concedió la impugnación.

6
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providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201210
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este
requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones

10
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

7
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particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Sobre el particular, se considera que, tal y como lo expuso el a quo, este asunto no
es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que los fundamentos de la solicitud de amparo se
enmarcaron en la configuración de los defectos: procedimental por exceso ritual
manifiesto, violación directa de la Constitución, sustantivo, fáctico, desconocimiento
del precedente y error inducido.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, dado que, de no hacerlo, se atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

Además, si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de
cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante
resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la
carga argumentativa que se debe tener cuando se pretenda dejar sin efectos una
decisión de la Sección que la Constitución Política14 y la ley15 determinaron como
suprema autoridad en la materia, lesión que se podría sintetizar en una actuación
«arbitraria o violatoria de derechos fundamentales16».

Ahora, para resolver este asunto, resulta pertinente resaltar que los argumentos que
se podrían resumir en una indebida valoración probatoria, no cuentan con la carga

14
«Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
15
Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo
9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
16
Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala)

8
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argumentativa mínima para ser estudiados en el marco de la trasgresión de
derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto
en sede ordinaria, a primera vista, es posible colegir que no se desvirtúa la
consideración realizada por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que
estableció que no se acreditó que Cartagena DTC devengó los dineros que por
concepto de impuestos, tasas, contribuciones y regalías le correspondían al
municipio accionante, ni mucho menos la consideración que se refiere al medio
idóneo para reclamar los perjuicios con anterioridad al año 2008 era el de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En efecto, de entrada, no resultan irrazonadas las conclusiones del tribunal
consistentes en que (i) el medio idóneo para reclamar los daños antes del 2008
correspondía a la acción de nulidad y restablecimiento, ya que la configuración de
la caducidad no incide en la viabilidad de la reparación directa, con el fin de revivir
la oportunidad resarcitoria; o (ii) que, al no contarse las experticias con el soporte
documental que acreditaran el perjuicio alegado, no era viable establecer que
Cartagena DTC devengó dineros que le correspondían al municipio accionante.

También, a prima facie, es posible colegir como razonada la consideración en la
que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C sustentó la indebida
escogencia de la acción, comoquiera que la configuración de la caducidad no faculta
al demandante a modular la acción a una que se encuentre en término, ya que la
pretensión contenciosa atiende a la fuente del daño alegado y no una alternativa
por parte del extremo accionante ante la omisión del uso del mecanismo en el
respectivo término procesal.

Por su parte, la omisión de la carga de probar por parte del extremo activo del
expediente ordinario tampoco se estima como un argumento que sea necesario
revisar en sede de tutela, ya que es claro que ello obedece a una obligación legal y
jurisprudencial en las demandas de responsabilidad extracontractual, donde la
omisión del uso de la facultad oficiosa, por sí sola, tampoco habilita al juez de tutela
para revisar lo dispuesto por el funcionario natural de la causa.

Además, tampoco se puede pasar por alto que el tutelante no desarrolló cuáles
fueron las normas indebidamente aplicadas, ni desplegó un razonamiento en cuanto
al desconocimiento del precedente, ya que, a priori, es posible concluir que las
providencias alegadas como desatendidas no comparten los mismos supuestos
fácticos de la demanda contenciosa, ya que la de 3 de abril de 2013 el demandante
fue beneficiario del acto administrativo demandado, y en la de 23 de abril de 2015,
el acto administrativo fue revocado por la misma administración, circunstancias que
son disímiles al caso que se estudió en sede ordinaria en donde se profirió la
sentencia controvertida.

Por eso, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en
atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales de la tutelante, sino que, por el contrario, se advierten

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Demandante: Municipio de Turbaná, Bolívar
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-000191-01

argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico expuesto en la
demanda contenciosa, para, a su vez, disentir del análisis probatorio efectuado por
la autoridad judicial de segundo grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por el accionante, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»17 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se confirmará la decisión que declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 13 de febrero de 2026, de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
mecanismo de amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

17
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-000191-01

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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