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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00211-00

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00211-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por L.V.V. contra la Unidad Nacional de Protección, Presidencia de la República, y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación se gestione la reserva en el nombre de la parte accionante tanto en esta providencia como en el sistema de consulta Samai, y se restrinja la consulta de las actuaciones de la acción de tutela de la referencia a las partes involucradas. CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00211-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00211-00
Accionante: L. V. V.
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra decisiones de la Unidad Nacional de Protección
sobre persona interviniente ante la JEP// Procedencia excepcional de la tutela en
casos de situación de vulnerabilidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. En atención a que se ventilan discusiones constitucionales sobre la situación
de seguridad de una persona que alega la vulneración de sus derechos
constitucionales por decisiones de la Unidad Nacional de Protección, y que es
reconocida como víctima del conflicto armado, se anonimizará el nombre de la parte
accionante tanto en esta providencia como en el sistema de consulta Samai con el
fin de restringir la consulta de las actuaciones de la acción de tutela a las partes
involucradas.

Escrito de tutela

2. El tutelante aduce que, ha sido reconocido como víctima dentro del proceso
de justicia transicional que se adelanta ante la JEP. Adicionalmente indicó que,
debido a situaciones de seguridad personal ha tenido que salir desplazado(a)
forzadamente de la región en la que tiene arraigo, y que su familia ha sufrido la
desaparición forzada de uno de sus hijos. Resultado de su labor en busca de justicia
y reparación ha sufrido problemas de seguridad que ponen en riesgo su vida e
integridad.

3. En los años 2021 y 2022, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz
medidas de protección, petición frente a la cual dicha autoridad accedió al proveer
un esquema de seguridad. Sin embargo, a partir de 2022, el esquema de protección
asignado le fue retirado y se le indicó que debía acudir a la Unidad Nacional de
Protección (en adelante UNP), en razón a que las amenazas no se relacionaban
con la participación del tutelante dentro de los procesos judiciales competencia de
la JEP.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00211-00
Accionante: L.V. V
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela

4. Una vez se adelantaron los trámites ante la UNP, el tutelante indica que, la
autoridad consideró que su riesgo era extraordinario, pero, en su criterio, de manera
errada, solo le otorgó un chaleco de protección y un medio de comunicación, lo cual
deja a las víctimas abandonadas. Sustentó recursos contra las decisiones de la UNP
respecto al esquema de seguridad, sin embargo, ninguna de las decisiones fue
revocada.

5. Manifestó que la situación en la que se encuentra vulnera sus derechos
constitucionales a la integridad física, a la vida, y transgrede los principios de
legalidad, favorabilidad y se incurre en una violación directa a la constitución.

6. Acompañó el escrito de tutela de varios documentos, entre otros, respecto a
lo relevante de la petición de amparo: de la resolución de 2023 proferida por la UNP
y decisiones de la JEP en la que es reconocido como víctima dentro de uno de los
procesos que se sigue ante dicha jurisdicción.

Trámite de la acción de tutela

7. En auto de 21 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió el escrito
de tutela en relación con la Unidad Nacional de Protección, la Presidencia de la
República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Procuraduría General
de la Nación. En el mismo sentido, y sin vincularla como parte al proceso, solicitó
información relevante a la Jurisdicción Especial para la Paz.

8. La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República intervino1 con el fin de solicitar la desvinculación dentro del proceso de
tutela, toda vez que carece de legitimación en la causa por pasiva ya que los hechos
que se enuncian en el escrito de tutela no son responsabilidad constitucional ni legal
de la Presidencia de la República.

9. La apoderada de la Procuraduría General de la Nación2 allegó memorial con
el fin de solicitar que, en relación con dicha entidad, se declare que la acción de
tutela es improcedente por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
ninguno de los hechos alegados dentro del escrito de tutela se relaciona con
competencias legales y constitucionales del ministerio público.

10. El jefe jurídico de la Unidad Nacional de Protección3 intervino con el fin de
solicitar que se niegue el amparo invocado puesto que, en septiembre y octubre del
año 2024, la entidad realizó estudios de riesgo a la persona tutelante cuyo resultado
fue elaborado por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección quien recomendó
otorgar un medio de protección de comunicación y un curso de autoprotección. No
obstante, cuando los agentes de la UNP se acercaron al tutelante para implementar
la recomendación, los mismos fueron rechazados explícitamente por la parte

1
Índice Samai 012
2
Índice Samai 011.
3
Índice Samai 014.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00211-00
Accionante: L.V. V
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela

actora4. Argumentó que nadie está obligado a lo imposible, y en esa medida, la UNP
ha buscado contactarse con la demandante, pero ante la negativa de la
implementación de los medios de protección indicados, no tiene competencia legal
o constitucional para obligar al actor a recibirlos.

11. Concluyó su escrito, precisando que, la UNP no tiene información reciente
sobre nuevos hechos concretos e inminentes de amenazas contra la vida e
integridad del actor. De igual manera, en el escrito de tutela no se refieren nuevos
hechos de amenazas.

12. Dentro del término procesal, a título de informe, la magistrada Julieta
Lemaitre Ripoll5 intervino dentro del proceso, con el fin de indicar que la actora fue
acreditada como interviniente especial dentro del macro caso No. 01. Además,
informó que, en el año 2021, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD) solicitó al director de la Unidad de Investigación y Acusación
(UIA) de la JEP que fueran adoptadas medidas cautelares de protección en favor
del accionante. Resultado de esta gestión, entre 2021 y hasta septiembre de 2022,
al tutelante se le asignó un esquema de seguridad por cuenta de la JEP.

13. Sin embargo, en septiembre de 2022, autoridades de la JEP resolvieron
retirar el esquema de seguridad de la persona actora, pues consideraron que no
presentaba situaciones de riesgo que afectaran su vida e integridad. En diciembre
de aquel año, remitieron la situación de seguridad a la UNP pues se consideró que,
las eventuales situaciones de riesgo y seguridad no eran derivadas de la
participación como víctima dentro de los procesos de justicia transicional. En
septiembre de 2023, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP recibió una
nueva petición de protección, por parte del actor. La UIA informó al despacho que
las situaciones que afectan la seguridad de la parte tutelante no guardan relación
con la participación en los procesos que adelantan ante la JEP, por lo tanto, remitió
el requerimiento a la UNP.

14. Posteriormente se allegó al expediente otro informe de otra magistrada de la
JEP, suscrito por la Magistrada Catalina Díaz Gómez. En el escrito se indicó que,
en enero de 2021 el comité de evaluación de riesgo de la UIA determinó que el
riesgo que sufría la persona tutelante era extraordinario y ordenó medidas de
protección por un año, extendidas hasta junio de 2022. Tras un nuevo estudio de
riesgo en junio de 2022, el riesgo se consideró ordinario y las medidas fueron
retiradas el 1 de agosto de 2022. Contra dicha determinación se interpuso recurso,
ante el cual el director de la UIA repuso parcialmente, y ordenó ajustar el apoyo de
reubicación tres meses más.

15. Adicionalmente indicó que, en decisión de marzo de 2024, la persona
tutelante fue reconocida como víctima en el caso 003, y que ha dirigido derechos de

4
Resolución MTPS 1167 del 11 de octubre del 2024: la SUBDIRECCIÓN ESPECIALIDAD DE
SEGURIDAD, ordenó por recomendaciones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección en favor
de la beneficiaria […] las siguientes medidas de protección: “implementar” un (1) medio de
comunicación y un (1) curso de autoprotección.
5
Índice Samai No. 09.

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Accionante: L.V. V
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela

petición buscado su protección, los mismos fueron contestados y las solicitudes de
protección fueron dirigidas al grupo de protección de víctimas, testigos y demás
intervinientes de la UIA.

16. En memorial de 3 de febrero del presente año, la parte actora remitió un
memorial al despacho sustanciador en el que respondió a las afirmaciones hechas
por las entidades accionadas e insistió en su situación de riesgo, sin que aportara
los documentos que anunció como anexos6. Sin embargo, en memorial del 18 de
febrero de 20247, la persona tutelante allegó a este proceso la resolución 001702
de 2024, en la que la subdirectora de la subdirección especializada de seguridad y
protección de la UNP resolvió un recurso de reposición contra una decisión previa.

CONSIDERACIONES
1. Competencia

17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

2. Problema jurídico

18. En este punto debe reiterarse que, por explícita disposición constitucional del
artículo transitorio 8° del acto legislativo 1 de 2017, solo el Tribunal para la Paz de
la Jurisdicción Especial para la Paz es competente para conocer acciones de tutela
contra cualquier autoridad de la propia JEP. En esa medida, se insiste en que, en el
auto admisorio de la presente acción de tutela no se vinculó a la JEP como parte
del proceso de tutela, sino que solamente se requirió información sobre la situación
de la persona accionante8. Por lo anterior, el problema jurídico se relaciona
únicamente, con las eventuales acciones u omisiones de la Unidad Nacional de
Protección.

19. La Sala estima que debe resolver dos problemas jurídicos. En primer lugar,
debe determinarse si, la persona tutelante puede cuestionar los actos
administrativos que definieron su esquema de seguridad a través del medio
constitucional de amparo. En caso de que sea absuelto de manera positiva, deberá

6
Índice Samai No. 18.
7
Índice Samai No. 026.
8
Fundamento Jurídico No. 8 del auto admisorio de 21 de enero de 2025: “Si bien el actor menciona
como entidad accionada a la Jurisdicción Especial para la Paz como presunta autoridad infractora
de sus derechos fundamentales, en los hechos expuestos en el escrito no existe algún fundamento
fáctico que sea imputable a dicha jurisdicción. Por lo demás, es preciso recordar que según el artículo
transitorio 8° del Acto Legislativo 01 de 2017, el Tribunal para la Paz es la única autoridad competente
para conocer las acciones de tutela dirigidas en contra de dicha jurisdicción. Por estos motivos no
se admitirá la tutela en relación con la JEP, sin perjuicio de las facultades oficiosas que en materia
probatoria concede el estatuto de tutela para requerir a dicha autoridad a fin de que remita un informe
sobre la situación particular y concreta del actor de cara a la protección de sus derechos
fundamentales.”

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00211-00
Accionante: L.V. V
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela

establecerse si los actos atacados incurrieron en violaciones a los derechos
fundamentales invocados.

20. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, la sala reiterará el
precedente constitucional sobre: (i) la procedencia de la acción de tutela para
cuestionar actos administrativos que ponen fin al procedimiento administrativo de
evaluación del riesgo de defensores de derechos humanos; (ii) el precedente
constitucional sobre el respeto al derecho al debido proceso por parte de la UNP,
en los procesos administrativos de definición de los esquemas de seguridad y (iii)
resolverá el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones sobre
esquemas de seguridad9.

21. En lo que tiene que ver con actos administrativos dictados por la UNP en virtud
de los cuales se hayan modificado o retirado medidas de protección, la Corte
Constitucional ha precisado que es “irrazonable someter al actor que pretende la
garantía de sus derechos fundamentales a exponer su caso ante los jueces
contencioso administrativos” cuando las situaciones de apremio evidencian la
ineficacia del medio ordinario de control10. Por tanto, la jurisprudencia ha
comprendido que, la acción de tutela es el medio idóneo y eficaz para solicitar la
protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal, cuando, días
antes o después de recibir el resultado de un estudio de riesgo, se adopta una
decisión administrativa que afecta el esquema de riesgo que se había asignado,
pues “requiere con urgencia una solución a su solicitud”.

22. El precedente constitucional también ha señalado que, en punto al examen
de la subsidiariedad, el juez constitucional debe tener en cuenta la labor que
desempeña el actor. Así en casos de periodistas11 o defensores de derechos
humanos12, la Corte ha indicado que “en relación con los actos administrativos
expedidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en los cuales se modifican,
suspenden o retiran las medidas de protección asignadas, (…) la acción de tutela
es procedente para discutir si dichas actuaciones vulneran los derechos
fundamentales de los afectados con tales decisiones13”.

23. En la sentencia T-432 de 2024 se indicó que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la acción de tutela es el medio procedente para cuestionar decisiones
de la UNP, que modifican esquemas de seguridad cuando se comprueba que “los
accionantes (i) son sujetos de especial protección constitucional o se encuentran en

9
Se siguen las SU-546 de 2023 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas), T-038 de 2024 (M.P. Antonio
José Lizarazo) y T-432 de 2024 (M.P. Paola Andrea Meneses).
10
Corte Constitucional, sentencias T-199 de 2019 y T-292 de 2022.
11
T-199 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz)
12
SU-546 de 2023.
13
Véanse, entre otras: Sentencias T-411 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido); T-399 de 2018 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado); T-205 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo); T-707 de 2015
(M.P. María Victoria Calle Correa; T-224 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-460 de 2014
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-657 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-924
de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-591 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo).

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Accionante: L.V. V
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela

situación de vulnerabilidad, (ii) se encuentran en una situación de riesgo
“extraordinario” o “extremo”, conforme a la matriz de calificación y (iii) a partir de un
examen prima facie, se evidencia que los actos administrativos de la UNP que se
cuestionan podrían haber agravado la situación de riesgo en la que se encontraba
el accionante”14.

24. En todo caso, conforme el precedente constitucional, la acción de tutela
contra un acto administrativo proferido por la UNP, también debe satisfacer los
requisitos de inmediatez y legitimación en la causa por activa y por pasiva.

Debido proceso en los trámites de adopción de medidas de protección

25. La jurisprudencia constitucional15 ha sido consistente en indicar que, existe
un derecho fundamental innominado a la seguridad personal, el cual consiste en
que, en casos de riesgos graves y superiores al ordinario, una persona tiene el
derecho fundamental a recibir protección directa por parte del Estado.

26. Adicional a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 también
ha indicado que, además del derecho a la seguridad personal, las personas que
acuden ante la UNP y entidades competentes para brindar protección a las
personas que habitan el territorio nacional, son titulares del derecho al debido
proceso administrativo, especialmente, cuando la Unidad Nacional de Protección
realiza los estudios de evaluación de riesgo como condición para la asignación de
esquemas de seguridad.

27. Se ha indicado que la Unidad Nacional de Protección es la autoridad pública
competente para realizar el examen de la situación de riesgo de las personas que,
por diversos motivos, enfrentan amenazas relacionadas por agresiones de actores
armados. Se ha precisado que, en todo caso, esta actividad de evaluación del riesgo
se somete a principios y pautas normativas de respeto estricto al debido proceso,
pues la calificación de estas situaciones responde a criterios objetivos y técnicos.

28. Adicionalmente, se ha destacado la importancia de que la UNP motive de
forma clara, suficiente y específica los actos mediante los cuales evalúa el riesgo
de un ciudadano e instaura, modifica o disminuye las medidas de protección
correspondientes. Únicamente de esta manera, una persona tendrá la posibilidad
de conocer y atacar las razones por las cuales se resolvió disminuir o eliminar un
esquema de seguridad17. Ello implica que las decisiones que se emitan al respecto,
como mínimo, deben: (i) relacionar todas las circunstancias y elementos que incidan
en el nivel de riesgo de la persona; (ii) realizar un análisis pormenorizado e integral
de los mismos, con fundamento en estudios técnicos que permitan determinar su
naturaleza, alcance e intensidad; (iii) exponer razonadamente los motivos por los
cuales es procedente o no implementar mecanismos individuales de seguridad; (iv)

14
Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2018, T-015 de 2022, T-123 de 2023 y SU-546 de 2023.
15
Cfr. SU-546 de 2023 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
16
T-239 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz)
17
Cfr. Sentencias T-111 de 2021 y T-469 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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identificar las prevenciones a implementar; y (v) justificar por qué las mismas son
idóneas para garantizar la seguridad del interesado18.

29. Si no concurre alguno de esos elementos, se transgrede de forma palmaria
el derecho al debido proceso y la acción de tutela procede como mecanismo
definitivo de protección.

30. Con base en lo anterior, (i) en el marco de la valoración el nivel del riesgo de
un ciudadano con la finalidad de adoptar las medidas de protección necesarias, las
autoridades competentes tienen el deber de valorar de manera técnica y específica
las particularidades del caso y el contexto en el que se encuentran; (ii) dichas
consideraciones, a su vez, deben plasmarse en el acto administrativo que define la
situación, para que el solicitante conozca el sustento de la decisión y pueda
controvertirlo. Además, el precedente ha indicado que se debe realizar un nuevo
estudio de riesgo cuando; (iii) exista insuficiente motivación; y (iv) diversas
oportunidades, se ha ordenado el restablecimiento de medidas de protección
previamente asignadas al accionante, mientras culmina una nueva evaluación del
riesgo19.

Caso concreto

31. La Sala debe determinar, en primer lugar, si la acción de tutela es
procedente conforme las reglas judiciales reiteradas, en caso de encontrar que la
misma si satisface los requisitos de procedencia adjetiva, en el examen de fondo se
examinará si, la UNP vulneró los derechos fundamentales alegados.

32. Conforme la información allegada por la UNP y la JEP, la persona tutelante
ha acudido a la jurisdicción especial para la paz con el fin de solicitar medidas de
protección. Durante los años 2021 y 2022, autoridades de la JEP ofrecieron medidas
de seguridad, sin embargo, puesto que la fuente del riesgo, en criterio de dichas
autoridades, no se deriva de su colaboración con los procesos judiciales de
competencia de la justicia transicional, las peticiones de protección fueron remitidas
a la UNP.

33. De acuerdo a la información suministrada, el 3 de octubre de 2023, la UNP
informó que se iniciaría la ruta de valoración de riesgo. Se le indicó el analista
encargado y su identidad20. Posterior a ello, en noviembre de 2023, la UNP profirió
una resolución21 en la que determinó la “finalización de medidas de protección a la
señora […]…finalizar un botón de apoyo y un chaleco blindado implementados por
trámite de emergencia”22. En la mencionada resolución se indica que, cuando se iba

18
Sentencias T-709 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-388 de 2019, T-469 de 2020, T-111 de
2021, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-239 de 2021 y T-015 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19
Corte Constitucional. Sentencias T-591 de 2013, T-190 de 2014, T-224 de 2014, T-124 de 2015,
T-473 de 2018 y SU-546 de 2023.
20
Índice Samai 02. Anexo 20 al expediente de tutela.
21
De 24 de noviembre de 2023.
22
Índice Samai 02. Enlace 005C746C889177AA 80D97163A7808C38 4FB74E76D621819D
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a realizar la valoración del riesgo, la persona tutelante solicitó que lo hiciera una
dependencia diferente a la que se comunicó. La resolución en comento no indica
que la valoración del riesgo sea extraordinaria.

34. Por su parte, de acuerdo con la información parcial remitida por la UNP, se
verifica que, el 27 de enero de 2025, un colaborador de la entidad, se puso en
contacto con el solicitante quien, según la información allegada: “manifiesta que no
está de acuerdo con las medidas de protección, implementadas en la resolución” de
octubre de 202423.

35. En la respuesta del escrito de tutela, el jefe jurídico de la UNP manifestó que
la entidad había proferido la resolución MTPS del 11 de octubre de 2024, en la que
se ordenó “implementar un medio de comunicación y un curso de auto protección”.
Sin embargo, dicha resolución no fue allegada al expediente. De acuerdo al mismo
memorial de contestación del escrito de amparo, en resolución de 12 de octubre de
2024, se determinó no reponer la decisión del 11 de octubre. Además, adujo:

“1. Una vez recibido en el GISFM de la Subdirección Especializada de
seguridad y protección el acto administrativo se procedió a realizar llamada
de primer contacto con la beneficiaria el 03 de enero de la presente
anualidad, llamada que arrojó como resultado que la señora […] no recibiría
las medidas de protección otorgadas.

2. Que, con el fin de confirmar la información, el 27 de enero de 2025, se
procedió a realizar nuevamente llamada a la beneficiaria donde ratifica que
no recibirá las medidas de protección, por no encontrarse de acuerdo con las
mismas.”

36. En punto al examen de la procedibilidad formal de la acción de tutela, la Sala
verifica que, la parte actora es víctima del conflicto armado reconocida en dos macro
casos que se adelantan ante la JEP y que, en el pasado, en los años 2020 y 2021,
afrontó situaciones de riesgo y amenaza que llevaron a ser beneficiaria de medidas
de protección por parte de la JEP.

37. Igualmente, manifestó en el escrito de tutela que, atraviesa situaciones de
vulnerabilidad debido a que resultado de los problemas de seguridad en el pasado,
tuvo que desplazarse de su región de origen, y actualmente, vive en condición de
desplazamiento fuera de la ciudad en la que tenía arraigo. Adicionalmente
manifiesta que uno de sus hijos fue víctima de desaparición forzada y que, adelanta
labores para conocer su paradero y que se identifiquen a los responsables.

38. Conforme la jurisprudencia constitucional, en punto al examen de
procedibilidad formal, especialmente el requisito de subsidiariedad, el mismo resulta
posible flexibilizarlo cuando, quien ejerce la acción de tutela es un sujeto de especial

23
Índice Samai 47.

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protección, y no tiene los conocimientos profesionales para acudir a los medios
ordinarios de defensa judicial24.

39. En este caso concreto, la Sala considera que la acción de tutela es
procedente, toda vez que, la persona tutelante reúne situaciones de vulnerabilidad
que le permiten a esta instancia flexibilizar el requisito de subsidiariedad. Se insiste,
se trata de una persona reconocida como víctima del conflicto armado en dos macro
casos ante la JEP, en el pasado mediato vivió situaciones de riesgo superior al
ordinario que llevaron a que las instancias de la jurisdicción especial para la paz
otorgaran medidas de protección y es una persona que se encuentra en condición
de desplazamiento forzado. Sumado a lo anterior, en el memorial de 18 de febrero
de 2025, la persona tutelante allegó resolución de diciembre de 2024, en la que la
UNP resolvió el recurso de reposición contra la determinación administrativa de
octubre de 2024 en la que, se adoptaron decisiones respecto al esquema de
seguridad. En la decisión allegada a este juez de tutela, se observa que, se calificó
el riesgo como “extraordinario”25. Elementos suficientes para que, en el caso
concreto, sea desproporcionado remitir a la persona accionante a ejercer los medios
de defensa judiciales ordinarios para cuestionar las actuaciones y decisiones de la
UNP.

40. Respecto a los demás requisitos de procedencia formal, la Sala estima que
se encuentran satisfechos, pues, la acción de tutela la ejerce el titular de los
derechos supuestamente amenazados, contra la entidad pública cuya competencia
legal es la protección de la población objeto de riesgos y amenazas. Asimismo, la
acción de tutela se ejerció dentro de un plazo razonable, pues se trata de una
supuesta vulneración que, conforme el expediente, se produjo en diciembre de 2024
(fecha de la última decisión de la UNP), y la acción fue promovida en el mes de
enero de 2025.

41. En punto al examen de fondo respecto a la petición de amparo, conforme el
memorial allegado por la parte actora, el pasado 18 de febrero de 2025, en efecto,
está en una situación de riesgo que es calificada como extraordinaria. En la decisión
de diciembre de 2024, se indica que la persona tutelante fue beneficiaria de
“medidas complementarias” consistente en un medio de comunicación y un curso
de autoprotección. La resolución no explica la manera en la que las medidas
decretadas son complementarias con otras, sin embargo, esta Sala sí encuentra
que las medidas ordenadas no son las únicas que han sido asignadas, y que la
persona tutelante hace parte de medidas de protección colectivas que actualmente
se encuentran en reevaluación. Lo anterior se infiere de la contestación de la acción

24
Cfr. T-672 de 2017 Se indicó: “En todo caso, el juez constitucional debe valorar, en cada situación,
la idoneidad y eficacia de estos otros mecanismos judiciales, para efectos de garantizar una
protección cierta y suficiente de las garantías especificadas en la Constitución, por medio de la acción
de tutela. Asimismo, para garantizar la igualdad material que estipula el artículo 13 de la Constitución,
según la jurisprudencia constitucional, este análisis se debe flexibilizar cuando el accionante
sea una persona en situación de vulnerabilidad. Esta última condición permite al juez de tutela
atemperar el análisis acerca de la acreditación de la idoneidad y eficacia de esos otros mecanismos
de defensa, tal como dispone el inciso final del numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
En caso de que se acredite la condición de vulnerabilidad del accionante, debe considerarse que la
acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad.”
25
Índice Samai No. 026.

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Accionante: L.V. V
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Referencia: Primera instancia acción de tutela

de tutela, en la que la UNP indicó que, en el caso concreto, no resulta procedente
activar medidas de protección de emergencia, pues la persona accionante hace
parte de un estudio de riesgo colectivo que se encuentra pendiente de conclusión26.

42. A criterio de la corporación, ni la parte actora, ni la UNP ofrecieron claridad
sobre los medios de protección colectivos que ejerce la persona tutelante. Sin
embargo, sí resulta claro que las medidas de protección que son consideradas como
insuficientes, son complementarias a unas principales que actualmente están
pendientes de un nuevo resultado del estudio de riesgo colectivo de la población de
la que hace parte el/la tutelante.

43. Esto lleva a la Corporación a concluir que la racionalidad en la definición de
una medida de protección requiere una adecuada coordinación entre las diversas
entidades involucradas. Así lo establece el artículo 2.4.1.4.3 del Decreto 299 de
2017 (norma citada por la UNP en sus resoluciones, la cual determina los criterios
de protección de los beneficiarios, entre los que se incluye al tutelante). Esta
racionalidad exige una comprensión adecuada de la complementariedad entre las
medidas de protección individuales y colectivas, con el fin de garantizar la vida e
integridad de las personas beneficiarias.

44. Si el órgano técnico (Mesa Técnica de Seguridad y Protección) encargado
de definir dichas medidas determinó que el riesgo del tutelante es extraordinario y
que, como estrategias "complementarias" de protección a las principales, las
medidas propuestas (un curso de autoprotección y un medio de comunicación) son
adecuadas, ordenar judicialmente medidas adicionales tendría el efecto negativo de
desestabilizar la política pública de coordinación de las medidas de protección
colectivas e individuales. Esto resulta especialmente problemático considerando
que el órgano encargado de definir los medios de protección incluye la participación
del colectivo objeto de protección.

45. En este punto debe recordarse que, la Corte Constitucional ha indicado que,
en punto a la adopción de esquemas de seguridad, las autoridades competentes
deben avanzar hacia el paradigma de la seguridad humana como una estrategia
colectiva, preventiva y holística, y que supera a las formas de seguridad reactivas e
individuales27. En consecuencia, si existen medidas de protección colectivas, estas
deben ser coordinadas con las medidas individuales complementarias.

26
Folio 8 de la respuesta de la UNP “Por consiguiente solicitar medidas de emergencia y la
implementación de medidas basadas en hechos que son objeto de investigación, sin la realización
de un estudio de nivel de riesgo al tenor de lo establecido en el 2.4.1.2.40 del decreto 1066 de 2025,
que determine el nivel de riesgo conforme a lo determinado por la Honorable Corte Constitucional
en la sentencia T-719 de 2003, reiterando que el estudio de nivel de riesgo colectivo se
encuentra en proceso mediante la ….”(negrilla y subrayado fuera del texto) Índice Samai No. 14.
27
Cfr. SU-020 de 2022, F.J. 7.5.12: “Lo expuesto permite concluir que garantizar la salvaguarda de
la vida e integridad personal de las y de los firmantes del Acuerdo Final de Paz no solo es urgente,
dado los niveles de riesgo que enfrentan, sino que exige partir de un concepto de seguridad más
robusto e integral relacionado con la debida materialización del componente de reincorporación a la
vida política, social y/o económica, siendo necesario que el Estado les brinde a quienes se
encuentran en ese proceso unas condiciones básicas de seguridad en términos humanos, integral y
preventiva, antes que solo reactiva e individual.”

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Accionante: L.V. V
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela

46. La Sala no avizora una decisión u omisión que implique la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la persona actora, quien por demás rechazó
las medidas que le fueron otorgadas sin motivo o razón que lo justifique. La UNP
informó de las decisiones administrativas relacionadas con los esquemas de
seguridad solicitados por el tutelante. Respecto a dichas decisiones se han ejercido
los recursos legales. Los medios de protección definidos en la resolución de 11 de
octubre de 2024, y confirmada en decisión de 12 de diciembre de 2024, son medidas
de protección individual “complementarias”. Conforme la información contenida en
el expediente la parte actora hace parte de un grupo social que cuenta con medidas
de protección colectivas y las cuales resultan principales. Adicional a lo anterior, la
UNP informó que se encuentra adelantando una nueva evaluación de un estudio de
riesgo colectivo. No se observa una arbitrariedad o capricho en las decisiones
administrativas que implique una amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales de la persona actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por L.V.V. contra la Unidad Nacional de
Protección, Presidencia de la República, y la Procuraduría General de la Nación,
por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación se
gestione la reserva en el nombre de la parte accionante tanto en esta providencia
como en el sistema de consulta Samai, y se restrinja la consulta de las actuaciones
de la acción de tutela de la referencia a las partes involucradas.

CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Accionante: L.V. V
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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