Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00234-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00234-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00234-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de junio de 2025
Demandante: Luz Mery Molina Chiquisa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00234-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00234-01
Demandante: LUZ MERY MOLINA CHIQUISA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 28 de febrero de 2024, dictada por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En dicha providencia
se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por considerar que no se
cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Luz Mery Molina Chiquisa, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D. Con la solicitud de amparo pretende la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión
de la sentencia del 24 de octubre de 2024, proferida por el tribunal accionado.
Mediante esta decisión confirmó parcialmente la providencia del 28 de mayo de
2024 dictada por el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, en la que se accedió
parcialmente a las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-052-2023-00172-00.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad (art 13), al
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Demandante: Luz Mery Molina Chiquisa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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trabajo (art) y al debido proceso (art 29) previstos en la Constitución Política de
1991.
SEGUNDO: Que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha
de 24 de octubre de 2024 notificada el 1 de noviembre de 2024, proferida por el
honorable TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D MAGISTRADA
PONENTE DRA LUCÍA BECERRA AVELLA, dentro del proceso 11001-33-42-
052-2023-00172-01, por medio de la cual se revocó los numerales sexto y
séptimo de la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO
CINCUENTA Y DOS (52) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN D MAGISTRADA PONENTE DRA. ALBA LUCÍA
BECERRA AVELLA, proferir una nueva sentencia dentro del proceso 11001-33-
42-052-2023-00172-01 a través de la cual se confirmen los numerales sexto y
séptimo de la decisión de primera instancia. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:
5. La señora Luz Mery Molina Chiquisa y la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá celebraron contratos de prestación de servicios entre 2008 y
2022, cuyos objetos contractuales consistían en la prestación de servicios
profesionales como maestra titular y, posteriormente, como coordinadora.
6. La accionante, tras considerar que se configuraron los elementos
esenciales del contrato de trabajo, le solicitó a la entidad el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales a las que estimaba que tenía derecho. Mediante el
Oficio No. S2023047190 del 20 de marzo de 2023, la secretaría negó su solicitud.
7. Ante la negativa frente a su requerimiento, la señora Molina Chiquisa
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó
la nulidad del Oficio No. S2023047190 del 20 de marzo de 2023. En
consecuencia, pidió el reconocimiento, liquidación y pago de sus prestaciones
sociales y los demás emolumentos devengados por la planta administrativa de la
entidad demandada.
8. Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-42-052-2023-00172-00/01 y
fue repartido al Juzgado 52 Administrativo de Bogotá quien, mediante sentencia
del 28 de mayo de 2024, accedió a las pretensiones y dispuso, entre otras cosas,
lo siguiente: (i) declaró que el período comprendido entre el 9 de diciembre de
2008 y el 9 de diciembre de 2022 se debía computar para efectos pensionales,
salvo interrupciones y suspensiones, para lo cual la entidad debía cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
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pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador; (ii) declaró
probada la excepción de prescripción de los derechos salariales y prestacionales
causados entre el 9 de diciembre de 2008 al 3 de marzo de 2009, del 10 de marzo
de 2009 al 12 de febrero de 2010, del 30 de marzo de 2010 al 20 de febrero de
2011 y del 10 de enero de 2012 al 9 de marzo de 2012 y, (iii) condenó a la entidad
demandada a reconocer a la señora Molina Chiquisa, con descuento del tiempo
correspondiente a las suspensiones e interrupciones de los contratos, el valor
equivalente a las prestaciones sociales dejadas de percibir.
9. Inconforme con la decisión, la Secretaría Distrital de Integración Social de
Bogotá presentó recurso de apelación, mecanismo que fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
providencia del 18 de abril de 2024.
10. Mediante dicha decisión confirmó parcialmente la sentencia recurrida y
modificó los numerales 1, 2, 3, 4 y 5; mientras que los numerales 6 y 7 fueron
revocados, en los siguientes términos: i) declaró la nulidad parcial del Oficio No.
S2023047190 de 27 de marzo de 2023, ii) declaró probada la excepción de
prescripción de las mesadas salariales y prestacionales causas entre el 9 de
diciembre de 2008 y el 3 de marzo de 2009, del 10 de marzo de 2009 al 12 de
febrero de 2010, del 30 de marzo de 2010 al 20 de febrero de 2011 y del 10 de
enero de 2012 al 9 de marzo de 2012, del 5 de noviembre del 2013 al 18 de
diciembre de 2014 y; iii) declaró existencia de una relación laboral entre las partes
en los siguientes periodos:
Desde Hasta
9 de diciembre de 2008 3 de marzo de 2009
10 de marzo de 2009 12 de febrero de 2010
30 de marzo de 2010 20 de febrero de 2011
10 de enero de 2012 9 de marzo de 2012
5 de noviembre de 2013 18 de diciembre de 2014
11. Refirió que, de conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-
16 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado, en dichos
periodos su labor como docente no fue realizada de manera independiente y
autónoma. En ese sentido, indicó que, debido a que la solicitud de pago y
reconocimiento de las acreencias laborales fue radicada el 14 de marzo de 2023
y el vínculo laboral finalizó el 18 de diciembre de 2024, operó el fenómeno de la
prescripción frente a ese periodo, salvo las cotizaciones pensionales, dada su
imprescriptibilidad.
12. Por otra parte, indicó que, frente a los contratos celebrados desde 2015
hasta 2022, en los que fungió como responsable de jardín o coordinadora, la
parte demandante no acreditó el elemento de la subordinación, puesto que solo
fueron aportados como prueba documentales certificaciones, constancias y
manuales de funciones de la entidad, lo cual no corroboró la existencia de una
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relación laboral.
13. A su vez, indicó que la prueba testimonial practicada no dio certeza de la
configuración del mencionado elemento, debido a que no relató circunstancias
específicas que lo acrediten, máxime cuando el contrato no fue ejecutado en el
mismo lugar, sino en diferentes instituciones educativas.
1.4. Sustento de la vulneración
14. La accionante indicó que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico,
debido a que, a su juicio, en el expediente sí reposaba el material probatorio
suficiente para acreditar la subordinación, debido a que aportó: i) el manual
específico de funciones, en el cual consta que el cargo que desempeñó existía
en la planta de personal, ii) las copias de los contratos de prestación de servicios
y, iii) las certificaciones de dichos contratos.
15. Asimismo, señaló que el testimonio no fue valorado correctamente, pues
explicó la manera en la que debía asistir a capacitaciones y las órdenes que le
eran impartidas. En consecuencia, señaló que está debidamente acreditado el
salario devengado, la prestación personal del servicio, el cumplimiento del horario
y la entrega de elementos por parte de la entidad para desarrollar sus funciones.
16. Por otra parte, consideró que se presentó un defecto sustantivo ya que, de
la lectura integral del fallo, «el operador judicial pareciera estar dando
argumentos para confirmar la sentencia de primera instancia y no para
revocarla».
17. Finalmente, indicó que fue desconocida la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-202 proferida el 9 de septiembre de 2021 por el Consejo de Estado,
en la que se establecieron los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente en los contratos de prestación de
servicios y fijó algunos indicios para su configuración como: i) el lugar de trabajo,
ii) el horario laboral, iii) la dirección y control de las actividades a ejecutar y, iv)
que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta.
1.5. Trámite de la tutela
18. Por medio del auto del 21 de enero de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela. En consecuencia, ordenó
notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D. Además, vinculó como tercero con interés a la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá y al Juzgado 52
Administrativo de Bogotá.
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1.6. Intervenciones
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, indicó que la accionante, a partir del contrato celebrado el 13 de
abril de 2015, fungió como coordinadora a través de diversos contratos, hasta el
año 2022. No obstante, de las pruebas obrantes en el proceso, no se acreditó el
vínculo laboral entre las partes, debido a que no daban certeza de la existencia
del elemento de la subordinación, ya que no se evidenció la exigencia del
cumplimiento de un horario laboral bajo una supervisión constante. En ese orden,
concluyó que el proceso carecía de los elementos probatorios suficientes que le
permitieran a la subsección tener la convicción suficiente para declarar existencia
del contrato realidad.
20. El Juzgado 52 Administrativo de Bogotá señaló que la señora Luz Mery
Molina Chiquisa interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 11001-33-42-052-2023-00172-00, el cual le
correspondió al juzgado por reparto el 18 de marzo de 2023, cuya decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
21. La Secretaría de Integración Social de Bogotá indicó que la accionante
pretende utilizar la acción constitucional como una instancia adicional del proceso
ordinario, con el fin de revivir el debate probatorio ya surtido, razón por la cual la
acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
1.7. Sentencia de primera instancia
22. Mediante sentencia del 28 de febrero de 2025, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo, tras considerar que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
23. Para fundamentar su decisión, indicó que el tribunal accionado explicó con
suficiencia que, a partir del testimonio rendido al interior del proceso, las pruebas
documentales aportadas y la jurisprudencia fijada por el Consejo de Estado, la
situación fáctica debía analizarse en dos periodos distintos: cuando laboraba
como maestra titular y cuando fungía como responsable o coordinadora de jardín.
24. Frente al primer periodo, la demandante acreditó la existencia de la relación
laboral. No obstante, en cuanto al segundo, la autoridad judicial analizó los
elementos que constituyen la relación laboral y, a partir del material probatorio
allegado, concluyó que: i) no se acreditó el cumplimiento del horario, ii) su
presencia en diversas reuniones hacía parte de la esencia del contrato y, iii) las
directrices que le fueron impartidas eran propias de una relación de coordinación
de actividades. Por lo tanto, no acreditó la existencia de la subordinación.
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25. Por lo anterior, consideró que la accionante pretende utilizar la acción de
tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
1.8. Impugnación
26. La parte actora indicó que la solicitud de amparo es procedente «a la luz de
los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la
administración de justicia». A su vez, reiteró los argumentos puestos de presente
en el escrito de tutela frente al presunto defecto fáctico en el que incurrió el
tribunal accionado, concretamente sobre la indebida valoración del testimonio.
27. Puso de presente que en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del
25 de agosto de 2016, el Consejo de Estado dispuso que los docentes
contratistas del Estado ejercen labores subordinadas, debido a que cumplen
directrices impuestas por la entidad pública contratante y desarrollan sus
funciones en cumplimiento de un horario laboral y en el marco del calendario
académico.
28. Sostuvo que, en un caso similar al suyo, la Sección Cuarta de esa
corporación, en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-00249-
00, amparó los derechos fundamentales de la demandante y le ordenó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca proferir una sentencia de remplazo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
29. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia del 28 de febrero
de 2025, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
30. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
31. La Sala advierte que la señora Luz Mery Molina Chuquisa está legitimada
en la causa por activa, porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia que se reprocha
mediante esta vía.
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32. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, está legitimado en la causa por pasiva por
haber proferido la decisión reprochada mediante el presente mecanismo
constitucional.
2.3. Problema jurídico
33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá
determinar si confirma, revoca o modifica la decisión de primera instancia. Para
tal efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
34. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala examinará
lo siguiente:
35. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo
y a la igualdad con ocasión de la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024?
36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20121. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema2. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales3.
38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20144. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia5 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
39. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
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establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
41. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
42. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
43. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional6.
44. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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45. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
46. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
47. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
48. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Relevancia constitucional en el caso en concreto
49. La Sala entrará a decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de
relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y
atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
50. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
demandante reprochó la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
Mediante esta providencia se confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control.
51. En ese sentido, declaró que existió una relación laboral únicamente en los
periodos comprendidos entre los años 2008 y 2014, en los que laboró como
docente. No obstante, frente a los contratos celebrados entre 2015 y 2022, en los
que fungió como responsable o coordinadora de jardín, concluyó que la parte
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demandante no acreditó el elemento de la subordinación.
52. A juicio de la accionante, el tribunal accionado incurrió en los siguientes
defectos: i) fáctico, debido a que no fue valorado correctamente el manual
especifico de funciones, las copias de los contratos de prestación de servicios,
las certificaciones de los contratos y el testimonio rendido, en los que se acredita
la subordinación, ii) sustantivo, pues no esbozó argumentos que permitan
entender que está revocando la sentencia de primera instancia, y iii)
desconocimiento del precedente, pues no tomó en consideración la providencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-202 proferida el 9 de septiembre de 2021 por el
Consejo de Estado, en la que se fijaron criterios para determinar la existencia de
una relación laboral y la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de
agosto de 2016, en la que se dispuso que los docentes contratistas del Estado
ejercen labores subordinadas.
53. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por la
parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir una tercera
instancia. Esto, debido a que, contrario a lo afirmado por la demandante, el
tribunal accionado explicó con suficiencia las razones por las cuales no fue
acreditado el elemento de la subordinación en los contratos celebrados entre los
años 2015 y 2022.
54. Asimismo, se evidenció que en la providencia reprochada se realizó un
estudio detallado sobre los criterios jurisprudenciales fijados por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en especial lo establecido en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, frente a las labores de
docencia en instituciones del Estado. En ese orden, confirmó la decisión de
declarar la existencia de un contrato laboral entre los años 2008 y 2014, debido
a que se probó con suficiencia que la actora desarrollaba labores de docente.
55. A su vez, expuso los motivos por los cuales los contratos celebrados entre
el 13 de enero de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2022, en los que fungía como
coordinadora o responsable de jardín, no fue acreditado el elemento de la
subordinación, debido a que los documentos aportados al proceso no daban
cuenta de la existencia de la relación laboral y la prueba testimonial rendida por
la señora Luz Mery Molina no lograron acreditar la subordinación.
56. Lo anterior, debido a que, de una valoración integral de las pruebas, se
constató que las funciones de coordinación que desarrollaba, fueron ejecutadas
con autonomía por la accionante, no eran desarrolladas en el mismo lugar y no
le era exigible el cumplimiento de un horario, pues, de conformidad con el
testimonio rendido, quien indicó expresamente que en los jardines no se
encontraba ningún superior que controlara la jornada, no era posible determinar
con certeza la existencia del elemento de la subordinación.
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57. En consecuencia, la Sala advierte que lo reproches formulados por la
accionante, más allá de pretender demostrar los presuntos defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente, reflejan una inconformidad con la
decisión del juez de instancia, pues, como se evidenció, la sentencia se
fundamentó en un análisis integral de las pruebas y en los criterios de unificación
creados por el máximo órgano de lo contencioso administrativo en estos asuntos.
58. Por otra parte, frente a sus reproches puestos de presente en la
impugnación sobre el amparo concedido por la Sección Cuarta de esta
Corporación en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-00249-
00, la Sala se abstendrá de realizar un pronunciamiento al respecto, pues se trajo
a colación un nuevo yerro que no fue puesto de presente en el escrito inicial de
tutela, lo cual vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la parte pasiva,
comoquiera que esta no tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto, ni juez
de primera instancia pudo evaluar sobre su contenido y alcance.
59. Por lo anterior, se advierte que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional.
60. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, debido a que la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales
y no a problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
61. En definitiva, se reitera que para la Sala resulta evidente que la presente
acción tutela y los cargos que aduce la accionante, son una mera inconformidad
por lo decidido por el juez natural de la causa. Por ende, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de febrero de 2024, dictada por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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