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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00237-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00237-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por las actoras contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 23 Núm. único de radicación: 110010315000202500237-00 Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00237-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500237-00
Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro1
Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro2

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) igualdad y iii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por las actoras contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “6ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202500237-00
Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. Las actoras, a través de apoderado3, presentaron acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio: i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 8 de agosto de 2024; y ii)
el Tribunal, al proferir la sentencia de 5 de agosto de 2020, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 250002342000201900835-
01: vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestaron que, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, con
el fin de declarar la nulidad de los Oficios DAP-30110 del 2 de mayo de 2018
radicados 20183100034561 y 20183100034501 y de las Resoluciones 2-2745 del
27 de agosto de 2018 y 2-3259 del 12 de octubre de 2018, que negaron el reajuste
salarial, con el fin de que a título de restablecimiento del derecho, se reconozca
que las demandantes han ejercido funciones de índole profesional en el grupo de
contadores del Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal de
la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la
Nación, como contadoras forenses.

3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documentos denominados “9ED_Poder(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”,
“8ED_Poder(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2” y “7ED_Poder(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. Archivos
aportados en forma digital

3

Núm. único de radicación: 110010315000202500237-00
Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

4. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 5 de agosto de 2020, resolvió negar las
pretensiones de la demanda.

4.1 Señalaron que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante sentencia del 08 de agosto de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil
veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por Sandra
Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez contra la Fiscalía General de la
Nación.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

“[…] TERCERO: Se reconoce personería a la abogada Edna Rocío Martínez
Laguna con tarjeta profesional 163.782 del CS de la J para que represente los
intereses de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
y realizar las anotaciones correspondientes en SAMAI. […]”

4.2 Como fundamento de su decisión consideró que4:

“[…] Del estudio de los medios de prueba aportados es posible inferir que las señoras
Sandra Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez no acreditaron de manera
suficiente los supuestos de hecho con los cuales soportan la tesis jurídica de sus
pretensiones. Lo anterior por cuanto las exigencias para ocupar los cargos de técnico
investigador, grado I y de profesional investigador II, respectivamente, varían en
atención a que se encuentran en diferentes niveles jerárquicos, uno pertenece al nivel
técnico y el otro, al profesional, siendo que es el mismo manual específico de
funciones y requisitos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación el
que trae una distinción particular dentro de estos perfiles.

La conclusión a la que se puede arribar en atención a los elementos probatorios que
reposan en el expediente es que las funciones asignadas por pertenecer al Grupo de
Contadores Forenses no están enmarcadas como aquellas que deban desempeñar
necesariamente un profesional investigador II. […]”

[…]

“[…] No se puede desconocer que por necesidades del servicio el jefe de la
dependencia a la que pertenecen las demandantes podía asignarles labores
adicionales a las enlistadas en el manual de funciones, teniendo en cuenta su
formación académica, sin que por ello se pueda afirmar que se le asignaron funciones
exclusivas del nivel jerárquico profesional de la entidad, pues el empleo de profesional
investigador II no tiene estipuladas, directa o exclusivamente, las funciones de perito.

El anterior argumento permite, además, despachar de manera desfavorable el
planteamiento hecho en el recurso relacionado con que las demandantes están

4 Transcripción literal del texto

4

Núm. único de radicación: 110010315000202500237-00
Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

inmersas en las condiciones previstas en el artículo 5 del Decreto Ley 017 de 2014,
por lo que deben pertenecer al nivel profesional de la Fiscalía General de la Nación,
pues la sola circunstancia de llevar a cabo las funciones asignadas en el Grupo de
Contadores Forenses no desnaturaliza el cargo que ocupan, esto es, el de técnico
investigador grado I. […]”

[…]

“[…] Por las razones anotadas, esta Subsección comparte la postura del tribunal en
el sentido de considerar que las demandantes no acreditaron que las funciones
desempeñadas correspondan a las de un cargo superior, por lo que no hay lugar a
acceder a las pretensiones.

En atención a lo anterior, este Despacho CONFIRMARÁ la decisión de primera
instancia qué negó las pretensiones de la demanda. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

5 Las actoras solicitaron en su escrito de tutela5:

“[…] PRIMERO. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso efectivo a la administración de justicia, in dubio pro operario y/o cualquier otro
que se considere vulnerado, por la vía de hecho en que habrían incurrido los honorables
operadores judiciales colegiados al tipificar con su decisión el defecto fáctico.

SEGUNDO. Como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales de mis
representadas, se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia de fecha
05 de agosto de 2020 emitida por la subsección C, de la Sección Segunda del tribunal
administrativo de Cundinamarca, y la sentencia de segunda instancia del 08 de agosto
de 2024 proferida por la honorable Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso adelantado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021).

TERCERO. Se ordene a la honorable subsección C, de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, que en un término perentorio profiera una nueva providencia que tenga en
cuenta los parámetros de la sentencia emitida por el juez constitucional. […]”.

6 Las actoras en su escrito de tutela indicaron que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto fáctico.

5 Transcripción literal del texto.

5

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de enero de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; iii) vinculó, como tercero con interés
legítimo, a la Fiscalía General de la Nación, concediéndoles el término de tres (3)
días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

8. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó desestimar la acción de tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] Debo señalar que comparto plenamente la tesis sobre la procedencia de este
mecanismo de amparo contra las providencias judiciales, y de forma comedida solicito
a nuestro superior que asuma el estudio de la sentencia proferida por la Subsección
“C” de la Sección Segunda de este Tribunal, suscrita el 05 de agosto de 2020, por
medio de la cual negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por las señoras Sandra Rosmira
Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez contra Nación – Fiscalía General de la
Nación.

Invoco como medio de prueba la referida providencia, en la que se puede verificar
que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante, con
la decisión tomada bajo el análisis fáctico y jurídico que se hizo en esa oportunidad.
Nos sometemos al juicio de valoración que se estime necesario de la sentencia
proferida dentro del expediente con radicado no. 25000-23-42-000-2019-00835-00,
soportada en los medios de prueba del expediente y decidida en consecuencia, para
que definitivamente se clausure la etapa de control integral de la sentencia para
garantía del sistema jurídico en su conjunto, cual es el papel de la jurisdicción
constitucional, con cuya intervención, se espera que se cierre la discusión en el caso
concreto. Copia de la providencia, se remite anexa al presente escrito […]”.

9. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación solicitó
que se le desvinculara del presente tramite de tutela, toda vez que se configuró la
falta de legitimación en la causa por pasiva.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó el expediente del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-03-15-000-2025-00237-00.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202500237-00
Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio
en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20217 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20198, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[10]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe

9 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
10 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-
562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

8

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.

17. La Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación
de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. Al respecto, es preciso indicar que las actoras presentaron solicitud de tutela
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque al
proferir la sentencia de 8 de agosto de 2024, vulneró sus derechos fundamentales,
en donde se evidencia que al interior del proceso de reparación directa identificado
con el núm. de radicación 110013336034201900363-01, la Fiscalía General de la
Nación fungía como parte demandada.

19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Fiscalía General de la Nación le
asiste interés en la decisión de tutela que se profiera, por lo que se declarará no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

21. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la igualdad; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la
Sala.

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

23. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201416, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte

14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
16 Ut supra página 6.

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Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [18].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [19].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [20].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción

[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [23]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado24:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”25

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –

[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
24 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”26

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

31. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

32. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202227 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de

26 Ibidem.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

35. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

28 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

37. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] “[...] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. [...]”.

38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[...] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas

29 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

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dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. [...]”.

Análisis del caso concreto

39. Las actoras, a través de apoderado, presentaron acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio: i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 8 de agosto de 2024; y ii)
el Tribunal, al proferir la sentencia de 5 de agosto de 2020, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 250002342000201900835-
01: vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.

40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

41. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

43. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 8 de agosto de 2024.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

44. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. Las actoras en su escrito de tutela indicaron lo siguiente30:

“[…] Dado lo expuesto, la honorable Subsección C, de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando emitió la sentencia del 05 de
agosto de 2020, y la honorable Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado cuando expidió la sentencia del 08 de agosto de 2024, dentro del proceso
radicado 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021), habrían valorado
defectuosamente el material probatorio allegado al proceso judicial, el cual de
haberlo analizado y valorado de manera apropiada, la solución del asunto jurídico
debatido, habría variado sustancialmente […]”.

[…]

“[…] Las actoras SANDRA ROSMIRA URREA PEÑA y ANA PAOLA ZÀRATE
JIMÈNEZ de cargo técnico, cumplen las mismas funciones profesionales que las
testigos LESLY DENICE CASTRO ROZO, Y LILLIA NELLY MORA SALAMANCA
de cargo profesional, como peritos contables en el grupo de Contadoras del CTI de
la F.G.N., pues todas sin excepción son profesionales en Contaduría Pública.

Ello quedó probado a Minuto 10:10:53 y 10:24:38 de la audiencia de pruebas, de la
siguiente manera:

Testimonio de la profesional Investigador I LESLY DENICE CASTRO ROZO:

“Minuto 10:10:53 PREGUNTADO: ¿Que funciones desempeñan ellas? (al
referirse a las funciones de las actoras). RESPONDIÓ: Nosotros en el grupo
desempeñamos todo lo que son labores de Policía Judicial, porque ese es
nuestro, como la base, y en el grupo se han ubicado contadores para que
desempeñen labores netamente contables, entonces tenemos la doble
función, una de dictaminar y otra la de realizar funciones de Policía Judicial.

30 Transcripción literal del texto.

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PREGUNTADO: ¿Usted tiene las mismas funciones que fueron asignadas a las
señoras ZARATE JIMENEZ y SANDRA ROSMIRA? CONTESTÓ: Iguales y
adicional la función de coordinar el grupo”.

Testimonio de la profesional Investigador I, LILLIA NELLY MORA SALAMANCA:
“10:23:47: PREGUNTADO: ¿Sabe que cargos ocupan ellas? CONTESTÓ:
Exactamente ahorita no les.., creo que son técnicos pero no se exactamente el
cargo, pero hacen la misma función que yo hago. PREGUNTADO: ¿Que
funciones tienen asignadas, recuerda usted o conoce las funciones que le han sido
asignadas a ellas? CONTESTÓ: Eh pues todos nos dedicamos a apoyar a la
Fiscalía en los dictámenes financieros contables tributarios, todo lo de tipo de
nuestra auditoria forense mas que todo. PREGUNTADO: ¿Que funciones
distintas a las propias de técnico les han asignado? PREGUNTADO: eh nos asignan
de todo, a todos por igual o sea a todos nos asignan servicios, ir a acompañar a
audiencias, ir a llevar detenidos a las audiencias, eh, asistir a las audiencias cuando
nos llaman a sustentar nuestro dictamen para que se convierta en prueba, hacemos
o sea no tenemos una discriminación por cargo esto o no. A todos nos dan
nuestras misiones nos las asignan de acuerdo a lo que vaya llegando y a la
carga laboral que tengamos. PREGUNTADO: ¿Los requisitos son los mismos
para ocupar el cargo? CONTESTO: ¿para cada cargo los requisitos? Eh…todos
tenemos que ser profesionales. PREGUNTADO: Lo revisaremos en el Manual,
pero ya que está usted aquí, ¿cómo lo percibe usted sobre los requisitos?
CONTESTÓ: Pues para el desempeño de nuestras funciones todos tenemos
que al menos ser contadores públicos hay algunos que tienen especialización,
en el caso de ellas dos son especializadas en auditoria forense… (…)..”.
…………….o…………….
B) Que las actoras contaban con la misma preparación del otro funcionario
que se remunera con mayor salario.

Obra en las pruebas allegadas al proceso, que las actoras SANDRA ROSMIRA
URREA PEÑA y ANA PAOLA ZÀRATE JIMÈNEZ son contadoras públicas de
profesión, al igual que las testigos LESLY DENICE CASTRO ROZO, Y LILLIA
NELLY MORA SALAMANCA y demás peritos contadores que laboran en el grupo
de Contadoras del CTI de la F.G.N. además que son especializadas en auditoría
forense.

c) Que el actor, debe acreditar los requisitos que exige el empleo al igual que
el otro funcionario que se remunera con mayor salario.

Las actoras acreditaron cumplir con los requisitos del cargo de Profesional
Investigador Grado II, que son el de ser profesional en áreas relacionadas con las
funciones del cargo, y portadora de matrícula profesional. Además contaban con
más de tres años de experiencia laboral al momento que se radicó la demanda en
el año 2019 pues certificado está que desde el año 2013 estaban desempeñándose
como contadoras forenses en el grupo de Contadoras del CTI de la F.G.N. Adicional
a lo anterior, el artículo 27 del decreto 17 de 2014, les otorga a las actoras tres años
de experiencia como equivalencia por sus grados de especialización en auditoría
forense.

Dado lo expuesto, apréciese que las sentencias de primera y segunda instancia de
marras, reconocen que las actoras fungen como perito contadoras al interior del
grupo de Contaduría Forense del CTI de Bogotá y que cuentan con los requisitos
académicos de nivel superior con especialización.

Pero por ningún lado en la resolución del caso concreto, ni el A QUO ni el AD QUEM
se refirieron a la igualdad de funciones profesionales que las actoras desarrollaron
respecto de sus colegas y testigos LESLY DENICE CASTRO ROZO, Y LILLIA
NELLY MORA SALAMANCA de cargo profesional, funciones que incluso son

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

idénticas para todos los demás servidores que fungen como peritos contadores en
el grupo de Contadoras del CTI de la F.G.N., dado que todos son profesionales en
Contaduría Pública.

Si el A QUO y el AD QUEM hubieran valorado este hecho comprobado, se habría
reconocido además, que las actoras al aportar sus conocimientos de nivel superior
con contadoras públicas por solicitud de la Entidad, ello refleja el ejercicio de
conocimientos de nivel profesional, y por ende de funciones de nivel profesional, lo
que demanda de tajo un tratamiento salarial y prestacional idéntico. Constituiría una
incoherencia aceptar que a un servidor se le exija aportar sus conocimientos
“profesionales” como contador público emitiendo peritazgos informes contables ante
estrados judiciales, pero bajo la fachada de que su cargo es técnico, entonces dichas
funciones reales profesionales, se transmutan en técnicas […]”.

[…]

“[…] Dado lo expuesto, la honorable Subsección C, de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando emitió la sentencia del 05 de
agosto de 2020, y la honorable Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado cuando expidió la sentencia del 08 de agosto de 2024, dentro del proceso
radicado 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021), habrían valorado
defectuosamente el material probatorio allegado al proceso judicial, desconociendo
además el precedente judicial de los órganos de cierre sobre la igualdad salarial
[…]”.

45. Para la Sala el asunto controvertido por las actoras ya fue objeto de estudio por
las autoridades judiciales accionadas, y la acción de tutela contra providencia
judicial no constituye una instancia adicional que permita reabrir el debate resuelto
por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales.

46. Además de lo anterior, para la Sala, las actoras plantean la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.

47. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]”.

48. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

49. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

50. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

51. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad enunciados por la actora,
no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de control de
nulidad y restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en
respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y
controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza
o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional,

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección
constitucional.

52. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

53. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la
actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, y a la igualdad esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

54. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
las actoras contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

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Actoras: Sandra Rosmira Urrea Peña y otro

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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