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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00835-01

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00835-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por Sandra Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez contra la Fiscalía General de la Nación. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Se reconoce personería a la abogada Edna Rocío Martínez Laguna con tarjeta profesional 163.782 del CS de la J para que represente los intereses de la Fiscalía General de la Nación. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones correspondientes en SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00835-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

8 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)
Demandantes: Sandra Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez
Demandado: Fiscalía General de la Nación

Temas: Nivelación salarial por cumplimiento de funciones de un cargo de
mayor jerarquía. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las
pretensiones.

ANTECEDENTES

Las señoras Sandra Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez instauraron
demanda contra la Fiscalía General de la Nación en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el fin de que se acceda a las siguientes:1

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los Oficios DAP-30110 del 2 de mayo de 2018
radicados 20183100034561 y 20183100034501 y de las Resoluciones 2-2745 del
27 de agosto de 2018 y 2-3259 del 12 de octubre de 2018, que negaron el reajuste
salarial y resolvieron unos recursos de apelación.

A título de restablecimiento del derecho, se reconozca que las demandantes han
ejercido funciones de índole profesional en el grupo de contadores del
Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal de la Dirección del

1 Folios 1 a 16.

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Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, como
contadoras forenses desde el 7 y 9 de enero de 2013.

Que existe una diferencia salarial y prestacional que debe ser indemnizada entre
las funciones meramente nominales que las demandantes ostentan en el cargo de
técnico investigador grado I y las de índole profesional que realmente ejercen como
contadoras forenses y que son propias del cargo de profesional investigador II.

Que se reclasifique los cargos que ocupan las demandantes al de profesional
investigador grado II en carrera administrativa, en razón de las reales funciones y
responsabilidades asignadas. De manera subsidiaria que se les encargue en uno
de nivel profesional.
HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Sandra Rosmira Urrea Peña es profesional en contaduría pública
desde el año 2009, especializada en finanzas y administración pública y en auditoría
forense, con cursos, diplomados y seminarios en contratación estatal y derecho
disciplinario, investigación criminal en lavado de activos, Sistema Penal Acusatorio
y detective. Fue incorporada en carrera a la Fiscalía General de la Nación el 1 de
enero de 2012 en el cargo de asistente de investigación de criminalística IV hasta
el 1 de enero de 2014 y a partir de allí en el cargo de técnico investigador I.

Que la señora Ana Paola Zárate Jiménez es profesional en contaduría pública
desde el año 2006, especializada en auditoría forense y en auditoría y control, con
cursos, diplomados y seminarios en auditoría forense, técnicas investigativas contra
el lavado de activos, normas internacionales de información financiera y contable
NIIF. Fue incorporada en carrera a la Fiscalía General de la Nación el 1 de enero
de 2012 en el cargo de asistente de investigación de criminalística V hasta el 1 de
enero de 2014 y a partir de allí en el cargo de técnico investigador I.

Que desde el mes de enero de 2013 fueron asignadas a laborar en el Grupo
Investigativo de Contadores Forenses de Apoyo a la Investigación Criminal, de la
División de Investigaciones del CTI de Bogotá, para que desarrollaran funciones del
nivel profesional como contadoras forenses.

Que las funciones consisten en realizar estudios patrimoniales de personas
naturales y jurídicas, análisis de información tributaria, estudios financieros,
económicos, de capacidad económica, de origen de recursos, flujo de caja,
trazabilidad de recursos, análisis de información contable y financiera, titularidad de
bienes inmuebles, pensionales, presupuestales y contractuales, entre otros, los
cuales se registraron en informes técnicos y dictámenes de carácter pericial, los
cuales consideran son propios del ejercicio de su profesión como contadoras.

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Que realizaron reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago
de la diferencia salarial y prestacional la cual fue negada a través de los actos
acusados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citaron como vulnerados los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 25, 83, 122, 209 y 228 de la
Constitución Política, 7 de la Ley 1496 de 2011,152 de la Ley 270 de 1996, los
Decretos 017 de 2014 y 020 de 2014.

Sostuvieron que a pesar de ostentar el cargo de técnico investigador I que les
demandaría solo el desarrollo de labores técnicas, no obstante, en acatamiento a
órdenes superiores deben ejercer funciones del nivel profesional y fungir como
contadoras públicas, pues están conminadas a aplicar sus conocimientos propios
en un nivel superior.

Que por disposición constitucional, legal, jurisprudencial y reglamentaria son los
profesionales en contaduría pública los primeros y únicos llamados a realizar los
informes periciales contables, análisis financieros entre otros estudios, que
demuestran sobremanera que las demandantes sí han cumplido funciones del nivel
profesional, realidad que no se compadece con las que ostentan con ocasión de su
cargo en el nivel técnico.

Que se presenta un desequilibrio entre el cargo que ostentan de técnico investigador
I y las funciones que realmente han ejecutado del nivel profesional que son propias
del investigador profesional grado II por lo que deben ser indemnizadas.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 28 de junio de 2019.2 La entidad se opuso a las
pretensiones3 y argumentó que dentro de los cargos asistenciales y técnicos de la
Policía Judicial, se encuentran las funciones que tienen que ver con todo el análisis
y elaboración de informes provenientes de elementos materiales probatorios y
evidencia física que dentro del proceso penal se recauden, sin que se haya
acreditado que correspondan a funciones propias de un profesional, razón suficiente
para no reconocer el reajuste salarial.

Que las nominaciones de perito no existen en el Manual de Funciones y requisitos
de los empleos que conforman la planta de personal de la entidad, estas
corresponden a responsabilidades específicas que son asignadas a determinados
servidores, las cuales están acorde con la naturaleza del cargo de las demandantes.

2
Folio 192.
3 Folios 208 a 221.

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3

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Que del material probatorio aportado se puede apreciar que la responsabilidad de
los contadores no está correlacionada con la denominación del cargo como
pretenden hacerlo ver las demandantes, pues no está establecido que deba ser
desempeñado por un profesional.

El 23 de enero de 2020 se llevó a cabo la audiencia inicial4 y la audiencia de pruebas
se celebró el 4 de febrero de 2020.5

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,6
negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no se aportó prueba al
expediente que indique que a partir del mes de enero de 2013 cuando las
demandantes fueron trasladadas al Grupo de Contadores Forenses de la División
de Investigaciones, dejaron de realizar las funciones de técnico investigador I para
desempeñar y acatar órdenes exclusivas del nivel profesional como contadoras
forenses, equivalentes al cargo de profesional investigador grado II. Por el contrario,
se han desempeñado en su cargo titular y llevado a cabo algunas labores
adicionales que les fueron asignadas por su formación y experiencia.

Que además de lo establecido en el manual específico de funciones y requisitos de
la entidad para el empleo del cual se es titular, es viable que a los empleados se les
asignen otras funciones, siempre que hagan referencia a las propias de su cargo,
de acuerdo con las necesidades del servicio y los fines y objetivos propios de cada
entidad, de lo contrario se desnaturalizaría la finalidad para el cual el empleo titular
se creó.

Que está probado que las demandantes continuaron ejerciendo las funciones del
cargo de técnico investigador grado I del que son titulares y les fueron asignadas
algunas otras por su formación y experiencia, lo que no desnaturaliza su vinculación
primigenia y mucho menos implica un reconocimiento salarial y prestacional
adicional.

Que de conformidad con la Guía para el Contador Forense y lo certificado en el
proceso, es claro que los miembros del Grupo de Contadores Forenses que ejercen
funciones de policía judicial y son titulados en contaduría pública, deben regirse por
lo allí dispuesto, cuando cumplen una labor pericial, pero esta no hace distinción en
que la labor deba ser desempeñada por un funcionario que ocupe el cargo de
profesional, por lo que las demandantes en sus cargos de técnico investigador grado
I se encuentran plenamente facultadas para adelantar esta labor porque cumplen
funciones de policía judicial y son contadoras públicas.

4 Folios 257 a 260.
5
Folios 279 a 281.
6 Folios 285 a 300.

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Que no se probó que los conocimientos básicos o esenciales adicionales para el
cargo de profesional investigador grado II y sus funciones sean cumplidos a
cabalidad por las demandantes.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante7 indicó que una cosa es que un empleo específico comporte
un número determinado de funciones, y otra que quien lo ejerce tenga o no que
cumplirlas en su totalidad, porque eso no depende del servidor público sino de la
naturaleza de las responsabilidades que le han designado sus superiores.

Que las funciones reales que desarrollan las demandantes al interior del grupo
especializado corresponden a 12 de las indicadas en el manual de funciones para
el cargo de profesional investigador II, pero el hecho de no cumplir con todas las allí
referidas, no significa que no lleven a cabo las restantes.

Que no se tuvo en cuenta que las demandantes laboran en un grupo especializado
de contadores forenses dedicados en su gran mayoría a emitir conceptos técnicos
propios de su profesión como contadoras, los cuales plasman en informes que les
demandan mucho tiempo de estudio y análisis, por lo que no se les exige que deban
cumplir con la totalidad de las funciones que están condensadas para dicho cargo.

Que el emitir informes técnicos y dictámenes no hace parte de las funciones de un
técnico investigador I y las demandantes al tener que hacerlo en cumplimiento de
órdenes de sus superiores, se cruza el umbral previsto en el artículo 5 del Decreto
Ley 017 de 2014, pues los conceptos en contaduría forense solo lo pueden emitir
profesionales en contaduría.

Que a las demandantes se les llamó a pertenecer al grupo de contaduría forense
para que emitieran informes técnicos y dictámenes de carácter pericial porque son
profesionales en contaduría pública, por lo que quedan inmersas en las condiciones
previstas en el artículo 5 del Decreto Ley 017 de 2014 y por ende dichas funciones
no las puede realizar alguien del nivel técnico, pues no está estipulado en el manual
de funciones.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de marzo de 2021 se admitió el recurso de apelación y el 4 de junio de 2021
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

7 Folios 303 a 309.

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La parte demandante8 y la Fiscalía General de la Nación9 allegaron escrito en el que
reiteraron los argumentos propuestos en la primera instancia y el Ministerio Público
guardó silencio.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala debe determinar si es ajustada la decisión de negar las pretensiones de la
demanda o si contrario a ello, está acreditado que las señoras Sandra Rosmira
Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez tienen derecho a que le sean reconocidas
las presuntas diferencias salariales y prestacionales entre el cargo de técnico
investigador grado I, respecto del empleo de profesional investigador II, en atención
a que emplean sus conocimientos como profesionales en contaduría pública en el
Grupo de Contadores Forenses de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación
de la Fiscalía General de la Nación.

Nivelación salarial cuando las funciones se equiparan a un cargo de mayor
jerarquía

En materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega por la
parte activa el desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de
una entidad, pero con menor salario al de su par, esta Subsección precisó las
condiciones para la procedencia de tal clase de pretensiones, al indicar: 10

Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple
resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe
acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma
preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El incumplimiento
de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al
no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera
en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
de pruebas que avalen sus alegatos.

Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional también ha precisado:11

8 Índice 12 de SAMAI
9 Índice 13 de SAMAI
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-

23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado
25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022).
11 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también

señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se
ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma
categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la
misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda
interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la
cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]».

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En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de
sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad
de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece
a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad
entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones
desiguales...”
[…]

7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i)
ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades
son iguales.

Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de las
controversias derivadas del trabajo no puede ser formal sino objetivo y material, tal
como lo ha reiterado la Corte Constitucional:12

Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye
una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla general la cual señala
que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y en esa medida en
constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y razonables,
mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia
se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. En consecuencia no toda
diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el
principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar razones
objetivas que autorizan el trato diferente.”

6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional,
propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse
ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y,
no obstante ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la
discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro
objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación.

Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación
y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias
públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii)
la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan
diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles
para el acceso a dichos empleos.» (Cursiva según la transcripción).

Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una presunta
igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le corresponden a un

12 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-

3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de
tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una regla
jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca
la igualdad para efectos de nivelación salarial.

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empleo con mejor remuneración, y en el cumplimiento exacto de requisitos o perfiles
para desempeñar la misma actividad, tales hechos tendrán que valorarse en
conjunto con todas las condiciones particulares de cada cargo en contraste desde
diferentes aristas objetivas, en orden de fijar un criterio de equiparación viable en lo
relativo a la nivelación salarial, en la medida en que un examen adecuado para
hallar un trato discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares exactos
y no entre similares con ciertas divergencias.13

Así, esta Subsección14 ha precisado que quien alega estar en una situación
desfavorable al considerar que las funciones y demás condiciones que cumple
resultan asimilables a otro empleo, debe probar procesalmente lo siguiente:

Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una diferencia en
su remuneración porque considera que las funciones y demás condiciones que
cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya asignación es mayor, debe
acreditar necesariamente que existe un criterio de igualdad entre los dos para poder
evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se
comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta situación desfavorable: a)
cumplía las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza
comparada, b) contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que
ocupa el cargo contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para
desempeñar el empleo cotejado.

Asignación de Funciones

En el artículo 97 del Decreto 021 del 9 de enero de 2014, por el cual se expide el
régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas se
regula la figura de la asignación de funciones de la siguiente manera:

ARTÍCULO 97. Asignación de funciones. Cuando la situación administrativa en la que
se encuentre el servidor público no genere vacancia temporal, pero implique
separación transitoria del ejercicio de sus funciones o de algunas de ellas, el jefe del
organismo podrá asignar el desempeño de éstas a otro empleado que desempeñe un
cargo de la misma naturaleza. El servidor a quien se le asignen las funciones no
tendrá derecho al pago de la diferencia salarial y no se entenderá desvinculado de las
funciones propias del cargo del cual es titular. (Subraya fuera de texto)

Sobre el tema de asignación de funciones, la Corte Constitucional en Sentencia T-
105 de 2002,15 indicó lo siguiente:

Se considera del caso precisar, que dicha función de amplio contenido no puede ser
ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco funcional
y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las funciones
propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien se asignan. No es
procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe inmediato sí puede

13 La mentada tesis jurídica ya fue advertida por esta misma Subsección en sentencia del 15 de julio de 2021,

proferida en el proceso con radicado: 73001-23-33-000-2016-00616-01 (0047-2018).
14 Ibidem.
15
Se precisa que si bien esta sentencia es anterior a la expedición de la norma que regula esta figura, se cita
para efectos de evidenciar algunas características de la asignación de funciones.

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asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en el respectivo
Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades del
servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de
las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha
sido nombrado.

No es procedente utilizar esta función para asignar “todas y cada una de las funciones
correspondientes a otro cargo” diferente al que se desempeña por el funcionario,
pues, esto equivale a asignar un “cargo por su denominación específica”, bajo el
ropaje de la asignación de funciones que como se dijo no es una figura jurídica
autónoma, como el encargo, el traslado, etc.; costumbre que a ultranza se viene
realizando en diferentes entidades del Estado, en forma impropia cuando para ello
existe en la normatividad la figura jurídica del “encargo”.

Resolución del caso concreto

Revisado el expediente se tiene que la parte demandante aportó, entre otros
documentos, los siguientes elementos probatorios:

Reclamaciones administrativas radicadas el 22 de marzo de 2018 donde se pide el
reconocimiento de la diferencia salarial y prestacional entre el cargo de técnico
investigador I y profesional investigador II respecto de las señoras Sandra Rosmira
Urrea Peña16 y Ana Paola Zárate Jiménez.17

Oficios DAP-30110 del 2 de mayo de 2018 radicados 20183100034561 y
20183100034501, actos administrativos acusados, a través de los cuales se negó
la diferencia salarial y prestacional18 en los cuales se lee:

Recurrir a la asignación de funciones, por fuera de aquellas que expresa y
taxativamente en el correspondiente manual se contemplan para un empleo, per se
no conlleva, a que, en favor del servidor inmerso en esa situación laboral, nazca un
derecho a partir del cual, pueda reclamar una mayor retribución salarial y prestacional;
en la estructura orgánica y funcional de la entidad y en las normas que regulan este
tópico, no está preceptuado que las tareas de peritaje deben ser realizadas exclusiva
y de manera excluyente por quienes estén nombrados en la planta de personal como
profesionales.

Resoluciones 2-2745 del 27 de agosto de 2018 y 2-3259 del 12 de octubre de 2018,
por medio de las cuales se resolvió un recurso de apelación, actos de los cuales se
busca su nulidad.19 Se argumentó, entre otros aspectos, el siguiente:

Quiere decir lo anterior [refiriéndose a los artículos 1, 2, 3 y 97 del Decreto 021 de
2014], que para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, se encuentra
regulada la figura de la asignación de funciones, permitiendo entonces a la
administración, sortear de forma temporal situaciones administrativas en las que se
puede encontrar un servidor público que presta sus servicios a este organismo, así

16 Folios 22 a 24.
17 Folios 36 a 38.
18
Folios 26 a 28 y 40 a 42.
19 Folios 32 a 34 y 46 a 48.

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como a sus entidades adscritas.

Es así que, como resultado de la asignación de funciones, no se tiene derecho al pago
de la diferencia salarial, toda vez que no se ha generado vacancia temporal del
empleo, sumado al hecho que el respectivo funcionario continuará además,
desempeñando las funciones propias del cargo del que es titular.

Constancia de servicios prestados del 4 de abril de 2018 donde se describen los
cargos desempeñados por las demandantes así:20

Sandra Rosmira Urrea Peña Ana Paola Zárate Jiménez
Cargo Dependencia Cargo Dependencia
Asistente invest. Crim. IV Div. Investigaciones Asistente invest. Crim. V Div. Investigaciones
Técnico investigador I Departamento de inve. Técnico investigador I Departamento de inve.
Técnico investigador I Dirección de Cuerpo Técnico investigador I Dirección de Cuerpo
Técnico de Investigación Técnico de Investigación
(CTI) (CTI)

Certificados de devengados y deducidos de las demandantes correspondientes a
los años 2013 a 2018.21

Liquidación de cesantías de las demandantes de los años 2013 a 2018.22

Contestación a derecho de petición radicado el 9 de mayo de 2018 por el ahora
apoderado de las demandantes donde la coordinadora del Grupo de Contadores
Forenses indicó que para el 15 de mayo de 2018 dicho grupo está conformado por
34 servidores, 33 con funciones de policía judicial así:23

CARGOS SERVIDORES GRUPO CONTADORES FORENSES CANTIDAD
SECRETARIO ADMINISTRATIVO II 1
TÉCNICO INVESTIGADOR I 3
TÉCNICO INVESTIGADOR II 9
TÉCNICO INVESTIGADOR IV 4
PROFESIONAL INVESTIGADOR I 4
PROFESIONAL INVESTIGADOR II 4
PROFESIONAL INVESTIGADOR III 2
PROFESIONAL DE GESTIÓN II 1
PROFESIONAL DE GESTIÓN III 3
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 1
INVESTIGADOR EXPERTO I 1
TOTAL SERVIDORES GRUPO CONTADORES FORENSES 34

Certificaciones emitidas por la coordinadora del Grupo de Contadores Forenses del
Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal de la Dirección

20 Folios 54 y 84.
21 Folios 55 a 57 y 85 a 87.
22
Folios 58 a 60 y 88 a 90.
23 Folios 61 a 63.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación del 22 de febrero de 2018 y del 8 de
marzo de 2018, respectivamente:24

Que la señora Sandra Rosmira Urrea Peña identificada con cédula de ciudadanía
número 35.264.245 expedida en Villavicencio Meta, mediante Oficio No. 731835 de
fecha 12/12/2012, suscrito por la doctora Maritza Escobar Baquero – Directora
Nacional del CTI, fui (sic) trasladada al grupo de Contadores Forenses de Nivel
Central e inicia a cumplir funciones desde el día 07/01/2013 hasta la fecha.

Su lugar de labores es la ciudad de Bogotá D.C. con un horario de trabajo
comprendido de lunes a viernes entre las 08:00 AM y las 18:00 PM.

Su profesión es Contadora Pública con tarjeta profesional Nro. 152253-T,
Especializada en Finanzas y Administración Pública (Universidad Militar Nueva
Granada) y en Auditoría Forense (Universidad Externado de Colombia)

Actualmente desempeña el cargo de Técnico Investigador I, cumple con las funciones
establecidas en el manual de funciones establecidas para el cargo y adicionalmente
por su profesión desempeña las siguientes funciones específicas:

• Apoyar a las diferentes Unidades Nacionales de la Fiscalía General de la Nación,
Juzgados Especializados y demás autoridades judiciales competentes e
investigaciones que se adelantan por los delitos de: Lavado de Activos,
Enriquecimiento Ilícito, Narcotráfico, Financiación de Terrorismo, Corrupción
Administrativa y Delitos Contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones e
investigaciones en las Acciones de Extinción del derecho de Dominio, entre otros,
realizando las siguientes actividades:

• Estudios patrimoniales de personas naturales y jurídicas
• Análisis de información tributaria
• Estudios financieros económicos
• Estudios de capacidad económica
• Estudio de origen de recursos
• Flujos de caja
• Trazabilidad de recursos
• Análisis de información contable y financiera
• Estudios de titularidad de bienes inmuebles
• Estudios pensionales
• Estudios presupuestales y contractuales

Los análisis y estudios mencionados se difunden en informes técnicos o dictámenes
de carácter pericial.

• Apoyar en la recolección y análisis de información documental o en medios
magnéticos, relacionados con las diferentes investigaciones donde se requiere la
experticia del contador forense.

• Apoyar las diligencias de allanamiento, registros e inspecciones técnico contables,
ordenadas por autoridad judicial competente en procedimientos tendientes a la
búsqueda de la información de carácter contable, financiero, económico, etc, que
contribuyen al esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

24 Folios 64 a 65 y 91 a 92

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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11

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

Que la señora Ana Paola Zárate Jiménez identificada con cédula de ciudadanía
número 52.371.535 expedida en Bogotá D.C., mediante Oficio No. 731835 de fecha
12/12/2012, suscrito por la doctora Maritza Escobar Baquero – Directora Nacional del
CTI, fui (sic) trasladada al grupo de Contadores Forenses de Nivel Central e inicia a
cumplir funciones desde el día 09/01/2013 hasta la fecha.

Su lugar de labores es la ciudad de Bogotá D.C. con un horario de trabajo
comprendido de lunes a viernes entre las 08:00 AM y las 18:00 PM.

Su profesión es Contadora Pública Titulada con tarjeta profesional Nro. 120838-T,
Especializada en Auditoría y Control (Universidad Central) y en Auditoría Forense
(Universidad Externado de Colombia).

Actualmente desempeña el cargo de Técnico Investigador I, cumple con las funciones
establecidas en el manual de funciones establecidas para el cargo y adicionalmente
por su profesión desempeña las siguientes funciones específicas:

• Apoyar a las diferentes Unidades Nacionales de la Fiscalía General de la Nación,
Juzgados Especializados y demás autoridades judiciales competentes e
investigaciones que se adelantan por los delitos de: Lavado de Activos,
Enriquecimiento Ilícito, Narcotráfico, Financiación de Terrorismo, Corrupción
Administrativa y Delitos Contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones e
investigaciones en las Acciones de Extinción del derecho de Dominio, entre otros,
realizando las siguientes actividades:

• Estudios patrimoniales de personas naturales y jurídicas
• Análisis de información tributaria
• Estudios financieros económicos
• Estudios de capacidad económica
• Estudio de origen de recursos
• Flujos de caja
• Trazabilidad de recursos
• Análisis de información contable y financiera
• Estudios de titularidad de bienes inmuebles
• Estudios pensionales
• Estudios presupuestales y contractuales

Los análisis y estudios mencionados se difunden en informes técnicos o dictámenes
de carácter pericial.

• Apoyar en la recolección y análisis de información documental o en medios
magnéticos, relacionados con las diferentes investigaciones donde se requiere la
experticia del contador forense.

• Apoyar las diligencias de allanamiento, registros e inspecciones técnico contables,
ordenadas por autoridad judicial competente en procedimientos tendientes a la
búsqueda de la información de carácter contable, financiero, económico, etc, que
contribuyen al esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

Certificados académicos de las demandantes entre los cuales obran diplomas
expedidos por la Fundación Universitaria Los Libertadores y la Universidad Santo
Tomás, por los cuales se otorgó el título de contador público.25

25 Folios 68 a 71 y 97 a 101.

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12

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

Calificaciones de desempeño laboral de los años 2012 a 2016.26

Oficio del 13 de diciembre de 2012 a través del cual la directora del Cuerpo Técnico
de Investigación (E) asignó a las demandantes en el Grupo Investigativo de
Contadores de Apoyo a la Investigación Criminal.27

Guías para el contador forense códigos FGN-MP02-G-16 y FGN-26.1-DINVGICFS-
G-01.28

Extracto del manual específico de funciones y requisitos de los empleos que
conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación donde se
identifican los cargos de técnico investigador I y profesional investigador II.29

Igualmente, dentro del proceso judicial se recaudaron los testimonios30 de las
señoras Leysle Denice Castro y Lilia Nelly Mora Salamanca profesionales
investigadoras I de la Fiscalía General de la Nación quienes relataron circunstancias
referentes a la prestación de los servicios de las demandantes, en especial sobre
las funciones de policía judicial que ejercen en el Grupo de Contadores Forenses.

Según se advierte del escrito de demanda, la teoría del caso consiste en que como
las señoras Sandra Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez emplean sus
conocimientos como profesionales en contaduría pública en el Grupo de Contadores
Forenses de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General
de la Nación, deben ser niveladas de su actual cargo como técnico investigador I al
de profesional investigador II.

Conforme lo previsto en el Manual Específico de Funciones y Requisitos de los
empleos que conforman la Planta de Personal de la Fiscalía General de la Nación
FGN-12.2.1-M01 Versión 03, existen los cargos de técnico investigador grado I, y
profesional investigador grado II, los cuales tienen las siguientes funciones y
requisitos: 31

TÉCNICO INVESTIGADOR GRADO I PROFESIONAL INVESTIGADOR GRADO II

Nivel Jerárquico: Técnico Nivel Jerárquico: Profesional

Requisitos de estudio: Aprobación de un (1) año de Requisitos de estudio: Título Profesional en áreas
educación superior en áreas relacionadas con las relacionadas con las funciones del cargo. Matrícula o
funciones del cargo. tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.

26 Folios 72 a 80 y 102 a 104.
27 Folios 108 y 109.
28 Folios 111 a 116 y 120 a 130.
29 Folios 133 a 135.
30
Folios 279 a 281.
31 Folios 133 a 135.

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13

Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

Requisitos de experiencia: un (1) año de Requisitos de experiencia: Tres (3) años de
experiencia laboral. experiencia profesional.

Propósito Principal: Propósito Principal:
Apoyar las labores técnico-científicas de recolección, Orientar y ejecutar las actuaciones operativas y
análisis e interpretación de los elementos materiales técnicas en la investigación criminal así como las
probatorios, evidencia física o información pertinente actividades establecidas dentro del ámbito de la
para el adecuado desarrollo de las investigaciones y investigación penal, para la búsqueda de indiciados
las actuaciones operativas en la investigación y evidencias que permitan el esclarecimiento de
criminal, de acuerdo con las políticas, los hechos delictivos, de acuerdo a los programas
procedimientos y protocolos establecidos en la metodológicos, las políticas establecidas y la
entidad y la normativa vigente. normativa vigente.

Funciones esenciales:
Además de ejercer las funciones de Policía Judicial Funciones esenciales:
establecidas en la Ley, el Técnico Investigador I Además de ejercer las funciones de policía judicial
deberá: establecidas en la ley, el Investigador Profesional II
deberá:
1. Apoyar al investigador en la elaboración del
programa metodológico de la investigación, de 1. Elaborar con el fiscal respectivo el programa
acuerdo con los procedimientos establecidos y la metodológico de la investigación a la que ha sido
normativa vigente. designado, conforme a los procedimientos,
2. Recolectar, verificar, proteger y enviar los protocolos establecidos y la normativa vigente.
elementos materiales probatorios y evidencia física, 2. Preparar con el fiscal del caso los elementos
de acuerdo a los procedimientos de cadena de materiales probatorios y evidencia física para ser
custodia y normativa vigente. presentada en juicio, de acuerdo a los protocolos
3. Colaborar con la revisión y análisis de los establecidos y los estándares de calidad.
elementos materiales probatorios y evidencia 3. Planear y ejecutar las estrategias científicas de
física dentro de la investigación criminal, y análisis e interpretación de los elementos materiales
apoyar su análisis, conforme los procedimientos probatorios y las actuaciones operativas y técnicas
establecidos y la normativa vigente. en la investigación criminal, de acuerdo a los
4. Ejecutar las actividades de investigación que procedimientos y protocolos establecidos y la
ordena el Fiscal con cumplimiento a los tiempos y normativa vigente.
parámetros establecidos y la normativa vigente. 4. Ejecutar las órdenes de policía judicial que le sean
5. Elaborar y rendir los informes de policía impartidas dentro de la investigación, en
judicial que le sean requeridos, siguiendo los cumplimiento de los plazos y procedimientos
procedimientos y estándares de calidad y la establecidos y la normativa vigente.
normativa vigente. 5. Apoyar el análisis de la información delictiva para
6. Apoyar la elaboración de contextos y la desarrollar perfiles delincuenciales, alimentar bases
priorización de situaciones y casos en las de datos y elaborar mapas de criminalidad de
investigaciones que le sean asignadas, según su acuerdo a los procedimientos y protocolos
conocimiento técnico y los procedimientos establecidos y la normativa vigente.
7. Acudir oportunamente como testigo en los 6. Apoyar la elaboración de contextos y la
procesos en que sea solicitada su declaración, de priorización de situaciones y casos en las
acuerdo con los procedimientos y protocolos investigaciones que le sean asignadas, de acuerdo
establecidos y la normativa vigente. los procedimientos establecidos.
8. Adoptar mecanismos de coordinación y trabajo 7. Elaborar y rendir los informes de policía judicial
conjunto, especialmente con el fiscal que le sean requeridos, siguiendo los procedimientos
coordinador de la investigación, en el ejercicio de y estándares de calidad y la normativa vigente.
sus funciones. 8. Acudir oportunamente como testigo en los
9. Registrar oportunamente en los sistemas de procesos en que sea solicitada su declaración, de
información las actuaciones de policía judicial acuerdo con los procedimientos y protocolos
que le sean asignadas, de acuerdo con los establecidos y la normativa vigente.
procedimientos establecidos y estándares de 9. Coordinar las actuaciones de policía judicial que
calidad requeridos. requieren autorización previa del juez de control de
10. Atender y orientar a los usuarios y suministrar la garantías, según los lineamientos de la Dirección
información y documentos que sean solicitados, de Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación y de la
acuerdo con el procedimiento establecido y la Subdirección de Política Criminal y Articulación.

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

normativa vigente. 10. Registrar oportunamente en los sistemas de
información las actuaciones de policía judicial que le
11. Recibir denuncias, querellas e informes sean asignadas, de acuerdo con los procedimientos
provenientes de fuentes formales o no formales. establecidos y estándares de calidad requeridos.
12. Llevar el registro actualizado de las actuaciones 11. Liderar grupos técnicos científicos y operativos si
procesales y administrativas que se lleve a cabo en a ello hubiere lugar, de acuerdo a los procedimientos,
las actividades que adelanta la dependencia. protocolos establecidos y normas vigentes.
13. Ejecutar las acciones requeridas para 12. Emitir y revisar conceptos técnicos según su
conservar y mantener el archivo documental que competencia de acuerdo con los términos
soporte las actuaciones de la dependencia, establecidos y los lineamientos institucionales.
conforme a la normativa vigente. 13. Realizar y presentar informes técnicos y
14. Aplicar las directrices y lineamientos de la estadísticos requeridos a la dependencia donde se
Arquitectura Institucional y del Sistema de encuentra asignado, conforme las políticas y
Gestión Integral de la Fiscalía General de la procedimientos institucionales.
Nación. 14. Adoptar mecanismos de coordinación y trabajo
15. Llevar a cabo la evaluación del desempeño conjunto, especialmente con el fiscal coordinador de
laboral de los servidores y cumplir con las la investigación, en el ejercicio de sus funciones.
obligaciones del evaluador, de acuerdo con el 15. Proponer y desarrollar actividades para brindar
Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral atención y protección inmediata a las víctimas,
vigente, en los casos que le sea asignada esta testigos y personas hasta que el programa de
función por el jefe inmediato. protección impulse las medidas pertinentes, de
16. Desempeñar las demás funciones asignadas acuerdo con el procedimiento establecido y la
por el jefe inmediato y aquellas inherentes a las normativa vigente.
que desarrolla la dependencia y a la formación 16. Llevar a cabo la evaluación del desempeño
del titular del cargo. laboral de los servidores y cumplir con las
obligaciones del evaluador, de acuerdo con el
Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral
vigente, en los casos que le sea asignada esta
función por el jefe inmediato.
17. Ejecutar las acciones requeridas para conservar
y mantener el archivo documental que soporte las
actuaciones de la dependencia, conforme a la
normativa vigente.
18. Aplicar las directrices y lineamientos de la
Arquitectura Institucional y del Sistema de Gestión
Integral de la Fiscalía General de la Nación.
19. Desempeñar las demás funciones asignadas por
el jefe inmediato y aquellas inherentes a las que
desarrolla la dependencia y a la profesión del titular
del cargo.

Conocimientos: Conocimientos:
Especiales: Especiales:
1. Constitución Política de Colombia 1. Constitución Política de Colombia
2. Código Penal 2. Derecho Constitucional. Jurisprudencia
3. Código de Procedimiento Penal constitucional aplicable a la investigación penal
4. Análisis criminal 3. Código Penal
5. Derechos Humanos 4. Código de Procedimiento Penal
6. Policía Judicial 5. Dogmática penal y jurisprudencia aplicable a la
7. Metodologías y técnicas de investigación investigación penal
8. Cadena de custodia 6. Política Criminal
7. Análisis criminal
8. Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
9. Policía Judicial
10. Metodologías y técnicas de investigación
11. Cadena de custodia

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

Del estudio de los medios de prueba aportados es posible inferir que las señoras
Sandra Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez no acreditaron de manera
suficiente los supuestos de hecho con los cuales soportan la tesis jurídica de sus
pretensiones. Lo anterior por cuanto las exigencias para ocupar los cargos de
técnico investigador, grado I y de profesional investigador II, respectivamente,
varían en atención a que se encuentran en diferentes niveles jerárquicos, uno
pertenece al nivel técnico y el otro, al profesional, siendo que es el mismo manual
específico de funciones y requisitos de la planta de personal de la Fiscalía General
de la Nación el que trae una distinción particular dentro de estos perfiles.32

Claramente, si lo que pretenden las demandantes es que se les conceda una mayor
remuneración al empleo que ocupan, les correspondía acreditar que efectuado el
ejercicio comparativo tanto de sus perfiles profesionales, funciones desempeñadas
según cargo y aquellas ajenas que pertenecían a un nivel superior, como también
de las responsabilidades de cada uno, se desprende que efectivamente hay lugar a
la nivelación salarial.

Bajo este entendido la sola afirmación de que para desempeñar las labores como
técnico investigador grado I debe hacer uso de sus conocimientos como
profesionales en contaduría al haber sido asignadas al Grupo de Contadores
Forenses, no es suficiente para considerar que tienen derecho a recibir la
remuneración que es propia al cargo de profesional investigador grado II.

De hecho, del análisis de las funciones se desprende que el profesional no solo
tiene mayor numero, sino que además desempeña labores de mayor complejidad,
pues a dicha conclusión se llega de la lectura de los verbos rectores que se
establecen para dicho cargo en el manual, verbigracia: preparar, planear, elaborar,
liderar grupos técnicos científicos y operativos, coordinar las actuaciones de policía
judicial, proponer y desarrollar actividades.

A diferencia del cargo desempeñado por las demandantes, que ejecuta menores
funciones y por su esencia son labores encaminadas a la investigación. Los verbos
rectores son: recolectar, verificar, proteger y enviar los elementos materiales
probatorios y evidencia física. Aplicar, desarrollar y ejecutar las actividades de
investigación que ordena el fiscal.

Adicionalmente, para que pueda accederse a las pretensiones deben estar
probados en el plenario los elementos que jurisprudencialmente se han trazado para
estudiar la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el desempeño
de una posición jerárquica superior, los cuales son si a) cumplía las mismas
funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) acredita los requisitos
que exige el empleo, además, en este tipo de casos deben comprobarse otros

32
En un asunto con contornos fácticos similares se consideró igual posición por parte de esta Subsección en
sentencia del 13 de julio de 2023, radicado 76001-23-33-000-2018-01305-01 (4235-2022).

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

elementos de juicio objetivos como los siguientes: i) ejecutan la misma labor, ii)
tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el
horario y, (v) que las responsabilidades son iguales.33

Ahora, no se puede desconocer que por necesidades del servicio el jefe de la
dependencia a la que pertenecen las demandantes podía asignarles labores
adicionales a las enlistadas en el manual de funciones, teniendo en cuenta su
formación académica, sin que por ello se pueda afirmar que se le asignaron
funciones exclusivas del nivel jerárquico profesional de la entidad, pues el empleo
de profesional investigador II no tiene estipuladas, directa o exclusivamente, las
funciones de perito.34

La conclusión a la que se puede arribar en atención a los elementos probatorios que
reposan en el expediente es que las funciones asignadas por pertenecer al Grupo
de Contadores Forenses no están enmarcadas como aquellas que deban
desempeñar necesariamente un profesional investigador II.

El anterior argumento permite, además, despachar de manera desfavorable el
planteamiento hecho en el recurso relacionado con que las demandantes están
inmersas en las condiciones previstas en el artículo 5 del Decreto Ley 017 de 2014,
por lo que deben pertenecer al nivel profesional de la Fiscalía General de la Nación,
pues la sola circunstancia de llevar a cabo las funciones asignadas en el Grupo de
Contadores Forenses no desnaturaliza el cargo que ocupan, esto es, el de técnico
investigador grado I.

Por otro lado, se encuentra que, si bien las entidades públicas teniendo en cuenta
las necesidades del servicio pueden ordenar a los empleados que realicen
funciones que puedan no corresponder a las que normalmente desarrollan, estas
deben estar acordes con su perfil y las calidades que se requieren para cumplirlas,
como ocurrió en este caso, en donde se destaca, además, que dentro de las
funciones que tiene el cargo de técnico investigador grado II está la de desempeñar
las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y aquellas inherentes a las que
desarrolla la dependencia y a la formación del titular del cargo.

Repárese en este punto que la función de llevar a cabo informes de policía judicial
es propia del cargo para el cual fueron nombradas las demandantes, técnico
investigador grado I, y se reitera, la circunstancia de aportar a dichas funciones sus
conocimientos como profesionales en contaduría, no conllevan necesariamente a
que se trate del mismo perfil, requisitos, preparación, categoría y responsabilidades
del cargo de profesional investigador grado II como se pretende hacer ver en la

33 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-

3.561.818.
34
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de julio de 2023 radicado 76001-
23-33-000-2018-01305-01 (4235-2022).

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

demanda.

Resulta igualmente oportuno considerar que bajo la figura jurídica de la asignación
de funciones que se evidenció en el caso concreto, no se puede arribar a una
conclusión diferente a la de negar las pretensiones, por cuanto las labores que
desarrollan las señoras Sandra Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez
en el Grupo de Contadores Forenses fueron asignadas y, según esta figura
contemplada en el artículo 97 del Decreto 021 del 9 de enero de 2014, a quien se
le asignen las funciones no tendrá derecho al pago de la diferencia salarial y no se
entenderá desvinculado de las funciones propias del cargo del cual es titular.

Conforme a lo expuesto y debido a la falta de evidencia que respalde la tesis de la
parte activa sobre la supuesta discriminación salarial a la que se vieron sometidas,
para la Subsección resulta evidente que se configura un incumplimiento frente a la
carga probatoria en lo que respecta a la demostración de los supuestos de hecho y
jurídicos que alega para el reclamo de su derecho, mandato que se encuentra
contenido en el artículo 167 del CGP.

Por las razones anotadas, esta Subsección comparte la postura del tribunal en el
sentido de considerar que las demandantes no acreditaron que las funciones
desempeñadas correspondan a las de un cargo superior, por lo que no hay lugar a
acceder a las pretensiones. En atención a lo anterior deberá confirmarse la
sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, ha adoptado una la postura en virtud de la cual, se
deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al
inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa del recurso de apelación, que no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, se

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00835-01 (0545-2021)

expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de los intereses de la parte.
En consecuencia, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil veinte
(2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda instaurada por Sandra
Rosmira Urrea Peña y Ana Paola Zárate Jiménez contra la Fiscalía General de la
Nación.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Se reconoce personería a la abogada Edna Rocío Martínez Laguna con
tarjeta profesional 163.782 del CS de la J para que represente los intereses de la
Fiscalía General de la Nación.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen y
realizar las anotaciones correspondientes en SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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