Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00238-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00238-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00238-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00238-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA
JUANA S.A. ESP.
TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DENEGÓ LA ACCIÓN DE
TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, EL CUAL ES MÁS RIGUROSO EN CUANTO A LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS
DENTRO DE UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN. LO
PRETENDIDO POR LA ACTORA ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO
CONVIRTIENDO LA TUTELA EN UNA INSTANCIA ADICIONAL. ASUNTO
MERAMENTE LEGAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 7 de noviembre de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 denegó el amparo solicitado.
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En adelante SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”-.
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ACTORA: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La sociedad CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS
DOÑA JUANA S.A. ESP2, actuando a través de apoderado especial
y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al principio de confianza legítima, los cuales,
a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO3, al haber proferido
la sentencia de 1o. de agosto de 2024 dentro del recurso
extraordinario de anulación identificado con el número único de
radicación 11001-03-26-000-2023-00113-00.
I.2.- Hechos
Afirmó que el 24 de septiembre de 2010 suscribió el contrato de
concesión núm. 344 con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP4), cuyo objeto consistió en la
2
En adelante CGR Doña Juana.
3
En adelante la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-.
4 En adelante UAESP.
3
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ACTORA: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP.
administración, operación y mantenimiento integral del relleno
sanitario Doña Juana situado en el distrito capital de Bogotá.
Indicó que el 19 de noviembre de 2019, presentó ante el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
demanda de controversias contractuales contra la UAESP, con la
finalidad de que se declarara que la tarifa del contrato de concesión
núm. 344 de 2010, en los componentes de disposición de residuos
sólidos y tratamiento de lixiviados, resultó insuficiente durante los
períodos comprendidos entre la firma del contrato y la expedición de
las resoluciones núms. 720 de 2015 y 843 de 2018, expedidas por la
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (CRA5).
Relató que, posteriormente, la UAESP instauró demanda de
reconvención en su contra, mediante la cual pretendía, entre otras,
que se interpretara judicialmente el contrato y se declarara el
incumplimiento de su parte, con miras a obtener la indemnización de
los perjuicios ocasionados, así como la terminación y liquidación del
contrato de concesión.
5 En adelante CRA.
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ACTORA: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP.
Adujo que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ6 mediante laudo de 11 de abril de 2023,
accedió parcialmente a las súplicas elevadas por la parte convocante
y la convocada, al considerar que la tarifa del contrato para el
componente de disposición de residuos sólidos y actividades de
tratamiento de lixiviados que rigió desde la modificación tarifaria con
base en los costos de referencia de la Resolución CRA núm. 720 de
2015 y hasta la implementación de la modificación tarifaria con apoyo
en los costos de referencia de la Resolución CRA núm. 843 del 2018,
resultó no ser suficiente para permitir al contratista la recuperación
de los costos y gastos y remunerar a los accionistas. También, al
encontrar que la UAESP incumplió la ley y el contrato al establecer
esta tarifa insuficiente.
De otra parte, el TRIBUNAL ARBITRAL encontró acreditado el
incumplimiento de la sociedad respecto de varias obligaciones, sin
embargo, consideró que los perjuicios reclamados eran puramente
eventuales e hipotéticos por lo cual no era posible impartir condena
en concreto, salvo en lo relativo a la obligación del mantenimiento
6
En adelante TRIBUNAL ARBITRAL.
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ACTORA: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP.
de los “pondajes” dejados de realizar durante los años 2019 y 2020,
razón por la que resultaba procedente hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria del contrato, de forma proporcional, en contra de la
sociedad.
Sostuvo que inconformes con lo anterior, tanto ella como la UAESP
interpusieron recurso extraordinario de anulación, al cual le fue
asignado el número único de radicación 2023-00113-00 y le
correspondió por reparto a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN
“B”- que, mediante providencia de 1o. de agosto de 2024, por un
lado, declaró infundado su recurso y la condenó en costas a favor de
la UAESP y, por el otro, declaró parcialmente fundado el recurso
presentado por esta última y, en consecuencia, declaró nulos los
ordinales sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo,
duodécimo, decimotercero y decimocuarto del laudo arbitral de 11
de abril de 2023.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN
“B”- al proferir la sentencia cuestionada vulneró sus derechos
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ACTORA: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP.
fundamentales e incurrió en los siguientes defectos que se sintetizan
a continuación:
• Defecto orgánico, al haber actuado por fuera de los estrictos
márgenes de competencia que la ley confiere al juez que
conoce un recurso de anulación contra un laudo arbitral;
• Defecto sustantivo, al efectuar una interpretación
abiertamente irracional de la causal 7 del artículo 41 de la Ley
1563 de 12 de julio de 20127, que establece la falta de
jurisdicción que no fue invocada, pues lo alegado por la UAESP
fue carencia de competencia; y frente a la Resolución CRA 720
de 2015 y del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 11
de julio de 19948;
• Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado acerca de las materias que pueden ser
susceptibles de arbitraje y de los límites que tiene el juez de
anulación;
7 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones.
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Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.
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• Defecto procedimental absoluto, al desviar el
procedimiento fijado por la Ley 1563 de 2012 para el trámite
del recurso de anulación, introduciendo argumentos no
planteados por la UAESP y calificando, modificando y
contradiciendo los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el TRIBUNAL
ARBITRAL para fundamentar la anulación del laudo; y
• Violación directa de la Constitución, al desconocer el
artículo 116 de la Constitución Política que establece las
materias que pueden ser susceptibles de arbitraje y el principio
superior de confianza legítima según el cual los jueces deben
respetar el precedente jurisprudencial.
I.4.- Pretensiones
Por lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
“[…] TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima
y a la igualdad del CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE
RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP y en consecuencia DEJAR
SIN EFECTO la sentencia proferida el 1 de agosto de 2024, en
marco del proceso identificado con Expediente No. 11001-03-
26-000-2023-00113-00 (70.145), que resolvió los recursos de
anulación formulado contra el laudo arbitral del 11 de abril de
2023 proferido por el Tribunal Arbitral CENTRO DE
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GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P contra
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
– UAESP.
En consecuencia, DECLARAR infundado el recurso
extraordinario de anulación interpuesto por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP
contra el Laudo Arbitral proferido el 11 de abril de 2023.
De forma subsidiaria ORDENAR a la Sección Tercera –
Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, como responsable de la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, que dicte un nuevo fallo en
armonía con la protección otorgada por el juez constitucional y
acorde con los lineamientos que se solicita fijar al juez de tutela.
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con los
requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad,
toda vez que lo pretendido es utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional para reabrir un debate jurídico ya zanjado por el
juez de conocimiento y, además, a su juicio, la actora cuenta con
otro mecanismo idóneo, pertinente y eficaz para controvertir la
providencia censurada, esto es, el recurso extraordinario de revisión
previsto en el artículo 45 de la Ley 1563 de 2012.
Aunado a lo anterior, indicó que de encontrarse superados los
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requisitos de procedibilidad, se debe denegar el amparo deprecado,
en tanto que la sentencia cuestionada se encuentra debida y
puntualmente soportada en los elementos fácticos y jurídicos
aplicables al caso sobre la base de una ponderada valoración
probatoria, normativa y jurisprudencial en el ámbito de la autonomía
funcional de la sala de decisión que la profirió, para cuya constatación
basta una lectura desprevenida de la providencia objeto de estudio.
I.5.2.- El CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ solicitó ser desvinculado por
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, al margen
de la orden impartida de informar al Tribunal de Arbitramento,
considera que no hay sustento fáctico o jurídico que justifique su
intervención en la presente acción constitucional, pues las
actuaciones cuestionadas por la actora recaen sobre la decisión
proferida por la autoridad judicial accionada.
I.5.3.- La UAESP solicitó declarar improcedente la acción de tutela
de la referencia por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional, debido a que la solicitud de amparo no tiene como
finalidad la protección real de derechos fundamentales, sino la
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constitución de un mecanismo instrumental para reabrir una
controversia definida en sede arbitral y en el recurso de anulación
cuestionado.
Asimismo, sostuvo que tampoco se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, habida cuenta que se agotaron todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial previstos para la
resolución de conflictos con ocasión a la ejecución del contrato sin
que se vulneraran supuestos derechos a la sociedad accionante o se
consumara un perjuicio ius fundamental irremediable.
I.5.4. La CRA solicitó ser desvinculada del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo
el argumento de que no está facultada para ordenar a la autoridad
judicial accionada dar solución a las pretensiones de la actora, pues
se trata de la ejecución de actividades que competen a la
administración de justicia y, adicionalmente, aseguró que no ha
vulnerado, ni amenazado los derechos fundamentales invocados.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”-, mediante sentencia
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de 7 de noviembre de 2025, denegó el amparo solicitado.
Para el efecto, advirtió que el juez de anulación no desbordó sus
competencias, pues en aras de resolver el cargo invocado por la
UAESP relativo a la falta de competencia, determinó que el asunto
no era transigible, por lo que declaró que el TRIBUNAL ARBITRAL
no era competente para pronunciarse sobre ciertas pretensiones y,
en relación con este análisis, examinó cuál era la naturaleza de las
tarifas estipuladas en el contrato de concesión.
Resaltó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la autoridad
judicial accionada no incurrió en defecto procedimental absoluto por
actuar al margen del procedimiento establecido en el artículo 42 de
la Ley 1563 de 2012, debido a que al realizar el análisis sobre la
tipología tarifaria, no modificó las valoraciones probatorias
estudiadas por el TRIBUNAL ARBITRAL, sino que, por el contrario,
abordó el debate sobre competencia con fundamento en la naturaleza
de las tarifas sin entrar a discutir el fondo de la controversia.
Afirmó que si bien la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-
decidió anular parcialmente el laudo arbitral frente a las decisiones
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tomadas respecto de la suficiencia financiera de las tarifas reguladas,
ello no obedeció a una actuación caprichosa o arbitraria, porque
precisamente fue un aspecto cuestionado por la UAESP en el recurso
interpuesto, por lo que era legalmente válido que el juez de anulación
analizara si el TRIBUNAL ARBITRAL tenía competencia o no para
pronunciarse sobre dicho asunto.
Precisó que si la sociedad actora consideraba que la UAESP estaba
alegando una causal de anulación que no correspondía con lo
argumentado a lo largo del recurso, al punto tal de que ello derivara
en que este debía declararse infundado, debió advertirlo en la
oportunidad procesal pertinente y no lo hizo.
Adujo que no se advertía que el juez de anulación hubiera
desbordado sus competencias por “aplicar o inaplicar normas y
principios que no eran aplicables” como lo sostuvo la actora en el
escrito de tutela, pues, en aras de resolver el cargo interpuesto por
la UAESP aplicó e inaplicó ciertas normas al caso concreto, según el
escenario de que se tratara, esto es, de tarifa regulada o contractual,
por lo que, a su juicio, tales normas no deben confundirse ni
mezclarse entre escenarios como erróneamente se hace en la
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solicitud de tutela para revivir la controversia de fondo.
Frente a la sentencia SU-174 de 2007, invocada como desconocida
por la actora, señaló que la misma no constituye un precedente
aplicable teniendo en cuenta que en esa oportunidad la Corte
Constitucional se refirió a una hipótesis diferente consistente en el
conocimiento de actos administrativos expedidos en ejercicio de las
facultades excepcionales de que trata la Ley 80 de 28 de octubre
1993, asunto distinto al estudiado en la sentencia de anulación la
cual se centró en confirmar lo decidido sobre la improcedencia de
conocer en sede arbitral acerca de actos administrativos emitidos en
ejercicio de funciones regulatorias, postura que fue ampliamente
sustentada y que cuenta con precedentes en el ordenamiento
colombiano.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó
que se revoque, por considerar que el fallo impugnado afectó
gravemente su derecho al acceso efectivo a la justicia arbitral en los
términos de la Constitución Política y las leyes 80 de 1993 y 1563 de
2012, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
tutela y expuso lo siguiente:
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Señaló que la sentencia de primera instancia al desplazar el eje de la
discusión hacia “el alcance de la jurisdicción de los árbitros para
pronunciarse sobre asuntos tarifarios regulados”, alteró el marco real
de la controversia sometida al TRIBUNAL ARBITRAL y sobre la cual
este decidió.
Manifestó que el a quo no cumplió con su deber de examinar si la
sentencia de anulación desbordó el ámbito de los cargos formulados,
actuando sin competencia funcional, pese a que ese era
precisamente el núcleo del reproche planteado en el numeral 6.1 del
escrito inicial y, en su sentir, afirmó erradamente que la tutela “no
puede surgir de una actuación omisiva o negligente de la parte
accionante”, por considerar que algunos argumentos no habían sido
alegados con anterioridad.
Precisó que, pese a que en la sentencia impugnada se proclamó una
doctrina correcta sobre el carácter restrictivo del recurso de
anulación, al resolver el caso concreto se desconoció por completo,
habilitando que el juez de anulación actuara como verdadera
instancia revisora del mérito del laudo.
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Puso de presente que el a quo desconoció que la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- se comportó como una instancia que
reexaminó el fondo de la decisión y no como un juez de anulación
limitado a vicios in procedendo, con lo cual avaló una intromisión
inadecuada en el mérito del laudo.
Sostuvo que la sentencia impugnada asumió, sin sustento real, que
hubo una aplicación retroactiva de la Resolución CRA 843 de 2018
“en la práctica” y, para sostenerlo, hizo precisamente lo que se le
reprocha al juez de anulación, esto es, reanudar la valoración de
pruebas de fondo, circunstancia que agravó el defecto que se
pretendía juzgar y demuestra que la acción de tutela terminó
replicando el mismo vicio que debía corregir.
Concluyó que la sentencia de primera instancia alteró el objeto real
de la controversia arbitral; omitió analizar cargos fundamentales
como la utilización de causales no invocadas por la UAESP; validó
una revisión de fondo del laudo en torno a la naturaleza de la
remuneración y equilibrio económico; revaloró indebidamente la
prueba pericial; y, desconoció en la práctica el principio dispositivo y
los límites estrictos del recurso de anulación.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestiones previas
Cabe resaltar que mediante auto de 21 de mayo de 20269, se declaró
fundado el impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN
EDUARDO OSORIO CIFUENTES e infundado el presentado por el
doctor PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA.
Ahora, la Sala advierte que el CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y la
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Obrante en el índice 31 del expediente digital que se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.
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CRA solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que las actuaciones del CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y la
CRA tienen incidencia directa en el asunto estudiado dentro del
recurso extraordinario de anulación identificado con el número de
radicación 2023-00113-00, objeto de la presente controversia, les
asiste interés directo en las resultas de la presente acción, razón por
la que la Sala denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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ACTORA: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP.
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
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que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
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jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).
De la procedencia de la acción de tutela contra laudos
arbitrales y sentencias proferidas dentro de los recursos
extraordinarios de anulación
La Corte Constitucional en sentencia T-131 de 202210 dispuso sobre
el particular que, si bien es cierto, en principio, resultan aplicables a
los laudos las mismas causales tanto generales como específicas para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
su examen debe ser más riguroso y estricto, de conformidad con lo
establecido en la SU-174 de 200711.
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia T-225 de 201012
resaltó que, en la medida en que lo accesorio sigue la suerte de lo
10
M.P. Diana Fajardo Rivera.
11
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
M.P. Mauricio González Cuervo.
23
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principal, a la providencia que resuelve un recurso extraordinario de
anulación también le son aplicables las reglas sobre procedencia y
viabilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, para lo
cual el juez constitucional deberá confrontar la providencia con los
requisitos generales y específicos de procedibilidad.
Por su parte, la sentencia SU-033 de 201813 precisó que el respeto
por la decisión de los árbitros y la procedencia de la tutela supone
analizar con especial detenimiento el requisito general de la
relevancia constitucional.
Al respecto, en la mencionada sentencia T-131 de 2022 la Corte
Constitucional sostuvo lo siguiente:
“[…] La relevancia constitucional en materia de tutela
contra laudos arbitrales14 y contra sentencias que resuelven
el recurso extraordinario de anulación. En concordancia con lo
indicado en precedencia, demostrar la relevancia constitucional de
las afectaciones causadas por un laudo arbitral exige una sólida
carga argumentativa. Lo anterior, para que la acción de tutela no
se convierta en una instancia judicial que remplace las vías
ordinarias, de modo tal que las transgresiones alegadas sean
constitucionalmente significativas y trasciendan la esfera legal, el
carácter eminentemente económico de la controversia y la
inconformidad con las decisiones adoptadas por los árbitros.15
13
M.P. Alberto Rojas Ríos.
14
Al respecto, ver especialmente, las consideraciones expuestas en las sentencias SU-033 de 2018.
M.P. Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo y T-133 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
En la Sentencia SU-033 de 2018 la Sala Plena refirió, a partir de Ferrajoli, que una distinción entre
los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales consiste en que los primeros se destacan
“entre otras características por no ser negociables, mientras que los segundos establecen ‘relaciones
de dominio y de sujeción, es decir, de poder’.” Sentencia SU-033 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. AV.
24
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[…]
Así mismo, la Sala Séptima de Revisión determinó que carecen de
relevancia constitucional los asuntos que (i) se contraen a dirimir
discusiones estrictamente económicas o patrimoniales relacionadas
con la condena impuesta en el laudo arbitral; o (ii) tienen una
relación directa con la interpretación de un contrato o su valoración
probatoria por parte del tribunal de arbitramento.16 Precisó,
también, que el carácter económico de la discusión no
excluye, per se, la posibilidad de que el caso comprometa la
faceta constitucionalmente protegida del debido proceso, pero
además de los perjuicios económicos, debe demostrarse el
desconocimiento de un derecho fundamental o la intervención en
otros bienes y derechos constitucionalmente relevantes como la
libertad personal o la eficaz administración de justicia.17
44. Ahora bien, aunque específicamente la jurisprudencia
constitucional no ha realizado una distinción en la determinación
de los supuestos que acreditan la relevancia constitucional o la
tornan carente en el análisis de procedencia de la acción de tutela
contra laudos arbitrales y contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de anulación,18 importa señalar que en éste
último escenario sí ha precisado que se debe tener en cuenta la
naturaleza especial que enmarca al recurso extraordinario de
anulación y justamente el alcance restringido que tienen sus
causales de procedencia. Lo anterior porque es ese el escenario
natural para que el juez verifique la adecuación del laudo a la
Constitución respecto de las causales que están enfocadas en la
valoración del derecho al debido proceso por posibles errores in
procedendo y, en ese sentido, el análisis de relevancia
constitucional que se realiza en sede de tutela se torna más estricto
con miras a que el amparo no se utilice como un nuevo espacio
procesal para reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron
objeto del proceso arbitral, o para cuestionar el criterio que empleó
el fallador dentro de su ámbito de autonomía19 […]”.
Alejandro Linares Cantillo. Criterio reiterado en la Sentencia T-354 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Sentencia T-131 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
Ver sentencia T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Así ocurre, por ejemplo, en las Sentencias T-244 de 2007, SU-174 de 2007, SU-033 de 2018 y SU-
500 de 2015, entre otras.
19
Al respecto se pueden consultar las Sentencias SU-500 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y, SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
25
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Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al principio de
confianza legítima, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- al haber proferido la
sentencia de 1o. de agosto de 2024, dentro del recurso
extraordinario de anulación identificado con el número único de
radicación 2023-00113-00.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a juicio de la
sociedad actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos orgánico, procedimental absoluto, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución, en la
medida en que se basó en una causal de anulación no invocada por
el recurrente, esto es, la falta de jurisdicción, cuando lo alegado por
la UAESP fue la ausencia de competencia, trayendo argumentos que
solo podían alegarse a través de la causal 7 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012, la cual no fue invocada.
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Asimismo, aseguró que la sentencia cuestionada se pronunció sobre
el fondo de la controversia, calificando y modificando los criterios,
motivaciones, valoraciones probatorias e interpretaciones del
TRIBUNAL ARBITRAL y, para poder anular el laudo arbitral,
desconoció que la CRA expresamente establece en las resoluciones
tarifarias que éstas no son de obligatoria aplicación en los contratos
que tengan por objeto la operación, financiación y mantenimiento de
un servicio público y que se celebren con fundamento en lo dispuesto
en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, como es el
caso del contrato de concesión núm. 344 de 2010.
Finalmente, señaló que el fallo también desconoció que los árbitros
son competentes incluso para conocer de la aplicación de
disposiciones de orden público teniendo en cuenta lo previsto en el
artículo 116 de la Constitución Política, la Ley 1563 de 2012 y los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- que, mediante sentencia
de 7 de noviembre de 2025, denegó las pretensiones al considerar
27
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que la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos invocados.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela y, además, aseguró que el a quo
alteró el objeto real de la controversia arbitral; omitió analizar cargos
fundamentales como la utilización de causales no invocadas por la
UAESP; validó una revisión de fondo del laudo en torno a la
naturaleza de la remuneración y equilibrio económico; revaloró
indebidamente la prueba pericial; y, desconoció en la práctica el
principio dispositivo y los límites estrictos del recurso de anulación.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en
primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, especialmente, contra una sentencia
proferida dentro de un recurso extraordinario de anulación y, de ser
así, establecer si la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-
28
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vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los
defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 20, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
20
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».21
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación22, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [23]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [24].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
21
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[23] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[24] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [25].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente
el amparo constitucional [26].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
[25] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[26] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [27]. Si bien no siempre es fácil
delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho
al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que
se denomina simplemente debido proceso [28].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales
garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 29]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho
a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
[27] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[28] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[29] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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más cuando se trata de atacar las providencias de las
altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional
en la sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del
texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]”. (Destacado fuera
de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
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se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Ahora, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, el
requisito general de la relevancia constitucional resulta más
exigente para la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias proferidas dentro de un recurso extraordinario de
anulación, con el fin de que no se utilice el amparo constitucional
como un nuevo espacio en el que se pretenda reabrir un debate
fáctico o jurídico ya zanjado o para cuestionar el criterio del juez de
anulación dentro de su ámbito de autonomía.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la parte actora implica la reapertura de un asunto que
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ya fue resuelto en el recurso extraordinario de anulación y del cual
se pretende constituir una instancia adicional, comoquiera que los
argumentos expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a debatir
las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial accionada al
declarar infundado el recurso interpuesto por aquella y parcialmente
fundado el presentado por la UAESP.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la sociedad
accionante se sustentan, entre otros argumentos, en que la autoridad
judicial accionada estudió una causal distinta a la que fue invocada
en el recurso de la UAESP, se pronunció sobre el fondo de la
controversia, calificando y modificando los criterios, motivaciones,
valoraciones probatorias e interpretaciones del TRIBUNAL
ARBITRAL y desconoció que la CRA expresamente establece en las
resoluciones tarifarias que éstas no son de obligatoria aplicación en
los contratos que tengan por objeto la operación, financiación y
mantenimiento de un servicio público, como es el caso del contrato
de concesión núm. 344 de 2010.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
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constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- que, al estudiar la causal invocada por la
UAESP, precisó lo siguiente:
“[…] 6) De otra parte, la UAESP alega que se configuró la causal
2 por falta de competencia del panel arbitral, en atención al
esquema constitucional y legal de los servicios públicos, por
cuanto la suficiencia de la tarifa no era un asunto transigible, a
diferencia de lo señalado por los árbitros; a lo cual agrega que
para sustentar su competencia el tribunal arbitral señaló que no
se estaba pronunciando sobre una tarifa regulatoria sino
contractual, conclusión que es errada por las siguientes razones:
a) En materia de residuos sólidos: (i) la tarifa no fue estipulada
con base en un ofrecimiento realizado por el CGR, (ii) fue
incorporada con base en la Resolución CRA 351 de 2005 y, (ii)
el CGR solo podía ofrecer un descuento que no modificara la
naturaleza regulada de la tarifa.
b) En el tratamiento de lixiviados, aunque la tarifa prevista en el
contrato no hacía referencia a la normativa de la CRA, dicha
tarifa tampoco es contractual, los árbitros señalaron que se
pactó con base en el numeral 1 del artículo 87 de la Ley 142 de
199324; sin embargo, esta norma no es aplicable, porque la
tarifa debía ser planteada por el proponente y, en este caso, la
tarifa fue fijada en los pliegos de la UAESP.
7) La sociedad convocante (concesionaria), por su parte, se
opuso al recurso con base en tres motivos:
a) El tribunal sí era competente, pues, las pretensiones no
discutían las resoluciones de la CRA ni las fórmulas tarifarias
definidas por esa autoridad, simplemente buscaban que se
declarara que la remuneración contractual era insuficiente,
motivo por el cual los árbitros fueron claros en establecer que
no estaban pronunciándose sobre validez o legalidad de las
tarifas fijadas por la CRA, sino, únicamente, acerca de si el
contrato respetó el sinalagma prestacional.
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b) El recurrente pretende discutir el fondo de la controversia, lo
cual está expresamente prohibido por el artículo 42 de la Ley
1564 de 2012.
c) En todo caso, las tarifas sí fueron contractuales, dado que el
análisis del tribunal se fundamentó en la normativa y pruebas
aplicables, tanto así que los peritos de ambas partes
reconocieron que las tarifas eran contractuales.
8) Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto en el cual
puso de presente que el recurso de anulación debe prosperar en
este aspecto, porque el desequilibrio del contrato se refería a la
insuficiencia de las regulaciones expedidas por la CRA; en ese
sentido, la causal se configuró porque, al analizar si la tarifa era
insuficiente para el contrato, el tribunal arbitral “entraría a
juzgar la función regulatoria de la CRA, en últimas la entidad que
tiene relación directa con la afectación o no de la ecuación
contractual o con el incumplimiento o no del contrato por parte
de la UAESP, pues esta entidad no tenía autonomía para fijar la
remuneración del contratista” (índice 2 SAMAI).
9) La Sala declarará la nulidad parcial del laudo arbitral, porque
los árbitros resolvieron una controversia relativa a un asunto que
no era de libre disposición, esto es, la suficiencia de la tarifa de
residuos sólidos y de tratamiento de lixiviados fijada por la
Resolución no. 720 del 9 de julio de 2015 expedida por la CRA;
esta decisión, sin embargo, no cobija las pretensiones que
versan sobre el tratamiento de lixiviados inicialmente pactado,
pues, dicha tarifa no fue regulada por un acto administrativo,
sino fijada por las partes del contrato.
10) La parte recurrente cumplió con el requisito de
procedibilidad previsto en la ley, esto es, haber interpuesto
recurso de reposición en contra de la decisión del tribunal
arbitral de asumir competencia (penúltimo inciso artículo 41 Ley
1563 de 2012 – Estatuto Arbitral).
(…)
Por consiguiente, se entiende satisfecho el requisito exigido por
la ley para definir si los árbitros fallaron sin competencia. […]”.
Ahora, con el fin de resolver el cargo invocado por la UAESP, la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- consideró que el asunto
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no era transigible, por lo que declaró que el TRIBUNAL ARBITRAL
no era competente para pronunciarse sobre ciertas pretensiones,
para lo cual analizó cuál era la naturaleza de las tarifas que preveía
el contrato de concesión y concluyó que:
“[…] h) El laudo proferido -fundamentado en una experticia-
reconoció con efectos retroactivos las diferencias tarifarias en el
interregno temporal 2015 (con la expedición de la Resolución
CRA 720) a 2018 (Resolución CRA 843) y, por lo tanto, modificó
la regulación tarifaria vigente para dicho período de ejecución
contractual, lo cual constituye una clara extralimitación de la
competencia funcional y, de otra parte, aplicó con efecto
retroactivo una regulación tarifaria que por expresa disposición
del regulador solo regía hacia el futuro, lo cual configura en una
transgresión palmaria de orden reglamentario.
i) Por manera que, en este caso concreto, los árbitros so
pretexto de restablecer el equilibrio económico del contrato
terminaron modulando los efectos temporales del acto
administrativo proferido por la CRA, es decir, una autoridad
regulatoria que no hacía parte del contrato, lo cual implicó, de
una parte, desconocer el principio de relatividad de los contratos
y, de otra, modular los efectos temporales de un acto
administrativo proferido por una entidad regulatoria externa a
las partes contratantes.
j) De igual manera, debe ponerse de presente que, si bien la
Resolución CRA 843 de 2018 fue expedida para este específico
contrato, es decir, el contrato no. 344 de 2010, lo cierto es que
los árbitros no tenían competencia para analizar la legalidad del
referido acto administrativo ni para modular o alterar sus efectos
temporales, pues, se insiste, se trata de una decisión
administrativa proferida por una entidad distinta a la contratante
y que contiene una tarifa regulada, razón por la cual era una
materia no susceptible de ser sometida a arbitraje.
k) En síntesis, el tribunal arbitral materialmente juzgó y moduló
los efectos en el tiempo de un acto administrativo de contenido
regulatorio, proferido por una entidad distinta a la contratante,
lo cual pone en evidencia que está configurada la causal de
anulación de falta de jurisdicción y de competencia, tal como lo
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puso de presente la UAESP a lo largo del trámite arbitral.
l) En atención a lo expuesto, se concluye que el tribunal arbitral
carecía de competencia en tanto que la materia sobre la cual se
pronunció se separa de la arbitrabilidad objetiva, dado que no
era de libre disposición de las partes ni mediaba autorización
legal para su conocimiento, por cuanto los extremos del contrato
no podían separarse de los mandatos de la CRA y, por tanto, la
controversia no era de naturaleza contractual.
m) De acuerdo con lo anterior, se declarará la nulidad de las
decisiones relacionadas con los residuos sólidos y de tratamiento
de lixiviados, con excepción de la decisión sobre la insuficiencia
de la tarifa pactada inicialmente, es decir, el ordinal quinto de la
parte resolutiva del laudo. En ese sentido, la Sala declarará la
nulidad de los ordinales sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo,
undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto de la parte
resolutiva del laudo objeto de impugnación.
20) En consecuencia, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley
1563 de 2012, se remitirá el asunto al Tribunal Administrativo
Cundinamarca para lo de su competencia; el tribunal es
competente en virtud del numeral 4 del artículo 152 del CPACA
que establece que dicha corporación conoce en primera instancia
de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su
régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes (…) cuando la cuantía exceda de quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
21) Finalmente, el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto
Arbitral) prevé que la sentencia que anule el laudo total o
parcialmente ordenará las restituciones a que hubiere lugar; en
este caso concreto no existió imposición de costas en el proceso
arbitral, motivo por el cual no se ordenarán restituciones mutuas
a cargo de las partes. […]”.
De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se
evidencia que, al resolver el problema jurídico la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- determinó, frente al recurso
interpuesto por la UAESP, que la tarifa del contrato de concesión
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núm. 344 de 2010 al ser de carácter regulado no era un litigio
susceptible de arbitraje, razón por la que anuló parcialmente el laudo
objeto de censura por falta de jurisdicción y de competencia de los
árbitros.
Aunado a lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que
se encontraban satisfechos los requisitos para estudiar la causal 2
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral), alegada
por la UAESP, frente a lo cual encontró que el TRIBUNAL
ARBITRAL materialmente juzgó y moduló los efectos en el tiempo
de un acto administrativo de contenido regulatorio, proferido por una
entidad distinta a la contratante, lo que, a su juicio, evidenciaba que
se configuró la causal de anulación por falta de jurisdicción y de
competencia.
Así las cosas, la Sala encuentra que la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- se pronunció, precisamente, frente a las
inconformidades que ahora alega la parte actora en sede
constitucional, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de
forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio
de la autonomía judicial.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que, contrario a lo
considerado por el a quo, en el presente asunto no se cumple con
el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez
que, aunque la sociedad accionante invoca diversos defectos en los
que, a su juicio, incurrió la providencia cuestionada, los argumentos
que sustentan tales reproches no evidencian una controversia de
naturaleza iusfundamental, sino que se encuentran dirigidos a
pretender la corrección jurídica de la decisión adoptada por el juez
natural.
En efecto, el estudio de los cargos planteados exigiría que el juez de
tutela se adentrara en el análisis de aspectos propios del recurso
extraordinario de anulación, tales como la valoración de las causales
invocadas, la interpretación de las normas aplicables y la corrección
de las conclusiones alcanzadas por la autoridad judicial competente,
tratándose, por tanto, de un debate estrictamente legal que
desborda el ámbito de competencia del juez constitucional.
En tales condiciones, la acción de tutela no puede ser utilizada como
un mecanismo alternativo para replantear la discusión jurídica ya
sometida al conocimiento del juez de la anulación ni para obtener
una nueva valoración de los argumentos estudiados dentro de dicho
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trámite, pues ello implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
subsidiario convirtiéndola en una instancia adicional de revisión de
providencias judiciales.
Asimismo, en lo que se refiere al desconocimiento del precedente
alegado, es del caso destacar que tampoco se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional en relación con la sentencia SU-174
de 2007 invocada como desconocida, comoquiera que la parte actora
no precisó la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo
resuelto en esa oportunidad y la controversia del presente asunto.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sección30 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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cumple […]” (Resaltado fuera del texto).
En este punto, cabe señalar que, mediante memorial obrante en el
índice 38 de Samai, el apoderado de la sociedad accionante solicitó
que se tuviera en cuenta el precedente constitucional fijado en la
Sentencia SU-142 de 2026 de la Corte Constitucional, por estar
directamente relacionado con la presente acción de tutela al versar
sobre el mismo problema jurídico.
No obstante, la Sala advierte que no es posible efectuar un análisis
de fondo respecto de la eventual incidencia de dicha providencia en
el presente asunto, toda vez que, según se informó a través del
Comunicado Oficial de 21 de mayo de 2026, la decisión únicamente
ha sido anunciada por la Corte Constitucional, sin que a la fecha se
encuentre disponible el texto íntegro de la sentencia.
Así las cosas, la Sala carece de los elementos necesarios para
verificar el alcance de la decisión adoptada, identificar los supuestos
fácticos que le sirvieron de fundamento, establecer su ratio decidendi
y determinar si las reglas jurisprudenciales allí fijadas resultan
efectivamente aplicables al caso concreto, razón por la que no es
posible adelantar un ejercicio serio y completo de contraste entre el
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asunto objeto de estudio y el precedente invocado por la parte
accionante. Máxime, cuando los comunicados de prensa constituyen
únicamente una herramienta de divulgación institucional y no
sustituyen el contenido integral de la providencia judicial, que es el
único instrumento que permite identificar con precisión el alcance
vinculante de la decisión adoptada.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de
tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y
de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
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decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala modificará la decisión del a quo que denegó
el amparo solicitado y, en su lugar, declarará improcedente la
presente acción de tutela por carecer del requisito general de la
relevancia constitucional y así se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CENTRO DE
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ y la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: MODIFICAR el fallo impugnado y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción por no cumplir el
requisito general de la relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2025.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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