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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00113-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00113-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación promovido por la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP en contra del laudo arbitral del 11 de abril de 2023. 75 Expediente: 11001032600020230011300 (70.145) Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral 2º) Declárase parcialmente fundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en contra del laudo arbitral del 11 de abril de 2023, por lo tanto, decláranse nulos los ordinales sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto del laudo arbitral proferido el 11 de abril de 2023 proferido por un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en los precisos términos de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3°) En consecuencia, en los demás aspectos decididos el laudo queda en firme por no haber sido afectados con la declaración de nulidad. 4°) Remítase por Secretaría de la Sección el expediente a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para lo de su competencia, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral). 5°) Condénase a la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP a pagar por concepto de agencias en derecho la suma de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes en favor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). 6º) Ejecutoriada esta providencia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00113-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de agosto de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2023-00113-00 (70.145)
Convocante: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE
RESIDUOS DOÑA JUANA SA ESP
Convocado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL
Asunto: FALTA DE COMPETENCIA – FALLO EN
CONCIENCIA

Síntesis del caso: entre las partes se suscribió el contrato de concesión no. 0344 de 2010; la
sociedad convocante – contratista (convocada en reconvención) presentó demanda arbitral
para que se accediera a múltiples pretensiones declarativas y algunas de condena, por
cuanto, en su criterio, las tarifas para la disposición de residuos sólidos y el manejo de
lixiviados fueron insuficientes, motivo por el cual el negocio jurídico estaba desequilibrado
económica y financieramente; por su parte, la entidad convocada (convocante en
reconvención) alegó que la tarifa era regulada y, por lo tanto, que el tribunal arbitral carecía
de competencia para resolver la controversia, además, pidió que se declarara el
incumplimiento de la contratista. Ambas partes interponen sendos recursos de anulación en
contra del laudo arbitral del 11 de abril de 2023, con fundamento en las causales de anulación
contenidas en los numerales 2 y 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral,
esto es, la falta de competencia del panel arbitral y contener el laudo decisiones adoptadas
en conciencia y en equidad. La Sala accederá parcialmente al recurso de anulación
interpuesto por la entidad convocada (convocante en reconvención) con fundamento en la
causal 2 de anulación, es decir, la falta de jurisdicción y de competencia.

Temas: recurso extraordinario de anulación - características / Causales 2 y 7 de anulación /
fallo en conciencia – no se configura porque el laudo está soportado en las pruebas
practicadas en la interpretación de las normas de derecho positivo invocadas / cosa juzgada
– no constituye ni configura la causal de falta de competencia – tarifa regulada – no es
susceptible de ser revisada por los árbitros – la modulación temporal de los efectos de la
tarifa regulada afecta y modifica validez del acto administrativo expedido por la autoridad
regulatoria, motivo por el cual los árbitros no podían alterarlo so pretexto de restablecer el
equilibrio económico del contrato.

En atención a que el proyecto de decisión presentado originalmente por el
magistrado conductor del proceso no fue aprobado, procede la Sala a decidir,
con ponencia del magistrado de la referencia, los recursos extraordinarios de

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

anulación interpuestos por las partes convocante y convocada contra el laudo
arbitral del 11 de abril de 2023 (índice 2 SAMAI) por medio del cual un tribunal
con sede en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá resolvió:

“Respecto de las pretensiones de la demanda principal
reformada:

Primero. Declarar probada la excepción cuadragésima denominada
‘no puede el convocante actualizar sus reclamaciones bajo el WAAC
definido por el regulador’ formulada respecto de las pretensiones
duodécima, vigésima principal, vigésima octava principal, trigésima
principal y trigésima quinta principal de la demanda reformada.

Segundo. Declarar parcialmente probada la excepción vigésima
quinta denominada ‘improcedencia del reconocimiento de actividades
asociadas a los residuos mixtos desde el 3 de abril de 2020’
formulada respecto de las pretensiones vigésima octava principal y
subsidiaria de la demanda reformada.

Tercero. Abstenerse de estudiar las excepciones décima sexta
denominada ‘la indebida gestión de riesgos por parte del
concesionario no puede (sic) la razón para trasladar los costos de
impuestos e intereses en su gestión’, décima octava ‘la
improcedencia de la décima octava pretensión asociada al descuento
ofertado’, vigésima primera ‘la naturaleza de la concesión y los
riesgos explícitos e implícitos hace improcedente la reclamación de
CGR Doña Juana – la improcedencia de reclamación económica
según el mismo concesionario’, vigésima novena ‘improcedencia de
reclamación por multas impuestas por la UAESP’, trigésima
‘improcedencia de reclamación por multas impuestas por la
Superintendencia de Servicios Públicos – cosa juzgada por acuerdo
conciliatorio’, trigésima tercera ‘improcedencia de recibir doble
indemnización por la misma causa’, trigésima cuarta ‘el tribunal no
puede convertirse en juez de la ejecución’ y trigésima quinta ‘pago’.

Cuarto. Declarar no probadas las demás excepciones formuladas por
la convocada respecto de la demanda principal reformada.

Quinto. Acceder a la pretensión segunda de la demanda reformada
y, en ese sentido, declarar que la tarifa del contrato de concesión no.
344 de 2010, para el componente de tratamiento de lixiviados que
hacía parte de la remuneración de la sociedad Centro de
Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP, que rigió desde el
16 de diciembre de 2010 y hasta el momento en que se introdujo la
modificación tarifaria con base en los costos de referencia de la
Resolución CRA 720 de 2015, resultó no ser suficiente para permitir
la recuperación de los costos y gastos propios de la operación,
expansión, reposición y mantenimiento de los activos del relleno
sanitario Doña Juana y atender las obligaciones ambientales.

Sexto. Acceder a la pretensión tercera de la demanda principal
reformada y, en se sentido, declarar que la tarifa del contrato de
concesión no. 344 de 2010, para el componente de disposición de

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

residuos sólidos, que hacía parte de la remuneración de la sociedad
Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP, que
rigió desde la modificación tarifaria con base en los costos de
referencia de la Resolución CRA 720 de 2015 y hasta la
implementación de la modificación tarifaria con base en los costos de
referencia de la Resolución CRA 843 de 2018, resultó no ser
suficiente para permitir al contratista la recuperación de los costos y
gastos propios de la operación, expansión, reposición y
mantenimiento de los activos del relleno sanitario Doña Juana y
atender las obligaciones ambientales.

Séptimo. Acceder a la pretensión cuarta de la demanda principal
reformada y, en ese sentido, declarar que la tarifa del contrato de
concesión 344 de 2010, para el componente de tratamiento de
lixiviados, que hacía parte de la remuneración de la sociedad Centro
de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP, que rigió
desde la modificación tarifaria con base en los costos de referencia
de la Resolución CRA 720 de 2015 y hasta la implementación de la
modificación tarifaria con base en los costos de referencia de la
Resolución CRA 843 de 2018, resultó no ser suficiente para permitir
al contratista la recuperación de los costos y gastos propios de la
operación, expansión, reposición y mantenimiento de los activos del
relleno sanitario Doña Juana y atender las obligaciones ambientales.

Octavo. Acceder a la pretensión quinta de la demanda principal
reformada y, en ese sentido, declarar que la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos (UAESP) incumplió la ley y el contrato
de concesión 344 de 2010 al establecer, para las actividades de
disposición de residuos sólidos, en el periodo comprendido entre el
momento de la modificación tarifaria con base en los costos de
referencia de la Resolución CRA 720 de 2015 y la entrada en vigor
de la Resolución CRA 843 de 2018, una tarifa que resultó no ser
suficiente para permitir al contratista la recuperación en forma
completa de los costos y gastos propios de la operación, expansión,
reposición y mantenimiento de los activos del relleno sanitario Doña
Juana y atender las obligaciones ambientales.

Noveno. Acceder a la pretensión sexta de la demanda principal
reformada y, en ese sentido, declarar que la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos (UAESP) incumplió la ley y el contrato
de concesión 344 de 2010 al establecer, para las actividades de
tratamiento de lixiviados, una tarifa que resultó no ser suficiente para
permitir al contratista la recuperación en forma completa de los costos
y gastos propios de la operación, expansión, reposición y
mantenimiento de los activos del relleno sanitario Doña Juana y
atender las obligaciones ambientales.

Décimo. Acceder a la pretensión octava de la demanda principal
reformada y, en ese sentido, declarar que la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos (UAESP) incumplió la ley y el contrato
al no observar ni atender en debida forma sus deberes de vigilancia,
control y revisión respecto del contrato de concesión no. 344 de 2010.

Undécimo. Acceder a las pretensiones décima y vigésima tercera de
la demanda principal reformada y, en ese sentido, condenar a la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a
pagar a la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Juana SA ESP a título de indemnización y compensación, para el
periodo enero de 2017 a octubre de 2018, la suma de
$22.889´587.460 la cual se encuentra actualizada a la fecha de este
laudo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Duodécimo. Acceder a las pretensiones undécima y vigésima tercera
de la demanda principal reformada y, en ese sentido, condenar a la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a
pagar a la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña
Juana SA ESP a título de indemnización y compensación, para el
periodo 2010 a octubre de 2018, la suma de $30.167´674.339, la cual
se encuentra actualizada a la fecha de este laudo, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Decimotercero. Acceder a la pretensión vigésima primera de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, declarar que actos y
hechos de autoridad y de terceros y circunstancias y situaciones
extraordinarias e imprevisibles, ajenos todos a la sociedad Centro de
Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP, afectaron
adversamente la situación del contrato de concesión no. 344 de 2010
ocasionando y profundizando su desequilibrio económico y
financiero.

Decimocuarto. Acceder a la pretensión vigésima segunda de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, declarar que los
incumplimientos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos (UAESP) y los actos y hechos de autoridades y de terceros,
así como las circunstancias y situaciones extraordinarias e
imprevisibles, ajenos todos a la sociedad Centro de Gerenciamiento
de Residuos Doña Juana SA ESP, probados en el proceso,
produjeron la ruptura del equilibrio económico y financiero del
contrato de concesión no. 344 de 2010 y ocasionaron daños y
perjuicios a la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña
Juana SA ESP, que constitucional y legalmente no tiene el deber de
soportar.

Decimoquinto. Acceder a la pretensión vigésima quinta de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, declarar que la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) violó
la ley al no estimar adecuadamente el valor del riesgo de optimización
de la planta de lixiviados, tal como se aprecia en la cláusula segunda
numerales 7, 8 y 9, en la cláusula tercera, sobre lixiviados, numeral
1, y en la cláusula séptima, literal b) del contrato 344 de 2010.

Decimosexto. Acceder a la pretensión vigésima sexta de la demanda
principal reformada y, en ese sentido, declarar la nulidad absoluta del
numeral 8 de la cláusula segunda del contrato de concesión no. 344
de 2010, así como el siguiente aparte contenido en el numeral 9 de
esa misma cláusula: ‘En caso de requerirse inversión adicional, el
sistema de tratamiento de lixiviados deberá, a partir del primer día del
octavo mes, cumplir con la totalidad de los parámetros exigidos por la
Autoridad Ambiental. Desde las fechas establecidas, El
Concesionario está en la obligación de garantizar el vertimiento de
lixiviados cumpliendo con la norma de vertimiento hacia los cuerpos
de agua’.

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Decimoséptimo. Acceder a pretensión vigésima sexta de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, declarar la nulidad
absoluta del siguiente aparte de la cláusula tercera del contrato de
concesión no. 344 de 2010: ‘En caso de requerirse inversión
adicional, el sistema de tratamiento de lixiviados se deberá operar a
partir del primer día del octavo mes, cumpliendo con la totalidad de
los parámetros exigidos por la Autoridad Ambiental. Desde las fechas
establecidas, El Concesionario está en la obligación de garantizar el
vertimiento de lixiviados cumpliendo con la norma de vertimiento
hacia los cuerpos de agua’.

Decimoctavo. Acceder a la pretensión vigésima sexta de la demanda
principal reformada y, en ese sentido, declarar la nulidad absoluta del
siguiente aparte de la cláusula séptima del contrato de concesión no.
344 de 2010: ‘La UAESP cubrirá de sus recursos hasta cuatro mil cien
millones de pesos m/cte ($4.100´000.000)’.

Decimonoveno. Acceder a la pretensión vigésima séptima de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, declarar que la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)
incumplió el Acta no. 01 de 2014 y el contrato de concesión 344 de
2010, al desconocer lo pactado en dicha acta sobre la disposición y
la remuneración de los residuos provenientes de demolición y
construcción de arrojo clandestino mezclados con residuos sólidos
ordinarios.

Vigésimo. Acceder parcialmente a la pretensión vigésima octava
subsidiaria de la demanda principal reformada y, en ese sentido,
condenar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP) a pagar a la sociedad Centro de Gerenciamiento de
Residuos Doña Juana SA ESP la suma de $5.626´917.230
correspondiente a las facturas no pagadas, la cual se encuentra
actualizada a la fecha de este laudo.

Vigésimo primero. Acceder a la pretensión vigésima novena de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, declarar que la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) aplicó
y efectuó descuentos a la sociedad Centro de Gerenciamiento de
Residuos Doña Juana SA ESP con base en indicadores de calidad
improcedentes, sin observancia del debido proceso ni del derecho de
audiencia y sin tener en cuenta la afectación derivada de la
insuficiencia de la remuneración del concesionario, con lo cual
incumplió la ley y el contrato de concesión no. 344 de 2010 y afectó
el equilibrio económico del mismo.

Vigésimo segundo. Acceder a la pretensión trigésima subsidiaria de
la demanda principal reformada y, en ese sentido, condenar a la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a
pagar a la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña
Juana SA ESP la suma de $6.376´824.728 por concepto de
descuentos indebidamente realizados, la cual se encuentra
debidamente actualizada a la fecha de este laudo.

Vigésimo tercero. Acceder a la pretensión trigésima tercera de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, declarar que la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) tenía
a su cargo la responsabilidad de asumir y pagar las actividades y

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

obras de reparación sobre el Pondaje II-2, como pasivo ambiental
rezagado de las contrataciones anteriores al contrato de concesión
no. 344 de 2010.

Vigésimo cuarto. Acceder a la pretensión trigésima cuarta de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, declarar que la
sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA
ESP ejecutó actividades y obras de reparación sobre el Pondaje II-2,
a las que no se encontraba contractualmente obligada.

Vigésimo quinto. Acceder a la pretensión trigésima quinta de la
demanda principal reformada y, en ese sentido, condenar a la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a reconocer y
pagar en favor de la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos
Doña Juana SA ESP la suma de $422´330.116 por concepto de las
actividades y obras de reparación ejecutadas en el Pondaje II-2, suma
que se encuentra actualizada a la fecha del laudo.

Vigésimo sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda
principal reformada.

Respecto de las pretensiones de la demanda de reconvención
reformada:

Vigésimo séptimo. Declarar probada la vigésima excepción
denominada ‘actos propios’ formulada respecto de la pretensión
quincuagésima novena de la demanda de reconvención reformada.

Vigésimo octavo. Declarar probada la segunda excepción
denominada ‘inexistencia de incumplimientos por parte de CGR Doña
Juana’ en lo que se refiere a las pretensiones séptima, novena,
trigésima quinta, trigésima séptima, trigésima novena y primera
subsidiaria a la cuadragésima quinta principal, de la demanda de
reconvención reformada.

Vigésimo noveno. Declarar probada la trigésima tercera excepción
denominada ‘ausencia de perjuicio’ formulada respecto de la
pretensión novena de la demanda de reconvención formulada.

Trigésimo. Declarar probada la excepción trigésima novena
denominada ‘improcedencia de la acción resolutoria’ planteada
respecto de las pretensiones décima, duodécima, décimo cuarta,
décima sexta, vigésima segunda, vigésima cuarta, vigésima sexta,
vigésima octava, trigésima, trigésima segunda y trigésima cuarta de
la demanda de reconvención reformada.

Trigésimo primero. Declarar no probadas las demás excepciones
formuladas por la convocada respecto de la demanda principal
reformada (sic).

Trigésimo segundo. Acceder parcialmente a las pretensiones
primera y segunda de la demanda de reconvención reformada en el
entendido de declarar que el plazo del contrato de concesión 344 de
2010 termina cuando se haya copado la capacidad del área
licenciada al inicio de la concesión y la capacidad adicional que se
logró mediante la modificación a la licencia ambiental contenida en la
Resolución CAR 1351 del 18 de junio de 2014.

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Trigésimo tercero. Acceder a la pretensión décima primera de la
demanda de reconvención reformada y, en ese sentido, declarar que
la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA
ESP incumplió el contrato de concesión 344 de 2010 al no haber
realizado el mantenimiento correctivo de los equipos del sistema de
tratamiento de lixiviados del relleno sanitario Doña Juana, cuando
estos queden fuera de servicios ni haber realizado los remplazos
correspondientes.

Trigésimo cuarto. Acceder a la pretensión décima tercera de la
demanda de reconvención reformada y, en ese sentido, declarar que
la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA
ESP incumplió el contrato de concesión 344 de 2010 por no haber
calibrado los equipos FT20, RXT2 y RXT3.

Trigésimo quinto. Acceder a la pretensión décima quinta de la
demanda de reconvención reformada y, en ese sentido, declarar que
la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA
ESP incumplió el contrato de concesión 344 de 2010 al haber
cumplido parcialmente la obligación de realizar los contramuestreos
para establecer el sistema de tratamiento de lixiviados y el
cumplimiento de la normatividad de vertimientos.

Trigésimo sexto. Acceder a la pretensión segunda subsidiaria de la
vigésima primera principal de la demanda de reconvención reformada
y, en ese sentido, declarar que la sociedad Centro de Gerenciamiento
de Residuos Doña Juana SA ESP incumplió el contrato de concesión
no. 344 de 2010 al no realizar el mantenimiento ambiental anual de
los pondajes existentes dentro del relleno.

Trigésimo séptimo. Acceder a la pretensión vigésima tercera de la
demanda de reconvención reformada y, en ese sentido, declarar que
la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA
ESP incumplió el contrato de concesión no. 344 de 2010 por
almacenar lixiviados en la celda VI.

Trigésimo octavo. Acceder a la pretensión primera subsidiaria de la
vigésima quinta de la demanda de reconvención reformada y, en ese
sentido, declarar que la sociedad Centro de Gerenciamiento de
Residuos Doña Juana SA ESP incumplió el contrato de concesión no.
344 de 2010 por atender parcialmente las obligaciones relativas a las
actividades de automatización y seguimiento en línea.

Trigésimo noveno. Acceder a la pretensión primera subsidiaria de la
vigésima séptima principal de la demanda de reconvención reformada
y, en se sentido, declarar que Centro de Gerenciamiento de Residuos
Doña Juana SA ESP incumplió el contrato de concesión no. 344 de
2010 al no culminar las obras de estabilización del talud entre los
postes 53 y 59 de la vía principal.

Cuadragésimo. Acceder a la pretensión primera subsidiaria de la
vigésima novena principal de la demanda de reconvención reformada
y, en ese sentido, declarar que Centro de Gerenciamiento de
Residuos Doña Juana SA ESP incumplió el contrato de concesión no.
344 de 2010 por no haber realizado la reparación, mantenimiento y
aseo de la capa asfáltica de la vía principal del relleno sanitario Doña

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

Juana, que va desde la puerta de acceso hasta la zona actual de
disposición.

Cuadragésimo primero. Acceder a la pretensión primera subsidiaria
de la trigésima primera principal de la demanda de reconvención
reformada y, en ese sentido, declarar que Centro de Gerenciamiento
de Residuos Doña Juana SA ESP incumplió el contrato de concesión
no. 344 de 2010 al no haber realizado el diseño, elaboración,
reparación, colocación, mantenimiento y aseo de las señales viales
verticales y horizontales del relleno sanitario Doña Juana.

Cuadragésimo segundo. Acceder a la pretensión trigésima tercera
de la demanda de reconvención reformada y, en ese sentido, declarar
que la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana
SA ESP incumplió el contrato de concesión no. 344 de 2010 al no
haber realizado las actividades de realce del dique ambiental definido
en la Resolución CAR 1351 de 2014.

Cuadragésimo tercero. Acceder a la pretensión subsidiaria a la
cuadragésima primera de la demanda de reconvención reformada y,
en ese sentido, declarar que Centro de Gerenciamiento de Residuos
Doña Juana SA ESP incumplió el contrato de concesión no. 344 de
2010 al no disponer de la totalidad de la maquinaria permanente para
la operación del relleno.

Cuadragésimo cuarto. Acceder a la pretensión cuadragésima
tercera de la demanda de reconvención reformada y, en ese sentido,
declarar que Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA
ESP incumplió el contrato de concesión no. 344 de 2010 al no
remplazar la totalidad de la maquinaria permanente por maquinaria
nueva con 0 (cero) horas de funcionamiento y año de fabricación no
anterior a un (1) año desde el momento en que debía realizar su
remplazo.

Cuadragésimo quinto. Acceder parcialmente a la pretensión
cuadragésima séptima de la demanda de reconvención reformada y,
en ese sentido, declarar que Centro de Gerenciamiento de Residuos
Doña Juana SA ESP incumplió el contrato de concesión no. 344 de
2010 al no ha construir (sic) totalmente las obras necesarias y
requeridas, no suministrar todos los repuestos, insumos y mano de
obra, ni ejecutar totalmente las obligaciones contractuales dentro de
sus actividades de cierre, post-cierre y clausura necesarias para la
correcta administración y operación del relleno sanitario Doña Juana.

Cuadragésimo sexto. Acceder parcialmente a la pretensión
cuadragésima novena de la demanda de reconvención reformada y,
en ese sentido, declarar que Centro de Gerenciamiento de Residuos
Doña Juana SA ESP incumplió la cláusula 2.32 del contrato de
concesión no. 344 de 2010 al no hacer la previsión ordenada en el
Artículo 2.3.2.3.5.18 del Decreto 1077 de 2015, en el artículo 30 de la
Resolución CRA 720 y en la Circular 001 de 2017 emitida por la CRA,
para garantizar la disponibilidad de recursos económicos para la
clausura y posclausura del relleno sanitario doña Juana.

Cuadragésimo séptimo. Acceder a la pretensión quincuagésima
primera de la demanda de reconvención reformada y, en ese sentido,
declarar que Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

ESP incumplió el contrato de concesión no. 344 de 2010 al o haber
atendido los múltiples requerimientos de suministrar la información de
los costos de la operación del relleno sanitario Doña Juana.

Cuadragésimo octavo. Acceder a la pretensión quincuagésima
segunda de la demanda de reconvención reformada y, en ese
sentido, ordenar a Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña
Juana SA ESP entregar la información sobre los costos de la
operación del relleno sanitario Doña Juana, con sus soportes
contables de los costos operativos en que haya incurrido durante el
plazo de ejecución de la concesión al tiempo del laudo arbitral que
ponga fin a la controversia. La información deberá ser dispuesta en
un medio digital que garantice su integridad y acceso a la UAESP, la
cual será entregada en un plazo de seis (6) meses a la ejecutoria del
laudo.

Cuadragésimo noveno. Acceder parcialmente a la pretensión
quincuagésima quinta de la demanda de reconvención reformada y,
en ese sentido, condenar a Centro de Gerenciamiento de Residuos
Doña Juana SA ESP a pagar a la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP), dentro de los 10 días siguientes a la
ejecutoria de este laudo, la suma de $4.132´626.984 por concepto de
cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de los
perjuicios derivados de la falta de mantenimiento de los pondajes
durante los años 2019 y 2020.

Quincuagésimo. Negar las demás pretensiones de la demanda de
reconvención reformada.

Disposiciones comunes:

Quincuagésimo primero. Abstenerse de proferir condena en costas.

Quincuagésimo segundo. Ordenar el levantamiento de las medidas
cautelares decretadas.

Quincuagésimo tercero. Ordenar la expedición de copias de este
laudo con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes
y al Ministerio Público.

Quincuagésimo cuarto. Ordenar la devolución del expediente al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, para su archivo” (índice 2 SAMAI – negrillas y subraya del
documento original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda arbitral

Mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 2019 ante el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad Centro

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP formuló demanda de
controversias contractuales en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP) con el fin de que se accediera (índice 2 SAMAI),
según el escrito de demanda reformada, a cuarenta y cuatro (44) pretensiones
cuyo objetivo principal era que se declarara que la tarifa del contrato de concesión
no. 344 de 2010 suscrito entre las partes -en los componentes de disposición de
residuos sólidos y tratamiento de lixiviados- resultó insuficiente durante los
períodos comprendidos entre el 16 de diciembre de 2010 y la expedición de la
Resolución 720 de 2015; así como también, entre este último acto administrativo
y la Resolución 843 de 2018, proferidas por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (CRA)1.

Como fundamento fáctico de las súplicas, la parte convocante afirmó que el 24
de septiembre de 2010 suscribió con la UAESP el contrato de concesión no. 344
cuyo objeto consistió en la administración, operación y mantenimiento integral del
relleno sanitario Doña Juana situado en la ciudad de Bogotá; agregó que la
ejecución contractual permitió advertir que la fórmula de remuneración de las
actividades de disposición de residuos sólidos y de tratamiento de lixiviados,
conforme al esquema tarifario fijado por la UAESP, resultó insuficiente.

2. Contestación de la demanda y demanda de reconvención

La UAESP se opuso a las pretensiones de la demanda (índice 2 SAMAI) para lo
cual propuso cuarenta (40) excepciones, de las cuales se destacan, entre otras,
las siguientes: i) “falta de competencia absoluta del Tribunal para pronunciarse
frente a supuestos que originan la insuficiencia tarifaria y sus consecuencias”; ii)
“la controversia de los costos reclamados corresponden a un supuestos de
insuficiencia tarifaria”; iii) “no es imputable a la UAESP la insuficiencia tarifaria

1 En la cláusula trigésima novena del contrato se pactó lo siguiente: “En caso que las partes no

se pongan de acuerdo sobre las controversias surgidas con ocasión de la celebración, ejecución
y liquidación del contrato, acuerdan que esas controversias se resolverán por un Tribunal de
Arbitramento el cual tendrá como sede de funcionamiento el Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá, y en todos sus aspectos se regirá por la normatividad aplicable
al mismo. Este Tribunal se sujetará a las siguientes reglas:
1. Estará integrado por tres (3) árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de
que no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.
2. El Tribunal decidirá en derecho” (índice 2 SAMAI).

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que presuntamente sufrió el contratista”; iv) “inexistencia de daño resarcible; v)
improcedencia de la declaratoria de responsabilidad contractual. Inexistencia de
la relación causal”; vi) “el Tribunal no es competente para definir un costo eficiente
hipotético por los daños anteriores a la expedición de la Resolución CRA 843 de
2018”; vii) “buena fe” y, viii) “no puede el convocante actualizar sus reclamaciones
bajo el WAAC definido por el regulador”.

Además, la entidad convocada presentó demanda de reconvención mediante la
cual solicitó que se declarara el incumplimiento imputable a la sociedad
convocante del contrato de concesión no. 344 de 2010 por la desatención de
varias obligaciones, entre las cuales se indicaron las de falta de optimización del
sistema de tratamiento de lixiviados, desconocimiento de las normas sobre
vertimientos exigibles para el tratamiento de lixiviados, falta de control de brotes
y derrames de lixiviados, no contar con disponibilidad de plantas eléctricas de
respaldo de circuitos eléctricos preferenciales para el sistema de tratamiento de
lixiviados, ausencia de mantenimiento del sistema de tratamiento de lixiviados y
no contar con la certificación metrológica actualizada y contar con los
controladores automatizados para el sistema de monitoreo y control en línea del
sistema de tratamiento de lixiviados.

3. El laudo arbitral

El 11 de abril de 2023, el tribunal arbitral decidió de fondo la controversia, accedió
parcialmente a las súplicas elevadas por la parte convocante (demandada en
reconvención) y la convocada (demandante en reconvención) (índice 2 SAMAI)
con fundamento, en síntesis, en las siguientes consideraciones:

1) El cálculo realizado por EConcept, firma que elaboró el dictámen pericial
económico aportado por la sociedad convocante, el cual se acoge, resarce, hasta
donde quedó probado, el desequilibrio contractual proveniente de los nuevos
requerimientos ambientales establecidos por la Resolución CAR 1351 de 2014 y
de la aplicación de los costos de referencia de la resolución CRA 720 de 2015,
hasta la entrada en vigor de la Resolución CRA 831 de 2018, pues, a partir de
entonces el concesionario comenzó a percibir una tarifa contractual suficiente.

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De modo que, la tarifa del contrato para el componente de disposición de residuos
sólidos, que rigió desde la modificación tarifaria con base en los costos de
referencia de la Resolución CRA 720 de 2015 y hasta la implementación de la
modificación tarifaria con apoyo en los costos de referencia de la Resolución CRA
843 del 2018, resultó no ser suficiente para permitir al contratista la recuperación
de los costos y gastos y remunerar a los accionistas y, por tanto, al establecer
esta tarifa insuficiente, la UAESP incumplió la ley y el contrato.

2) A idéntica conclusión se arriba en relación con las pretensiones relacionadas
con la alegada insuficiencia tarifaria para las actividades de tratamiento de
lixiviados, esto es, que el contrato se desequilibró económica y financieramente
por cuenta de la insuficiencia tarifaria, aspecto que fue corregido con la
expedición de la Resolución CRA 843 de 2018.

3) “Finalmente, el perito de contradicción señala que la nueva tarifa de la
Resolución 843 de 2018, incorpora la tarifa de CPC, por lo que, en su entender,
dada la ‘no retroactividad’ de la mencionada Resolución, dicho concepto sí
estaría cubierto. Este argumento, sin embargo, no es de recibo, como quiera
que el hecho de que la Resolución CRA 843 de 2018 tuviera solamente
efectos hacia el futuro y no retroactivos, es lo que hace que una
insuficiencia previa de la tarifa no quede remunerada con la aplicación de
esta nueva regulación” (pág 288 – índice 2 SAMAI).

4) En cuanto a la demanda de reconvención reformada, fue acreditado el
incumplimiento del concesionario respecto de las siguientes obligaciones: i)
sistema de redundancia eléctrica, ii) calibración de equipos y certificación
metrológica; iii) mantenimiento de pondajes; iv) estabilización del talud; v)
mantenimiento de la vía principal de acceso al relleno sanitario; vi) instalaciones
de señales verticales y horizontales; vii) realce del dique ambiental; viii)
disposición de maquinaria de manera permanente; ix) actividades de cierre,
poscierre y clausura; x) provisión de recursos de actividades de clausura y
posclausura y, xi) información sobre los costos de operación.

No obstante lo anterior, los perjuicios reclamados son puramente eventuales e
hipotéticos por lo cual no es posible impartir condena en concreto en contra del

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concesionario, salvo en lo que tiene que ver con la obligación del mantenimiento
de los pondajes dejados de realizar durante los años 2019 y 2020, circunstancia
por la cual es procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria del contrato,
de forma proporcional, en contra de la sociedad contratista.

4. Los recursos extraordinarios de anulación

4.1 Recurso de la parte convocante -demandada en reconvención- CGR SA
ESP

La censura en contra del laudo arbitral se fundamenta en las causales contenidas
en los numerales 2 y 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y está soportada
(índice 2, archivo 307 SAMAI) en el siguiente razonamiento2:

1) Primer cargo: causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 – Estatuto Arbitral: “haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo
ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el
laudo”.

Las razones de la impugnación son las siguientes:

a) El tribunal arbitral decidió en conciencia las pretensiones cuadragésima de la
demanda reformada y segunda de la demanda de reconvención reformada,
atinentes al plazo del contrato, pues, los árbitros no resolvieron la controversia
con base en pruebas que fundaran objetivamente la decisión; el tribunal “descartó
aquellas [pruebas] que daban cuenta de los actos propios de la UAESP que eran
completamente contradictorios e inconsistentes con pretender que un Tribunal de
Arbitramento declarara el incumplimiento ‘contractual’ por normas y conductas
que la misma entidad había aceptado que su control y vigilancia eran
competencia de otra autoridad” (índice 2 SAMAI).

b) En la demanda reformada la sociedad CGR SA ESP solicitó al tribunal definir
cuál era el plazo del contrato, ya que durante la ejecución las partes tuvieron dos

2 Se verifica que el recurso fue oportuno, toda vez que se promovió el 5 de junio de 2023, esto

es, dentro de los 30 días siguientes al 21 de abril de 2023, fecha de la audiencia en la cual se
corrigió el laudo atacado de fecha 11 de los mismos mes y año (índices 2 y 4 SAMAI).

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interpretaciones sobre la vigencia del mismo: i) para el concesionario el plazo del
contrato era indeterminado y, por tanto, podía ampliarse siempre y cuando se
extendiera la licencia ambiental; en consecuencia, la duración del negocio
jurídico estaba supeditada a la posibilidad de modificar la Resolución CAR 1351
de 2014 y, ii) la UAESP, por su parte, consideró que el plazo solo podía ampliarse
en una ocasión, lo cual ocurrió en la reforma de la licencia ambiental realizada
mediante la Resolución CAR 1351 de 2014, por lo cual el contrato finalizaba una
vez cumplida la capacidad máxima autorizada en dicho acto.

Por consiguiente, i) el laudo, erróneamente, se fundamentó en el modelo
financiero de la licitación adelantada para celebrar el contrato; ii) el contrato
indicaba que se ejecutaría en la totalidad de los predios en el que está el relleno
sanitario y, por ende, que la licencia se podía ampliar más allá de los límites
permitidos en la resolución de 2014 y, iii) el tribunal ignoró la conducta de las
partes, por manera que el laudo fue proferido en conciencia y no en derecho.

2) Segundo cargo: causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción
o de competencia”.

Los fundamentos de esta otra causal invocada son estos:

a) El tribunal arbitral carecía de competencia para conocer y decidir las
pretensiones cuadragésima novena y quincuagésima de la demanda de
reconvención reformada3, puesto que el cumplimiento de las normas a las que
hizo alusión la UAESP en dichas súplicas se encuentra sometido a la vigilancia y

3 “CUADRAGÉSIMA NOVENA PRETENSIÓN: Declarar que CGR DOÑA JUANA S.A. ESP
incumplió el numeral 32 de la Cláusula Segunda del Contrato C-344 de 2010, por no cumplir con
la provisión ordenada en el Artículo 2.3.2.3.5.18 del Decreto 1077 de 2015, el Artículo 30 de la
Resolución CRA 720 y la Circular 001 de 2017 emitida por la CRA, para garantizar la
disponibilidad de recursos económicos para la Clausura y posclausura del Relleno Sanitario Doña
Juana.
QUINCUAGÉSIMA PRETENSIÓN: Como consecuencia de prosperidad de la CUADRAGÉSIMA
NOVENA PRETENSIÓN, se ordene de forma inmediata la consignación de la suma de TREINTA
DOS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS
PESOS (COP $ 32.759.142.642), con corte a la facturación del 31 de enero de 2021, o al mayor
valor que deba ser provisionado en las cuentas creadas por la Fiduciaria para depositar y
mantener la provisión de los recursos de la clausura y postclausura del Relleno Sanitario Doña
Juana”.

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control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo cual
estaban excluidas de la competencia arbitral.

En efecto, el cumplimiento de la normativa atinente a la provisión para las
actividades de clausura y posclausura del relleno sanitario son aspectos que, de
acuerdo con la ley, se encuentran expresamente sometidos a la vigilancia y
control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, razón por la
cual el tribunal arbitral no era competente para decidir sobre el supuesto
incumplimiento de las normas a las que hizo alusión la UAESP.

b) No existía ninguna controversia entre las partes, debido a que la UAESP
archivó la investigación que adelantaba respecto de la provisión de los recursos
de clausura y posclausura y, además, la remitió a la SSPD para que decidiera lo
correspondiente, de modo que con el archivo de la actuación, la remisión a la
Superintendencia y la decisión adoptada por este ente de control se zanjó toda
discusión entre las partes y, por lo tanto, la controversia quedó por fuera de la
órbita de competencia del Tribunal Arbitral; esta decisión fue adoptada por la
SSPD en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control y no ha sido
cuestionada ni demandada, por lo que se encuentra en firme y produciendo
plenos efectos.

4.2 Recurso de la parte convocada -demandante en reconvención- UAESP

El recurso extraordinario de anulación se fundamenta en la causal contenida en
el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “2. La
caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia” 4 (índice 2,
archivo 308 SAMAI).

Cargo único: causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012 – Estatuto Arbitral: “la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de
competencia”.

4 Se verifica, igualmente, que el recurso fue presentado de manera oportuna, dado que se
promovió el 5 de junio de 2023, esto es, dentro de los 30 días siguientes al 21 de abril de 2023,
fecha de la audiencia en la cual se corrigió el laudo atacado de fecha 11 de los mismos mes y
año (índices 2 y 4 SAMAI).

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Los fundamentos de la causal invocada son los siguientes:

a) La insuficiencia financiera como criterio de la fórmula de las tarifas de servicios
públicos domiciliarios establecidas por las Comisiones de Regulación no es un
asunto transigible y, en tal virtud, las partes no pueden habilitar el conocimiento
de las controversias relativas a ella a un tribunal de arbitraje.

En el presente caso, el tribunal arbitral de manera expresa declaró, en múltiples
apartes del laudo, que no era competente para conocer y decidir las tarifas
relativas a aspectos regulatorios, específicamente indicó que no estaba
resolviendo una controversia frente a la suficiencia financiera de la tarifa, sino,
que se trataba de la evaluación de una tarifa contractual y, por tanto, estimó que
sí era competente para pronunciarse sobre las pretensiones relativas a la
insuficiencia financiera de la tarifa que se aplicó para los residuos sólidos y para
el tratamiento de lixiviados.

b) De acuerco con el principio de arbitrabilidad objetiva, la competencia de los
árbitros se encuentra excluida de aquellos asuntos en los que no se tiene poder
de disposición, bien sea porque no se es titular del derecho o interés particular,
o porque corresponden a cuestiones no transigibles o renunciables; igualmente,
se limita la competencia del tribunal arbitral en materias reservadas a la
jurisdicción del Estado (control de legalidad de actos administrativos y
obligaciones relacionadas con el orden público).

c) Revisados los presupuestos de la cláusula séptima del contrato de concesión
no. 344 de 2010 se tiene que la tarifa fijada no cumple con los requisitos
necesarios para considerarse como de naturaleza contractual de conformidad
con lo previsto en el parágrafo 1º de la Ley 142 de 1994, pues: i) la tarifa no fue
fijada por la sociedad oferente y contratista; ii) la tarifa fue una incorporación al
pliego de condiciones realizada por la UAESP con fundamento en la Resolución
CRA 351 de 2005 y no existió ofrecimiento y/o aplicación de fórmula construida
por el oferente y, iii) de acuerdo con el pliego de condiciones, el proponente solo
podía ofrecer un descuento sobre la tarifa, pero, ese descuento no modificaba,
en modo alguno, la naturaleza de la tarifa en cuestión.

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d) De otra parte, los árbitros fallaron sin competencia por desconocer la cosa
juzgada contenida en el laudo del 27 de septiembre de 2018, dado que en ambos
procesos se resolvió sobre la misma relación jurídica, esto es, acerca de la
optimización de la planta de lixiviados.

En efecto, “se tiene que en el laudo de 2018 se discutieron, analizaron y juzgaron
todos los asuntos tendientes a determinar la existencia de la obligación de
optimización del sistema de tratamiento de lixiviados por parte de la sociedad
CGR SA ESP, concluyéndose su existencia y por ende, afirmándose la obligación
y los derechos inherentes a la misma, mientras que, en el Laudo de 2023, a pesar
de la diferencia en la estructuración de las pretensiones, se evidencia que
nuevamente se discutieron, analizaron y juzgaron los mismos asuntos
relacionados con la obligación de optimización del sistema de tratamiento de
lixiviados por parte de la CGR, concluyéndose la nulidad de la cláusula que la
contiene, lo cual controvierte la decisión del Laudo de 2018 respecto a la
existencia de la obligación, haciendo nugatorios los derechos reconocidos en la
decisión anterior” (índice 2, archivo 308 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar, con sujeción estricta a los recursos
interpuestos, si el laudo arbitral (i) fue proferido en conciencia o en equidad y/o
(ii) si se adoptaron decisiones con ausencia de jurisdicción o de competencia.

En primer lugar, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
anulación interpuesto por la sociedad contratista-convocante CGR SA ESP, toda
vez que no se acreditó la configuración de las causales alegadas; de otra parte,
en relación con el recurso presentado por la UAESP, la Sala lo declarará
parcialmente fundado en tanto se estableció que la tarifa del contrato de
concesión no. 344 de 2010 era de carácter regulado y, por lo tanto, no era un
litigio susceptible de arbitraje, por manera que anulará parcialmente el laudo
objeto de censura por falta de jurisdicción y de competencia de los árbitros.

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Las consideraciones se desarrollarán en dos partes, en la primera, se analizarán
los aspectos generales relativos a las limitadas posibilidades para impugnar las
decisiones arbitrales y, en la segunda, se resolverán los cargos concretos de cara
a las posibilidades que el recurso permite.

2. El recurso extraordinario de anulación y su alcance

El artículo 116 superior5 prevé la posibilidad de que los particulares ejerzan pro
tempore la administración de justicia, con la habilitación que para ello les
otorguen las partes de un conflicto a través de la conformación de tribunales de
arbitraje en los términos regulados en la ley; la decisión que adoptan constituye
una verdadera decisión judicial.

La regulación de la actividad arbitral quedó asignada al legislador que,
históricamente, ha determinado precisas y taxativas causales para la
procedencia del recurso de anulación sobre la consideración de que el fallo
arbitral es una auténtica decisión judicial dictada por particulares que ejercen, en
forma transitoria, jurisdicción, en tal virtud, goza de las características de
inmutabilidad y ejecutoriedad.

Por ende, la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el
recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el
entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de
los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la
verificación del acatamiento de las causales precisas.

Así, el recurso se estudia y decide con sujeción a los puntuales argumentos de
las partes, sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral;
la función del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias
procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos

5 Constitución Política de Colombia, “Artículo 116 (…). Los particulares pueden ser investidos

transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

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específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente,
suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley.

En esa perspectiva, la Corporación ha precisado, reiteradamente, que el recurso
extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia,
de ahí que no sea admisible que con su interposición se intente continuar, reabrir
o replantear el debate sobre el fondo del proceso originalmente propuesto y
decidido.

3. Decisión del recurso interpuesto por la sociedad convocante CGR SA
ESP (convocada en reconvención)

3.1 Primer cargo de anulación: causal contenida en el numeral 7 del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”

1) El fallo en conciencia se identifica con el brocardo “ex equo et bono” porque el
panel arbitral, al margen de un parámetro normativo o legal, aplica criterios
axiológicos como los de “lo correcto o lo bueno” en términos de verdad sabida y
buena fe guardada o, según el leal saber y entender; en otros términos, la causal
del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal arbitral profiere el
laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio.

2) En cuanto atañe específicamente a la configuración del fallo en conciencia esta
Sala en reciente pronunciamiento precisó: “puede declararse fundada cuando se
verifique uno de los tres siguientes supuestos: (1) cuando el Laudo se funde
exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho; (2) cuando la decisión se
haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación
jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y
(3) cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio o
cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente
la decisión”6.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2022, exp.

67.069, MP Alberto Montaña Plata.

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3) Ahora bien, la misma ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar
el análisis de fondo de la controversia lo cual le impide revisar los razonamientos
jurídicos del tribunal de arbitraje para dilucidar si son o no errados; en ese sentido
el inciso cuarto del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 prevé: “la autoridad judicial
competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia,
ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

4) Sobre este punto se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la siguiente dirección7:

“El fallo en conciencia imparte solución al litigio de acuerdo con
la convicción personal y el sentido común. Así, el juez sigue las
determinaciones de su fuero interno, según su leal saber y
entender, basado o no en el principio de la equidad (…). La Sala
ha precisado que (…) si el juez adquiere la certeza que requiere para
otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en
las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable
del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos8.

Por ello, esta causal no autoriza al juez del recurso de anulación para
verificar el fondo del fallo, ni alterar el valor que el juzgador le otorgó
a cada una de las pruebas. Los límites que la ley ha fijado a este
recurso suponen la sanción de yerros in procedendo y no in
iudicando9.

No es procedente analizar una violación indirecta a la norma
sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al
valorar las pruebas, porque este aspecto es un error in iudicando
sobre el cual no está edificado este recurso extraordinario (…).

Se configura un fallo en conciencia cuando se decide sin pruebas de
los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es,
con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el
proceso10.

La decisión equivocada no corresponde a un fallo en conciencia, ni el
desacuerdo de las partes con las razones esgrimidas en el fallo hace
procedente la causal, porque el juicio de anulación no supone una

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2018, exp. N°

59270, MP Guillermo Sánchez Luque.
8 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992,

Rad. 6.695 (fundamento jurídico b)”.
9 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de julio de 2000,

Rad. 17.591 (fundamento jurídico consideraciones); y de 16 de junio de 2008, Rad. 34.543
(fundamento jurídico 3.1.2)”.
10 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2006,

Rad. 31.887 (fundamento jurídico 3.1)”.

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nueva instancia de discusión en relación con el fondo del asunto11”
(resalta la Sala).

De igual manera, la jurisprudencia ha precisado12:

“No corresponde a esta causal de anulación, la deficiente valoración
que de las pruebas realice el juzgador13, por cuanto ‘(n)o se trata
pues, y eso está claro, de que el recurrente encubra sus divergencias
sobre la manera como el tribunal estimó y valoró las pruebas del
proceso, que le ha sido desfavorable, para deducir de allí que se está
en presencia de un fallo en conciencia, cuando normalmente, en un
caso como este, el juez suele expresar claramente, a lo largo de la
motivación de la sentencia, las razones por las cuales los medios de
prueba le han conducido a tomar una u otra posición, gracias a la
libertad de valoración –sana crítica- que la ley procesal le confiere’14
(…).

La Sala, recientemente, analizó los criterios jurisprudenciales sobre
el fallo en conciencia a la luz de la Ley 1563 de 2012 y al respecto,
concluyó que se da la configuración del mismo en los siguientes
términos (…). ‘(a) Que el fallo no se fundamente en el derecho
positivo y vigente (en términos actuales, que el laudo no sea en
derecho) (…) debe entenderse que un laudo es en derecho cuando
se apoya en las mismas fuentes jurídicas que todo juez utiliza para
juzgar las controversias que conoce, sin que estas se entiendan
circunscritas al derecho legislado, de acuerdo al sentido amplio que
le dio la jurisprudencia en su momento. En conclusión, los árbitros
podrán apoyarse en todas las fuentes del derecho como lo hace
cualquier juez en su actividad judicial para que su decisión sea
considerada en derecho (…) vale reiterar la precisión que la
jurisprudencia ha hecho en relación con las fuentes del derecho, en
tanto la mínima referencia que se haga de ellas permite predicar un
arbitraje en derecho, siempre que ese mínimo esté conectado con el
sentido de la decisión, hasta el punto que no pueda calificarse como
absolutamente descontextualizada o con el simple propósito de dar
apariencia de ser una decisión en derecho (…) (d) Que el fallo no
considere las pruebas. Este criterio, al igual que el que exige que el
arbitraje sea en derecho, es parte de la definición pacífica que ha
construido la jurisprudencia sobre lo que es un laudo en conciencia,
es decir, aquel que se profiere con total desprendimiento de los
fundamentos jurídicos y probatorios. En esta oportunidad, la Sala
reiterará lo dicho por la Corporación, para lo cual remite al desarrollo
que sobre este criterio se hizo, en el entendido que se exige del laudo
su fundamentación en las pruebas legalmente aportadas al proceso.
Luego, si no hay fundamento probatorio o sin justificación se

11 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de

2002, Rad 22.191 (fundamento jurídico c)”.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2018, exp.

59836, MP Danilo Rojas Betancourth.
13 Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, MP María Elena Giraldo Gómez”.
14 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, MP Enrique Gil Botero”.

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
Convocante: Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP
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desconoce o se aparta de las pruebas se estará frente a una decisión
claramente subjetiva de los árbitros’.

Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera
significar la revisión del fondo de la decisión o la calificación de la
misma. Se trata de defectos evidentes, como lo son la ausencia de
fundamentos probatorios o, como lo ha precisado la jurisprudencia,
que aun cuando exista un análisis probatorio, el laudo se aparte por
completo y sin justificación de lo que las pruebas señalan, es decir,
un abandono absoluto del material probatorio”15 (negrillas de la Sala).

5) La misma ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar el análisis
de fondo de la controversia, lo cual le impide revisar los razonamientos jurídicos
del tribunal de arbitraje para dilucidar si son o no errados, tanto así que el inciso
cuarto del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 dispone: “La autoridad judicial
competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia,
ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

6) En este caso concreto, la sociedad recurrente sostiene que las pruebas no
soportan objetivamente la decisión; por su parte, la UAESP se opuso porque la
decisión arbitral contiene un extenso análisis probatorio realizado con base en
las reglas de la sana crítica que incluye las comunicaciones y las remisiones que
se alega no fueron tenidas en cuenta; a su turno, el Ministerio Público conceptuó
que el recurso es improcedente, pues, la sociedad recurrente persigue revivir el
debate probatorio y jurídico.

Como se analiza a continuación, ninguno de los dos argumentos alegado por
CGR SA ESP estructuran la causal de anulación.

7) En primer lugar, los árbitros sí tuvieron en cuenta la comunicación de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y, por consiguiente,
discutir y disentir de la interpretación que los árbitros hicieron de ese documento
escapa del alcance del recurso de anulación; al respecto, el panel arbitral indicó
lo siguiente:

“Ahora bien, el Concesionario manifiesta que la SSPD en
comunicación del 8 de marzo de 2022 (i) avaló la ejecución de recursos
por parte del Concesionario en las actividades de cierre, clausura y

15 Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 55.852, MP Ramiro Pazos Guerrero”.

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
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posclausura y que (ii) estableció que los recursos sólo debían
provisionarse en el encargo fiduciario a partir del mes de enero de
2023. Sin embargo, el Tribunal encuentra que lo mencionado por el
Concesionario no es cierto.

En primer lugar, porque si bien la SSPD señala que ‘en conclusión, el
prestador de la revisión de las facturas allegadas para una muestra de
las obras ejecutadas soportó que los informes de visita presentan datos
verificables y que el prestador invirtió un mayor valor en estas
actividades que el que se debe destinar en la fiducia para estas mismas
actividades, por lo tanto no hay valores sobrantes en la fiducia
correspondiente’, no resulta claro que ello corresponda
necesariamente a los recursos de clausura y posclausura que deben
ser provisionados en el encargo fiduciario.

Esto es así, en tanto que esta conclusión se deriva de las ‘tablas 3-5 a
3-8’ contenidas en la mentada comunicación las cuales hacen
referencia a las “cantidades y costos para cierre” para (i) Zona de
Contingencia Biosólidos, 2017; (ii) Zona de Optimización Fase I -
Reconformación de taludes, 2018; (iii) Zona de Contingencia
Biosólidos, 2019 y (iv) Zona de Contingencia Biosólidos enero –
diciembre 2020.

Se trata pues de cantidades y costos sólo para el cierre de la Zona de
Contingencia de Biosólidos, y la Zona de Optimización Fase I, que no
de recursos destinados a las actividades de clausura y posclausura.
Además, si bien es cierto para el año 2020 la SSPD (tabla 3-8) señala
que se efectuó la comprobación de los costos y que “les sobran
recursos gastados”, para otros años y zonas, por ejemplo, se señala
por la SSPD que “las facturas soportan el 74% de los costos
solicitados” y que “las facturas soportan el 97% de los costos
solicitados”, de manera que de lo expresado por la SSPD no se puede
derivar el cumplimiento de la obligación de mantener la provisión de
recursos del Concesionario para las actividades de clausura y
posclausura.

Más aún, no se puede perder de vista que la SSPD en la misma
comunicación requirió que se hicieran las provisiones pendientes.
Veamos:

‘En este orden de ideas y con el propósito de tener claridad sobre cuales
actividades de posclausura no cuentan actualmente con una
financiación a través del vehículo de la fiducia, la Superservicios recibió
respuesta de la Comisión de Regulación de Agua Potable mediante
oficio SSPD No. 20225290308102 del 27 de enero de 2022, donde la
CRA se pronunció sobre “qué actividades dentro del cierre, clausura y
posclausura del sitio de disposición final Doña Juana se remuneran vía
tarifa al prestador CGR Doña Juana S.A. ESP, conforme a los costos
particulares CDF_PCRSDJ y CTLM_PCRSDJ aprobados en los
artículos 1 y 2 de la Resolución particular CRA 843 de 2018”.

(…)

Al respecto, la Superservicios solicita que provisione en la fiducia los
recursos necesarios para garantizar todas las actividades de
posclausura detalladas por la CRA en el radicado SSPD No.
20225290308102 del 27 de enero de 2022 y transcritas en este aparte
de observaciones, para lo cual deberá remitir un informe de la provisión

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de estos recursos en la fiducia a partir del año 2023 de manera
semestral’.

Como se puede ver, la comunicación en cita no señala en momento
alguno que la provisión de recursos en el encargo fiduciario debiera
hacerse sólo a partir del año 2023, sino que hace hincapié en la
existencia de actividades que para esa fecha no contaban “con
financiación a través del vehículo de la fiducia”, razón por la cual se
exige a CGR provisionar los recursos respectivos conforme a lo
indicado por la CRA, y como consecuencia de ello, remitir un informe
semestral sobre la provisión de estos recursos, lo que es distinto de
decir que la SSPD estableció que la provisión sólo era obligatoria
desde el año 2023, pues para el Tribunal, vista la citada comunicación,
no fue eso lo que expresó la Superintendencia” (páginas 1191 y 1192
del laudo).

En segundo término, el contratista CGR SA ESP discute la competencia del panel
arbitral, lo cual desborda la causal de anulación de fallo en conciencia; en todo
caso, el tribunal sí tuvo en cuenta la remisión de la investigación que la UAESP
hizo a la SSPD dado que, luego de citar la Resolución no. 671 de 2019, concluyó
que “el archivo de la actuación sancionatoria (…) obedeció a que la Interventoría
en la comunicación que solicitó el inicio del proceso sancionatorio contra el
Concesionario por el incumplimiento de la obligación relativa a la provisión de
recursos no hizo referencia a ninguna estipulación del Contrato, sino solo a
disposiciones regulatorias” (página 1185 del laudo).

8) En la demanda reformada, el CGR solicitó al tribunal definir cuál era el plazo
del contrato de concesión no. 344 de 2010, porque durante la ejecución las partes
tuvieron dos interpretaciones sobre la duración del negocio jurídico, tal como se
explicó en los antecedentes de esta providencia:

a) En la cláusula sexta del contrato, las partes acordaron lo siguiente:

“CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE LA CONCESIÓN: El plazo del
contrato de concesión resultante del presente proceso de selección,
iniciará una vez se suscriba el acta de iniciación previa aprobación de
las garantías establecidas en el contrato y el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos de legalización del contrato. El plazo
terminará cuando se haya copado la capacidad de disposición de
residuos sólidos incorporada a este proceso. En el evento en que no
se otorgue la modificación a la Licencia actualmente vigente. la
Concesión terminará cuando se cope la capacidad del área
actualmente licenciada. La capacidad de residuos sólidos que se usará
para tal efecto, corresponde a la capacidad licenciada que encuentre
el operador seleccionado a la fecha de inicio de sus labores y a la
capacidad adicional que a través de una ampliación o modificación de

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Expediente: 11001032600020230011300 (70.145)
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la licencia ambiental actual logre el operador sobre los terrenos de
propiedad de la UAESP, ya adquiridos a la fecha de suscripción del
contrato para tal efecto por la UAESP, en desarrollo de lo planeado en
el PMIRS vigente y acorde con el POT vigente. Este trámite deberá ser
gestionado por el Concesionario a su cuenta y riesgo.

La capacidad actualmente licenciada por la Corporación Autónoma
Regional CAR corresponde a 8.400.964 m3 con corte a 31 de Octubre
de 2009. La zona adicional a ser desarrollada corresponde a la Zona
de Optimización Fase II, la cual en estimaciones preliminares de la
UAESP a ser ajustadas por el operador a su cuenta y riego para todo
lo relacionado con su oferta, corresponde a 10.192.674 m3. La suma
de las anteriores capacidades, en estimaciones de la UAESP permite
una operación de once años. Este valor puede variar y no genera
ninguna responsabilidad con cargo a la UAESP” (índice 2 SAMAI).

b) El concesionario CGR SA ESP afirmó que el plazo del contrato era
indeterminado y podía ampliarse siempre que se modificara la licencia ambiental
contenida en la Resolución CAR no. 1351 de 2014; la UAESP, por su parte,
consideró que el plazo solo podía ampliarse en una ocasión, lo cual ocurrió en la
reforma de la licencia ambiental realizada mediante la Resolución CAR 1351 de
2014, de allí que el contrato finalizaba una vez cumplida la capacidad máxima
autorizada en dicho acto administrativo.

c) Los árbitros concluyeron que el contrato finalizaría cuando “se cope la
capacidad licenciada a través de la Resolución CAR 1351 de 2014”; para llegar
a esta conclusión desarrollaron un extenso análisis (páginas 631 a 727 del laudo)
del cual se destacan los siguientes aspectos: (i) plantearon la necesidad de
interpretar el contrato; (ii) estudiaron los principales documentos
precontractuales; (iii) hicieron una interpretación integral del contrato, a partir de
la cual establecieron que la intención inicial de las partes era clara, esto es, que
únicamente se podría ampliar el plazo del contrato para adicionar la capacidad
de la Zona de Optimización Fase II y, (iv) indicaron que si bien hubo actos
posteriores en los que la UAESP entendió que el plazo podía ampliarse, ello no
podía cambiar el alcance de lo inicialmente pactado entre las partes.

Es particularmente relevante advertir que, como fundamento de su interpretación,
los árbitros acudieron a los documentos precontractuales (pliegos de
condiciones) y las estipulaciones del negocio jurídico, en concordancia con las
normas de la Ley 80 de 1993 y del Código Civil, tanto así que el panel arbitral

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afirmó que debía dar aplicación al artículo 1622 del Código Civil referente a la
interpretación sistemática del negocio jurídico.

El tribunal tuvo en cuenta que, por solicitud de la UAESP, el 19 de diciembre de
2018 un asesor emitió un concepto en el que se indicó que la interpretación
correcta del contrato permitía adicionar ‘el objeto del contrato más allá de lo que
la referida Fase II’, documento que fue acogido por la Subdirección de Asuntos
Legales de la UAESP y, con base en el mismo, las partes suscribieron el Otrosí
no. 4.

A pesar de los anteriores documentos, el tribunal arbitral analizó si ‘el acogimiento
del concepto por parte de la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP y la
incorporación de este en un considerando de una modificación contractual,
constituyen una interpretación o una modificación del Contrato y si ello resulta
posible jurídicamente dentro del marco normativo de la contratación estatal”
(página 709 del laudo); los árbitros concluyeron que no podía ser una
interpretación del contrato porque su alcance inicial era claro.

En consecuencia, el panel arbitral indicó que la actuación de la UAEPS podía ser
analizada desde la óptica de una modificación contractual, pero, entender que se
estaba en presencia de la misma no sería viable ya que esa circunstancia no
superaría un examen de eficacia y de validez, dado que (i) no se cumplió con la
solemnidad de elevar el cambio por escrito como exige el artículo 39 de la Ley 80
y, además, la cláusula de interpretación unilateral del artículo 15 de la Ley 80 no
permite modificar el alcance del contrato; (ii) violaría los principios de libre
concurrencia, igualdad, imparcialidad, prevalencia del interés general y
transparencia porque extendería la licitación más allá de las condiciones
establecidas en la fase precontractual y, (iii) vulneraría el principio de buena fe
consagrado en los artículos 1603 del Código de Civil y 871 del Código de
Comercio.

d) El concesionario considera que la anterior decisión configura la causal 7 de
anulación, sobre laudo en conciencia, porque, en su criterio, los documentos no
sustentan objetivamente la decisión arbitral en tanto que (i) el laudo,
erróneamente, se fundamentó en el modelo financiero de la licitación adelantada

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para celebrar el contrato; (ii) el contrato indicaba que se ejecutaría en la totalidad
de los predios en el que está el relleno sanitario y, por ende, la licencia se podía
ampliar más allá de los límites permitidos en la resolución de 2014 y, (iii) el
tribunal ignoró la conducta de las partes.

Agrega la sociedad recurrente que el tribunal arbitral dejó de lado el derecho
positivo, toda vez que los árbitros ignoraron los artículos 1618 y 1624 del Código
Civil y el artículo 83 de la Constitución que consagra el principio de buena fe.

Finalmente, aduce la sociedad convocante que los árbitros aplicaron normas,
principios y disposiciones que no eran aplicables al caso concreto, tales como (i)
el artículo 39 de la Ley 80 de 1993; (ii) los principios de libre concurrencia, trato
igualitario, imparcialidad, prevalencia de interés general y transparencia y, (iii) los
artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio.

e) Por su parte, la UAESP se opuso al recurso de la convocante, con fundamento
en que lo que pretende el recurrente es discutir la valoración probatoria; adujo
que la sociedad CGR cita algunas de las normas que convienen a su postura, sin
tener en cuenta el sistema de interpretación de las normas jurídicas que fue
aplicado correctamente por los árbitros.

f) En su concepto, el Ministerio Público pidió resolver desfavorablemente el cargo
de anulación, porque se pretende discutir la valoración probatoria y la
interpretación de normas realizada por el tribunal.

g) La Sala negará la procedencia de este cargo porque es claro que se pretende
discutir la interpretación y examen jurídicos que hicieron los árbitros para resolver
la controversia.

9) Al respecto, la Sala pone de presente lo siguiente:

a) En primer lugar, la decisión se fundamentó en los documentos
precontractuales, en el contrato y en las comunicaciones surtidas entre las partes,
de allí que no es válido afirmar que el laudo exponga conclusiones sin respaldo
probatorio en los asuntos indicados por el concesionario; el concesionario

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pretende con su recurso cuestionar las conclusiones del tribunal respecto de los
documentos contractuales, lo cual no es constitutivo de un fallo en conciencia,
sino, de un debate sobre la valoración probatoria que escapa de la órbita del
recurso la anulación.

b) La sociedad CGR SA ESP alega que en el laudo se afirma, erróneamente, que
el modelo financiero de la licitación adelantada para celebrar el contrato no
preveía posibles modificaciones de la licencia ambiental diferentes a la de la Zona
de Optimización Fase II y, además, que no fue entregado al contratista; este
reparo en realidad pretende discutir la interpretación de una de las pruebas, lo
cual no corresponde al juez de anulación y, en todo caso, ignora que el modelo
no fue el único documento precontractual considerado por el tribunal para adoptar
su postura, dado que para analizar la actuación precontractual, el tribunal arbitral
tuvo en cuenta, además, el pliego de condiciones; varias preguntas y respuestas
presentadas durante el proceso de selección y la oferta presentada por CGR.

c) La Sala destaca que los árbitros sí examinaron y valoraron las estipulaciones
contractuales en las que se basó el concesionario para sostener su postura
jurídica (páginas 678 a 700 del laudo), es decir, estudiaron los elementos
relacionados con cuál era la zona que comprendía la concesión, por manera que
la recurrente cuestiona las conclusiones de la interpretación del contrato
realizada por los árbitros, lo cual no es posible en sede de anulación.

d) El concesionario (recurrente) aduce que la decisión del tribunal ignoró la
conducta de las partes, pues, durante la ejecución del contrato la UAESP
reconoció que su plazo podía ampliarse si se lograba modificar la licencia
ambiental; los árbitros tuvieron en cuenta las pruebas sobre la conducta de las
partes (páginas 705 a 708 del laudo) y concluyeron que esa conducta de la
entidad convocada no modificó el contrato de concesión, de allí que la omisión
que alega el recurrente no existió y que lo que se pretende es discutir la
valoración jurídica hecha por los árbitros.

Adicionalmente, la recurrente afirma que tribunal arbitral dejó de lado el derecho
positivo; sin embargo, en este caso, no se alega la carencia de fundamento

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jurídico ni que los supuestos de la controversia no puedan subsumirse en las
consideraciones del tribunal16.

e) Finalmente, CGR SA ESP sostiene que los árbitros acudieron a normas,
principios y disposiciones no aplicables al caso concreto; no obstante, este reparo
tampoco prospera, porque el recurso es contradictorio cuando indica que los
hechos del caso no se subsumen en el principio de la buena fe, debido a que no
es factible afirmar que dicho principio debía tenerse en cuenta en el caso con
base en una norma constitucional (artículo 83 de la Carta Política), para después
indicar que la buena fe contractual no es aplicable en el caso concreto (y que por
ende tampoco lo son los artículos 1603 y 871 del Código de Comercio). Al margen
de que se comparta la aplicación que hicieron los árbitros, la buena fe contractual
es una consagración legal del principio de buena fe constitucional.

f) Adicionalmente, la indebida aplicación de normas a un caso no configura la
causal de anulación ya que, un asunto es que el laudo contenga una
argumentación jurídica aparente, porque las normas citadas no tengan relación
con el caso concreto y, otra, muy distinta, es que se pretenda discutir la aplicación
de una normativa al asunto objeto de análisis; esto segundo es justamente lo que
persigue la sociedad recurrente, en tanto que los árbitros consideraron necesario
aplicar el artículo 39 de la Ley 80 y los principios de contratación estatal para
interpretar si el otrosí número 2 implicó una modificación válida del alcance inicial
del contrato y, por tanto, con independencia de que el juez de la anulación
comparta esa argumentación, es claro que la indebida subsunción de una norma
a un caso comporta una controversia de carácter jurídico, motivo por el cual el
recurrente lo que realmente persigue es controvertir los criterios interpretativos
empleados por el tribunal para la adopción de la decisión ahora objeto de
impugnación extraordinaria.

16 La Subsección ha indicado que el laudo carece de fundamento jurídico, en las siguientes circunstancias:

“(…) no es suficiente con que el laudo haga una simple referencia a una norma constitucional o legal vigente
para catalogar a la providencia como sujeta a derecho, sino que los supuestos fácticos del caso bajo estudio
deben poder subsumirse lógicamente en el fundamento jurídico citado por el Tribunal, de manera que
la fundamentación jurídica sustente lógicamente la decisión. Lo anterior, al margen de un juicio sobre la
pertinencia o corrección sustantiva de los argumentos jurídicos del Tribunal” (se destaca). Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, expediente 63513, MP Alberto
Montaña Plata. En el mismo sentido, sentencia del 23 de enero de 2023, expediente 68550, MP Martín
Bermúdez Muñoz.

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3.2 Segundo cargo: causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “la caducidad de la acción, la falta
de jurisdicción o de competencia”

1) La sociedad concesionaria alega que se configuró la causal de anulación dos
(2), atinente la falta de competencia de los árbitros, con base en tres argumentos:

a) Las normas incumplidas de aprovisionamiento de recursos de clausura y
posclausura son de carácter regulatorio, por lo cual, verificar su cumplimiento es
una competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(SSPD) en ejercicio de sus funciones de inspección vigilancia y control.

b) La SSPD zanjó toda discusión cuando adoptó una decisión que, además, no
fue cuestionada ni demandada, por lo que se encuentra en firme y produciendo
plenos efectos, por manera que los árbitros no podían pronunciarse, pues,
hacerlo generaba el riesgo de incurrir en decisiones contradictorias.

c) La cláusula compromisoria exigía que hubiera controversia entre las partes y,
en este asunto, no existía el litigio, por cuanto este se acabó cuando la UAESP
decidió remitir la investigación a la SSPD.

2) La UAESP se opone a la prosperidad de este cargo, porque, en su criterio, las
pretensiones resueltas por los árbitros no se refieren al ejercicio de competencias
de la SSPD, por cuanto una cosa es el ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control a cargo de la Superservicios y, otra, muy distinta, es la
constatación y análisis de un incumplimiento contractual; además, agregó que no
reconoció que el asunto fuera de competencia exclusiva de la SSPD y, aún si lo
fuera, no podría extinguir la competencia judicial para verificar el incumplimiento
contractual de una de las partes.

3) El Ministerio Público sostuvo que el recurso no procede, porque el tribunal se
limitó a estudiar el incumplimiento contractual, sin perjuicio de que la
determinación del monto de los recursos de clausura y posclausura dependiera
de una regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA).

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4) La causal 2 exige como requisito de procedibilidad que el recurrente haya
hecho “valer los motivos constitutivos (…) mediante recurso de reposición contra
el auto de asunción de competencia”; en este caso concreto, la recurrente planteó
los dos primeros argumentos en el recurso de reposición contra el auto en el que
el tribunal se declaró competente, pero no señaló nada acerca del incumplimiento
de los requisitos exigidos por la cláusula compromisoria; en efecto, en el recurso
de reposición se afirmó lo siguiente:

“Por último, mi tercer punto de inconformidad y de solicitud al tribunal
de revocatoria parcial del Auto se refiere a las pretensiones
cuadragésima novena y quincuagésima, que tienen que ver con
pretensiones que se formulan al Tribunal relacionadas con decisiones
también de la Superintendencia de Servicios Públicos, decisiones que
la Superintendencia adoptó igualmente mediante acto administrativo
en función o en desarrollo de sus funciones legales de vigilancia y
cumplimiento de las normas.

En ese orden de ideas, es sorprendente que la convocada incluya este
tema como pretensión dentro del presente proceso arbitral y, por ello,
solicito al tribunal que tenga a bien modificar su decisión en este
aspecto dado que todos tenemos —la reconviniente y nosotros— pleno
conocimiento de que la autoridad encargada de conocer el tema, este
asunto, es la Superintendencia de Servicios Públicos, quien dentro de
su papel de vigilancia y control, que es exclusivo y excluyente de lo
demás, no ha encontrado que exista ningún incumplimiento respecto
del encargo fiduciario para las obras de clausura y posclausura.

No cabe entonces espacio para que el tribunal arbitral, habiendo sido
definido este aspecto por el competente que es la Superintendencia,
pueda conocer y emitir un pronunciamiento al respecto”17.

En tal virtud, la Sala únicamente estudiará los dos motivos de incompetencia
respecto de los cuales se cumplió con el requisito de procedibilidad.

5) La UAESP formuló dos pretensiones: una declarativa y otra consecuencial de
condena; el tribunal solo accedió a la primera súplica, en la cual se solicitó que
se declarara el incumplimiento del concesionario del numeral 32 de la cláusula
segunda del contrato de concesión no. 344 de 2010 por el hecho de no realizar
la provisión ordenada en el artículo 2.3.2.3.5.18 del Decreto 1077 de 2015, el
artículo 30 de la Resolución CRA 720 y la Circular 001 de 2017 emitida por la
CRA para garantizar la disponibilidad de recursos económicos para la clausura y
posclausura del Relleno Sanitario Doña Juana.

17 Índice 2 SAMAI. Grabación del recurso que obra en el archivo denominado “129.1. Primera de trámite

intervenciones de las partes”.

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Acerca de este punto objeto de análisis, debe observarse lo siguiente:

a) Respecto de la obligación que se solicitó declarar incumplida, en el numeral
32 de la cláusula segunda del contrato se estipuló:

“CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONCESIONARIO: Además de las obligaciones que de manera
general establece el Artículo 5° de la ley 80 de 1993 y aquellas que
corresponden a la naturaleza del contrato de concesión, EL
CONCESIONARIO deberá cumplir las siguientes obligaciones
generales:

(…).

32. Cumplir con las obligaciones que impone a las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios la Ley 142 de 1994 y las normas que
la desarrollen, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan; las
resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - CRA, y demás normas concordantes. Además,
el Concesionario deberá respetar las obligaciones propias de la
diligencia profesional y las buenas prácticas de la industria y de la
ingeniería>>.

b) Por su parte, en relación con los recursos que debían provisionarse para la
clausura y posclausura, el Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 720 de 2015
y la Circular 001 de 2017 de la CRA prevén:

“Artículo 2.3.2.3.5.1818 del Decreto 1077 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

ARTÍCULO 2.3.2.3.5.18. Disponibilidad de recursos económicos. Con
el fin de garantizar la disponibilidad de recursos económicos para
realizar el cierre, clausura, posclausura y posterior monitoreo de los
rellenos sanitarios , toda persona prestadora del servicio público de
aseo en la actividad de disposición final de residuos sólidos, deberá
constituir y mantener una provisión, que garantice la disponibilidad
permanente de las sumas acumuladas durante el período de operación
del relleno sanitario, necesarias para construir las obras de clausura y
posclausura requeridas y llevar a cabo el monitoreo por el período que
se determine en la licencia ambiental. La forma de determinar los
valores a provisionar será establecida por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico en la metodología tarifaria del
servicio público de aseo”.

“Artículo 30 de la Resolución CRA 720 de 2015

ARTÍCULO 30. Provisión de recursos para las etapas de clausura y
posclausura. La persona prestadora de la actividad de disposición final
deberá constituir un encargo fiduciario, que permita garantizar los
recursos necesarios para la clausura y posclausura del mismo, de tal

18 Esta norma incorporó el artículo 19 del Decreto 838 de 2005.

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manera que todas las actividades y obras requeridas para dichas
etapas se realicen, acorde con lo establecido en el artículo 2.3.2.3.5.18
del Decreto 1077 de 2015, o el que lo modifique, sustituya o adicione,
de acuerdo con la fórmula definida para CDF_PC en el ARTÍCULO 28.

En el caso en que la autoridad ambiental determine un período
adicional a diez (10) años para la etapa de posclausura del sitio de
disposición final, la persona prestadora calculará su costo a partir de lo
establecido en el Parágrafo 5 del ARTÍCULO 28.

“Circular CRA 001 de 2017, referente a la aplicación del <<marco
tarifario para personas prestadoras del servicio público de aseo en
municipios con más de 5.000 suscriptores>>

11 Costo de Disposición Final –CDF-

El artículo 30 de la Resolución CRA 720 de 2015, impuso la obligación
a los operadores de los rellenos sanitarios de hacer la provisión de los
recursos para la etapa de posclausura, calculados de conformidad con
la fórmula tarifaria definida en el artículo 28 ibídem. Al respecto, la
regulación define que los recursos provisionados tienen una
destinación específica para financiar las actividades relacionadas con
el cierre progresivo del relleno sanitario, en concordancia con los
requisitos técnicos definidos por la normatividad ambiental vigente y
contemplados en el diseño del relleno sanitario, así como en la licencia
ambiental aprobada para el proyecto.

Así las cosas, es potestad del operador del relleno sanitario definir los
requisitos necesarios para el giro de los recursos provisionados en el
encargo fiduciario, teniendo en cuenta las etapas de diseño del relleno
sanitario y las proyecciones de vida útil del mismo, a partir de las cuales
se puede definir en qué momentos del tiempo se requerirán los
recursos y los montos definidos para la realización de las obras de
cierre; lo cual está sujeto a vigilancia y control por parte de la SSPD.

Todos los recursos que hagan parte de la provisión para las etapas de
cierre, clausura y posclausura de la disposición final y el tratamiento de
lixiviados, incluyendo los intereses o rendimientos de estos recursos;
deben ser empleados para las actividades y obras requeridas para los
que fueron provisionados”.

c) Durante la ejecución del contrato y con miras a adecuar la obligación
contractual a las disposiciones reglamentarias las partes suscribieron el
documento aclaratorio no. 1 del 14 de junio de 2017 en el cual señalaron lo
siguiente:

“CONSIDERACIONES

(…).

Que (…) el Subdirector de Disposición Final determinó la necesidad de
aclarar el Contrato de Concesión No. 344 de 2010, exponiendo las
siguientes razones:

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‘Se requiere la suscripción de un documento de carácter contractual
con el cual se busca definir la interpretación entre las partes de las
actividades de cierre y post cierre, su control, etapas, así como el
manejo de los recursos provisionados de conformidad con la
Resolución CRA 351 de 2005 y a Resolución 720 de 2015.

En ese sentido, el mencionado documento busca armonizar las
disposiciones contractuales a la regulación. De esta manera, cumplir
con los preceptos legales en la materia y plasmar la mejor
interpretación en relación con estos aspectos.

(…).

De acuerdo con lo anterior, se requiere incorporar en el Contrato 344
lo dispuesto por la Comisión en las Resoluciones CRA 720 y 751 de
2016, con el fin de justar la retribución económica planteada en dicho
contrato y de garantizar el flujo de recursos que permitan cumplir con
lo ordenado en el Decreto Nacional 1077 de 2015.
(...).

En ese sentido, es el querer de las partes armonizar el Contrato con la
normatividad de orden superior y de carácter público, para efectos de
resolver la incertidumbre provocada en cuanto al alcance de las
obligaciones de la concesión y la regulación vigente.

(…).

Conforme a lo expuesto y a modo de conclusión de lo dicho, las partes
han acordado que, conforme a la regulación vigente, el prestador del
servicio será el sujeto responsable de realizar la provisión de los
recursos destinados para las actividades de cierre, clausura y
postclausura. Que, en esa misma línea, en el particular caso que nos
ocupa, la prestación del servicio de disposición final se realiza como
consecuencia de un contrato de concesión y, por tanto, será CGR Doña
Juana el prestador del servicio en cuanto a las actividades de cierre,
postcierre, clausura y postclausura, si estas están a su cargo por la
disposición contractual.

(…)’.

(…).

CLÁUSULA PRIMERA: Se aclara que le corresponde al
CONCESIONARIO la ejecución de las actividades de cierre, postcierre
y clausura del contrato de concesión No. 344 de 2010.

CLÁUSULA SEGUNDA: Se aclara que para efectos del presente
contrato la remuneración y provisión por concepto de cierre, clausura
y post clausura se realizará conforme a la regulación vigente
establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico – CRA y, en especial se tendrán en cuenta los
porcentajes definidos en los documentos de trabajo y demás soportes
de la metodología tarifaria.

(…).

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El Concesionario reconoce la obligación de mantener la provisión
definida en la regulación y ejecutar las actividades correspondientes a
cierre (incluido postcierre) y clausura de todo el relleno (…)”
(mayúsculas fijas y negrillas del original).

d) En la ejecución del contrato, el interventor solicitó a la UAESP iniciar un
procedimiento sancionatorio en contra del concesionario por el hecho de
desconocer la obligación de proveer recursos para la clausura y posclausura del
relleno sanitario; la UAESP remitió la investigación a la SSPD mediante la
Resolución no. 671 de 2019 ‘por la cual se resuelve archivar y remitir por
competencia un proceso administrativo sancionatorio’ con fundamento en que la
solicitud del interventor se refería al incumplimiento de la regulación tarifaria que
regía al concesionario, mas no al de una obligación contractual en particular.

6) De la revisión de las estipulaciones contractuales y reglamentarias, así como
también de lo ocurrido durante la ejecución del contrato, se concluye que no es
válido afirmar que la provisión de los recursos para la clausura y posclausura sea
un asunto exclusivamente regulatorio, pues, es una obligación contractual,
respecto de la cual el juez del contrato sí podía pronunciarse.

Si bien es cierto que el numeral 32 de la cláusula 2 del contrato de concesión no.
334 de 2010 no regula expresamente el alcance de la provisión de recursos para
la clausura y posclausura, ello no desvirtúa el carácter contractual de la
obligación, más aún si se trata de una estipulación cuyo contenido es completado
con la normativa regulatoria.

En efecto, las partes suscribieron un documento aclaratorio del contrato que
buscó “resolver la incertidumbre provocada en cuanto al alcance de las
obligaciones de la concesión y la regulación vigente” (página 1184 del laudo); en
ese sentido, el Aclaratorio no. 1 —firmado después de la expedición del Decreto
1077 de 2015, la Resolución CRA 720 de 2015 y la Circular 001 de 2017—
estableció en la cláusula primera “se aclara que le corresponde al Concesionario
la ejecución de las actividades de cierre, postcierre y clausura del contrato de
concesión no. 344 de 2010” (página 1184 del laudo).

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7) Además, la remisión de la investigación a la SSPD tampoco desvirtúa el
carácter contractual de la obligación, por cuanto, un aspecto es la sanción que la
autoridad regulatoria puede imponer al concesionario y, otro, muy distinto, es la
decisión sobre el cumplimiento de la estipulación de carácter contractual.

La decisión de archivar la investigación contractual encaminada a sancionar al
concesionario (contratista), en estricto sentido, se basó en que el informe de
interventoría no hizo referencia a ninguna obligación del contrato, porque en ese
documento se indicó que ‘dada una interpretación gramatical del informe puede
concluirse que la [interventoría] alegó, exclusivamente, como fuente del
incumplimiento una norma contenida en la Resolución CRA 720 de 2015, que es
de naturaleza eminentemente regulatoria’ (página 1182 del laudo – negrillas y
subrayado del original). En todo caso, archivar un procedimiento administrativo
no impide que el juez del contrato pueda declarar la existencia de un
incumplimiento contractual.

8) La SSPD tampoco zanjó la controversia cuando adoptó una decisión que,
según el recurrente, goza de presunción de legalidad:

a) Es cierto que la mencionada Circular 017 de 2017 indica que el cumplimiento
de la obligación regulatoria está ‘sujeto a vigilancia y control por parte de la
SSPD’; sin embargo, ello no desvirtúa que el tribunal estudiara un asunto
diferente, esto es, si el concesionario cumplió o no cumplió una obligación
contractual pactada expresamente en el contrato.

En efecto, al haber asumido la obligación contractual —asunto que quedó
dilucidado en el Aclaratorio 1 de 2017—, la sociedad CGR SA ESP podía incurrir
en incumplimiento del contrato y, por lo tanto, el análisis que hace el árbitro
simplemente se circunscribe a determinar si se desconoció una obligación de
carácter contractual y, por ende, si era o no viable ordenar la reparación del daño
causado a la entidad contratante.

En este caso concreto, se reitera, el tribunal declaró el incumplimiento, pero, se
abstuvo de imponer condena en perjuicios, análisis completamente diferente al
que hizo la SSPD, pues, en el ejercicio de sus funciones de inspección y control

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dicha entidad decidió si procedía o no la imposición de sanciones por el
desconocimiento de la normativa en materia de servicios públicos domiciliarios.

b) No es cierto que la SSPD al resolver la investigación adelantada en contra del
contratista haya proferido una decisión vinculante para los árbitros, debido a que
no existe yuxtaposición de funciones, en tanto que la labor del juez del contrato
es diferente a la de la autoridad de inspección, vigilancia y control que verifica el
cumplimiento de la normativa regulatoria del servicio público domiciliario.
c) Finalmente, no es válido sostener que en la comunicación no.
20224300947721 del 8 de marzo de 2022 la SSPD haya definido que no hubo
incumplimiento en relación con los aportes para actividades de clausura y
posclausura ya que, esa entidad solicitó al concesionario provisionar en la fiducia
los recursos indicados en la comunicación de la CRA —que detalló las
actividades de posclausura cubiertas con la tarifa—; lo anterior, sin embargo, no
implica, necesariamente, que el concesionario no debiera hacer la referida
provisión de recursos.

4. Recurso de anulación interpuesto por la UAESP (convocada –
convocante en reconvención) - cargo único: causal contenida en el
numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “la
caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”

1) La UAESP interpone recurso de anulación con base en la causal dos (2), esto
es, la falta de competencia por considerar que el tribunal decidió en contravía del
laudo del 27 de septiembre de 2018 que, en su parecer, constituía cosa juzgada.

Como fundamento de su impugnación, aduce que el desconocimiento de la cosa
juzgada genera la falta de competencia, para lo cual cita la sentencia del 8 de
noviembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación en el expediente no. 66.767; manifiesta que en el caso del laudo
recurrido se cumplen los tres requisitos para que opere la cosa juzgada: identidad
de partes, de causa y de objeto.

Asimismo, argumenta que el tribunal de 2018 decidió acerca de si el
concesionario tenía la obligación de optimizar la planta de lixiviados y que, en ese
laudo, al contrario de lo señalado en la decisión recurrida, se indicó que la

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obligación “fue prevista claramente en los documentos precontractuales y el
pliego de condiciones valorando las características jurídicas de la citada
obligación, y que el concesionario asumió su cumplimiento.” (índice 2, archivo
308 SAMAI).

2) La sociedad CGR SA ESP, por su parte, se opone al recurso, por considerar
que desconocer la cosa juzgada no constituye falta de competencia, que la
sentencia citada por la recurrente indica, expresamente, que la causal no se
configura por la existencia de cosa juzgada; adicionalmente, estima que no hay
identidad de objeto o causa entre los laudos arbitrales, pues, mientras en el
proceso de 2016 la UAESP solicitó que se declarara que el concesionario estaba
obligado a optimizar el sistema de tratamiento de lixiviados y que incumplió dicha
obligación, en tanto que en este otro laudo se estudió la nulidad absoluta de esa
obligación.

3) El Ministerio Público conceptuó que este cargo no debe prosperar, porque el
desconocimiento de la cosa juzgada no configura la causal de anulación de falta
de competencia.

4) Al respecto, la Sala pone de presente que el numeral 2 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012 consagra como causal de anulación la “falta (…) de
competencia”, esta norma prevé que se debe presentar recurso de reposición
contra el auto en el que el tribunal se declaró competente, lo cual fue cumplido
en este caso concreto19. La cosa juzgada, sin embargo, no configura una falta de
competencia del panel arbitral, por cuanto, en estricto sentido, aquella
corresponde a una excepción que debe analizar el juzgador y que busca que se
rechacen las pretensiones de la demanda en virtud de la existencia de otra
decisión previa con identidad de partes, objeto y causa.

En un caso similar estudiado por esta Sala, se indicó que se profirió una decisión
incongruente porque un tribunal arbitral declaró la existencia de la cosa juzgada;
en esa oportunidad, el recurso de anulación se declaró infundado por los
siguientes motivos:

19 Índice 2 de Samai. Grabación del recurso que obra en el archivo denominado <<129.1. Primera de trámite

intervenciones de las partes>> y Actas 23 del 20 de septiembre de 2021 y 24 del 6 de octubre de 2021.

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“36. La Sala advierte en este punto que la cosa juzgada es una
excepción de fondo que puede proponer el demandado y que está
dirigida a determinar que la pretensión del demandante debe ser
rechazada porque sobre ella existe una decisión anterior; al
pronunciarse sobre ella, el Tribunal de Arbitramento está resolviendo
de fondo el punto y está denegando la pretensión impetrada por tal
causa; no se trata de una decisión inhibitoria, de carácter procesal, en
la cual el Juzgador advierte que no se pronunciará por razones
procesales o defectos de forma (indebida conformación del
litisconsorcio por ejemplo). La decisión de declarar la cosa juzgada es
una decisión que hace tránsito a cosa juzgada.

37. No puede en este caso considerarse que el Tribunal no resolvió
una pretensión para concluir que el laudo está afectado de
incongruencia; la resolvió en el sentido de denegarla por considerar
que sobre ella ya existía un pronunciamiento previo.

38. La decisión que adoptó el Tribunal al momento de asumir
competencia constituyó un examen preliminar que no impedía, de
ninguna manera, un examen definitivo en el Laudo. Por el contrario, en
ese momento se declaró la competencia para conocer de las
pretensiones y excepciones planteadas; y dentro de las excepciones
se encuentra la de cosa juzgada.

39. Así las cosas, la Sala no advierte la alegada ausencia de
pronunciamiento, dado que no está demostrado que el Tribunal haya
dejado de estudiar un asunto puesto en su conocimiento. Las
pretensiones fueron resueltas al decidir la excepción de cosa juzgada.
Si las razones del Tribunal fueron equivocadas, como lo afirma el
recurrente, ello no permite anular el laudo, puesto que la pretendida
errónea motivación constituye un vicio en el juzgamiento, cuyo
control escapa al objeto del recurso de anulación, pues este no
está previsto como una instancia adicional para discutir los
fundamentos que tuvo el Tribunal para adoptar su decisión”20 (negrillas
de la Sala).

Si bien la providencia anterior evaluó una causal diferente, la razón de la decisión
es la misma, esto es, que la cosa juzgada es una excepción “de fondo” y, en ese
sentido, más que afectar la competencia del panel arbitral, corresponde a una
decisión que puede dar lugar a denegar las pretensiones. Esto es tan claro que,
por el contrario, el recurso extraordinario de revisión sí permite evaluar la
existencia de una sentencia que sea contraria a la cosa juzgada21.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de diciembre de 2021, expediente

63319, MP Ramiro Pazos Guerrero.
21 El artículo 45 de la ley 1563 de 2012 remite al CGP, y esta norma en el artículo 355 prevé que una de las

causales del recurso extraordinario de revisión es: “9. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera
podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad lítem y haber
ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

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5) Para fundamentar el recurso de anulación, la UAESP citó una providencia de
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado22; no obstante, la
lectura integral de esa sentencia permite constatar que en esa ocasión también
se explicó que la cosa juzgada no configura la causal de anulación por falta de
competencia, en tanto no se trata de un aspecto que afecte la capacidad del panel
arbitral para resolver la controversia, sino la congruencia de la decisión. En ese
caso, el tribunal arbitral declaró que no tenía competencia para estudiar un grupo
de pretensiones porque existía una conciliación que hizo tránsito a cosa juzgada,
pero, esta corporación anuló el laudo dado que, pese a ello, estudió una
excepción que justamente se relacionaba con la existencia de cosa juzgada.

Aunque en el presente asunto los árbitros consideraron que la cosa juzgada, ab
initio23, podría limitar su competencia, expresamente precisaron que resolverían
el asunto de fondo en el laudo:

“Bajo este entendimiento, y en aras de garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la administración de justicia, se hace necesario
confirmar la competencia de este Tribunal para conocer las
pretensiones vigésima quinta, vigésima sexta (…) de la demanda
principal reformada, sin perjuicio de que en el laudo arbitral se
aborde el estudio de fondo acerca de la cosa juzgada en los
términos en que ha sido planteada por la demandada” (índice 2
SAMAI).

En ese orden de ideas, el cargo no está llamado a prosperar.

6) De otra parte, la UAESP alega que se configuró la causal 2 por falta de
competencia del panel arbitral, en atención al esquema constitucional y legal de
los servicios públicos, por cuanto la suficiencia de la tarifa no era un asunto
transigible, a diferencia de lo señalado por los árbitros; a lo cual agrega que para
sustentar su competencia el tribunal arbitral señaló que no se estaba
pronunciando sobre una tarifa regulatoria sino contractual, conclusión que es
errada por las siguientes razones:

a) En materia de residuos sólidos: (i) la tarifa no fue estipulada con base en un
ofrecimiento realizado por el CGR, (ii) fue incorporada con base en la Resolución

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de noviembre de 2021, expediente

66767, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
23 Acta 24 del 6 de octubre de 2021 (índice 2 SAMAI).

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CRA 351 de 2005 y, (ii) el CGR solo podía ofrecer un descuento que no
modificara la naturaleza regulada de la tarifa.

b) En el tratamiento de lixiviados, aunque la tarifa prevista en el contrato no hacía
referencia a la normativa de la CRA, dicha tarifa tampoco es contractual, los
árbitros señalaron que se pactó con base en el numeral 1 del artículo 87 de la
Ley 142 de 199324; sin embargo, esta norma no es aplicable, porque la tarifa
debía ser planteada por el proponente y, en este caso, la tarifa fue fijada en los
pliegos de la UAESP.

7) La sociedad convocante (concesionaria), por su parte, se opuso al recurso con
base en tres motivos:

a) El tribunal sí era competente, pues, las pretensiones no discutían las
resoluciones de la CRA ni las fórmulas tarifarias definidas por esa autoridad,
simplemente buscaban que se declarara que la remuneración contractual era
insuficiente, motivo por el cual los árbitros fueron claros en establecer que no
estaban pronunciándose sobre validez o legalidad de las tarifas fijadas por la
CRA, sino, únicamente, acerca de si el contrato respetó el sinalagma
prestacional.

b) El recurrente pretende discutir el fondo de la controversia, lo cual está
expresamente prohibido por el artículo 42 de la Ley 1564 de 2012.

c) En todo caso, las tarifas sí fueron contractuales, dado que el análisis del
tribunal se fundamentó en la normativa y pruebas aplicables, tanto así que los
peritos de ambas partes reconocieron que las tarifas eran contractuales.

8) Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto en el cual puso de presente
que el recurso de anulación debe prosperar en este aspecto, porque el

24 “PARÁGRAFO 1o. Cuando se celebren contratos mediante invitación pública para que empresas privadas

hagan la financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de que trata esta
Ley, la tarifa podrá ser un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas
tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e indexación que ofrezca el oferente deberán
atenerse en un todo a los criterios establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de
esta Ley. Tanto éstas como aquellas deberán ser parte integral del contrato y la Comisión podrá modificarlas
cuando se encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de neutralidad, abuso con los
usuarios del sistema. Intervendrá asimismo, cuando se presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo
98 de esta Ley. Con todo las tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión reguladora
respectiva cada cinco (5) años y cuando esta Ley así lo disponga”.

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desequilibrio del contrato se refería a la insuficiencia de las regulaciones
expedidas por la CRA; en ese sentido, la causal se configuró porque, al analizar
si la tarifa era insuficiente para el contrato, el tribunal arbitral “entraría a juzgar la
función regulatoria de la CRA, en últimas la entidad que tiene relación directa con
la afectación o no de la ecuación contractual o con el incumplimiento o no del
contrato por parte de la UAESP, pues esta entidad no tenía autonomía para fijar
la remuneración del contratista” (índice 2 SAMAI).

9) La Sala declarará la nulidad parcial del laudo arbitral, porque los árbitros
resolvieron una controversia relativa a un asunto que no era de libre disposición,
esto es, la suficiencia de la tarifa de residuos sólidos y de tratamiento de lixiviados
fijada por la Resolución no. 720 del 9 de julio de 2015 expedida por la CRA; esta
decisión, sin embargo, no cobija las pretensiones que versan sobre el tratamiento
de lixiviados inicialmente pactado, pues, dicha tarifa no fue regulada por un acto
administrativo, sino fijada por las partes del contrato.

10) La parte recurrente cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en la
ley, esto es, haber interpuesto recurso de reposición en contra de la decisión del
tribunal arbitral de asumir competencia (penúltimo inciso artículo 41 Ley 1563 de
2012 – Estatuto Arbitral).

En efecto, el panel arbitral asumió competencia en la primera audiencia de
trámite; en el acta no. 23 del 20 de septiembre de 2021 se consignó lo siguiente:

“La parte convocada en la contestación a la reforma de la demanda, ha
sostenido que el Tribunal ‘no es competente para pronunciarse sobre
los supuestos asociados a la insuficiencia tarifaria al ser un asunto de
conocimiento exclusivo del regulador del servicio público de aseo.
Conforme a ello, el asunto del marco tarifario y su definición son
aspectos que no son de libre disposición de las partes,
corresponden a decisiones que implican el orden público y por tanto
inderogables por el acuerdo contractual, por tanto tampoco por una
decisión arbitral” (primera excepción). Solicita en consecuencia que el
Tribunal se declare no competente para conocer de las pretensiones
primera a octava y décima a duodécima y sus subsidiarias’

Revisadas nuevamente las pretensiones en comento, lo primero que
se debe precisar es que las mismas no se encuentran encaminadas a
que el Tribunal Arbitral juzgue la legalidad de la tarifa fijada, tampoco
a que la modifique o revise como se plantea en la excepción. Lo que
de manera general se solicita en la demanda es determinar si la tarifa,
tal y como fue legalmente fijada y sin entrar en la controversia sobre su
legalidad, fue suficiente o no para el normal desarrollo y ejecución de

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las prestaciones contractuales. Bajo este entendimiento, las
consecuencias de lo que sobre este aspecto se decida, se enmarcan
perfectamente dentro del convenio arbitral celebrado por las partes,
pues este asunto evidencia una clara controversia contractual.

No se trata entonces que al Tribunal se le esté solicitando ejercer
funciones regulatorias, sino simplemente efectuar un análisis
sobre la suficiencia tarifaria y los efectos que ella pudo tener en
el contrato, temas estos que son sin duda arbitrables y que no se
encuentran legalmente excluidos de competencia de la justicia
arbitral, por lo cual no resulta de recibo la alegación sobre falta de
competencia, formulada en la excepción primera de la contestación a
la demanda reformada” (índice 2 SAMAI – resalta la Sala).

En contra de esta decisión, en su momento la UAESP interpuso recurso de
reposición con fundamento en la falta de competencia del tribunal para conocer
de temas tarifarios y de actos proferidos por la SSPD (ver audiencia minuto 1 a
10, índice 2 SAMAI, archivo 129). En el minuto 20 y siguientes se insiste que el
asunto es tarifario y que cuando el regulador adoptó la Resolución 843 zanjó la
discusión del asunto, precisamente, por tratarse de tarifario y no contractual. “El
concepto de suficiencia tarifaria es exclusiva del regulador” (ver minuto 26, índice
2 SAMAI). “El asunto es de orden público, no se puede entender como un asunto
contractual” (minuto 28 – índice 2 SAMAI).

El recurso de reposición fue resuelto el 6 de octubre de 2021 con apoyo en el
siguiente razonamiento:

“Como quedó expuesto en precedencia, el apoderado de la parte
convocada sostiene que el Tribunal no es competente para conocer las
pretensiones relacionadas con la denominada insuficiencia tarifaria.

Para resolver lo planteado en este punto, el Tribunal ha entrado a
revisar las pretensiones respectivas y se considera necesario escindir
el ámbito de la función regulatoria, del ámbito de la función
jurisdiccional. No se trata de que en este caso se le esté solicitando al
Juez arbitral la modificación de una tarifa, pues es claro que ello
corresponde, por ley, al Ente Regulador.

Precisamente el objeto de la competencia del Tribunal es el examen
de si la conducta contractual de las partes o de una de ellas, devino en
que la tarifa fijada por la autoridad reguladora resultase insuficiente
para el cumplimiento recíproco de sus obligaciones contractuales y de
las consecuencias que ello pudiese tener en la debida ejecución del
contrato, sin que ello implique que los árbitros se entrometan ejerzan
funciones reguladoras o modificatorias de tarifas cuya competencia se
encuentra atribuida a otra autoridad.

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Los argumentos planteados por el recurrente en este punto, no pueden
ser entonces de recibo, pues el entendimiento que aquel le imprime al
alcance de las pretensiones, se refiere evidentemente a una función
que no le corresponde al Tribunal y que no pretende asumir. Pero,
desde el punto vista del sinalagma del contrato, es claro que los
árbitros se encuentran habilitados para determinar las consecuencias
que la tarifa pudo tener durante la ejecución del contrato y sus efectos
en la economía del negocio, pues ese estudio sí le corresponde por ley
– y en este caso además por cláusula arbitral - al Juez contractual y no
a la Autoridad Reguladora.

En los anteriores términos, independientemente de que las
pretensiones relacionadas con la insuficiencia tarifaria prosperen
o no, no advierte el Tribunal que su contenido o alcance sean de
competencia del Ente Regulador, pues lo cierto es que su
planteamiento se refiere a los efectos contractuales de las tarifas
y no a un análisis de su conveniencia o de su suficiencia en el
mercado de los servicios públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal confirmará la asunción de
su competencia respecto de las pretensiones relacionadas con la
insuficiencia tarifaria de la demanda principal reformada” (índice 2
SAMAI – resalta la Sala).

Por consiguiente, se entiende satisfecho el requisito exigido por la ley para definir
si los árbitros fallaron sin competencia.

11) En su demanda, la sociedad convocante (contratista) solicitó que se declarara
que la tarifa del contrato para la remuneración de residuos sólidos y de
tratamiento de lixiviados no fue suficiente, por lo cual pidió declarar que existió
un rompimiento del equilibrio económico del contrato y se procediera a su
restablecimiento.

En relación con la remuneración del concesionario, en la cláusula séptima del
contrato se estipuló lo siguiente:

“REMUNERACIÓN A FAVOR DEL CONCESIONARIO Y DERECHOS
A FAVOR DE LA UAESP. Para efectos de la remuneración, esta se
divide en dos componentes:

a) Remuneración por Disposición Final de los Residuos Sólidos
en el RSDJ: La remuneración de esta actividad es igual al valor
obtenido de multiplicar el CDT remuneración por el número de
toneladas dispuestas en el RSDJ no aprovechadas, durante el mes que
se remunera. El CDT remuneración corresponde al definido en el
numeral 1.2. DEFINICIONES Y SIGLAS de estos pliegos de
condiciones. El CDT remuneración será actualizado conforme lo
dispuesto en la Resolución 351 de 2005. Las toneladas

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aprovechadas por el Concesionario serán pagadas al valor
previsto en el artículo 17 de la Resolución 351 de 2005.

En el cálculo del CDT remuneración está implícito un descuento
automático que efectuará la UAESP, del 6.38% para las actividades de
Clausura y Postclausura. Los dineros provenientes de este descuento
irán a una fiducia de Clausura y Post clausura, que será contratada por
la UAESP y que se encargará de administrar los recursos únicamente
para efecto de las actividades de clausura y postclausura. Cuando
estas labores sean efectuadas en las zonas de disposición que deberá
trabajar el nuevo operador, éste deberá cubrir los costos y gastos
relacionados por cuenta de su remuneración. En las zonas ya
cerradas, éste podrá presentar las cuentas de cobro correspondientes
que serán cubiertas por la fiducia. La ejecución de esas labores tendrá
que ser autorizada por la UAESP y el pago de las mismas por parte de
la fiducia estará atado a un aval específico para cada cuenta por parte
de la UAESP.

Los costos generados en la Clausura y Postclausura relacionados con
el tratamiento de lixiviados y del manejo de biogás deben ser asumidos
tanto por el operador seleccionado como resultado del presente
proceso, como por el operador del Biogás y por tanto estos costos no
podrán ser cargadas ni a la UAESP ni a la fiducia referenciada. De
todas formas es obligación del operador el responder por las acciones
de Clausura y Postclausura en todo el RSDJ durante el periodo de
ejecución del contrato.

b) Remuneración por el tratamiento de Lixiviados: La remuneración
de esta actividad es igual al valor obtenido de multiplicar el costo
unitario inicial máximo fijado por la UAESP, CLMAX , para la operación
y el mantenimiento del tratamiento de los lixiviados en el RSDJ, en
pesos por tonelada, y correspondiente a DOS MIL SETESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT ($2.794=) a pesos de Diciembre
de 2009, por el número de toneladas dispuestas durante el mes que se
remunera y por el porcentaje de descuento ofertado por el operador en
su propuesta. Este valor se indexará mensualmente con el IPC
reportado por el DANE.

(…)

Aparte de los descuentos implícitos ya referenciados se aplicará un
descuento adicional:

c) Descuento por el pago de derechos para aprovechamiento:
Independientemente de la modalidad elegida por el operador
seleccionado para efectuar aprovechamiento y de la cantidad de
residuos aprovechados, que no puede sobrepasar el 20% de los
residuos ingresados al RSDJ, el operador deberá pagar $ 573 por cada
tonelada ingresada al RSDJ a pesos de diciembre de 2009. Este valor
se descontará de las facturas mensuales causadas a favor del
operador y se indexará mensualmente con el IPC reportado por el
DANE” (página 153 del laudo – negrillas adicionales).

Por su parte, el pliego de condiciones definió el CDTremuneración y el CLMAX
así:

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“CDTj: Es el costo máximo o techo por tonelada dispuesta, el cual se
calculará para este proceso en particular, aplicando formulas
contenidas en la Tabla 3 “Definición de CDTj para diferentes
combinaciones de parámetros aportados. Precios de junio de 2004”,
de la Resolución 482 de 2009 de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA-.

CDTremuneración: Es el costo a reconocer al operador seleccionado
como su remuneración por tonelada dispuesta. Este valor será también
parte integral del cálculo del Costo de Tratamiento y disposición Final
CDTp que determinará la tarifa a aplicar a los usuarios del servicio
público de aseo en el Distrito Capital de Bogotá.

El CDTremuneración corresponde al valor resultante de realizar un
descuento del 6.38% al valor del CDTj previamente descontado por el
porcentaje fijo de descuento ofertado por el proponente en su
propuesta económica. El descuento del 6.38% será utilizado para
efectos de las actividades de Clausura y Postclausura que serán
realizadas por la UAESP o por quien ella determine. Ese descuento del
6,38% corresponde a la estimación de la UAESP de los costos de
Clausura y Postclausura y que deben ser provisionados para esos
efectos acorde con la Regulación.

CLMAX: costo unitario inicial máximo fijado por la UAESP, para la
operación y el mantenimiento del tratamiento de los lixiviados en el
RSDJ, en pesos por tonelada, y correspondiente a DOSMIL
SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT ($2.794) a
pesos de Diciembre de 2009, valor correspondiente a estimación de
los costos proyectados de operación del Sistema de Tratamiento de
Lixiviados efectuada por la UAESP. Sus actualizaciones serán
efectuadas aplicando el IPC en forma mensual” (índice 2 SAMAI).

Como se advierte, el pliego de condiciones estableció dos criterios de evaluación
de las ofertas, a saber, el componente nacional que otorgaba cien (100) puntos
y el puntaje económico que daba hasta novecientos (900) puntos; con miras a
obtener el puntaje económico, el concesionario ofertó un diez por ciento (10%)
de descuento sobre el costo techo por tonelada dispuesta (CDTj) y sobre el “costo
unitario inicial máximo fijado por la UAESP para la operación y el mantenimiento
del tratamiento de los lixiviados”.

Ahora bien, cuando se suscribió el contrato, la CRA había expedido la Resolución
351 de 2005 y, durante su ejecución, se expidieron dos regulaciones más sobre
la tarifa, las cuales fueron aplicadas al negocio jurídico:

a) En primer lugar, la Resolución CRA 720 de 2015 ‘por la cual se establece el
régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras
del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000

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suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo
de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones’.

b) En segundo término, como consecuencia de una solicitud presentada por el
concesionario25 y coadyuvada por la UAESP, la CRA emitió la Resolución 843 de
2018 ‘por medio de la cual se modificaron los componentes de disposición final y
el costo de tratamiento de lixiviados’; estos nuevos costos tienen en cuenta las
particularidades del relleno sanitario objeto del contrato al que se refiere el laudo,
es decir, el relleno sanitario Doña Juana.

En este contexto, el concesionario alegó que la tarifa anterior a la Resolución 843
de 2018 no fue suficiente, por lo cual solicitó que se declarara que no fueron
suficientes (i) la tarifa de residuos sólidos inicial, (ii) la tarifa de lixiviados
inicialmente pactada, (iii) la tarifa de residuos sólidos de la Resolución CRA 720
de 2015 y, (iv) la tarifa de lixiviados de la Resolución CRA 720 de 201526.

12) Una vez agotado el proceso arbitral, el tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la sociedad CGR SA ESP y, en consecuencia, condenó a pagar
a la UAESP veintidós mil ochocientos ochenta y nueve millones quinientos
ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos ($22.889.587.460) a título de
indemnización y compensación por el desequilibrio generado por la insuficiencia
tarifaria en residuos sólidos; además, condenó a la entidad estatal a pagar treinta
mil ciento sesenta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil trescientos
treinta y nueve pesos ($30.167.674.339) por los perjuicios que causó con la
“insuficiencia de la tarifa contractual para el tratamiento de lixiviados”.

Las anteriores decisiones se fundamentaron sobre las pretensiones relacionadas
con residuos sólidos y sobre el tratamiento de lixiviados.

13) El tribunal decidió estudiar conjuntamente las pretensiones sobre la
insuficiencia de la tarifa sobre residuos sólidos y las relativas al restablecimiento

25 Que se fundamentó en la causal de modificación sobre la existencia de “Acuerdo entre la persona
prestadora y la Comisión para modificar o prorrogar las fórmulas tarifarias y/o los costos económicos de
referencia resultantes de su aplicación”.
26 También pretendió que se declarara que la tarifa de residuos sólidos inicial —que remitía a la Resolución

CRA 351 de 2005— fue insuficiente; esta pretensión fue rechazada por el tribunal de arbitramento y no fue
objeto del recurso de anulación.

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económico “dada la similitud de las materias involucradas”, con los siguientes
contenido y metodología:

a) Dividió el análisis en dos períodos: (i) el primero, desde la celebración del
contrato hasta la modificación “tarifaria con base en los costos de referencia de
la Resolución CRA 720 del 2015” y, (ii) desde la aplicación de la Resolución CRA
720 de 2015 hasta la entrada en vigencia de la Resolución CRA 843 de 2018;
esta diferencia obedeció a que, en el primer periodo, habría una “insuficiencia
originaria”, mientras que en el segundo sería “sobrevenida” y causada por
“hechos extraordinarios e imprevistos que alteraron la ecuación económica del
Contrato o [porque] la UAESP incurrió en incumplimiento de sus obligaciones
legales y contractuales de supervisión y revisión del Contrato” (índice 2 SAMAI).

b) En el examen del primer período, el tribunal encontró necesario estudiar la
naturaleza de la tarifa para definir si era regulatoria o contractual; en este punto
los árbitros concluyeron que era contractual con base en el siguiente
razonamiento:

“A este efecto, el Tribunal encuentra que el Contrato de Concesión fue
celebrado entre las Partes al amparo del parágrafo del artículo 87 de
la Ley 142 de 1994, según el cual ‘Cuando se celebren contratos
mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la
financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos
domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un elemento que
se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas
tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e indexación
que ofrezca el oferente deberán atenerse en un todo a los criterios
establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de
esta Ley. (…)’.

De conformidad con la disposición legal transcrita, si ‘la tarifa podrá ser
un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos’,
quiere decir, contrario sensu, que también puede ser que la tarifa no
sea un elemento que se incluya como base para el otorgamiento del
contrato de concesión, y en consecuencia, es este evento el que
autoriza y regula la denominada tarifa contractual, por oposición a la
tarifa regulatoria.

Al respecto, coinciden los peritajes en materia regulatoria aportados
por las partes.

Así, el perito Julio César Aguilera manifiesta en su dictamen:

‘Para la ciudad de Bogotá, las actividades de Disposición Final y
Tratamiento de Lixiviados se rigen por el parágrafo 1 del artículo 87 de

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la Ley 142 de 1994 a través del Contrato C344 de 2010 suscrito entre
la UAESP y CGR’27.

En el mismo sentido se manifestó el ingeniero Alejandro Gualy, quien
suscribe el dictamen de Aquaseo:

‘1. ¿La remuneración para la actividad de disposición de residuos
sólidos y el tratamiento de lixiviados tiene un origen, concepción,
estructuración, modelación y aplicación contractual para el Contrato de
Concesión 344 de 2010?
Si, ambas remuneraciones tienen un origen contractual.

El hecho de que la UAESP para la remuneración de la actividad de
disposición de residuos sólidos haya utilizado como referente los
costos y valores de la Resolución 351 de 2005 no desvirtúa su origen,
concepción, estructuración y aplicación contractual toda vez que dicha
forma de remuneración fue determinada por la entidad contratante
desde la Licitación Pública No. 001 de 2010 y CGR SA ESP no es un
prestador autónomo e independiente’28.

(…)

Ahora bien, el Contrato establece la remuneración de CGR por las
actividades de disposición de residuos sólidos, así:

En el Pliego Definitivo se establecieron las siguientes definiciones: (…)

Lo anterior tiene una gran relevancia de cara a desatar los problemas
jurídicos que plantea la Demanda Reformada, así como las
excepciones formuladas contra ella en su Contestación, como quiera
que existe una controversia entre las partes alrededor de si la
remuneración pactada en la cláusula Séptima del Contrato es una tarifa
contractual, como lo sostiene el Demandante, y por lo tanto su análisis
jurídico ha de realizarse a la luz de las normas que gobiernan los
contratos, y en este caso los estatales de concesión29; o si por el
contrario, se trata de una tarifa regulatoria, como afirma la Demandada,
en cuyo caso sería sujeta al régimen tarifario regulatorio de orden
público definido por la CRA,

La posición de la UAESP (…) sustenta su posición en el concepto 172
de 2016 de la Superintendencia de Servicios Públicos, en el cual dicha
Superintendencia afirma (…), que los contratos a los cuales se aplica
el parágrafo 1° del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, son aquellos que
se celebran para que las empresas privadas hagan la financiación,
operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios, de
lo que concluye, sin mayor explicación, que ‘El objeto del contrato a ser
objeto de la tarifa contractual es la financiación, operación y
mantenimiento del servicio, de lo cual se colige que el contratante es
necesariamente, el actual prestador. No se transfiere la prestación del

27 Dictamen de contradicción regulatorio, Pág. 10.
28 Página 36 del dictamen regulatorio de CGR Doña Juana aportado el 24 de enero de 2022.
29 Ley 142 de 1994, Artículo 31, Parágrafo: “Los contratos que celebren los entes territoriales con las

empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios
servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de
disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de
conformidad con la Ley 80 de 1993”.

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servicio ni la calidad de prestador del contratante’ (…); por lo cual
afirma la UAESP que ‘(…) no es dable concluir que en el caso que nos
ocupa, estemos frente a una hipótesis de tarifa contractual, lo que
implicaría la eventual procedencia de una hipótesis de desequilibrio
económico del contrato; más aún cuando tal y como usted lo afirma, la
supuesta situación de insuficiencia financiera, se ha generado como
consecuencia de la aplicación del nuevo marco tarifario’30.

Para el Tribunal, sin embargo, esta posición no es de recibo, en el
entendido de que el concepto de la Superintendencia no es vinculante,
como quiera que concurren poderosas razones jurisprudenciales y
doctrinales para acoger la posición de CGR en cuanto a la naturaleza
de la tarifa contractual en la remuneración pactada en el Contrato.

En particular, el Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto en
los siguientes términos31:

‘Todo lo anterior permite inferir que cuando el parágrafo primero del
artículo 87 de la Ley 142 se refiere a ciertos contratos que se celebren
con empresas privadas para que estas hagan la financiación,
operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de
que trata esta Ley, no podría estar aludiendo a nada distinto que a la
prestación misma de tales servicios, en cuanto las actividades
señaladas genéricamente en dicha norma —financiación, operación y
mantenimiento— engloban todas las acciones, tareas y gestiones que
las empresas de servicios públicos domiciliarios deben ejecutar para
ofrecer y prestar tales servicios, o, al menos, la mayor parte y las más
importantes de aquella.

Todo lo anterior permite a la Sala concluir que la interpretación más
razonable y armónica que puede hacerse del parágrafo primero del
artículo 87 de la Ley 142, en este punto, es que dicha norma faculta
efectivamente a las partes en los contratos a los cuales se refiere, para
pactar las fórmulas tarifarias y las respectivas tarifas, separándose de
las fórmulas establecidas con carácter general por la respectiva
comisión de regulación, siempre que se cumplan los requisitos que la
misma disposición consagra en forma explícita y las demás
condiciones implícitas que se mencionarán más adelante’·

De hecho, en este Concepto aparece la siguiente referencia, que
evidenciaría un cambio de opinión de la Superintendencia de Servicios
Públicos:

‘Así lo han entendido también la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA). En efecto, la Superintendencia manifestó
lo siguiente, en concepto reciente emitido por su Oficina Asesora
Jurídica y dirigido al Superintendente Delegado para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo:

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 87, además de haber
introducido la posibilidad de un contrato de operación, financiación y
administración del servicio, parece también haber establecido por vía

30 Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 136 a 138.
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, cConcepto del 26 de octubre de 2016. Radicación

11001-03-06-000-2016-00002-00(2279) CP Álvaro Namén Vargas.

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de ley un régimen tarifario de libertad de fijación de tarifas por parte del
contratista hacia su contratante prestador del servicio, cuando ellas
devienen de dicho contrato, al que se llega por invitación pública en la
cual la tarifa es un criterio para la adjudicación del mismo.

Dicha conclusión se confirma al verificar que la segunda premisa del
parágrafo 1º del artículo 87 ubica precisamente las tarifas allí
adoptadas en un régimen especial, que excluye de forma expresa la
aplicación del artículo 88 de la Ley 142 de 1994’.

Así también es el entendimiento de la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, según lo ha expresado, entre otras, en
el siguiente Concepto 55231 de 2016:

‘Respecto de los contratos en los cuales pueden pactarse tarifas
contractuales, es pertinente señalar que estas pueden formar parte de
cualquier negocio jurídico que cumpla con las condiciones previstas en
el parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 142 de 1994. Tales contratos
se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y la selección siempre
deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley
80 de 1993, sus normas modificatorias y sus decretos reglamentarios.
En este caso es clara la excepción a los principios mencionados, pues
la normatividad aplicable al contrato será la del derecho público, y por
otra parte, la empresa prestará el servicio y cobrará la tarifa con
fundamento en el contrato celebrado. (…) No obstante, el artículo 87
de la Ley 142 de 1994, al establecer los criterios que orientan el
régimen tarifario, dispuso en su parágrafo que en el caso en el cual se
suscriban contratos mediante invitación pública para la financiación,
operación y mantenimiento de los servicios públicos, la tarifa como
base para su otorgamiento, pero en todo caso las fórmulas tarifas
deberán responder a los criterios de la Ley de servicios públicos, así:
(…).’.

Así las cosas, el Tribunal concluye que el Contrato fue celebrado al
amparo del parágrafo 1° del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, y
consecuentemente, que la remuneración pactada en la Clausula
Séptima es una tarifa contractual, regida por lo tanto por las normas
que gobiernan los contratos en cuanto a su nacimiento, interpretación,
modificación y extinción.

Todo el anterior recuento lleva al Tribunal a confirmar que, dado que
las pretensiones de la Demanda Reformada relacionadas con la
suficiencia de la remuneración pactada en el Contrato han de
analizarse a la luz de las disposiciones legales que regulan los
contratos de concesión y de las estipulaciones pactadas en el Contrato
de Concesión 344 de 2010; no se debate en este proceso la regulación
tarifaria del régimen de servicios públicos definida por la CRA, que
incluye el régimen tarifario (libertad, libertad regulada o libertad
regulada), las fórmulas tarifarias para la determinación de las tarifas
que han de pagar los usuarios y como resultado de las anteriores, las
tarifas propiamente dichas, esto es el costo máximo o tarifa techo que
se puede cobrar al usuario o suscriptor, sin que ello quiera decir, por
supuesto, que la regulación tarifaria no tenga relación con la
remuneración contractual en aspectos tales como la observancia de
los criterios tarifarios o la limitación de tarifas a los techos de costos
definidos en la regulación.

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Es ello lo que permitió al Tribunal aprehender el conocimiento de la
Demanda Reformada y lo faculta para adoptar las decisiones que
correspondan en relación con las pretensiones a las que se viene
haciendo referencia, pues al hacerlo no estará interfiriendo,
modificando o afectando de manera alguna el régimen tarifario
regulatorio, como se decidió en la providencia en virtud de la cual el
Tribunal se declaró competente” (páginas 178 a 186 del laudo).

c) Después de este análisis, el tribunal arbitral estudió las pretensiones relativas
al primer periodo de residuos sólidos, esto es, el comprendido entre la
celebración del contrato y la aplicación de la Resolución CRA 720 del 2015, para
concluir que no se demostró (i) que la tarifa del primer período de residuos sólidos
fuera insuficiente, (ii) que la UAESP incumpliera los deberes de revisión de la
remuneración, (iii) que hubieran ocurrido eventos o situaciones que conllevaran
el rompimiento del equilibrio económico del contrato; sin embargo, los árbitros
encontraron que se debía acceder a las súplicas que versaban sobre el segundo
periodo, es decir, el comprendido entre la Resolución CRA 720 del 2015 y la
expedición de la Resolución CRA 843 de 2018 por cuanto existieron tres
circunstancias que desequilibraron económica y financieramente el contrato:

i) La modificación de la licencia ambiental (Resolución CAR 1351 de 2014) que
impuso nuevas obligaciones sobre la disposición de residuos sólidos.

ii) La aplicación de los costos de la Resolución CRA 720 del 2015, porque la
UAESP dispuso que en desarrollo del contrato se debía aplicar la nueva
normativa tarifaria.

iii) La tarifa aplicada con base en la Resolución CRA 720 del 2015 fue insuficiente
dado que los gastos administrativos y los costos de operación, inversión y
posclausura reales del relleno sanitario entre los años 2017 y 2018 generaban un
valor mayor por tonelada que era inferior a la tarifa techo establecida por la
regulación de la CRA en 2015. Y, para determinar si los costos reales en que
había incurrido el concesionario debían usarse para calcular el valor por tonelada,
el laudo expresó lo siguiente:

“Ha de tenerse en cuenta, además, que en este caso si es admisible la
consideración que hacen los peritos para razonar que los costos gastos
e inversiones tenidos en cuenta para determinar la tarifa suficiente, que
se reitera, son los que realmente erogó CGR, son costos eficientes,

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pues la consideración de que se valen para ello es que estos costos
fueron reconocidos como tales -eficientes- en la Resolución CRA
843 de 2018, y ya está dicho que, para este efecto, la CRA tuvo en
consideración los costos, gastos e inversiones acreditados por CGR
para los años 2015 y 2016, los cuales fueron proyectados a partir del
año 2017, para determinar los costos de referencia para la actividad de
disposición de residuos sólidos en el RSDJ” (pág 285 del laudo - se
resalta).

d) Para fundamentar el monto de la condena, el panel arbitral tuvo un cuenta un
dictamen pericial que calculó “cuánto hubiera sido la remuneración del
concesionario de acuerdo con las cantidades facturadas cada año para la
actividad de disposición final de residuos sólidos durante el periodo comprendido
entre enero de 2017 y hasta octubre de 2018, aplicando a la metodología
contenida en la Resolución 720 de 2015 de la CRA, los costos, gastos e
inversiones reales del CGR Doña Juana” (página 289 del laudo), lo cual implicó
que hubo un valor menor de diecinueve mil trescientos cincuenta y dos millones
ochocientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos
($19.352´879,555) correspondiente al valor de la condena. En efecto, en el laudo
se puntualizó lo siguiente:

“En cuanto a los nuevos requerimientos ambientales y a la aplicación
de los costos de referencia de la Resolución 720 de 2015 a la fórmula
de remuneración contractual, y por el incumplimiento de la UAESP de
atender y remediar dicho desequilibrio, el cual asciende a la suma de
$19.352’879.555, a pesos constantes de la fecha de presentación del
dictamen, por lo cual deberá ser actualizada a la fecha del Laudo, de
la siguiente manera: (…) Valor actualizado = $ 22.889.587.460” (pág
312 y 313 del laudo).

e) Finalmente, los árbitros resolvieron varias excepciones planteadas por la
UAESP, entre ellas la referente a que la tarifa era de naturaleza regulatoria y no
contractual; otra relativa a que el tribunal no era competente para determinar los
costos eficientes que debían tenerse en cuenta para calcular la tarifa regulada y,
aquella que alegaba que la insuficiencia tarifaria no era imputable a la UAESP;
sobre el particular, en el laudo se consignó lo siguiente:

“’2. Segunda excepción. La controversia de los costos reclamados
corresponden a un supuesto de insuficiencia tarifaria.

El sustento de esta excepción se contrae, en síntesis, a afirmar que la
tarifa del Contrato es regulatoria y no contractual, por lo que a la
UAESP no le son imputables las modificaciones de la regulación
tarifaria de la CRA, pues no es la Contratante la que fija las tarifas, de
suerte tal que el remedio de que disponía el Concesionario era la

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solicitud de modificación de los costos de referencia ante esa entidad,
por lo que, en criterio de la UAESP, no proceden en esta caso
reclamaciones por desequilibrio económico del Contrato.

A este respecto, y por las razones expuestas a lo largo de este
apartado en el sentido de que la remuneración del Contrato constituye
una tarifa contractual y no regulatoria, así como sobre la procedencia
de la reclamación por el rompimiento del equilibrio económico del
mismo, el Tribunal declarará no probada esta excepción.

(…)

‘9. Novena excepción. El Tribunal no es competente para definir un
costo eficiente hipotético para los años anteriores a la expedición de la
Resolución CRA 843 de 2018’

Esta excepción consiste en que, según la Demandada, se está
pidiendo al Tribunal ‘simular una tarifa para el servicio público de aseo
en sus componentes de disposición final y de tratamiento de lixiviados’
lo cual desborda su competencia al exigir que “para las partes, se
precise un función de los principios que gobiernan las normas
imperativas del servicio público, se defina una composición de
suficiencia frente a los costos de operación y de inversiones del relleno
sanitario”, haciendo las veces de regulador.

Dado que, como se ha afirmado tantas veces y aquí se reitera, en el
presente proceso el Tribunal no se ocupa de establecer ninguna tarifa
regulatoria, ni tendría por qué hacerlo, pues ello, efectivamente,
corresponde privativamente al regulador. Cosa distinta es que el objeto
de las pretensiones que se analizan consiste, entre otras cosas, en
definir si la tarifa contractual -que se reitera, no es regulatoria- devino
insuficiente para cubrir los costos, gastos, inversiones y la utilidad del
Concesionario, a efectos de lo cual el Tribunal se estuvo a lo probado
en el proceso, de conformidad con las reglas contractuales y las
normas de la sana crítica.

Por lo tanto, esta excepción se declarará no probada.

‘10. Décima excepción: La no imputabilidad de la UAESP’

La Demandada expresa que el incumplimiento de la obligación de la
UAESP radica en que no se habría garantizado la suficiencia tarifaria,
por no haber adoptado un marco tarifario suficiente como para cubrir
los costos reales de la prestación del servicio en todos sus
componentes, pues no es la UAESP la autoridad regulatoria para
definir las tarifas.

El argumento, sin embargo, parte de una premisa que no es correcta;
el incumplimiento que se le imputa a esa entidad no consiste en no
haber adoptado un marco tarifario determinado, sino en no haber
atendido sus obligaciones en cuanto a la revisión de la ecuación
económica de Contrato y, de contera, no haber adoptado las medidas
pertinentes para compensar al Concesionario el desequilibrio que
ocurrió por causas no imputables a éste, por lo que la excepción no
está llamada a prosperar” (pág 292 a 298 del laudo).

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14) Luego, el panel arbitral estudió a las pretensiones sobre la insuficiencia
tarifaria y el desequilibrio económico con ocasión de las actividades de
tratamiento de lixiviados32.

a) En primer lugar, el panel arbitral indicó los problemas jurídicos a resolver:

“2.3.1. EN CUANTO A LA INSUFICIENCIA TARIFARIA

Los problemas jurídicos que se plantean demandan del Tribunal
dilucidar la naturaleza jurídica de la remuneración pactada en el
Contrato; la determinación sobre si dicha remuneración, en lo que
corresponde a las actividades de tratamiento de lixiviados entre la
fecha de inicio del Contrato y la de entrada en vigor de la Resolución
CRA 843 DE 2018 fue objetivamente insuficiente; si así fuera, cuáles
fueron las causas de dicha insuficiencia y a cuál de las partes le son
imputables, teniendo en cuenta el alcance del objeto del Contrato, las
obligaciones que del mismo se derivan y la distribución de riesgos
pactada, así como la legalidad de esta distribución; y por último, cuáles
serían las consecuencias de dichas circunstancias

2.3.2. EN CUANTO AL DESEQUILIBRIO DE LA ECUACIÓN
ECONÓMICA DEL CONTRATO

A este respecto, las cuestiones jurídicas a resolver consisten en
determinar si ocurrieron hechos extraordinarios, imprevistos que
alteraran la ecuación económica del Contrato en cuanto a las
actividades de tratamiento de lixiviados, o si la UAESP incurrió en
incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales de
supervisión y revisión del Contrato sobre el mismo objeto y con el
mismo efecto; y de ser el caso, cuáles serían las consecuencias de
dichas circunstancias” (pág 339 y 340 del laudo – mayúsculas fijas del
original).

b) Para decidir los anteriores problemas jurídicos, el tribunal distinguió dos
periodos: (i) la tarifa de lixiviados desde la celebración del contrato hasta la
expedición de la Resolución CRA 720 de 2015 y, (ii) la tarifa desde que se aplicó
esta última resolución hasta la entrada en vigor de Resolución CRA 843 de 2018;
el tribunal indicó que “se remite a lo ya expuesto en relación con la naturaleza de
la remuneración pactada, vale decir, a la condición de remuneración o tarifa
contractual que tiene la cláusula Séptima del Contrato, así como a los efectos de
dicha caracterización en cuanto a la conmutatividad de las prestaciones de las
partes” (páginas 201 y 202 del laudo).

32 Aunque el acápite se refiere también a la obligación de optimización de la planta de tratamiento de

lixiviados, este asunto no hace parte de este cargo de anulación.

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En el primer periodo, los árbitros expusieron que la tarifa inicial no cubría los
costos en los que el concesionario efectivamente debió incurrir, para lo cual
compararon los valores de la tarifa inicial con una que reconociera los costos,
gastos e inversiones que debía asumir un operador eficiente en un escenario de
libre competencia; los árbitros se fundamentaron en un dictamen que concluyó
que la tarifa no era suficiente y que tuvo dos insumos: (i) “la metodología tarifaria
empleada por la CRA en la Resolución 720 de 2015 -recuérdese que
anteriormente no existía tal metodología regulatoria-” y (ii) los “costos eficientes”
necesarios para el relleno sanitario, que la CRA reconoció en la Resolución CRA
843 de 2018.

Lo anterior arrojó que la tarifa inicial —cuyo monto máximo había sido fijado por
la UAESP y frente al cual el concesionario ofertó un descuento del 10%— “resultó
ser insuficiente para remunerar los costos, gastos e inversiones de CGR y la
utilidad que tenía derecho a esperar, y que dicha circunstancia constituyó un
incumplimiento imputable a la UAESP” (páginas 444 y 445 del laudo).

d) Es especialmente relevante precisar que, en este primer periodo, el
concesionario solicitó que se declarara que la UAESP desconoció el deber de
suficiencia tarifaria establecido en el artículo 87 de la Ley 142; no obstante, los
árbitros no accedieron a esa solicitud con apoyo en el siguiente razonamiento:

“El Tribunal ya estableció que el principio de suficiencia tarifaria hace
parte del régimen tarifario regulatorio, y en tal sentido, que el
cumplimiento del referido principio es asunto que atañe exclusivamente
al regulador, en este caso, a la CRA.

Por ello, esta pretensión, tal como está postulada, no puede prosperar,
pues no sería posible exigir a la UAESP el cumplimiento de un principio
que es aplicable al regulador, de manera que tal análisis no es objeto
de este proceso, ni podría serlo pues excedería de la competencia de
este Tribunal.

Dicho esto, el Demandante argumenta en su alegato de conclusión que
en virtud de que el parágrafo del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, que
consagra la posibilidad de establecer una remuneración contractual en
los contratos que tienen por objeto la financiación, operación y
mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios, pero siempre
dando cumplimiento a los criterios del citado artículo; y agrega que
dicha norma, en el numeral 87.4, establece el principio de la suficiencia
tarifaria, según la cual es deber de las entidades contratantes mantener
el equilibrio económico financiero

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Este análisis llevará al Tribunal a determinar si el Contrato de
Concesión resultó ser objetivamente conmutativo o sinalagmático -con
el alcance ya expuesto-, o si por el contrario adoleció desde su
celebración de una desigualdad prestacional, hasta llevar a que la
ecuación contractual fuera del contrato, incluyendo la posibilidad para
el contratista de obtener una utilidad.

Señala, además, que durante la etapa precontractual, la UAESP
aseguró y garantizó que, con base en sus estudios, la remuneración
sería suficiente para cubrir todos los costos gastos e inversiones y
remunerar el patrimonio de los inversionistas, como una suerte de
garantía ab initio de utilidad del contrato, con independencia de las
circunstancias que pudieran darse en la etapa precontractual y hasta
el momento de su celebración, respecto de lo cual el Tribunal ya
estableció que las aseveraciones que hizo la UAESP en la fase
precontractual en relación con la suficiencia de la remuneración han de
interpretarse en el sentido de que, de conformidad con los estudios
previos realizados por la entidad, la remuneración resultante de la
oferta del contratista adjudicatario debería ser suficiente, asumiendo,
desde luego, tanto la completitud y veracidad de la información puesta
a disposición de los proponentes y la habilidad de éstos para recabar
la información adicional que consideraran necesaria y para realizar sus
propios análisis técnicos, económicos, regulatorios y demás.

No obstante, estos temas no tienen relación con el principio de la
suficiencia tarifaria y son objeto de estudio en otros apartados del
Laudo” (páginas 427 a 444 del laudo).

e) En el segundo periodo, los árbitros concluyeron, nuevamente, que hubo varias
causas o circunstancias que generaron el rompimiento del equilibrio económico
del contrato de concesión, principalmente, los nuevos requerimientos
ambientales para el tratamiento de lixiviados generados con la modificación de la
licencia ambiental y la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, motivo por
el cual concluyeron lo siguiente:

“Aplicación de los costos económicos de referencia de la resolución
CRA 720 de 2015

Ya quedó establecido en el presente Laudo, en el capítulo
correspondiente a las actividades de disposición de residuos sólidos,
que la aplicación de los costos económicos de referencia establecidos
por la Resolución CRA 720 de 2015 para la determinación de la
remuneración de CGR para las actividades de tratamiento de lixiviados
(al igual que para las de disposición de residuos sólidos), habría debido
ser objeto de una modificación del Contrato entre las partes, la cual no
ocurrió como consecuencia de la imposición, por parte de la UAESP,
de dicha aplicación.

También ya quedó establecido que la tarifa contractual pactada para
esta actividad en la cláusula Séptima del Contrato resultó ser
insuficiente para cubrir los costos, gastos, inversiones y utilidad del
Concesionario, por causa imputables a la UAESP.

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Así mismo, es evidente que la remuneración que percibía CGR por las
actividades de tratamiento de lixiviados disminuyó sustancialmente
como consecuencia de la aplicación de los costos de referencia de la
Resolución CRA 720 para su determinación.

Se acreditó, igualmente, que CGR solicitó reiteradamente a la UAESP
que no le fueran aplicados los mencionados costos de referencia, y que
se le restableciera el desequilibrio económico ocasionado por la
deficiencia de la remuneración contractual para las actividades de
tratamiento de lixiviados, a lo cual se negó rotundamente la UAESP
aduciendo que no era procedente tal solicitud por cuanto la única
solución a esta situación era que el Cocesionario acudiera a la
autoridad regulatoria en procura de una revisión de los costos
económicos de referencia.

Lo anterior es suficiente para que el Tribunal determine que la
aplicación por decisión unilateral de la UAESP de los costos de
referencia de la Resolución CRA 720 de 2015 para la determinación de
la tarifa contractual para las actividades de tratamiento de lixiviados
constituye una circunstancia sobreviniente, imprevisible para el
Concesionario y no imputable a él, generadora de un rompimiento del
equilibrio económico del Contrato, cuyo reconocimiento le fue negado
por la UAESP, a pesar de los requerimientos que se le formularon,
incumpliendo con ello sus obligaciones legales de atender y adoptar
medidas necesarias para restablecer el desequilibrio financiero”
(páginas 481 y 482 del laudo – subrayado del original).

f) Posteriormente, los árbitros reiteraron los argumentos para denegar tres de las
principales excepciones propuestas por la UAESP relativas a que (i) la tarifa era
regulatoria y no contractual, (ii) que el tribunal no era competente para determinar
los costos eficientes que debían tenerse en cuenta para calcular la tarifa y, (iii)
que la insuficiencia tarifaria no era imputable a la UAESP.

g) En ese contexto, para determinar el monto de la condena, la decisión arbitral
se basó en un dictamen que tuvo en cuenta las erogaciones reales del
concesionario para el tratamiento de lixiviados; para garantizar que esos costos
reales fueran eficientes, se examinaron los que fueron reconocidos en la
Resolución CRA 843 de 2018, para lo cual la autoridad regulatoria estimó el costo
de cada actividad, diferencia que arrojó un valor a reconocer de veinticinco mil
quinientos seis millones cuatrocientos diecisiete mil doscientos veintiocho pesos
($25.506.417.228) que, actualizados a la fecha del laudo, correspondieron a
treinta mil ciento sesenta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil
trescientos treinta y nueve pesos ($30.167.674.339).

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h) De otro lado, puso de presente el tribunal arbitral que con antelación a la
expedición de la Resolución CRA 720 de 2015 CRA no se había expedido
regulación al respecto, razón por la cual la tarifa para el manejo de lixiviados era
la establecida por la UAESP, quien en los pliegos de condiciones señaló una
tarifa máxima para estas actividades; en efecto, la cláusula séptima del contrato
y el numeral 1.2 del pliego de condiciones establecieron lo siguiente:

“b) Remuneración por el tratamiento de Lixiviados: La
remuneración de esta actividad es igual al valor obtenido de multiplicar
el costo unitario inicial máximo fijado por la UAESP, CLMAX , para
la operación y el mantenimiento del tratamiento de los lixiviados en el
RSDJ, en pesos por tonelada, y correspondiente a DOS MIL
SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT ($2.794=) a
pesos de Diciembre de 2009, por el número de toneladas dispuestas
durante el mes que se remunera y por el porcentaje de descuento
ofertado por el operador en su propuesta. Este valor se indexará
mensualmente con el IPC reportado por el DANE.
(…).

CLMAX: costo unitario inicial máximo fijado por la UAESP, para la
operación y el mantenimiento del tratamiento de los lixiviados en el
RSDJ, en pesos por tonelada, y correspondiente a DOSMIL
SETESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCT ($2.794) a
pesos de Diciembre de 2009, valor correspondiente a estimación de
los costos proyectados de operación del Sistema de Tratamiento de
Lixiviados efectuada por la UAESP. Sus actualizaciones serán
efectuadas aplicando el IPC en forma mensual” (página 152 del laudo
• negrillas adicionales).

i) La UAESP indicó que aunque el contrato no hiciera referencia a la normativa
de la CRA, la tarifa de lixiviados no era de naturaleza contractual, porque no
cumplió con el numeral 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1993 que preceptúa lo
siguiente:

“PARÁGRAFO 1o. Cuando se celebren contratos mediante
invitación pública para que empresas privadas hagan la
financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos
domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un elemento
que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las
fórmulas tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e
indexación que ofrezca el oferente deberán atenerse en un todo a los
criterios establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
y 96, de esta Ley. Tanto éstas como aquellas deberán ser parte
integral del contrato y la Comisión podrá modificarlas cuando se
encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de
neutralidad, abuso con los usuarios del sistema. Intervendrá asimismo,
cuando se presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de
esta Ley. Con todo las tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser
revisadas por la comisión reguladora respectiva cada cinco (5) años y
cuando esta Ley así lo disponga” (destaca la Sala).

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15) La UAESP aduce que la norma anterior -que permitía fijar la tarifa
contractualmente- no era aplicable porque quien debía fijar la tarifa era el
oferente; no obstante, la Sala advierte que el artículo no limita la posibilidad de
que en la configuración de la tarifa pueda participar la entidad contratante, tanto
así que prevé expresamente: “fórmulas tarifarias, su composición por segmentos,
su modificación e indexación que ofrezca el oferente”, por manera que lo
establecido en la disposición es que las tarifas deben cumplir el régimen legal en
materia de tarifas de servicios públicos domiciliarios.

16) Finalmente, el recurso no indica concretamente cuál sería el acto del
regulador que estaría siendo desconocido por los árbitros sin competencia para
hacerlo, máxime si para el momento de suscripción del contrato no. 344 de 2010
no existía ese acto administrativo, razón por la cual no se anulará el ordinal 5º de
la parte resolutiva del laudo en relación con el desequilibrio contractual generado
por el tratamiento de lixiviados.

17) Sobre este punto en particular, la Sala advierte que la tarifa establecida para
la remuneración por la disposición final de residuos sólidos durante el periodo
comprendido entre la fecha de celebración del contrato y la expedición de la
Resolución CRA 720 de 2015 es un aspecto que no era susceptible de arbitraje
(arbitrabilidad objetiva), toda vez que, tanto la parte convocante como la
convocada reconocieron, expresa e inequívocamente, en los respectivos escritos
de demanda reformada integrada (numeral 1.4) y de contestación integrada, que
la tarifa prevista en la Resolución CRA 351 de 2005 era regulada, motivo por el
cual, se insiste, no se cumplen los requisitos para que la materia fuera sometida
a decisión arbitral, pues, de un lado, no era un asunto que estuviera en discusión
por las partes (principio de habilitación) y, además, no era un tema de libre
disposición o autorizado por la ley para ser definido en sede arbitral.

18) De otra parte, en relación con el manejo de residuos sólidos y el tratamiento
de lixiviados en vigencia la Resolución CRA 720 de 2015, la Sala advierte que el
recurso extraordinario de anulación tiene vocación de prosperar debido a que los
árbitros se pronunciaron sobre la tarifa regulatoria, ya que para ese momento la
misma estaba definida en ese acto administrativo y, por lo tanto, no susceptible

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de ser analizada o estudiada por los árbitros, aspecto sobre el cual es necesario
observar lo siguiente:

a) Si bien la tarifa inicial -esto es, para el momento de la celebración del contrato-
del componente de tratamiento de lixiviados era de naturaleza contractual, a
diferencia de lo ocurrido con la de residuos sólidos, lo cierto es que, con la
expedición de la Resolución CRA 720 de 2015 las partes contractuales aplicaron
las tarifas reguladas establecidas por la CRA para ambos componentes, al punto
tal que, tanto CGR SA ESP como la UAESP en el año 2018 le solicitaron al
regulador, expresa y puntualmente, que modificara las tarifas aplicables para el
relleno sanitario Doña Juana en virtud de las particularidades del mismo.

En ese orden de ideas, no cabe duda alguna de que la tarifa se volvió regulada
a partir del año 2015 tanto para el componente de residuos sólidos como para el
manejo de lixiviados, aspecto que validaron ambas partes del negocio jurídico,
por manera que, no resulta lógico o admisible, en modo alguno, aceptar que la
tarifa para el manejo de lixiviados era de naturaleza contractual a lo largo de todo
el plazo del contrato, a pesar de que las partes acudieron al regulador para que
actualizara y modificara la tarifa aplicable al negocio jurídico.

En esa perspectiva es particularmente relevante advertir, que el panel arbitral al
establecer la condena por concepto del desequilibrio por el componente de
lixiviados no distinguió los periodos comprendidos entre la fecha de celebración
del contrato y la expedición de la Resolución CRA 720 de 2015 y, entre esta y la
Resolución CRA 843, pues, simplemente, concluyó que para garantizar que esos
costos reales fueran eficientes se debían tener en cuenta los que fueron
reconocidos en la última de las resoluciones antes mencionadas, lo cual
constituye claramente una aplicación retroactiva del mencionado acto
administrativo.

b) En consecuencia, los árbitros no tenían competencia para ello porque tal
decisión implicaba resolver una controversia sobre un asunto que no es de libre
disposición (arbitrabilidad objetiva), en la medida en que desconoce el carácter
obligatorio de los precios máximos establecidos por el regulador en actos
administrativos expedidos en desarrollo de su competencia, los cuales tienen

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carácter ejecutorio y ejecutivo mientras no sean suspendidos o anulados por el
juez competente.

Por lo tanto, sobre este aspecto debe repararse en el hecho de que el artículo 1º
de la Ley 1563 de 2012 dispone que la justicia arbitral puede resolver las
controversias relativas “a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley
autorice”.

c) En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden
pactar en un contrato todas las estipulaciones que consideren necesarias para
regular su relación, siempre y cuando no afecten el orden público.

El artículo 16 del Código Civil establece expresamente que “no podrán derogarse
por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el
orden y las buenas costumbres”.

d) Con base en lo anterior, es claro que existen reglas que imperativamente se
aplican sobre los contratos y no son disponibles por las partes porque interesan
al orden público, dentro de esas reglas se encuentra la fijación de tarifas mediante
acto administrativo por el ente regulador.

e) La limitación impuesta a los árbitros en el artículo 1º de la Ley 1563 indica,
precisamente, que las controversias sobre asuntos que no sean de libre
disposición (arbitrabilidad) no pueden ser resueltos por dicha jurisdicción.

f) En ese orden de ideas, las partes pueden decidir libremente acudir a la justicia
arbitral para resolver las controversias en las que no estén involucrados este tipo
de asuntos, es decir, de naturaleza regulatoria contenidas en actos
administrativos de orden general o particular con esos efectos.

Las controversias relativas a esos asuntos no puedan ser resultas por los árbitros,
dado que en ellas la controversia versa sobre la aplicación de una tarifa
obligatoria expedida por una autoridad administrativa con competencia para ello.

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g) La doctrina es clara en determinar que el contrato está regido por
estipulaciones pactadas por las partes, por disposiciones legales que por su
naturaleza se aplican al contrato pero que pueden ser descartadas por la libre
voluntad de ellas y, por disposiciones que de manera imperativa u obligatoria
deben ser aplicadas en el contrato, por manera que si lo que se discute en una
controversia es la aplicación de tales disposiciones, esa controversia no puede
ser dirimida por los árbitros.

h) En este caso, es claro que la controversia planteada se refería a la aplicación
del régimen tarifario fijado por la CRA en la Resolución 720 del 9 de julio de 2015,
tarifas vigentes durante en el período contractual comprendido entre 2015 y 2018.

i) La convocante planteó, explícita y puntualmente, que los costos máximos
señalados en el acto administrativo eran insuficientes, porque no tenían en
cuenta las particularidades del relleno sanitario Doña Juana; el tribunal arbitral
acogió esta pretensión y condenó al pago de perjuicios, para lo cual tuvo en
cuenta los costos eficientes identificados por el regulador en la Resolución 843
de 2018 (que modificó los costos de referencia definidos en la Resolución 720 de
2015 para los componentes de disposición final y tratamiento de lixiviados), de
allí que estos costos se aplicaron para el período en que rigió la Resolución 720
de 2015, en otros términos, en forma retroactiva, por lo tanto, en contravía de lo
expresamente dispuesto por la norma regulatoria, con lo cual si bien desde el
punto de vista formal no se dijo toca o modificar dicho acto administrativo,
materialmente fue trastocado en cuanto se extendieron sus efectos hacia atrás
en el tiempo.

j) En aras de la naturaleza esencial de los bienes ofertados y, por consiguiente,
en procura de la protección al consumidor final, el mercado de los servicios
públicos domiciliarios es altamente regulado, de allí que los actos administrativos
proferidos por el agente regulador son de imperativo cumplimiento; además, la
modificación y/o extinción de los efectos vinculantes de dichos actos solo puede
darse a través de (i) la expedición de nuevas regulaciones con efecto derogatorio
ya sea de oficio o a petición de parte (en atención al procedimiento administrativo
de solicitud de variación de condiciones promovido por un agente regulado) o (ii)
la declaratoria de nulidad proferida por la jurisdicción contencioso administrativa.

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k) El artículo 365 de la Constitución dispone que los servicios públicos son
“inherentes a la finalidad social del Estado”, con independencia de que su
prestación se desarrolle en el marco de libertad económica, motivo por el cual el
artículo 367 preceptúa que la “ley determinará las entidades competentes para
fijar las tarifas” y, por su parte, el artículo 370 prescribe que el Presidente de la
República señalará las políticas generales de administración y control de
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, función que fue delegada en la
CRA en el artículo 5º del Decreto 1524 de 1994.

Sobre la base de ese entendimiento, el numeral 11 del artículo 73 de la Ley 142
dispone que la CRA podrá establecer “fórmulas para la fijación de las tarifas de
los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo
88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las
tarifas sea libre”.

l) En relación con el contenido y alcance de las funciones de regulación, la Corte
Constitucional ha precisado lo siguiente33:

“Los órganos de regulación han de ejercer sus competencias con miras
a alcanzar los fines que justifican su existencia en un mercado inscrito
dentro de un Estado social y democrático de derecho. Estos fines se
pueden agrupar en dos clases, a pesar de su variedad y especificidad.
La primera clase comprende los fines sociales que el mercado por sí
mismo no alcanzará, según las prioridades de orden político definidas
por el legislador y de conformidad con el rango temporal que éste se
ha trazado para alcanzarlos. La segunda clase abarca los fines
económicos atinentes a procurar que el mercado funcione
adecuadamente en beneficio de todos, no de quienes dentro de él
ocupan una posición especial de poder, en razón a su predominio
económico o tecnológico o en razón a su acceso especial al proceso
de toma de decisiones públicas tanto en el órgano legislativo como en
los órganos administrativos clásicos.

La regulación, en tanto que mecanismo de intervención del
Estado, busca garantizar la efectividad de los principios sociales
y el adecuado funcionamiento del mercado. En este orden de ideas,
pasa la Corte a analizar los fines que en cada caso se persiguen y los
criterios constitucionales que guían la acción del Estado para
alcanzarlos.

(…).

33 Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2003, MP Manuel José Cepeda Espinosa.

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Pieza central del marco constitucional de la regulación de los servicios
públicos es el artículo 334 de la Constitución, inciso primero, que
atribuye al Estado la dirección general de la economía, para lo cual
habrá de ‘intervenir, por mandato de la ley, [...] en los servicios públicos
y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano’. Se trata aquí de una norma
objetiva que impone un mandato constitucional a las autoridades
públicas, incluido el Legislador, de intervenir para alcanzar los fines
sociales del Estado allí enunciados. Como norma objetiva dirigida al
Estado, la intervención en la economía no constituye una mera
posibilidad de actuación, sino un mandato constitucional cuyo
cumplimiento puede ser judicialmente controlado. Este mandato
constitucional se refuerza aun más en materia de servicios
públicos con el deber de asegurar su prestación eficiente, no a
algunos sino a todos los habitantes del territorio nacional (art. 365
de la C.P.), el deber de dar solución a las necesidades básicas
insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y de
agua potable (art. 366 de la C.P.), el deber de garantizar la
universalidad en la cobertura y la calidad en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios (arts. 365 y 367 de la C.P.), y los
criterios de costos, solidaridad y redistribución del ingreso que
deben caracterizar el régimen tarifario de los servicios públicos
(art. 367 de la C.P.). Adicionalmente, la Constitución autoriza a la
Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades
descentralizadas para conceder subsidios a las personas de menores
ingresos de forma que éstas puedan pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios que cubren sus necesidades básicas (art. 368 de
la C.P.).

Si bien los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado,
por comunidades organizadas, o por particulares, lo cierto es que
el Estado mantiene las funciones de regulación, control y
vigilancia sobre los servicios, de forma que se asegure el
cumplimiento de las finalidades sociales del Estado social de
derecho (artículo 365 de la C.P.). Esto porque es objetivo
fundamental de la actividad estatal la solución de las necesidades
básicas insatisfechas de la población (art. 366 de la C.P.). Tan
importante es el mencionado objetivo constitucional que el
Constituyente ha previsto incluso la posibilidad de establecer, por
razones de soberanía o de interés social, por iniciativa del Gobierno y
mediante ley, un monopolio estatal en materia de servicios públicos
previa la plena indemnización a las personas que en virtud de dicha
ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita (art. 365 inc. 2
de la C.P.)” (negrillas de la Sala).

m) Ahora bien, dentro de los posibles regímenes tarifarios que puede establecer
el organismo regulador se encuentra el de libertad regulada, definido en el
numeral 10 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 en los siguientes términos:
“14.10. LIBERTAD REGULADA. Régimen de tarifas mediante el cual la comisión
de regulación respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los
cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o

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modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o
consumidor”.

Y, por su parte, el artículo 87 de la Ley 142 determina cuáles son los criterios que
debe tener en cuenta el regulador para definir el régimen tarifario:

“ARTÍCULO 87. CRITERIOS PARA DEFINIR EL RÉGIMEN
TARIFARIO. El régimen tarifario estará orientado por los criterios de
eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución,
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas
procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un
mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta
no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y
que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como
ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no
pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente,
ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes
de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios
públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre
tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el
servicio, como la demanda por éste.

87.2. Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el
derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las
características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios
públicos son iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que
las empresas de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que
el consumidor escoja la que convenga a sus necesidades.

87.3. Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en
práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar
recursos a "fondos de solidaridad y redistribución", para que los
usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales,
ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los
servicios que cubran sus necesidades básicas.

87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas
garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de
operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento;
permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma
forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un
sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y
sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad
y seguridad a sus usuarios.

87.5. Por simplicidad se entiende que las fórmulas de tarifas se
elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y
control.

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87.6. Por transparencia se entiende que el régimen tarifario será
explícito y completamente público para todas las partes involucradas
en el servicio, y para los usuarios.

87.7. Si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el
de suficiencia financiera, deberá tomarse en cuenta que, para una
empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán
tomando en cuenta la suficiencia financiera.

87.8. Toda tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que
supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas
características definirán las comisiones reguladoras. Un cambio en
estas características se considerará como un cambio en la tarifa.

87.9. Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las
personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y
cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de
cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que
autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación
establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición
y mantenimiento de estos bienes.

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice
enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos.

PARÁGRAFO 1. Cuando se celebren contratos mediante invitación
pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación
y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de que trata
esta Ley, la tarifa podrá ser un elemento que se incluya como base
para otorgar dichos contratos. Las fórmulas tarifarias, su composición
por segmentos, su modificación e indexación que ofrezca el oferente
deberán atenerse en un todo a los criterios establecidos en los artículos
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley. Tanto éstas como
aquellas deberán ser parte integral del contrato y la Comisión podrá
modificarlas cuando se encuentren abusos de posición dominante,
violación al principio de neutralidad, abuso con los usuarios del
sistema. Intervendrá asimismo, cuando se presenten las prohibiciones
estipuladas en el artículo 98 de esta Ley. Con todo las tarifas y las
fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión reguladora
respectiva cada cinco (5) años y cuando esta Ley así lo disponga.

PARÁGRAFO 2. Para circunstancias o regímenes distintos a los
establecidos en el parágrafo anterior, podrán existir metodologías
tarifarias definidas por las comisiones respectivas. Para tal efecto, se
tomarán en cuenta todas las disposiciones relativas a la materia que
contiene esta Ley”.

n) En esa perspectiva, las fórmulas tarifarias tienen finalidades de orden público
y son de aplicación obligatoria en el contrato, salvo las limitaciones establecidas
en el artículo 10 del Decreto 891 de 2002 que prevé el régimen de estabilidad
tarifaria, de allí que si un juez arbitral sostiene que la regulación de la CRA que
contiene las fórmulas tarifarias para el servicio público de aseo no garantiza la

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suficiencia en la operación del relleno sanitario, desconoce lo dispuesto
imperativamente por el regulador (autoridad competente), entidad que no hace
parte del negocio jurídico (principio de relatividad del contrato) y, por lo tanto, no
puede quedar cobijada por los efectos de pacto arbitral y, concretamente, de la
cláusula compromisoria contenida en el negocio jurídico, más aún si en este caso
concreto los árbitros concluyeron que la tarifa contenida en la Resolución CRA
720 de 2015 era de naturaleza contractual y, por lo tanto, no podía ser aplicada
al contrato sin un acuerdo expreso de las partes, con lo cual afectaron la validez
del mencionado acto administrativo, al menos para específico negocio jurídico
del relleno Doña Juana.

o) Por consiguiente, la tarifa regulada será aplicable mientras la norma regulatoria
correspondiente no haya sido suspendida o anulada por la jurisdicción
contencioso administrativa, de modo que la sujeción a las tarifas fijadas por el
regulador es una estipulación que el concesionario conoce desde el momento en
que participa en el proceso de selección contractual y, especialmente, cuando
suscribe el contrato y, por ende, las partes deben respetar tal regulación, sin que
se trate de un asunto de libre disposición que pueda ser sometido a la resolución
por la justicia arbitral, dado que ello implicaría vaciar la competencia de la
respectiva comisión de regulación, en este caso concreto de la CRA.

En efecto, la tarifa se haría inaplicable o inane si en los contratos relativos a la
operación de un servicio público se declara el rompimiento del equilibrio
económico porque ella no es suficiente parar remunerarlo, toda vez que esta
circunstancia implicaría considerar que la resolución que fija la tarifa no tiene
ningún efecto y puede ser desconocida de este modo por las partes o por los
árbitros, con lo cual se transgrediría el contenido mismo de las disposiciones
constitucionales y legales en materia de servicios públicos domiciliarios.

19) En este caso concreto, los árbitros desconocieron que la tarifa era regulada
y, por consiguiente, no era susceptible de ser sometida a la justicia arbitral, tal
como pasa a explicarse:

a) La cláusula séptima del contrato prevé el marco de retribución para el
concesionario estableciendo las variables de cálculo para determinar tanto la

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remuneración por disposición final de los residuos sólidos, lo mismo que la
remuneración por el tratamiento de lixiviados.

Es cierto que dichos criterios de cálculo remuneratorio no estaban inicialmente
afectados por una tarifa regulatoria según el artículo 10 del Decreto 891 de 2002
sobre estabilidad tarifaria, pero, el contratista desde su condición inicial de
proponente conocía la posibilidad de la expedición de las resoluciones tarifarias
que pudiera proferir la autoridad regulatoria, las cuales no dependen de la
entidad contratante, sino de una entidad distinta a los extremos negociales y de
imperativo acatamiento por parte de los mismos, aspecto que quedó
expresamente consignado en los pliegos de condiciones en el apéndice 10,
acápite II.

Por lo tanto, el contratista desde su condición inicial de proponente conocía que
las resoluciones tarifarias que pudiera expedir el agente regulador constituían un
eventual factor de riesgo a tener en cuenta, porque no dependen de la entidad
contratante sino de una autoridad distinta a los extremos negociales, pero, de
imperativo acatamiento por parte de los mismos.

Además, esa modificación tarifaria era una circunstancia aceptada
expresamente por las partes como posible factor desencadenante de
desequilibrio económico del contrato; sin embargo, ni los pliegos de condiciones
base del contrato ni la minuta del negocio jurídico autorizaban aplicar de manera
retroactiva las tarifas previstas en los actos administrativos proferidos por las
autoridades regulatorias que, fue lo que real y finalmente ocurrió por cuenta de
la decisión arbitral, debido a que los árbitros modularon en el tiempo los efectos
de los actos regulatorios, con lo cual el restablecimiento de la ecuación financiera
del contrato implicó, inequívocamente, la alteración o modificación de un acto
administrativo expedido por la autoridad regulatoria, asunto para el cual,
evidentemente, carecían de competencia.

b) Con la expedición de la Resolución CRA 720 de 2015 el agente regulador
introdujo nuevas modificaciones tarifarias que tienen impacto en el modelo de
retribución ya que la UAESP dispuso que en desarrollo del contrato se debía
aplicar la nueva normativa tarifaria.

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Por consiguiente, la UAESP no podía sustraerse del cumplimiento de las nuevas
tarifas establecidas por el regulador y el consorcio podía solicitar la modificación
de dichas condiciones para lo cual era necesario demostrar la afectación al
equilibrio económico del contrato, pero, dicha petición no se promovía ante la
entidad contratante (UAESP) sino directamente ante el agente regulador (CRA);
en este caso concreto, la solicitud de reajuste de la tarifa se adelantó solo hasta
2018 con coadyuvancia de la UAESP, circunstancia que motivó la expedición de
la Resolución CRA 843 de 2018, por medio de la cual se modificaron los
componentes de la tarifa de disposición final y el costo de tratamiento de
lixiviados.

c) La Resolución CRA 720 de 2015 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 2. RÉGIMEN DE REGULACIÓN TARIFARIA. El régimen
de regulación tarifaria para las personas prestadoras incluidas en el
ámbito de aplicación de la presente resolución será el de libertad
regulada.

ARTÍCULO 3. METODOLOGÍA TARIFARIA. La metodología tarifaria
que se adopta mediante la presente resolución es de precio techo, lo
cual implica que las personas prestadoras del servicio público de aseo
podrán, en cualquier momento, y con observancia de las disposiciones
relativas a la competencia, a la información y a los suscriptores, cobrar
hasta el límite que constituye su precio máximo calculado con base en
lo aquí establecido, siempre que éste sea el adoptado por la Entidad
Tarifaria Local”.

d) Como se desprende de lo anterior, la regulación determinó unas tarifas techo
que no podían ser desconocidas en el contrato, de allí que la norma era de
obligatoria aplicación al contrato y la discusión sobre esta materia no podía ser
materia de arbitraje por no ser de carácter transigible o disponible ni estar
expresamente autorizada por el legislador (arbitrabilidad objetiva); luego, la CRA
expidió la Resolución CRA 843 de 2018, que expresamente modificó el costo de
referencia a raíz de una solicitud presentada por Centro de Gerenciamiento de
Residuos Doña Juana SA ESP, lo cual denota que la decisión arbitral invadió las
esferas regulatorias que imperativamente se aplicaban al contrato, sin contar con
competencia para hacerlo, con lo cual se configuró la causal de anulación
invocada por la entidad pública convocada, esto es, la falta de jurisdicción y de
competencia del panel arbitral.

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e) La Resolución CRA 720 de 2015 estableció costos máximos de disposición
final y tratamiento de lixiviados en sus artículos 2834 y 3235, los cuales
correspondían a disposiciones de orden público adoptadas por la entidad
regulatoria.

f) Por su parte, la Resolución CRA 843 de 2018 en relación con la vigencia
dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 4o. ACUERDO. Teniendo en cuenta que la causal
invocada por el solicitante es de mutuo acuerdo, esta resolución
solo entrará en aplicación si de forma expresa y escrita, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, el Centro de
Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P., por conducto de
su Representante Legal, o quien haga sus veces, manifiesta su
acuerdo con lo aquí resuelto en relación con el Costo Económico de
Referencia para el Componente de Disposición Final (CDF) y el Costo
Económico de Referencia para el componente de Tratamiento de
Lixiviados (CTL), según los artículos primero y segundo de la presente
resolución.

En caso de existir desacuerdo o que no sea recibida comunicación
alguna, la referida empresa deberá continuar aplicando el Costo de
Disposición Final y el Costo de Tratamiento de Lixiviados de la
Resolución CRA 720 de 2015” (se destaca).

Como se advierte, la regulación particular para el contrato no. 344 de 2010
expedida por la CRA y contenida en la Resolución 843 de 2018 tenía vigencia
tan solo “hacia futuro”, por manera que, los árbitros no podían modular
temporalmente su vigencia so pretexto de restablecer el equilibrio económico del
contrato durante el periodo comprendido entre los años 2015 a 2018.

g) El tribunal arbitral se pronunció y decidió sobre la insuficiencia tarifaria de la
Resolución CRA 720 del 9 de julio de 2015, tanto en materia de residuos sólidos
como en el tratamiento de lixiviados, pues, esta normativa se aplicaba al contrato
por ser de orden público.

34 “ARTÍCULO 28. COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL (CDF). El costo máximo a reconocer por la actividad

de disposición final, está dado por: [establece la fórmula tarifaria]”.
35 “ARTÍCULO 32. COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS (CTL). El costo máximo de tratamiento de

lixiviados por metro cúbico (CTLM) se calculará con las funciones a continuación y los escenarios por
objetivo de calidad que se encuentran definidos en el ANEXO II, el cual hace parte integral de la presente
resolución”.

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En relación con la regulación tarifaria de residuos sólidos y lixiviados, el tribunal
tuvo en cuenta los costos eficientes que fueron reconocidos en la Resolución
CRA 843 de 2018, la cual no podía ser aplicada retroactivamente, por cuanto eso
supondría modificar o modular los efectos temporales de la misma.

De la sola lectura del laudo se desprende, de manera inequívoca, que los árbitros
le dieron una aplicación retroactiva a una regulación que solo podía aplicarse
hacia futuro por expresa disposición de la CRA:

“Finalmente, el perito de contradicción señala que la nueva tarifa de la
Resolución 843 de 2018, incorpora la tarifa de CPC, por lo que, en su
entender, dada la ‘no retroactividad’ de la mencionada Resolución,
dicho concepto sí estaría cubierto. Este argumento, sin embargo, no
es de recibo, como quiera que el hecho de que la Resolución CRA
843 de 2018 tuviera solamente efectos hacia el futuro y no
retroactivos, es lo que hace que una insuficiencia previa de la
tarifa no quede remunerada con la aplicación de esta nueva
regulación” (pág 288 del laudo - destaca la Sala).

h) El laudo proferido -fundamentado en una experticia- reconoció con efectos
retroactivos las diferencias tarifarias en el interregno temporal 2015 (con la
expedición de la Resolución CRA 720) a 2018 (Resolución CRA 843) y, por lo
tanto, modificó la regulación tarifaria vigente para dicho período de ejecución
contractual, lo cual constituye una clara extralimitación de la competencia
funcional y, de otra parte, aplicó con efecto retroactivo una regulación tarifaria
que por expresa disposición del regulador solo regía hacia el futuro, lo cual
configura en una transgresión palmaria de orden reglamentario.

i) Por manera que, en este caso concreto, los árbitros so pretexto de restablecer
el equilibrio económico del contrato terminaron modulando los efectos temporales
del acto administrativo proferido por la CRA, es decir, una autoridad regulatoria
que no hacía parte del contrato, lo cual implicó, de una parte, desconocer el
principio de relatividad de los contratos y, de otra, modular los efectos temporales
de un acto administrativo proferido por una entidad regulatoria externa a las
partes contratantes.

j) De igual manera, debe ponerse de presente que, si bien la Resolución CRA
843 de 2018 fue expedida para este específico contrato, es decir, el contrato no.

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344 de 2010, lo cierto es que los árbitros no tenían competencia para analizar la
legalidad del referido acto administrativo ni para modular o alterar sus efectos
temporales, pues, se insiste, se trata de una decisión administrativa proferida por
una entidad distinta a la contratante y que contiene una tarifa regulada, razón por
la cual era una materia no susceptible de ser sometida a arbitraje.

k) En síntesis, el tribunal arbitral materialmente juzgó y moduló los efectos en el
tiempo de un acto administrativo de contenido regulatorio, proferido por una
entidad distinta a la contratante, lo cual pone en evidencia que está configurada
la causal de anulación de falta de jurisdicción y de competencia, tal como lo puso
de presente la UAESP a lo largo del trámite arbitral.

l) En atención a lo expuesto, se concluye que el tribunal arbitral carecía de
competencia en tanto que la materia sobre la cual se pronunció se separa de la
arbitrabilidad objetiva36, dado que no era de libre disposición de las partes ni
mediaba autorización legal para su conocimiento, por cuanto los extremos del
contrato no podían separarse de los mandatos de la CRA y, por tanto, la
controversia no era de naturaleza contractual37.

m) De acuerdo con lo anterior, se declarará la nulidad de las decisiones
relacionadas con los residuos sólidos y de tratamiento de lixiviados, con
excepción de la decisión sobre la insuficiencia de la tarifa pactada inicialmente,
es decir, el ordinal quinto de la parte resolutiva del laudo. En ese sentido, la Sala
declarará la nulidad de los ordinales sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo,
undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto de la parte resolutiva del
laudo objeto de impugnación.

36 “Para la Corte, el control de legalidad de los actos administrativos es una facultad exclusiva del

Estado en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, de la cual no pueden derogar los
particulares por medio de un pacto arbitral; los árbitros sólo se pueden pronunciar sobre los
aspectos de los que pueden disponer las partes en conflicto, que no incluyen este aspecto del
orden jurídico, el cual atañe al orden público normativo (…)” Corte Constitucional, sentencia SU-
174 de 2007, MP Manuel José Cepeda Espinosa.
37 “Y a juicio de la Sala resulta claro que las controversias originadas en obligaciones impuestas

por la ley, en las que va envuelto el orden público, como las atinentes al uso de los bienes
públicos, sobre las que el fisco o el sujeto recaudador no tiene la facultad de renunciar o transigir
escapan a la competencia de los árbitros” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de febrero de 2014, expediente no. 41.064.

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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

20) En consecuencia, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, se
remitirá el asunto al Tribunal Administrativo Cundinamarca para lo de su
competencia; el tribunal es competente en virtud del numeral 4 del artículo 152
del CPACA que establece que dicha corporación conoce en primera instancia de
los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que
sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes (…) cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

21) Finalmente, el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral) prevé
que la sentencia que anule el laudo total o parcialmente ordenará las restituciones
a que hubiere lugar; en este caso concreto no existió imposición de costas en el
proceso arbitral, motivo por el cual no se ordenarán restituciones mutuas a cargo
de las partes.

5. Costas

La Sala condenará en costas a la sociedad contratista recurrente, de conformidad
con lo dispuesto en el inciso final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 según el
cual “si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente” y se
abstendrá de condenar en costas a la UAESP, por cuanto el recurso interpuesto
por esta entidad prosperó parcialmente.

En los términos del numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016
del Consejo Superior de la Judicatura, las agencias en derecho se fijan en diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las cuales estarán a cargo de
la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP en favor
de la UAESP.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación promovido por
la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP en
contra del laudo arbitral del 11 de abril de 2023.

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Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral

2º) Declárase parcialmente fundado el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)
en contra del laudo arbitral del 11 de abril de 2023, por lo tanto, decláranse nulos
los ordinales sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo,
decimotercero y decimocuarto del laudo arbitral proferido el 11 de abril de 2023
proferido por un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá,
en los precisos términos de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3°) En consecuencia, en los demás aspectos decididos el laudo queda en firme
por no haber sido afectados con la declaración de nulidad.

4°) Remítase por Secretaría de la Sección el expediente a la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para lo de su competencia, de
conformidad con el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral).

5°) Condénase a la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña
Juana SA ESP a pagar por concepto de agencias en derecho la suma de diez
(10) salarios mínimos mensuales vigentes en favor de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos (UAESP).

6º) Ejecutoriada esta providencia comuníquese a las partes y al tribunal de
arbitramento por el medio más expedito y efectúense las desanotaciones del
caso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Conjuez
Salvamento parcial de voto

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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