Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00244-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00244-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00244-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
30 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00244-01
Demandante: Nelson Ramiro Vargas Alba
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00244-01
Demandante: NELSON RAMIRO VARGAS ALBA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de
fondo porque no se cumple el requisito de inmediatez / INMEDIATEZ – La demanda se presentó
pasados seis meses desde que se notificó la decisión a la que se atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del
28 de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 20 de enero de 2015, el señor Nelson Ramiro Vargas Alba interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Séptimo Administrativo de
Tunja, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias proferidas el 14 de
junio de 2022 y el 27 de junio de 2024, que negaron las pretensiones en el proceso de
reparación directa con radicado 15001-33-33- 007-2019-00230-00/01. Formuló las
siguientes pretensiones (transcripción textual):
1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales del Accionante NELSON
RAMIRO VARGAS ALBA vulnerados por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ y del JUZGADO SÉPTIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA ante el Defecto Procedimental
Absoluto, Exceso ritual manifiesto, Defecto Fáctico y Defecto Sustantivo en
que incurrieron mediante las Sentencias de fecha 14 de junio de 2022 y 8 de
julio de 2024 proferidas al interior del Proceso de Reparación Directa Rad.
15001333300720190023001.
2.- Como consecuencia de la anterior, DEJAR sin efecto la decisión contenida
en la Sentencia de fecha 8 de julio de 2024 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ al interior del Proceso de Reparación
Directa Rad. 15001333300720190023001.
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Se advierte que el 11 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Nelson Ramiro Vargas Alba
2.1.- Como consecuencia de la anterior, REVOCAR la decisión contenida en
la Sentencia de fecha 17 de marzo de 2023 proferida por el JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA al interior del
Proceso de Reparación Directa Rad. 15001333300720190023001.
3.- Como consecuencia de la anterior, DECLARAR administrativa,
extracontractual y patrimonialmente responsable a la NACIÓN- RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de la totalidad de daños perjuicios
materiales y morales causados al demandante por falla en el servicio judicial
en cuanto al trámite irregular del Proceso Especial de Fuero Sindical Radicado
Nro. 15238310500120160030400 que finalizó con Sentencia de fecha 24 de
octubre de 2017 proferida por parte del Juzgado Laboral del Circuito de
Duitama.
Como alternativa de la anterior:
ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dictar Sentencia
de reemplazo accediendo a las Pretensiones invocadas al interior del Proceso
de Reparación Directa Rad. 15001333300720190023001.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Nelson Ramiro Vargas Alba, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, solicitó que se declarara la responsabilidad administrativa, extracontractual y
patrimonial de la Nación, Rama Judicial, por el supuesto trámite irregular que tuvo lugar
en el proceso especial de fuero sindical 2016-00304-00, que concluyó con la sentencia
del 24 de octubre de 2017, mediante la cual el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama
autorizó su despido del Fondo Nacional del Ganado.
4. Al proceso le correspondió el radicado 15001333300720190023000 y en primera
instancia lo conoció el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja, que con sentencia del
14 de junio de 2022 negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se
demostraron los elementos de la responsabilidad estatal por vía del error judicial ni del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
5. Inconforme con la decisión, el señor Vargas Alba interpuso el recurso de apelación,
que se resolvió desfavorablemente con la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 27 de junio de 20242, notificada el 8 de julio siguiente.
6. La parte actora sostuvo que la solicitud de amparo cumple con la totalidad de requisitos
generales exigidos por la jurisprudencia para censurar una providencia judicial, incluso
la inmediatez, teniendo en cuenta que la demanda se radicó en tiempo3, si se descuenta
el período de vacancia judicial, transcurrido entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de
enero de 2025.
7. Expuso que las autoridades judiciales accionadas al proferir las sentencias objeto de
reproche, incurrieron en los siguientes vicios:
2 A lo largo del escrito de tutela se afirma que la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá data del 8 de julio de
2024, sin embargo, consultado el expediente de reparación directa se observa que esa fue la fecha de notificación del
fallo, que en realidad se expidió el 27 de junio de 2024. La anterior información se puede corroborar en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=150013333007201900230011500123.
3 El 20 de enero de 2025, a través de aplicativo Tutela en línea. Samai, índice 2.
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8. Defecto procedimental absoluto. Se ignoraron los yerros cometidos en el proceso
especial de fuero sindical, entre otros, (i) la negativa para reprogramar una diligencia,
existiendo justa causa para la inasistencia de su apoderado de confianza; (ii) la citación
a la audiencia especial, que se hizo por fuera del plazo legal; y (iii) la inexistencia de una
justa causa para autorizar el levantamiento del fuero sindical y posterior despido del
accionante.
9. Defecto sustantivo. Las providencias censuradas desconocieron el artículo 118A del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), toda vez que no aplicaron
la prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical, que, en su sentir, operó
en el proceso de origen.
10. Defecto fáctico. Las autoridades judiciales demandadas omitieron valorar las
pruebas que daban cuenta de la inexistencia de una justa causa para el levantamiento
del fuero sindical. En cambio, tuvieron por probado, sin estarlo, que el Fondo Nacional
del Ganado se había liquidado efectivamente, cuando lo cierto es que únicamente
cambió de razón social: ahora se denomina Cuenta de Carne y Leche.
B. Trámite impartido e intervenciones
11. Mediante auto del 2 de enero de 2025, el despacho sustanciador en primera instancia
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado
Séptimo Administrativo de Tunja. Además, en calidad de terceros con interés, ordenó
que se notificara a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a
quienes participaron en el proceso de reparación directa 2019-00230-00/01.
12. El magistrado ponente de la providencia censurada emitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá se opuso a las pretensiones por considerar que no se
vulneró derecho fundamental alguno.
13. Señaló que la decisión objeto de tutela se sustentó en debida forma, dado que, tras
el análisis fáctico y jurídico necesario, de cara a la jurisprudencia existente en la materia,
concluyó que debían denegarse las pretensiones de reparación directa formuladas por
el señor Nelson Ramiro Vargas Alba.
14. Agregó que la tutela es improcedente porque el actor pretende convertirla en una
discusión legal y de contenido estrictamente económico, es decir, que no satisface la
exigencia de relevancia constitucional.
15. El juez séptimo administrativo de Tunja sostuvo que la sentencia proferida el 24
de octubre de 2017 por el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama contiene una
argumentación coherente, razonable y jurídicamente atendible en punto a la acreditación
de la justa causa para levantar el fuero sindical, la autorización para el despido del
trabajador, el conteo de la prescripción y la garantía de defensa técnica, por lo que no
encontró demostrado el error jurisdiccional alegado por el señor Nelson Ramiro Vargas
Alba. Y, respecto del defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, no se
acreditó un trámite irregular del proceso especial de fuero sindical con radicado 2016-
00304-00, motivo por el cual tampoco prosperó ese cargo en sede ordinaria.
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16. En ese escenario, concluyó, la sentencia censurada no resulta lesiva de los derechos
fundamentales alegados en la solicitud de amparo, toda vez que se basó en las normas
y la jurisprudencia aplicables en la materia.
17. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja manifestó
que la tutela es improcedente porque carece de relevancia constitucional. En su criterio,
la discusión planteada no gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental. Por el contrario, es evidente que la controversia suscitada por el actor es
meramente legal y está sustentada únicamente en lo que, según él, debió decidirse en
el proceso especial de levantamiento del fuero sindical.
El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las
pretensiones de la demanda. Agregó que, en todo caso, la decisión cuestionada no se
torna arbitraria ni caprichosa a la luz de los preceptos que rigen la actuación dentro del
proceso, sino que se encuentra estructurada bajo criterios jurídicos sólidamente
respaldados.
C. Fallo impugnado
18. Mediante sentencia del 28 de febrero de 2025, la Sección Tercera, Subsección C,
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento
del requisito de inmediatez.
19. Para ello, determinó que la sentencia de segunda instancia proferida el 27 de junio
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se notificó el 8 de julio siguiente por
correo electrónico, por tanto, en atención a lo establecido en el numeral 2 del artículo
205 del CPACA, quedó ejecutoriada el 15 de julio de 2024. Y como la tutela se interpuso
el 20 de enero de 2025, se evidencia que el señor Nelson Ramiro Vargas Alba acudió al
juez constitucional más de 6 meses después de la ejecutoria de la providencia
censurada, sin que se encuentre probada alguna circunstancia que justifique la tardanza,
porque lo cierto es que el accionante ni siquiera se preocupó por exponer motivo alguno
que permita flexibilizar el requisito.
20. Finalmente, descartó el argumento invocado por la parte actora, por considerar que
la vacancia judicial no interrumpe los términos para ejercer acciones o presentar
demandas, a lo que agregó que, si el plazo vence en un día no hábil, los interesados
deben presentar sus solicitudes el día hábil siguiente, de conformidad con lo estipulado
en el artículo 118 del C.G.P.
D. Impugnación
21. El señor Nelson Ramiro Vargas Alba insistió en que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales y específicos de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia
para censurar providencias judiciales.
22. Sostuvo que la tutela se interpuso en un término razonable, si se tiene en cuenta que
la vacancia judicial tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025,
lo que imposibilitó radicar la demanda el 10 de enero de 2025.
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23. En su sentir, el fallo impugnado es lesivo a sus derechos fundamentales. En especial,
porque incurrió en un exceso ritual manifiesto y, de paso, desconoció el derecho de
acceso a la administración de justicia, al declarar improcedente la acción de tutela porque
transcurrieron 3 días más del plazo formal establecido para ejercerla, escudándose en
ello para no abordar el fondo del asunto.
24. Por lo demás, insistió en los argumentos expuestos en el libelo inicial para cuestionar
las providencias dictadas en el proceso de reparación directa.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problemas jurídicos
26. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 28
de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de
Estado, mediante la cual, declaró improcedente la acción de tutela.
27. De conformidad con los argumentos que cimentan la impugnación, se deberá
establecer si la solicitud de amparo cumple con el requisito de inmediatez, y los demás
requisitos generales exigidos por la jurisprudencia para cuestionar providencias
judiciales.
28. Sólo en caso de que se supere el análisis de los requisitos generales de procedencia,
se abordará el estudio de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto que
la parte actora le endilga a las providencias del 14 de junio de 2022 y del 27 de junio de
2024, dictadas, en su orden, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
G. Análisis de la Sala
29. Inmediatez. De entrada, la Sala anticipa que tal y como lo decidió el a quo, la
presente tutela deviene en improcedente, porque no cumple con el requisito de
inmediatez. Como se sabe, dicha consecuencia emerge cuando el interesado no ejerce
el mecanismo constitucional dentro de los seis meses siguientes a la notificación o
ejecutoria de la providencia atacada, según el caso4.
4 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-090 de 2018, señaló:
Estudiados los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, esta Corte
evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez
que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende
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30. Para esta Subsección5, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de ese momento
que se conoce la decisión y se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
31. Sólo procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión
en los casos en que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como
lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso,
una solicitud de nulidad, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas
solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y,
por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento, siempre,
claro está, que no se trate de peticiones abiertamente improcedentes. En este caso, sin
embargo, no se presentó ninguna de las solicitudes mencionadas.
32. En el sub lite, se advierte que el fallo con el que culminó el proceso de reparación
directa promovido en su momento por el señor Nelson Ramiro Vargas Alba se profirió
por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de junio de 2024, y se notificó mediante
correo electrónico enviado el 8 de julio de 20246.
33. Significa lo anterior que el interesado dejó transcurrir más de 6 meses para instaurar
la acción de tutela, lo cual hizo apenas el pasado 20 de enero de 2025, de ahí que
evidentemente no se cumple el requisito de inmediatez.
34. En efecto, de conformidad con lo establecido en el auto de unificación proferido el
29 de noviembre de 2022 por la Sala Plena de esta Corporación7, «[l]a notificación de
las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del
CPACA se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 del
CPACA».
impugnar, alegando que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial, careció de
motivación y violó directamente la Constitución.
A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había promovido incidente
de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, este fue decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas por el
accionante no se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del Código
de Procedimiento Civil. Esta circunstancia no justifica entonces la inactividad del actor para
interponer la acción de tutela, toda vez que la nulidad formulada fue ostensiblemente
contraevidente, y no tenía la virtualidad de enervar el requisito de inmediatez en la formulación
de la acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el incidente de nulidad procesal,
el accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días para plantear su pretensión, sin
cumplir con un plazo razonable para presentar el amparo constitucional, toda vez que
se superó sin justificación válida el término prudencial para la oportuna formulación de
la acción de tutela.
5 En este mismo sentido, ver la sentencia del 4 de febrero de 2022, expediente con radicado 11001-03-15-
000-2021-06292-01, proferida por esta Subsección.
6 Información consultada en la plataforma SAMAI, Tribunal Administrativo de Boyacá, expediente con
radicado 15001-33-33-007-2019-00230-01, índice 15.
7 Radicado 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177), M.P. Stella Jeannete Carvajal Basto.
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35. En tal sentido, si el mensaje de datos con fines de notificación de la sentencia fue
enviado el lunes 8 de julio de 2024, se entiende que esta se surtió al finalizar el miércoles
siguiente (10 de julio), esto es, transcurridos dos días hábiles; por tanto, el plazo de seis
meses inició el 11 julio de 2024 y venció el 11 de enero de 2025.
36. Entonces, no es cierto que para la fecha en que vencían el término de seis meses
considerado como oportuno para interponer la demanda de tutela, estaba corriendo la
vacancia judicial, dado que ésta tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 2024 y el viernes
10 de enero de 2025.
37. En todo caso, la referida vacancia no es susceptible de descontarse al momento de
contabilizar el término para interponer acciones judiciales, porque el mismo está
determinado en meses, y tal circunstancia sólo ocurre cuando se contabilizan términos
en días. Así lo señalan los dos incisos finales del artículo 118 del Código General del
Proceso:
Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo
día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día,
el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre
en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni
aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado.
38. Quiere decir lo anterior que cuando se computan términos en meses, en caso de
finalizar un día inhábil, el plazo se extiende hasta el siguiente día hábil.
39. En el caso concreto, el plazo razonable de seis meses para acudir al juez de tutela
finalizó el sábado 11 de enero de 2025 —día no hábil—, por tanto, es claro que el señor
Vargas Alba debió interponer la demanda, a más tardar, el día hábil siguiente, esto es,
el 13 de enero de 2025. No obstante, la solicitud de amparo se radicó el 20 de enero de
2025, esto es, 6 meses y 7 días después de vencido el plazo, lo que significa que la
acción constitucional se ejerció de manera extemporánea.
40. Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no está
acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo vulnerable que
en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con antelación al juez de
tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que impidieran acudir al juez de
tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica, (v) la afectación de
derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la presentación de la
solicitud de amparo por parte del accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela
represente una seria afectación a la seguridad jurídica.
41. En este caso, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta
desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que el señor Vargas Alba se
encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la acción de tutela dentro
de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia censurada, con mayor
razón si se tiene en cuenta que esta no requiere de formalidades para su presentación
y que el accionante estuvo representado por un apoderado judicial en el proceso
ordinario.
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42. La única circunstancia que el accionante invoca como criterio justificante de su
tardanza es la vacancia judicial, la cual, como se dijo, no extiende los términos para
interponer las acciones y, en todo caso, lo que aquí se observa es que el plazo para
radicar la tutela se venció cuando ya había finalizado la vacancia. Sin embargo, se
reitera, como el sábado 11 de enero de 2025 fue un día no hábil, el accionante debió
presentarla el lunes 13 de enero de 2025.
43. Bajo ese entendimiento, la tutela no satisface el requisito de inmediatez, razón por
la cual se confirmará el fallo impugnado.
44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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