Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00255-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00255-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00255-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de febrero de 2025
Radicado: Radicación:11001031500020250025500
Accionante: Wilson Bedoya González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001031500020250025500
Demandante: Wilson Bedoya González
Demandados: Presidencia de la República, Ministerio de Defensa
Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares y
de Policía Nacional
Referencia: Acción de tutela
Tema: Tutela contra acto administrativo. Subsidiariedad e inmediatez. Derecho de petición y mora
en el trámite de denuncia penal.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Wilson Bedoya
González en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa
Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Wilson Bedoya González, actuando en nombre propio, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la unidad familiar, a la igualdad, de
petición, al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio, al debido proceso, a la
integridad física y moral o personal, a la salud y pensión, a participar en las
decisiones que le afecten y al respeto del ejercicio de sus derechos políticos1, que
consideró vulnerados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa
Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con
ocasión de: (i) la expedición de la Resolución No. 00607 del 21 de febrero de 2019,
mediante la cual fue retirado, por solicitud propia, del servicio activo como miembro
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional; (ii) no permitírsele la reincorporación a la
institución policial por reintegro con la respectiva indemnización; (iii) habérsele
impuesto el 13 de junio de 2013 una sanción disciplinaria por parte del Ministerio de
Defensa – Policía Nacional que le impidió ascender al grado de intendente; (iv) la
falta de indemnización por una fractura que sufrió en uno de sus miembros superiores
en actos del servicio; y (v) la falta de impulso procesal de una denuncia penal.
2. Hechos
1 Archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 002 del expediente digital del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado DD804A735A34A65B E315D5407643FEA8 135A03A0AB397E4D
46D4F8A963F555C0 .
Radicado: Radicación:11001031500020250025500
Accionante: Wilson Bedoya González
El accionante relata una serie de sucesos, que abarcan desde 2012 hasta 2024,
relacionados con diversas situaciones ocurridas durante su tiempo como miembro
activo de la Policía Nacional y, posteriormente, tras su egreso de la institución. Estos
hechos incluyen circunstancias laborales y personales que llevaron a su retiro del
cuerpo armado, la desintegración de su familia debido a problemas de violencia
intrafamiliar, procesos disciplinarios y penales en su contra, y a su intención de
reincorporarse a la institución. A partir de este extenso y detallado relato fáctico, con
el fin de hacer una síntesis, la Sala extrae los siguientes aspectos:
2.1. A partir de 2012, mientras prestaba servicios como miembro activo de la Policía
en Puerto Concordia (Meta), comenzó a enfrentar hostilidades en el entorno laboral
por parte de sus superiores, lo que dio lugar a una investigación disciplinaria que
culminó con una sanción en su contra.
2.2. La situación persistió y se agudizó en mayo de 2018 cuando solicitó un permiso
con cargo a las vacaciones, con el fin de estructurar una queja ante la Procuraduría
en contra del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de
Policía Guaviare, dado que el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos y el comandante
del Departamento de Policía del Valle se negaron a aprobar el permiso, renuencia
que el señor Bedoya González atribuye al propósito de encubrir al colega en contra
de quien iba a presentar la queja.
2.3. Ante la negativa del permiso, dirigió una comunicación al director general de la
Policía Nacional, en la que anunció que si no le concedían los días de vacaciones se
vería forzado a presentar su retiro. En respuesta, le aprobaron las vacaciones
solicitadas, pero, a su retorno, el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos y el
comandante del Departamento de Policía del Valle dieron la orden de trasladarlo de
su lugar de trabajo en la ciudad de Cali al municipio de Argelia en el Valle del Cauca;
esto, con el fin de impedir que continuara con sus estudios de derecho y, de paso,
desmejorar sus condiciones laborales, actuación que considera contraria a la política
institucional de educación e innovación policial y que, en su sentir, trasgredió lo
previsto en la sentencia T-175 de 2016.
2.4. El accionante refiere que, durante su permanencia en la Estación de Policía de
Argelia, fue víctima de acoso laboral, ya que se le asignaron simultáneamente dos
cargos. Además, menciona que en este municipio alquiló un apartamento donde vivía
con su compañera sentimental, quien se encontraba embarazada de su segundo hijo.
Sin embargo, el ambiente familiar se deterioró debido a la aparición de panfletos
amenazantes dejados debajo de la puerta, los cuales, según su versión, podrían
haber sido originados por los superiores responsables de su traslado. A pesar de que
intentó denunciar estos hechos, afirma que se le pusieron obstáculos para hacerlo.
2.5. Manifiesta que, impelido por la situación, nuevamente dirigió comunicación al
director general de la Policía, con el fin de que se lo reubicara o se le concediera el
retiro por solicitud propia. En cuanto a la petición de retiro aquella se catalogó como
inviable y se le manifestó que el traslado obedeció a razones del servicio, pero,
posteriormente se le concedió el traslado a Cartago.
2.6. Arguye que toda la hostilidad laboral de que fue víctima obedeció a un plan
“astuto, malicioso y meticuloso” para propiciar su renuncia, pues, para no exponerse
más ni exponer a su familia, se vio forzado por “temor insuperable” a firmar un formato
de retiro por solicitud propia, con la “apariencia de ser voluntaria, espontánea y libre
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Accionante: Wilson Bedoya González
de coacción”, aunque la realidad era que lo hacía producto de la situación por la que
atravesaba.
2.7. Refiere que, mediante Resolución No. 00607 del 21 de febrero de 2019, se le
concedió el retiro por solicitud propia. No obstante, cuestiona la legalidad de ese acto,
dado que, a su juicio, como la institución policial conocía del estado de gravidez de
su compañera permanente y que aquella dependía económicamente del accionante,
no podía retirarlo del servicio por que gozaba de “estabilidad laboral reforzada en su
condición de pareja de mujer lactante no trabajadora”.
2.8. Asevera que su retiro de la institución deterioró el ambiente familiar y destruyó
su relación de pareja, lo que incluso dio lugar a procesos administrativos y penales,
así como a episodios de violencia intrafamiliar por parte de su compañera hacia él.
Además, sostiene que en Medicina Legal se tergiversaron las pruebas para utilizarlas
en su contra, lo que dio lugar a una investigación que culminó con la oferta de un
principio de oportunidad, al cual se acogió.
2.9. Argumenta que, tras su retiro de la Policía, no se le brindó atención para sus
problemas de salud ni se le practicó la Junta Médico-Laboral para evaluar su
capacidad psicofísica, bajo el argumento de que se requería continuidad en el
servicio. Como resultado, no recibió indemnización por una gastritis ni por una
fractura en uno de sus miembros superiores sufrida durante su tiempo en servicio.
2.10. Manifiesta que, en 2023, la Policía Nacional abrió la convocatoria 2032023,
para “Reincorporación de Patrulleros del Nivel Ejecutivo al Servicio Activo de la
Institución”, a la cual se presentó. Sin embargo, la Dirección de Incorporación de la
Policía Nacional denegó su preinscripción como aspirante, con fundamento en la
denuncia penal que cursaba en su contra por violencia intra familiar, decisión que
califica como subjetiva y vulneradora de su presunción de inocencia, habida cuenta
que su caso se resolvió por un principio de oportunidad, mas no por la sentencia de
un juez que lo declarara responsable, aunado a que la convocatoria era
discriminatoria, porque solo iba dirigida para ciertos rangos de edad.
2.11. Relata que, posteriormente, solicitó su reincorporación, pero el 11 de mayo de
2024 recibió una respuesta en la que se le informaba que no se había abierto
convocatoria en ese momento. El accionante considera dicha respuesta prejuiciosa
y motivada por una animosidad personal, además de que contraviene lo establecido
en la Resolución No. 01049 del 25 de abril de 2022, la cual, en su artículo primero,
parágrafo único, dispone que: “Excepcionalmente, el Director de la Policía Nacional
de Colombia podrá reincorporar al servicio activo al personal retirado de la institución,
sin necesidad de convocatoria”.
2.12. Informa que, contra la comunicación del 11 de mayo de 2024, presentó recurso
de reposición y tras unos reenvíos internos por competencia, finalmente se le informó
que la reincorporación precisaba de una convocatoria, por lo cual considera que no
se ha atendido de fondo su solicitud de reincorporación, porque en ningún momento
se le ha dado respuesta sobre la “reincorporación excepcional”.
2.13. Refirió que, en su desespero por buscar trabajo, el 21 de septiembre de 2024
acató una oferta para laboral en una hacienda en el municipio de Mutatá (Antioquia)
y que, cuando se dirigía para el sitio, recibió una llamada del supuesto empleador
que resultó siendo un comandante del ELN que le pidió que le diera todos los datos
de identificación y, además, que suministrara el contacto de un familiar, ante lo cual
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Accionante: Wilson Bedoya González
accedió a dar el número telefónico de un hermano, al que luego llamaron a
extorsionar. Por esos hechos, un allegado suyo presentó denuncia anónima ante la
Fiscalía, con el número de formulario 1240144, sin embargo, no le han dado trámite.
2.14. Finalmente, aduce el señor Bedoya que para que no se presenten hechos como
los que le ocurrieron se requiere de una restructuración en el nivel directivos tanto de
la Policía como del Ejército Nacional.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
Wilson Bedoya González solicitó al juez de tutela que ampare sus derechos
fundamentales a “la vida digna, la dignidad humana, la unidad familiar, igualdad,
petición, trabajo, libertad de escoger profesión u oficio, debido proceso, seguridad
personal, integridad física y moral o personal, seguridad social en salud y pensión,
participar en las decisiones que le afecten, respeto por el ejercicio de los derechos
políticos” y, en consecuencia, deprecó:
“(…) 3. Su señoría por favor declare la nulidad absoluta de la Resolución No.
00607 del 21-Feb2019, con la que se me retira del servicio activo como
miembro del del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional por solicitud propia, ya
que la misma carecía del requisito esencial de ser una petición espontánea y
libre de coacción, pues mi consentimiento se encontraba viciado de fuerza y
en tal circunstancia este acto administrativo viene a ser Nulo y/o no produce
efecto alguno. Como quiera que no se encuentra saneado por la ratificación de
mi parte y por prescripción extraordinaria como se indica en el Art. 1742 del
Código Civil.
4. Su señoría por favor ordene al Ministerio de Defensa y Policía Nacional que
me devuelvan mi honor de ser policía y restituyan al mismo estado en que se
hallarían si no hubiese existido el acto nulo, como análogamente se establece
en derecho privado el Art. 1746 del Código Civil y/o establece el Art. 23 del
Decreto 2591 de 1991, en donde se proceda con mi inmediato reintegro al
servicio activo y si es posible se me compense con los salarios indexados que
deje de percibir, para que no se permita que los funcionarios que
desconocieron la Constitución y la Ley, flagelen los derechos sustanciales
fundamentales de mis hijos y los míos; ya que, si se ordena mi reincorporación,
lo más seguro es que por mezquindad se me haga objeto de represalias en
alguna de las etapas que este proceso demanda y se termine sacando algún
pretexto para que no se me reciba ultimadamente en la Institución por concepto
no favorable de la Junta de Clasificación y Evaluación para nivel ejecutivo.
5. Su señoría por favor ordene al Ministerio de Defensa y Policía Nacional, sea
revocada la sanción disciplinaria que me impuso en el día 13-Jun-2013, para
que pueda ascender al grado de intendente, donde debería estar o mínimo al
subintendente como retribución o compensación del perjuicio causado. Como
quiera que el requisito para ingresar del grado de patrullero al de Subintendente
es tener una capacitación de nivel tecnológico según el Numeral A del Art. 13A
del Decreto-Ley 1791 de 2000, y pues el suscrito actualmente posee formación
académica profesional. Adjunto en un (01) folio: certificado. Págs. 146).
6. Su señoría por favor ordené al Ministerio de Defensa y Policía Nacional, el
pago del prestacional o indemnización por la fractura de una extremidad
superior que sufrí en la institución en actos del servicio y por ocasión del mismo.
7. Su señoría por favor se ordene a la Fiscalía General de la Nación, se aporte
información del estado de la denuncia anónima que se interpuso con numero
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Accionante: Wilson Bedoya González
de formulario 1240144, para que se sepa si están cumplimiento con el mandato
que se le ha impuesto por la Constitucional y Ley.
8. Solicitar su señoría con todo respeto a la Sala Plena de la Corte
Constitucional, la declaración de cosa inconstitucional de la Cultura
Institucional de la Policía Nacional, así como del proceso de reincorporación
que allí se establece, porque esta no debe ni puede supeditarse a la
convocatoria que por necesidad institucional, tenga el Director General a bien
considerar o no en su criterio o el del Gobierno, porque viola el principio de
debido proceso que consagra el numeral 1 del Art. 3 de la Ley 1437 de 2011,
dado que allí se establece que las actuaciones administrativas se adelantan
[solamente] con normas de procedimiento y competencia establecidas en la
Constitución y la ley y no por medio de una resolución que Él mismo expida,
pues si un H. juez de la república, en sus providencias, sólo está sometido al
imperio de la ley, cuanto más dicho funcionario en el cumplimiento de sus
funciones (...)”.
El accionante considera que tiene derecho al reintegro a la Policía Nacional, teniendo
en cuenta que, para que su solicitud de retiro tuviera efectos legales, debía haberse
basado en una manifestación libre, franca y espontánea, lo cual no ocurrió en su
caso. Además, sostiene que tiene derecho a la reincorporación, y que al negársele
este derecho se le vulnera su libertad para escoger su profesión u oficio, además de
imponerle un trato discriminatorio e inequitativo.
4. Trámite de tutela e intervenciones
El Despacho del magistrado ponente, con auto del 23 de enero de 20252, admitió la
acción, ordenó notificar a los sujetos procesales, vinculó como terceros con interés a
la Fiscalía General de la Nación y a la Fiscalía Local de Cartago y suspendió los
términos del trámite constitucional.
Una vez enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia, a través de la
coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial de la Secretaría Jurídica,
allegó el respectivo informe3 y solicitó que se negaran las pretensiones dado que no
existe ninguna vulneración o infracción a los derechos fundamentales del accionante.
Sostuvo, en síntesis, que aquello que el accionante se propone es que se dejen sin
efecto una serie de actuaciones administrativas de la Policía Nacional, una
relacionada con su retiro del servicio activo por voluntad propia, otras derivadas de
una sanción disciplinaria que se profirió en su contra, y reclama que se le reincorpore
y se le paguen los salarios dejados de percibir y otras cuestiones paralelas; no
obstante, la tutela no es la herramienta jurídica apropiada para discutir ese tipo de
reclamaciones. Adujo que, como quiera que la Presidencia de la República no tiene
dentro de sus funciones competencia sobre temas laborales o disciplinarios de la
Policía, existe falta de legitimación por pasiva de su parte.
2 Archivo electrónico que contiene el auto admisorio, ubicado en el índice 004 del expediente digital del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 9228C4B75EB09AA5 D2564D6D1A574089 F4D59FD31AE5443B
9520D68502BC3F.
3 Archivo electrónico que contiene el referido informe, ubicado en el índice 010 del expediente digital del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 64B3FF327BBD0ED7 CE6D347113E59417 1BF7BD5CEB6953A7
782303C67C0F66AA.
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Accionante: Wilson Bedoya González
4.2. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de la jefe de Asuntos
Jurídicos de la Dirección de Talento Humano, allegó el respectivo informe4 y refirió
que la tutela era improcedente. En sustento, adujo que el señor Bedoya González
solicitó en dos oportunidades el retiro de la institución ─1 de junio de 2018 y 7 de
agosto de 2018─, sin embargo, tales solicitudes se consideraron inviables y no se le
aceptaron, dado que aquella no debía estar motivada bajo coerción, no obstante,
como el 1 de febrero de 2019 elevó una tercera solicitud que sí cumplía con los
requisitos para ser aceptada, se profirió la Resolución No. 00607 del 21 de febrero
de 2010 en la que se le retiró del servicio por solicitud propia, decisión que le fue
notificada al accionado y que, como acto administrativo que es, goza de presunción
de legalidad y hace improcedente que vía tutela se pretenda su nulidad, ya que el
asunto debe ser debatido en la jurisdicción contenciosa administrativa.
4.3. El Departamento de Policía del Valle, a través de su comandancia allegó
escrito5 en el que memoró que el accionante presentó el 1 de febrero de 2019
solicitud de retiro voluntario motivada en que deseaba compartir tiempo con su familia
e iniciar nuevos proyectos de vida, razón por la cual el retiro se efectuó en el marco
de los artículos 54, 55 y 56 del Decreto Ley 1791 de 2000 y, por ende, se respetó el
debido proceso. Añade que la acción de tutela no es el medio idóneo para solicitar la
nulidad de la Resolución No. 00607 del 21 de febrero de 2019, ya que esta debe ser
controvertida a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así mismo, respecto a las demás pretensiones existen otros medios o trámites a
través de los cuales puede acudir el accionante, razón por la cual la tutela es
improcedente, máxime que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, pues
el actor dejó pasar más de cinco años para hacer uso de este mecanismo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de
1991, y lo previsto en el reglamento interno de la corporación.
2. Problema jurídico
Previa verificación de los requisitos de procedencia, corresponde a la Sala establecer
si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la vida digna,
a la unidad familiar, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la libertad de escoger
profesión u oficio, al debido proceso, a la integridad física y moral o personal, a la
salud y pensión, a participar en las decisiones que le afecten y al respeto del ejercicio
de sus derechos políticos del señor Wilson Bedoya González, con ocasión del retiro
del servicio activo como patrullero de la Policía, de la imposición de sanción
disciplinaria interna y de la negativa de reincorporarlo.
3. Solución al problema jurídico
4 Archivo electrónico que contiene el referido informe, ubicado en el índice 011 del expediente digital del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 9168F3C460AD06EF BAA9FFB0E5D5C800 29EEB2AC556A20A3
1210806838108639.
5 Archivo electrónico que contiene el referido informe, ubicado en el índice 014 del expediente digital del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado A7D80F592BA8332E C91E56087F1DD318 6A60334125B69392
475558F4C7566CAD.
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Radicado: Radicación:11001031500020250025500
Accionante: Wilson Bedoya González
Habida cuenta de la diversidad y pluralidad de pretensiones del accionante, la Sala
anticipa que: (i) declarará improcedente la acción de tutela por razones de
subsidiariedad e inmediatez en cuanto a: (a) la solicitud de nulidad de la Resolución
No. 00607 del 21 de febrero de 2019; (b) la solicitud de reintegro al servicio activo y
el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir; (c) la decisión que denegó la
preinscripción del accionante a la convocatoria de reincorporación al servicio activo
de la Policía Nacional; (d) la solicitud de revocación de la sanción disciplinaria
impuesta el 13 de junio de 2013; (e) la solicitud de indemnización por las lesiones
físicas sufridas por el accionante con ocasión del servicio; y (f) la solicitud de
declaración inconstitucionalidad de la cultura institucional de la Policía Nacional, así
como del proceso de reincorporación y, (ii) negará el amparo en cuanto a: (a) la
petición de reincorporación al servicio activo de la Policía Nacional y; (b) la mora en
la atención de la denuncia penal anónima.
En primer lugar, se analizarán las pretensiones del primer bloque desde la
perspectiva de la subsidiariedad e inmediatez. Luego, respecto a las pretensiones
que subsistan tras este análisis de procedibilidad, se abordará el fondo del asunto.
4. Procedibilidad de la acción de tutela
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley6.
4.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el accionante es el titular de las garantías constitucionales que afirma son vulneradas,
en su condición de retirado del servicio activo de la Policía Nacional, calidad a partir
de la cual cimienta el cúmulo de hechos vulneradores.
4.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Policía
Nacional, comoquiera que, al momento de su retiro, el señor Bedoya prestaba sus
servicios como patrullero en dicha institución, a la cual pretendió, posteriormente
reincorporarse, siendo estas las circunstancias fácticas de las que hace depender la
vulneración a sus derechos fundamentales. Así mismo, se encuentran legitimados el
Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares, en
tanto el actor eleva pretensiones en contra de las políticas internas de la institución y
la reglamentación del proceso de reincorporación al servicio activo.
En contraste, no se observa la legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia
de la República, ya que ninguno de los hechos invocados como lesivos de derechos
fundamentales involucra a dicha dependencia. En consecuencia, esta falta de
legitimación se reflejará en la parte resolutiva.
4.3. Subsidiariedad e inmediatez
6 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el
Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada,
además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro
de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
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Accionante: Wilson Bedoya González
Uno de los requisitos de procedibilidad es la subsidiariedad, que impide que la
acción de tutela se use como un mecanismo principal, alternativo o supletorio de los
mecanismos ordinarios que el legislador tiene previsto para controvertir las
decisiones judiciales, con el fin de: (i) prevenir la intromisión indebida de una
autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
legislador; y (iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial7.
En la sentencia T-401 de 2019, la Corte Constitucional estableció tres situaciones en
las que la tutela contra providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se utiliza
para reabrir etapas procesales en las que no se interpusieron los recursos previstos
en la legislación. Así, un riguroso estudio de este requisito evita que la tutela sea
utilizada para controvertir situaciones jurídicas consolidadas que tuvieron su
oportunidad de ser discutidas ante el juez natural.
En relación con el requisito de inmediatez, es preciso resaltar que, si bien la acción
de tutela puede ser presentada en cualquier momento y lugar, su finalidad es la
protección inmediata de los derechos fundamentales, de manera que se debe ejercer
dentro de un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del
caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado y, de
paso, evitar que pueda formularse en cualquier tiempo en desmedro de la seguridad
jurídica. De lo contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela
quedarían desvirtuadas.
En el presente asunto, la Sala advierte que se configura el segundo de los requisitos
de improcedencia por subsidiariedad, esto es, el relacionado con el agotamiento de
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, tal como pasa a
explicarse:
4.3.1. En relación con la pretensión de nulidad de la Resolución No. 00607 del 21
de febrero de 2019, las pruebas allegadas al expediente refieren que: (i) mediante
comunicación del 1 de junio de 20188, el accionante solicitó ante el director general
de la Policía su retiro voluntario de la institución, con fundamento en la negativa que
recibió de sus jefes directos sobre un permiso con cargo a las vacaciones; (ii)
mediante oficio S-2018- APROP-GRURE-1. 10 del 20 de junio de 20189 la Dirección
de Talento Humano de la Policía Nacional respondió que la solicitud de retiro, en los
términos en que fue formulada, resultaba jurídicamente inviable, por cuanto estaba
motivada en un supuesto encubrimiento por parte de algunos mandos de la unidad
y, por ende, se infería que el retiro no era voluntario; (iii) el 7 de agosto de 201810 el
señor Bedoya González nuevamente presentó solicitud de retiro voluntario con
7 Corte Constitucional. Sentencia T-017 de 2012.
8 Archivo electrónico que contiene la referida solicitud, ubicado en el índice 011 del expediente digital del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F33322442BB53CF7 3DF4BA38BCF5509F D832DB8A2F055CE8
5197A20FC37F29E7.
9 Archivo electrónico que contiene la respuesta, ubicado en el índice 011 del expediente digital del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado No. CEC026A82BAD8957 A8E331F7241B54F5 A4B5586217B7B654
79632164786D1796.
10Archivo electrónico que contiene la solicitud de retiro, ubicado en el índice 011 del expediente digital del
aplicativo SAMAI, identificado con certificado No. 613426B46D6C3BA1 1F0C1089FF8B9755
2F1237179C392D36 D14A76E79E5D8075.
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Accionante: Wilson Bedoya González
motivos similares al anterior; (iv) en respuesta del 17 de agosto de 201811, mediante
oficio S-2018- APROP-GRURE-6.10.3.1., se reiteró la inviabilidad del retiro, dado
que no se avizoraba libre y espontánea; (v) el 1 de febrero de 201912 el accionante
presentó una nueva solicitud de retiro voluntario, pero esta vez invocó como razones
que deseaba compartir tiempo con la familia e iniciar nuevos proyectos de vida; (vi)
en respuesta a esta tercera solicitud, la Dirección General de la Policía Nacional
profirió la Resolución No. 00607 del 21 de febrero de 201913, en cuyo artículo primero
se retiró del servicio, entre otros, a Wilson Bedoya González, en virtud de lo previsto
en los artículos 54, 55 numeral 1 y 56 del Decreto Ley 1791 de 2000.
De acuerdo con las pruebas presentadas y lo expuesto en el escrito de tutela, el
señor Bedoya González pretende cuestionar la legalidad de la mencionada
resolución. Dado que se trata de un acto administrativo susceptible de control ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el actor contaba, en su momento,
con un medio idóneo para presentar sus reparos. En efecto, el artículo 138 del
CPACA establece el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
proceso en el cual, incluso, puede solicitar como medida cautelar y urgente la
suspensión del acto administrativo considerado lesivo, conforme a lo dispuesto en
los artículos 229 y siguientes del CPACA.
Sin embargo, el señor Bedoya desestimó el medio procesal adecuado y, además,
dejó vencer los términos para interponerlo. Después de transcurridos seis (6) años,
pretende que la acción de tutela se ocupe de la nulidad de la resolución que lo retiró
del servicio activo de la Policía Nacional, un lapso que excede cualquier
consideración de plazo razonable. Al respecto, es pertinente recordar que, tal como
ha señalado la Corte Constitucional, la tutela no fue creada ni para sustituir los
medios ordinarios de defensa, ni para revivir términos, como es el propósito del
accionante14.
En esa medida, la solicitud de la nulidad de la Resolución No. 00607 del 21 de febrero
de 2019, a través del amparo constitucional, deviene improcedente por razones
de subsidiaridad e inmediatez.
4.3.2. Respecto a la pretensión reintegro al servicio activo como patrullero de la
Policía Nacional, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la
fecha del retiro, en línea con lo expuesto en el punto anterior, se advierte que el
accionante pudo haber acudido a los mecanismos que el ordenamiento jurídico
brinda para tales menesteres, pues, lo aquí solicitado se asocia al componente de
restablecimiento del medio de control que dejó de ejercitar el señor Wilson Bedoya
e, inclusive, a acciones contenciosas de índole laboral.
En este punto, se trae a colación que la Corte Constitucional ha dicho que la acción
de tutela, por regla general, es improcedente para reclamar derechos y prestaciones
laborales y pensionales15 y solamente cuando se advierte un perjuicio irremediable o
11 Archivo electrónico que contiene la respuesta, ubicado en el índice 011 del expediente digital del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado No. 763C5A6AD6BFFA2A 7CB5A9706D71EBBB 629AAF50AEDAE4E3
C8C720ABA1C17CCD.
12 Archivo electrónico que contiene la solicitud de retiro, ubicado en el índice 011 del expediente digital del
aplicativo SAMAI, identificado con certificado No. CF9D19006E37F265 303E4FE4B29976CE
816DE1F54CC6837A 2EF1C1D63D91FBEF.
13 Archivo electrónico que contiene la Resolución 00607, ubicado en el índice 011 del expediente digital del
aplicativo SAMAI, identificado con certificado No. 777DC0E418588031 E56B551707FEC8BA
28872C7425DF9E68 E735404EA0EF392F.
14 Ver, entre tantas: Corte Constitucional, sentencia T-778 del 9 de octubre de 2012.
15 Ver, entre otras: Corte Constitucional
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Radicado: Radicación:11001031500020250025500
Accionante: Wilson Bedoya González
se dan circunstancias superlativas de vulneración de derechos ha declarado la
procedencia de manera excepcional.
En el caso que nos asiste y luego de que han transcurrido casi seis (6) años, la Sala
no advierte que estén dadas las condiciones de excepcionalidad para considerar que
la acción tuitiva resulte procedente frente a este reclamo, máxime que ninguna de las
pruebas allegadas al expediente exhibe la configuración de un perjuicio irremediable
o circunstancia alguna que justifique o amerite la intervención del juez de tutela. Por
consiguiente, esta pretensión sigue la misma suerte de improcedencia que la
anterior.
4.3.3. Lo propio se advierte en lo atinente a la solicitud de indemnización por las
lesiones físicas sufridas por el accionante con ocasión del servicio en una de sus
extremidades superiores, pues, desde el 6 de agosto de 2020 ─oficio No. S-2020-
040810 DERIS/1.10─, la Unidad Prestadora de Salud Risaralda de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional respondió la petición del señor Bedoya sobre la
realización de la Junta Médico – Laboral y le informó el procedimiento que debía
agotar para tal fin.
Al respecto, la Sala advierte que la “evaluación de la capacidad sicofísica y de la
disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades,
indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de
los miembros de la Fuerza Pública”, obedece, inicialmente, a un trámite
administrativo reglado por el Decreto 1796 de 2000, de ahí que el accionante debió
propender por el agotamiento de dicho trámite y no esperarse por más de cuatro (4)
años para impetrar una acción de tutela con la que pretende sustituir el cauce
administrativo de su solicitud.
A esto se añade que de las pruebas allegadas al expediente no se logra establecer
que el accionante hubiese dado continuidad al trámite y, si bien aduce que no pudo
hacerlo en razón a su desafiliación del sistema de seguridad social de la Policía, lo
cierto es que, conforme lo prescribe el artículo octavo del Decreto 1796 de 2000,
dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad
se deben practicar exámenes de retiro; así mismo, los respectivos exámenes médico
– laborales y los tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica
para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral, están amparadas por
el principio de continuidad.
Todo esto, sin perder de vista que, de acuerdo con la comunicación S-2018-
095343/DIEPO 7- ESTPO 7.4-1.10 del 31 de agosto de 2018 y la epicrisis del
Hospital San José del Guaviare que se acompañó al escrito de tutela, es posible
advertir que la lesión sufrida por el accionante data del 22 de septiembre de 2015 y
que, respecto de esta, se levantó el informe administrativo por lesión No. 035/2015,
razón de más para entender la falta de subsidiariedad e inmediatez en el presente
asunto. Así, se colige que, en este momento, la pretensión de indemnización por las
lesiones sicofísicas gestionada a través de la acción de tutela resulta improcedente,
por cuanto el accionante debió acudir, en la debida oportunidad, al trámite previsto
para ello.
2.4.2.4. En cuanto a la solicitud de revocación de la sanción disciplinaria
impuesta el 13 de junio de 2013, en el marco de un proceso disciplinario interno
adelantado por la institución policial contra el accionante, cabe señalar que,
tratándose de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionatoria, la
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Radicado: Radicación:11001031500020250025500
Accionante: Wilson Bedoya González
decisión adoptada tiene la naturaleza de un acto administrativo. Por lo tanto, para
efectos del control de legalidad, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que era el
recurso judicial que el accionante debió haber utilizado para resolver la controversia
que ahora, de manera extemporánea, intenta plantear mediante la acción de tutela.
Debe destacarse que el remedio constitucional no está destinado a sustituir los
mecanismos ordinarios de defensa ni a subsanar la negligencia de los interesados
En ese orden, la acción de tutela resulta improcedente, tanto por razones de
subsidiariedad como de inmediatez, para atender esta pretensión de la parte actora.
4.3.5. En cuanto a la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la
Cultura Institucional de la Policía Nacional, así como del proceso de
reincorporación, la Sala advierte que la acción de tutela, en cuanto garantía
constitucional, no fue diseñada para impugnar la constitucionalidad en abstracto de
las normas que componen el ordenamiento jurídico, ni de las directrices o los actos
generales que expide la administración, asunto que corresponde, según la naturaleza
de la norma, o bien a la Corte Constitucional mediante la acción de
inconstitucionalidad, o bien al Consejo de Estado a través del medio de control de
nulidad por inconstitucionalidad, o de nulidad en el caso de actos administrativos que
se expidan en el ejercicio de una función administrativa.
Por tal razón, si el accionante está en desacuerdo con las directrices o disposiciones
que regulan la cultura institucional de la Policía Nacional y los procesos de
reincorporación de miembros de la fuerza pública, la tutela no es el mecanismo
idóneo, ni procedente para resolver esa controversia.
4.4. En relación con la solicitud de reincorporación y las peticiones de
insistencia, la Sala establece la improcedencia de la tutela en lo que tiene que ver
con la decisión denegatoria de la preinscripción a la convocatoria de reintegro y, en
lo atinente al derecho de petición de reincorporación, la Sala resolverá de fondo.
4.4.1. En cuanto a la participación del señor Wilson Bedoya González en la
convocatoria para la reincorporación, de las pruebas que acompañan el escrito de
tutela se aprecia que, mediante Resolución No. 01049 del 25 de abril de 2022, la
Dirección general de la Policía abrió convocatoria para la reincorporación de
personal. En el parágrafo del artículo primero estableció los requisitos para participar,
así: (i) haber sido oficial, suboficial, miembro del nivel ejecutivo, agente o Patrullero
de Policía; (ii) encontrarse dentro de los perfiles requeridos por la convocatoria, de
acuerdo a las necesidades del servicio; (iii) presentar solicitud de reincorporación;
(iv) no tener más de tres (3) años de retirado de la institución a la fecha de
presentación de la convocatoria; (v) no tener antecedentes penales, disciplinarios o
fiscales; (vi) no estar incurso en investigaciones disciplinarias o procesos penales y,
(vii) tener concepto previo favorable de la Junta de Evaluación y Clasificación del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.
El señor Wilson Bedoya González se postuló a la convocatoria y, mediante oficio GS-
2023-005941/DINCO-ASJUR-1.10 del 24 de octubre de 2023, la Jefatura de Asuntos
Jurídicos de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, le informó que: “una
vez revisado su caso, el Grupo de Incorporación Valle del Cauca determinó que su
preinscripción fue denegada, teniendo en cuenta que registra un proceso penal en
estado activo, en la Fiscalía 13 Local CAVIF (…) de Cartago (Valle del Cauca)”. Junto
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Accionante: Wilson Bedoya González
a ese escrito aparece la hoja de consulta de la indagación penal por violencia
intrafamiliar en estado activo.
Como dicha decisión tiene la naturaleza de un acto administrativo, la acción de tutela
no es procedente para suplir el mecanismo judicial adecuado para impugnar la
legalidad de esa actuación, que no es otro que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Este instrumento legal podría haberse
complementado, si el actor lo consideraba pertinente, con la solicitud de medida
cautelar y urgente de suspensión de la convocatoria. Sin embargo, se observa que
el accionante no agotó el recurso judicial correspondiente y dejó transcurrir más de
un año, lo que afecta el cumplimiento del requisito de inmediatez que rige la tutela.
Por lo tanto, la acción constitucional resulta improcedente para remediar la
negligencia del accionante, ya que, además, no se observa la vulneración de ninguna
garantía fundamental que justifique la intervención del juez de tutela, habida cuenta
de que se le proporcionó una justificación objetiva para la decisión negativa.
4.4.2. En relación con la petición mediante la cual el señor Wilson Bedoya González,
luego de quedar excluido de la convocatoria, solicitó su reincorporación a la Policía
Nacional, se tiene que, en primer lugar, la Corte Constitucional ha establecido que la
acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la violación al derecho
de petición16, razón por la cual se da por superado este primer requisito y, en segundo
lugar, en lo que tiene que ver con la inmediatez, aquella se verifica si se tiene en
cuenta que la última respuesta que profirió la Dirección de Incorporación data del 27
de julio de 202417 y, de esa fecha al 21 de enero de 2025 cuando se radicó la tutela
no han transcurrido seis meses, tiempo que se entiende como avenido al plazo
razonable.
Descendiendo al fondo del asunto, por las pruebas arrimadas junto con el escrito de
tutela se sabe que: (i) mediante oficio GS-2024-002676/DINCO-ASJUR-1.10 del 11
de mayo de 2024, la Jefatura de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Incorporación
dio respuesta a una petición de reincorporación elevada por el señor Wilson Bedoya,
informándole que en ese momento, por razones del servicio, no se tenía prevista
convocatoria para reincorporación; (ii) es contra de esta respuesta el accionante
impetró recurso de reposición que fue remitido el 30 de mayo de 2024 a la Dirección
General de la Policía; (iii) el 8 de julio de 2024 la Secretaría General de la Policía
Nacional - Grupo de Asuntos Legales reenvió, por competencia, el recurso de
reposición al Grupo Jurídico de la Dirección de Incorporación; (iv) dependencia que,
el 27 de junio (sic)18 de 2024, mediante oficio GS-2024-003851/DINCO-ASJUR-1.10,
reiteró la respuesta dada el 11 de mayo anterior, y le indicó al peticionario que tal
respuesta estaba enmarcada en las competencias y misionalidad de la Dirección de
Incorporación y que para los procesos de selección del talento humano se debían
seguir a cabalidad los protocolos y la normatividad, así como asegurar que los
aspirantes cumplieran con los requisitos exigidos sin excepción alguna.
De lo anterior se desprende que al accionante se le procuró una respuesta de fondo
a la petición, en el sentido de advertir que los procesos de incorporación atendían a
las necesidades del servicio, se hacían a través de convocatoria y precisaban del
cumplimiento de unos requisitos.
16 Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencia T-206 del 28 de mayo de 2018.
17 Índice 001 del expediente digital del aplicativo SAMAI.
18 Se infiere, por la cronología de la petición, que la fecha debió ser el 27 de julio de 2024, dado que el 8 de julio
anterior, la Secretaría General había remitido el asunto al área de Reincorporación.
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Accionante: Wilson Bedoya González
Por su parte, el señor Bedoya considera que la petición no ha sido resuelta de fondo,
en atención al principio lógico de razón suficiente que impone que la respuesta debe
estar sustentada en una razón apta o idónea que la justifique. Además, se duele de
que no se haya aplicado el parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 1049
del 25 de abril de 2022, por medio del cual se establece el procedimiento para la
reincorporación al servicio activo de la Policía Nacional, conforme al que:
“Excepcionalmente, el señor Director General de la policía Nacional de Colombia,
podrá reincorporar al servicio activo al personal retirado de la institución, sin que
medie convocatoria y previo cumplimiento por parte del aspirante de los requisitos
reglados en el presente acto administrativo”. ─se remarca─.
En este sentido, el hecho de que en la respuesta a la solicitud de reincorporación no
se haya indicado de manera explícita que no se haría uso de la facultad excepcional
y discrecional de reincorporar sin convocatoria, no implica que no se haya dado una
respuesta de fondo a la petición. De hecho, al informarse que, en ese momento,
debido a las necesidades del servicio no se preveían procesos de reincorporación y
que, en todo caso, debían cumplirse los requisitos establecidos, el accionante, con
clara comprensión y sin necesidad de mayores explicaciones, pudo deducir que la
solicitud se resolvía de manera adversa a su petición. Esto es especialmente cierto
considerando que la reincorporación sin convocatoria es facultativa, según los
términos en que está redactada la disposición que el accionante invoca para
sustentar la alegada vulneración de sus derechos.
De igual modo, en lo concerniente a la afectación al derecho a la igualdad, no existe
prueba en el expediente que haga suponer que mientras que al señor Wilson Bedoya
se le negó la solicitud de reincorporación oficiosa, a otros aspirantes sí se les haya
concedido a través de ese mecanismo excepcional.
5. En lo atinente a la falta de trámite o mora en la atención de una denuncia penal
anónima, se infiere, por el número de radicado que cita el accionante, que se trata
de la denuncia que, según su dicho, formuló un conocido suyo en atención a los
hechos relacionados con un supuesto caso de extorsión a cargo de un grupo armado
ilegal en momentos en que el señor Bedoya González se desplazaba en búsqueda
de empleo.
En ese orden, resulta factible colegir que la acción de tutela es el mecanismo idóneo
para pretender el resguardo de las garantías constitucionales, por cuanto no se
advierte la existencia de otro medio de defensa judicial eficaz para la protección de
tales derechos. Así mismo, se constata el presupuesto de inmediatez, comoquiera
que, de acuerdo con lo expuesto en el escrito de tutela, la denuncia se impetró en
septiembre de 2024 y desde esa fecha hasta el momento de interposición de la tutela
ha transcurrido un tiempo que puede calificarse como prudencial y razonable; en
consecuencia, la solicitud de tutela respecto a este punto será analizada de fondo.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión
de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables”19 y que cuando
los jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los
requerimientos de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede
comportar una eventual vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión
de proferir una determinada providencia.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
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Accionante: Wilson Bedoya González
No obstante, el alto tribunal constitucional también ha indicado que “no todo retardo
en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución,
[p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la
falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el
plazo del proceso sea irrazonable”20. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los
funcionarios judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la
mora es injustificada—, o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide
el cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y
no vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia21.
Así, para calificar la mora como injustificada, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que se debe valorar en el caso concreto si: “(i) [esta] es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión
en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”22.
En el caso concreto, además de lo expuesto por el accionante en la solicitud de
amparo, se adjuntó una captura de pantalla de un requerimiento con el rótulo de la
Fiscalía General de la Nación, en el que, mediante correo electrónico fechado el 24
de septiembre de 2024, se solicita la “ampliación de la información de fecha
23/09/2024”, por cuanto la información suministrada por el denunciante es
“insuficiente para continuar con el trámite e iniciar investigación” y se redirige al
denunciante a un enlace web para que complete la información que se echa de
menos. Así mismo, se le informa al interesado que el enlace estará activo por un
tiempo determinado, al cabo del cual, si el denunciante no complementa la
información, se cerrará el proceso de denuncia y se deberá iniciar otro nuevamente.
Por último, se le pone de presente al denunciante que, tratándose de denuncias
anónimas, no tendrá participación dentro del proceso penal que se inicie una vez
aportada la información faltante.
En este sentido, si la Fiscalía General de la Nación no ha podido tramitar ni adelantar
la denuncia penal, ello se debe a la falta de información necesaria para iniciar la
correspondiente indagación. Por lo tanto, la inacción del ente investigativo está
justificada por la conducta pasiva y omisiva del denunciante, quien, al margen de su
anonimato, debe proporcionar los datos básicos para dar inicio a la investigación. En
consecuencia, al no evidenciarse mora alguna atribuible a la Fiscalía, la solicitud de
tutela será desestimada.
Una vez agotado el estudio de la solicitud de amparo, la Sala declarará la falta de
legitimación por pasiva de la Presidencia de la República, declarará improcedente la
acción de tutela respecto a aquellas pretensiones que no cumplen con los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez, y denegará las pretensiones relacionadas con los
dos asuntos analizados de fondo.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
14
Radicado: Radicación:11001031500020250025500
Accionante: Wilson Bedoya González
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Presidencia de la República.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Wilson Bedoya González, en relación con las pretensiones de (i) nulidad de la
Resolución No. 00607 del 21 de febrero de 2019; (ii) la solicitud de reintegro al
servicio activo e indemnización y pago de acreencias laborales dejadas de percibir;
(iii) la indemnización por las lesiones físicas sufridas en actos del servicio; (iv) la
revocación de la sanción disciplinaria interna del 13 de junio de 2013; (v) la solicitud
de declaración de inconstitucionalidad de la cultura institucional de la Policía
Nacional, así como del proceso de reincorporación y, (vi) la denegación de la
preinscripción a la convocatoria de reincorporación al servicio activo, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Wilson Bedoya
González en relación con el derecho de petición de reincorporación al servicio activo
y la mora judicial en el trámite de una denuncia penal.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes por el medio
más expedito.
QUINTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
BRC
15
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