Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00913-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00913-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00913-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00913-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: MARILIN BALLEN HERNÁNDEZ Y OTROS1
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y EL JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Proceso de reparación directa en el que se
concedieron los recursos de apelación aun cuando supuestamente se
interpusieron extemporáneamente. Improcedencia por proceso judicial en
curso
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada
por la parte actora, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra la sentencia
de 26 de marzo de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de febrero de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, y los principios de legalidad y
seguridad jurídica, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Tutelar nuestros derechos fundamentales constitucionales a la igualdad,
al debido proceso, a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, porque la decisión
de tramitar extemporáneamente los recursos de apelación presentados por los
demandados en contra de la sentencia de primera instancia del 31 de octubre de 2025
dentro del Medio de Control de Reparación Directa NO. 41001333300820190015800,
decisión judicial que ignora la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente
porque desconoce los precedentes sobre la aplicación de las normas, porque la
jurisprudencia unificada es parte del ordenamiento jurídico y su desconocimiento esta
(sic) llevando a decisiones arbitrarias, afectando la seguridad jurídica y el derecho a la
igualdad.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, SOLICITÓ DECLARAR la ineficacia
de la notificación personal o electrónica de la sentencia de primera instancia de fecha
31 de octubre de 2025 con Radicación No. 41001333300820190015800, al vulnerar el
debido proceso y el derecho de defensa.
1
Brandon Díaz Ballén, Osarsips Díaz Ballén y Simón Díaz Díaz .
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE y DEJAR SIN
EFECTOS el trámite del recurso de apelación presentados por los demandados en
contra de la sentencia de primera instancia del 31 de octubre de 2025 dentro del Medio
de Control de Reparación Directa NO. 41001333300820190015800, porque de
acuerdo con la Jurisprudencia del Consejo de Estado, dichos recursos fueron
presentados de manera extemporánea”.
2. Hechos
Los accionantes relataron que radicaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa con la pretensión de que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsables de manera solidaria al municipio de Palermo y la
Empresa de Servicios Públicos de Palermo E.S.P., por los daños sufridos en la salud
dental de los menores ODB y MVD, diagnosticados con fluorosis dental severa.
Aseveraron que el proceso correspondió por reparto administrativo al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Neiva2, que mediante sentencia de 31 de octubre de 2025
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por
las entidades demandadas el 19 de noviembre de 2025.
Indicaron que la sentencia fue publicada en el estado del 31 de octubre de 2025, de
conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, por lo que consideraron que a pesar de que la providencia
fue enviada por correo electrónico a los sujetos procesales el 4 de noviembre siguiente,
ya se había surtido la notificación desde el momento en que fue “radicada” en el Sistema
para la Gestión Judicial -Samai-.
Así las cosas, manifestaron que los términos de ejecutoria para interponer la apelación,
conforme a la publicación del estado del 31 de octubre de 2025, debían contabilizarse a
partir del día siguiente hábil, es decir, el 4 de noviembre de 2025 y las demandadas
tenían hasta el 18 de noviembre para controvertir el fallo. No obstante, radicaron el
recurso de alzada de manera extemporánea el 19 de noviembre de 2025.
Indicaron que, pese a lo anterior, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva
en providencia de 12 de diciembre de 2025 concedió en el efecto suspensivo los recursos
de apelación interpuestos por el municipio de Palermo y la Empresa de Servicios
Públicos de Palermo E.S.P., al considerar que fueron presentados de manera oportuna,
en tanto entendió surtida la notificación de la sentencia a los 2 días hábiles siguientes de
la remisión del correo electrónico a las partes.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora insistió en que los recursos de apelación interpuestos por el municipio de
Palermo y la Empresa de Servicios Públicas de Palermo E.S.P., fueron radicados de
manera extemporánea, teniendo en cuenta que no podían extenderse los términos de
ejecutoria hasta el 21 de noviembre de 2025, por cuanto la sentencia que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda fue notificada por estado el 31 de octubre de
2025.
2
Con número de radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
Bajo ese contexto, afirmaron que se acogían a la jurisprudencia del Consejo de Estado
contenida en el auto de 2 de junio de 2023, proferido dentro del proceso identificado con
el radicado 25000-23-36-000-2018-00130-01, en el que se rechazó el recurso de
apelación por extemporáneo e indicaron que “la notificación por estado a la que alude el
artículo 201 del C.P.A.C.A. es distinta a la notificación electrónica del artículo 205 de la referida
norma y que la notificación de la sentencia, no procede la notificación electrónica, pues al
proceder la notificación electrónica, es óbice para la notificación personal y de acuerdo a la
normativa y a la citada jurisprudencia la sentencia no se encuentra regulada o enmarcada dentro
de las providencias que requieran notificación personal o electrónica”, para luego afirmar que
“las providencias que procede la notificación personal o en su defecto la notificación electrónica,
corresponde especialmente del acto inicial de la demanda, mas no de la sentencia, pues los
demandados ya son conocedores del proceso y fueron debidamente notificados del auto
admisorio de la demanda, conocen del lugar virtual de consulta del expediente, que corresponde
a la página web SAMAI y que todos los documentos son publicados para consulta en dicha
página virtual, incluyendo la sentencia de primera instancia que fue publicada el 31 de octubre
de 2025. Inclusive el artículo 205 del C.P.A.C.A. no determina expresamente que la sentencia
de primera instancia deba ser notificada por este medio y el envió del correo electrónico que se
envió a las demandadas el 04 de noviembre de 2025, es un medio para facilitar el conocimiento
de la providencia, más no para notificar a los demandados o que operó la notificación personal
electrónica”.
Conforme a lo expuesto, aseguraron que conceder el recurso de apelación presentado
por las demandadas en el proceso de reparación directa, constituye una vulneración a
sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que “se confunde dos regímenes
distintos”, la notificación por estado con la notificación electrónica personal.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva
La titular del despacho solicitó declarar la improcedencia la presente acción de tutela, al
considerar que existe otro mecanismo judicial en curso, por medio del cual la parte actora
pretende la nulidad de la notificación de la sentencia y por consiguiente declaratoria de
extemporaneidad de los recursos de apelación interpuestos por los demandados en
contra de la sentencia de primera instancia, lo que coincide con los hechos y las
pretensiones referenciadas en este mecanismo constitucional.
Indicó que el actor ha radicado otras acciones de tutela con las mismas pretensiones,
identificadas con los radicados 41001 23 33 000 2025-00255-00 y 410012333000-2025-
00264-00, las cuales fueron declaradas improcedentes, por lo que el actuar de los
accionantes congestiona innecesariamente el aparato judicial.
Bajo ese contexto, solicitó que se exhorte a los demandantes para que se abstengan de
continuar interponiendo acciones de tutela por los mismos hechos y si es del caso se
impongan las sanciones necesarias por temeridad.
4.2. Respuesta de Empresas Públicas de Palermo E.S.P.
Por conducto de la gerente general, manifestó que contrario a lo expuesto por los
accionantes, el recurso de apelación que radicó contra la sentencia de 31 de octubre de
2025, proferida al interior del proceso de reparación directa con radicado 41001-33-33-
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
008-2019-00158-00, se ajustó a la normatividad procesal y a la jurisprudencia unificada
del Consejo de Estado.
En ese sentido, afirmó que la presente acción de tutela carece de fundamento y se basa
en una interpretación errada de las normas de notificación y pretende aplicar una
providencia que trata sobre la distinción general de las notificaciones para asegurar que
las sentencias se deben notificar por estado.
De igual modo, sostuvo que al remitirse la sentencia por correo electrónico el 4 de
noviembre de 2025, se deben sumar los 2 días hábiles siguientes para que se entienda
surtida la notificación, de conformidad con el artículo 205 del CPACA, que para el caso
fueron el 5 y 6 de noviembre, por lo que finalizado este último día, los 10 días hábiles
para radicar el recurso de apelación iniciaron el 7 de noviembre y culminaron el 21 de
noviembre siguiente, y teniendo en cuenta que el recurso de alzada se interpuso el 19
de noviembre de 2025, se realizó dentro del término legal.
4.3. Respuesta del municipio de Palermo
Por conducto del secretario general y de participación comunitaria solicitó declarar
improcedente la presente acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad y la existencia de la cosa juzgada.
Asimismo, solicitó sancionar por temeridad a los accionantes y a su apoderado, teniendo
en cuenta que actúan de mala fe al presentar una cuarta tutela para revivir un debate
jurídico que ya fue resuelto y al desconocer que ya fueron exhortados en sentencias de
diciembre de 2025 y febrero de 2026, para que se abstuvieran de presentar este
mecanismo constitucional.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 26 de marzo de 2026, declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que el proceso de reparación directa con radicación
núm. 41001-33-33-008 2019-00158-00, se encontraba en trámite y pendiente de resolver
el incidente de nulidad formulado por los demandantes, aunado a que se encuentra
pendiente el pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Huila sobre la admisión de
los recursos de apelación.
De igual modo, precisó que no se configuró la temeridad alegada teniendo en cuenta que
“no existe identidad de partes entre esta acción constitucional con los mecanismos de amparo
anteriormente promovidos por los aquí actores identificados con los radicados 41001-23-33-000-
2025-00255-00 y 41001-23-33-000-2025-00264 00, toda vez que en aquellas oportunidades el
Tribunal Administrativo del Huila no fungía como autoridad accionada, sino que lo eran: el
Municipio de Palermo Huila, la Empresa de Servicios Públicos de Palermo ESP y el Juzgado
Octavo del Circuito de Neiva”.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, en el que reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela, e insistió en que no podía considerarse una notificación
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
electrónica de la sentencia de 31 de octubre de 2025 proferida dentro del proceso de
reparación directa con radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00 por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Neiva, debido a que había sido publicada por estado en un
medio digital como Samai, por lo que debía entenderse surtida la notificación al día
siguiente hábil.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección
Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si debe revocar la sentencia de 26 de marzo de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, para en su lugar,
conceder el amparo en los términos propuestos por la parte demandante.
La Sala precisa que previamente se pronunciará sobre la configuración de la cosa
juzgada constitucional y la temeridad conforme lo dispone el artículo 38 del Decreto 2591
de 1991, que tiene como finalidad evitar decisiones contradictorias o la utilización
indebida del mecanismo constitucional.
3. De la temeridad y la cosa juzgada constitucional ante una duplicidad en el
ejercicio de la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece la figura de la temeridad, que se
configura cuando una misma acción de tutela es presentada varias veces por la misma
persona o por su representante ante diferentes jueces o tribunales, sin motivo
expresamente justificado. La norma en cita, encuentra fundamento en el deber de actuar
conforme con los mandatos superiores de buena fe y de colaboración con la
administración de justicia y busca impedir afectaciones al adecuado desempeño de la
labor judicial3.
El ejercicio temerario de la acción de tutela para efectos de obtener múltiples
pronunciamientos, a partir de una misma situación fáctica, constituye entonces un abuso
desmedido e irracional de este recurso, que incide en la efectividad y agilidad de la
administración de justicia4. Así las cosas, para que se estructure una actuación temeraria
es necesario que concurran los siguientes tres elementos: (i) Identidad de partes, es decir,
que las acciones de tutela se hayan interpuesto por la misma persona (ya sea de forma
directa o por medio de apoderado o representante) y se dirija contra el mismo demandado;
(ii) Identidad de causa petendi, esto es, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se
3
Ver sentencia T 254 de 2023.
4
En este mismo sentido, en la sentencia C-034 de 1993, la Corte sostuvo que el ejercicio temerario del recurso judicial
“ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de
justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos, necesariamente implica
una pérdida directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de
la sociedad civil.”
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento y (iii) Identidad en el objeto,
o en otras palabras, que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o
invoquen la protección de los mismos derechos fundamentales.
No obstante, el análisis de los anteriores elementos debe trascender un juicio netamente
formal, toda vez que la sola concurrencia de los tres supuestos antes mencionados no
conlleva al surgimiento automático de la temeridad. En efecto, para que tal figura se
configure, el juez debe efectuar un examen cuidadoso del expediente con el objeto de
determinar si el accionante carece de un motivo justificado para hacer uso nuevamente
de la acción5. De comprobarse la temeridad del peticionario, el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991 faculta al juez de tutela para rechazar o decidir desfavorablemente todas
las solicitudes incoadas por el actor, e imponer, en caso de estimarlo necesario, la sanción
pecuniaria prevista en los artículos 80 y 81 del Código General del Proceso.
Con fundamento en lo anterior, puede decirse que la mala fe del peticionario es un
elemento esencial de la temeridad, de modo que no toda duplicidad de acciones
semejantes da lugar a la imposición de sanciones. De hecho, según este tribunal, la
conducta del accionante es justificada, entre otras hipótesis, (i) por la condición de
ignorancia del accionante6; (ii) por el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho7; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho8; o (iv) por la consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción9.
Las anteriores reglas también encuentran sustento cuando se presenta de forma sucesiva
una demanda de tutela, pues la Corte ha indicado que más allá de la declaratoria de
temeridad, es preciso analizar si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, lo cual conlleva a la improcedencia de los amparos subsiguientes10. Es
preciso señalar que las partes tienen derecho a plantear sus desacuerdos en el marco del
proceso, para lo cual está contemplada la impugnación de la decisión de instancia y luego,
dado el caso, la eventual selección para revisión por parte de la Corte Constitucional.
Si la Corte Constitucional en ejercicio de su facultad discrecional de revisión, decide
seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la
ejecutoria del fallo de la propia Corte, pero si resuelve excluirlo, la misma opera a partir de
la terminación del proceso de selección, en concreto, con la ejecutoria del auto en que se
decide la no selección11.
4. Estudio y solución del caso concreto
Teniendo en consideración las pruebas que obran en el proceso y el recuento de los
hechos narrados por las partes en relación con la supuesta vulneración de derechos
fundamentales que tiene como génesis la negativa por parte de las autoridades judiciales
5
Corte Constitucional, sentencia T-919 de 2003, reiterado en sentencia T-254 de 2023
6
Corte Constitucional, sentencia T-1215 de 2003
7
Corte Constitucional, sentencia T-721 de 2003.
8
Corte Constitucional, sentencia T-272 de 2019.
9
Corte Constitucional, sentencias T-919 de 2003, T-707 de 2003 y SU-027 de 2021
10
Corte Constitucional, sentencia T-661 de 2013
11
Sentencia T-254 de 2023
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
accionadas a declarar la ineficacia de la notificación electrónica de la sentencia de 31 de
octubre de 2025 proferida dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00, la Sala observa que con la contestación a la
demanda de tutela, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva y el municipio
de Palermo, pusieron de presente que sobre los mismos hechos y pretensiones, los
actores ya habían presentado otras acciones de tutela.
La primera identificada con el radicado 44001-23-33-000-2025-00255-01, la cual fue
decidida en sentencia de segunda instancia el 22 de enero de 2026 por la Sección
Primera de esta Corporación, en la que confirmó el fallo de 2 de diciembre de 2025,
mediante el cual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
De igual modo, mencionaron la expediente con radicado 41001-23-33-000-2025-00264
01, en el que se dictó sentencia de segunda instancia el 19 de febrero de 2026 por esta
Sala, en la que se confirmó el fallo de 18 de diciembre de 2025, mediante el cual la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila declaró improcedente la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y exhortó a los accionantes
para que se abstuvieran de presentar nuevas acciones de tutela con los mismos hechos
y pretensiones.
Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que no se
configuró la temeridad alegada teniendo en cuenta que “no existe identidad de partes entre
esta acción constitucional con los mecanismos de amparo anteriormente promovidos por los aquí
actores identificados con los radicados 41001-23-33-000-2025-00255-00 y 41001-23-33-000-
2025-00264 00, toda vez que en aquellas oportunidades el Tribunal Administrativo del Huila no
fungía como autoridad accionada, sino que lo eran: el Municipio de Palermo Huila, la Empresa
de Servicios Públicos de Palermo ESP y el Juzgado Octavo del Circuito de Neiva”.
Al respecto, previo al análisis de los argumentos de la impugnación, corresponde a la
Sala analizar la posible existencia de la cosa juzgada constitucional y, de ser del caso,
de temeridad en atención a lo señalado en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, cuyo
fin, como se indicó en el problema jurídico, es evitar decisiones contradictorias o la
utilización indebida del mecanismo constitucional.
Así las cosas, al contrastar las demandas adelantadas bajo el núm. 44001-23-33-000-
2025-00255-00/01 y 41001-23-33-000-2025-00264-00/01 con el presente trámite, se
encuentra lo siguiente:
Expediente 44001-23-33-000- Expediente 41001-23-33-000-2025- Expediente 11001-03-15-000-
2025-00255-00/01 de 00264-00/01 de conocimiento de la 2026-00913-01 de
conocimiento de la Sala Sala Segunda de Decisión del conocimiento de Sección
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila Primera de esta Corporación
Tribunal Administrativo del en primera instancia y de esta en primera instancia y de esta
Huila en primera instancia y de Sección en segunda instancia. Sección en segunda
instancia.
la Sección Primera de esta
Corporación en segunda
instancia.
Partes Accionantes: Marilin Ballen Accionantes: Marilin Ballen Accionantes: Marilin Ballen
Hernández, Simón Díaz Díaz, Hernández, Brando Díaz Ballen, Hernández, Brando Díaz
Brandon y Osarsips Díaz Ballen Osarsips Díaz Ballen y Simón Díaz Ballen, Osarsips Díaz Ballen y
Accionado: Juzgado Octavo Díaz Simón Díaz Díaz
Administrativo del Circuito de Accionados: Juzgado Octavo
Neiva Administrativo de Neiva y el
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
Accionados: Juzgado Octavo Tribunal Administrativo del
Administrativo de Neiva, el municipio Huila
de Palermo y
las Empresas Públicas de Palermo
E.S.P.,
Hechos Señalaron que entre y el 27 y 28 Relataron que los menores BDB, Indicaron que radicaron
de abril de 2018, a los menores ODB y MVDB Nacieron en El Juncal, demanda de reparación directa
de edad B.D.B, O.D.B y .V.D.B. municipio de Palermo (Huila), y con la pretensión de que se
les fue diagnosticado la atología fueron diagnosticados con fluorosis declarara administrativa y
fluorosis dental severa, debido a dental severa. Los accionantes patrimonialmente responsables
la presencia de flúor en el afirman que el agua consumida por la de manera solidaria al
servicio público de agua. comunidad de dicha vereda contiene municipio de Palermo y la
altas concentraciones de flúor, lo que Empresa de Servicios Públicos
Como consecuencia de los ha ocasionado enfermedades y de Palermo E.S.P., por los
daños causados, presentaron malformaciones. daños sufridos en la salud
medio de control de reparación dental de los menores ODB y
directa, al cual le fue asignado el Como consecuencia, promovieron el MVD, diagnosticados con
numero único de radicación medio de control de reparación fluorosis dental severa.
2019-00158-00 y le correspondió directa contra el municipio de
por reparto al Juzgado que, Palermo y las Empresas Públicas de EL proceso correspondió por
mediante sentencia de 31 de Palermo E.S.P. con el fin de que se reparto administrativo al
octubre de 2025, accedió a las les declarara administrativa y Juzgado Octavo Administrativo
pretensiones de la demanda. patrimonialmente responsables por del Circuito de Neiva , que
los daños causados con la ingesta mediante sentencia de 31 de
Indicaron que el Juzgado incurrió prolongada de agua con altos niveles octubre de 2025 accedió
en violación directa de la de flúor y se ordenara el pago de parcialmente a las pretensiones
Constitución ante la omisión de perjuicios morales. de la demanda, decisión que
ordenar el pago de la sentencia fue apelada por las entidades
que profirió el 31 de octubre de El proceso correspondió al Juzgado demandadas el 19 de
2025, la cual fue favorable a sus Octavo Administrativo del Circuito de noviembre de 2025.
intereses Neiva, el cual, en sentencia de 31 de
octubre de 2025, decidió, entre otras Indicaron que la sentencia fue
cosas, declarar administrativa y publicada en el estado del 31 de
patrimonialmente responsables, de octubre de 2025, por lo que
manera solidaria, a los demandados consideraron que a pesar de
que la providencia fue enviada
por correo electrónico a los
sujetos procesales el 4 de
noviembre siguiente, ya se
había surtido la notificación
desde el momento en que fue
“radicada” en el Sistema para la
Gestión Judicial -Samai-.
Manifestaron que los términos
de ejecutoria para interponer la
apelación, conforme a la
publicación del estado del 31 de
octubre de 2025, debían
contabilizarse a partir del día
siguiente hábil, es decir, el 4 de
noviembre de 2025 y las
demandadas tenían hasta el 18
de noviembre para controvertir
el fallo.
Objeto “[…] PRIMERO. Que se “[…] SEGUNDO. Que se DECLARE “PRIMERO. Tutelar nuestros
DECLAREN vulnerados los vulnerados los derechos derechos fundamentales
derechos fundamentales a la constitucionales fundamentales a la constitucionales a la igualdad,
salud y la vida, al debido proceso igualdad, al debido proceso, a la al debido proceso, a la
y al acceso de la administración seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica y el principio
de justicia de los menores legalidad y a la vida digna de la de legalidad, porque la decisión
demandantes OSARSISPS, Constitución Política de Colombia de tramitar
BRANDO y MARIA VISEL DIAZ por el JUZGADO OCTAVO extemporáneamente los
BALLEN, dentro del Medio de ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO recursos de apelación
Control de Reparación Directa DE NEIVA-HUILA, al tramitar los presentados por los
NO.41001333300820190015800 recursos de apelación presentados demandados en contra de la
que se tramita en el JUZGADO por las demandadas MUNICIPIO DE sentencia de primera instancia
OCTAVO ADMINISTRATIVO PALERMO y EMPRESAS DE del 31 de octubre de 2025
DEL CIRCUITO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE dentro del Medio de Control de
NEIVAHUILA. PALERMO presentados Reparación Directa NO.
extemporáneamente contra la 41001333300820190015800,
SEGUNDO. Que como sentencia de primera instancia decisión judicial que ignora la
consecuencia de dichas dentro del Medio de Control de jurisprudencia del Consejo de
vulneraciones se ORDENE al Reparación Directa con Radicado Estado, especialmente porque
JUZGADO OCTAVO No. 41001333300820190015800. desconoce los precedentes
ADMINISTRATIVO DEL sobre la aplicación de las
CIRCUITO DE NEIVA-HUILA normas, porque la
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
proceda a aplicar sus poderes TERCERO. Que como consecuencia jurisprudencia unificada es
oficiosos para que las de dicha vulneración sírvase señor parte del ordenamiento jurídico
demandadas MUNICIPIO DE Magistrado (a): ORDENAR al y su desconocimiento esta (sic)
PALERMO, EMPRESAS DE JUZGADO OCTAVO llevando a decisiones
SERVICIOS PÚBLICOS DE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO arbitrarias, afectando la
PALERMO E.P.P. E.S.P., que DE NEIVA HUILA, dentro del término seguridad jurídica y el derecho
dentro del término de tres (3) de tres (3) días INADMITIR los a la igualdad.
días, contados a partir del auto recursos de apelación presentados
que admite la acción de tutela, si por los apoderados de MUNICIPIO SEGUNDO. Como
aún no lo han hecho, realice las DE PALERMO y EMPRESAS DE consecuencia de lo anterior,
gestiones necesarias para que SERVICIOS PÚBLICOS DE SOLICITÓ DECLARAR la
los afectados OSARSISPS, PALERMO, por ser presentados con ineficacia de la notificación
BRANDO y MARIA VISEL DIAZ posterioridad a los tres días personal o electrónica de la
BALLEN, reciban el pago de las siguientes a la ejecutoria de la sentencia de primera instancia
condenas de la sentencia sentencia de primera instancia. de fecha 31 de octubre de 2025
condenatoria de reparación con Radicación No.
directa porque el daño del CUARTO. Que consecuencia de lo 41001333300820190015800,
derecho a la salud se encuentra anterior y ante la evidente falta de la al vulnerar el debido proceso y
vigente. ética profesional de los apoderados el derecho de defensa.
[…]”. judiciales de las demandadas
MUNICIPIO DE PALERMO y TERCERO. Como
EMPRESAS DE SERVICIOS consecuencia de lo anterior, se
PÚBLICOS DE PALERMO, WILLIAN REVOQUE y DEJAR SIN
PERSY GONZALEZ y JUAN JOSE EFECTOS el trámite del
RODRIGUEZ, respectivamente, recurso de apelación
SOLICITO por la temeridad, la presentados por los
demora y el abandono de las demandados en contra de la
gestiones encomendadas SE sentencia de primera instancia
COMPULSE COPIAS a la del 31 de octubre de 2025
COMISIÓN DE DISCIPLINA dentro del Medio de Control de
JUDICIAL, por faltar a la conducta Reparación Directa NO.
tipificada en el artículo 37 del Código 41001333300820190015800,
Disciplinario del Abogado (Ley 1123 porque de acuerdo con la
de 2007). Jurisprudencia del Consejo de
Estado, dichos recursos fueron
presentados de manera
extemporánea”.
Ahora bien, conforme a la verificación realizada en la consulta de la página de la Corte
Constitucional, se advierte que las tutelas identificadas bajo los radicados bajo el núm.
44001-23-33-000-2025-00255-00/01 y 41001-23-33-000-2025-00264-00/01, pese a que
fueron enviadas por los respectivos jueces constitucionales aún no han sido radicadas
para su eventual revisión.
Así las cosas, del análisis comparativo se advierte que en el trámite de tutela núm. 44001-
23-33-000-2025-00255-00/01 lo pretendido era que se procediera el pago de la condena,
de ahí que frente a dicho trámite constitucional no pueda predicarse la duplicidad de
acciones.
No obstante, entre las acciones de tutela núm. 41001-23-33-000-2025-00264-00/01 y la
presente, la Sala advierte que sí se configura la triple identidad. En efecto, existe
identidad de partes, pues en los tres procesos actúan como accionantes los mismos
demandantes; identidad de causa petendi, en tanto las solicitudes de amparo se
fundamentan en los mismos hechos y pretenden que se rechacen los recursos de
apelación presentados por el municipio de Palermo y Empresas de Servicios Públicos de
Palermo, al considerar que fueron radicados de forma extemporánea y, como
consecuencia de ello, se efectúe el pago ordenado en la sentencia condenatoria de
reparación directa proferida dentro del proceso identificado con el radicado 41001-33-33-
008-2019-00158-00.
Ahora bien, la Sala considera del caso precisar que si bien, en el presente trámite se
introduce como nuevo accionado el Tribunal Administrativo del Huila, lo cierto es que no
se modifica el objeto material o sustancial del amparo, cuyo propósito material sigue
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
siendo decretar la ineficacia de la notificación electrónica de la sentencia de 31 de
octubre de 2025 proferida dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado 41001-33-33-008-2019-00158-00, tras considerar que dicha providencia fue
notificada por estado con su publicación en el Sistema para la Gestión Judicial Samai y,
por consiguiente, declarar la extemporaneidad de los recursos de apelación interpuestos
por los demandados contra de la sentencia de primera instancia, para así obtener el pago
ordenado.
Adicionalmente, aun cuando con posterioridad a la sentencia de tutela núm. 41001-23-
33-000-2025-00264-00/01 se adelantaron actuaciones adicionales dentro del trámite
judicial de reparación directa, entre ellas la decisión del incidente de nulidad promovido
por el demandante, lo cierto es que tales actuaciones no habilitan, por sí solas, la
presentación de una nueva acción de tutela. En efecto, dichas decisiones constituyen
actuaciones accesorias y consecuenciales del mismo proceso judicial que ya fue objeto
de control constitucional, sin que tengan la virtualidad de modificar los hechos que
sustentaron la solicitud de amparo, alterar las pretensiones formuladas por los
accionantes o configurar una situación jurídica sustancialmente distinta que justifique un
nuevo pronunciamiento del juez constitucional.
Así las cosas, admitir lo contrario implicaría permitir la promoción sucesiva e indefinida
de acciones de tutela respecto de un mismo asunto, en contravía de los principios de
seguridad jurídica y de la naturaleza excepcional de este mecanismo de protección.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que pese a la triple identidad que se configura
en este caso, en el caso concreto no se puede predicar una cosa juzgada constitucional,
dado que, la acción de tutela núm. 41001-23-33-000-2025-00264-00/01 no ha sido
seleccionada ni excluida de revisión, por lo que no existe decisión definitiva, sin embargo,
sí se encuentra configurada una duplicidad de acciones.
Ahora bien, sin perjuicio de la declaratoria de duplicidad de acciones, la Sala considera
necesario pronunciarse sobre la eventual temeridad en el ejercicio de la acción, de
conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia
constitucional aplicable. Lo anterior, en atención a que se trata de figuras que no se
excluyen entre sí12, por lo que el juez constitucional puede examinar la conducta de la
parte actora, con el fin de determinar si se configuró un uso indebido del mecanismo de
amparo que dé lugar a declarar la temeridad.
En el caso concreto, la Sala estima que en el caso concreto no se configura una actuación
temeraria. Si bien se advierte la existencia de una duplicidad de acciones de tutela
respecto de una misma controversia, las particularidades del asunto permiten concluir
que no se acreditó a priori una conducta reprochable a la parte accionante.
Sobre el particular, se observa que la primera acción fue promovida directamente por los
demandantes del proceso de reparación directa, mientras que la segunda, es decir, esta
demanda de tutela fue presentada a través de apoderado judicial, circunstancia que
permite inferir una diferencia en la conducción de la estrategia procesal.
Asimismo, entre la presentación de una y otra acción se surtieron nuevas actuaciones
dentro del proceso ordinario de reparación directa, entre ellas la resolución del incidente
12
Sobre el particular puede verse la consideración 3.3.7 de la sentencia T-098 de 2015 y sentencia T-151 de 2010.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00913-01
Accionante: Marilin Ballen Hernández y otros
de nulidad y aunque tal actuación no tenía la virtualidad de modificar sustancialmente la
controversia ni de habilitar per se una nueva acción de tutela, resultaba razonable que
los accionantes consideraran, aunque de manera equivocada, que constituían hechos
nuevos susceptibles de justificar la promoción de un nuevo mecanismo de amparo. En
consecuencia, no se evidencia el propósito de obtener decisiones judiciales
contradictorias mediante el uso abusivo de la acción de tutela, razón por la cual no hay
lugar a declarar la temeridad.
En consecuencia, si bien la Sala comparte la decisión de improcedencia adoptada en
primera instancia, considera necesario precisar que se confirmará por configurarse la
duplicidad de acciones.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, pero por configurarse la duplicidad de acciones,
conforme se expuso.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo
dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.